El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó “operaciones militares conjuntas” con EE.UU. en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington expresó al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EE.UU., junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

elDiario.es / EFE

Abelardo de la Espriella tuvo un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, causó más de 200 muertes hasta el momento y obligó a declarar la emergencia nacional. El desastre también empezó a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.

Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que heredó del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD fue eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.

Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran sismo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.

La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no tomó posesión.

La gestión de catástrofes, poco presente

Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ocuparon un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad dinamitó la idea.

Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.

En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.

La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.

La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, convirtió al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que sobrevivió a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.

Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se libró de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.

Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre la el clientelismo rapaz y la politización.

Llamamiento a la unidad

Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no dejó de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.

El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella escenificó una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario apeló a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.

El desastre evaporó así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes, el peor en la última década, tuvo su epicentro en una región asolada desde hace décadas por la miseria: el Chocó. Dos tercios de sus casi 600.000 habitantes, en su mayoría afrodescendientes, viven por debajo del umbral de la pobreza monetaria (unos 150 dólares al mes por persona). Una realidad paradójica para una zona desbordante en recursos naturales y con un litoral de 375 kilómetros sobre el océano Pacífico. Las imágenes de sus calles caóticas y edificios convertidos en escombros se suman hoy a la tragedia de una región víctima del olvido crónico del Estado colombiano.

En su primera declaración pública tras el terremoto, el presidente del país, Abelardo de la Espriella, confirmó 224 muertos y más de 600 heridos. Horas antes, las autoridades locales habían confirmado la muerte de 40 personas en la localidad de Pereira, tres en Manizales, nueve en el Chocó y otra en Medellín. Además, hay 27 fallecidos en el Valle de Cauca. Rescatistas y civiles tratan de sacar a las víctimas bajo los escombros.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó a través de la red social X que en Quibdó, la capital de la región, además de víctimas, se registraron severos daños estructurales en numerosas edificaciones. Sin embargo, la mayor inquietud tiene su escenario en San José del Palmar, epicentro de la tragedia. Este municipio, encajonado de forma abrupta entre la densidad de la selva y la cordillera oriental, carece de hospital público y su precaria cobertura descansa sobre un ambulatorio local y una única ambulancia para emergencias vitales, tal y como denunció hace apenas unas semanas la Defensoría del Pueblo.

Las consecuencias del sismo amenazan con aislar aún más a una región con viejos problemas de comunicación por vía aérea. El aeropuerto de Quibdó suspendió por completo sus operaciones mientras los inspectores de la aviación civil evalúan los daños en la terminal. El parón de la red aeroportuaria se extendió con rapidez hacia el corazón del país: los aeródromos del llamado Eje Cafetero, como Pereira, Manizales o Armenia, también interrumpieron sus vuelos a la espera de revisiones estructurales que descarten riesgos en las pistas.

El desastre natural ocurre en medio de cierto vacío administrativo. El actual presidente, Abelardo de la Espriella, apenas un mes antes de su toma de posesión el pasado viernes, ordenó suspender de forma abrupta el traspaso de carteras con el Ejecutivo saliente de Gustavo Petro. Mediante un comunicado oficial, De la Espriella instruyó a su vicepresidente, José Manuel Restrepo, para detener de inmediato cualquier intercambio de información institucional con la administración saliente. De hecho, los equipos de transición apenas habían alcanzado a reunirse en dos ocasiones antes de que se congelaran las relaciones entre dos bloques políticos antagónicos.

De la Espriella achacó este cortocircuito institucional a la negativa de Petro a reconocer su victoria electoral. Por su parte, el Ejecutivo saliente, el único de izquierda en la historia de Colombia, congeló desde mediados de julio el trasvase de datos financieros, administrativos y técnicos por considerar que no había unas “condiciones mínimas de respeto institucional”, llegando a tildar de “ilegítima” la elección de su sucesor. Esta pugna política derivó en un colapso logístico que deja al país expuesto a un inicio de mandato huérfano de una hoja de ruta institucional detallada.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), encargada de coordinar la respuesta a la catástrofe, es el reflejo más crudo de este vacío institucional. Al frente de ella se encuentra un director recién designado, David Tamayo, pero el nuevo Ejecutivo de ultraderecha apenas tuvo margen para materializar los relevos operativos de una entidad que naufragó en el mayor escándalo de corrupción del mandato de Gustavo Petro. Con solo tres días en el poder, el Gobierno central lidia con una crisis aguda arrastrando graves carencias y puntos ciegos en un organismo que, paradójicamente, el propio presidente había prometido suprimir durante la campaña electoral.

Los otros focos del desastre se sitúan en capitales departamentales como Manizales, Medellín y la propia Pereira, en el departamento de Risaralda donde sobre las 11.40 de la mañana ya ascendía a 40 el número de muertos. Ante la gravedad de la situación, el presidente De la Espriella anunció mediante un comunicado oficial que asumirá en primera persona la gestión de la crisis: “He tomado directamente el liderazgo de la atención en San José del Palmar y he ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la asistencia a los damnificados”. Tras esta declaración, el mandatario se desplazó a la zona cafetera, en el centro de Colombia, para dirigir todo el despliegue operativo desde allí.

El exdirector de la agencia de emergencias durante la Administración Petro, Carlos Carrillo, exigió a De la Espriella a través de la red social X la formalización del nombramiento: “El presidente debe dar posesión de inmediato al nuevo director de la UNGRD; la respuesta a un evento de esta magnitud no permite comunicaciones rotas o ambigüedades en la línea de mando”. Con este reclamo, la oposición pone el foco en la vulnerabilidad estructural de un Estado atrapado en sus propias reyertas ideológicas. Entre tanto, tres horas después del sismo, ninguna autoridad había ofrecido un balance de lo ocurrido en San José del Palmar, un municipio de algo más de 5.000 habitantes que sobrevive gracias al cultivo del cacao y de una fruta de un anaranjado casi brillante llamada chontaduro.

Las tres páginas del programa de Gobierno del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, omiten la palabra “desigualdad”. Aunque sus propuestas mencionan la pobreza rural, el hambre, la exclusión financiera o la informalidad laboral, no profundizan en por qué una nación con medio siglo de crecimiento casi sostenido sigue arrastrando una de las mayores brechas sociales del planeta (la cuarta, según el Banco Mundial). Su hoja de ruta para los próximos cuatro años es, sin buscarlo, un manifiesto revelador: resume con fidelidad la manera en que las élites colombianas han entendido tradicionalmente el progreso del país.

¿Cómo explicar entonces la peculiaridad de un Estado que ha resistido las tentaciones autoritarias, pero no logra desprenderse de las desigualdades o de una violencia que se renueva generación tras generación? El libro ¿Quién manda en Colombia? (Mediapluma Editorial, 2026), de los académicos Jenny Pearce (Inglaterra, 1956) y Juan David Velasco Montoya (Colombia, 1990), ofrece un debate poco complaciente. Sus autores rechazan la idea de que se trate de una paradoja histórica. En su lugar, hablan de una “singularidad”. Para sostenerlo, dedicaron cinco años a desentrañar quiénes son las élites colombianas, cómo han ejercido el poder y qué idea de nación han impuesto.

Una de las raíces de su investigación consistió en resolver por qué en Colombia la pobreza está mejor cartografiada que el poder. Mientras existen mapas detallados de la miseria y diagnósticos minuciosos de la exclusión, el perfil de quienes han moldeado el país ha pasado desapercibido. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los seis individuos más ricos del país y por qué su patrimonio equivale al 12% del PIB nacional?

Para romper ese y otros vacíos, Pearce y Velasco Montoya, los dos vinculados a la London School of Economics, identificaron a 932 personas en sectores políticos, empresariales, gremiales o judiciales, junto a 119 familias con el poder de alterar el rumbo de una nación de 50 millones de habitantes. Muchos de ellos rechazaron hablar. No sorprende: mencionar la palabra “oligarquía” o las cifras de concentración de la riqueza aún incomoda (el coeficiente de Gini oficial, que mide la desigualdad, llega a 0,89 sobre 1 en la tierra y a 0,657 sobre 1 en el ingreso de los hogares).

elDiario.es conversa con los autores por separado: con Pearce, que ha investigado la violencia en América Latina, mediante una videollamada que atiende desde la costa inglesa. El encuentro con Velasco, politólogo e investigador de la Universidad Javeriana, se da una mañana de un día festivo en un café de Chapinero Alto, en Bogotá. Ambos coinciden en el diagnóstico esencial: las élites colombianas no ignoran su papel en la construcción del país con sus virtudes y sus fracturas.

Proteger los privilegios

Los autores señalan que, en general, cada vez hay más consciencia en torno a la realidad que, en buena medida, han forjado. Por eso, Pearce precisa que el nudo gordiano no es la ausencia de propuestas de reforma, que las ha habido desde las élites. Si no la pregunta de por qué aquellas que eran viables y deseables terminaron fracasando. La respuesta, advierte la autora, no apunta a una disfunción accidental del Estado colombiano, sino a un sistema que funciona a la perfección para quienes lo han controlado. Cada vez que una iniciativa política ha amenazado con corregir problemas de fondo, la reacción de los sectores dominantes ha sido la misma: cerrar filas para proteger sus privilegios.

Lo anterior no es un diagnóstico aislado. Desde los años veinte del siglo pasado, Colombia ha intentado democratizar la tenencia de la tierra —motor histórico del conflicto armado—, descentralizar un Estado hiperconcentrado en Bogotá o desactivar circuitos institucionales que limitan la participación ciudadana (como impulsar la educación pública de calidad). Esos intentos, sin embargo, se toparon siempre con un techo. Por eso la llegada al poder de Gustavo Petro, como primer presidente de izquierda, fue singular, aunque tampoco escapó a las lógicas de resistencia estructural.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Tras cuatro años marcados por el desgaste de sus reformas, en general fallidas, y por transgresiones simbólicas —como gobernar a golpe de tuit o romper etiquetas tradicionales—, el electorado volvió a virar: el pasado 21 de junio, en la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país, el derechista radical De la Espriella se impuso por menos de un punto porcentual.

El ADN conservador reaccionó contra un posible segundo Gobierno de izquierdas en línea. “Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía”, resume Velasco. ¿En qué consisten? Los académicos detectan —a lo largo de casi 800 páginas— tres palancas históricamente intocables para las distintas “constelaciones de élites”: la propiedad de la tierra, la tributación progresiva y el monopolio de la fuerza. “La historia de Colombia es la posposición indefinida de cambios sociales necesarios”, se lee en el libro.

Contener la miseria extrema

La investigación revela, en todo caso, que las élites colombianas no conforman un solo bloque monolítico. Ha habido voces progresistas. Petro, que además estuvo tres legislaturas en el Congreso, es una de ellas. Y, por momentos, han logrado abrir válvulas de escape para descomprimir el sistema. Un hito de esta apertura fue la Constitución de 1991, que integró al sistema político a la guerrilla del M-19, donde militó el presidente saliente, y creó una Corte Constitucional garante de los derechos de las minorías. Dos décadas más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) desafió la ola militarista de inicios del milenio con un proceso de paz con las FARC, el grupo insurgente más poderoso, que estableció un sistema de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia.

Sin embargo, esos esfuerzos, advierten los autores, han sido limitados. Las élites se han concentrado en defender con firmeza la seguridad jurídica de la propiedad y de los contratos, han preservado una macroeconomía sólida a ojos de los organismos multilaterales y han mantenido una subordinación sin fisuras a las políticas de Washington. Al mismo tiempo, han mostrado escaso interés en construir el bienestar que, en Europa occidental o en parte del Cono Sur, ha facilitado acelerar la movilidad social. El resultado: crecimiento sostenido del PIB en términos históricos que nunca ha desembocado en el viejo anhelo liberal de un Estado social de derecho de verdad equilibrado.

Ese espejo un tanto roto obedece a una hoja de ruta ideológica deliberada que los autores trazan con claridad. El modelo vigente, consolidado durante las dos presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010), unió ortodoxia neoliberal y programas asistenciales focalizados hacia poblaciones vulnerables. Pero, una vez más, no buscaba ampliar derechos universales, sino contener la miseria extrema. Al igual que en otras democracias, los autores analizan cómo una serie de decisiones políticas y económicas se afianzó a través del lenguaje neutro de la tecnocracia, presentándose como la única fórmula de gestión política posible y no como una opción más entre varias.

Blindaje securitario y alivio financiero

En Colombia opera una paradoja: las élites políticas y gremiales que han controlado el poder han carecido de una visión compartida de país, según la investigación. Ante la ausencia de un proyecto nacional predomina lo que Velasco llama “unidad en la dispersión”: acuerdos básicos para garantizar la estabilidad económica y la viabilidad del Estado. Detrás de ese consenso formal, subyace una tensión permanente entre diferentes facciones que se alternan en el poder según el momento político.

Esta disputa soterrada, según el libro, se dirime en tres tableros. Primero, una confrontación programática sobre las visiones de progreso económico y social. Segundo, un debate de fondo sobre la representatividad nacional entre la ciudadanía liberal, la movilización popular o la concepción conservadora de la patria. Tercero, y más cruento, el de la paz y la seguridad. En este terreno, la falta de acuerdo para cerrar el conflicto armado ha perpetuado una suerte de doble moral: frente al narcotráfico coexisten la retórica oficial de la guerra frontal con la tolerancia pragmática o la complicidad a distintos niveles de la sociedad.

También existe un factor tangible detrás de esa indiferencia que rara vez se señala: la guerra interna colombiana apenas alcanzó a las élites. “El conflicto armado afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, a mujeres, minorías étnicas y campesinos que habitan zonas rurales y periferias urbanas”, explica Velasco. Salvo contadas excepciones, la violencia esquivó el cuerpo de quienes concentran el poder económico y político.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Y si bien es cierto que hubo momentos de ruptura —como la ofensiva del cartel de Medellín entre los ochenta y los noventa, o la oleada de secuestros contra terratenientes y ganaderos—, las estadísticas desmitifican el alcance general de esos episodios. Los datos del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son tajantes: el grueso de las víctimas de secuestro perteneció a comerciantes, trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. En definitiva, el golpe recayó sobre la clase media urbana y rural y no sobre las rentas más altas.

Al blindaje securitario de los estratos altos se suma el alivio financiero y humano. El esfuerzo bélico en Colombia no desangró los bolsillos ni los hogares de renta más alta. Por un lado, una parte sustancial del financiamiento militar provino de la cooperación internacional, en particular de Estados Unidos. Por otro, tal como recuerda Velasco, las familias dominantes consiguieron esquivar históricamente que sus hijos cumplieran, por ejemplo, el servicio militar obligatorio.

Con todo, pase lo que pase con el nuevo proyecto político bautizado como “Patria Milagro” de De la Espriella, Velasco insiste en que algo ya ha cambiado de manera irreversible. El presidente Petro puso a Colombia a debatir preguntas de fondo que el país jamás se había hecho en voz alta: si el crecimiento económico basta por sí solo para garantizar bienestar, si subir el salario mínimo es siempre nocivo o puede reactivar el consumo, si tiene sentido seguir dependiendo de la renta petrolera cuando el resto del mundo intenta desengancharse para migrar a otras fuentes de energía limpia.

Durante décadas, esos interrogantes ni se formulaban: la ortodoxia, consensuada por casi todo el arco político los daba por resueltos de antemano. “No hay verdades reveladas en ninguna de estas discusiones”, concluye Velasco, “y eso es precisamente lo valioso: son debates que antes apenas existían porque había una unanimidad intelectual casi total”. En esta historia siguen presentes un centenar de familias acaudaladas o las élites gremiales que el libro retrata a fondo. Hoy, sin embargo, por primera vez en generaciones, medio país cuestiona aquellos mantras.

Javier Milei quiere liderar la nueva derecha latinoamericana, pero primero tiene que conseguir que los gobernadores argentinos lo ayuden a reelegirse. Entre esas dos ambiciones, una épica y otra bastante más terrenal, comenzó a ordenarse buena parte de la política del Gobierno para los próximos meses. Mientras el Presidente recorre la región convencido de que llegó el momento de proyectar su influencia más allá de las fronteras, en la Casa Rosada Karina Milei construye una estrategia mucho más pragmática: evitar peleas innecesarias, preservar aliados y aceptar que algunas de las reformas de la revolución libertaria pueden esperar.

La última semana ofreció una postal difícil de mejorar. Mientras el Senado desarmaba parte de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante la resistencia de los bloques provinciales, Milei estaba en Ecuador junto a Daniel Noboa. Desde allí continuó hacia Colombia, donde el viernes participó de la asunción de Abelardo de la Espriella. Afuera, un Presidente que pretende convertirse en articulador de una nueva generación de gobiernos de derecha. Adentro, un oficialismo que debió retirar capítulos de una de sus leyes prioritarias para no romper con los mismos aliados que necesita para sostener su agenda y, sobre todo, llegar competitivo a 2027.

La distancia entre ambas imágenes es menos contradictoria de lo que parece. Milei puede imaginar una transformación continental porque Karina está cada vez más concentrada en garantizar las condiciones para que siga gobernando después del año próximo. Para la secretaria general de la Presidencia, la prioridad empieza y termina en la reelección de su hermano. Y si para conseguirla hay que negociar con gobernadores que hasta hace poco integraban la “casta”, moderar reformas o abandonar temporalmente la pretensión de pintar de violeta cada provincia, el costo parece haber dejado de ser un problema.

“No sirve de nada ganar todas las peleas ahora si después perdemos la elección”, grafica una fuente al tanto de la estrategia que se impulsa en Balcarce 50. El giro encierra una ironía para un Gobierno que hizo de la intransigencia una identidad. Milei llegó a la Casa Rosada prometiendo no negociar las ideas y convirtió cada concesión en sinónimo de debilidad. Casi tres años después, mientras intenta exportar ese modelo al resto del continente, su principal armadora política trabaja para garantizarle un segundo mandato mediante una estrategia que depende precisamente de aquello que el Presidente siempre despreció en público.

La apuesta regional, mientras tanto, nunca había parecido tan posible. En el oficialismo consideran que el mapa político latinoamericano atraviesa un desplazamiento que puede darle a Milei un lugar privilegiado. La sintonía con Noboa, la llegada de De la Espriella al poder en Colombia y la expectativa por una eventual vuelta del bolsonarismo en Brasil alimentaron una lectura que el Presidente viene transmitiendo a sus colaboradores: ya no alcanza con ser una referencia ideológica de las nuevas derechas. Ahora pretende convertirse en su articulador político.

El canciller Pablo Quirno incluso dejó abierta esta semana la posibilidad de que Buenos Aires sea sede próximamente de una cumbre de presidentes identificados con ese espacio. Sería un primer intento por darle una expresión concreta a una red que Milei comenzó a construir mucho antes de que varios de sus actuales integrantes llegaran al poder y que ahora pretende transformar en una instancia de coordinación entre gobiernos.

Mientras tanto, la incipiente carrera electoral empieza a condicionar. El resultado en el Senado generó cuestionamientos sobre la falta de timing con la que se impulsó una iniciativa que afectaba intereses particularmente sensibles de las provincias. La secuencia terminó funcionando como una advertencia para la etapa que comienza. El Gobierno puede tener proyectos, votos y aliados, pero no necesariamente las tres cosas al mismo tiempo. Y Karina parece decidida a evitar que la vocación reformista de algunos sectores del oficialismo termine poniendo en riesgo relaciones políticas que considera imprescindibles para el año próximo.

Esa lógica empezó a extenderse mucho más allá del Congreso. La estrategia electoral que diseña la secretaria general supone revisar uno de los principios que guiaron la expansión inicial de La Libertad Avanza: la idea de que el partido debía competir con sello propio en todo el país y desplazar progresivamente a las estructuras provinciales tradicionales. La experiencia acumulada en el poder y, sobre todo, la perspectiva de una elección presidencial comenzaron a modificar aquella pretensión.

La prioridad ahora es Milei. En el karinismo consideran que toda la arquitectura electoral de 2027 debe quedar subordinada a garantizar su reelección, incluso si eso obliga a cerrar acuerdos con dirigentes que hasta hace poco eran considerados adversarios. En algunas provincias, la conveniencia puede pasar por fortalecer La Libertad Avanza; en otras, por evitar una confrontación con gobernadores capaces de aportar gobernabilidad, estructura territorial o simplemente neutralidad durante la campaña presidencial.

El fantasma de Mauricio Macri sobrevuela esas discusiones. En la Casa Rosada recuerdan que Cambiemos llegó al poder con una coalición competitiva, consiguió avanzar con parte de su programa y, sin embargo, terminó perdiendo la reelección cuatro años después. “De nada sirve construir un partido enorme si después te quedás sin Presidente”, sintetiza una fuente. Ninguna expansión territorial, ninguna disputa por una gobernación y ninguna reforma legislativa justifican, bajo esa lógica, poner en riesgo el objetivo principal.

Eso no significa que Milei haya abandonado su vocación de confrontar. El Presidente sigue construyendo su identidad alrededor de una batalla ideológica que considera global y encuentra precisamente en el exterior uno de los escenarios más cómodos para desplegarla. La transformación del mapa regional fortaleció esa pulsión. Milei fue uno de los primeros dirigentes de la nueva derecha latinoamericana en llegar al poder y considera que eso le concede una ventaja sobre quienes vinieron después. “Quiero decirle que ha sido un faro para nosotros”, llegó a decirle, sin ir más lejos, De la Espriella cuando lo recibió en Colombia.

Durante sus primeros años, Milei cultivó vínculos con referentes que todavía eran oposición y participó de encuentros partidarios que muchas veces despertaron cuestionamientos por la utilización de viajes presidenciales para actividades de carácter ideológico. Ahora algunos de aquellos dirigentes comenzaron a convertirse en presidentes.

Noboa es uno de esos interlocutores con los que Milei busca profundizar esa relación. Tanto el triunfo de Keiko Fujimori en Perú como la llegada de De la Espriella en Colombia también ampliaron el tablero. Pero, de cara al futuro, Brasil aparece como la pieza que podría terminar de cambiar la dimensión de la apuesta. En el Gobierno siguen con particular atención la posibilidad de que el bolsonarismo vuelva al poder y creen que un eventual cambio político en Brasil permitiría conformar un eje regional con un peso muy diferente al que el libertario podía imaginar cuando asumió la Presidencia.

La eventual cumbre en Buenos Aires sería un paso en esa dirección. Quirno evitó por ahora confirmar que exista una fecha, pero tampoco descartó la posibilidad. En el Gobierno imaginan una instancia que permita coordinar posiciones entre presidentes que comparten una mirada similar. La referencia inevitable es el Grupo de Lima, aunque en la Casa Rosada todavía no existe una definición sobre el formato que podría adoptar una eventual articulación.

Milei pretende ocupar el centro de esa fotografía. No solamente como anfitrión, sino como el dirigente que llegó antes, sobrevivió a las dificultades iniciales de su gestión y consiguió demostrar que una derecha más radical que la tradicional podía gobernar y sostenerse en el poder. La reelección argentina adquiere, desde esa perspectiva, una dimensión que excede incluso la política doméstica: sería la confirmación que necesita para presentar su experiencia como un modelo exportable.

PL/MG

Rompiendo el molde de 134 años de centralismo bogotano, el penalista Abelardo de la Espriella, de 49 años, juró este viernes como presidente de Colombia en Cali, la tercera ciudad del país. Tras recibir la banda presidencial en un sobrio auditorio universitario, el escenario mutó al rigor marcial: el nuevo mandatario ultra se trasladó al Batallón Pichincha para pronunciar su primer discurso frente a una austera formación de gala. Los soldados, firmes a pesar de los 29 grados de la tarde caleña, asistieron en primera fila a una alocución de una hora y diecisiete minutos que marcó el inicio de su era con promesas tajantes y varios dardos a la herencia recibida del izquierdista Gustavo Petro: “He venido a cerrar un capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”.

Su llegada al poder es el triunfo de un forastero absoluto de la administración pública. Antes de enfundarse la banda presidencial, la vida de este caribeño criado en la norteña ciudad de Montería transcurrió entre el lujo de Miami, los litigios de criminales de alto perfil y una agresividad judicial que le valió el apodo de “El Tigre”. De la Espriella no necesitó carrera política: le bastó una plataforma radical que dejó tibio al tradicional Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe para sintonizar con la desafección de media Colombia. Así, en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, logró una victoria sobre el oficialista Iván Cepeda con un residual 0,96% que, sin embargo, bastó para cambiar el péndulo del país.

Lo cierto es que la liturgia de la jura de De la Espriella estuvo llena de misticismo religioso. Rodeado de rabinos, pastores y obispos que se turnaron para bendecir su mandato, el nuevo presidente se cobijó bajo la mirada de unos 2.500 asistentes y una estatuilla de la Virgen María que presidió el escenario del auditorio universitario durante la primera parte de su investidura. Tras invocar a Dios y a Jesucristo en buena parte de su discurso, el mandatario cerró su intervención sobre las 18.55 con un grito fervoroso: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Esa frase no es una simple consigna en Colombia: es un eco que remite a la militancia católica radical y a los fantasmas de otros tiempos, cuando la batalla por la laicidad centró la violencia bipartidista de la primera mitad del siglo pasado. El discurso trazó una línea recta hacia las raíces del conservadurismo. Citó una y otra vez a Marco Fidel Suárez, presidente tradicionalista de 1918, rescatando su viejo mandato de proteger los fondos públicos bajo “siete llaves”. Y otro pilar de su relato fue el expresidente costeño Rafael Núñez, arquitecto de la Regeneración del siglo XIX. Con ello dejó claro el alcance de su ambición: prometió una réplica de aquella suerte de refundación moral, institucional, administrativa y económica diseñada para barrer de golpe con la huella de Petro.

Megacárceles en la Patria Milagro

Con una sola frase, De la Espriella dinamitó el legado de su antecesor en materia de seguridad. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció, sepultando el modelo de la “paz total” que Gustavo Petro armó como eje de su Gobierno para desmontar el reguero de grupos criminales que delinquen en la Colombia de hoy. De hecho, la ofensiva del ultraconservador apuntó más alto al prometer una revisión con “absoluto rigor” del tribunal especial que juzga desde hace poco más de una década los crímenes de la guerra en Colombia.

La maniobra sintoniza con una derecha colombiana que siempre ha descreído del pacto firmado con la guerrilla marxista en 2016. Un escepticismo que De la Espriella selló con un lacónico: “No habrá impunidad”. Con ese mismo tono tajante, el nuevo mandatario no esperó a pisar su despacho para ejercer el mando e impartió sus primeras directrices militares desde la tribuna. Revestido como comandante supremo ante las tropas del Batallón Pichincha, ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir sin tregua a todas las estructuras criminales en una hoja de ruta que combinó la promesa inminente de una lista negra de “grupos narcoterroristas” con la edificación de megacárceles y un blindaje judicial diseñado para que los uniformados no sean perseguidos por actos de servicio.

De las órdenes de cuartel, el discurso saltó sin transiciones a los dogmas ultraortodoxos de la economía de libre mercado. De la Espriella se erigió como el guardián de la empresa privada: prometió firmar en cuestión de horas el decreto de congelamiento del desbordado gasto público, así como blindar la independencia del Banco de la República frente a las “tentaciones populistas”, en alusión al enfoque del Gobierno saliente. Para formarse una idea, adelantó que su cruzada fiscal incluye aliviar el impuesto al patrimonio, que grava las mayores fortunas del país, y reconfigurar el sistema tributario.

Pero el clímax de su oferta económica llegó al abordar el declive de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, el mayor activo de la Nación que, según denunció, vio cómo sus ganancias se hundían de 32 a 9 billones de pesos entre 2022 y 2025 (de 8.000 millones de euros a 2.250 millones). ¿Su receta para resucitarla? Revertir de golpe la agenda verde y de descarbonización de su predecesor e inaugurar la era del fracking bajo un sello de “responsabilidad ambiental” que tendrá que justificar ante los tribunales que lo han prohibido.

Revanchismo ideológico

De la Espriella prometió que no impulsará cambios a la Constitución. Y que la lucha anticorrupción dejará de ser “una declaración de buenas intenciones” para convertirse en “un método permanente de gobierno”, con tecnologías de trazabilidad digital para vigilar el dinero estatal “desde su origen hasta su destino”. Su tono fue en ascenso. Y vino una advertencia contra el Ejecutivo saliente. Tras asegurar que su equipo documenta lo que llamó “el vasto entramado de corrupción” que deja el Gobierno de Petro, avisó de que llevará las pruebas ante tribunales nacionales e internacionales: “No habrá impunidad; no habrá escondite; a los corruptos no los despachamos con una simple condena moral”.

El anuncio chirrió con las garantías que él mismo había ofrecido minutos antes. El mandatario acababa de jurar que “nadie será perseguido por pensar distinto” y prometió no “atacar ni desafiar a los jueces”, pero dejó claro que volcaría la fuerza del Estado contra su antecesor. Por eso, mientras el presidente se despachaba en Cali, al suroccidente del país, la bancada del ahora opositor Pacto Histórico se plantaba en las escalinatas del Capitolio en Bogotá como señal de protesta. Desde allí, el progresismo acusó al Gobierno entrante de camuflar el revanchismo ideológico bajo la máscara de la justicia.

Desaires y desplantes

La pasarela de invitados dibujó el mapa ideológico del nuevo Gobierno: un retrato definido tanto por las lealtades como por los desaires de la jornada. Al amparo del rey Felipe VI de España, la primera línea en la arena universitaria la ocupó la plana mayor de la nueva derecha latinoamericana: Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Entre monarcas y dignatarios se acomodó también el polémico presidente de la FIFA: Gianni Infantino.

No obstante, las sombras de la foto de familia también fueron evidentes: el desplante del izquierdista Gustavo Petro al esquivar la cita caleña y la meticulosa purga en la lista de exmandatarios colombianos. Aunque acudieron tres conservadores y un liberal, De la Espriella vetó explícitamente a Ernesto Samper (1994-1998), líder con posturas socialdemócratas y marcado por los escándalos de corrupción, y a Juan Manuel Santos (2010-2018), el arquitecto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. La Casa Blanca, cuyo respaldo de Donald Trump había avalado abiertamente la campaña del ultra colombiano, prefirió restar peso diplomático a su delegación enviando al fiscal general interino Todd Blanche en lugar de a su secretario de Estado, Marco Rubio.

El nuevo presidente reivindicó su geografía caribeña. Sostuvo que ningún “hijo verdadero del Caribe” ocupaba el solio de Bolívar, el primer presidente del país, desde el XIX. Minutos antes, a su costado, había tomado juramento su vicepresidente, José Manuel Restrepo, el académico y exministro de Hacienda elegido para imprimir un acento ejecutivo al novel proyecto político del recién creado partido Defensores de la Patria. Fue entonces cuando el mandatario desarmó su perfil combativo para mirar a su familia. Agradeció a su esposa, Ana Lucía Pineda, y a sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, de cuatro años, cuyos brincos le quitaron algo de solemnidad a una ceremonia marcada por la publicidad con el lema de campaña: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

La ceremonia miró dos veces a España y sacó dos lecciones distintas. Mientras De la Espriella se apropió del mítico “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez para sellar su compromiso de gobernar desde las regiones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recurrió a la Transición como símbolo de conciliación. El jefe del legislativo, del derechista Centro Democrático, evocó el fin de la dictadura franquista para sugerir que el consenso debe primar sobre la trinchera. “El ejercicio político no se mide por la intensidad de las confrontaciones”, deslizó Henríquez ante un jefe de Estado que poco después, ya en la segunda parte del acto en el Batallón Pichincha, se presentaría ante sus tropas como ‘El Tigre’.

Y de paso le dejó una advertencia “en tono menor pero con firmeza”. No faltará, avisó Henríquez, quien aconseje al nuevo Gobierno “debilitar los partidos para imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo”. La hizo con cortesía. Desde una bancada política que, a pesar de haberse declarado coalición de Gobierno, ya ha mostrado algunas fisuras con el presidente radical al que acababa de jurar.

El presidente Javier Milei desarrolló una intensa agenda en Colombia, donde mantuvo encuentros con el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, antes del acto de su asunción del máximo cargo, y también con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa'a, y con el Rey de España, Felipe VI.

Durante su estadía en la ciudad de Cali, Milei además recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali.

La primera actividad del mandatario fue a la mañana, con una reunión bilateral con Gideon Sa'ar. Dicho cónclave tuvo la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, los funcionarios que integran la comitiva del Gobierno en esta gira internacional que tuvo una primera escala en Ecuador, el jueves.

Tras la reunión, tomó contacto con De la Espriella, quien se anota como otro mandatario de la región de la derecha y aliado al libertario. En un video que difundió Presidencia, se puede ver al economista saludar a su par al grito de “vamos tigre, viva la libertad carajo”.

Luego se tomaron una foto y se volvieron a abrazar. Los dos dirigentes comparten ideología apuestan a consolidar un bloque regional de derecha.

Después, el Presidente partió rápidamente para recibir el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali.

Luego tuvo lugar el encuentro de Milei con el Rey de España, del que participaron Karina Milei y Quirno. “Su Majestad, que placer verlo”, lo saludó el mandatario argentino en las imágenes que difundió Presidencia.

Por último, a las 17 horas de Argentina, participó de la ceremonia de juramentación y toma de posesión del presidente colombiano electo.

Finalmente, a la madrugada de la Argentina, partía el vuelo presidencial desde Santiago de Cali con destino a Buenos Aires.

Con información de la agencia NA

Colombia pone fin al primer gobierno de izquierda de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierda, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Cumplió algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con exministros en prisión preventiva y llamados a juicio, y una acusación de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 190 millones de dólares (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una “utopía”: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 12.300 millones de dólares y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la investigadora de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se mantuvo estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. El modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años convirtió la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción; aquí nadie tiene corona”, advirtió el pasado 20 de julio en Medellín.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que sacudió al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una frase con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se llevó a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, fue enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último duelo de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia dejó claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se rodeó de militares retirados y reservistas, y se publicitó con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, ya que existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos extremaron precauciones. En los cuarteles arraigó lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no fue solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes dejó una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista admirador de Trump y Milei, se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras vencer en la segunda vuelta más reñida de las últimas décadas. Con 47 años, el aspirante libertario de la de extrema derecha obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), superando por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, quien logró el 48,70% (12.708.712 sufragios), según el preconteo. En unos comicios con participación histórica, los 377.076 votos en blanco resultaron decisivos, al superar la diferencia final entre ambos candidatos.

El desenlace, sin embargo, tiene un panorama más complejo. De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin experiencia en cargos públicos, tras obtener el mayor caudal de votos registrado, pero con apenas cuatro senadores propios en un Congreso de 103 escaños (curules). Su Gobierno dependerá de la disciplina y las negociaciones con fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta: el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador, formaciones tradicionales con agendas propias y fracturas internas que condicionarán su margen de maniobra.

Bogotá mantenía una calma contenida cuando a las 16 se cerraron los puestos de votación. Fabio Jiménez, taxista de 50 años, recordó que esa mañana había visto en varios puntos de la ciudad sucursales bancarias y concesionarios de vehículos protegidos con vallas como medida visible de prevención ante una jornada que se temía agitada. “Los que saben de estas cosas desde ayer ya se prepararon”, resumió con la misma parsimonia con la que sortea un atasco en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

A las 17:30, con el 99,58% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional, el resultado ya se consideraba irreversible. El país había dado un vuelco político radical: de elegir por primera vez un Gobierno de izquierda, pasaba ahora a una Administración de derecha extrema cuya agresividad ha despertado comparaciones históricas. Algunos han señalado el parecido con Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1953), recordado por su retórica pugnaz y su admiración por Francisco Franco. 

Pero el investigador de la London School of Economics Juan David Velasco señala que De la Espriella se aproxima más al conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un mandatario proempresarial, alineado con los intereses de Estados Unidos, con un discurso incendiario y un enfoque represivo en materia de seguridad. Como Abadía, recibe un país endeudado y comparte su defensa de los valores tradicionales. La diferencia es que Abadía llegó al poder tras ejercer como ministro en siete carteras. De la Espriella nunca ha ocupado un cargo público.

Reacciones de un país fracturado en dos

El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en X antes de que se completara el preconteo [recuento provisional] advirtiendo que, con los datos de la Registraduría, la diferencia entre los candidatos era de apenas tres décimas. Según su criterio, “no se puede proclamar ningún presidente” hasta el escrutinio oficial. Y añadió que la realidad mostraba “un país partido por la mitad” y denunció “injerencia extranjera quitándonos la libertad”. Pero al mismo tiempo aseguró que acataría las decisiones de la justicia.

Mientras Petro cuestionaba los números, en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el también llamado “Tigre” Abelardo de la Espriella celebraba su triunfo ante una multitud agolpada frente a una urna de cristal blindada desde donde se dirigió a su “manada” en un discurso de 45 minutos intercalado por breves pausas con música circense. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin la vida privada y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, afirmó. Y añadió entre saludos militares y : “La verdadera paz nace de la justicia que, en el fondo, está ocupada por nuestras fuerzas militares y la policía”.

Por su parte, Iván Cepeda —quien suma 16 años en el Congreso— anunció desde Bogotá la impugnación de 33.000 mesas de votación, criticó el preconteo y convocó a sus seguidores a movilizarse. La estrategia de objeción no es nueva: si en la primera vuelta del 31 de mayo fue Gustavo Petro quien cuestionó el escrutinio, en esta segunda ronda su candidato derrotado ha sido quien repitió el libreto. Esto ocurre a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “transparente y creíble”.

El exterior vota por el ‘Tigre’

Colombia rompió este domingo su récord histórico de participación electoral. Con un padrón de 41 millones de votantes habilitados en el país y en el exterior, el 64% ejerció su derecho al sufragio: 26.509.263 depositaron su papeleta. La cifra pulverizó el techo histórico del 59,02% registrado en la segunda vuelta de 1998, que había resistido intacto durante casi tres décadas.

“Esta ha sido una elección como nunca antes ha pasado, que ha dejado al país 50-50”, dijo el analista electoral Camilo Cruz, quien comparó el resultado con lo ocurrido en Honduras y Perú, democracias latinoamericanas que han vivido fracturas similares. Cruz planteó la pregunta que definirá los próximos cuatro años: “El ganador tendrá que decidir si va a gobernar para su postura mayoritaria o si va a gobernar para todo el país”.

Los matices fueron surgiendo con el paso de las horas. El analista Andrés Sampayo señaló uno de ellos en X: dentro de Colombia, la diferencia entre los dos candidatos ha sido un empate técnico. Fue el voto en el exterior el que decidió la presidencia. “La elección se está definiendo por márgenes mínimos dentro de Colombia y por una ventaja contundente por fuera de Colombia”, escribió Sampayo. De la Espriella ganó Colombia desde fuera de Colombia.

Para Cruz, la jornada dejó dos lecciones. La primera: el voto en blanco fue significativo no por su volumen sino por su posición. “Al final, la no distribución del voto entre las dos preferencias finalistas termina, en una elección tan cerrada, definiendo la victoria para un sector u otro”, dijo. “Hay un mensaje para el país, pero ese mensaje todavía no tiene rostro”. La segunda es institucional: la participación abierta del presidente Petro y de los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla en la campaña rompe una tradición de neutralidad que, advierte Cruz, anticipa un escenario muy conflictivo para futuras elecciones.

Al cierre de la jornada, los temores de un estallido social en Bogotá se disiparon. Se registraron algunos fugaces disturbios y celebraciones callejeras que recordaban el reciente triunfo de la selección nacional frente a Uzbekistán en el Mundial. En el pudiente norte de la capital, Gilberto Gaitán, de 69 años, resumía con pragmatismo su postura por el nuevo presidente de extrema derecha mientras cerraba el servicio de aparcacoches que gestiona desde hace años. “Es un hombre de negocios; no necesita robar”. El país ya ha comenzado a medir el alcance de sus palabras.

La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el próximo domingo definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

En la primera vuelta, el 31 de mayo, el controvertido abogado De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que el filósofo Cepeda, del Pacto Histórico, fue segundo con 9,7 millones (40,98 %), un resultado que intensificó la disputa por apoyos para ganar en la segunda.

En el afán de conseguirlo, han recurrido a denuncias, amenazas e incluso ofensas personales, con un lenguaje que si bien no es extraño en las campañas colombianas, tampoco es lo más usual.

El ultraderechista se ha referido a su rival como “bandido, colaborador de delincuentes”, “narcoterrorista” o “heredero de las FARC”, mientras que Cepeda, que suele ser más aplomado, lo ha tachado de “fascista mafioso”, “defensor de narcotraficantes, paramilitares y estafadores” y “traidor de la patria”.

“Me da la impresión de que estamos en una situación única. Es decir, las elecciones anteriores ya habían sido bastante pugnaces, complicadas, pero estas son extraordinariamente difíciles”, dijo a EFE el profesor universitario Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y columnista de prensa.

Cepeda incluso anunció demandas contra De la Espriella por supuestos vínculos con grupos paramilitares y denunció su presunta participación, mediante su bufete de abogados, en el “robo” de los recursos destinados a la salud.

Dos campañas, dos estilos

La recta final no resultó fácil para Cepeda, que hasta la primera vuelta parecía imbatible, pero las encuestas no le favorecen para la segunda, situación que los analistas atribuyen a la monotonía de sus actos, marcados por las viejas reivindicaciones de la izquierda y discursos leídos que transmiten poca emoción.

Además, el candidato del Pacto Histórico dio un paso en falso tras la primera vuelta al poner en duda los resultados, y aunque una semana después dio por bueno el escrutinio y la izquierda desistió del proyecto de convocar una asamblea constituyente, esos anuncios no tuvieron mayor impacto.

Tampoco logró concretar alianzas con algunos excandidatos de centro. Mientras el exaspirante presidencial Sergio Fajardo optó por mantenerse al margen de la contienda, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López se sumó este miércoles a la campaña de Cepeda.

“Hemos pasado de elecciones en las cuales uno escucha a los candidatos y escoge al mejor, a unas en las cuales tiene que decidirse por el que menos daño haga hacia el futuro”, explica Wasserman, uno de los 30 académicos y políticos de centro que firmaron un manifiesto de 15 puntos con una propuesta de “acuerdo nacional”.

La campaña de De la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores y novato en la política, adoptó en cambio un tono festivo con el que impuso su discurso en las redes sociales y parece haber conquistado a parte de la clase media, la misma que hace cuatro años fue decisiva para la victoria de Petro.

Ni siquiera los intentos de la campaña de Cepeda de prohibir mediante acciones judiciales el uso de la camiseta de la selección colombiana de fútbol a De la Espriella y sus seguidores, y lo mismo con los símbolos patrios que son la base de su discurso, afectó al ultraderechista, que ignoró a los tribunales, al igual que sus simpatizantes, y los vetos acabaron suspendidos.

Esta vez no hubo debates porque cada uno se encargó de poner condiciones para no asistir, pero De la Espriella sacó provecho del manejo de temas económicos de su compañero de fórmula a la Vicepresidencia, el académico José Manuel Restrepo, mientras que la senadora indígena Aída Quilcué, número dos de Cepeda, tuvo pocas apariciones, sin aportar mucho.

Petro y Trump

Un ingrediente adicional ha sido la participación en la campaña del presidente Petro, aunque no lo reconozca, y más inusual aún la de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Petro ha manifestado en discursos y en mensajes en X su apoyo a la continuidad de un gobierno de izquierda y no aceptó el resultado de la primera vuelta, lo que acabó perjudicando la candidatura de Cepeda.

Las denuncias contra Petro por intervenir en política desembocaron en un inusual y fallido intento de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, de suspenderlo provisionalmente hasta después de las elecciones.

Trump, por su parte, prometió el 10 de junio que Colombia contará “con el apoyo y la fuerza total” de Estados Unidos si gana De la Espriella, admirador del republicano.

Esa postura fue criticada por Petro, que le pidió “no intervenir” en una decisión que es de “el pueblo de Colombia”, mientras que un grupo de congresistas demócratas rechazó el intento de “incidir directamente en los resultados electorales de Colombia”.

“Gane quien gane va a tener una situación sumamente difícil (...) y además creo que va a tener una oposición férrea y, según pinta todo, tremendamente destructiva”, indica Wasserman.

Por Jaime Ortega Carrascal, para la agencia EFE.

El domingo, Perú decidirá en segunda vuelta si será gobernado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad, o por el candidato de la izquierda; Roberto Sánchez. En la primera ronda del 12 de abril, Keiko Fujimori fue la más votada, con un 17% de los sufragios, y Sánchez se impuso por la mínima al ultraderechista Rafael López Aliaga.

Dos semanas después, Colombia elegirá también en ballotage entre el filósofo y defensor de los derechos humanos Iván Cepeda o el excéntrico empresario de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, que fue quien obtuvo el mejor resultado y que este martes recibía el apoyo explícito de Donald Trump.

No está fácil para la izquierda inclinar una balanza que lleva tiempo cayendo con fuerza hacia el otro lado. Desde el año pasado se sucedierion las victorias de Daniel Noboa en Ecuador –que presume de su amistad con Nayib Bukele–, Rodrigo Paz en Bolivia, Nasry Asfura en Honduras, José Antonio Kast en Chile y la ultraderechista Laura Fernández en Costa Rica, además del importante triunfo de Javier Milei en las legislativas argentinas.

Ya más cerca de finales de año llegarán las elecciones en Brasil, en las que un octogenario Lula da Silva parte como favorito para defender el gran bastión progresista del continente –junto con Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay– frente a una ultraderecha que no definió su candidato pero que pone fichas al hijo de otro expresidente preso, Flávio Bolsonaro. El factótum ultra, Donald Trump, lo recibió recientemente en el Despacho Oval, como una muestra más de que está dispuesto a jugar fuerte en el tablero latinoamericano. Una encuesta reciente indicaba que de producirse a una segunda vuelta electoral, el resultado entre Lula y Bolsonaro sería un empate técnico.

El efecto Trump

El presidente estadounidense tardó poco en salir a apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella. En su red social Thruth Social lo describió como “un líder inteligente, fuerte y duro”, y destacó la importancia de su elección para “restablecer la ley y el orden” y luchar contra el narcotráfico. Esta mención no es casual: Trump acusó al presidente Gustavo Petro de complicidad con los cárteles y e incluso la Fiscalía inició una investigación. Además, autorizó el ataque a supuestas lanchas de traficantes de droga en el Pacífico, que mataron a decenas de personas.

De la Espriella, dueño de un conglomerado de negocios que incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de haber grabado algunos discos de versiones, le devolvió la gentileza a Trump con una ristra de elogios y una promesa: que si gana meterá a Colombia en su alianza militar Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Una alianza que Trump presentó rodeado de algunos de sus mejores aliados, como Javier Milei, Nayib Bukele, José Antonio Kast o Daniel Noboa, con quien Estados Unidos está ya realizando operaciones militares en suelo ecuatoriano. De la Espriella acompañó el tuit con una curiosa imagen de un tigre (el apodo con el que se lo conoce) y el águila estadounidense.

No es la primera vez que Donald Trump irrumpe en una campaña electoral latinoamericana. Ya lo hizo en Honduras cuando amenazó con que si no ganaba el ultraderechista Asri Asfura castigaría económicamente al país. Y también en Argentina, cuando antes de una elección legislativa clave, el Departamento del Tesoro ofreció al Gobierno de Milei un rescate de 20.000 millones de dólares. Asfura y Milei ganaron esos comicios.

Keiko, ¿a la cuarta va la vencida?

El candidato de Trump en Perú era el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga. Representante del núcleo conservador más duro de la ultraderecha, su cerrada defensa de la familia tradicional y la economía de libre mercado conviven con declaraciones llamativas sobre su práctica de la abstinencia sexual y su confeso “enamoramiento” de la virgen María. Pero no pasó a la segunda vuelta, superado por muy pocos votos por el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Aun sin el apoyo público de Washington, Keiko Fujimori se subió con sus declaraciones al carro MAGA. En una entrevista con la CNN, reiteró su lema de campaña de “regresar al orden” que su padre logró mientras gobernaba y aseguró que América Latina gira hacia ese orden gracias al presidente de Estados Unidos.

Esta es la cuarta vez en una segunda vuelta electoral para la hija del expresidente Alberto Fujimori, que murió en 2024 en libertad, aunque había sido condenado a 25 años de prisión por corrupción y por los delitos de homicidio calificado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, y por el secuestro de un periodista y un empresario. Las encuestas para el ballotage del 7 de junio la ponen por delante, pero muy igualada con su rival. Los analistas políticos sugieren que el rechazo que genera la reivindicación de Keiko del legado de su padre empieza a pesar menos en los votantes, y destacan que en un electorado tremendamente fragmentado como el peruano, las opciones de derecha y ultraderecha fueron de lejos las mayoritarias.

De la Espriella y sus comentarios machistas

También el empresario colombiano parte con ventaja para la segunda vuelta del 21 de junio. Sin embargo, no entró con buen pie en las escasas semanas de campaña hasta volver a las urnas. Un juzgado le ordenó retractarse de unos comentarios en los que afirmaba que muchas mujeres lo habían votado por el tamaño de sus genitales. Lo hizo mostrándole en un programa televisivo una foto suya a una periodista y preguntándole insistentemente qué veía en ella. Las acusaciones de machismo y misoginia hacia el excéntrico abogado de 47 años fueron numerosas. Pero De la Espriella ha sabido combinar una imagen de 'outsider' con poder económico pero que empatiza con el hartazgo ciudadano mientras exhibe sus vuelos en jet privado, sus paseos en Rolls-Royce o sus casas de Miami, Bogotá y la Toscana.

Para el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, la remontada no parece fácil. El apoyo de Trump y el aglutinamiento del descontento social en un voto de castigo le juegan en contra, pero cuenta con conseguir movilizar a un electorado progresista que no acudió masivamente a las urnas, pero que puede llegar a hacerlo para evitar que la ultraderecha alcance el gobierno.

La posible batalla entre Lula y Bolsonaro

El calendario electoral latinoamericano cierra en octubre con las elecciones presidenciales en Brasil, a las que volverá a presentarse Luiz Inácio Lula da Silva. El resto de candidaturas no son oficiales aún, pero empieza a haber movimientos para colocarse en puestos de salida. Sin contrincantes definidos, las encuestas exploran diferentes combinaciones de cara a una posible segunda vuelta.

De acuerdo con el sondeo del Instituto Real Time Big Data, el actual gobernante tiene un 38% de las intenciones de voto en primera vuelta, mientras el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso por su intento de golpe de Estado, aparece en segundo lugar, con un 31%. Una segunda vuelta entre los dos arrojaría, según esta encuestadora, un 45% de los sufragios para Lula, cinco puntos por encima de su adversario. Las encuestas de Datafolha, que señalaban hace unas semanas un empate técnico, parecen sugerir que Flávio Bolsonaro pierde algo de fuelle tras conocerse unas conversaciones que lo vinculan con el exbanquero Daniel Vorcaro, preso por fraude.

Mientras tanto, Trump rebajó notablemente su enfrentamiento con Lula, y recibió a Bolsonaro en Washington aunque no lo declaró oficialmente su candidato. Varios analistas apuntan a que otros aspirantes de la derecha pueden tener mejores resultados –por generar menos rechazo– en una posible segunda vuelta. Con todo, Bolsonaro presume de foto e intenta agitar el voto antizquierda vinculando a Lula con Maduro en una carrera de largo aliento hacia las urnas del 4 de octubre.

Algo ya se venía cociendo en Colombia desde hace cuatro años. En mayo de 2022, un ingeniero septuagenario millonario y excéntrico llamado Rodolfo Hernández irrumpió en la primera vuelta presidencial con casi seis millones de votos y estuvo a tres puntos de alcanzar el poder. Lo llamaron el “Trump colombiano”. Pero quedó descartado por sus excesos verbales y sus enredos judiciales a pesar de haber enarbolado la lucha anticorrupción como bandera de campaña.

Muchos creyeron que era una simple anomalía. Cuatro años después, un abogado penalista de extrema derecha de 47 años y sin experiencia política llamado Abelardo De la Espriella hizo lo mismo, pero con 10 millones de apoyos y ganando la primera vuelta al favorito y candidato del oficialismo de izquierda Iván Cepeda. ¿Cómo se explica?

Más furor que ideología

Colombia no llega hasta acá sola. La izquierda sigue en el poder en México, Brasil y Uruguay, pero al mismo tiempo emerge una nueva derecha que avanza allí donde el descontento cala más hondo: Milei en Argentina, Noboa en Ecuador y Bukele en El Salvador como una franquicia de exportación. Colombia, por el momento, tardó en sumarse a esa tendencia. El progresismo gobernó los últimos cuatro años y sigue siendo una fuerza política importante, con algo más de nueve millones y medio de votos. Pero el domingo no ganó la primera vuelta, ni siquiera con el empuje del presidente.

El de De la Espriella no se trata de un fenómeno ideológico en sentido clásico. Es algo más visceral y más difuso. El politólogo Camilo Cruz lo resume así: la fractura entre quienes dependen del Estado y quienes aprendieron a prescindir de él. En Colombia, esa brecha tiene un rostro concreto: la mitad de la fuerza laboral trabaja en la economía informal, entre ellos miles de abogados, médicos o ingenieros que en otros países entrarían en la categoría de autónomos. Es decir, un segmento de profesionales independientes, ajeno a las estructuras estatales y desconfiado de su burocracia. Y, sobre todo, de sus promesas. El cuatrienio del gobierno de Petro los alejó aún más y De la Espriella supo leerlos cuando nadie más lo hacía.

El abogado siguió el guion utilizado por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Mientras tanto, presume de su fortuna en redes sociales, mostrado sus vuelos en jet privado, su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temoradas en sus casas de Miami, Bogorá y la campiña toscana.

El contexto regional

Hay una explicación estructural a la victoria de De la Espriella. “Colombia ha entrado en la dinámica latinoamericana”, explica la analista Nadia Pérez Guevara. “Debido a la existencia del conflicto armado interno, estuvimos un poco ajenos a las olas y a los debates regionales. Ahora no. Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios”.

Durante décadas, la guerra organizó la política colombiana. La posición frente a las guerrillas o la paz movilizaba al electorado. Cuando esa lógica empezó a disolverse, quedó libre un espacio que De la Espriella ocupó con otro lenguaje: seguridad urbana, antipolítica, informalidad y valores conservadores. El mismo idioma que Milei habla en Buenos Aires o que Trump esgrime en Washington.

Colombia entra a la dinámica latinoamericana [...] Los temas relacionados con la violencia, la distribución de la tierra y los derechos humanos ya no son ejes prioritarios

Nadia Pérez Guevara — Analista

Hundimiento del uribismo

El politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, asegura que hay cierta continuidad en la historia de hace cuatro años con la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández, condenado por corrupción en marzo de 2024 y fallecido en septiembre del mismo año. “En ambos casos [con Abelardo] se nota un vacío de liderazgo de la derecha tradicional en el contexto posturibista. [El expresidente Álvaro] Uribe sigue siendo una figura importante, pero ya no alcanza a ser el líder hegemónico que fue hace 20 años”.

De cualquier forma, Paloma Valencia se mantuvo leal a su mentor político, se plegó sin fisuras al expresidente y buscó atraer al electorado de centro con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un tecnócrata de perfil moderado. Sin embargo, la unión no cuajó: el Centro Democrático pasó de 3,2 millones de sufragios en las primarias de marzo a 1,6 millones este domingo.

¿Y ahora qué?

De la Espriella supo leer la coyuntura política. Se lanzó con un programa de apenas tres páginas y consiguió movilizar a un electorado que llevaba años esperando un discurso de extrema derecha sin complejos. Pero Basset matiza: no todo su apoyo es ideológico. “En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él”. Así, el también apodado Tigre llega a la segunda vuelta del 21 de junio con una coalición más heterogénea de lo que parece. Es una fortaleza, pero también una fragilidad.

En la última semana, la gente se dejó llevar por una especie de voto útil a la derecha que terminó de hundir a Valencia. Hay mucho voto pragmático de una derecha más tradicional que se acabó volcando hacia él

Yann Basset — Politólogo de la Universidad del Rosario

Detrás de su buen resultado hay dos apoyos que los expertos apenas empiezan a cartografiar: los jóvenes conservadores de TikTok y otras redes sociales, y las iglesias evangélicas. “Son jóvenes que, por el acceso a la información vía digital, han mirado hacia la derecha y hacia principios conservadores”, explica Pérez Guevara. Este es, quizás, un matiz importante para quienes daban por hecho que todos los manifestantes que salieron a la calle durante el paro y el estallido social de 2021 estaban con la izquierda petrista. Al parecer, una parte de esa misma generación conectó con el universo global de Trump y depositó su votó por el Tigre.

El segundo bloque es aún más silencioso. “Las iglesias cristianas nunca habían logrado consolidarse como fuerza política en Colombia. Ahora sí lo hacen de manera abierta”, analiza Pérez Guevara. De hecho, el jefe de debate de la Espriella es Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano e hijo de uno de los líderes evangélicos más influyentes de Santander, en el noreste del país. Y el propio De la Espriella, que en otros tiempos se declaraba ateo, llegó a esta campaña rezando en público. Las estructuras eclesiásticas hicieron el resto del trabajo territorial que su movimiento Firmes por la Patria, con apenas un año en política, no podía hacer solo.

Por todo ello, Iván Cepeda llega a la segunda vuelta con una herida y una oportunidad, tras sembrar en la jornada electoral la duda sobre los resultados y rectificar al día siguiente. “No hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, reconoció.

La cicatriz visible es que no movilizó a su propio electorado de izquierda. “Hay un hueco de al menos un millón de votos recuperables solo en Bogotá”, señaló el domingo por la noche, durante un debate en YouTube, el politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital. “También en el Caribe y en el Valle del Cauca, donde hace cuatro años la izquierda tuvo una votación muy considerable”. La oportunidad: parte del apoyo de De la Espriella es pragmático y puede moverse.

García Duarte advierte que para cambiar el rumbo Cepeda debe modificar su discurso. Cita un ejemplo: la izquierda no puede quedarse en la letanía de las negociaciones de paz. El experto sugiere que, tras los fallos de la política de Paz Total de Petro, debe garantizar seguridad y combinar la negociación con la coerción institucional.

La politóloga Nadia Pérez Guevara interpreta el triunfo de De la Espriella, por su parte, como un fenómeno multiclase que agrupa no solo a votantes afines a la ultraderecha, sino también a desafectos y ciudadanos cínicos frente a la política y la democracia. Media Colombia llevaba ya algunos años acumulando el descontento. Y el domingo en la noche, por primera vez, alguien lo tradujo en victoria.

El presidente Javier Milei felicitó al candidato del partido colombiano de derecha Defensores de la Patria, Abelardo de La Espriella: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo”, manifestó el mandatario argentino. Con el 99,99% de las mesas informadas, el líder del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%). Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro. El 21 de junio es el balotaje.

Desde sus redes sociales, aseguró que, de esta manera “la libertad avanza” en Latinoamérica y remarcó el accionar de los colombianos por “esta ejemplar jornada electoral”.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”, expresó Milei.

Asimismo, subrayó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta” el país caribeño volverá a ser parte de un territorio que goce de libertad, y se desarrollará por recorrer el camino correcto.

“No tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, finalizó Milei.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella generó entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despertó inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

El abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella sorprendió este domingo al obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, que tuvieron una participación del 57,88%, y disputará la segunda vuelta el 21 de junio con el izquierdista Iván Cepeda, que puso en duda los resultados.

La participación fue la más alta para una primera vuelta desde que entró en vigor la Constitución de 1991 en un país tradicionalmente abstencionista en el que el voto no es obligatorio y la asistencia a las urnas suele ser ligeramente superior al 50%.

La Registraduría Nacional, organizadora de las elecciones informó que, con el 99,99% de las mesas informadas, de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, recibió 10.361.413 votos (43,74%), lo que significa una ventaja de 673.168 papeletas frente a Cepeda, que obtuvo 9.688.245 sufragios (40,9%).

Este resultado preliminar fue rechazado por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien desde hace meses ha cuestionado la transparencia del sistema electoral y hoy dijo: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo” y añadió que esperará el escrutinio que debe hacerse en los próximos días.

“Más de diez millones de colombianos confiaron en 'El Tigre', se unieron a la manada. Vamos a la segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”, expresó por su parte De la Espriella, a quien sus seguidores identifican con el felino, al conocer los resultados.

La candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de votos, ocupó el tercer lugar y es la gran perdedora de estas elecciones porque su votación es muy inferior al 12% que le daban las últimas encuestas, e incluso menor a los 3,2 millones de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de centro y derecha en la que fue elegida candidata.

En cuarto se sitúa Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad & Compromiso, con un millón de votos, que representan el 4,26%.

Otra candidata de centro, la exalcaldesa bogotana Claudia López, se situó en el quinto lugar con 225.517 votos (0,95%).

Dudas de la izquierda

En su discurso tras conocer los resultados, Cepeda fue menos enfático que Petro y planteó dudas sobre las cifras de la Registraduría.

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral, y ese no es cualquier desfase: estamos hablando de 885.000 personas”, dijo Cepeda en Bogotá ante sus seguidores, sin dar detalles sobre el origen de esa cifra.

De la Espriella, que compareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad caribeña de Barranquilla, les respondió: “Petro, Cepeda, par de delincuentes, no se atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular porque acá hay un pueblo que los va a enfrentar y los va a derrotar”.

Movimientos de cara a segunda vuelta

Tras las votaciones del domingo, la senadora Valencia no titubeó y anunció inmediatamente que apoyará en la segunda vuelta a De la Espriella.

“De manera personal, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella”, expresó Valencia, quien dijo que trabajará para que Colombia “no caiga en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan”, en su opinión, el senador Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, su compañero de fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, manifestó que los votos que esperaban recibir de buena parte de la derecha “desaparecieron” por la campaña de De la Espriella, que consideró “sucia, machista, homofóbica”.

Oviedo, un economista, abiertamente homosexual, dijo que, a diferencia de Valencia, informará el próximo 3 de junio su postura de cara a la segunda vuelta porque es “una decisión seria”.

El candidato Fajardo, por su lado, aseguró que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es “importante” para definir la contienda entre De la Espriella y Cepeda.

“Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho”, dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada.

El exsenador Roy Barreras, que apenas recibió 14.108 votos (0,05%) y quedó en el penúltimo lugar entre 11 candidatos, anunció su apoyo a la candidatura de Cepeda y le pidió al aspirante izquierdista buscar los “tres millones de votos” que considera que el centro político obtuvo este domingo para vencer a De la Espriella.

EFE