La visita del papa León XIV al país, prevista del 8 al 11 de noviembres, no solo mueve la arena política en el país. La semana pasada, una organización internacional que lucha contra el abuso eclesiástico en todo el mundo, Ending Clergy Abuse (ECA), presentó un escrito ante la justicia argentina para pedir que avance la causa en la que se acusa al Opus Dei de trata y explotación laboral de al menos 43 mujeres como sirvientas religiosas de sus jerarquías, ante el peligro de que acabe prescribiendo.

“Una investigación diligente y sin demoras injustificadas es la única vía para evitar la impunidad y proteger los derechos humanos fundamentales de las víctimas”, señala el escrito de más de 30 páginas por el que ECA pide al juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 y quien tiene la causa a cargo desde hace dos años, que la acepte como amicus curiae. Se trata de una figura que permite a un tercero, que no forma parte de un litigio, intervenir en él de forma voluntaria.

Rafecas, que deberá decidir si acepta o no esta solicitud, recibió en septiembre de 2024 una acusación formal contra los máximos responsables del Opus Dei en la Argentina. Era el resultado de dos años de investigación de la Procuraduría contra la Trata de Personas (PROTEX) y de la Fiscalía Federal N°3. Desde entonces, el juez tiene el pedido formal de citar a cinco religiosos a declaración indagatoria, pero aún no lo ha hecho. “Por este camino, la causa corre serios riesgos de ir a la prescripción”, advierten desde la propia justicia federal, que destaca la importancia de esta presentación.

ECA es una organización global de activistas de derechos humanos y supervivientes en más de 21 países y cinco continentes que lucha para obligar a la Iglesia a poner fin al abuso clerical y buscar justicia efectiva para las víctimas. Ahí apunta la presentación, que pide seriedad y celeridad para garantizar el acceso a la justicia: “Frente a denuncias de graves violaciones de derechos humanos el simple acceso de las víctimas a la justicia no se satisface con la simple recepción formal de una denuncia ni con actos que no generen una secuela en el juicio”, remarcan.

En diciembre de 2025, tras reunirse con León XIV en el Vaticano, ECA organizó en Buenos Aires una cumbre para escuchar los testimonios de las mujeres que denuncian explotación de parte del Opus Dei. En ese encuentro, se escuchó a mujeres de Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, Guatemala e Irlanda.

“El compromiso de ECA y la actual junta directiva es la tolerancia cero con los abusos. Esta cumbre es parte de este compromiso: hay que terminar con las instituciones opacas si queremos terminar con los abusos en cualquiera de sus formas. Cuando estuvimos con el papa León XIV, él apoyó nuestro trabajo y nos encomendó visibilizar las denuncias existentes. La de las 43 mujeres contra el Opus Dei es la más importante en este momento”, dijo Sergio Salinas Giordano, abogado y director de ECA.

Un modus operandi para captar y explotar a niñas y adolescentes

Los primeros testimonios de las 43 mujeres que sirvieron al Opus Dei se conocieron en Argentina en 2021 a través de la prensa. En septiembre de ese mismo año, representadas por el abogado Sebastián Sal, las mujeres realizaron una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que llevó el título de 'Abusos de poder y de conciencia con ulterior sometimiento de las víctimas a situaciones de explotación personal'.

En ese escrito, relataron un sistema de captación engañoso de parte del Opus Dei a partir de la década de los 70 en Argentina y otros países limítrofes para reclutarlas como sirvientas. El modus operandi se repitió por al menos cuatro décadas en distintas provincias y países: les ofrecían estudios secundarios en una escuela en Buenos Aires y allí, aisladas de sus familias, las manipulaban para hacer “compromisos de castidad, pobreza y obediencia” y vivir de por vida como sirvientas sin salario y en condiciones de semiencierro.

“La propia investigación fiscal describe mecanismos de selección dirigidos especialmente hacia niñas y adolescentes provenientes de contextos rurales y de bajos recursos, a quienes se les habría ofrecido la posibilidad de estudiar y capacitarse”, remarca ECA y señala que el consentimiento que argumenta el Opus Dei no sería tal porque al momento de la captación las denunciantes tenían entre 12 y 16 años en su mayoría.

Otro de los puntos centrales es la continuidad en el tiempo de este sistema, que comenzó a principios de la década de los 70 y continuó hasta, por lo menos, 2015. Es por esto que la acusación de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano —a cargo de la PROTEX— y el fiscal federal Eduardo Taiano apunta a los máximos responsables del Opus Dei en la Argentina durante los últimos 40 años. De esta manera, por primera vez una causa apunta a las cúpulas y reconoce la organización jerárquica de la institución.

Los acusados son cinco sacerdotes, de los cuales cuatro fueron vicarios regionales en Buenos Aires: Carlos Nannei (1991-2000) y Patricio Olmos (2000-2010) —hoy en la Argentina y ya en sus 80 años— y Mariano Fazio (2010-2014) y Víctor Urrestarazu (2014-2022), ambos en sus 60 y los dos cumpliendo funciones fuera de su país. Urrestarazu estaba a cargo cuando estalló la denuncia por trata y fue enviado por la organización a Paraguay. El otro sacerdote, Gabriel Dondo, no llegó a ser vicario, pero tuvo a su cargo la dirección espiritual de las numerarias auxiliares —así llama la organización a las mujeres que sirven por “vocación divina”—.

Fazio es el más joven y es, a día de hoy, el segundo hombre más importante de la organización en el mundo. Llegó a Roma en 2014, un año después de que su compatriota Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El entonces jefe máximo del Opus Dei, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

León XIV, el heredero de Francisco en la reforma del Opus Dei

El papa Francisco nunca habló públicamente de la denuncia en su país ni instó una respuesta formal del Vaticano a las víctimas. Sin embargo, pocos meses después de que el caso saliera a la luz, en 2022, impulsó una reforma del Opus Dei por la que modificó su jerarquía dentro de la Iglesia y le quitó los privilegios que Juan Pablo II le había otorgado en 1982 y que le permitieron funcionar con reglas autónomas y casi a puertas cerradas hasta ahora.

El Opus Dei nunca cumplió con la entrega de los estatutos adecuados hasta la llegada de León XIV, que apenas asumió el pontificado se los reclamó a las autoridades y demostró así que está dispuesto a concluir esta reforma histórica de la Obra.

Un hecho que apunta en esta dirección es que en marzo León XIV citó al Vaticano al periodista inglés Gareth Gore, autor del libro Opus y quien ha denunciado prácticas de manipulación espiritual y económica por parte de la institución. En ese encuentro, Gore planteó la urgencia de que el Vaticano dé respuesta a las víctimas de Argentina del Opus Dei y el Papa le dijo que lo haría.

Una práctica sistemática en todo el mundo

El Opus Dei está presente en 68 países y se sospecha que en todos aplicó la misma práctica de captar mujeres jóvenes y vulnerables para someterlas como sirvientas religiosas. Los testimonios de una decena de países así lo confirman. El último caso conocido es el de la peruana María Dominga Calderón, quien fue 17 años una numeraria auxiliar. Su testimonio es clave para el abordaje que Robert Prevost pueda darle a este tema, ya que es el primero en el país que lo vio surgir como candidato a la jefatura de la Iglesia Católica y donde él construyó su compromiso con las víctimas de abuso eclesiástico.

La acusación es contundente: el sacerdote Mariano Fazio, primero en la línea sucesoria para ser el jefe máximo de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, fue parte del sistema de trata de mujeres pobres para explotación laboral que diseñó y ejecutó la Obra durante al menos cuatro décadas en la Argentina, su país, y que tiene al menos 43 víctimas. Así lo afirma el escrito de ocho páginas al que tuvo acceso exclusivo elDiario.es y que pide que se lo cite a declaración indagatoria junto a otros cuatro religiosos.

En 2024, tras dos años de una investigación secreta y sin precedentes, la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, habían elevado una acusación formal contra las máximas autoridades del Opus Dei en Buenos Aires. En ese pedido se citaba a indagatoria a los exvicarios regionales, Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010) y Víctor Urrestarazu (2014-2022) y había llamado la atención que no se nombrara a Fazio, quien había estado en el mismo cargo en el período intermedio entre los dos últimos.

Fazio llegó a Roma en 2014, un año después de que su coterráneo Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el papa Francisco. El nombramiento, primero como vicario general, no fue casual. El jefe máximo del Opus Dei entonces, Javier Echevarría, lo llevó con el fin de buscar acercarse al jesuita que, aunque recién desembarcaba en el Vaticano, ya aparecía con una impronta reformista que los alarmaba. Según fuentes cercanas al Opus Dei y al Vaticano, la intención fue la de “controlar” a Francisco, con quien Fazio sostenía una relación cordial en Buenos Aires.

El pedido formal de imputación, despachado el pasado 11 de junio por los fiscales Alejandra Mángano, Marcelo Colombo y Eduardo Taiano, va dirigido al juez federal Daniel Rafecas y sostiene que las pruebas que alcanzan a los demás acusados son suficientes para imputar también al segundo hombre más importante del Opus Dei en el mundo.

La principal víctima del caso: “Le limpiaba su habitación”

La sede principal del Opus Dei en la Argentina está ubicada en el barrio de la Recoleta, uno de los más caros de Buenos Aires. Allí, en un edificio que ocupa más de un cuarto de manzana y que fue construido sobre un terreno donado por una dictadura militar y con subsidios de otra, viven las máximas autoridades de la organización, incluida toda la cúpula religiosa.

Allí también, en una torre de ventanas casi tapiadas, funcionó y funciona Laya, la mayor residencia de mujeres de servicio de la organización: criadas que atienden a los hombres de las jerarquías sin recibir ningún pago por su trabajo y en condiciones de semiencierro. Allí vivió Mariano Fazio durante muchos años, incluidos los cuatro en los que fue vicario regional y allí trabajó la testigo principal de la investigación.

La causa en Argentina, que podría tener réplicas en otros países, habla de 43 casos de explotación. Sin embargo, la gran mayoría de las denunciantes logró irse antes de 2008 del Opus Dei –algunas tuvieron que escaparse–, fecha en la que entró en vigor la Ley de Trata, y por lo tanto sólo cuatro casos del total se enmarcan en ese delito. En tanto, la prescripción en tres de los casos que son posteriores a 2008 podría estar en juego porque que tiene un plazo de 12 años.

La acusación se centra en el caso de una mujer boliviana que fue captada cuando era menor y sirvió como mucama durante 31 años. M.I.E. –sus iniciales– fue llamada a declarar por segunda vez en abril de 2025. Entonces, frente al juez Rafecas, la testigo clave amplió su testimonio y señaló que conocía al “padre Mariano” (Fazio), que había coincidido con él en la sede central mundial del Opus Dei en Roma –a ella la habían enviado como sirvienta y a él como jerarquía– y en la sede central en Buenos Aires, donde también trabajó muchos años. La mujer aseguró que entre 2009 y 2014 tuvo asignada la limpieza de la habitación de Fazio, justo en el período en que fue vicario regional.

M.I.E. también contó su experiencia con el vicario Carlos Nannei (1991-2000), predecesor de Fazio en Buenos Aires, enviado a Roma junto a él en 2014 con el mismo fin de influir en el Papa Francisco y también acusado en la justicia por los mismos cargos. M.I.E. contó que en las “meditaciones” –ceremonias religiosas diarias en los oratorios del Opus Dei–, el sacerdote Nannei les decía que “querer irse de la obra era como salirse de la barca” y que una de las cosas de las que se tenían que convencer era que “salir de la barca era una muerte súbita”. También que, para eso, tenían que “rendir el juicio, quemarse por Dios, hacerse holocausto por Dios”.

La imputación sobre Fazio describe las características del trabajo de M.I.E.: “La cantidad de labores que le eran exigidas, la disponibilidad a toda hora, las interminables jornadas, y el sometimiento psicológico volvieron a formar parte de esta nueva declaración”, dice el escrito y resalta una frase de la víctima: “Yo iba por la calle pensando que no quería vivir más. Iba por la calle pensando cómo puede la gente sonreír. Ahí me mandaron al psiquiatra”.

Los fiscales concluyen que “la respuesta institucional a lo que eran las consecuencias de la vida que le exigían eran antidepresivos, somníferos, ambos suministrados por psiquiatras de la organización”.

Expectativa por la reacción del Papa León XIV

El 14 de mayo pasado, el nuevo papa León XIV citó en su oficina a las máximas autoridades de la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei. Allí estuvieron el español Fernando Ocáriz, jefe máximo de la organización, y el argentino Fazio. A juzgar por las fotos oficiales, la audiencia fue amable y hubo sonrisas. Sin embargo, fue una reunión en la que el nuevo pontífice se mostró dispuesto a seguir el camino iniciado por Francisco, quien disminuyó el poder y quitó la jerarquía al Opus tras la denuncia en Argentina y mandó a la organización a modificar sus estatutos. Con casi tres años de retraso –el último fue tras la muerte del argentino–, justo después de aquella audiencia con León XIV terminaron la tarea y a mediados de junio los presentaron.

Ahora, la gran pregunta entre los círculos de exmiembros del Opus Dei de todo el mundo, así como de otros allegados al Vaticano es si León XIV volverá a reunirse con un imputado por delitos gravísimos o si, aún más lejos, permitirá que continúe en su posición de jerarquía en una institución que ya está en el punto de mira. La misma pregunta vale para Ocáriz, quien tiene que decidir si mantiene como su segundo a Fazio.

Nueve meses desde la acusación y una petición al juez

Los fiscales volvieron a exigir al juez Daniel Rafecas que se concreten las indagatorias a los acusados y remarcaron la demora de casi diez meses desde la primera petición, el 20 de agosto de 2024. También destacaron la obligación internacional del Estado argentino “de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos”: “En un caso con las características del presente, que involucra a mujeres víctimas de trata de personas bajo la modalidad de reducción a la servidumbre en el ámbito de una institución religiosa, corresponde tener especialmente en cuenta el deber de debida diligencia en las investigaciones judiciales que las involucran”.

A su vez, en el mismo precedente se resaltó que “la impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia”. En este sentido, los fiscales agregaron que “la garantía del plazo razonable exige que los procesos penales no se dilaten innecesariamente, y que las investigaciones y resoluciones sean realizadas sin demoras indebidas”.

Si tenés información sobre este caso u otros similares, podés escribirnos al correo seguro pistas@eldiario.es