En medio de la guerra en Medio Oriente que inició Donald Trump al atacar Irán, el gobierno de Javier Milei avanzó en su alineamiento automático con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad regional: se sumó a una declaración hemisférica impulsada por Washington para coordinar acciones contra, según la consigna oficial, el narcoterrorismo y el crimen organizado en el continente. La adhesión fue formalizada por el ministro de Defensa, Carlos Presti, durante una conferencia internacional realizada en Miami este jueves con autoridades militares y políticas de más de una decena de países.

El encuentro formó parte de la primera conferencia regional contra los carteles organizada en Doral, Florida, donde se debatieron mecanismos de cooperación frente a redes criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico. En ese marco, los gobiernos firmantes respaldaron una estrategia de coordinación regional impulsada por el Departamento de Defensa estadounidense.

Tras la reunión, Presti destacó el papel que busca jugar la Argentina en el esquema de seguridad regional. “Somos un eje natural de proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida, y un actor con incidencia directa en las cadenas de suministros globales”, señaló, al subrayar el rol argentino en el extremo sur del continente. Omitió hacer referencia al reclamo histórico de soberanía sobre las islas Malvinas.

“Esta posición nos sitúa como un nodo relevante dentro de la arquitectura de seguridad regional y la seguridad global con la responsabilidad de contribuir a la estabilidad política de todo el sistema americano”, completó Presti.

Durante la conferencia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, instó a los países latinoamericanos a reforzar la cooperación militar para enfrentar a los carteles del narcotráfico y otras amenazas de seguridad regional. El funcionario estadounidense advirtió además sobre la creciente presencia de potencias extrarregionales, entre ellas China, en América Latina y planteó la necesidad de fortalecer un bloque de seguridad entre aliados del hemisferio occidental.

Tras la avanzada sobre Nicolás Maduro que se argumentó inicialmente por una supuesta vinculación con el narcotráfico, el funcionario norteamericano advirtió: “Bajo el liderazgo del presidente Trump estamos utilizando el poder duro, el poder militar, la fuerza letal para proteger y defender el territorio de EE.UU”.

Hegseth comparó los cárteles con organizaciones terroristas, como ISIS o Al Qaeda. “Los cárteles que operan en este hemisferio son el ISIS y el Al Qaeda del hemisferio occidental y deberán ser tratados tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones”. “La razón de porqué esta es una conferencia de militares y no de abogados es porque estas organizaciones solo pueden ser derrotadas con el poder militar”, señaló.

Y dijo sobre la influencia china en la región: “Los mismos adversarios que amenazan nuestro patrimonio compartido amenazan también nuestra geografía compartida. Buscan desplazar la histórica relación norte-sur con algún tipo de nuevo sur global que excluye a Estados Unidos y otras naciones occidentales, pero que incluye potencias no occidentales y otros adversarios”, dijo.

En lo formal, la iniciativa busca ampliar los mecanismos de intercambio de información y coordinación entre fuerzas armadas y organismos de seguridad de los países firmantes. Según fuentes oficiales, el acuerdo no implica compromisos operativos inmediatos para la Argentina y por ahora tiene carácter político y declarativo. En el país las fuerzas armadas tienen vedado por ley desarrollar tareas de seguridad interior, como enfrentar por ejemplo actuar ante el narco. Pero desde la llegada de Presti a Defensa, el primer militar en el cargo desde el retorno de la democracia, el Gobierno busca empujar esos límites legales.

La participación argentina en la conferencia se produce en medio de un proceso de mayor acercamiento del Gobierno con Washington en materia de política exterior y defensa, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente.

El encuentro militar concluye este viernes, un día antes de la conferencia de seguridad a la que Trump convocó a Milei y otros aliados latinoamericanos.

MC

El Gobierno avanzó con una nueva modificación sensible del régimen que regula la carrera de las Fuerzas Armadas. A un mes de la nominación de Carlos Presti como ministro de Defensa, este lunes Javier Milei y todo su gabinete firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia 34/2026 para reformar la Ley 19.101 de Personal Militar. La modificacióni permite que militares en actividad puedan desempeñarse en cargos dentro del Ministerio de Defensa sin pasar a situación de disponibilidad o pasividad, y sin que ese tiempo afecte su carrera profesional.

La medida generó críticas inmediatas desde la oposición, que advirtió sobre un riesgo de politización de las Fuerzas Armadas, mientras que desde el Gobierno defendieron el cambio como una corrección administrativa necesaria para garantizar el funcionamiento del Ministerio y aprovechar personal calificado.

Hasta ahora, la normativa establecía que los militares designados en cargos políticos o administrativos dentro del Ministerio de Defensa debían pasar primero a disponibilidad y luego a pasividad, un esquema que implicaba que ese período no computara como servicio efectivo para ascensos, antigüedad o retiro. Con el nuevo decreto, ese límite queda eliminado: el personal militar podrá ocupar funciones en el Ministerio sin ver interrumpida su carrera.

Desde el Ejecutivo explicaron —en off a elDiarioAR— que la modificación busca resolver un problema operativo inmediato. Según esa interpretación, la restricción vigente desalentaba la incorporación de cuadros técnicos y profesionales al área de Defensa, ya que implicaba un perjuicio directo para la trayectoria militar. “El objetivo es que el Ministerio pueda contar con el personal más calificado para la gestión de la defensa nacional”, señalaron fuentes oficiales.

El Gobierno también justificó la decisión en el artículo 16 de la Constitución, que establece la igualdad ante la ley y el acceso a los empleos públicos en función de la idoneidad. A su criterio, la prohibición previa implicaba una limitación de derechos para el personal militar y no introducía una garantía adicional de control civil.

La explicación oficial subraya que la medida no crea privilegios ni altera aspectos sustanciales de la carrera militar, y aclara que la modificación no se aplica a los oficiales de más alto rango —Teniente General, Almirante o Brigadier General— ni a quienes hayan ejercido como jefes del Estado Mayor Conjunto o de los Estados Mayores Generales de cada fuerza, al tratarse del tramo final de la carrera.

Sin embargo, la reforma desató una fuerte reacción política. El exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó el decreto en términos duros y lo calificó como “un DNU hecho a medida”, al advertir que habilita que militares en actividad ocupen cargos políticos y luego regresen a puestos de mando dentro de las Fuerzas Armadas.

“Con este DNU, el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, división, brigada o comandar un buque”, escribió Rossi en redes sociales. Y agregó: “La necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA queda claramente vulnerada”.

Para el exfuncionario, la medida profundiza un doble proceso que considera preocupante: por un lado, la militarización del Ministerio de Defensa y, por otro, la politización de las Fuerzas Armadas. “Retroceso absoluto”, sintetizó.

MC

La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa Javier Milei empezó a mostrar su verdadero alcance. Bajo la nueva conducción de Cristian Auguadra, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza con un diagnóstico severo sobre el estado del organismo y vuelve a empujar una decisión que promete abrir un conflicto interno de alto voltaje: absorber las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal y Militar para concentrar bajo su órbita directa el control operativo y la información sensible del Estado. No es un giro técnico ni una discusión abstracta. Es una disputa por poder real, con antecedentes recientes y resistencias activas.

En ese marco, el eventual desmantelamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, aparece como uno de los ejes más sensibles del rediseño que el Ejecutivo proyecta hacia 2026. La iniciativa se inscribe en los primeros pasos de Auguadra al frente del organismo, con el mandato explícito de ordenar el esquema desordenado que habría dejado la gestión de Sergio Neiffert, y reaviva una discusión que el propio oficialismo ya había ensayado sin éxito apenas iniciado el gobierno de La Libertad Avanza.

En marzo de 2024, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) todavía existía, el entonces interventor Silvestre Sívori, hombre de extrema confianza del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, intentó avanzar con una iniciativa que ya entonces encendió alarmas internas: unificar físicamente ambas áreas en la sede histórica de la SIDE, sobre la calle 25 de Mayo. La medida fue presentada como una mudanza administrativa destinada a “eliminar barreras” y mejorar la coordinación frente al terrorismo y el narcotráfico.

Pero aquel planteo abrió una discusión política y jurídica que nunca terminó de resolverse y el tema quedó latente, a la espera de un contexto más favorable. Desde el entorno de Patricia Bullrich advirtieron en ese momento que, si la integración dejaba de ser edilicia para volverse orgánica y funcional, resultaba inevitable modificar la Ley de Inteligencia, algo que el oficialismo hasta ahora nunca impulsó, ni siquiera en julio de 2024 cuando decidió relanzar el organigrama de la SIDE mediante un DNU.

La nueva Política de Inteligencia Nacional

Un año después, ese debate vuelve, pero sin eufemismos. Ya no se trata de compartir oficinas ni de coordinación logística: el objetivo es subsumir estructuras, vaciar de poder a las direcciones nacionales y verticalizar el sistema de inteligencia bajo una conducción única. En Balcarce 50 el diagnóstico es contundente. La fragmentación del sistema, profundizada durante la gestión de Neiffert, habría derivado en mandos dispersos, superposición de funciones y competencia interna. “Cuando la inteligencia se reparte en compartimentos estancos, cada estructura empieza a jugar su propio partido y el control se diluye”, describe una fuente con trayectoria en la SIDE.

Se trata de un movimiento que encontró respaldo formal apenas dos días después del desplazamiento de Neiffert, cuando el Gobierno publicó el Decreto 864/2025, que establece la Política de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, fijó por primera vez en más de dos décadas un marco doctrinario explícito para el sistema de inteligencia (que incluye tanto a la SIDE como a ambas direcciones ministeriales) y trazó un diagnóstico lapidario: décadas de deterioro institucional, fragmentación operativa y vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas. En los hechos, el texto funcionó como sustento conceptual para una ofensiva que ya estaba en marcha.

En ese esquema, la DNIC y la DNIM aparecen como estructuras paralelas que ahora el Gobierno busca subordinar. El modelo que se menciona en los despachos oficiales es el estadounidense, con una conducción central fuerte que articula y condiciona al resto de las agencias.

La inteligencia criminal fue históricamente una herramienta clave del Ministerio de Seguridad y su progresivo vaciamiento ya provocó fricciones abiertas con la gestión de Bullrich. En sectores del oficialismo creen que ese obstáculo podría allanarse con la llegada de Alejandra Monteoliva, una ministra con menor peso político propio y una posible mayor predisposición a aceptar un rediseño de mandos.

En Defensa, en tanto, la Inteligencia Militar representa un núcleo especialmente sensible del ministerio y de las Fuerzas Armadas. Avanzar sobre su estructura implica redefinir el vínculo entre la inteligencia civil y la militar, una frontera que en la Argentina siempre fue delicada. Hasta el momento, tras la jura de Carlos Presti al frente de la cartera, no se conoce quién encabezará el área.

El futuro de los CICRE

La polémica en torno a la DNIC, de hecho, ya se expresa en los hechos. Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad avanzó en una reubicación —y en algunos casos desarticulación— de los denominados Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos territoriales que concentran información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos estratégicos del país. En la práctica, se trató de una recentralización geográfica que debilitó el esquema federal de inteligencia criminal construido en los últimos años.

Según publicó Hugo Alconada Mon en La Nación, las decisiones incluyeron el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además del traslado forzado de personal con conocimiento del terreno y vínculos aceitados con gobiernos provinciales, juzgados federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fuerzas de seguridad. También se ordenó el cierre de oficinas en Córdoba y Mar del Plata, esta última sostenida mediante un comodato, y reubicaciones de personal entre Buenos Aires y Rosario.

El redespliegue implicó además el traslado de los coordinadores regionales: el NOA pasó de Salta a Buenos Aires; el NEA, de Chaco a Iguazú; la Patagonia Sur, de Ushuaia a Bariloche; la Patagonia Norte, de Neuquén a Bariloche; y el área Buenos Aires, de Mar del Plata a La Plata. Para varias fuentes del sistema consultadas por elDiarioAR, el resultado fue una pérdida de anclaje territorial y de conocimiento local.

La reestructuración coincidió con el regreso de Ramiro Anzit Guerrero a la Inteligencia Criminal, un funcionario de máxima confianza de Bullrich cuyo paso anterior por el área durante el gobierno de Mauricio Macri había terminado con un sumario administrativo. Al menos dos funcionarios que intervinieron en aquel expediente figuran ahora entre los desplazados, un dato que alimentó suspicacias internas.

Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron que se trate de una desarticulación y hablan de un “redespliegue” orientado a fortalecer las llamadas “zonas calientes”, bajo planes como Güemes en el NOA, Bandera en Rosario o Guacurarí en el NEA. Pero puertas adentro del mundo de la inteligencia, varios leen estas decisiones como una señal política: el debilitamiento progresivo de la DNIC como estructura autónoma, en un contexto donde la SIDE vuelve a reclamar centralidad operativa.

La flamante Política de Inteligencia Nacional funciona así como respaldo doctrinario de una estrategia que combina diagnóstico técnico y decisión política. Aunque no menciona explícitamente la eliminación formal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de la Inteligencia Militar, deja claro que el Gobierno busca ordenar, concentrar y controlar el sistema bajo una conducción fuerte. En ese marco, la coexistencia de direcciones nacionales bajo distintos ministerios aparece como una anomalía a corregir.

A diferencia del ensayo de 2024, algunas voces en la Casa Rosada admiten que no hay forma de avanzar sin abrir un conflicto político. La virtual decisión oficial implica redefinir quién concentra el poder informativo del Estado, quién queda subordinado y bajo qué reglas. Por lo tanto, lo que está en juego ya no es un organigrama, sino el control de la inteligencia como herramienta política en el corazón del Gobierno.

PL/MG

El militar Carlos Presti juró este viernes como flamante ministro de Defensa y envió un fuerte mensaje sobre el regreso de las Fuerzas Armadas a la mesa política de un gobierno: se mostró con el uniforme del Ejército.

“¡La vamos a romper toda! ¡Vamos, carajo! Gacias general”, le dedicó Javier Milei luego de tomarle juramento y estrecharle un abrazo que compartió con el ministro saliente, Luis Petri. Las palabras del presidente se escucharon porque había quedado abierto el micrófono de la transmisión oficial.

El acto fue breve pero contundente en lo simbólico: Presti solo pasó “a disponibilidad” como miembros de las FFAA y demostró con su vestimenta su pertenencia de origen. Juró “por Dios y la patria”.

Presti tuvo como invitados a sus familiares y a los representantes de las tres armas. Su designación como ministro significó el ascenso como jefe del Ejército -cargó que había ejerció hasta la semana pasada- a Oscar Zarich, de 59 años, a quien conoce desde sus tiempos como compañeros del Colegio Militar.

Presti también ascendió al vicealmirante Marcelo Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto, el órgano técnico operativo que asiste al ministerio en la planificación, coordinación y ejecución de las estrategias militares.

En la Armada ubicó como nuevo jefe al vicealmirante Juan Carlos Romay. Y en la Fuerza Aérea ratificó al brigadier mayor Gustavo Javier Valverde.

Presti desembarca en el Ejecutivo en un acto que coronó el abrazo libertario a la familia militar. Con cargo castrense de Teniente General, el flamante ministro no pasó a retiro, sino que pasó “a disponibilidad” por un periodo de al menos dos años, el plazo formal de mandato que le queda a Milei. Su designación generó en organismos de derechos humanos la preocupación por la avanzada militar en la mesa política de un gobierno y por cierto tinte negacionista en su perfil: el padre del ministro, Roque Carlos Presti, murió impune acusado de delitos de lesa humanidad, ya que durante la dictadura fue responsable de la represión en La Plata y coordinó centros clandestinos de detención y tortura.

Entre sus pendientes más urgentes, el flamante ministro tiene que buscar resolver la crisis en la obra social IOSFA, que tiene un déficit de unos $150.000 millones, junto con el recorte de prestadores y atención médica para el personal militar, tanto el activo como los retirados.

En términos políticos, Presti buscará rodearse de otros militares, profundizando el desembarco del Ejército en el Gobierno. Como virtual viceministro designará a Jorge Alberto Puebla, actual director de Educación de la fuerza. Vendría acompañado de al menos otros cuatro funcionarios para otras subáreas que aún son personal castrense.

Otros dos casilleros que completaría con nombres llamativos son: el de jefe de Gabinete del ministerio, con Guillermo Madero a la cabeza. Es actual funcionario de Defensa y el año pasado se negó a enviarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y llegó a visitar a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Y como posible secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa iría el teniente coronel Daniel Enrique Martella, quien fue pasado a retiro en 2013 por Cristina Kirchner. Es hijo de Luis Santiago Martella, quien fue secretario general del dictador Roberto Viola y luego jefe de la Policía Federal, y fue condenado a perpetua en 2016 por delitos de lesa humanidad.

MC

Un militar al frente del ministerio por primera vez desde el retorno de la democracia. Un show mediático por la compra de aviones y blindados usados. Salarios caídos en el personal castrense y graves problemas de funcionamiento de la obra social. Intentos para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad interior, prohibidas luego de la última dictadura. Carlos Presti asume finalmente como ministro de Defensa y el balance de la gestión de Luis Petri –que ahora pasa a ser diputado– revela características de la política de defensa de Javier Milei: un sometimiento a la voluntad de Estados Unidos, una motosierra que genera daños colaterales y una inédita oportunidad para la llamada “familia militar”, que tiene un temerario aval oficial para volver a inmiscuirse en la discusión pública.

El hasta ahora jefe del Ejército llega al edificio Libertador aún envuelto en la polémica por su designación. Es el hijo de Roque Carlos Presti, acusado de delitos de lesa humanidad por estar al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, desde donde controló los Centros clandestinos de detención La Cacha, Pozo de Arana y Comisaría 5ta, entre otros. 

El flamante ministro designado nunca habló sobre el rol de su padre en la dictadura, pero ya dio una pista que encendió alarmas: ascendería como jefe de Gabinete de la cartera a Guillermo Madero, actual subsecretario y quien se negó a enviarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y llegó a visitar a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo. 

Su nombramiento causó cierta sorpresa interna porque no habría estado en los planes originales de Petri. “Es muy complicado que sea un militar. Él no quería que pase, buscaba a un político, un civil”, aseguró una fuente en Defensa. Y rápidamente despertó cuestionamientos de los organismos de derechos humanos: “Su designación es una provocación y confirma un plan para destruir los consensos democráticos”, denunció Abuelas de Plaza de Mayo.

En el CELS entendieron que la asunción de Presti –quien no pasará a retiro, sino que se tomará una licencia– significa la “militarización de la política y politización de las fuerzas armadas”. “Él es el jefe de la corporación militar y ahora pasa a integrar la mesa del gabinete. Eso implica una mayor profundización en la militarización del gobierno y activa el riesgo de politización en las fuerzas porque se suspende el principio de subordinación de los militares al control político”, explicó a elDiarioAR Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS.

Presti es el jefe de la corporación militar y ahora pasa a integrar la mesa del gabinete. Eso implica una mayor profundización en la militarización del gobierno

Marcela Perelman — Directora de Investigaciones del CELS

Perelman puso la lupa en que el Gobierno expresó que la designación de Presti busca “inaugurar una tradición que dé por finalizada la demonización de los oficiales, suboficiales y soldados”. “Las FF.AA. no fueron demonizadas, sino que hace casi 50 años orquestaron un plan criminal contra la sociedad argentina luego de haber ocupado el poder de manera ilegal”, apuntó la directora del CELS.

El show de los F-16

Presti será ungido como ministro luego de que Petri encabezó este sábado junto a Milei un show público para recibir la primera tanda de aviones F-16 adquiridos a Dinamarca –en total 24, por unos US$340 millones–. El ministro saliente montó una espectacular propaganda toda la semana en redes sociales que coronaró hoy: las naves de guerra sobrevolaron el Obelisco y la Casa Rosada.

Las compras son cuestionadas por la oposición. “Se decidieron por el alineamiento automático con Estados Unidos”, se quejó ante elDiarioAR el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. “La oferta china tendría que haberse analizado mejor porque tenía más financiamiento, pero era imposible que Milei compre aviones chinos”, planteó el ex funcionario.

Rossi también impugnó las compras de blindados Stryker a EE.UU., que serán destinados al control de las fronteras: “No tienen capacidad anfibia porque fueron diseñados para la guerra de Irak”. Una alternativa era los llamados VBTP-MR Guaraní, que fabrica Iveco en Brasil, que son anfibios. “Todas las compras fueron impecables”, se defendieron en el ministerio. 

Salarios bajos y obra social con demoras

Detrás del espectacular reequipamiento de las fuerzas, la gestión en Defensa aún deja varios cabos sueltos. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector militar entre un 18% y 35%. Por el otro, los problemas en la obra social IOSFA: el servicio de cobertura médica tendría un déficit de $150.000 millones, hay prestadores de servicios cancelados y solo hay atención en unidades hospitalarias del personal militar.

“Estamos tratando de ordenar IOSFA, porque la deuda en el kirchnerismo la taparon con emisión, además de que se aumentaron los precios porque se sinceraron los valores de todo, desde las prótesis a los medicamentos”, plantearon en el entorno de Petri. “La obra social está en un estado calamitoso”, retrucó Rossi, que aseguró que “el malestar del personal militar, junto a los bajos salarios, generan deserción”. 

Los propios datos oficiales le dan la razón: desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las fuerzas, según el último informe del entonces jefe de Gabinete Francos al Congreso en septiembre pasado. Desde diciembre de 2023 pidieron la baja 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados; la mayor cantidad se registra entre los que se sumaron al servicio militar voluntario.

El salario de un teniente general rondaría los $2,7 millones, sin descuento, mientras un soldado estaría en $645.000. Pese a la situación, una fuente del Ejército destacó el apoyo que aún Milei mantiene entre las fuerzas. Un dato marcaría esa sintonía: en la Antártida, único lugar donde el voto es militar casi puro, La Libertad Avanza ganó con el 94,8%.

Seguridad interior

Otra polémica que dejará Petri de su gestión será el repudiable intento de que las FF.AA. intervengan en operativos de seguridad interior. El ministro llegó a ir a la Cámara de Diputados para explicar la iniciativa de modificar la ley aún vigente que impide operativos callejeros militares, como ocurría en la dictadura. 

Pero ante la falta de consenso con la oposición, el Gobierno buscó vías alternativas. Firmó un decreto que habilitó la complementación de las FFAA junto con las de Seguridad “de acuerdo con el plan trazado, toda vez que resulte necesario” y creó una Mesa Conjunta de Coordinación entre ambos ministerios para “planificar, coordinar, supervisar y evaluar ”actividades conjuntas de las FFAA y las FFSS en el marco de operativos territoriales desplegados para vigilancia y control por los ministerios“. 

En esa mesa ahora estará sentado como ministro Presti, codo a codo con Alejandra Monteoliva, la flamante ministra de Seguridad que continuará la “doctrina Bullrich” de mano dura. 

MC

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaron esta mañana una reunión de equipo completo con la intención de avanzar en la delimitación de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias.

La cumbre nucleó a los 9 ministros, incluyendo los futuros de Defensa y Seguridad: el militar Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente. Ayer el jefe del Estado Mayor General del Ejército confirmó que se tomará una licencia como militar, por lo que una vez que asuma dejará de utilizar el uniforme de su fuerza.

Su designación aún genera polémica: se trata del primer miembro de las Fuerzas Armadas que se convierte en ministro desde el retorno de la democracia. Asumirá a su cargo una vez que Luis Petri desembarque en Diputados, así como Monteoliva sucederá a Patricia Bullrich cuando se convierta en senadora, dentro de dos semanas.

Además de Milei, Adorni, Presti y Monteoliva participan los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Minutos más tarde hicieron su ingreso Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), y Luis Caputo (Economía).

Asimismo, participan las secretarias de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la general de la Presidencia, Karina Milei. También el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El temario incluye el debate por las estrategias que deberá intensificar el Poder Ejecutivo para sumar adhesiones de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. Además, podrían presentarse los borradores de la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger.

MC

Javier Milei condecoró a Carlos Presti, el actual jefe del Ejército que será el primer ministro de Defensa desde el retorno democrático en 1983. El Presidente se mostró con el teniente general en un acto oficial en la Casa Rosada donde entregó diplomas y sables a distintos miembros de las Fuerzas Armadas.

Milei se exhibió con Presti ajeno a las críticas desde los organismos de derechos humanos y la oposición, que cuestionó la trayectoria castrense del nominado ministro. El titular del Ejército es además hijo del coronel Roque Carlos Presti, quien fue torturador, asesino y ladrón de bebés durante la última dictadura. El militar nunca cuestionó el “honor” de su padre, quien murió impune en 1993.

En el acto participó Luis Petri, el actual ministro de Defensa. Su sucesor se confirmó durante el fin de semana largo, en un anuncio oficial en el que Presti fue calificad con una “intachable carrera militar”. Para el ministro saliente, su sucesor desborda “capacidad, compromiso y lealtad a la Patria”. Y agregan que, con su nombramiento, el gobierno de La Libertad Avanza busca inaugurar “una tradición” de ministros militares “dando por finalizado (sic) la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Petri dejará el cargo en los próximos días para asumir una banca en Diputados, así como Patricia Bullrich abandona Seguridad para desembarcar en el Senado. El Gobierno también confirmó que la sucesora de Bullrich será Alejandra Monteoliva, su actual número 2.

Según pudo recoger elDiarioAR de fuentes en Defensa, la nominación de Presti generó una sorpreta interna. “Es raro para nuestra mentalidad, pero va en línea con lo que pasa en Estados Unidos, donde los militares son los ministros”, dijeron en el entorno de Petri.

Pestri fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023. Ahora tendrá un cargo en el Poder Ejecutivo.

Presti pedirá el paso a disponibilidad, en una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera, sin renunciar a las fuerzas. Tras recibir la condecoración que formaliza el ascenso en el Salón Blanco de Casa Rosada, el futuro ministro de Defensa desfiló por el primer piso del Palacio de Gobierno para reunirse con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en el primer piso.

MC