A pesar de que la Casa Rosada decidió posponer al menos un mes el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, distintas organizaciones sociales y ambientales convocaron para este sábado a una asamblea abierta en Parque Centenario, a partir de las 15, para seguir organizando el rechazo a la iniciativa. La actividad es impulsada por la mulsectorial que ya plantó bandera contra toda la iniciativa en el Congreso la semana pasada, que obligó al Gobierno a dar de baja las reformas de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto oficialista quedó solo con capítulos que reformas las expropiaciones y los desalojos. Obtuvo media sanción en el Senado tras casi trece horas de debate y una fuerte marcha de rechazo que terminó en represión, detenidos y heridos.

Sin los dos capítulos de Tierras y Fuego, la media sanción quedó limitada a los cambios en el régimen de desalojos y expropiaciones. Habilita un procedimiento sumario para desalojar propiedades usurpadas u ocupadas ilegalmente, con nuevas formas de notificación electrónica, y restringe la capacidad del Estado para expropiar bienes al exigir definiciones más estrictas de “utilidad pública” y garantizar una indemnización que incluya el lucro cesante.

El proyecto ingresó a Diputados, pero el presidente de la Cámara, Martín Menem, decidió postergar al menos un mes su tratamiento. El oficialismo prioriza para la sesión prevista para el próximo 26 de agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y cambios en materia fiscal, y prefiere dejar pasar el impacto político del debate en el Senado antes de negociar con los bloques dialoguistas.

Las organizaciones convocantes advierten que, mientras el capítulo de desalojos y expropiaciones sigue latente, el Senado avanza en paralelo con el proyecto de Súper RIGI, que otorga beneficios fiscales a inversiones superiores a mil millones de dólares y que el oficialismo busca sancionar antes de fin de agosto. En sus convocatorias, la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones sostiene que ambas iniciativas afectan derechos de los pueblos originarios y facilitan el acceso a tierras, agua y energía por parte de grandes inversores, motivo por el cual llaman a sostener la organización territorial pese a la pausa legislativa.

La Libertad Avanza consiguió esta madrugada sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas. La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos. Ya había tenido que eliminar los artículos referentes a la extranjerización de tierras.

Crónica de un extenso debate

Pese a la caída del capítulo sobre la extranjerización de las tierras, la plaza del Congreso se llenó igual. Iniciada la sesión en el Senado, en donde se debatían los restos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, cientos de personas movilizaron al Palacio Legislativo para reclamar en contra de la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones. “Que se caiga la ley no se negocia nada”, decía uno de los carteles que poblaba la plaza, un par de horas antes de que la policía comenzara a reprimir.

Puertas adentro, en el Congreso, Patricia Bullrich se movía con tranquilidad: después del fracaso del capítulo de Tierras, la jefa del oficialismo se mostraba confiada de que tendría el número para aprobar el resto de la ley. Lo importante era evitar una nueva derrota –era la quinta vez que el proyecto se debatía en el Senado– y ofrecer alguna demostración de fuerza luego de que los gobernadores aliados le hubieran soltado la mano con el capítulo de Tierras debido al rechazo popular a la iniciativa.

Sin embargo, el oficialismo negoció hasta el final pero perdió el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, de 2020, y que prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

La votación final, con los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones incluidos, fue de 37 senadores a favor y 33 en contra. El oficialismo obtuvo el respaldo de los 21 miembros de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Para el rechazo a los cambios en la Ley del Manejo del Fuego, los peronistas recibieron el apoyo de los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros.

Movilización masiva, represión y agitado debate

El debate en el Senado fue acompañado por una masiva movilización. Pero al caer la tarde, hubo incidentes, destrozos y una fuerte represión policila que dejó un saldo de 10 detenidos, una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado tras recibir un piedrazo.

“Este proyecto no es el original, hubo modificaciones porque la gran mayoría de los oradores no estaban de acuerdo. Es el fruto del trabajo de múltiples bloques, de ese trabajo de consenso nació este proyecto”, reivindicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), antes de anunciar formalmente que se eliminaría el capítulo 3 que modifica la Ley de Tierras Rurales. Y agregó, buscando mostrarse optimista: “El espíritu original es que quien es el dueño de un bien no sea castigado por eso, que quien es titular de un departamento pueda hacerse de su bien de forma rápida cuando es ocupado”.

A diferencia de otros debates, en los que los senadores libertarios apenas toman la palabra y dejan en manos de los aliados la defensa de sus proyectos, esta vez el bloque oficialista tuvo mandato de intervenir. Durante la jornada, los senadores de La Libertad Avanza defendieron los tres capítulos sobrevivientes de la ley.

“Durante años se castigó al que invierte en la Argentina, así queremos blindar el proceso judicial contra trampas judiciales y poner orden donde antes había caos”, celebró la fueguina Belén Monte de Oca, defendiendo la reforma del Código Civil y Comercial que habilita a los jueces a disponer de la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. Estos cambios, que habilitan los desalojos exprés, no solo alcanzan a quienes ocupan un domicilio de manera ilegal, sino también a los inquilinos que adeudan el alquiler o cuyo contrato haya vencido.

“El propietario tiene título, paga impuestos, recurre a la Justicia y no a la violencia, como el intruso que recurre a la banda organizada que le dio ese lugar. El resultado de recurrir a la Justicia es nulo”, denunció Agustín Monteverde, quien aseguró que los “usurpadores” se instalan a propósito con “menores, discapacitados y ancianos” con el objetivo de blindarse frente a la Justicia. “Buscan la protección de una Justicia abolicionista”, cuestionó.

Mientras los senadores encadenaban discursos, la oposición trabajaba para voltear alguno de los capítulos. Tras el rechazo al capítulo de extranjerización, el peronismo esperaba que la victoria fuera contagiosa y que la presencia callejera sirviera como incentivo para voltear, al menos, el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego, algo que finalmente consiguió en la votación, pasada la 1 de la madrugada. El proyecto del oficialismo eliminaba la prohibición de vender o cambiar el uso del suelo de pastizales, humedales y tierras productivas incendiadas por 30 años.

“Los incendios en Argentina casi siempre son intencionales pero no se encuentra a quienes los producen. Con la Ley de Manejo del Fuego se había logrado un efecto disuasivo y con esta modificación, lo estamos eliminando. Es una regresión”, cuestionó el entrerriano Adan Bahl (PJ).

“La patria no solo no se vende. La patria no se incendia, no se privatiza y tiene que ser para todos y todas”, agregó el camporista Mariano Recalde.

El peronismo cosechó votos entre los radicales y patagónicos, que eran quienes estaban más incómodos con la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego.

El primer intento del peronismo de voltear la sesión, a su vez, ya había fracasado. Poco después de que comenzara la sesión, el jefe del interbloque, José Mayans, pidió devolver la iniciativa a comisiones, pero no consiguió los votos. Por 38 votos en contra y 31 a favor, el oficialismo consiguió seguir sesionando.

MCM/MG

El Senado debatirá este jueves una versión acotada del proyecto de propiedad privada, que tendrá como eje central una reforma que contempla los desalojos “exprés” de campos, viviendas y terrenos que fueron usurpados. La iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego.

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo afrontará podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después.

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Ley de manejo de fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. “En caso de incendios de superficies de bosques nativos, cualquiera sea el titular de estos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”, dice la propuesta.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten. El proyecto modifica la ley “Pierri” de regularización dominial.