Entre la previa y el post de la semifinal del Mundial entre Lionel Messi y Jude Bellingham, cuatro contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal ultiman un informe sobre las sospechas de inconsistencia en la evolución patrimonial y los gastos del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El viernes se lo presentarán al fiscal de la causa, Gerardo Pollicita.

Desde que saltaron los escandalosos viajes, compras y decoraciones de inmuebles de Adorni a partir de marzo pasado, el juez Ariel Lijo y Pollicita vienen acumulando un buen número de datos sobre los modestos ingresos y las elevadas erogaciones del exfuncionario. Son la base de la causa de presunto enriquecimiento ilícito. En estos casos, se invierte la carga de la prueba: el ex funcionario es quien debe explicar que se ha enriquecido de manera lícita, que puede justificar desde los vuelos en jets privados hasta la casa del country Indio Cua, con cascada en la pileta incluida.

Con los datos que tiene Pollicita ya hay sospechas del presunto delito, pero necesita el peritaje de los profesionales contables. Una vez que lo reciba, lo estudiará durante la feria judicial de julio, que se extiende en las próximas dos semanas, y a principios de agosto formulará el requerimiento de explicaciones a Adorni. En ese momento, el exjefe de Gabinete deberá responder las preguntas y podrá justificar todas las presuntas inconsistencias. Sólo después el fiscal podrá pedir su declaración indagatoria.

En el expediente se acumulan tantas pruebas ya públicas en contra del también exvocero presidencial y vencedor de las elecciones locales porteñas de 2025 que llama la atención por qué y cómo el presidente Milei lo sostuvo tantos meses en el cargo. Pero en la causa Adorni nunca aportó documentos sobre el supuesto pendrive donde tendría una billetera de criptomonedas: aquello sólo quedó como declaración ante la prensa.

Una vez que se verifique el enriquecimiento ilícito quedará pendiente la pregunta de cómo financió sus gastos. De momento no hay pruebas. Sólo sospechas y versiones que van desde presuntos sobresueldos abonados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o la Fundación Faro, con su listado secreto de donantes, hasta repartos de supuestas coimas como las descubiertas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o ganancias del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, a cargo del propio Milei y que está siendo investigada por eventual estafa.

Adorni resistió la presión hasta que, una vez comenzado el Mundial, terminó renunciando. La Copa del Mundo no pudo tapar el caso. Pero su dimisión corrió el asunto de la agenda mediática. Además, el nombramiento de un nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, y un nuevo vocero, Adrián Ravier, menos hostiles y más dialoguistas, permitieron distender el panorama para el sueño reeleccionista del presidente en 2027. La inflación ha comenzado a ceder, pero aún persisten ciertas penurias económicas.

Santilli enfrenta el desafío de lograr el apoyo de los gobernadores a una catarata de proyectos de leyes, en medio de la caída abrupta de la recaudación tributaria y de los consiguientes giros de la Nación a las provincias. Ravier procura ofrecer respuestas, aunque este martes responsabilizó a la gente de endeudarse por falta de conocimientos sobre cómo gestionar su economía personal. Pero sin Adorni de por medio y con un índice de precios al consumidor (IPC) por debajo del 2% mensual, Milei sueña igual con gobernar hasta 2031.

AR/MC

Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. Este miércoles, José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y afirmó que el funcionario le pagó más de 20 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa dentro del barrio privado.

Según el testimonio, Adorni permaneció allí mientras se realizaban obras de refacción en su propia propiedad ubicada en el mismo country, en Exaltación de la Cruz.

Rodríguez explicó ante la fiscalía que la suma total corresponde a dos contratos de alquiler y una extensión informal acordada debido a demoras en la obra de remodelación de la vivienda del funcionario. La declaración quedó incorporada al expediente judicial que intenta determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete presenta inconsistencias.

De acuerdo con lo expuesto por el propietario, el primer acuerdo se firmó en octubre de 2023 y contempló un alquiler temporario por 5.600 dólares en efectivo para que Adorni veraneara allí a comienzos de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.

Más adelante, según el testigo, se concretó un segundo contrato por 13.000 dólares también abonados en efectivo. Ese alquiler correspondía al período en el que el funcionario residió en la propiedad mientras avanzaban las refacciones de su casa dentro del country, inmueble que, según trascendió en la causa, habría sido adquirido por 120 mil dólares.

Rodríguez agregó además que, debido a retrasos en la obra encabezada por el contratista Matías Tabar, el alquiler debió extenderse tres meses más, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.

Según el testimonio, todas las operaciones fueron realizadas en efectivo y con entrega de dinero “en mano”, alcanzando un total de 21 mil dólares.

La investigación ya había sumado previamente la declaración de Tabar, quien sostuvo que las remodelaciones realizadas en la propiedad de Adorni tuvieron un costo cercano a los 245 mil dólares.

Ahora, la Dirección de Asesoramiento Económico Financiero (DAFI) y los investigadores judiciales analizan la documentación y los movimientos vinculados a esos pagos para determinar si las operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Con información de la agencia NA