El Gobierno respondió este jueves a las críticas del Reino Unido por la decisión de impulsar un arbitraje internacional ante la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y defendió el procedimiento como un mecanismo legítimo para resolver la controversia por vías pacíficas.

A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó que Londres haya caracterizado la iniciativa argentina, planteada en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), como un intento de “socavar” derechos.

“Nada más alejado de la realidad”, respondió el Palacio San Martín, que sostuvo que someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”.

La reacción argentina se conoció después de que el Gobierno británico rechazara el arbitraje impulsado por Buenos Aires para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en particular el avance del proyecto Sea Lion.

El Ejecutivo había instruido el 28 de septiembre a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para avanzar con el procedimiento. En su nueva declaración, el Gobierno recordó que tanto la Argentina como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los mecanismos contemplados por la convención para solucionar controversias.

“El recurso argentino al arbitraje no busca 'socavar' los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, afirmó la Cancillería.

El pronunciamiento también respondió a la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien había defendido las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las islas y asegurado que se realizan de acuerdo con el derecho internacional.

Frente a ese argumento, la Cancillería señaló que, si Londres considera que esas actividades cumplen con las normas internacionales, tendrá la posibilidad de “defender su posición” ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.

La respuesta constituye un nuevo capítulo en la escalada diplomática entre ambos países por el proyecto Sea Lion y la explotación de recursos naturales en los espacios marítimos cuya soberanía se encuentra en disputa.

El Gobierno argentino recordó además que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En ese marco, Cancillería volvió a mencionar la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de la controversia e insta a ambos países a avanzar en negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

La Argentina también reiteró su rechazo a las actividades unilaterales de exploración y explotación de recursos naturales en la zona en disputa, al considerar que implican una modificación unilateral de la situación mientras continúa pendiente una solución a la cuestión de soberanía.

Otro de los puntos de la respuesta estuvo dirigido al argumento británico sobre el derecho de los habitantes de las islas a la libre determinación. La Cancillería sostuvo que ese principio no es el criterio aplicado por las Naciones Unidas a la Cuestión Malvinas.

Pese al cruce entre ambos gobiernos, la Argentina volvió a manifestar su disposición a retomar el diálogo con Londres.

“La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, señaló el comunicado. El Palacio San Martín aseguró finalmente que el país continuará defendiendo su posición mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.

Con información de la agencia NA

La tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo este miércoles. El gobierno británico rechazó la decisión de Javier Milei de iniciar un arbitraje internacional para intentar frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion y advirtió que la ofensiva argentina pone en cuestión la confiabilidad del país como socio de Londres.

La posición fue expresada por Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado británica para los Territorios de Ultramar, quien difundió un comunicado en el que además reveló que esta semana el gobierno del Reino Unido citó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para expresar su posición.

“La decisión de Argentina de iniciar un arbitraje contra el Reino Unido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es el último intento de socavar los derechos y los medios de vida de los habitantes de las Islas Malvinas”, sostuvo Kumaran.

La reacción se produjo después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a poner en marcha el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR. El planteo busca impedir la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, así como nuevas autorizaciones para explotar recursos naturales en áreas de la plataforma continental cuya soberanía reclama la Argentina.

El Gobierno argentino dio un plazo de dos semanas al Reino Unido para adoptar medidas que impidan el inicio o la continuidad de las actividades. En caso contrario, anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar una medida provisional mientras se constituye el tribunal arbitral.

El canciller Pablo Quirno confirmó que Londres ya fue notificado formalmente. El argumento argentino es que la extracción de hidrocarburos implica el aprovechamiento irreversible de recursos naturales no renovables en un espacio marítimo vinculado con una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.

La dura respuesta de Londres

El Reino Unido rechazó esos argumentos y volvió a reivindicar el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. “Los habitantes de las Islas Malvinas han elegido libre y democráticamente su futuro y tienen todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coerción o interferencia de terceros”, afirmó Kumaran.

Según la funcionaria, las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las islas están reguladas por la legislación local y se desarrollan “en pleno cumplimiento del derecho internacional, incluida la CONVEMAR”.

El comunicado avanzó luego sobre un terreno más amplio que la controversia jurídica por Sea Lion y vinculó directamente las medidas adoptadas por la Argentina con el estado de la relación bilateral.

“Esta semana dejamos claro a la embajadora de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”, señaló Kumaran.

Y agregó una de las frases más fuertes del pronunciamiento: “Ese comportamiento plantea interrogantes sobre la confiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”.

Londres aseguró además que mantendrá su respaldo a las autoridades isleñas. “El Reino Unido continuará apoyando hombro con hombro al Gobierno de las Islas Malvinas y a los isleños. Defenderemos firmemente sus deseos, su economía y su derecho a determinar su propio futuro”, afirmó la funcionaria.

La disputa por Sea Lion

En el centro de la nueva escalada se encuentra Sea Lion, un proyecto petrolero situado unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa ya superó la etapa meramente exploratoria y sus responsables prevén comenzar la producción en 2028.

La operadora Navitas Petroleum, de origen israelí, posee una participación del 65%, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35%. La primera etapa contempla perforaciones submarinas y la utilización de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga.

La Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos soberanos y se apoya, entre otros argumentos, en las resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y llaman a las partes a negociar una solución.

El Reino Unido, por su parte, rechaza ese planteo y considera que la administración de los recursos naturales forma parte del derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas.

El nuevo frente abierto por el Gobierno argentino trasladará ahora parte de esa disputa al terreno jurídico internacional. Si Londres mantiene su posición una vez cumplido el plazo de dos semanas, la Argentina buscará una medida provisional que frene o limite el avance de Sea Lion mientras se desarrolla el procedimiento arbitral.

Javier Milei se reunió este jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. El encuentro, la única bilateral que mantuvo el Presidente durante su estadía en Estados Unidos, se produjo después de que numerosas delegaciones abandonaran el recinto cuando Netanyahu se disponía a comenzar su discurso, en una protesta que dejó buena parte del auditorio vacío.

La cita tuvo lugar en medio de los cuestionamientos internacionales que enfrenta Israel por su ofensiva militar en la Franja de Gaza y después de que Milei volviera a expresar públicamente su respaldo al primer ministro. Sobre Netanyahu pesa una orden de detención internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, una situación que restringe sus desplazamientos internacionales y que ya había complicado sus planes de visitar la Argentina en septiembre de 2025.

El intercambio difundido tras la reunión dejó en evidencia la sintonía política entre ambos. Netanyahu agradeció a Milei por su apoyo “firme e incondicional” a Israel y lo felicitó por haber recibido en Nueva York el premio “Defensor de Israel”, otorgado por la Yeshiva Darchei Torah. También elogió su programa económico: “Lo que has hecho por la economía de Argentina es magistral”, afirmó, antes de destacar que el Presidente argentino “defiende la verdad” y vincular esa postura con su respaldo a Israel. Milei le devolvió el reconocimiento: “Para mí es un honor recibir tus palabras, siendo tú uno de los mayores líderes de toda la historia del mundo”.

Según la comunicación difundida por el Gobierno israelí, ambos mandatarios conversaron sobre la continuidad de la cooperación bilateral y la posibilidad de ampliar los llamados “Acuerdos Isaac”, una iniciativa impulsada por Milei para profundizar los vínculos de Israel con países de América Latina en materia de seguridad y economía. El comunicado presentó ese acercamiento como parte de un “cambio estratégico positivo para Israel” en la región.

Pero el encuentro también tuvo como telón de fondo una controversia que contrasta con las expresiones de respaldo mutuo: la participación de Navitas Petroleum, una empresa israelí, en la explotación petrolera proyectada en las Islas Malvinas, una actividad que la Argentina considera ilegal y contra la cual la Casa Rosada anunció recientemente nuevas medidas. La compañía controla el 65% del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, mientras que el 35% restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration. La cuestión adquirió especial relevancia después de que Milei reivindicara el miércoles, desde el estrado de las Naciones Unidas, el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

Un respaldo en medio de los cuestionamientos internacionales

El encuentro ya había sido precedido por otra demostración del respaldo político de Milei a Netanyahu. El miércoles, después de su discurso ante la Asamblea General, el Presidente argentino conversó con TN en la puerta del hotel Langham de Nueva York. Consultado sobre la reunión que mantendría al día siguiente con el primer ministro israelí, lo definió como un “aliado y amigo”.

El mandatario fue todavía más lejos al destacar su papel en la política israelí y su visión geopolítica. “Si no fuera por Netanyahu, que es un líder extraordinario con una visión geopolítica y que entiende además el vínculo con la batalla cultural como muy pocas personas en el mundo, salvo Marco Rubio, Donald Trump o Scott Bessent, tengo mis dudas de que hoy siguiera existiendo Israel”, sostuvo.

La orden de captura restringe considerablemente los desplazamientos internacionales de Netanyahu, que se expone a ser detenido si ingresa en países que reconocen la jurisdicción de la CPI. Los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación de cooperar con el tribunal y ejecutar sus órdenes de arresto, aunque algunos gobiernos han cuestionado esa obligación o se han negado a cumplirla. Estados Unidos, que no integra la Corte y rechaza la orden contra Netanyahu, le permitió ingresar a Nueva York para participar de la Asamblea General. Incluso Francia tuvo que justificar públicamente su decisión de permitir que el avión del primer ministro atravesara su espacio aéreo rumbo a Estados Unidos, pese a la orden de captura vigente.

Las complicaciones judiciales de Netanyahu ya habían tenido consecuencias concretas en la relación bilateral con la Argentina. En septiembre de 2025, el primer ministro estuvo cerca de visitar Buenos Aires para reunirse con Milei. El viaje, previsto inicialmente entre el 7 y el 10 de ese mes, había sido coordinado por ambos gobiernos, pero terminó suspendido en medio de las dificultades que planteaba la orden de detención de la CPI. La Embajada argentina en Israel atribuyó entonces la suspensión a “razones técnicas”, aunque la prensa israelí informó que Milei había solicitado postergar el viaje por motivos políticos.

La petrolera israelí que opera en Malvinas

La estrecha relación entre Milei y Netanyahu tiene, sin embargo, un punto de fricción que el Gobierno argentino todavía no logró resolver: la participación de una empresa israelí en la explotación petrolera de las Islas Malvinas. Navitas Petroleum es la principal operadora del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, y controla el 65% de la iniciativa. El 35% restante pertenece a Rockhopper Exploration, de capitales británicos. Ambas compañías avanzan en el desarrollo del yacimiento, cuya primera producción está prevista para 2028.

La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas en las aguas circundantes a las islas sin autorización de Buenos Aires violan su legislación y sus derechos soberanos. Las empresas, en cambio, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades isleñas, con respaldo británico. La controversia escaló a comienzos de septiembre, cuando la Casa Rosada anunció una ofensiva judicial contra las compañías involucradas en Sea Lion. El Gobierno informó entonces que el canciller Pablo Quirno presentaría una denuncia penal contra Navitas y otras firmas vinculadas con el emprendimiento.

Una versión de lo ocurrido durante el encuentro que Milei y Netanyahu mantuvieron en Jerusalén en abril pasado da cuenta de que la situación ya había generado fricciones entre ambos mandatarios. Según esa reconstrucción, el Presidente argentino planteó su preocupación por la participación de la petrolera israelí en el proyecto y recibió como respuesta que se trataba de una empresa privada sobre cuyas decisiones el Gobierno de Israel no podía intervenir.

Siempre de acuerdo con esa versión, la explicación no habría conformado a la Casa Rosada, que llegó a evaluar la posibilidad de suspender el anuncio del traslado de la embajada argentina a Jerusalén como una medida de presión indirecta. Pero la alternativa, según pudo saber elDiarioAR, fue finalmente descartada.

Ahora, la coincidencia entre el reclamo de soberanía formulado por Milei ante la ONU y su encuentro con Netanyahu volvió a colocar el asunto en primer plano. Sin embargo, hasta el momento no se informó si el Presidente aprovechó la bilateral para insistir con el reclamo por Navitas. En la previa, Quirno había evitado precisar si la cuestión Malvinas formaría parte de la conversación.

PL/MG

Las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas, respondieron a las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales sobre el desarrollo del yacimiento.

Las compañías difundieron una declaración conjunta luego de que el mandatario anunciara sanciones contra las empresas que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización de la Argentina.

Las operadoras sostuvieron que continuarán con el proyecto y remarcaron que las autorizaciones bajo las cuales trabajan permanecen vigentes.

En ese sentido, afirmaron que operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que cuentan con el “respaldo total y continuo” del Gobierno del Reino Unido.

Rockhopper, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, consideraron además que los anuncios realizados desde Buenos Aires no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.

“La Sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion”, indicaron las empresas en su comunicado.

La respuesta llegó después de la cadena nacional encabezada por Javier Milei, en la que el presidente anticipó una serie de medidas destinadas a endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con actividades económicas en Malvinas sin autorización argentina.

El mandatario argentino anunció que el Gobierno avanzará con la inhabilitación para operar en territorio argentino de aquellas empresas involucradas, de manera directa o indirecta, en proyectos desarrollados en las islas.

Además, anticipó la firma de un decreto para acelerar la aplicación de sanciones y el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a incrementar las penalidades contra las compañías alcanzadas.

La reacción de los mercados tras los anuncios

Pese a que las petroleras minimizaron las consecuencias que podrían tener las medidas argentinas, sus acciones registraron bajas durante la jornada de este viernes.

Hacia las 10.30 GMT, los papeles de Rockhopper retrocedían más de un 5% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Navitas perdían alrededor de un 2% en Tel Aviv.

Las dos compañías ya habían sido objeto de sanciones argentinas por sus actividades vinculadas con Malvinas: Rockhopper fue sancionada en 2013 y Navitas en 2022.

En la zona también existen licencias de exploración en manos de otras compañías, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Milei sostuvo durante su discurso que la Argentina buscará impedir que las empresas involucradas en la explotación de recursos de las islas puedan desarrollar actividades en el territorio continental.

El Gobierno también pretende extender el alcance de las medidas a accionistas, directivos y proveedores relacionados con esos emprendimientos, además de avanzar sobre otras actividades económicas desarrolladas en Malvinas.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion está ubicado en aguas del Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, y constituye uno de los principales proyectos petroleros previstos en la zona.

El emprendimiento todavía se encuentra en etapa de desarrollo y, en caso de avanzar hasta su fase productiva, implicaría la explotación comercial de petróleo a gran escala en el archipiélago.

La Argentina considera que las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin su autorización vulneran sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Rockhopper y Navitas, en cambio, ratificaron en su declaración que reconocen las licencias concedidas por las autoridades isleñas y enfatizaron el respaldo británico a esas autorizaciones.

Las compañías también remitieron a sus informes corporativos de 2025 y del segundo trimestre de 2026 para fundamentar su posición respecto del marco jurídico y las perspectivas del proyecto.

El presidente Javier Milei volvió a poner el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró durante la cadena nacional de este jueves que las empresas a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses.

El mandatario afirmó: “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene planes de iniciar la explotación petrolera offshore en Malvinas en los próximos meses”.

La advertencia se produjo en el marco del mensaje presidencial por la cuestión Malvinas, en el que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

Qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. El yacimiento tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, mientras que el proyecto contempla una producción significativa desde aguas offshore.

Las primeras dos fases de Sea Lion contemplan la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis destinados a la inyección de agua y uno de gas.

El desarrollo incluye cañerías y equipamiento instalado sobre el lecho marino, además de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas informó que la primera etapa contempla 11 pozos y la segunda, otros 12.

El emprendimiento es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. La Argentina sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía debe contar con autorización del Estado argentino y cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto.

La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas en años anteriores por operar sin autorización argentina.

Con su nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la posición argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas y anticipó que el Gobierno seguirá actuando para defender el reclamo de soberanía.

La demanda en la Justicia de ambientalistas y excombatientes contra la iniciativa Sea Lion

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron días atrás una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas próximas a las islas Malvinas.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y plantea una acción preventiva de daño ambiental colectivo con una dimensión adicional: la protección de la soberanía argentina sobre el territorio y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

Las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino vinculados con el proyecto, así como de las operaciones financieras destinadas a sostenerlo.

Sea Lion -denominado León Marino en la presentación judicial- se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. Las empresas proyectan comenzar la extracción de petróleo durante el primer semestre de 2028 y mantener la producción durante más de 30 años.

El proyecto fue autorizado por las autoridades de las islas Malvinas, pero, según la demanda, no cuenta con evaluación de impacto ambiental ni con las autorizaciones requeridas por la legislación argentina.

La infraestructura no se limitaría al área offshore. El proyecto prevé utilizar Puerto Argentino como centro logístico, con ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al almacenamiento y tratamiento de combustibles, químicos y lodos de perforación.

Según las organizaciones demandantes, durante 2026 comenzaron trabajos vinculados con el muelle y la base terrestre, mientras que las compañías avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que será utilizada en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027.

El volumen y la extensión temporal de la iniciativa son uno de los argumentos utilizados por AAdeAA y CECIM para sostener que se trata de una explotación de gran escala, cuyos potenciales efectos deben ser evaluados antes de que se produzcan daños ambientales.

Sin evaluación ambiental argentina

Uno de los principales argumentos de la demanda es que las empresas no realizaron ante el Estado argentino las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Las organizaciones indicaron que habían realizado pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía en enero de 2026 y que las respuestas oficiales confirmaron la ausencia de esos trámites.

La evaluación de impacto ambiental, sostienen, permite identificar riesgos, exigir estudios, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana antes del inicio de una actividad potencialmente dañina.

En ese sentido, AAdeAA y CECIM sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas no pueden reemplazar las exigencias de la legislación argentina ni habilitar la disposición de recursos naturales ubicados en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

La situación se suma, según la presentación, a los antecedentes de las dos empresas en el país.

Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años. Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó el anuncio de inversión realizado por ambas compañías y sostuvo que la iniciativa carecía de autorización argentina y contradecía las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.

Rockhopper conserva el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65%.

El riesgo para el Mar Argentino

El reclamo judicial también advierte sobre los posibles efectos ambientales de la explotación petrolera sobre los ecosistemas del Atlántico Sur.

La demanda identifica dos ecorregiones que podrían verse afectadas: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Según las organizaciones, ambas mantienen además una conexión ecológica con la Antártida.

La ecorregión del Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y presenta una elevada productividad biológica. Allí habitan, se reproducen o se alimentan unas 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.

Los denunciantes señalan que la explotación petrolera implica perforaciones, movimientos del lecho marino, circulación de embarcaciones, generación de ruido submarino y utilización de sustancias químicas, además del riesgo de derrames.

El planteo sostiene que un eventual derrame podría extender sus efectos a otras áreas del Atlántico Sur debido a las corrientes marinas, afectando zonas utilizadas para la alimentación, reproducción y migración de distintas especies.

A esto se sumarían los impactos asociados a las instalaciones terrestres de Puerto Argentino, como la ampliación de infraestructura portuaria, el almacenamiento de combustibles y productos químicos, la generación de residuos, el aumento del tránsito y la construcción de instalaciones industriales.

Para las organizaciones, la actividad offshore y las obras terrestres forman parte de un mismo sistema extractivo y deben ser consideradas de manera integral al evaluar sus consecuencias ambientales.

La soberanía, otro eje de la demanda

La acción judicial incorpora además un argumento vinculado con la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Los demandantes sostienen que el proyecto implica una modificación unilateral de la situación existente mientras permanece abierta la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

En ese sentido, la presentación cita la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

Para AAdeAA y CECIM, el desarrollo de infraestructura, la inversión de capital y la proyección de décadas de extracción de hidrocarburos constituyen una modificación de hecho sobre un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

El reclamo también se apoya en la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía.

Los demandantes plantean que la soberanía debe ser considerada un bien jurídico colectivo y que su protección está vinculada también con la preservación ambiental y con los derechos de las generaciones futuras.

Qué le piden a la Justicia

Además de solicitar la suspensión de las obras, las organizaciones pidieron impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto Sea Lion.

También solicitaron que se informe de la existencia de la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde cotizan las dos compañías: la Bolsa de Londres, en el caso de Rockhopper, y la Bolsa de Tel Aviv, para Navitas.

Otro de los pedidos apunta a que las petroleras identifiquen a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores involucrados en el financiamiento de la explotación.

La intención, explicó Enrique Viale, presidente de AAdeAA, es conocer quiénes sostienen financieramente el proyecto para eventualmente solicitar medidas cautelares sobre esos actores.

La demanda también pide que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas sean consideradas inoponibles a la República Argentina, al sostener que esas autorizaciones no pueden sustituir los permisos y procedimientos establecidos por la legislación argentina.

Un reclamo que reúne ambiente y soberanía

La presentación reúne dos trayectorias que hasta ahora habían transitado ámbitos diferentes. AAdeAA tiene entre sus principales líneas de acción la defensa jurídica de los ecosistemas y los bienes comunes, mientras que el CECIM, integrado por exsoldados conscriptos de la guerra de 1982, desarrolla desde hace décadas una agenda vinculada con los derechos humanos, la memoria y el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Ambas organizaciones definieron su planteo como una «tutela ambiental soberana», al considerar que en este caso la protección del ambiente y la defensa de la soberanía recaen sobre un mismo espacio.

“Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio”, afirmaron.

La acción se inscribe además en los antecedentes de AAdeAA contra la explotación petrolera offshore. En 2022, la organización, junto con otras entidades y asambleas, promovió una acción judicial contra la exploración hidrocarburífera frente a Mar del Plata, que derivó en una medida cautelar y abrió un antecedente relacionado con la evaluación de impactos acumulativos.

Ahora, el objetivo es que la Justicia intervenga antes del inicio de las perforaciones y evite que el avance de la explotación genere daños ambientales o consolide una situación de hecho sobre un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa internacional.

Para los demandantes, la prevención es central: una vez producido un derrame u otro daño ambiental de gran escala, sus consecuencias podrían resultar irreversibles, mientras que la instalación de infraestructura y el comienzo de una explotación proyectada durante décadas podrían convertir una decisión unilateral en un hecho consumado.

Con información de NA, EFE y Abogados Ambientalistas