Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. Este miércoles, José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y afirmó que el funcionario le pagó más de 20 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa dentro del barrio privado.

Según el testimonio, Adorni permaneció allí mientras se realizaban obras de refacción en su propia propiedad ubicada en el mismo country, en Exaltación de la Cruz.

Rodríguez explicó ante la fiscalía que la suma total corresponde a dos contratos de alquiler y una extensión informal acordada debido a demoras en la obra de remodelación de la vivienda del funcionario. La declaración quedó incorporada al expediente judicial que intenta determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete presenta inconsistencias.

De acuerdo con lo expuesto por el propietario, el primer acuerdo se firmó en octubre de 2023 y contempló un alquiler temporario por 5.600 dólares en efectivo para que Adorni veraneara allí a comienzos de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.

Más adelante, según el testigo, se concretó un segundo contrato por 13.000 dólares también abonados en efectivo. Ese alquiler correspondía al período en el que el funcionario residió en la propiedad mientras avanzaban las refacciones de su casa dentro del country, inmueble que, según trascendió en la causa, habría sido adquirido por 120 mil dólares.

Rodríguez agregó además que, debido a retrasos en la obra encabezada por el contratista Matías Tabar, el alquiler debió extenderse tres meses más, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.

Según el testimonio, todas las operaciones fueron realizadas en efectivo y con entrega de dinero “en mano”, alcanzando un total de 21 mil dólares.

La investigación ya había sumado previamente la declaración de Tabar, quien sostuvo que las remodelaciones realizadas en la propiedad de Adorni tuvieron un costo cercano a los 245 mil dólares.

Ahora, la Dirección de Asesoramiento Económico Financiero (DAFI) y los investigadores judiciales analizan la documentación y los movimientos vinculados a esos pagos para determinar si las operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Con información de la agencia NA