Directivos de Jan De Nul, la empresa belga que opera el dragado del río Paraná desde hace tres décadas y que encabeza el consorcio favorito para quedarse con la concesión de la hidrovía por los próximos 25 años, fueron recibidos este jueves por el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se realizó en horas de la mañana en la sede diplomática y tuvo como eje central la licitación de la Vía Navegable Troncal, el canal por el que transita el 80% de las exportaciones argentinas.

Según informó la propia compañía en un comunicado, el embajador Lamelas escuchó de primera mano los planes del consorcio formado por Jan De Nul —con el 60% de la sociedad— y la empresa local ServiMagnus, liderada por Ricardo Román y su hijo Leonardo, familia con larga trayectoria en el negocio portuario argentino. Los directivos detallaron el plan de obras, las características de las dragas y el equipamiento de balizamiento, así como la tecnología que implementarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

Desmienten el vínculo con China

La reunión ocurre en un contexto de fuerte polémica. En las últimas semanas trascendió que Jan De Nul tendría algún tipo de relación comercial o contractual con empresas de capitales estatales chinos. En la sede de la embajada, los directivos de la compañía desmintieron “categóricamente” esas versiones, calificándolas de “maliciosas” y orientadas a “entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio”.

En el encuentro, Jan De Nul ratificó además los antecedentes presentados en su oferta técnica, donde certifica que “toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de occidente”, con especial mención a proveedores estadounidenses —como las cámaras del sistema VTS de control de tráfico vehicular marítimo—.

El trasfondo geopolítico no es menor. El gobierno de Javier Milei prohibió en el pliego licitatorio la participación de empresas públicas extranjeras, una decisión interpretada como una señal hacia Washington, preocupado por el interés que había mostrado la estatal china CCCC en la hidrovía. Esa misma firma opera el Yang Tsé Kiang, uno de los pocos ríos del mundo de extensión comparable al Paraná —1.400 kilómetros—.

Jan De Nul marcha al frente

El consorcio Jan De Nul-ServiMagnus acumula 66 puntos en la evaluación técnica frente a los 42 de su único competidor, la también belga DEME, una diferencia de 24 puntos que lo coloca como amplio favorito. En la oferta económica, ambos consorcios empataron al presentar la tarifa mínima establecida por el pliego: US$3,80 por tonelada, un 13,5% menor a la tarifa actual. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym), que conduce Iñaki Arreseygor, deberá expedirse sobre el ganador en el curso de los próximos días.

Se trata de un negocio de US$300 millones anuales, con un compromiso de inversión estimado en US$10.000 millones según el Gobierno, orientado a profundizar el calado del río para permitir que los barcos naveguen con mayor carga. Por la hidrovía también transita el 90% de las exportaciones paraguayas y el 6% de las brasileñas.

Irregularidades y resistencias

El proceso no está exento de cuestionamientos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, emitió la semana pasada un dictamen que advirtió sobre “diversas irregularidades” en los pliegos, entre ellas la ausencia de una evaluación de impacto ambiental previa al llamado licitatorio, limitaciones a la posibilidad de impugnar y problemas en la fórmula de evaluación de ofertas. La PIA señaló “elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades” que podrían derivar en una adjudicación “pasible de reproches administrativos y/o penales”.

En paralelo, una coalición de organizaciones nucleadas en el Foro por la Recuperación del Paraná presentó esta semana una medida cautelar para frenar las obras de ensanchamiento y profundización del dragado, mientras que legisladores del bloque Unión por la Patria encabezaron una reunión en la Cámara de Diputados en la que cuestionaron la falta de transparencia del proceso y la ausencia de participación de las provincias ribereñas.

Para Jan De Nul, la reunión en la embajada estadounidense fue también una oportunidad para resaltar sus tres décadas de trabajo en la hidrovía y comprometerse a sumar proyectos conjuntos con empresas americanas en el marco de las tareas de la futura concesión. La empresa descartó cualquier vínculo con capitales chinos y buscó dejar en claro que la polémica responde, en sus palabras, a “la impotencia de sus competidores para superar una propuesta de excelencia, tanto en materia de calidad de servicio como en costos”.

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, dispuso este lunes 246 recategorizaciones al alza en el escalafón del organismo. La medida despertó polémica. La Unión del Personal Superior de la agencia (UPS), que encabeza Julio Estévez, emitió un comunicado titulado “La arbitrariedad no es política de recursos humanos” que advierte que “en un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando el convenio colectivo de trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”.

En la lista de ascensos en la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana figuran Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del jefe aduanero, José Velis. “No cuestionamos la valia personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a dia sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses”, apuntó la UPS.

“Nada que comentar porque ese gremio no tiene personería gremial, no está avalado jurídicamente”, respondieron en ARCA ante la consulta de elDiarioAR. No es el primer ascenso polémico decidido por Vázquez: en enero su esposa, María Eugenia Fanelli, fue promovida a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI. No es tampoco la primera polémica en torno del jefe del organismo que debería combatir la evasión: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió el mes pasado su indagatoria por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2 millones.

“Es la propia superioridad –el Ministerio de Economía, en el presupuesto de ARCA 2026– la que reconoce por escrito que el Fisco Nacional padece un 'ecosistema tecnológico obsoleto' y una 'gestión de talento limitada' con serios problemas para retener personal calificado”, continuó la UPS. “Ante este diagnóstico lapidario, la respuesta de Vázquez es profundizar la grieta interna con designaciones a dedo. Señor director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta. No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares.”

“No se despedaza a la mejor organización del Estado –orgullo en foros internacionales– permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí”, siguió el sindicato. “No se pretende que los verdaderos hacedores de la recaudación se comporten como mendigos a la espera de un próximo revoleo de grupos.”

“Mientras se firman estas subas injustificadas, sigue pendiente la exigencia de este gremio para el reencasillamiento de todos los funcionarios de determinaciones de oficio y de penal, así como de aquellos que cumplen funciones de investigación y fiscalización bajo el principio de igual tarea, igual remuneración”, advirtió el gremio. “Las administraciones salientes solían cometer estas arbitrariedades al retirarse; si esta no es su despedida, no puede admitirse como política de gestion”, prosiguió la entidad liderada por Estévez, en la que también militan María Laura Struba, Ricardo Prado, Mirta Vallejos Quiroz, Maximiliano Dajos, Gerardo Gola, Mariana de Alva -esposa de Ricardo Echegaray, exjefe K y actual empleado de ARCA-, Guilermo Tabellione, Florencia Barbieri, Verónica Laurenzi, Luis Faggiani y Néstor Grau.

AR/MG

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por un total de US$20.000 millones, una decisión que permitirá destrabar un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país.

La medida representa un respaldo del organismo multilateral al rumbo económico que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones por la estabilidad financiera.

Desde el FMI destacaron el “impulso reformista” impulsado por la administración de Javier Milei, además de las mejoras registradas en materia monetaria y cambiaria durante los últimos meses.

El organismo consideró que las políticas implementadas permitieron avanzar en la reducción de desequilibrios macroeconómicos y en la consolidación del programa acordado entre ambas partes.

La aprobación de esta revisión era seguida de cerca por el mercado y por el equipo económico, ya que el desembolso forma parte de los compromisos previstos dentro del nuevo entendimiento alcanzado con el organismo internacional.

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumeran.

La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%).

En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se consumen los salarios:

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se consolidó como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

Con información de NA.

La multinacional belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) expresó este miércoles “serias dudas” sobre el proceso de licitación en Argentina para la concesión por peaje de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, o Vía Navegable Troncal (VNT), clave para la salida de buques de cargas de cinco países sudamericanos hacia el Atlántico.

“Esperábamos una licitación justa”, señaló en una declaración por escrito el portavoz de la compañía, Frédéric Dryhoel.

DEME compitió con la también belga Jan de Nul para quedarse con la concesión por el peaje de la VNT, más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay.

Ambas empresas presentaron este martes ofertas económicas idénticas, pero el Gobierno del presidente Javier Milei le dio a Jan de Nul mayor puntuación en la etapa de calificación técnica, por lo que se perfila como ganadora de la licitación.

Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía ejecutado por el Gobierno de Milei; después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó -en ese momento- de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó.

Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión púbica acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan de Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron.

El pasado viernes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina emitió un dictamen en el que detalló irregularidades administrativas detectadas en el actual procedimiento de licitación que, según advirtió, eventualmente podría derivar en “responsabilidades penales”.

Además, en la víspera una organización no gubernamental realizó una denuncia penal para solicitar que la Justicia investigue si el Gobierno elaboró un pliego de licitación a la medida de Jan de Nul y, en ese caso, si hubo un fraude al Estado.

Según Dryhoel, DEME, junto a sus socios estadounidenses GLDD, Clear Street y KKR, presentó una “propuesta altamente competitiva y transparente”.

“Lamentamos no haber sido anunciados como el postor más favorable en la licitación para la concesión de la vía fluvial Paraná-Paraguay en Argentina. Revisaremos cuidadosamente esta situación en los próximos días y, junto con nuestros socios y asesores, evaluaremos los posibles pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de una apelación”, sostuvo el portavoz.

Dryhoel señaló que “desde el principio” DEME ha expresado “claramente” sus objeciones al proceso de licitación y apuntó que “no existe ningún país en el mundo donde se exija” un pago -diez millones de dólares- para presentar objeciones a un proceso de licitación, “lo que ya genera serias dudas sobre el procedimiento”.

El pliego de licitación proyecta para la empresa que gane la licitación un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de veinticinco años.

La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico de un 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.

La concesión de la hidrovía estuvo por un cuarto de siglo en manos de un consorcio integrado por Jan de Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT y luego contrató de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento.

EFE

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió dejar de apelar los fallos judiciales que impiden aplicar el impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios, tras la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de jubilados y pensionados.

La medida fue adoptada mediante la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, en la que el organismo reconoció “la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios” y dispuso adecuar su estrategia procesal para evitar nuevas apelaciones ante el máximo tribunal o desistir de las ya presentadas y pendientes de resolución. 

La decisión se apoya en el antecedente “García, María Isabel c/ AFIP”, resuelto por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019, en el que se declaró la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias aplicados sobre jubilaciones.

En ese fallo, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron que el cobro del tributo sobre haberes previsionales vulneraba el principio de igualdad constitucional en casos de personas jubiladas en situación de vulnerabilidad por edad o salud.

La Corte consideró entonces que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad”, y ordenó reintegrar las sumas retenidas a la demandante, una jubilada de 79 años con graves problemas de salud, cuyos descuentos alcanzaban hasta el 31,94% de sus ingresos.

En la resolución firmada el 15 de mayo por el subdirector general de Asuntos Jurídicos de AFIP, Gustavo Heber Paturlannes, se instruyó a los representantes fiscales a no interponer recursos extraordinarios ni recursos de queja en este tipo de expedientes y, en los casos ya iniciados, desistir de las presentaciones aún no sustanciadas.

El texto también establece que, cuando las cámaras federales rechacen sistemáticamente las apelaciones del organismo, los representantes fiscales deberán consentir las sentencias sobre la cuestión de fondo y continuar únicamente las discusiones vinculadas a honorarios y costas, “con el objeto de no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.

La decisión no alcanzará a causas promovidas por asociaciones o colegios sin legitimación activa ni a expedientes en los que el organismo considere que existen circunstancias particulares que podrían revertir el criterio judicial.

Con información de agencias.

El consorcio liderado por la belga Jan De Nul (al 60%) en sociedad con Servimagnus, de Ricardo Román y su hijo Leonardo, va camino de adjudicarse la concesión por 25 años de la hidrovía del río Paraná, por la que navegan y pagan peajes el 80% de las exportaciones argentinas, no sólo del agro sino también de la industria, el 90% de las paraguayas y el 6% de las brasileñas. Un negocio de US$300 millones anuales en el que deberán invertir US$10.000 millones, según el Gobierno, para profundizar el calado y permitir que los barcos circulen más cargados.

Los favoritos a quedarse con la operación se impondrían a la belga DEME porque suman más puntos en la oferta técnica, que se había conocido hace dos semanas. La económica, que se difundió hoy, quedó empatada. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym), que dirige Iñaki Arrreseygor, deberá revisar los detalles y en el sector se espera que en una semana se expida sobre el ganador.

Pero ya se sabe que Jan de Nul y los Román, familia con larga experiencia en el negocio portuario local, consiguieron 66 puntos en la evaluación técnica contra 42 de DEME, es decir, 24 más. Fuentes vinculadas a la licitación explicaron que este consorcio se impuso por varias razones.

Por un lado, Jan de Nul, que viene dragando el Paraná desde hace 30 años, acreditaba por eso mismo una mayor experiencia que DEME en el trabajo en un río tan largo, de 1.400 kilómetros, como este, casi único en el mundo. Los otros dos tan extensos son el Misisipi, en manos del Ejercito norteamericana, y el Yang Tsé Kiang, en China, que está operado por la empresa estatal de ese país CCCC.

Pero el Gobierno prohibió la participación de empresas públicas, en un guiño a EE.UU., preocupado por el interés de CCCC por la hidrovía criolla. Por eso, los críticos del proceso señalaban que en este aspecto el pliego le jugaba a favor a Jan de Nul.

Por otro lado, la empresa asociada con Servimagnus superó en puntaje a DEME por su plan de trabajo a futuro. El Gobierno dice que con esta concesión apunta a una “modernización de infraestructura estratégica”.

En lo que no hubo competencia es en la tarifa, pues se estableció una mínima. Nadie podía ofertar menos. Las autoridades destacan que sea de US$3,80, un 13,5% menos que en la actualidad. Pero expertos como el consultor Alejandro Bustamante advierte que “la tarifa mínima admisible es prácticamente el doble de la que podría ser si no se hubieran subestimado los ingresos, sobreestimado los costos y agregado costos que no corresponden a una concesión de dragado”.

En este último sentido, Bustamante ha criticado que, a diferencia de la concesión anterior, esta vez no sólo se incluyan tareas de dragado y balizamiento sino también el relevamiento batimétrico e hidrométrico, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques y la provisión y el mantenimiento de infraestructura para control de tráfico.

Es allí donde se sospecha desde un principio que Jan de Nul y los Román podrían subcontratar para estas tareas a los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo que habrían sugerido el nombramiento de Arreseygor en su cargo. Los Neuss ya ganaron la licitación de tres de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno y apuntan también a Metrogas, que YPF puso a la venta. El tiempo dirá si los subcontratan en el Paraná o eran todas habladurías del empresariado interesado en el negocio y en el servicio que prestará a exportadores, importadores y puertos.

Este es el segundo intento por concesionar la hidrovía en la era libertaria. El primer fracasó tras objeciones de DEME contra un proceso supuestamente favorable a Jan de Nul. En esta oportunidad DEME no rechazó el trámite sino que Servimagnus haya sido en el pasado socia local de CCCC. Incluso el gobierno de EE UU dejó trascender dudas. Detrás de DEME se suponía que iba a haber subcontratistas norteamericanas. Todo un juego geopolítico detrás de una vía navegable clave para el comercio internacional de granos.

Pero esta segunda licitación sí fue criticada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La semana pasada emitió un dictamen sobre “diversas irregularidades”, como “ausencia de evaluación de impacto ambiental previa al llamado licitatorio”, la “cláusula anticorrupción”, los “límites a la posibilidad de impugnar” y “la fórmula para evaluar las ofertas”. “Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, advirtió la PIA, que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez. Apuntó a un presunto direccionamiento. Otra vez, Jan de Nul en la mira, junto a sus socios Román y, eventualmente, los Neuss.

Mientras se abrían este martes los sobres con ofertas económicas, el diputado peronista Jorge Taiana encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores del bloque Unión por la Patria, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y referentes de organizaciones en “defensa de la soberanía sobre el Paraná”. mLos asistentes coincidieron en cuestionar la actual licitación de la Vía Navegable Troncal por la supuesta falta de transparencia, la ausencia de participación federal -no se convocó a las provincias vecinas del río- y las presuntas “serias irregularidades” en el proceso.

Una serie de organizaciones no gubernamentales nucleadas en el Foro por la Recuperación del Paraná presentó este martes un pedido de medida cautelar para frenar la licitación de las obras de ensanchamiento y profundización de dragado. “Es muy grave que se avance sin un estudio de impacto ambiental con el agravante que ya han sido identificados graves impactos ambientales en el río y sus humedales, con consecuencias como faltantes de agua, contaminación, entre otros, además de otras ilegalidades y/o irregularidades”, completaron.

AR/CRM

El Gobierno avanzó este lunes con una nueva etapa de la licitación para privatizar la Vía Navegable Troncal, luego de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación abriera las ofertas económicas presentadas por las compañías belgas Jan de Nul y DEME (Dredging Environmental & Marine Engineering).

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, ambas empresas ofertaron una tarifa de US$3,80, cifra que implica una baja de 50 centavos respecto del esquema actual y que, según cálculos oficiales, representaría un ahorro del 13,5%.

La definición ahora quedará sujeta a la evaluación integral de cada propuesta, que combinará la puntuación técnica y la económica antes de avanzar con la adjudicación definitiva del contrato.

En el caso de Jan de Nul, la compañía se presentó junto a un socio minoritario local: Servimagnus, la firma dirigida por Ricardo y Leonardo Román.

Según fuentes del sector privado interesadas en que se concrete la concesión, en una semana se sabrá el ganador.

Desde el Gobierno remarcaron que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones ni objeciones al pliego licitatorio durante el proceso, algo que consideraron una señal de “transparencia y solidez técnica” de la compulsa.

La administración de Javier Milei sostiene que el objetivo de la privatización es garantizar tarifas más competitivas para el sector exportador, mejorar la previsibilidad operativa y modernizar una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino.

Además, destacaron el respaldo de cámaras empresarias y sectores productivos al proceso licitatorio. Entre las entidades mencionadas figuran la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y el Centro de Exportadores de Cereales.

La futura concesión contempla inversiones estimadas en alrededor de US$10.000 millones y definirá quién controlará durante los próximos años una de las principales rutas de salida de las exportaciones argentinas.

Con información de la agencia NA

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto oficialista que modifica la Ley de Zonas Frías y recorta el universo de beneficiarios del descuento en la tarifa del gas. El texto recibió dictamen de mayoría y, entre libertarios y aliados, tendría los votos para ser aprobado. Si se convierte en ley (aún falta que vaya al Senado), cerca de 3 millones de hogares perderán el beneficio automático que hoy tienen: quedarán fuera 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 11 en San Juan, 8 en Santa Fe, 8 en San Luis, 8 en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja y 1 en Tucumán.

El proyecto retrotrae la ampliación del régimen aprobada en 2021 a instancias del entonces diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a partir de parámetros bioambientales y llevó el número de hogares alcanzados de 950.000 a cuatro millones. La nueva norma circunscribe el beneficio automático a las zonas históricamente incluidas —Patagonia, Malargüe y la Puna— y establece que en el resto de las áreas el descuento solo aplicará para quienes acrediten vulnerabilidad económica: hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o familias con veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa en comisión con el argumento de que el régimen vigente subsidia “a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo” y que ese esquema “se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país”. Según su presentación, el Estado destina actualmente 500.000 millones de pesos para sostener el beneficio. El Gobierno encuadra la reforma como una corrección de “distorsiones” y no como un recorte.

La oposición rechaza esa lectura. “Quieren tapar la sesión que pedimos haciéndole pagar el invierno al pueblo”, dijo la diputada Vanesa Siley. “Zona Fría es una política de soberanía energética: el recurso lo tenemos y tiene que ser aprovechado por todos los argentinos. Hay 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Mercedes, mi ciudad natal, que se van a quedar sin este beneficio en medio de una crisis energética mundial”, señaló la legisladora.

El argumento oficialista de que el beneficio incentivó el “despilfarro” también recibió respuesta. Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, señaló que el consumo de gas en las nuevas zonas frías aumentó apenas un 7% entre 2021 y 2024. “Menos del 10% no puede ser catalogado de despilfarro. Al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable por parte de las familias”, sostuvo. Rodríguez también cuestionó el argumento que circula en el entorno libertario de que Argentina consume más gas que los países nórdicos: “Lo que no dicen, porque no lo saben, es que en la matriz energética de esos países el gas no supera el 15% del total. Usan más energía que nosotros, pero el 85% o más son energías alternativas. El diseño de una matriz energética no es responsabilidad de los vecinos que consumen gas en invierno para soportar el frío.”

El recorte llega además en un contexto de ajuste tarifario severo. Desde que asumió Milei, la tarifa del gas acumuló una suba del 1.500%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

Hay una paradoja política en el voto de este miércoles que vale la pena señalar. Dos de los gobernadores aliados del oficialismo que enviarán a sus legisladores a acompañar el recorte —Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan— votaron a favor de la ampliación de 2021 cuando eran diputados nacionales. Lo que entonces defendieron como un beneficio para sus provincias, hoy sus bloques lo desandan bajo la lógica del alineamiento con Milei.

Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $249.834 en mayo para cubrir sus necesidades de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público lo que implica un alza de 17,5% con relación abril.

Esta cifra corresponde a un grupo familiar que no cuenta con subsidios estatales y refleja el gasto necesario para mantener el consumo energético y la movilidad básica en la región.

Si se realiza la comparación con el mismo mes del año anterior, el costo total de la canasta de servicios públicos presenta una suba del 50%, situándose por encima de la evolución general de los precios en el mismo periodo.

Los datos utilizados para este análisis provienen del último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET).

De acuerdo con el informe, el alza mensual se explica por la actualización de los cuadros tarifarios y por el incremento estacional en la demanda de energía debido a la proximidad del invierno.

El rubro de mayor impacto y las explicaciones

El rubro que mostró el mayor impacto en el presupuesto del hogar fue el gas natural, cuya factura final para un usuario promedio aumentó un 53,3% en comparación con abril.

Según el documento, “la combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 53,3%”, haciendo referencia al incremento de los cargos fijos y variables junto al hecho de que el consumo suele duplicarse en esta época del año.

Para un usuario del segmento N1, el costo mensual de este servicio alcanzó los $49.972. Por su parte, el gasto en energía eléctrica para un hogar sin subsidios subió un 37,8% mensual.

El reporte detalla que “el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio”. En este caso, la factura promedio para un consumo representativo se ubicó en $52.811.

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso económico dentro de la canasta, con un costo de $110.438 por mes, aunque en mayo solo registró un aumento del 3%.

En cuanto al servicio de agua potable, el gasto promedio fue de $36.612, lo que representó una suba del 5,9% mensual explicada por ajustes tarifarios y la presencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

La presión de estos servicios sobre los ingresos de los trabajadores es mayor que en años anteriores. Actualmente, la canasta completa representa el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $ 1.869.799.

El informe destaca la disparidad histórica al señalar que “desde diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%”.

En la actualidad, las tarifas que pagan los hogares del AMBA cubren, en promedio, el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios.

Este nivel de cobertura estatal se mantuvo sin cambios significativos respecto a los valores registrados en abril.

En pocas líneas

17,5% CANASTA DE SERVICIOS

Es lo que aumentó la Canasta de Servicios Públicos en mayo de 2026 respecto a abril. La mayor cantidad consumida de energía eléctrica y gas natural se complementa con el incremento tarifario en todos los servicios.

El gasto en Transporte es el rubro con mayor peso y tuvo un incremento del 3% respecto del mes anterior.

14% SUBSIDIOS

Es lo que aumentaron los subsidios reales acumulados al 17 de mayo.

58% COBERTURA TARIFARIA

Los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 58% de los costos. El Estado se hace cargo del 41% restante.

$1.960 ES EL COSTO TECNICO DEL BOLETO DE COLECTIVO

La brecha respecto al boleto en CABA ($754) es del 160%.

COMBUSTIBLES

• Barril de petróleo BRENT USD 114 (promedio en las últimas 3 semanas).

• Precio de la nafta y el gasoil premium: $2.122 y $2.255 (al 17 de mayo). YPF anunció aumento del 1% y estabilidad por 45 días.

Con informaciónn de agencias.

Este lunes por la tarde, Santiago Bausili, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), brindó una conferencia de prensa sobre el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025, donde admitió que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.

La actividad tuvo lugar en el Salón Bosch de la entidad y dejó dos mensajes: el primero, es que el plan económico no tendrá modificaciones. El segundo, es que la inflación continuará a la baja.

El escenario que ve el Gobierno es positivo. Con números y gráficos, el funcionario, en compañía de su segundo, Vladimir Werning, se dedicó a repasar el escenario internacional y el local. Una primera fase del evento que no contó con preguntas.

En ese marco, reconoció dificultades por el conflicto en medio oriente. Pero valoró que la economía argentina, pese al salto inflacionario, mostró solidez.

“El principal riesgo que identificamos hacia adelante es la prolongación del conflicto, a lo que se suman otras amenazas latentes como nuevas restricciones comerciales, y riesgos de correcciones abruptas en los mercados”, admitió.

Y completó: “En este contexto Argentina mostró un comportamiento diferencial que merece ser destacado. A diferencia de episodios similares del pasado, el país no se contagió del estrés financiero global: el tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron, y el superávit comercial energético actuó como amortiguador. Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos construidos en los últimos dos años”.

Bausili sostuvo que la suba de precios será contenida y pronosticó estabilidad y un ciclo de inversión. Al momento de hablar del mercado laboral, comentó que existió deterioro de puestos de trabajo. Un escenario que se revertirá con la ley de reforma laboral que sancionó el Congreso este año.

“La tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo, aunque levemente superior al del 2024. La caída del empleo se concentró en el segmento formal, mientras que el empleo informal continuó creciendo. En este marco, la Ley de Modernización Laboral apunta a revertir la tendencia de más de una década, y dinamizar el mercado formal”, explicó en una sala que no se llenó.

También, valoró la reducción de la pobreza. “Las tasas de pobreza e indigencia registraron caídas significativas en el segundo semestre de 2025, respecto de sus máximos de 2024. El BCRA estima que la reducción de la inflación explicó directamente casi 6 puntos porcentuales de esa caída, lo que ilustra el vínculo concreto entre estabilidad monetaria y bienestar social”, graficó.

Para Bausili, este contexto confirma que “no hay manera de cambiar el rumbo. El programa ganó estabilidad”, al mismo tiempo que mencionó que el año pasado se registró una “incertidumbre electoral con dificultades operativas”. Sin embargo, “se superaron dificultades”.

En el segundo tramo de la actividad, que contó con preguntas de la prensa, comentó que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. “No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, sostuvo.

Y lanzó: “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”, señaló.

El titular del BCRA mencionó, ante la pregunta por futuro del Swap con China, que “no tendrá modificaciones” y se expresó durante algunos minutos, con Werning, sobre la morosidad de los usuarios de tarjetas de créditos y billeteras virtuales.

Para los funcionarios, lo que sucedió deberá ser “un proceso de aprendizaje de los bancos, que volvieron a dar crédito. Deberán sus criterios. Tienen que mejorar su administración en los créditos, especialmente en los usuarios que toman ventajas”.

“Hay dos soluciones: podemos absorber pérdidas. Eso no va a pasar. La alternativa: hay que regular. Se puede establecer, que se muevan en las reglas de juego pero cada banco sabe que puede hacer y que no, tienen sus normativas”, aseveró Bausili. 

El Informe de Política Monetaria

Con información de NA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, diferenció el actual modelo económico de la gestión de Cambiemos, asegurando que el gobierno de Javier Milei es “lo opuesto” al de Mauricio Macri en materia de política económica.

En una entrevista con Economía de Quincho, el funcionario sostuvo que “este gobierno, en términos de política económica, no sólo es diferente al de Macri sino que es lo opuesto” y remarcó que “nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos”.

Caputo, quien formó parte del gabinete de Macri como ministro de Finanzas y titular del BCRA, fue crítico con aquel proceso al señalar que se mantuvo intacto el déficit fiscal durante los primeros dos años de gestión.

Al respecto, señaló que “no hizo la corrección de la raíz de los problemas en la Argentina: el déficit fiscal”, recordando que “con Macri hubo una euforia financiera que permitió financiar esa transición”, pero reconoció que el objetivo de reducir el déficit con crecimiento no se materializó y el financiamiento se terminó.

En contraste, destacó que la administración libertaria eliminó el déficit fiscal en su primer mes de mandato y el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso como un “caso de estudio”. Asimismo, marcó distancias con la Convertibilidad de los años 90, señalando que aquel modelo colapsó por no darle importancia real al equilibrio fiscal.

Proyecciones electorales y críticas a la oposición

Con la mirada puesta en el futuro político, el titular del Palacio de Hacienda vaticinó un escenario de fuerte consolidación para el oficialismo. Aseguró que Javier Milei ganará las elecciones de 2027 “por paliza” y en primera vuelta, debido a que la sociedad percibirá una recuperación económica evidente antes de los comicios.

En ese sentido, expresó que “va a ser tan obvio que va a ganar el presidente Milei por paliza que la gente se va a dar cuenta antes y va a haber un crecimiento feroz porque esto se va a resolver mucho antes”, asegurando que “ni de casualidad va a haber la volatilidad de 2025″ e insistió en que ”Milei va a ganar en primera vuelta y cómodo“.

Además, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien definió como “el infierno”, y sostuvo que el kirchnerismo ya no representa una opción válida para la mayoría de los argentinos. En esa línea, consideró que “para graduarse de país serio, la alternativa comunista y socialista tiene que dejar de ser una opción”.

Recuperación, impuestos y dólar

Respecto al presente de la economía, el ministro aseguró que la mayor recuperación económica vendrá a partir de mayo o junio, impulsada en parte por las obras en rutas nacionales al señalar que “para finales de junio, prácticamente van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales y eso le va a dar un fuerte impulso a la construcción”.

En materia tributaria, precisó que el objetivo es continuar bajando la carga impositiva a medida que se consolide el superávit y el crecimiento. Además planteó un escenario optimista de baja de impuestos distorsivos si Argentina crece sostenidamente en el tiempo.

Al respecto, manifestó que “si creciéramos entre 6% y 8% por los próximos cuatro años, tendríamos la oportunidad de bajar entre un 1,5% y 2% del PBI por año”, remarcando que “se podrían ir todas las retenciones y el impuesto al cheque, y las provincias podrían bajar Ingresos Brutos” e insistió que “si la gente se convence, en tres años se van la gran mayoría de los impuestos distorsivos”.

En cuanto al tipo de cambio, el funcionario descartó un atraso cambiario, señalando que el Banco Central se ve obligado a comprar dólares diariamente para evitar que la cotización caiga por debajo de los $1.100 en un contexto de exportaciones récord.

Sobre ese aspecto, subrayó que “hoy hay un shock externo y el dólar no solo no se mueve sino que el BCRA tiene que comprar porque hay suficientes dólares porque hay suficientes exportaciones”.

Al mismo tiempo, Caputo defendió el andar actual, afirmando que “los salarios informales están fuertemente por encima de la inflación y los formales empatados con noviembre de 2023” y agregó que “hay 130.000 puestos de trabajo más, por más que sean en el sector informal”, resaltando que “en todos los indicadores que se miren estamos mejor que en 2023”.

Con información de agencias.

Los trabajadores bancarios consiguieron un nuevo aumento del 2,6% que lleva el salario inicial a $ 2.319.195,20, en el marco de la paritaria firmada por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo.

A su vez, por el Día del Bancario el monto mínimo del bono será de $2.067.482,29, a corregir por futuras actualizaciones.

La actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas.

¿Qué dice el comunicado de La Bancaria?

“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de abril de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”, sostuvo.

Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026.

De esta manera, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores/as bancarios/as continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios.

Un reciente informe elaborado por KPMG revela la magnitud creciente del mercado ilícito de cigarrillos en América Latina y otros países, con impactos significativos tanto en la economía como en la seguridad pública.

Según el estudio, el consumo de cigarrillos fuera del circuito legal representó el 31,9% del volumen total en un conjunto de 11 países, entre ellos Argentina, México, Perú, Paraguay, Panamá, Brasil, Ecuador y Canadá. En términos prácticos, esto implica que uno de cada tres cigarrillos consumidos en la región es de origen ilegal.

La investigación analiza la evolución del fenómeno entre 2021 y 2025, y destaca que durante el último año se consumieron aproximadamente 77.000 millones de cigarrillos ilícitos, lo que se traduce en una pérdida fiscal estimada en US$ 8.500 millones para los gobiernos. Este impacto económico representa un incremento del 17% respecto al período anterior, reflejando una tendencia en alza.

Argentina: un mercado con presencia sostenida del ilícito

En Argentina, el consumo total de cigarrillos alcanza alrededor de 36.000 millones de unidades anuales, de los cuales aproximadamente 3.900 millones corresponden al mercado ilegal. Esto equivale a un 10,7% del total consumido, una proporción que se ha mantenido relativamente estable desde 2021.

La pérdida fiscal asociada a este fenómeno en el país asciende a US$ 332 millones, evidenciando el impacto directo en los recursos del Estado.

Además, el informe destaca que las denominadas marcas C&C (falsificadas o de contrabando) continúan siendo un componente relevante del mercado ilícito, con una participación que oscila entre el 10% y el 11% en los últimos años.

Crimen organizado detrás de la producción ilegal

El documento también pone en evidencia el vínculo entre el comercio ilegal de cigarrillos y el crimen organizado. Un reciente operativo judicial en Argentina permitió desarticular una organización transnacional dedicada a la producción clandestina a escala industrial.

El desmantelamiento de esta red, liderado por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, el fiscal federal, Pedro Rebollo, y el auxiliar fiscal, Matias Sosa, representó un impacto económico estimado en US$ 8 millones en activos incautados y representa aproximadamente al 25% del mercado ilegal de cigarrillos en Argentina.

Como resultado de una investigación liderada por la Justicia Federal de Gualeguaychú, se llevaron a cabo 24 allanamientos simultáneos en cinco provincias, incluyendo Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, San Luis, San Juan y Mendoza.

La organización operaba una planta clandestina en la provincia de San Luis, donde se producían aproximadamente 80.000 paquetes de cigarrillos por día, alcanzando más de 35 millones de atados anuales. Estos productos incluían falsificaciones de marcas originales, en infracción a la legislación vigente. 

Durante los operativos, se identificaron además condiciones de trata laboral, con trabajadores extranjeros en situación irregular sometidos a condiciones de explotación.

El esquema criminal incluía sofisticados mecanismos de evasión, como el uso de dispositivos inhibidores de señal para evitar comunicaciones y sistemas de rastreo, así como la falsificación de certificados oficiales para simular exportaciones desde Paraguay. 

Con información de agencias.

El Gobierno avanzó este lunes en la licitación de la Vía Navegable Troncal al confirmar las dos empresas que competirán en la instancia económica final por el contrato de dragado y mantenimiento de la principal autopista fluvial del país, la hidrovía del Paraná-Paguay. Pero el proceso llega a esa etapa con serias observaciones del Ministerio Público Fiscal sobre posibles irregularidades que, según la propia procuraduría especializada, podrían derivar en consecuencias administrativas e incluso penales.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 28/2026, que ratifica la precalificación técnica de los consorcios Jan de Nul N.V. junto a Servimagnus S.A. —la firma belga que opera actualmente la hidrovía— y DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV), también de origen belga. Una tercera postulante, la brasileña DTA Engenharia Ltda., había sido descartada en una etapa anterior. La apertura de las ofertas económicas está prevista para este martes 19 de mayo a las 13 horas a través del portal CONTRAT.AR.

La licitación, que busca adjudicar bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje las tareas de dragado, señalización y mantenimiento del tramo que va desde la confluencia del Paraná hasta el Río de la Plata exterior, involucra inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y cubre la vía por la que circula cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales del país.

El proceso se enmarca en la reestructuración del sector dispuesta por el DNU 3/2025, que disolvió la Administración General de Puertos (AGP) y creó la ANPYN. El Gobierno destacó que contó con el asesoramiento de la UNCTAD y habilitó instancias de participación ciudadana que recibieron más de 200 consultas.

Sin embargo, el avance administrativo coexiste con alertas institucionales de peso. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, emitió días atrás un nuevo dictamen —enviado a la fiscalía federal 9 en el marco de una causa penal en curso— en el que señaló una serie de problemas en el proceso: ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, falencias en la cláusula anticorrupción, intervención meramente formal del área jurídica de la ANPYN, y la posibilidad de que el contrato sea cedido a terceras empresas que no cumplieron los requisitos técnicos originales. El organismo también advirtió sobre un posible direccionamiento del resultado, vinculado al mayor peso asignado a la oferta técnica por sobre la económica.

Lo que agrava el cuadro es que no se trata de observaciones nuevas. La PIA había emitido un dictamen similar en febrero de 2025, antes de que el Gobierno diera de baja el primer llamado a licitación por las mismas razones. Esta vez, la procuraduría concluyó que la administración nacional volvió a incurrir en buena parte de aquellas irregularidades. La conclusión del organismo fue taxativa: el proceso podría derivar en una adjudicación pasible de reproches tanto en el plano administrativo como en el penal.

En el plano político, el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación y reclamar su suspensión hasta que se subsanen los problemas señalados por la Fiscalía Anticorrupción. Desde el otro lado, entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina y cámaras del sector portuario y naviero expresaron su respaldo al avance del proceso, argumentando la urgencia de las obras de profundización de calado para sostener la competitividad exportadora.

La apertura de los sobres económicos de este martes despejará parte del misterio sobre quién administrará la hidrovía durante las próximas décadas. Pero la sombra del dictamen de la PIA proyecta incertidumbre sobre la validez jurídica de lo que se resuelva.

Los supermercados mayoristas realizarán, desde este lunes 18 al domingo 24 de mayo, su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional, tras la realización del Hot Sale.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) para “combatir la inflación” y estará “dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% en una amplia variedad de productos.

Esta edición es la primera del año y contará con unos 200 locales mayoristas adheridos, tanto físicos como de venta online, donde “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

En esta línea, contextualizaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, remarcando que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, perfumería y limpieza). La entidad aclaró que “las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”.

Los mayoristas y distribuidores de todo el país que brindarán promociones especiales esta semana se pueden consultar a través de la web de la cámara empresaria, donde figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.

El boleto de los colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el pasaje de los trenes nacionales tendrán una serie de aumentos en los próximos meses, en base a un nuevo esquema tarifario que el Gobierno puso a consideración pública mediante un proceso de participación ciudadana no vinculante.

El primer ajuste sobre las tarifas del transporte público nacional se aplicará desde este lunes 18 de mayo, mientras que habrá subas mensuales hasta septiembre en el caso de los trenes y hasta julio por el lado de los colectivos.

Nuevas tarifas para los trenes metropolitanos

En los servicios del AMBA que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:

En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:

Nuevas tarifas de referencia para los trenes de larga distancia

Nuevas tarifas de referencia para servicios ferroviarios regionales

Colectivos

Las tarifas desde el 18 de mayo

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

Las tarifas desde el 15 de junio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

Las tarifas desde el 15 de julio

Suburbanas Grupo I (líneas que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense)

Suburbanas Grupo II (líneas que van desde CABA hacia distritos más alejados, como La Plata o Zárate)

Que a los ricos no les interese pagar impuestos puede llegar a resultar lógico. No salen a la calle y se topan con frecuencia con gente durmiendo en la calle, otros que los fuerzan a comprarles medias ni que les piden comprarles una leche en la entrada del supermercado. No van al hospital público ni pelean con la obra social ni la prepaga barata y sus copagos. No se educan en el ámbito público, aunque se nutren de los empleados que sí pasaron por sus aulas. No toman transporte público ni miran la agenda de espectáculos gratuitos. Y así es que se las ingenian para ser los que menos ingresos destinan a impuestos, a diferencia de las clases media y baja, que en menor o mayor medidas utilizan todos esos servicios del Estado.

En tiempos en que se discute que no haya fondos para las universidades, pero tampoco para remedios y prestaciones médicas, salarios de maestros y policías, frecuencias de colectivos y trenes o instalación de cloacas, esta semana el asesor senior del International Tax Observatory (ITO, las siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional) Vicente Silva, chileno residente en la ciudad sede de esta organización, París, presentó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un informe latinoamericano que especifica cuánto tributa cada segmento social. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos, casi lo mismo que la clase media, que abona el 29% y menos que los pobres, que destinan el 37%. Incluso el 10% más rico tributa menos: el 25%. Es decir, los ultramillonarios pagan igual que las familias de ingresos medios, pero más que los apenas menos ricos, quizás por el impacto del ahora licuado impuesto a los bienes personales.

“El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Silva. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advierte el investigador con un posgrado en la London School of Economics, la escuela de economía de Londres.

“Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”, advierte Silva. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”, advierte el experto.

La Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, apoyó la investigación del ITO y su directora de asuntos económicos en la Argentina, María Julia Eliosoff, agrega que ha quedado comprobado que los grandes millonarios en el mundo usan las tarjetas corporativas para sus gastos personales y suelen usar la ingeniería financiera para evitar la tributación en los países donde más impuestos se pagan. Pero no sólo eso: en Latinoamérica el gravamen que más recauda es el IVA y en Europa, Ganancias. En la Argentina, el IVA supone el 40% de lo recolectado y Bienes Personales, el 1,3%, señala Eliosof, que también integra el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

“Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añade la experta de la Ebert. Politólogos como Vicente Palermo o Roberto Gargarella también aluden a los problemas que las desigualdades provocan en las democracias por esa misma concentración de poder.

“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advierte Silva. Esos seis son, según el informe, las de Marcos Galperin (de Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy, PAE, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (de Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (de Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (del Banco Macro, con 1.000 millones) y el italiano residente en Buenos Aires Paolo Rocca (de Techint, con 7.300 millones). Por cierto, ni Galperin ni Bulgheroni viven y tributan acá sino en Uruguay.

“Tras años de alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y fuerte inestabilidad macroeconómica, el debate tributario en Argentina se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas y a la contención de los precios”, contextualiza el reporte. “Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”.

“Este giro ocurre en un país que combina una presión tributaria relativamente alta en comparación con los estándares regionales —27,8% del PBI—, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%)”, se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran en general países ricos. “Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no es si Argentina debe abrir una discusión sobre cómo gravar mejor la riqueza extrema, sino cómo hacerlo con un diseño capaz de llegar donde los instrumentos tradicionales no llegan”.

“La evidencia muestra que los instrumentos convencionales tienen límites claros para gravar a los ultrarricos”, continúa. De ahí que surja la siguiente propuesta para toda Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones. “Se trata de un mecanismo diseñado para asegurar que las personas con grandes patrimonios paguen al menos un nivel mínimo de tributación sobre su riqueza total, independientemente de cómo estén estructurados sus activos o de cuánto logren reducir su carga tributaria mediante el impuesto sobre la renta. A diferencia de los impuestos patrimoniales tradicionales, el impuesto mínimo funciona como un piso: si los impuestos ya pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral, se cobra la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el umbral, no se debe nada adicional”, expone el ITO.

Un debate que aún está fuera del radar en un país donde el presidente Javier Milei considera que los impuestos son robos, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alega que gasta su dinero pero oculta su origen, donde el jefe de la Agencia de Recaudación (ARCA), Manuel Vázquez, omite declarar su patrimonio real y donde uno de los varios legisladores libertarios que son empresarios, el jujeño Manuel Quintar, reivindica la batalla cultural en defensa de los ricos como él. Cada vez van quedando menos hombres de negocios como Víctor Fera, el dueño del mayorista Maxiconsumo, el único que defendió el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la pandemia con el argumento de que el dinero que él destinaba impuestos no le pertenecía a él sino a la sociedad que consumió en sus locales y que, por tanto, debía retornar a ella.

AR/CRM

El Ministerio de Economía adjudicó la gestión de dos sectores de la red vial nacional por un periodo de 20 años y las empresas seleccionadas se encargarán de las rutas bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

La medida se oficializó mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial. 

El documento ratifica el proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA, iniciado bajo el marco de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. 

Los nuevos operadores tienen la facultad de realizar la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento, prestación de servicios al usuario”. 

Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226.

“Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en redes sociales.

Tramo por tramo, las empresas que se quedaron con el negocio

La adjudicación para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA (dirigida por Sebastián Galluzo), Marcalba SA (presidsida por Alejandro Radetic, quien en 2017 había sido detenido por correr picadas a 240 km en la ciudad de Buenos Aires), Pose SA (sus dueños son David Serna y Gustavo Etchanchu) y Coarco SA (encabeza por Patricio Gerbi) resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA, manejada por Fernando Porretta), con una oferta económica de $2.355,37 pesos IVA.

Los que quedaron afuera

En el Tramo Sur, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $1.057,85. 

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57 pesos, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975 pesos. 

Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $3.219 pesos, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354 pesos.

La resolución indica que el proceso no recibió impugnaciones tras la apertura de los sobres económicos. La adjudicación permite, además, el desarrollo de actividades complementarias que generen ingresos adicionales para los concesionarios.

Con información de agencias.

“Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, rechazó esta semana el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el reclamo multitudinario de que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Pero no es tan así. La manta corta del presupuesto después de dos años y medio de motosierra más y más profunda ante una recaudación tributaria que cumple nueve meses en caída también es fruto de las políticas adoptadas por el experimento libertario de Javier Milei que vinieron a ver de cerca por unos meses, desde su mansión en Barrio Parque, el dueño de la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies, Peter Thiel, y su esposo, Matt Danzeisen.

Es que no todos los gastos se rebanaron, pero sí todos los ingresos, entre bajas de impuestos para ricos y sectores privilegiados y el impacto de una política que desalientan el consumo, la industria y la construcción con tal del noble objetivo de volver a bajar la inflación.

La sierra motorizada podó ya el 32% del gasto en términos reales (ajustados por el índice de precios al consumidor, IPC), si se compara el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo periodo de 2023, cuando gobernaban Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Año tras año el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, como se definió Milei, viene achicándolo más y más. Pero algunos rubros zafan del recorte, según comprueba un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en los datos oficiales de ejecución presupuestaria. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 33% más que hace tres años.

Además, el 10% de las privatizaciones de empresas públicas y de las concesiones al sector privado irá a reequipamiento militar. El resto, a cubrir los pagos de deuda pública y a evitar con ingresos extraordinarios que se pierda el déficit fiscal por la merma recaudatoria. También ahora le devolvieron a las Fuerzas Armadas las tareas de contrainteligencia que les había quitado el kirchnerismo.

La Procuración del Tesoro de la Nación elevó 1,5% sus erogaciones. Es el área que logró el fallo de segunda instancia de EE.UU. a favor de la nacionalización de YPF. Habrá que ver si el Estado logra revertir ahora la sentencia local a favor de Tecpetrol, la petrolera de Techint, por un reclamo de subsidios al gas. Esta semana, la abogada del Estado Karina De Matteo apeló el fallo en un texto tan escueto que no ofreció ningún argumento en defensa del erario público. Sorprende que pese a las diatribas de Milei contra el dueño de Techint, Paolo Rocca, su gobierno no argumente en este juicio con el mismo ímpetu que sostuvieron las dos administraciones antecesoras, la de Mauricio Macri y la peronista. Y eso que Rocca y el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, suman cada vez más empresarios al colectivo de los que buscan un candidato “normal”, alternativo a Milei y a Axel Kicillof.

Mucho mejor le va a la Secretaría de Inteligencia (SIDE): incrementó sus egresos un 25%. Queda por dilucidar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios reciben sobresueldos de la SIDE, como ocurría en el gobierno de Carlos Menem, o si se reparten coimas de cajas como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como es la hipótesis de uno de sus denunciantes, el diputado socialista Esteban Paulón. Como gobiernos anteriores, el de Milei también mimó a los gobernadores aliados y castigó a los opositores. Así como secó por completo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, elevó 77% las transferencias del programa de relaciones con las provincias.

Sorprende que se más que duplique (+118%) el gasto del Instituto de Ablación e Implante (Incucai). Milei, que en la campaña presidencial había abogado por la compraventa de órganos, finalmente excluyó los trasplantes de la motosierra, a diferencia de otros gastos de salud. Mientras, las asignaciones familiares crecieron 12%, sobre todo por la universal por hijo (AUH), a la que apostó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para compensar la eliminación de las otras ayudas sociales que se canalizaban por las desarticuladas organizaciones sociales. Cada vez más se oyen dirigentes peronistas que se preguntan por qué les dieron tanto poder a los piqueteros.

Los ingresos tributarios, mientras tanto, cayeron 11% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2023, según otro reporte del CEPA. No es casualidad sino consecuencia de la receta económica, que incluye hundimiento de ciertos sectores, privilegios para otros y elogios presidenciales de la evasión de impuestos tachados como robo. El IVA, el impuesto que más recauda y el más regresivo porque castiga por igual a todas las clases sociales, recaudó 17% menos. Y no es que el presidente libertario lo rebajó ni un ápice sino que es fruto del descenso del consumo de un subsuelo a otro más profundo.

El impuesto a las Ganancias recolectó 38% menos. Es lógico en un contexto de desaparición de 22.608 empresas, en el balance entre nuevas y cerradas. Entre las nacidas encabezan la lista las de servicios personales, actividades administrativas, minería e hidrocarburos. Entre las muertas, las de transporte, comercio, inmobiliarias, industrias, servicios profesionales y científicos y construcción. En este último sector se presentaron en concurso preventivo GCDI, el grupo de Marcelo Figoli que había comprado años atrás la constructora de Nicolás Caputo, y Esuco, la de Carlos Wagner, que presidió la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.

Pero Ganancias seguirá recaudando menos en la medida en que los sectores más pujantes gocen de la rebaja de alícuota del 35% al 25% por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno ya aprobó 16 proyectos dentro de este esquema: en transporte de hidrocarburos (tres) -este año decretó que también se incluyera la extracción de petróleo y gas, pese a que cuando se aprobó la ley consideraba que no necesitaba de apoyo adicional y por tanto implicaría un costo fiscal innecesario-, en minería (nueve) -este jueves se sumó el de cobre Proyecto San Jorge, de la suiza Zonda Metals y del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini-, energías renovables (dos), un puerto y una industria siderúrgica.

El Gobierno que se jacta de carecer de una política industrial sí tiene una política energética y otra minera. Es decir, elige ganadores, pese a que en teoría debería dejar que el mercado los escoja. Lo que no hace es transparentar el costo fiscal del RIGI. Así como en el presupuesto 2026 se calcula que el régimen de electrónica de Tierra del Fuego (Newsan, Mirgor y BGH, entre sus mayores protagonistas) aún cuesta el 0,17% del PBI; el de minería (que ampara a Barrick, Rio Tinto, Ganfeng, José Luis Manzano, Posco, Zijin, AngloGold Ashanti, Newmont y Pan American Silver, entre otras), el 0,06% y el de economía del conocimiento (el que beneficia a Mercado Libre, Globant, Despegar y Accenture, entre otras firmas), el 0,05%, no se prevé nada del RIGI.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública reclamando datos sobre cuántos impuestos se resignarán para fomentar ciertas actividades con el RIGI, pero no hubo respuesta. “No sólo no tienen las estimaciones sobre el gasto tributario que genera el RIGI sino que lo que evidencian estos pedidos de acceso a la información pública es que se diseñan las medidas de política económica sin adecuados análisis previos del impacto fiscal y menos aún del impacto socioambiental”, advierte el coordinador del área de investigación de FARN, Ariel Slipak. Entre los beneficiarios están YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, Golar, Rio Tinto, Sidersa, Galan Lithium, Acindar, PCR, McEwen Copper, Minas Argentinas -del español Juan José Retamero-, Barrick, Ganfeng y America Lithium, entre otros.

El Gobierno que dice que no hará política industrial pretende volver a elegir ganadores con el Súper RIGI, que rebajará Ganancias al 15% para determinados sectores: la cadena de valor del litio y del uranio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL (gas natural licuado) onshore (es decir, el que se comprime en plantas y no en barcos, como está proyectándose hasta ahora); los reactores nucleares pequeños y medianos; la producción de paneles solares y turbinas eólicas; los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos y los de la industria aeroespacial; los bienes industriales a partir de la pesca; los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros. También se menciona a la industria tecnomilitar de Palantir, Anthropic o Boeing.

Una pregunta es cómo se proveerá de energía a estas ideas del Súper RIGI si incluso hay dificultad para abastecer los proyectos del RIGI. Dos iniciativas aprobadas de minería en San Juan, Vicuña y Los Azules se enfrentarán el próximo 3 de junio en audiencia pública para definir cómo se reparte el escaso suministro eléctrico que pretenden ambos. La primera es de la canadiense Lundin y la australiana BHP y su rival, McEwen, también de Canadá. Después deberá resolver el ente regulador. “La oferta de energía va a tener que crecer junto con los proyectos. Hay varias compañías que quieren construir esa infraestructura. Nadia se va a quedar sin energía sino que compiten por mejores términos”, se ilusionan altas fuentes del Ministerio de Economía.

Otra duda radica en si se privilegiará a sectores inexistentes en Argentina, mientras otros que vienen de antaño se desmoronan pero pagan 35% de Ganancias y sostienen al Estado. Es lo que reclamó Rappallini en un artículo publicado por Infobae: un RIGI industrial. Los que en la UIA critican su anterior condescendencia con el Gobierno explican que este giro más duro responde a la presión de las bases ante derrumbes de la actividad. De todos modos, tampoco pierde las formas porque aspira a negociar la semana próxima cara a cara con el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro que si a todos los sectores económicos les rebajas tributos, ¿quién pagará los impuestos que sostienen servicios básicos? ¿Las clases media y baja?

Porque además de Ganancias, el Estado mínimo de Milei resignó la recaudación de otros impuestos. La de bienes personales se derrumbó 81% por la baja de alícuotas y la elevación del nivel de patrimonio a partir del cual se tributa. Los ricos, felices de pagar menos impuestos, total ellos tienen seguridad propia, salud prepaga o educación privada -aunque claro que se sirven de la mano de obra formada en la pública-. No son de los que duermen en la calle ni de los que son mendigados por estos. Circulan por otras vidas. La recolección de impuestos internos también bajó 32%, en parte por las rebajas de los gravámenes a los consumos de lujo. Otra manito a los que más tienen.

La recaudación del gravamen de débitos y créditos cayó 8%, en otra señal de la fría actividad. Los aranceles a la importación, apertura mediante y ante el consumo retraído, recabaron 24% menos. Sólo mejoró lo recogido por las retenciones a la exportación, un 31%: pese a que el Gobierno benefició al campo con un recorte parcial de este impuesto -la Mesa de Enlace pide eliminarlas-, la comparación con 2023 resulta muy positiva porque aquel año la cosecha se derrumbó por una sequía histórica.

Ahora la seca pega a otros. A la salud, la ciencia, las jubilaciones, el desarrollo social, la educación, incluso las fuerzas armadas y de seguridad en su conjunto, la obra pública, las provincias y los municipios. Todos rubros recortados por la motosierra.

AR/MC