Tres yogures sobre la mesa, papel y bolígrafo. Eso se encontró una veintena de personas mayores de sesenta años que acudieron a la cata de un producto que todavía no está en el mercado. A priori, nada distinto a los encuentros que suelen organizar las empresas de marketing, pero esos yogures, uno con sabor a vainilla, otro de avellana y otro mixto, contenían un ingrediente poco habitual: harina de gusano.

Esta cata, que tuvo lugar en septiembre de 2025 en Barcelona, fue la primera con humanos en el marco de la cultura mediterránea, una zona que tiene una gastronomía en la que los insectos causan, en principio, bastante rechazo. Y fue, además, la primera cata con propósitos científicos, no comerciales. Organizada por científicas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la cata quería empezar a ver qué tolerancia tiene el público al sabor de los insectos y al hecho de saber que lo que comen está hecho con estos animales.

Este experimento dejaba entrever las posibilidades de un mercado en auge. El martes pasado, sólo cinco meses después de esa cata, se constituyó la Asociación Catalana de Industrias de Insectos (Indicat) para “dar visibilidad” a empresas pioneras. Por ahora, este conglomerado une a siete compañías que comercializan diversos productos, ya sean polvos que sirven como complementos alimenticios, o productos procesados como barritas energéticas o galletitas.

Una de las empresas de la Indicat es Grillco, una de las primeras que apostaron por la cría y comercialización de insectos. En su caso, grillos. Nacidos hace tres años, todavía hoy siguen siendo de las pocas granjas pensadas para el consumo humano en España. Su producto se vende en forma de polvo para hacer batidos o como complemento de la harina para cocinar. “Tiene una gran proporción de proteína [cerca del 70%] y unos índices de vitamina B12 superiores a los de la carne”, apunta Bernat Monter, fundador y CEO de Grillco.

La historia de esta empresa empezó con un viaje a México, donde su fundador probó los chapulines (grillos) y se sorprendió de que, a pesar de sus propiedades nutricionales, no se consumieran en Europa. En ese momento, el grillo se acababa de convertir en el primer insecto en recibir el visto bueno de la Unión Europea para comercializarse. Así que Monter, que era propietario de una carnicería, decidió dejar atrás los cerdos y pollos para enfocarse en los grillos.

Ahora cuenta con una nave industrial en el municipio de Sant Miquel de Balenyà (Barcelona) que en 300m2 cría a unos 22 millones de grillos. “La ventaja de estas granjas es que no ocupan espacio y, además, pueden crecer hacia arriba o hacia debajo del suelo”, explica el propietario.

El empresario coincide en que el principal escollo de su negocio se encuentra en el rechazo que la sociedad siente hacia los insectos. “Se relacionan con algo sucio, lo que sale cuando la comida se pudre o no se limpia, pero es todo lo contrario”, asegura Monter, que se afana en dejar claro que las granjas de insectos son “mucho más limpias” que las granjas tradicionales.

Para que los grillos se reproduzcan bien, se requiere tener una temperatura y humedad controladas, además de mantener celosamente la limpieza. “Los insectos no tienen casi cadena nerviosa y no sienten dolor, pero sí se pueden estresar, y eso es lo que no queremos. Por eso no hay demasiados grillos en cada caja y ven a los humanos lo mínimo indispensable”, añade.

Una posible solución para un escenario en crisis

Las proyecciones de aumento de la población mundial hacen prever que de cara a 2050 la demanda de proteína aumentará entre un 70 y un 80%. La principal fuente para conseguir este compuesto en los países del norte global siguen siendo los animales (en España la proteína vegetal sólo supone el 20% del total), pero teniendo en cuenta el impacto que las granjas suponen para el medio ambiente, diversos organismos como la Unión Europea llaman al consumo de “proteínas alternativas”.

Y si bien hoy las legumbres son la principal alternativa a la carne -tanto por precio como por impacto ecológico-, los insectos prometen ser mucho más sostenibles. De hecho, el proceso de cría y procesamiento requiere de hasta un 80% menos agua, un 99% menos de espacio y producen un 90% menos de gases de efecto invernadero. De la misma manera, necesitan casi seis veces menos de alimento para generar la misma cantidad de proteína que una vaca.

Eficiencia de la cría de insectos respecto a la ganadería tradicional

Espacio de cría (m²) que necesitan diversos animales para conseguir la misma cantidad de proteina

17,68

47

55,3

200

Huella

hídrica (m³)

Gases de efecto

invernadero*

Uso de

energía (MJ)

Alimento necesario

para producir 1 kg

de masa corporal (g)

Porción

comestible (g)

23

57

34

112

13,16

37

27

122,5

167,23

165,3

116

225

1700

2500

2500

10000

80%

57,5%

57,5%

45%

*Para producir un 1 kg de proteína (kg CO₂ -eq)

FUENTE: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Eficiencia de la cría de insectos respecto

a la ganadería tradicional

Espacio de cría (m²) que necesitan diversos animales para

conseguir la misma cantidad de proteina

17,68

47

55,3

200

Huella

hídrica (m³)

Gases de efecto

invernadero*

Uso de

energía (MJ)

23

57

34

112

13,16

37

27

122,5

167,23

165,3

116

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Alimento necesario

para producir 1 kg

de masa corporal (g)

Porción

comestible (g)

1700

2500

2500

10000

80%

57,5%

57,5%

45%

*Para producir un 1 kg de proteína (kg CO₂ -eq)

FUENTE: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Tras años de estudios para garantizar las propiedades y la seguridad de consumir insectos, la UE empezó a elaborar leyes que permitían su comercialización y cría en 2023. Hasta la fecha, esto afecta a cuatro insectos: las larvas de Alphitobius diaperinus (escarabajo pelotero), como producto congelado, liofilizado o como ingrediente de otros alimentos procesados; la Locusta migratoria (langosta migratoria), como producto seco, congelado y en polvo; el Tenebrio molitor (gusano de la harina) como producto entero o en polvo; y el Acheta domesticus (grillo doméstico), como producto entero o en polvo.

De estos cuatro animales, el que tiene una de las mejores cualidades nutricionales es el gusano de la harina y, por eso, fue el insecto elegido para la cata organizada a finales del año pasado por las investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Barcelona. Estas científicas, ante el reto que supondrá cubrir la necesidad creciente de proteína, se propusieron hacer que los insectos puedan convertirse en un ingrediente más de la cocina, aceptado por el paladar de la población mediterránea.

“Hay una dificultad de consumo evidente”, apunta Marta Ros, tecnóloga de los alimentos e investigadora de la UOC. Es una de las autoras de un estudio pionero que analiza la mejor manera de introducir los insectos en el día a día. Pero, a pesar de que los asistentes de la cata habían superado los tests de neofobia (dificultad para probar productos nuevos) y se habían mostrado dispuestos a comer insectos, el yogur con harina de gusano no fue del agrado de los participantes. “Interesante”, “correcto” o “aceptable” fueron las mejores valoraciones.

Ni la textura ni el sabor pasaron la prueba, pero las investigadoras no se dieron por vencidas. “Nosotras sabíamos de las propiedades de los insectos, pero necesitábamos trabajar con quien supiera cocinarlos. Necesitábamos a la gastronomía”, explica Ros. Así que se pusieron a trabajar mano a mano con el Basque Culinary Center, que consiguió hidrolizar la harina de gusano para extraer la grasa y concentrar la proteína. El resultado fue una especie de melaza que amplió el recetario posible.

Al contrario que la harina, que tiende a endurecer y a apelmazar, la melaza de insecto permite camuflar mucho mejor el insecto. Y ahí encontraron el producto ganador: el brownie. Su color naturalmente oscuro es ideal para que no se note la presencia de un ingrediente extraño; su textura es ya es de por sí densa y la masa acepta aromatizantes que permiten camuflar el amargor.

Acertar la receta fue el resultado de meses de investigación conjunta entre la UOC y el Basque Culinary Center y, finalmente, pudieron hacer una segunda cata, esta vez en el Forum Gastronómico de Barcelona, en noviembre de 2025. “Fue toda una experiencia. Nunca había trabajado con estos ingredientes y, a pesar del reto, estamos muy contentos con el resultado”, explica Lucía Curiel, cocinera experta en la ciencia de los alimentos.

Lo más difícil fue trabajar con la amargura, un sabor que no está demasiado presente en la dieta mediterránea y que, unido al hecho de saber que proviene de insectos, causa “mucho rechazo” en el consumidor. Pero los cocineros saben maridar los sabores y, por eso, echaron mano del agua de azahar, naranja, chocolate o yogur como maneras de contrastar. Y el brownie gustó.

“Hay muchos intentos de introducir insectos en la dieta que fracasan porque los químicos y los biotecnólogos son muy buenos en lo suyo, pero no saben cocinar. Puedes tener un estudio magnífico, pero luego hay un choque entre ciencia y realidad”, apunta Curiel, que ve “emocionante” el campo de trabajo que abren los insectos.

Si bien el brownie es lo mejor que se consiguió por ahora, no se trata de que esta nueva fuente de proteína sólo se vaya a consumir en este formato. La idea es buscar las mejores recetas para comercializarlas y hacer que la tolerancia hacia los insectos vaya aumentando, a la vez que mejora la técnica para procesar estos pequeños animales, se optimiza la producción y se profundiza en la investigación biomédica. “La coordinación entre disciplinas es necesaria”, asegura Marta Ros, sobre todo en el actual contexto de crisis climática en la que la proteína va a ser cada vez más difícil de conseguir.

A pesar de que tanto la industria como la ciencia apuntan hacia el consumo de insectos, hay sectores de la población que no se dejan convencer. Más allá de quienes se niegan a consumirlos por rechazo o asco, la principal oposición a su cría y comercialización se encuentra en los colectivos animalistas. Si bien reconocen que tienen un impacto mucho menor en el ecosistema que las granjas tradicionales, recuerdan que siguen siendo seres vivos y que, aunque sean de las especies que menos empatía generan, siguen siendo “seres sintientes” y su consumo, como tal, supone un “debate ético y moral”, según apunta la Unión Vegetariana Española (UVE).

El vegeterianismo y el veganismo apuestan por eliminar el consumo de animales de cualquier tipo y centrarse en la proteína vegetal, sobre todo aquella de proximidad como las legumbres. Esta, si bien sería la solución ideal en términos ecológicos y éticos, podría no ser suficiente para cubrir las necesidades proteicas de la población mundial en las próximas décadas, según apunta la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación).

Ante tal contexto, la agencia llegó a defender el consumo de insectos como una “herramienta para acabar con el hambre en el mundo”. Tal como apunta Marta Ros, la población crece, pero los recursos son finitos. “Hay muchos lugares que están en una situación alimenticia límite. Aquí puede que no tengamos esos problemas todavía, pero tenemos una tradición ganadera muy concreta”, apunta la investigadora, que anima a la adaptación.

El mismo Bernat Monter, que fue carnicero, reconoce esa misma necesidad. “Soy un defensor acérrimo de los ganaderos, porque con sus animales incluso ayudan al ecosistema, limpiando, por ejemplo, el sotobosque”. El problema, dice, son las granjas extensivas que “contaminan una aberración y son las que proporcionan la carne barata que compra todo el mundo”.

Todavía queda lejos el día en que haya gusanos, langostas o grillos de manera habitual en nuestros platos. El cambio será progresivo, según aseguran los expertos, y empezará con harinas o melazas en los que el animal sea irreconocible. Pero llegará y, con él, la aceptación. O así lo esperan investigadoras como Marta Ros: “Tenemos una dieta muy global. Si hemos incorporado el sushi o las algas, ¿por qué no los gusanos?”.

Hace unos días Milei pasó por Córdoba y en medio de los varios disparates que dijo, volvió a atacar de modo virulento al ambientalismo. Entre las falacias y mentiras que desplegó, hay elementos muy consistentes con su visión más general de la vida y el individuo, así como lugares comunes que hoy difunden voceros de la minería. La idea central de Milei es que existiría supuestamente un “ambientalismo idiota y extremo” que “no nos quiere dejar gozar de nuestras riquezas naturales”, que están ahí no “para contemplar”, sino para explotar, incluso para “destruir el planeta”, en tanto “elegidos de Dios”.

En este artículo, desmontamos por parte los argumentos del presidente libertario y mostramos las falacias. Primero, nos referimos a la visión creacionista-destructiva de Milei; segundo, abordamos el ataque al principio de equidad intergeneracional; y por último, vamos a desmontar el mito acerca de que Chile y Argentina tienen -o deberían tener- las mismas riquezas minerales.

Visión creacionista y neoliberalismo

Primero. Milei afirmó que si seguimos “abrazados al ambientalismo idiota o extremo” no podremos tocar nada, solo nos queda contemplar, morirnos de hambre o lanzar una consulta a las generaciones que vienen y las otras, así ad infinitum. Acto seguido redobló la apuesta para afirmar: “Dicen que vamos a romper el planeta” , “¿Y para qué nos lo dio el creador?”

Podríamos esgrimir que no hay mucho que agregar ante tal barbaridad, una más entre las que Milei pronuncia a diario, sobre todo en sus viajes. Pero su referencia a que el ser humano está en todo su derecho a destruir el planeta no es una novedad, es parte consustancial de su pensamiento más profundo y se nutre de antiguas corrientes creacionistas, potenciadas por su ideario ultraliberal.

Empecemos diciendo que el cristianismo occidental fomentó una visión antropocéntrica, en la cual la naturaleza existe exclusivamente para servir al ser humano, legitimando así la explotación y el uso indiscriminado de los bienes naturales. Esta perspectiva de “dominio” bíblico, que posiciona al hombre por fuera y encima de la naturaleza (visión antropocéntrica), puede entonces justificar su manipulación y destrucción, cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Milei retoma aquí una de las corrientes más reaccionarias y arcaicas de la religión cristiana, a lo que le suma el anarco-capitalismo o una visión exacerbada del moderno liberalismo económico. Desde esta posición filosófica y política, el individuo puede destruir el planeta sin límites, porque en eso consiste la libertad individual y para eso supuestamente lo ha colocado Dios en este mundo. Esto no es nuevo, ya había saltado cuando Milei defendió el derecho a la contaminación de los ríos en nombre del derecho de propiedad de las empresas. Y más aún, ese ultraneoliberalismo paleolibertario también salió a la hora de hablar de la compra y venta de órganos, incluso de la venta de niños, cuando era diputado nacional y lo planteó como una posición filosófica. O sea, Milei propone una radicalización neoliberal de una visión creacionista antropocéntrica, que no puede culminar sino en la celebración/legitimación de la destrucción (de bienes, personas y territorios) y todo eso en nombre del Supremo.

Dos cuestiones más: una, este tipo de visión creacionista antropocéntrica se coloca en las antípodas del pensamiento crítico contemporáneo, así como de todos los debates relacionados con la crisis ambiental, que toman en serio la cuestión de los límites físicos y ecológicos del planeta y la necesidad de poner freno a la voracidad del capital. No es casual que en tiempos de Antropoceno se esté instalando un nuevo paradigma ecosocial que cuestiona el paradigma binario y las diferentes versiones del antropocentrismo (no solo la visión creacionista, que es tan retrógrada o anacrónica que hasta hace poco no figuraba en la agenda), para plantear como punto de partida filosófico y ético la relación inescindible entre ser humano y naturaleza. Ante la policrisis civilizatoria, donde lo ambiental multiplica las amenazas, y de la mano de pueblos originarios, movimientos socioterritoriales, ecofeminismos, economía social y ecológica, entre otros, este pensamiento crítico propone una visión relacional que incorpora otros lenguajes, saberes y prácticas que colocan en el centro los cuidados de la vida y la eco-interdependencia.

Dos, esta visión creacionista-antropocéntrica-destructiva está lejos de ser la única mirada dentro del cristianismo, incluso si nos remitimos a tiempos lejanos. El ejemplo de Francisco de Asís es el que inmediatamente salta a la vista, pues proponía la humildad y la empatía para con los más pobres y vulnerables, y la humildad del ser humano en relación con las otras especies. No por casualidad el Papa Francisco haya retomado el nombre de esta personalidad carismática del cristianismo y propuesto una visión del “cuidado colectivo de la casa común” en su significativa Encíclica Laudato Si, de 2015, muy a contramano de estas visiones ultraneoliberales y pancapitalistas del fin, como la de Milei. En todo caso, sería bueno que otras corrientes religiosas de la Argentina se pronunciaran ante el retroceso y peligro que significa una visión creacionista-destructiva, como la que Milei encarna.

El principio intergeneracional

Segundo. Milei busca también malversar groseramente el principio de equidad intergeneracional, que es uno de los pilares del derecho ambiental internacional. Este principio establece que la generación actual tiene la responsabilidad ética y legal de gestionar los bienes naturales y económicos de manera sostenible o durable para que las generaciones futuras no hereden un entorno degradado o una menor calidad de vida. Se centra en la justicia distributiva y la conservación a largo plazo. Es un principio sostenido por la ONU e integrado incluso en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que establece que “las autoridades deben proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Más aún, es la base sobre la cual se asientan las leyes de presupuestos mínimos -que garantizan una base común e igualitaria para toda la nación-, como es la Ley Nacional de Glaciares, que el gobierno pretende reformar ahora de manera regresiva. Es un principio que además se aplica no solamente a los bienes naturales sino también a otras cuestiones espinosas, como la deuda externa, pues el endeudamiento a gran escala compromete la inversión en derechos básicos como la salud, la educación, en fin, el sostenimiento de la vida colectiva en el presente y futuro.

El incumplimiento del principio intergeneracional es el que está en la base también del reclamo y la denuncia de jóvenes como Greta Thunberg, acerca de qué mundo les vamos a dejar, en un planeta ya herido por la crisis climática y ante el deterioro de los ecosistemas. Es un grito generacional que nos reprocha que hemos roto el compromiso intergeneracional dejándoles un planeta en llamas.

No es que tengamos “la misma cordillera”

Tercero y último. En su discurso Milei equipara las riquezas minerales existentes de ambos lados de la cordillera de los Andes, afirmando que, si existe tanto cobre en Chile, entonces debería haber también otro tanto del lado argentino. Hay que derribar este lugar común, que los voceros oficiales y extraoficiales de la minería han buscado instalar desde Argentina en su intento por reformar de manera regresiva la ley de glaciares hoy vigente. No es que tengamos “la misma cordillera” que Chile. Las reservas de minerales, de un lado y otro de la cordillera, no son las mismas y no tendrían por qué serlo. Según la Secretaría de Minería de Argentina, “a nivel regional, las reservas de cobre de Argentina representan el 9,2% de las reservas de cobre de Chile y el 17,5% de las de Perú, dos países líderes en la extracción global del cobre.”[1]  Las reservas de cobre de Argentina se calculan en 17,1 millones  de toneladas. En comparación, Chile cuenta con reservas por 190 millones de toneladas, cerca del 20% del total mundial, que se calcula en 870 millones, según el USGS[2]. Aun si existieran áreas por explorar, las reservas de cobre en Argentina están lejos de compararse con las de Chile.

Así que no es que “Chile, con la misma cordillera genera 30 veces más que nosotros, que tenemos la misma cordillera”, como dijo Milei en Córdoba y repitió antes, en otros lugares. No solo no genera “30 veces más” sino que, fundamentalmente, no se puede ser reduccionista y pensar que, de un lado y otro de la cordillera ha habido los mismos procesos geológicos a lo largo de millones y millones de años. Si bien las cuencas sedimentarias poseen continuidad a uno y otro lado, las condiciones de deposición no fueron necesariamente las mismas, y la evolución de esas cuencas fue distinta a ambos lados de la cordillera, antes y después de su formación, dando como resultado diferencias geológicas y geomorfológicas. Más aún, los geólogos que consultamos por este tema se mostraron sorprendidos por la sola idea de considerar que la cordillera es igual de un lado y otro. La mayor parte de los grandes yacimientos de cobre del lado chileno están ubicados en franjas asociadas a la ocurrencia de las raíces de cadenas volcánicas durante varios períodos del Cenozoico (desde 65 millones hasta 10 millones de años atrás).

Más claro, es evidente que en esto no tiene nada que ver el ambientalismo o las supuestas trabas ambientales a las inversiones económicas mineras. Tampoco es que el escaso 0,21% del territorio nacional que protege la Ley de Glaciares (26.639) sea responsable de esta diferencia entre Argentina y Chile. Chile tiene los mayores yacimientos de cobre del mundo, y ello se debe a un conjunto de procesos geológicos que, del lado argentino de la Cordillera, no ocurren.

Como contra-argumento podría añadirse que si consideramos que debería haber lo mismo de un lado y otro de la cordillera, la pregunta es por qué no sucede esto con las cuencas hidrocarburíferas. Así en nuestro documento, “10 mitos y falacias sobre la Ley de glaciares”[3], decimos: “Mientras vemos que del lado argentino la cuenca Neuquina posee abundantes hidrocarburos (como los de Vaca Muerta), no sucede lo mismo del lado chileno (por ejemplo, en la región de Lonquimay), así como tampoco hay hidrocarburos en la cuenca del Chañarcillo, que representa la continuidad de la cuenca Neuquina del lado chileno hacia el norte. De hecho, Chile es un país que casi no tiene hidrocarburos”. Sin embargo, ¡no vemos que ningún político chileno salga a vociferar que, si en Argentina hay hidrocarburos del otro lado de la cordillera, entonces en Chile también debería haber!

Colofón

En realidad, toda esta caterva de mentiras e insultos, por parte de un presidente desbocado e ignorante, cada vez más preocupado por los varios casos de corrupción a cielo abierto que involucran directamente su figura, no es casual. Si Milei exacerba el alarido y el insulto serial contra el ambientalismo es porque en las últimas semanas, el ambientalismo logró derribar parte del cerco mediático, al movilizar a la sociedad en la defensa de los glaciares.

A las pruebas nos remitimos. Ya hay más de 85 mil inscritos en las Audiencias Públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, convocadas (muy a su pesar) por la Cámara de Diputados de la Nación. Esto constituye un récord a nivel nacional y mundial. Pero el interés de los 85 mil ciudadanos y ciudadanas anotadas no es lograr el Guinness (que lo podrían hacer), sino defender la ley 26.639 que hoy se encuentra bajo un nuevo ataque. La discusión no es meramente técnica o interpretativa, sino que está plagada de elementos de deslegitimación narrativa, tanto por parte de voceros oficiales como extraoficiales, que lejos de buscar “aclarar” o “mejorar” la norma o su aplicación, apuntan a una derogación encubierta de la ley vigente y entregar los glaciares y periglaciares a la gran minería transnacional. 

Más de ochenta y cinco mil voces hasta ahora. Esta brecha abierta en un escenario tan asimétrico o desigual apunta a poner en la agenda pública la necesidad de defender nuestras reservas de agua, nuestros glaciares y el ambiente periglacial, que están en el origen de 39 cuencas hídricas, que recorren más de 1800 localidades y abastecen nada menos que 7 millones de habitantes. Todos sabemos que no es fácil, ya que en una típica avanzada antidemocrática, los diputados de La Libertad Avanza apuntan a restringir/anular la participación en la audiencia pública.

Pero nuestra historia colectiva indica que, aun en los momentos más oscuros, siempre hay destellos de luz. Esas más de ochenta y cinco mil voces (que seguramente aumentarán de aquí a este viernes, que vence la inscripción) están enviando un mensaje claro y preciso, un “no” a la cultura de la resignación y de la derrota. Un mensaje de que es posible dar vuelta la media sanción en la Cámara de Diputados, y evitar así el daño irreversible que producirá, de aprobarse, la reforma que pretende Milei y un puñado de gobernadores y corporaciones mineras. Esas voces están enviando un mensaje de que el presidente Milei no encarna la mirada de las grandes mayorías argentinas y mucho menos nuestra posición filosófica frente a la vida. Esa multitud inscripta está asumiendo cada vez más el carácter urgente e ineludible de la batalla cultural y política.

[1] https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/siacam

[2]https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rgeólogoecursos_y_reservas_minerales_en_argentina_sep_2025_0.pdf?referrer=grok.com

[3] https://aadeaa.org/10-mitos-ley-glaciares/

Las audiencias sobre la reforma de la ley de Glaciares convocadas para la próxima semana ya tienen más de 27 mil inscriptos y ahora la duda es cómo se instrumentarán esas reuniones públicas con esa cantidad de oradores que quieren opinar sobre los cambios para permitir la explotación minera en aquellas zonas que no está permitida esa actividad.

Las audiencias publicas fueron convocadas en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, y que se realizó el pasado miércoles.

Las audiencias públicas fueron convocadas para el miércoles 25 en forma presencial y para el jueves 26 en forma virtual, pero la duda que circulaba en el Congreso es cómo se materializará la realización de esas reuniones para que todos puedan exponer sobre la reforma, que busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares.

Fuentes parlamentarias señalaron que se buscará la metodología para realizar las audiencias públicas y no se descarta que la mayoría tenga que hacerlo por escrito, aunque eso desatará una fuerte protesta. Otra opción que podría plantear La Libertad Avanza es que cada bloque aporte una cantidad de oradores para que lo hagan en forma presencial.

Los diputados opositores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Ines Zigarán, y la peronista Sabrina Selva, enviaron carta al presidente de la Cámara de diputados Martín Menem, y a Mayoraz y Peluc, para extender las audiencias públicas.

“Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan voz. Hay inscriptos de todas las provincias”, expresó Selva.

Ferraro expresó: “27.837 inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares. Dato: en el debate por la IVE (ley del aborto) hubo 15 días de audiencias y 738 inscriptos”.

La ley de Glaciares fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Con información de la agencia NA

El debate ambiental volvió a tomar la agenda, luego de que el Senado dio media sanción el jueves pasado a una reforma de la Ley de Glaciares. La modificación a la norma es impulsada por el Gobierno de Javier Milei y busca flexibilizar la protección del ambiente periglacial para potenciar la minería y otras actividades extractivas en estos cuerpos de hielo, según legisladores de oposición, expertos y el propio oficialismo.

La reforma a la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo en un sector social, que sostiene que pone en riesgo las principales reservas de agua argentinas y amenaza a ecosistemas críticos de ese país. En medio del debate parlamentario, que ahora ingresó a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento, organizaciones ambientalistas exigen una audiencia pública a los diputados, que serán los encargados de aprobar o no la reforma.

El 26 de febrero fue una jornada de duro debate en el Senado. En esa cámara legislativa se aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, como pretendía el Ejecutivo. Esta iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que la ley actual protege. La reforma fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Agostina Rossi, bióloga e integrante de Greenpeace Argentina, cuestionó la iniciativa que es impulsada por la administración de Milei. La experta explicó a Mongabay Latam que la norma actual que quieren modificar fija un piso obligatorio de protección en todo el territorio argentino pero que la modificación debilita ese piso o lo vuelve dependiente de decisiones de los gobiernos provinciales, que en la zona cordillerana, especialmente rica en minerales, son prominería y buscar explotar las zonas periglaciares. Así, dejaría de existir una garantía uniforme y se fragmentaría la tutela ambiental.

“En la práctica, eso significa que zonas que hoy están protegidas por una prohibición clara podrían quedar sujetas a autorizaciones locales [de explotación minera]. En regiones donde el agua es escasa y depende del aporte glaciar y periglaciar, esa flexibilización no es abstracta: implica mayor riesgo de intervención en reservas estratégicas de agua dulce y menor previsibilidad en su conservación frente a actividades extractivas”, detalló Rossi.

La experta añadió que la Ley de Glaciares –sin ningún tipo de reforma- no regula toda la actividad productiva ni prohíbe una actividad en particular en todo el país, pero lo que hace es fijar un estándar nacional para proteger glaciares y ambiente periglacial por su función hídrica y climática. “Cuando se propone modificarla, lo que está en discusión es si esos ecosistemas deben seguir teniendo una protección uniforme en todo el territorio o si ese estándar puede flexibilizarse”, dijo Rossi, quien aseguró que ahora la discusión “no es sobre una actividad en abstracto, sino sobre el nivel de protección que el país decide mantener sobre sus reservas estratégicas de agua”.

Por qué los glaciares y periglaciares son fundamentales para proteger las fuentes de agua

Organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa del Gobierno, apoyada por varios gobernadores de las provincias mineras, es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió. Estos sectores advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el traspaso de facultades desde el ámbito nacional hacia las provincias. La nueva redacción permite que cada distrito determine qué sectores del ambiente periglacial considera estratégicos para la conservación del recurso hídrico y en cuáles podrían habilitar actividades extractivas. De este modo, se relativiza la protección integral que hasta ahora ofrecía la normativa vigente.

Expertos calculan que la reforma pondrían en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas que viven en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.

El caso tiene alcance internacional. Relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares en el cumplimiento del derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

Sobre la ley actual que buscan modificar, los relatores dijeron: “Pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en una carta.

Hernán Casañas, director de la organización Aves Argentinas, explicó que el 36 % de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de 7.5 millones de habitantes. El experto detalló, con datos del Inventario Nacional de Glaciares, que existen 16 968 cuerpos glaciares en el país, con una superficie estimada de 8484 kilómetros cuadrados distribuidos en 12 provincias.

Casañas remarcó que si se modifica la norma se debilitará este ecosistema, a sus habitantes y a la fauna y flora que habita estas zonas. “Pretender flexibilizar esta ley, desde mi punto de vista, no va necesariamente a atraer inversión. Pretender flexibilizar esta ley es no conocer cómo funciona el mundo de hoy”, afirmó el experto, quien dijo que en diciembre de 2025 expuso a los senadores sus observaciones sobre las reformas a la Ley de Glaciares.

“¿Ustedes piensan que lo que haga la provincia de Formosa con el bosque chaqueño no va a incidir en la provincia de Chaco o no va a incidir en las cuencas hídricas bajas? ¿Ustedes piensan que lo que pasa en el Mato Grosso no incide en Argentina? No, no es así. Los procesos ecológicos son extremadamente más complejos. Esto es algo que tenemos que repensar. La fauna no reconoce fronteras políticas. El yaguareté [jaguar] que está en la provincia de Formosa hoy, mañana pasa a la provincia de Chaco”, les dijo Casañas en esa ocasión. El experto apuntaba a que lo que suceda con los glaciares y zonas periglaciares en la Cordillera de los Andes y otras zonas mineras terminará afectando la provisión de agua en las ciudades y pueblos de Argentina.

Tras lo ocurrido en el Senado, el proyecto debe ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Esteban Paulón, del bloque Unidos, anticipó su rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares porque las reservas de agua se verán afectadas por las explotaciones mineras que estarían autorizadas por las provincias, como dice la reforma.

“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce afectando no solo la función ambiental, sino también la función que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas. Así, la ley actual no tiene ningún sentido de ser modificada. De hecho, no impidió el desarrollo de la actividad minera, que en nuestro país se cuadruplicó desde que existe la Ley de Glaciares”, afirmó Paulón a Mongabay Latam.

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce apta para el consumo humano más importante de Argentina, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país, resaltó Paulón.

En línea y en contra de la idea de Milei

En el Senado argentino uno de los que votó a favor de la reforma de esta norma fue el senador Agustín Coto. El legislador, que representa a la provincia de Tierra del Fuego y es parte de La Libertad Avanza (LLA), bloque que responde a Milei, explicó que la reforma a esta norma apunta a “devolver a las provincias” su derecho constitucional a administrar sus recursos naturales, “corrigiendo” un esquema que limitó inversiones productivas y “frenó” el desarrollo regional.

“La media sanción [que se aprobó en el Senado] significa más empleo, más inversión y más desarrollo. La modificación busca compatibilizar el cuidado ambiental con un marco regulatorio razonable y moderno, que brinde previsibilidad jurídica y permita poner en marcha proyectos productivos responsables en todo el país”, resaltó Coto en contacto con Mongabay Latam.

El senador añadió que la reforma está en línea con la política que impulsa el presidente argentino y que como estaba la ley –vigente desde 2010- había “deficiencias técnicas”, por lo que ahora existe “claridad y seguridad jurídica” con la modificación de la norma: “Sin reglas claras no hay desarrollo”, dijo.

La senadora Juliana Di Tullio, del Partido Justicialista (PJ), fue una de las 31 voces en contra de la reforma de la norma y denunció la forma en cómo se votó la modificación de esta iniciativa. La legisladora afirmó que en la sesión ni siquiera se leyeron las modificaciones de último momento y que el contenido definitivo de la reforma no circuló de manera completa y consolidada con la antelación suficiente entre todos los legisladores.

“En menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas. Era un papelito sin membrete. La población necesita saber qué se negoció con esta reforma, cómo se negoció. Así, la norma aprobada no dará seguridad jurídica para las inversiones que se quieren traer”, dijo Di Tullio a Mongabay Latam.

Antes del comienzo del debate en el Senado, 12 activistas de Greenpeace Argentina fueron detenidos mientras protestaban contra el proyecto, luego de traspasar las rejas del edificio para levantar pancartas en las escalinatas de acceso. Luego de varios minutos, la policía intervino, arrebató los carteles y los detuvo, según medios locales. La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación. Los manifestantes fueron liberados más tarde.

La Oficina del Presidente celebró la media sanción mediante su cuenta en la red social X y afirmó que el proyecto “clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”. Así, el Gobierno de Milei dijo que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Dura afectación a la fauna

Según un informe elaborado por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands International, el 56 % de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. Esta dependencia asciende al 86 % en mamíferos, 78 % en reptiles y 69 % en anfibios. Además, en estas áreas se concentra la mayoría de las especies amenazadas: el 83 % de los anfibios, el 70 % de los mamíferos, el 56 % de los reptiles y el 53 % de los peces de agua dulce categorizados como Vulnerables o En Peligro a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, el informe subraya que alrededor del 35 % de las áreas protegidas argentinas se encuentran en cuencas que dependen de aportes hídricos de los glaciares, lo que evidencia la interconexión entre las zonas clasificadas como protegidas y los sistemas de drenaje alimentados por deshielo.

Marcelo Giraud, geógrafo, investigador y militante de la Asamblea del Agua Pura, expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares. El experto, advirtió en contacto con Mongabay Latam que, aunque se mantiene formalmente las definiciones centrales de la norma, se introduce cambios que habilitarán el avance de actividades extractivas sobre zonas protegidas.

“Hace tiempo veníamos preocupados imaginándonos qué podría venir con el famoso proyecto de Ley de Glaciares”, cuestionó el experto, quien apuntó a gobernadores de regiones mineras por impulsar la reforma. “Hay proyectos muy grandes de cobre que están justamente donde los inversores están queriendo tener la seguridad jurídica para ellos e inseguridad para la población sanjuanina, por ejemplo”, dijo.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) exigen a los miembros de la Cámara de Diputados que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un “proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental”.

La Comisión de Recursos Naturales y la de Asuntos Constitucionales, ambas de la Cámara de Diputados, convocó para este 4 de marzo a las 10 de la mañana a una reunión plenaria de sus miembros para elaborar un plan de trabajo para el tratamiento de la Ley de Glaciares. Se estima que el martes 10 de marzo se realizará una audiencia pública con organizaciones ambientales. Esa idea también fue impulsada por el bloque Unidos. Un día después se firmará un dictamen para que la norma sea abordada en el pleno de Diputados, por ahora sin fecha.

Cada día, España compra 1,2 millones de barriles de petróleo e importa más de 75 millones de metros cúbicos de gas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Son las cifras más simples sobre la dependencia que el país tiene de los combustibles fósiles cuyo uso causa la crisis climática.

El ataque de EE.UU. e Israel a Irán derivó en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas. En poco tiempo llegará a los bolsillos de los consumidores. El cierre de la ruta comercial en el estrecho de Ormuz redujo la producción e incrementó el costo. Desengancharse de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompe esa dependencia.

Lo expresó la presidenta del Banco Europeo de Inversión (y exvicepresidenta del Gobierno español), Nadia Calviño quien, en plena ola de ataques y represalias aéreos de estos días, dijo que “es más urgente aún que Europa reduzca su dependencia de los países productores de combustibles fósiles”. Calviño calificó esto como “la lección principal” que deja el conflicto bélico.

España soporta una fuerte dependencia energética. Necesita fuentes externas para satisfacer casi toda la demanda a la hora de encender la luz, que funcione una industria o se muevan los coches y camiones. En 2024, esa dependencia fue del 68,4%, según el Balance Energético del Ministerio de Transición Ecológica.

La dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta. Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos

Fernando Prieto — Director del Observatorio Español de Cambio Climático

Lo cierto es que bajó desde el 73%-75% calculado entre 2010 y 2015 y está marcando los mínimos históricos, pero “la dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta”, opina el director del Observatorio del Cambio Climático, Fernando Prieto. “Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos”.

Fue, precisamente el incremento de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) que producen el 25% de la energía que se consume en España, según Transición Ecológica lo que hizo que, con todo, la dependencia energética española se haya reducido significativamente. Y esa energía provoca muy pocas emisiones de CO₂ y amortigua la necesidad de importar combustibles fósiles.

Al mirar las estadísticas de CORES se ve fácilmente de quién depende más España para adquirir esos combustibles fósiles. Las cifras oficiales muestran que el primer vendedor de petróleo a España es, precisamente, EE.UU. (un 15%). Le siguen Brasil, México y Nigeria -todos por encima del 10%-. Esos países acumulan la mitad de las importaciones españolas.

Para el gas, el primer proveedor español es Argelia y el segundo es, de nuevo, EE.UU., que se benefició del recorte en el gas ruso. Aun así, Rusia siguió en 2025 siendo el tercer exportador para España.

Campaña antirrenovables y beneficios millonarios

Sin embargo, la ola reaccionaria de derecha y ultraderecha puso en su punto de mira estas energías limpias. El líder de esa ofensiva, el presidente Donald Trump, por ejemplo, llama despectivamente a la eólica “molinos de vientos” o “la mayor estafa”. Su país es el principal vendedor de petróleo a España y el tercero de gas, ambos combustibles fósiles, los competidores naturales de las energías renovables.

La consultora especializada en energía EnergyFlux calculó que a las empresas gasísticas estadounidenses se les abrió con los ataques una ventana de enormes ingresos económicos. “Más de 1.000 millones dólares a la semana”, anticiparon, como consecuencia del conflicto en Irán.

Su análisis explica que, al cerrarse la planta de gas de Ras Laffan en Qatar por los ataques (que representa una quinta parte del gas licuado mundial), se “crea un déficit de suministro que los productores de EE.UU. podrán aprovechar”. Según sus datos, el incremento de precio del gas registrado desde que comenzó la ofensiva de EE.UU. e Israel hizo que la rentabilidad nominal de un cargamento de gas desembarcado en Europa haya pasado de 25 a 50 millones de dólares.

“Esto significa que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) podrían generar hasta 4.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios si la planta de Qatar permanece cerrada durante un mes”, concluyen.

Mientras, en España se está produciendo una campaña para salvar la energía nuclear, es decir, alargar la vida de los reactores cuyo cierre progresivo ya estaba proyectado. La nuclear no utiliza combustibles fósiles, aunque es 100% dependiente de importación de uranio. “Si se permiten las prórrogas de las centrales nucleares se va a cargar la evolución hacia las renovables”, advierte Fernando Prieto.

Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático y están ligados a violaciones de los derechos humanos así que no es solo una cuestión climática, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz

Marina Gros — Coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción

“Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático que estamos viendo, pero además, es que están ligados a violaciones de los derechos humanos”, ilustra la coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción, Marina Gros. “Tanto en las comunidades cercanas a los puntos de extracción como a las de los de transporte e incluso aquí en España como en Muskiz. Al final, la energía puede ser utilizada como arma de guerra, pero también permite sostener la propia guerra”.

Gros subraya que, desde el ataque sobre Ucrania, “se ha intentado cambiar la dependencia del gas ruso por gas de EE.UU. y una vez llegados a este contexto de ataque ilegal en Irán, vemos que la dependencia del GNL norteamericano nos hace vulnerables. Nos ata a los mercados de precios internacionales y su volatilidad cuando se genera un incidente como este”.

En España el 65% de los productos petrolíferos se emplean para el sector del transporte, según el Balance Energético de Transición Ecológica. Sobre todo para los combustibles de los vehículos que circulan por carretera (que supone un 80% de la energía consumida por este sector). Y, justamente, esta actividad es la que emite más gases de efecto invernadero, la causa del cambio climático, en el país: un tercio del total nacional. “Considerando la relevancia de este sector en el total de las emisiones de gases, sería deseable observar un mayor desacoplamiento respecto al crecimiento económico”, explica el Inventario de Emisiones. Traducido: que los coches, camiones y furgonetas no inyecten tanto CO₂ desde sus tubos escape.

Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles ya hizo que las asociaciones de transportistas por carretera CETM y Astic hayan pedido al Gobierno un paquete de ayudas por si los precios del gasoil se disparan. Ayudas significa dinero público para cubrir el gasto.

Al mismo tiempo, al cerrar el año 2025, la patronal europea de los motores que usan gasolina y gasoil, los constructores de automóviles, vieron cómo la Comisión Europea rebajaba su senda para desengancharse del petróleo y ya no va a prohibir esos vehículos a partir de 2030 como estaba previsto.

“Todo esto deriva de la dependencia energética”, resume Marina Gros. “Depender de los combustibles fósiles no es solo una cuestión del cambio climático, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz”.

Las especies invasoras representan una amenaza creciente para los ecosistemas, la economía y la salud humana en Latinoamérica. En el sureste de México, el pez diablo, originario de la cuenca del Amazonas, invade cuerpos de agua dulce y altera el equilibrio natural. En Colombia, el caracol africano se ha vuelto incontrolable, desplazando especies nativas y dañando cultivos. Mientras tanto, en Argentina, el picudo rojo ha activado una alerta fitosanitaria que moviliza a autoridades y especialistas para proteger palmeras nativas y urbanas.

Frente a estos desafíos, la Semana de Concientización sobre Especies Invasoras (NISAW, por sus siglas en inglés) 2026 se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero, con el objetivo de sensibilizar a la población internacional sobre la importancia de prevenir la propagación de especies exóticas en sus territorios.

En Mongabay Latam conversamos con expertos de México, Colombia y Argentina, quienes describen a estas tres especies invasoras como altamente eficientes, capaces de alterar ecosistemas y competir de manera agresiva con la fauna local. Detrás de sus historias está la responsabilidad humana en la alteración del equilibrio natural.

Pez diablo: el invasor que ha llegado a nuevos sitios en México

Hace dos años, el ictiólogo Jacobo Schmitter lanzaba una advertencia a Mongabay Latam: el pez diablo (Pterygoplichthys pardalis) podía llegar a la laguna de Bacalar. Este paraíso de Quintana Roo, en el sureste de México, famoso por sus aguas turquesa y sus cenotes, tenía un futuro vulnerable. “Esa era la preocupación y efectivamente ocurrió”, señala el especialista que ha estudiado este y otros peces invasores durante más de tres décadas.

Originario de la cuenca del Amazonas, el pez diablo tiene varias especies, pero fue Pterygoplichthys pardalis la que se instaló en el Río Hondo, en la frontera entre México y Belice, hace menos de diez años. Primero se detectó en el lado beliceño del río y poco a poco avanzó hacia su cauce principal. También ha aparecido en Tabasco y Veracruz, causando daños severos en ecosistemas, fauna regional y pesquerías locales. Según Schmitter, “no es que haya brincado de un sitio al siguiente, más bien son invasiones independientes”. La responsabilidad es del ser humano por haberlo traído a la región, haberlo dejado escapar o incluso haberlo soltado intencionalmente, asevera el investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

El pez diablo representa una amenaza para los ecosistemas cuando se libera al medio natural desde acuarios, donde pudieron haberlo tenido como mascota. “Por donde se le busque, es pésima idea liberar animales de cautiverio al medio ambiente. No debe hacerse eso, jamás”, advierte Schmitter.

En 2024, el especialista se sorprendía de que Bacalar todavía resistiera, pues el paso desde el Río Hondo es directo a través del llamado “Canal de los Piratas”, que conecta con el sistema lagunar. “Como el pez diablo ya está bastante extendido en el río —en algunas partes muy abundante—, la pregunta era por qué no había llegado a Bacalar”, recuerda Schmitter.

Aunque el pez diablo es de agua dulce, puede tolerar cierta salinidad. Es una especie detritívora que se alimenta de sedimento, pero su impacto va mucho más allá de la dieta: al consumir y remover el fondo, especialmente cuando forma cardúmenes numerosos, altera drásticamente la calidad del agua, modificando su transparencia y la concentración de sólidos disueltos y suspendidos, lo que transforma el hábitat para otras especies. Además, su comportamiento excavador genera madrigueras y túneles en los márgenes de ríos, presas y lagunas, y cuando alcanza altas densidades puede provocar erosión, derrumbes de orillas e incluso el colapso de muelles artesanales.

En Bacalar, estos peces se concentran en lugares muy particulares: cenotes sumergidos dentro de la laguna, espacios a los que han llegado desde hace aproximadamente un año y medio.

Allí se han capturado varios ejemplares —una docena, máximo 20—, lo que indica que aunque aún son pocos, la especie ya forma parte del sistema de Bacalar. Esa es la principal novedad y motivo de alarma del fenómeno de invasión, advierte Schmitter. En el resto de los sitios que ya han invadido, como la localidad beliceña Blue Creek —una comunidad menonita— o en la localidad mexicana de La Unión, “si tiran las redes, la mayor parte de lo que capturan es pez diablo, como también ocurre en Pantanos de Centla, en Tabasco, u otros sitios invadidos desde hace más tiempo”, agrega.

El pez diablo ya ha comenzado a expandirse hacia otras lagunas cercanas a Bacalar. Por ejemplo, un estudiante de Schmitter, Elián Garza, lo detectó en la Laguna de Noh-Bec, en el municipio de Felipe Carrillo, Quintana Roo. Allí, al igual que en Bacalar, se han capturado muy pocos ejemplares —no más de tres o cuatro—, pero su presencia ya está confirmada. Como advierte el especialista: “Si ya se registró, en un par de años lo vamos a tener mucho más abundante; Noh-Bec sí tiene una calidad de agua como le gusta al pez diablo: un poquito más cenagosa, con menor transparencia y otro tipo de sedimento, más idónea para que la invada con éxito y prolifere”.

La vigilancia para evitar su llegada no ha funcionado mucho, sostiene el ictiólogo, pero sí funcionó muy bien para detectarlo. “Desde los primeros muy poquitos ejemplares, nos enteramos de que había llegado el pez. Y no es tanto porque nosotros hemos estado yendo a darle seguimiento a ver si salen más, sino porque la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo —la autoridad ambiental— ha estado muy activa y atenta. Van y si logran agarrar uno, nos lo traen a ECOSUR para verificar qué es”, agrega.

Como no es un pez cuya carne se comercialice, en algunas regiones se ha buscado aprovecharlo de otras formas. Se ha intentado, por ejemplo, convertirlo en harina para alimentar aves de corral y curtir su piel gruesa para elaborar artesanías, como si fuera cuero.

“La prevención es lo idóneo porque la erradicación es un poco menos que imposible, es muchísimo esfuerzo”, sostiene Schmitter. “Si se trata de sitios difíciles como los cenotes sumergidos en la laguna de Bacalar, es muy difícil hacer un recorrido exhaustivo, porque es profundo y hay mucho dónde pueden esconderse. Lo idóneo es la prevención, pero entonces uno se pregunta por qué no está restringido el comercio de estos organismos tan potencialmente dañinos ambientalmente”.

En los sitios ya invadidos, recomienda a la población a integrarse a sistemas de alerta temprana y notificar a autoridades ambientales o centros académicos cualquier avistamiento de especies exóticas. “Así como uno daría parte de un incendio, hay que dar parte de la presencia de estos animales en el medio natural”, concluye.

Caracol africano: el voraz invasor de Colombia

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica), un molusco originario del oriente de África, se ha dispersado por toda la zona tropical del mundo con una eficacia preocupante. Esta especie tiene múltiples ventajas que le permiten colonizar rápidamente nuevos entornos: pone numerosos huevos, soporta climas adversos enterrándose durante meses si es necesario y come prácticamente cualquier cosa que encuentre a su paso. Además, los depredadores locales lo desconocen y no se atreven a enfrentarlo por su gran tamaño —puede alcanzar hasta 28 centímetros de longitud—, por lo que resulta un gran competidor para los moluscos más pequeños.

Según Alan Giraldo López, director del Grupo de Investigación en Ecología Animal y profesor del Departamento de Biología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, quien ha dirigido múltiples investigaciones sobre la especie, advierte que la presencia del caracol africano en Colombia empezó a reportarse alrededor de 2010. Dos años antes fue declarada como especie invasora por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Colombia tiene 32 departamentos y cuando nosotros empezamos nuestro estudio a nivel nacional en 2014 teníamos presencia reportada de caracol africano en 12 de esos departamentos. Para 2019 y 2020, ya estaba reportada en la totalidad de los departamentos del país”, afirma el especialista.

Para Giraldo, el caracol africano ya no es una especie invasora, sino residente permanente con poblaciones reproductivas locales. “Ya no podemos ver cómo erradicar a un invasor, sino cómo controlarlo”, dice.

Con su concha alargada, de color café oscuro a rojizo y con bandas que la recorren, este molusco gasterópodo puede alcanzar hasta 28 centímetros, aunque lo habitual es entre 10 y 12. Su aspecto llamativo ha llevado a que algunas personas lo mantengan como mascota, una práctica que contribuye a su rápida expansión.

“Sus vías de movilización fueron a través del transporte de mercancía, materiales o insumos en ferrocarril ”, describe Giraldo. “Nos fuimos a investigar uno de los parques donde llegan las locomotoras [de Buenaventura a Cali] y nos dimos cuenta de que en muchos de los contenedores y de las plataformas que utilizaba el tren para transportar contenedores tenían caracoles africanos en la parte de abajo. Es muy probable que la forma de dispersión más común, de mediana escala, sea a través del transporte de materiales vegetales”.

Aunque el caracol gigante africano no altera directamente las condiciones del suelo, sí representa una amenaza para cultivos y entornos urbanos debido a su voracidad. Prefiere brotes tiernos y frutos comunes del trópico como tomate, papaya y plátano, lo que puede afectar la producción agrícola desde etapas tempranas. También prospera en plazas de mercado, jardines con restos de poda, acumulaciones de materia orgánica e incluso madera en descomposición. Puede raspar paredes para consumir pintura o cal, donde obtiene minerales para fortalecer su concha.

Como resume el especialista, “es una maravilla desde el punto de vista operativo como especie porque puede obtener recursos de todas partes”.

Además de los impactos económicos, el caracol africano puede representar un riesgo para la salud humana porque puede portar el parásito Angiostrongylus cantonensis, asociado a casos de meningitis. Cuando este organismo infecta a una persona, puede alojarse en el cerebro, así como en los ojos, pulmones o el abdomen.

“Creo que el caracol vino para quedarse. No lo vamos a sacar del país por mucho esfuerzo que hagamos. Así se inviertan millones de dólares, no se podrá hacer. Tenemos que establecer acciones de control y reconocimiento de la potencialidad de la especie como vector de enfermedades zoonóticas”, sostiene Giraldo.

Uno de los caminos propuestos por los especialistas es atacar directamente las posturas de huevos para romper el ciclo poblacional. “Si uno logra erradicar las posturas, muy probablemente el influjo de nuevos individuos a la población se reduce drásticamente”, subraya Giraldo. Paralelamente, han desarrollado trampas pasivas que permiten a las comunidades recolectar los caracoles de manera más segura y disponerlos como residuos biológicos peligrosos con apoyo de las autoridades ambientales.

“Creo que en este momento la mayor debilidad que tenemos es la falta de articulación institucional: no nos sentamos en un mismo escenario para compartir información y generar respuestas unificadas”, concluye Giraldo.

Picudo rojo: el insecto que llegó a una isla en Argentina

En Argentina, la amenaza del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) sobre las palmeras ya no es un problema lejano: esta especie invasora, originaria de Asia, ha avanzado imparablemente por Europa, África e incluso las Islas Canarias en el marco del comercio internacional de palmeras, especialmente datileras. Actualmente, productores, municipios y especialistas del país están en alerta, luego de que la especie fuera detectada en la Isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a declarar una emergencia fitosanitaria en ese lugar.

“Es una isla que está entre medio de Uruguay y Argentina, en el Río de la Plata, y tiene jurisdicción binacional porque tiene parte de ambos países. Creemos que pudo haber llegado por una dispersión natural porque está muy cerquita —a unos 5 o 6 kilómetros— de la costa de Uruguay, donde hay picudo rojo”, describe Diego Alejandro Pérez, ingeniero agrónomo y coordinador general de Emergencias y Contingencia de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El picudo rojo es un pequeño pero temible enemigo de las palmeras, pues afecta a más de 30 géneros, tanto de especies nativas como ornamentales. Con su color rojizo o anaranjado y manchas negras, mide apenas tres a cinco centímetros de longitud. Su cuerpo duro y su característico “pico” en el aparato bucal son característicos del grupo de los curculiónidos, también conocidos como cascarudos.

Los adultos vuelan de palmera en palmera, depositando sus huevos en la base de las hojas. De estos nacen larvas voraces que, con el tiempo, crecen hasta alcanzar el tamaño del propio adulto y devoran los tejidos tiernos de la planta desde dentro. Cada hembra puede generar hasta 400 huevos y hasta tres generaciones al año. Su voracidad termina matando la planta.

La emergencia fitosanitaria declarada a inicios de febrero de 2026 exige acción inmediata. Cualquier persona que detecte la plaga —ya sea en larva, pupa o adulto— o daños sospechosos en palmeras debe notificarlo de inmediato al Senasa, ya sea desde su oficina más cercana o mediante los canales oficiales. La obligación recae no solo sobre productores y comercializadores de palmeras, sino también sobre autoridades sanitarias y organismos de investigación, con el fin de activar rápidamente los controles necesarios para evitar la dispersión y establecimiento de la plaga en Argentina.

“Lo que nos preocupa es que Argentina tiene grandes extensiones de áreas protegidas y parques nacionales integrados por palmeras”, describe Pérez. “Por ejemplo, en Entre Ríos está el Parque Nacional El Palmar, donde la especie protagonista es la palmera Yatay (Butia yatay), con más de 500 palmeras por hectárea”.

Sin embargo, el picudo rojo muestra una fuerte preferencia por la palmera canaria, una especie exótica que se encuentra habitualmente en plazas, iglesias, espacios urbanos y viviendas rurales argentinas, donde se ha plantado por tradición.

“Esa es la palmera favorita del picudo rojo y todavía no conocemos cuál podría ser el efecto sobre las palmeras nativas”, sostiene Pérez.

En la Isla Martín García, área protegida de Argentina, los guardaparques alertaron al Senasa sobre palmeras que mostraban síntomas de afectación por el picudo rojo. Las hojas de la copa empezaban a secarse y adoptaban un aspecto parecido a un hongo o paraguas, señal evidente de la presencia de la plaga.

A partir de la alerta fitosanitaria, se intensificaron las tareas de vigilancia en la isla, especialmente por ser una zona turística. Se controla cuidadosamente la entrada y salida de pasajeros, ya que, al ser una reserva natural, preocupa que alguien pueda transportar palmeras o insectos que faciliten la propagación del picudo rojo, explica Pérez.

El especialista señala que al detectar un ejemplar afectado, el plan de contingencia establece el corte de la palmera, la aplicación de insecticidas o tratamientos específicos sobre los restos de hojas y tallos, y la disposición final de los residuos en lugares seguros, ya sea mediante entierro o trituración, para evitar la dispersión de la plaga.

“La clave está en que los ciudadanos, los visitantes, todo aquel que visite un área donde está ampliamente distribuido el picudo rojo, como en Uruguay, no traigan palmeras ni sus restos”, concluye Pérez. “Los turistas que van a la isla deben tener exactamente la misma precaución cuando regresen al continente. Por último, es importantísimo que cualquier sospecha que tengan sobre las palmeras que están en sus casas o en el arbolado público, rápidamente den aviso al Senasa para ver su estado”.

AA / NB

.A pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, el río Luján es la principal frontera entre el continente y la primera sección de islas de Tigre. La puerta de entrada más directa al delta del Paraná. 

Diego Domínguez es alto, flaco, de barba. Tiene alrededor de cincuenta años. A las nueve y media de la mañana espera en su lancha, en la amarra pública de San Fernando, descalzo y con ropa de trabajo. 

Diego es vecino de la isla e integrante de la Cooperativa Isla Esperanza. No lo dirá en toda la entrevista, ni antes, ni después, pero también es sociólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA. 

Desde la amarra de San Fernando al Canal Vinculación hay un par de minutos. Subiendo por el canal otro breve tramo, enseguida, a la derecha, se encuentra el mítico arroyo Anguilas. 

“Entre el Pajarito y el río abierto, curvándose bruscamente hacia el norte, primero más y más angosto, casi hasta la mitad, luego abriéndose y contorneándose suavemente hasta la desembocadura, serpea, oculto en las primeras islas, el arroyo Anguilas”, escribió Haroldo Conti en el comienzo de Sudeste, su primera novela, publicada en 1962. 

Apenas entrando al arroyo se puede ver que si en ese momento era angosto, ahora ya no. La margen derecha está notoriamente alterada, como si le hubieran agregado un rectángulo gigante de agua. Pero ese no es el cambio más importante. Es la primera señal de Colony Park, el proyecto de “isla privada” que cambió radicalmente la geografía del lugar. En ese lugar, según el plan, iban a amarrar los yates. 

Siguiendo por el Anguilas hacia el nordeste, a los pocos metros se puede encontrar la entrada a lo que se conoce como “el 8”. Se trata de una especie de laguna, que en el medio tiene dos sectores de tierra, todo literalmente dibujado por la mano de un desarrollador inmobiliario. Lo llaman así porque si uno quiere recorrerlos en una embarcación puede dibujar un ocho, o porque desde el aire se ve con una forma aproximada a ese número.

El sector tiene cierta fama porque es una de las sedes donde jóvenes en yates de papá se reúnen en comentadas fiestas náuticas. El otro punto célebre está a pocos metros y es “el 7”. Los dos son consecuencia de los movimientos de tierra que empujaron ese faraónico proyecto para las clases altas que gustan del delta, pero más todavía de Miami.

Estas intervenciones afectaron el arroyo y partes del centro de isla, que tiene funciones clave en este ecosistema. 

El gran humedal

El delta del Paraná cumple una serie de tareas vitales para tres provincias —Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires— y para toda el área metropolitana. 

Las islas, de carácter aluvional, tienen forma de plato hondo: más altas en los bordes y más bajas en el centro. Su conformación aporta a la fijación de sedimentos, el almacenamiento de carbono, la filtración del agua y la regulación hídrica. El humedal funciona como una esponja: absorbe agua en momentos de crecida y la libera lentamente en épocas de bajante. De esta manera, amortigua el efecto negativo de los períodos de inundación y de sequía. 

Sus características las convierten en el hábitat de una enorme cantidad de vida. 

La lancha avanza a media máquina, todo está bastante cerca. 

“Ese es el segundo galpón de la cooperativa”, explica Diego, frente a la sede de la organización. “El otro nos lo quemaron”.

Volvemos sobre nuestros pasos y navegamos hacia la Escuela Isleña Don Legui.

Después de amarrar la lancha caminamos unos metros, junto a frutales plantados hace pocos meses. Hasta que aparece un camino que corta hacia adentro y enseguida llegamos a la construcción, con dos escaleras de madera que le dan altura. Ahí Diego prepara el mate y conversa sobre la formación de la cooperativa. 

Cuenta que entre 2008 y 2009 Colony Park había desalojado a casi todas las familias del lugar, en algunos casos de forma violenta. Uno de los vecinos, Juan, se negó a dejar su vivienda a pesar de las amenazas y un día fue a una asamblea de isleros y organizaciones, que se hacía en la Estación Fluvial de Tigre, a plantear lo que estaba pasando en el arroyo Anguilas. Diferentes personas y organizaciones comenzaron a apoyar la lucha, entre ellos el propio Diego. En ese proceso nació Isla Esperanza. 

“La cooperativa se creó para volver al territorio”, relata. “Empezamos a producir cortinas de junco, como para revitalizar la economía isleña, que había sido golpeada por la empresa también. Porque la empresa te desaloja, pero también golpea tu economía. Te destruye tu vivienda, pero también tu posibilidad de acceder al territorio como fuente de trabajo y producción. Entonces, la cooperativa intentó revertir ese proceso”. 

En su relato se preocupa por señalar la integralidad de la lucha que llevan adelante, y dentro de ella, la importancia de la organización en el propio terreno. 

“Fue una herramienta territorial que se combinó con las estrategias legales, con estrategias mediáticas, con estrategias de gestión. La cooperativa jugó en una trama que explica por qué también el apoyo del movimiento ambientalista de Tigre, también agrupaciones de vecinos, hasta a escala internacional, y se pudo frenar la empresa”, afirma.

Pero esa gran victoria no dio lugar a una situación idílica. Al triunfo, ese cielo cotidiano, hay que ganárselo todos los días. En ese camino hay diferentes obstáculos. Menciona ataques como el incendio del galpón pero también el impedimento de pescar o de cortar juncos por parte de actores —como el barrio privado Santa Mónica o la Municipalidad de San Isidro— que buscan quedarse con las islas en formación, casi sobre el frente de avance del delta, muy cerca de allí. 

También aparecieron otro tipo de desarrollos inmobiliarios, más pequeños. En la cooperativa les llaman “los miniColony Park”. 

“Tanto los miniColony como esta línea más ambientalista de élite lo que hacen es quedarse con los lugares y no quieren que estén ni el pescador ni el junquero”, sintetiza.

La isla es territorio de una disputa que se expresa de diferentes maneras. 

Más allá de la expropiación

En septiembre de 2025, con la aprobación en la Cámara de Diputados, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a la ley de expropiación a favor de la cooperativa Isla Esperanza. 

Hecho raro en tiempos de polarización extrema, el trámite se aprobó por unanimidad. Esto genera una moderada expectativa ante la posibilidad de que en 2026 la Cámara de Senadores provincial convierta el proyecto en ley.

“Nos pone contentos, tenemos expectativa de que salga”, dice, y enseguida relativiza: “Es un pasito más en un camino que sabemos que no terminará nunca”. 

Hay plena conciencia de que cada momento y cada avance implica nuevos desafíos.

“Tenés que ir generando las condiciones para que estemos mejor y se cumplan más derechos, pero no hay un momento que se termina —explica— porque incluso saliendo la ley, después tenemos que ver cómo llevar a cabo esa reorganización del territorio en un sentido de que haya respeto, que las familias locales fortalezcan su uso del lugar, que sea armonioso con el humedal y con la fauna y la flora. Es un desafío enorme, por eso cada pasito lo festejamos parcialmente”. 

El 8 de mayo de 2025 la Cooperativa Isla Esperanza inauguró la Escuela Isleña Don Legui, un sueño que tenía ya algunos años.

“Es el espacio de formación que construimos para formalizar y consolidar el vínculo con las universidades, con las escuelas, con todos los espacios educativos. También es donde traemos y fortalecemos los propios conocimientos sobre la isla: sobre la historia del Delta, sobre las actividades económicas que hacemos, sobre los humedales”, dice.

En la actividad presentaron un mapeo comunitario del Anguilas, que realizaron junto con el Grupo de Ecología Política de la UBA. Además, tienen un convenio con la Universidad del Delta y vínculos con diferentes organismos y centros de formación profesional. 

Hasta ahora organizaron actividades de formación sobre cestería en junco, identificación y producción de hongos —en este caso, dictado por el INTA— y análisis de la calidad del agua. Además, junto a Cosensores, realizan talleres de construcción de tecnologías para potabilizar el agua.

Diego elige cerrar la conversación contando el por qué del nombre: “Don Legui, Leguizamón, es un viejo de la isla. Hace muchos años, a mediados del siglo XX, fundó la Casa Isleña en el arroyo Abra Vieja; un espacio de acompañamiento, para recibir cerca de la costa a aquellos isleños que venían de más arriba”. 

Don Legui, homenajeado en vida para rescatar la historia y desear el futuro.

“Él siempre ahí, colaborando con la comunidad isleña. Es una persona muy formada. Puede hablar de la gesta sanmartiniana y la emancipación latinoamericana, te puede hablar de la historia argentina contemporánea, te hace un análisis geopolítico —agrega—. Nos parece que es un ejemplo hermoso, que nos interpela, que nos gusta y que nos parece necesario. Queremos que Isla Esperanza sea un antecedente de que es posible construir otro modelo, donde estén la población isleña, la producción sustentable y la defensa de los humedales”.

Volvemos al continente por el mismo recorrido: arroyo Anguilas, Canal Vinculación, río Luján, muelle público de San Fernando. Unos minutos más para sentir la isla, para pensar. La defensa de lo propio es difícil. Exige organización, tiempo, trabajo. Pero gracias a eso —tal vez— puede convertirse en posible.

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.

En la provincia de San Juan, una de las más áridas de Argentina, el agua es más que un recurso: es un símbolo. Una leyenda popular cuenta la historia de una mujer de la zona, Deolinda Correa, que murió de sed en 1841 mientras cruzaba esta provincia durante las guerras civiles. Su bebé sobrevivió milagrosamente y así nació la leyenda de Deolinda, La Difunta Correa. La tradición local es dejar una botella de agua en su santuario. La escena refleja la tensión cotidiana en esta geografía precordillerana, donde el agua es escasa y valiosa.

Esa misma geografía es la que, paradójicamente, hoy sostiene un cultivo que se expande aceleradamente: el pistacho, fruto seco que encontró allí condiciones ideales de clima —inviernos fríos, veranos calurosos y secos— y un mercado global en crecimiento.

La superficie cubierta por las plantaciones de pistachos ha pasado de unas 1.000 hectáreas en 2013 a entre 7.500 y 8.500 hectáreas en la actualidad, según las estimaciones facilitadas a Dialogue Earth por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). San Juan representa actualmente alrededor del 90% de la superficie cultivada.

Pero el recurso esencial necesario para sostener esta revolución del pistacho es precisamente el que más falta hace en San Juan: el agua.

Un auge en medio de la sequía

Esta región del noroeste de Argentina lleva más de una década sufriendo una grave sequía hidrológica, agravada por el cambio climático y la gestión ineficiente de los recursos.

El suministro de agua depende principalmente del deshielo invernal, cuya fuente se ha visto amenazada. Según datos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA), en los Andes Desérticos se registró en los últimos 15 años una reducción del 17% en hielo descubierto, 23% menos de manchones de nieve y una pérdida equivalente a 7 metros de agua en glaciares monitoreados. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión del Agua en el Árido (CIGGIA) sostiene que las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal presentan niveles de nieve “muy por debajo del promedio de los últimos 25 años”. 

El panorama es crítico, explicó a Dialogue Earth Leandro Salvioli, investigador del Instituto Nacional del Agua (INA).

“En San Juan llueve entre 80 y 100 milímetros por año, y las sequías son más frecuentes y largas. Estamos yendo a buscar agua cada vez más profundo al acuífero, agua de 10 a 12 mil años de antigüedad. Si no construimos una conciencia hídrica, vamos derecho contra un paredón”, sostuvo.

A la escasez se suma la falta de control riguroso: aunque existen 5.370 perforaciones de agua autorizadas, Salvioli estima que en realidad hay unas 15.000, alimentando la sobreexplotación.

Un cultivo eficiente, pero demandante

Los pistachos toleran mejor la escasez de agua que otros cultivos gracias a la profundidad de sus raíces. Sin embargo, según los técnicos del INTA, los rendimientos comerciales siguen requiriendo cantidades considerables de agua.

“Es muy interesante para zonas áridas, pero para rendir bien necesita agua, y ahí está el desafío”, explicó a Dialogue Earth Gonzalo Sánchez Cañete, investigador del INTA San Juan.

Según las principales empresas productoras, el sector ha invertido en tecnologías que buscan optimizar los recursos, como la medición constante de la humedad del suelo y el riego por goteo. Este último puede ahorrar hasta un 80% en el consumo de agua en comparación con otros métodos de riego.

En el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, donde se concentra el mayor polo pistachero del país, la empresa Pistachos de los Andes lleva casi dos décadas desarrollando este cultivo. Manejan unas 300 hectáreas, con rendimientos de entre 2.800 y 3.000 kilos por hectárea por año. También cuentan con un vivero que produce alrededor de 100.000 plantas al año, según el ingeniero agrónomo Pablo García, que gestiona la producción en el lugar.

La finca parece un oasis en el desierto, con parcelas verdes y ordenadas de árboles que contrastan fuertemente con el paisaje seco y árido. Brenda Sánchez lleva dos años trabajando en el vivero. “Las plantas hay que tratarlas con cuidado y cariño porque son frágiles. El agua es escasa por aquí, así que sabemos que tenemos que cuidarla mucho”.

Se ha realizado una importante inversión en tecnología, que abarca desde un sustrato para plántulas importado de Finlandia hasta molinos de protección contra las heladas traídos de Nueva Zelanda. Esta tecnología destaca en una zona de asentamientos pequeños y precarios. Muchos habitantes siguen construyendo sus casas con barro y madera, según la tradición ancestral del pueblo indígena Huarpe de la región.

“Somos una empresa de economía circular”, explica Marcelo Nemirovsky, propietario de Pistachos de los Andes, a Dialogue Earth. “No generamos residuos y usamos energía solar. Y hacemos un uso muy eficiente del agua: el riego por goteo no desperdicia una gota”. La empresa utiliza entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos de agua —equivalentes aproximadamente a tres piscinas olímpicas— por hectárea al año.

Desde el gobierno provincial, el secretario de Agricultura Miguel Moreno afirmó a Dialogue Earth que el sector del pistacho es “modelo en gestión del agua”, con 97% de tecnificación.

Aun así, especialistas coinciden en que la discusión sobre el uso del agua en un territorio desértico —y con un suelo cultivable que apenas alcanza el 3% de la superficie provincial— seguirá creciendo.

“Hay algo de capricho en querer vivir y producir en un desierto. Los humanos deberíamos adaptarnos a eso, no al revés”, resumió Salvioli.

Demanda global y expectativas locales

El auge del pistacho en Argentina forma parte de un fenómeno mundial. A nivel global, se espera que la producción crezca un 7% este año hasta alcanzar 1,2 millones de toneladas, según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estados Unidos lidera el mercado, seguido de Turquía, Irán y Siria. El consumo también está aumentando, especialmente en Turquía.

Los precios internacionales subieron un 17% este año, alcanzando los 23 dólares por kilo y ganándose el sobrenombre de “oro verde”.

En Argentina, los pistachos forman parte de una industria de frutos secos que abarca aproximadamente 22.000 hectáreas, liderada por las nueces, seguidas el pecán, las almendras y las avellanas, según las últimas cifras oficiales del Censo Nacional Agrícola, de 2018. El gobierno estima que actualmente hay unas 30.000 hectáreas. 

Para algunas empresas tradicionales del sector, como Prodeman —dedicada al maní y recientemente ingresada al cultivo de pistacho—, la oportunidad combina diversificación y una tendencia global hacia consumos más saludables.

“La demanda de frutos secos crece porque las nuevas generaciones comen más saludable”, dijo Gustavo Cavigliasso, miembro del directorio de Prodeman, a Dialogue Earth. “Primero queremos potenciar el mercado interno, pero siempre las puertas están abiertas a la exportación”.

China, un horizonte distante pero cargado de expectativas

La habilitación de China para importar frutos secos argentinos en marzo de 2025 generó entusiasmo en San Juan y en el sector pistachero en general. El primer envío de nueces pecanas se realizó este mes.

China importa anualmente unas 170.000 toneladas de pistachos, un volumen que supera ampliamente la producción total de Argentina.

Los expertos consideran que esto puede ser significativo, pero es poco probable que tenga un impacto inmediato.    

“El vínculo comercial con China es óptimo y creciente, pero hoy el pistacho argentino está lejos de poder abastecer un mercado así”, explicó Ernesto Taboada, director del Consejo Chino-Argentino. “Los compradores chinos vendrán por muchos contenedores, no por una bolsa”.

El principal reto es alcanzar rápidamente la escala deseada. Los árboles tardan entre 8 y 10 años en madurar. “Nos interesa venderles, por supuesto, pero no tenemos volumen todavía”, reconoce Nemirovsky. “Para llegar a China primero hay que crecer, y eso lleva tiempo”.

Moreno, el secretario de Agricultura, reconoce las dificultades: “La apertura china va a generar un impacto, pero todavía es imposible cubrir ese mercado”. 

Así, China opera como una promesa a largo plazo: un mercado gigante que podría absorber el pistacho argentino cuando —y solo cuando— el sector logre ampliar su escala productiva .

Una industria en busca de equilibrio

El auge del pistacho en Argentina representa una oportunidad económica en un contexto global favorable, pero también expone los límites de producir en una de las regiones más áridas del país. Las tensiones entre expansión agrícola y crisis hídrica se han vuelto más visibles, y especialistas advierten que el futuro del sector dependerá de su capacidad para adaptarse.

Según datos del INA, el acuífero del que dependen gran parte de las producciones de San Juan está siendo explotado más rápido de lo que se recarga. Como dice Salvioli, “es un recurso que no se puede renovar”.    

Al mismo tiempo, el sector pistachero intenta posicionarse como ejemplo de eficiencia: el 97% de las plantaciones utiliza riego por goteo, según datos de la Secretaría de Agricultura provincial, y las principales empresas aplican sensores, monitoreo permanente y energía renovable para reducir consumos.

Sin embargo, la tecnología avanzada es solo una solución parcial. El investigador del INTA Sánchez Cañete sintetiza: “La pregunta no es solo cuánta agua usa, sino de dónde sale y cuánto queda disponible para los demás”.

El desafío es encontrar un equilibrio: expandir un cultivo que puede generar empleo, exportaciones y valor agregado, sin comprometer un recurso que, en San Juan, define no solo la producción sino la vida misma.

Según Salvioli, la falta de control sobre las perforaciones y la explotación intensiva profundizan el problema: “Se abusa de un recurso cada vez más escaso”.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

Guías turísticos, cooperativas locales y asociaciones profesionales expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de habilitar a prestadores privados a operar dentro de los parques nacionales sin cumplir los requisitos históricos de formación, control ambiental ni acompañamiento profesional. Denuncian que esta desregulación afecta directamente su fuente laboral y abre la puerta a la precarización del turismo y el deterioro de los entornos protegidos.

La medida implica un cambio de reglas abrupto para los guías habilitados, quienes deben certificarse, formarse y acreditar conocimiento de los territorios en los que trabajan. Distintas asociaciones de profesionales señalaron que la desregulación “atenta contra su fuente laboral y contra el turismo responsable”.

El reclamo surgió tras la publicación de la Resolución 62/2025, que habilita un registro simplificado de prestadores privados dentro de parques nacionales, sin necesidad de informes de impacto ambiental ni guía obligatoria para las actividades consideradas no riesgosas.

“El guía no es un adorno: es quien cuida el ecosistema, enseña respeto por el entorno y evita que se generen daños irreparables”, expresaron referentes del sector. A su vez, advierten que la competencia sin regulación ni controles pone en riesgo el empleo formal en regiones donde el turismo es la principal fuente de ingresos.

Desde el Gobierno nacional, la medida fue presentada como parte de un plan para “abrir el juego” y terminar con las “rentas monopólicas”. Según el nuevo titular de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el objetivo es fomentar más competencia, bajar precios y facilitar el acceso a los parques.

Uno de los casos mencionados fue el del glaciar Perito Moreno, donde actualmente una sola firma opera excursiones. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca habilitar a más empresas para operar en otras áreas del parque, como las caras norte y sur .

Impacto ambiental: luces rojas en territorios protegidos

Más allá de la dimensión laboral, la reforma despierta una fuerte preocupación ambiental. Los parques nacionales no son solo destinos turísticos: son territorios protegidos por ley, que preservan ecosistemas frágiles y especies en peligro.

La nueva normativa elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y permite construir “infraestructura efímera” sin evaluación previa. Especialistas advierten que esto podría derivar en basura acumulada, sobrecarga de visitantes, daño a la fauna, incendios o erosión de suelos.

“Sin protección ambiental, no hay turismo sustentable”, sintetizan desde organizaciones conservacionistas. También cuestionan que el Gobierno hable de “modernización” sin precisar mecanismos concretos para el control de actividades privadas dentro de las reservas.

¿Más turismo o más precariedad?

El nuevo régimen desregulado promete dinamizar la actividad, pero genera un escenario incierto para quienes trabajan como guías, operadores independientes o cooperativas locales. Para muchos de ellos, esta decisión implica pasar de ser actores centrales a competir en condiciones desiguales con grandes prestadores sin regulación.

En un contexto donde el empleo en el turismo aún no se recuperó por completo tras la pandemia, y donde la presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, el debate no es solo económico, sino también ético y ambiental.

JJD

Más de 25 organizaciones de la sociedad civil hicieron público un documento en el que manifiestan su rechazo a cualquier intento de modificar la Ley N.º 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, las entidades remarcan la necesidad de sostener los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que respaldaron la sanción de la ley en 2010, y alertan sobre los riesgos de reducir los niveles de protección vigentes.

La norma, aprobada tras un extenso debate social y parlamentario, representa un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Su objetivo es resguardar reservas estratégicas de agua dulce esenciales para la vida y el desarrollo, especialmente en regiones áridas donde el acceso al recurso es crítico. Cualquier modificación podría habilitar actividades económicas —principalmente la minería a gran escala— en ecosistemas sumamente frágiles, con impactos ambientales severos, entre ellos la pérdida de agua almacenada en glaciares y ambientes periglaciales.

Las organizaciones recuerdan que los glaciares y el periglacial forman un sistema único indispensable para la regulación hídrica: alimentan cuencas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y a miles de comunidades. En un escenario global de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares, advierten que flexibilizar la ley significaría agravar un proceso ya crítico, poniendo en riesgo no solo reservas hídricas estratégicas sino también economías regionales y dinámicas sociales asociadas al agua.

El documento destaca el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como organismo técnico clave en la implementación de la norma. Las entidades subrayan la necesidad de fortalecer sus capacidades y presupuesto para profundizar las tareas de monitoreo y conservación.

Además, remarcan que la Ley de Glaciares no impide el desarrollo económico sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y el agua cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.

A la postura de las organizaciones se sumaron artistas y figuras públicas que difundieron videos bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. Entre quienes participaron se encuentran Lula Bertoldi, Locomotora Castro, Maitena Burundarena, Dolores Fonzi, Gabriela Cabezón Cámara y Rayo (alias Big Buda), quienes reclamaron la defensa del agua bajo el lema: “El agua vale más que todo”.

En otro video, se pronunciaron Ricardo Mollo, Lisandro Aristimuño, Nadia Larcher, Susy Shock y Laura Azcurra, entre otros. Los artistas convocaron a las manifestaciones que tendrán lugar este jueves en diferentes puntos del país, incluída la Plaza del Conrgreso en Buenos Aires.

Por último, las organizaciones recuerdan que cualquier reforma que implique un retroceso en la protección sería ilegal e inconstitucional. Señalan el principio de no regresión ambiental, incorporado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe retroceder en los estándares de protección ambiental vigentes.

CRM

La organización ambientalista Greenpeace expresó su “extrema preocupación” ante el anuncio de un nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas de agua dulce del país. De concretarse, sería el segundo intento de reforma en apenas dos años y, según la ONG, habilitaría actividades que amenazan la integridad de los glaciares y sus ecosistemas asociados.

El proyecto, aún no presentado formalmente, buscaría permitir intervenciones en zonas actualmente protegidas, lo que según Greenpeace expondría a los glaciares a mayores riesgos de contaminación, destrucción y eventual desaparición. “La Ley de Glaciares protege un recurso único y finito: el agua. El retroceso ambiental que planteará esta modificación pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos. Lo que se discutirá cuando el proyecto sea presentado es la entrega de las fuentes de agua de los argentinos”, advirtió Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares fue considerada un hito para la política ambiental del país. Impulsada por organizaciones civiles y respaldada por una amplia movilización social, estableció salvaguardas estrictas para proteger los glaciares y el ambiente periglacial, zonas fundamentales para el almacenamiento de agua y la regulación climática. La normativa prohíbe actividades que puedan dañarlos —como la minería y la explotación hidrocarburífera— y reconoce su papel clave en la provisión de agua en un contexto marcado por la crisis climática.

Para Greenpeace, retroceder en estos estándares constituiría no solo un riesgo ambiental severo sino también una vulneración institucional. “La Ley de Glaciares es una norma pionera, no existe otra en la región con tal alcance de protección. Deberíamos sentir orgullo. Modificarla implicaría una condena al agua de los argentinos”, afirmó Rossi Serra.

Los glaciares y el ambiente periglacial no solo son paisajes emblemáticos, sino verdaderas reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a comunidades, ríos y sistemas productivos. Su deshielo regula los caudales en épocas de sequía, asegurando agua para consumo humano, agricultura y generación de energía. Además, actúan como indicadores del avance de la crisis climática y constituyen refugios esenciales para la biodiversidad. Su deterioro, advierten especialistas, profundizaría la escasez hídrica y agravaría los impactos del calentamiento global.

Rossi Serra subrayó además que una reforma regresiva sería “inconstitucional” y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia climática. En este sentido, Greenpeace llamó a la ciudadanía a mantenerse activa en la defensa de los glaciares. “Sin glaciares no hay agua. Y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país. Proteger estos cuerpos de hielo es proteger el agua que millones de personas necesitan para vivir hoy y mañana”, concluyó.

CRM

La cumbre del clima de la ONU tiene un elefante en la sala: el petróleo. El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), autorizó a la empresa Petrobras a perforar un pozo de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. A pesar de estar a 175 kilómetros de la costa, el llamado 'bloque 59' está dentro de la cuenca hidrográfica del mayor río del mundo. “Aunque haya sido una decisión difícil, se impuso el criterio técnico. Haberlo anunciado después de la COP30 habría sido hipócrita”, aseguró hace unos días Rodrigo Agostinho, presidente del IBAMA, en una entrevista a Folha de São Paulo. La decisión, que llega tras fuertes presiones del gobierno de Brasil, queda en entredicho por un informe negativo de 29 técnicos del propio IBAMA, que alertan de posibles daños ambientales serios. “Yo ya había dicho que no es posible abrir la mano del combustible fósil de un día para el otro”, afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado martes.  

A las puertas de la COP30, que arranca el próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém, la decisión ha caído como una bomba. Ocho grandes organizaciones de la sociedad civil han recurrido la decisión a la Justicia, alegando que la licencia de perforación ignora los impactos ambientales. El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), aliado izquierdista de Lula, ha criticado con dureza la decisión. “Necesitamos salir de la dependencia del uso de combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, ha declarado Marina Silva, ministra de medio ambiente, a la Agência Brasil, sin atacar directamente la decisión del IBAMA.

La explotación petrolífera profundiza la división del gobierno de Lula. Además de hacer frente al rechazo de la ministra Marina Silva y a Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas), Lula tendrá que dirimir sus diferencias con Guilherme Boulos, el recién nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Su partido, el PSOL, ha presentado un proyecto de ley en el congreso para prohibir la explotación de petróleo en la denominada margen ecuatorial (franja oceánica que incluye la desembocadura del río Amazonas).

El presidente brasileño ha reunido este jueves a jefes de estado y de gobierno antes del inicio de la Cumbre del Clima de la ONU, y ha se ha referido a este asunto, aunque sin mencionarlo explícitamente: “Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos un itinerario para, de forma justa y planeada, revertir la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para esos objetivos”.

Sabotaje a la COP30

La decisión de autorizar la explotación petrolífera en la región amazónica, además de quitar legitimidad ambiental a Brasil, puede dificultar los posibles acuerdos sobre transición energética de la COP30. “Es una especie de sabotaje a las discusiones en relación con el petróleo. Se anuncia en el peor momento posible. Se podrían haber esperado unos días para que no influyera en la conferencia”, asegura Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, en entrevista telefónica con elDiario.es. La nueva frontera petrolífera de Brasil en aguas ecuatoriales enfría la aplicación del compromiso que firmaron todos los países en la COP28 de Dubai para abandonar los combustibles fósiles. Araújo, que rechazó hasta en cinco ocasiones la explotación de petróleo en proyectos similares al del 'bloque 59', sostiene que la decisión del IBAMA tiene “problemas técnicos” y “problemas jurídicos”.  

La denuncia colectiva presentada en la Justicia contra el IBAMA, la empresa Petrobras y el gobierno de Brasil argumenta que para la liberación de la perforación era necesario un estudio detallado sobre un posible derrame de petróleo. Además, debería haberse presentado un plan de emergencia. “En caso de accidente, el petróleo podría llegar a la Guayana francesa en 12 horas. Existen corrientes profundas que también llevarían petróleo hacia la costa brasileña, que es riquísima en biodiversidad, está llena de manglares y de puntos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes”, afirma Araújo. 

Rodrigo Agostinho defiende en la citada entrevista que el IBAMA autorizó la perforación, que había sido rechazada en mayo de 2023, porque Petrobrás aceptó todas las exigencias de seguridad. Sin embargo, el Observatorio del Clima, que engloba a más de 130 organizaciones, acusa a Petrobras de usar datos obsoletos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, de las corrientes marinas y de los sedimentos arrastrados por el río. En caso de derrame, el 20% del petróleo se hundiría y afectaría al gran sistema amazónico de arrecifes.

Luena Karipuna, líder indígena de la región de Oiapoque, una de las más afectadas por la explotación petrolífera en aguas oceánicas, denuncia que la aprobación de la perforación no ha respetado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas recogido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Recibimos la noticia con mucha indignación, con el sentimiento de que nuestra tierra está siendo violada. Es una falta de respecto para quien vive en el territorio hace milenios”, asegura Karipuna, que es coordinadora Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y del Norte de Pará (APOIANP).

La explotación del bloque 59 tiene consecuencias más allá y abre una nueva frontera petrolífera en Brasil. En una costa que posee la mayor franja continua de manglares del mundo, 27 bloques de extracción esperan su licencia ambiental. En una subasta realizada en junio, Petrobras y la estadounidense Exxon Mobil se adjudicaron diez bloques y Chevron y la China CNPC, otros nueve. Aunque la extracción todavía no haya comenzado, la región ya sufre los problemas de la fiebre del petróleo. “Hemos visto cómo han aumentado la falsificación de títulos de propiedad de la tierra, las invasiones en territorios indígenas, la expansión inmobiliaria y el crimen. Desde 2022, se están construyendo siete barrios nuevos en la ciudad de Oiapoque (tiene unos treinta mil habitantes)”, sostiene Karipuna. 

Frente global anti petróleo

La luz verde a la explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas ha caído también como un jarro de agua fría en el frente internacional de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, del que forman parte casi mil legisladores de todo el mundo. Juan Carlos Losada, diputado colombiano del Partido Liberal, miembro del frente, asegura a elDiario.es que la decisión del gobierno brasileño debilita la credibilidad de la región frente al liderazgo climático que el planeta espera de la Amazonía y de América Latina. “Es un golpe simbólico a la esperanza de que esta cumbre marque el inicio del fin de los combustibles fósiles y la transición hacia economías descarbonizadas”, asegura Losada. A pesar de ello, el diputado colombiano considera que el contratiempo puede transformarse en una oportunidad. “La COP30 deberá convertirse en el espacio donde los países amazónicos definamos una hoja de ruta realista y ambiciosa para abandonar progresivamente los fósiles, proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la bioeconomía, las energías limpias y la justicia social”, matiza.

La explotación del bloque 59 sintetiza, en palabras de Suely Araújo, la gran contradicción ambiental del gobierno Lula. “Hay una decisión bien clara del gobierno de intensificar, y mucho, la producción. El petróleo ya da más dinero que la exportación de soja. Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción, abastecería el consumo interno. Debería dejar de exportar”, asegura. Brasil es el sexto productor de petróleo del mundo (3,9 millones de barriles diarios), según Trading Economics. Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, que quiere que Brasil entre en la Organización de Productores de Petróleo (OPEP), reveló en marzo de 2023 que quiere convertir a Brasil en el cuarto productor de crudo del mundo, gracias al petróleo del margen ecuatorial. 

La ambición petrolera del gobierno Lula choca de frente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que demandan el fin de la extracción de combustibles fósiles. Los países que concedan nuevas licencias de exploración o de subsidios a los fósiles puede llegar a ser acusados por la ONU de cometer “actos internacionalmente ilícitos”.

No son voces de alerta de dirigentes peronistas o de izquierda gritando “¡vienen por nuestros recursos!”. El interés del gobierno de Donald Trump por que empresas estadounidenses avancen sobre los minerales argentinos ha sido comentado de manera explícita o en privado en reuniones con el elenco de su aliado Javier Milei y entre los ejecutivos de esas compañías. El cobre, el litio, el uranio y las tierras raras son parte del menú que interesa para el desarrollo no sólo de la movilidad eléctrica sino también de la inteligencia artificial y la industria militar, todas materias primas para sectores que les agregan valor en otros rincones del planeta, como Corea del Sur, que ahora vive un boom bursátil por la fabricación de los microchips, autos a batería y material de defensa.

“El interés del gobierno de Trump y las empresas de EE.UU. para involucrarse en la minería argentina significa que han decidido ir adelante en algo que deberían haber hecho mucho tiempo antes”, analiza el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola. “Porque se anticiparon un montón de jugadores mundiales, fundamentalmente en cobre y litio”, agrega Cacciola.

Con su despegue económico, China avanzó en minería, pero también en hidrocarburos, comercialización agrícola, infraestructura, exportaciones y financiamiento en toda Latinoamérica, el antiguo “patio trasero” de EE UU, durante lo que va del siglo XXI, sin que las diversas administraciones norteamericanas, desde George W. Bush, Barack Obama, el primer Trump y Joe Biden reaccionaran. Ahora en esta nueva gestión recargada del presidente republicano, ha empezado a iniciar el camino de recuperar terreno, a fuerza de un salvataje a Milei, su único aliado de relevancia en la región. Un rescate que, al igual que las ayudas de Beijing, no pide recetas macroeconómicas a cambio, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino más bien expande influencia geopolítica y económica. Norteamericanos o chinos, todos piden explícita o implícitamente algo a cambio de su solidaridad.

En la actualidad, 20 minas están produciendo metales en la Argentina en toda la cordillera, desde Jujuy a Santa Cruz. Ocho son de oro, siete de litio, tres de plata, uno de plomo y otro de cobre. El 67% de las exportaciones mineras medidas en dólares son de oro y el 16% de litio, que es más barato. Suiza, Estados Unidos y China son los principales destinos. En cambio, si sólo se toma en cuenta el llamado oro blanco, componente de las baterías de autos y celulares, el 73% se va para el gigante asiático y el 11% a la primera potencia económica, la de Trump. De esos 20 proyectos, siete son de empresas canadienses, que suelen liderar en la minería mundial, cinco de China, tres británicas, tres argentinas y sólo dos norteamericanas, en oro y plata.

A su vez, hay otros 23 proyectos avanzados, en cuanto a que en los próximos años comenzarán a producir, después de las etapas de exploración inicial, estudios de factibilidad económica, aprobación ambiental y construcción de la planta productiva. Seis de esas iniciativas son de compañías canadienses, cuatro suizas, cuatro australianas, tres británicas, tres chinas y únicamente una estadounidense, en litio. De las 23 futuras minas, 13 son del mineral para las baterías, ocho de cobre -que se utiliza en los cables, presentes en autos y equipamientos electrónicos en general- y dos de oro.

En cobre, la Secretaría de Minería identifica 76 yacimientos, desde el único que produce por ahora (Martín Bronce, en Jujuy) hasta los que aún ni fueron explorados. Uno está en manos de una empresa norteamericana y tres, en las de China. Se desparraman por los Andes, desde Jujuy a Río Negro, una de las pocas provincias que prohíben la minería. En Mendoza, el gobernador radical libertario Alfredo Cornejo levantó este año la restricción a la actividad, después de años de resistencia no sólo de ecologistas sino también de bodegas y hasta de la empresa francesa Danone, dueña de las aguas Villavicencio, por su impacto ambiental. Es una de las provincias con potencial cuprífero. Pero la ley de protección de glaciares impide que se exploten al menos parte de los yacimientos de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan e inclusive Mendoza, por lo que el gobierno de Milei, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsará su modificación en el nuevo Congreso que asume el mes próximo.

En litio suman 67 minas, desde las que producen hasta las que faltan explorar. Van desde Jujuy por la cordillera hasta Río Negro. Ocho son chinas, tres norteamericanas. En la explotación más antigua, que perteneció antes a las firmas norteamericana FMC Lithium y Livent y pasó en marzo pasado bajo control de la británica Rio Tinto, se secó a lo largo de décadas una vega (terreno fértil regado por un río) en donde pastaban los animales de lugareños por el uso intensivo del agua. Ahora están reparando de a poco el daño. Es una mina que abastece a la empresa de autos eléctricos Tesla, de Elon Musk. Las empresas chinas también tienen su historia: Zijin puso en marcha su planta en Catamarca, pero después de un proceso en el que obreros y proveedores protestaron por impagos, los primeros también por las condiciones laborales y los últimos, por la escasa contratación de servicios locales. A todo esto, también hay biólogos que alzan la voz sobre el impacto en los ecosistemas, en particular en los flamencos que anidan en los mismos salares donde se extrae litio.

En cuanto a las tierras raras, la Secretaría de Minería identifica cuatro minas en Salta, todas en manos de salteños y en fase de exploración. Tres son de la empresa Astrali, del abogado e inversor minero Rodrigo Castañeda Nordmann. Una en poder de dos ignotos ciudadanos de la provincia, Mario y Bibiana Cañizares. Pero también hay tierras raras, insumos de imanes, electrónica, catalizadores, aleaciones, fibras ópticas y lásers, en Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Córdoba y hasta en la provincia de Buenos Aires.

“Se dice más de lo que hay”, advierte sobre las tierras raras y el uranio el economista diplomado en minería e investigador de la fundación Fundar Víctor Delbuono. Entre las tierras raras, que están sobre todo en China y por eso Trump acaba de pactar con su par Xi Jinping el acceso a ellas, figuran el escandio, el itrio y los lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.

En cuanto a uranio, este insumo de la energía nuclear, que el Gobierno planea ofrecer a EEUU. para sostener la inteligencia artificial, suma 17 las minas disponibles. Pero en realidad 11 están más avanzadas, desde la que aparecen en estudios de factibilidad, previo a la construcción de la planta y las que apenas exploradas. En fase de análisis de factibilidad figuran Don Otto en Salta y Sierra Pintada en Mendoza, ambas en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Pero este mina mendocina fue clausurada en 2010 por la Justicia por contaminación y en teoría sólo puede reabrirse una vez que se repare el daño. El caso fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación, pero habrá que ver cómo el Gobierno busca revertirlo.

La CNEA controla la mayoría de las minas de uranio, unas siete. Hay dos en análisis económico en Río Negro y Chubut, ambas en manos canadienses. Chubut es otra de las provincias con minería prohibida y en 2021 hubo una pueblada en contra de que se levante la restricción. Hasta ahora, no hay ni chinos ni norteamericanos con yacimientos de este metal. El gobierno de EE UU también habla de otros minerales “críticos” de la Argentina: el cobalto, el cromo, el grafito, el manganeso, el níquel, los elementos del grupo platino (paladio, rodio, rutenio, iridio, osmio) y el zinc, que es el único de todos ellos que ya está extrayéndose, en Jujuy.

La Argentina ocupa el puesto 29° en producción minera mundial, un ranking liderado por China, Australia e Indonesia y en el Chile, México y Brasil aparecen entre los primeros latinoamericanos. Sobre potencial geológico el Instituto Fraser elabora una clasificación en la que mezcla países y provincias y en el que San Juan está 14°, por encima de Chile (17°).

“No es algo que sorprenda el interés de EE.UU. por la minería argentina , es algo que iba a ocurrir”, opina Cacciola, de CAEM. “Lo importante es que seamos lo suficientemente inteligentes para generar las mejores posibilidades para los argentinos y tengamos un montón de familias que puedan vivir de la minería, que es una actividad noble e imprescindible para la vida”, se refiere a que aporta elementos clave para la vida modera y al mismo tiempo intenta contrarrestar las críticas ecologistas pero también de otras actividades agropecuarias contra el impacto del uso intensivo del agua, la utilización de cianuro y arsénico en algunas producciones que pueden contaminar ríos y la afectación de glaciares, que son el origen de cursos para el consumo humano, agrícola y animal.

La minería emplea en la actualidad de forma directa a 38.000 argentinos. Hay que sumar los que trabajan en empresas contratistas. Pero el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), a la vez que está acelerando proyectos, también tiene el problema de haber acotado la exigencia de contratar proveedores locales, de haber reducido los impuestos que se recaudarán cuando produzcan, así como la liquidación de las divisas de exportación en el mercado cambiario doméstico. Fue impulsado por el Gobierno con el apoyo de parte de la oposición.

Además está el conflicto ambiental, por más que las empresas del sector y los gobiernos nacional y provinciales, ya sean libertarios, peronistas, radicales o de partidos locales, hablen de minería responsable . “Uno de los principales embates que se vienen en los territorios por el acuerdo con Trump es por la megaminería”, alerta el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Uno de sus objetivos es garantizarse minerales críticos no sólo para la transición energética sino para la industria bélica. Por el litio y por el cobre, desde Jujuy y Salta hasta San Juan y Mendoza, donde hay una gran resistencia, la persecución es total contra las comunidades que se oponen y que defienden el agua. Recordemos que son industrias altamente demandantes de agua, energía y territorio. Y esta persecución está ocurriendo también en otros países latinoamericanos gobernados por la derecha y la ultraderecha, como en Ecuador contra los pueblos indígenas”, advierte Viale.

AR/MG

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red global ambiental, exhortó al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro a restablecer la protección ambiental del Golfo San Matías y les pidió suspender los proyectos que amenacen su biodiversidad. La recomendación apunta directamente a la modificación de la Ley 3308, que en 2022 flexibilizó las restricciones a la actividad petrolera en la zona y, según el organismo, abrió la puerta a iniciativas de alto riesgo ecológico.

“El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, en su sesión de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos): EXHORTA a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías, incluyendo el restablecimiento de la protección brindada por la Ley 3308, y a garantizar la conservación de la biodiversidad cancelando todo proyecto que pudiera comprometerla”, señala la resolución votada por la UICN.

Y señala que la Ley 3308 “fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022 poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse”.

“Es la confirmación de que nuestra defensa del Golfo San Matías y de Península Valdés tiene validez y fundamento”, celebró Fabricio Di Giacomo, vocero del golfo, que se extiende entre Punta Bermeja, en Río Negro, y Punta Norte, en la Península Valdés, Chubut. 

“Después de los reveses judiciales que consideraron ‘hipotéticos’ los daños del proyecto pese a los anuncios de YPF, esta resolución ratifica que lo que ocurre en Río Negro no es progreso sino un negociado con las corporaciones del sector energético que deja contaminación y pobreza”, advirtió.

Impacto ambiental y biodiversidad en riesgo

La resolución, aprobada durante el Congreso Mundial de la Naturaleza 2025 en Abu Dabi, advierte que la expansión de los combustibles fósiles en los océanos pone en peligro crítico la biodiversidad marina y agrava la crisis climática y la extinción de especies. 

La UICN invoca los principios precautorio y de no regresión, establecidos en la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú, y exige que Argentina cumpla con los compromisos asumidos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientado a detener la pérdida de ecosistemas clave antes de 2030.

A principios de octubre, elDiarioAR recorrió el Golfo y habló con los protagonistas de dos modelos que colicionan, por un lado el que propone un desarrollo extractivo y por el otro, la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur. El proyecto para instalar buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo que lleva adelante Southern Energy generará, según la empresa, 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales. La compañía sostiene que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial y que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Para las organizaciones ambientalistas, la visión es otra. “Durante más de veinte años, mientras la Ley 3308 estuvo vigente, el Golfo San Matías pudo desarrollarse de manera equilibrada. Las Grutas creció como villa turística, la pesca artesanal se consolidó y las comunidades costeras encontraron una forma de vida en armonía con el mar. Pero desde que se modificó la ley en 2022, todo eso está en riesgo”, alertó Di Giacomo.

Según los especialistas, la derogación parcial habilitó proyectos petroleros que ya generan efectos sobre la vida costera: restricciones de acceso a playas, cierres de caminos utilizados por pescadores y pulperos, y un avance territorial de las empresas con apoyo estatal. 

“Si se concretan los puertos petroleros o los buques de GNL, el impacto sería devastador. Hablamos de contaminación crónica del agua y del aire, riesgo de derrames, y alteraciones en la temperatura y composición del mar. El Golfo San Matías y Península Valdés son ecosistemas únicos, y lo que está en juego es nuestra forma de vida y la salud de todo el litoral patagónico”, sostuvo.

La singularidad del Golfo

Raquel Perier, doctora en Biología y especialista en peces del Mar Argentino, explicó que el golfo posee condiciones únicas que mantienen el equilibrio de la biodiversidad: “Tiene una boca de 100 kilómetros entre Punta Bermeja y Península Valdés, profundidades de hasta 200 metros y movimientos circulares de sus aguas que hacen que cualquier contaminación se disperse lentamente. Esto permite la reproducción y supervivencia de muchas especies”.

Perier fue clave en los 90 para la creación de la ley provincial que prohibió la instalación de puertos petroleros en la costa atlántica de Río Negro, un logro que ahora debe defender nuevamente tras la modificación de la normativa en 2022, que habilita la actividad hidrocarburífera 

“No estamos en contra del desarrollo, lo que cuestionamos es el llamado ‘desarrollo sustentable’ que propone el gobierno, porque prioriza lo económico y el extractivismo, relegando lo social y ambiental. Defender el Golfo San Matías es cuidar la memoria, la identidad y el futuro de nuestras comunidades costeras”, señaló. 

Entre los proyectos que generan preocupación, destacó el oleoducto y el puerto petrolero que busca conectar Vaca Muerta con la costa del Golfo San Matías a través de más de 400 kilómetros, atravesando ríos, territorios de comunidades originarias y campos hasta llegar a Punta Colorada. 

“Estos proyectos ponen en riesgo directo la vida marina y las comunidades costeras. La instalación del puerto y los buques afectaría zonas clave de cría y tránsito de la ballena franca austral, lobos y pingüinos, y generaría contaminación crónica del agua y del aire”, advirtió.

La importancia estratégica de los golfos norpatagónicos

Roxana Schteinbarg, cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas, enfatizó la importancia del golfo dentro de los “golfos norpatagónicos”. “El Golfo San Matías, junto con los golfos Nuevo y San José, forma un sistema marino clave para la biodiversidad del Atlántico Sur. Protegerlo es garantizar el futuro de la vida marina y la salud del mar del que todos dependemos”.

Según Schteinbarg, el exhorto de la UICN abre una ventana de oportunidad para reforzar la protección del último gran golfo sin contaminación petrolera de la región. También sostiene que el único camino posible es detener las obras hidrocarburíferas y avanzar hacia una matriz energética más limpia, que no arrase con ecosistemas valiosos como el Golfo San Matías y Península Valdés.

“Ambos están conectados, generan vida y brindan sustento a las comunidades costeras. Por eso es fundamental que se restablezcan las normas que fueron derogadas y se restaure la protección ambiental”, concluyó Schteinbarg. 

Tres instituciones dedicadas a la restauración del Bosque Atlántico en Misiones informaron que llevaron a cabo la plantación de 100.000 árboles nativos luego de meses de una intensa labor.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Aves Argentinas, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) y el Ministerio de Ecología de Misiones, cuyo objetivo es recuperar uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados de nuestro país.

El Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico abarca parte de Argentina, Brasil y Paraguay, y es hogar de especies emblemáticas como el yaguareté, tucanes y lapachos. Es uno de los bosques con mayor biodiversidad del mundo, pero hoy se estima que solo queda el 7% de su superficie original. 

Actualmente es uno de los ecosistemas más fragmentados del planeta. Su restauración es clave para conservar la biodiversidad y enfrentar la crisis climática desde la acción local.

100 mil árboles nativos

La plantación de 100.000 árboles, según informaron, implica la recuperación de 246 hectáreas de selva, un beneficio para la naturaleza y las comunidades. Para este fin se movilizaron un total de 27 camiones repletos de plantines, sumado al incansable trabajo de un equipo de 30 personas que dedicaron más de 480 horas de trabajo a la planificación y plantación de cada árbol. 

De esta manera, se plantaron más de 37 especies emblemáticas de la selva misionera, incluyendo árboles fundamentales como el lapacho, petiribí, yvyrá pytá, timbó y yacaratiá, además de especies amenazadas y vitales para la biodiversidad como el palo rosa y el palmito. Cada uno de estos plantines es un paso firme hacia la restauración de un ecosistema más fuerte y resiliente.

“La restauración de ambientes es esencial para el futuro de las especies de aves que dependen del Bosque Atlántico para anidar, alimentarse y sobrevivir” manifestó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

“Cada árbol que plantamos es un paso más hacia un futuro en el que el Bosque Atlántico vuelva a ser un corredor de vida, biodiversidad y oportunidades para las comunidades que lo habitan”, expresó José Beamonte, encargado de restauración de ambientes y desarrollo sostenible.

La plantación simbólica del árbol número 100.000 se realizó este martes 21 de octubre en el predio del Parque del Conocimiento, Posadas, en el marco de una jornada de restauración participativa que reunió a representantes de las instituciones firmantes, estudiantes, voluntarios y vecinos de la zona.

Con información de NA.

IG

La capa de ozono que protege la Tierra se está recuperando y el agujero de la capa en 2024 fue más pequeño que en años recientes, informó una agencia meteorológica de la ONU en un informe publicado el martes.

El bajo nivel de agotamiento del ozono observado en 2024 se debió en parte a factores atmosféricos naturales que provocan fluctuaciones de un año a otro. Sin embargo, la tendencia positiva a largo plazo refleja el éxito de la acción internacional concertada, según señaló el Boletín sobre el Ozono de la Organización Meteorológica Mundial.

El informe, que ofrece alentadoras noticias científicas tanto para la salud humana como para la del planeta, fue emitido para conmemorar el Día Mundial del Ozono, celebrado el martes, y el 40º aniversario de la Convención de Viena, que reconoció el agotamiento del ozono estratosférico como un problema global y proporcionó el marco para movilizar la cooperación internacional en investigación, observaciones sistemáticas y evaluaciones científicas.

“Hace cuarenta años, las naciones se unieron para dar el primer paso en la protección de la capa de ozono, guiadas por la ciencia y unidas en la acción”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.

“La Convención de Viena y su Protocolo de Montreal se convirtieron en un hito del éxito multilateral. Hoy, la capa de ozono se está recuperando. Este logro nos recuerda que cuando las naciones escuchan las advertencias de la ciencia, el progreso es posible”, afirmó.

Hasta la fecha el Protocolo de Montreal ha llevado a la eliminación de más del 99 por ciento de la producción y consumo de sustancias controladas que agotan la capa de ozono, utilizadas en refrigeración, aire acondicionado, espumas contra incendios e incluso lacas para el cabello.

Como resultado, la capa de ozono está en camino de recuperarse a los niveles de la década de 1980 hacia mediados de este siglo, lo que reducirá significativamente los riesgos de cáncer de piel, cataratas y daños a los ecosistemas debido a la exposición excesiva a los rayos UV.

Con información de agencias.

IG

Desde el inicio del gobierno libertario de Javier Milei, la Argentina se encuentra atravesando un vertiginoso proceso de despojo de derechos (sociales, laborales, económicos, culturales, ambientales), que abre aún más las puertas a la desprotección y explotación de los bienes comunes naturales, así como al desmantelamiento de la normativa ambiental generada en los últimos treinta años, a partir de una arquitectura jurídica basada en una serie de políticas regresivas de tipo regulatorias, institucionales y presupuestarias.

Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas - Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA - CAJE) realizamos una sistematización de las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la “Ley Bases”. También incluimos aquellos hitos que implican una continuidad y/o aceleración de políticas públicas con impacto ambiental, que además de comprometer los bienes comunes naturales, afectan el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos por la Argentina en materia de cambio climático en foros multilaterales.

A lo largo de casi ochenta páginas, el informe pone de manifiesto el carácter rotundamente regresivo y desregulador asumido de modo explícito por el gobierno de Milei en el marco de un proceso ultraneoliberal de reforma del Estado, lo cual amenaza la sostenibilidad socioambiental y la vida democrática en su conjunto. Por regresión socioambiental nos referimos al deterioro y retroceso en las condiciones ambientales y sociales, impulsada por el desmantelamiento, la desregulación, la derogación y/o modificación acelerada y de carácter negativo de un conjunto de normativas, organismos estatales y políticas públicas asociadas a la protección de los bienes comunes naturales, la lucha contra el cambio climático, la reducción de desigualdades socioambientales y el acceso a la participación ciudadana y la justicia.

Queda evidenciado como la Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia. El negacionismo climático se convirtió en política de Estado. En nombre de una supuesta libertad, el gobierno de Milei ejecuta un programa de saqueo planificado: se derogan leyes, se destruyen organismos públicos, se entregan ríos y montañas, y se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Un plan sistemático de desguace que abre aún más a la desprotección y explotación de los bienes naturales, mientras nos deja indefensos ante los graves impactos de la crisis climática.

En la introducción analizamos las consecuencias de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que no son solo reformas sino blindajes jurídicos para legalizar y perpetuar el despojo. Luego, el informe se despliega en dos partes.

En primer lugar, describe la aceleración del extractivismo en todas sus facetas y evidencia el modo en que los gobernadores, envalentonados, se han montado sobre la ola libertaria, para avasallar resistencias y avanzar con megaproyectos extractivos en las distintas provincias. Combustibles fósiles, desmontes, minería del litio, minería metálica a cielo abierto, privatización de ríos y de represas, criminalización de la protesta, plan de inteligencia antidemocrático. También se abordan las consecuencias de eventos extremos como incendios e inundaciones, que han golpeado regiones o ciudades, ante los cuales la población se encuentra cada vez más desprotegida.

En segundo lugar, analiza hasta qué punto el negacionismo climático convertido en política de Estado implica la destrucción, vaciamiento y/o desfinanciamiento de organismos públicos y el desmantelamiento de normativa ambiental trabajosamente instalada en los últimos 30 años. Desde el Ministerio de Ambiente hasta el INTA, el INA (Instituto Nacional de Agua) y ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Dirección Nacional de Emergencias, entre otros. Y directamente la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Agroecología, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, entre otros. Innumerables leyes y fondos afectados, desmantelados o derogados, como la ley 26160, de emergencia territorial de comunidades indígenas, o la Ley de tierras (esto último, frenado por la justicia).

El delirio de desregulación del gobierno arremete incluso en contra de lo poco que en este país había de promoción de energías renovables (la ley de generación distribuida y el plan de fabricación nacional de calefones solares), así como desregula normativas de protección animal, que habilitan la exportación de ganado vivo (prohibida desde 1973) y desregula la exportación de fauna silvestre, lo que abre la puerta al tráfico de animales.

Es importante tener en cuenta que el programa político que se propone el actual gobierno de extrema derecha es integral, pues en lo económico, apunta a la ultraliberalización de la economía que se ejecuta a través de la desregulación del Estado en áreas clave, el endeudamiento externo y el ajuste fiscal, en favor de los sectores más concentrados de la economía. Esto se ha ido expresando en el desmantelamiento de políticas públicas ligadas a lo ambiental, a la salud, a la educación, a los sectores más vulnerables (comedores barriales, jubilados, movimientos sociales y sectores de la economía popular, personas con enfermedades graves, con discapacidad), los pueblos originarios, las mujeres, las diversidades. No es que dichas políticas públicas y organismos funcionaran de manera óptima, pero sin duda constituían una base regulatoria desde la cual reclamar derechos y reducir desigualdades.

En lo cultural, el actual gobierno se propone suprimir toda narrativa centrada en la defensa de la justicia (sea social, ambiental, étnica, de género, entre otros). La llamada “batalla cultural” conlleva un ataque a gran escala contra el campo de la cultura, la ciencia, la salud y la educación pública, el periodismo, incluso artistas populares, así como a la totalidad de los colectivos y sectores que buscan instalar una agenda de derechos (mujeres, indígenas, minorías sexuales, ambientalismo, entre otros), a quienes el gobierno libertario responsabiliza de un supuesto “adoctrinamiento”. Ya dijimos del alineamiento del gobierno con las posiciones más retrógradas del negacionismo climático, algo asociado a las extremas derechas a nivel global.

En lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos. Se advierte un retroceso en términos de derechos y garantías, en la tendencia abiertamente iliberal y antipluralista que se propone abiertamente obstaculizar la posibilidad misma de expresarse (contra la libertad de expresión y manifestación). Las reformas introducidas otorgan un poder punitivo a las fuerzas policiales y confirman la tendencia a la militarización de territorios extractivos, lo que aparece como altamente peligroso e inconstitucional. En suma, el objetivo no es solo producir confusión sino también miedo y desmovilización, a fin de generar una sumisión social absoluta que suprima no solo los derechos sino la posibilidad misma de manifestar. Todo lo dicho es de tal gravedad política e institucional que coloca en un tembladeral los cimientos mismos de la democracia en Argentina.

Así, el escenario regresivo que está en marcha desde diciembre de 2023 es claro y contundente. Una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social.

Por último, este Primer Informe de Regresiones Ambientales será presentado formalmente ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en organismos internacionales como las autoridades del Acuerdo de Escazú. Como acto de memoria colectiva, es necesario dejar constancia sobre los retrocesos y violencias de estos últimos tiempos. Pero también creemos que dicho informe puede ser una herramienta de contestación y resistencia, para imaginar y defender otro futuro, fundado en la protección de la vida, la defensa de los derechos y la participación democrática. Al sistematizar la regresión, también se busca señalar caminos para resistir y, pensar claves para reconstruir y defender lo común, activar redes de solidaridad y cooperación, exigir justicia. Porque narrar el saqueo y el negacionismo climático es urgente. Pero imaginar salidas también es un acto político. La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo.

En buena parte del paisaje desolado por los incendios durante el mes de agosto en el noroeste de España aún queda una tarea ingente por delante. Además de acabar con los focos restantes, las administraciones se enfrentan a una carrera contrarreloj para evitar los daños que afectarán al paisaje a largo plazo, pero sobre todo el peligro para las personas como consecuencia de posibles inundaciones, contaminación del agua y desprendimientos del terreno.

El trabajo más inmediato y urgente, señala Federico Grillo, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, es proteger a la gente en los pueblos donde el fuego destrozó las casas. “En estos lugares hay un riesgo de derrumbe de las fachadas o de parte de las viviendas”, advierte. “Estamos viendo imágenes en los medios de gente moviéndose por estos pueblos con gran peligro. Hay que precintar esa zona y esperar a que los estudien los técnicos”.

Lo mismo pasa con los caminos, donde hubo desprendimiento de piedras y en los siguientes días pueden caer más, según el especialista. “Y en el monte pueden quedar árboles medio quemados que se pueden caer por el viento y tocones ardiendo en los que se te puede colar el pie y hacerte mucho daño”, recuerda. “No hay que bajar la guardia”.

Una prioridad es garantizar que todos los espacios donde se hacen las captaciones de agua no estén contaminados por el arrastre de cenizas

Marta Corella — Vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales

“Otra prioridad es garantizar que todos los espacios donde se hacen las captaciones de agua no estén contaminados por el arrastre de cenizas”, afirma Marta Corella, vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales. “Porque, además, estas cenizas llevan también metales pesados e incluso cuando se potabilizan con cloro pueden hacer reacciones químicas que generan toxicidad”.

Una carrera contra el tiempo

Una vez repuestos los servicios esenciales para la población y evitado el riesgo inmediato para sus vidas, comienza una carrera contrarreloj para sujetar el suelo, impedir que la ausencia de vegetación tras el fuego facilite la erosión si vienen lluvias intensas y se desate una cascada de efectos negativos. “Es necesaria una intervención urgente y directa”, insiste Corella. “Hay que evitar a toda costa la pérdida de suelo”.

“El primer enemigo de la recuperación serán las lluvias torrenciales”, coincide Víctor Resco de Dios, profesor de incendios forestales y cambio global de Universitat de Lleida. “Es importante que las lluvias vengan pronto y vengan suaves, porque la fertilidad del suelo está en esos cinco centímetros superiores y si el agua lo arrastra se pierde el repertorio de semillas y se produce una pérdida ecológica importante”.

Por este motivo, en los próximos tres meses muchas poblaciones se lo juegan todo. “Hay que prestar especial atención a los espacios donde convergen las aguas que pueden generar avenidas torrenciales”, señala Corella. Si llueve con intensidad, en las zonas muy escarpadas los fenómenos erosivos serán peores, advierte Fernando Castedo, catedrático de la Universidad de León. “Estoy pensando en el Lago de Sanabria, por ejemplo, que es un candidato a que pueda haber problemas de calidad del agua. También puede haber desprendimientos de rocas o de laderas en montaña, con cortes de carreteras”.

Barreras contra la erosión

Para evitar el arrastre, los equipos encargados de la recuperación deben identificar las zonas más dañadas y tratar de frenar la erosión generando un acolchado con las hojas que han quedado en la zona (mulch) o extendiendo paja sobre el terreno. Lo siguiente es construir unas barreras con los restos de leña quemada, llamadas fajinas. “Lo que se suele hacer es construir estas barreras en las curvas de nivel, sujetas por estacas”, indica Grillo. A veces se atan y queda como una especie de cordón que recorre toda la ladera, relata.

“Es una obra faraónica, en muchos casos no llega a tiempo porque entre que se convoca la contratación, etc. se pasan los plazos”, subraya el especialista. “Esa es la parte que habría que desbloquear para poder trabajar lo antes posible, sobre todo estos dos o tres primeros meses en esas zonas más delicadas”. El trabajo requiere de la llegada de balas de paja en camiones o helicópteros y de personal que las extienda de manera uniforme. “También se suelen hacer algunos trabajos con maquinaria. Se le pasa un ripper, una especie de uña metálica que va en la parte trasera de una excavadora, que hace un surco en el suelo medianamente profundo que ayuda a la infiltración”.

La ceniza tapa los poros y se genera una reacción de hidrofobia, el agua encuentra una superficie sellada y corre mucho más rápido

Federico Grillo — Vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Porque uno de los principales problemas tras los grandes incendios es que la ceniza impermeabiliza el suelo y no solo no traga el agua, sino que esta se desliza a toda velocidad por su superficie. “El polvo de la ceniza, de varios centímetros de espesor, tapa los poros”, explica Grillo. “El suelo se colma y se genera una reacción de hidrofobia, el agua encuentra una superficie sellada y corre mucho más rápido”. “Además, el agua se convierte en un chocolate de barro y es mucho más destructiva”, añade Resco de Dios. “En el caso de los incendios de Galicia en 2017, el material arrastrado contaminó las rías”.

Esta situación puede generar mayor riesgo de colmatación de embalses. “Todos esos sedimentos bajan, los embalses pierden capacidad de retención de agua y podemos tener luego inundaciones”, indica el especialista. “Una lluvia ligera, de 60 litros por hora, en una zona boscosa apenas se nota porque el bosque es una esponja y retiene mucha agua. En zonas incendiadas esa misma lluvia de 60 litros puede generar unas inundaciones importantes, porque todo corre rápidamente y hemos acelerado el tiempo de viaje del agua”.

Montañas desnudas

Aunque el fuego siempre ha tenido un papel regenerador del paisaje, los expertos creen que estos megaincendios que cabalgan a lomos del cambio climático están sirviendo de vehículo para una desertización progresiva del paisaje, ya que la recuperación será cada vez más difícil. “Los incendios sí que están catalizando una transformación, una disminución del área forestal precisamente por estas condiciones de un otoño cada vez más seco y un aumento de las lluvias torrenciales”, asegura Resco de Dios.

Si te quedas sin suelo, te quedas sin sustento para la vida. La conjunción de suelo desnudo, precipitación torrencial y fuertes pendientes es la combinación perfecta para que se pierda

Fernando Castedo — Catedrático de la Universidad de León

Además de las vidas humanas que se han perdido, de ganaderos y agricultores que han visto desaparecer su modo de vida, a Castedo le preocupan los efectos irreversibles en los ecosistemas, que dejarán algunas áreas sin vegetación durante décadas. “El suelo no es un elemento renovable. Por lo menos a escala humana”, enfatiza el catedrático de la Universidad de León.

“El gran problema de cuando hay erosión es que esa capa superficial es donde se sustenta la vida, el árbol necesita tener una profundidad del suelo”, señala Grillo. “Si no tiene esa profundidad de suelo, no te cabe un árbol o se queda como un bonsái, no crece. O sea que la pérdida de suelo es en muchos casos irreparable”. “Volver a recuperar el suelo puede llevar milenios, y si te quedas sin suelo, te quedas sin sustento para la vida, tanto vegetal como animal”, remata Castedo. “La conjunción de suelo desnudo, precipitación torrencial y fuertes pendientes es la combinación perfecta para que se pierda”.

Para Marta Corella, lo sucedido es una demostración palpable de que es mucho menos costoso gestionar el territorio que extinguir un incendio y luego restaurar. “Es muy importante que las comunidades rurales vinculadas a ese entorno sean protagonistas, y que vean esta restauración como un espacio de oportunidades, que es lo que tendría que haber sido la gestión previa”, concluye. “Debemos prepararnos para los momentos de crisis, porque el cambio climático no va a desaparecer y esto va a suceder un año tras otro. Eso hay que tenerlo claro”.

Los incendios forestales del mes de agosto se han cobrado cuatro víctimas mortales y han arrasado ya el equivalente a 35 veces la extensión de la ciudad de Barcelona. Esto suma 348.000 hectáreas quemadas en lo que va de año y convierte a 2025 en el peor año de incendios del siglo XXI y de, al menos, las últimas tres décadas, solo superado por las más de 438.000 hectáreas quemadas en 1994.

Los datos no solo señalan a los dos grandes fuegos de Zamora-León y Ourense como los mayores de la historia de nuestro país, sino que ponen encima de la mesa una realidad que explica mejor la situación actual, según los expertos: 52 grandes incendios han quemado de media 6.000 hectáreas, 2.000 más que la media de los peores fuegos de años anteriores. Es decir, tenemos menos incendios en números globales, pero los que se desatan con fuerza son más voraces que nunca.

La fuerza de estos grandes incendios también radica en su velocidad para quemar miles de hectáreas en pocos días. El 7 de agosto, la superficie calcinada en España era similar a la media de años anteriores: unas 46.000 hectáreas, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). En apenas diez días, los incendios han arrasado con otras 300.000 hectáreas, tal y como se muestra en el siguiente gráfico.

“Crónica de una catástrofe anunciada”

“Cada vez tenemos menos incendios, porque somos muy buenos apagando la mayoría de conatos en periodos normales, pero en los periodos extremos los grandes fuegos entran fuera de capacidad de extinción, como ha pasado este año”, explica Federico Grillo, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. “A partir de unos dos metros y medio de longitud de llama, el fuego se considera fuera de nuestra capacidad de extinción”, señala. “Ahora mismo estamos teniendo incendios de 20, 30 o 40 metros de longitud de llama en los que a 200 metros de distancia notas ya el calor”.

Precisamente, la información provisional de Copernicus señala que varios incendios de este año se colocarían en el ranking de siniestros con más superficie quemada desde 1968.

Aunque los datos son provisionales, ya que las estimaciones del EFFIS calculan las áreas quemadas a partir del perímetro del incendio y pueden incluir dentro de esos límites zonas que se han salvado de las llamas o superficies no forestales, las cifras colocan en cabeza a los incendios de Zamora-León (Uña de Quintana) y el de A Rúa (Ourense).

“Estamos viviendo la crónica de una catástrofe anunciada”, añade Víctor Resco de Dios, profesor de incendios forestales y cambio global de Universitat de Lleida. En el año 1994 tuvimos medio millón de hectáreas quemadas en una sola temporada y hubo más de 20 fallecidos, recuerda, y la situación de crisis climática junto con la falta de prevención nos puede devolver a cifras similares. “Esto lo tenemos documentado desde 2016 en Canadá, Chile y Portugal y ya teníamos que haber tomado medidas”, asegura. “Probablemente estamos a punto de ver ya un rebote. Es muy posible que el 2022 ya fuera el primer punto dentro de esta nueva tendencia”.

Según los cálculos provisionales a partir de imágenes satelitales, los grandes incendios de este 2025 estarían en cifras récord. Solo 52 incendios de este año acumulan el 95% del área calcinada: de media, cada uno habría quemado más de 6.000 hectáreas. Es un registro inédito hasta la fecha.

“Lo que podemos esperar en los próximos años, lamentablemente, es más de lo mismo”, reconoce Joaquín Ramírez, ingeniero que lidera la empresa Technosylva, que trabaja junto al Departamento Forestal y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE). “Hemos tenido bastante suerte en la lotería de los incendios en los últimos años, quitando el de Zamora de 2022, y la causa de la situación de este año es la combinación de abandono rural, abandono de la gestión y situaciones de estrés de nuestras masas forestales”.

Probablemente estamos a punto de ver ya un rebote. Es muy posible que el 2022 ya fuera el primer punto dentro de esta nueva tendencia

Víctor Resco de Dios — Profesor de incendios forestales y cambio global de Universitat de Lleida

Estos grandes incendios se han cebado especialmente con el noroeste peninsular, epicentro histórico de los fuegos forestales en España. Con los últimos datos, los focos iniciados en tres provincias (Zamora, Ourense y León) concentran tres de cada cuatro hectáreas calcinadas en 2025.

La mayoría de estas zonas calcinadas se explican por incendios de alta intensidad y dimensiones, tal y como se ve en el siguiente mapa, actualizado con las últimas imágenes satelitales disponibles.

Incendios más severos e imprevisibles

Andrea Duane, investigadora de la Universidad California Davis, asociada al Centro de Tecnólogía Forestal de Catalunya (CTFC), destaca que en este caso se da una combinación de diferentes factores que hace que estos incendios sean más severos y quemen con una intensidad mayor de lo que quemaba históricamente. “Todo el mundo en Galicia dirá eso de que incendios ha habido toda la vida, y eso es totalmente cierto, pero no con estas intensidades”, señala.

Los pirocúmulos generan unas corrientes de aire extremadamente virulentas que lo hacen imprevisible y que son muy difíciles de de gestionar

Andrea Duane — Investigadora de la Universidad California Davis, asociada al Centro de Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC)

Se da la paradoja, destaca, de que estamos mejor preparados que nunca para afrontar estos incendios y, sin embargo, los más grandes queman más territorio. “Desde el satélite se han observado cinco eventos de pirocúmulonimbos durante esta semana pasada, que son estas nubes de tormenta que se generan durante la misma evolución del incendio”, subraya. “Estas nubes generan unas corrientes de aire extremadamente virulentas que lo hacen imprevisible y que son muy difíciles de gestionar por parte de los equipos de extinción”.

“Con el corazón en un puño”

En opinión de Federico Grillo, en esta ocasión se ha sumado la simultaneidad de varios grandes incendios, que resta la capacidad operativa, y que las grandes lluvias de primavera crearon corredores de vegetación baja que han conectado grandes zonas vulnerables. “Al haberse ido reduciendo la actividad agrícola y haber tenido años muy buenos con lluvias, lo que hacen es que lo conectan todo”, señala. “Es como una especie de extensión de combustible muy ligero, que hace que un fuego de pasto que no debería generar mayor problema corra muchísimo y tenga propagaciones e intensidades muy altas; la carga y la continuidad hacen que tengamos incendios fuera de capacidad de extinción”.

En esta situación, con fuegos tan violentos, por mucho que mojes el terreno en los alrededores, cuando llegue el fuego deseca totalmente la vegetación, asegura el experto. “Pensemos en el césped, que es una cosa que no arde, que está verde alrededor de las casas”, apunta. “En estos casos se seca antes de que llegue el incendio. Pero un rato antes. Y arde perfectamente”. Por eso la gran preocupación es el momento en que el fuego llega a la interfaz entre el campo y los pueblos o las ciudades, como pasó en Tres Cantos (Madrid) hace unas semanas.

Con estos grandes incendios de las últimas semanas estamos con el corazón en un puño. En cualquier momento puede haber un gran fuego con atrapamiento de personas

Federico Grillo — Vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

“Puede haber un impacto sobre un pueblo donde viva mucha gente, como ha sucedido en Mati (Grecia) en 2017, donde hubo 102 muertos, en Portugal, donde hubo unos 60 o en Maui, Hawái, con un montón de gente fallecida también”, asegura. “Y con estos grandes incendios de las últimas semanas estamos con el corazón en un puño. Viendo un poco cómo la gente no hace caso está habiendo un divorcio entre el operativo y el ciudadano, en cualquier momento puede haber un gran fuego con atrapamiento de personas”.

Irá a peor cada año

Ramírez coincide en que el principal problema es que tenemos zonas agrícolas abandonadas y vivimos en una sociedad básicamente urbanita que mira de lejos al medio rural y se centra más en la extinción que en la prevención. “Los datos muestran que son las zonas más protegidas las que están teniendo fuegos todavía más intensos, por esta acumulación de combustible, y estas situaciones serán cada vez más impactantes, porque la prevención es cada vez más limitada”.

Respecto a los años venideros, Resco de Dios se muestra pesimista. “En el futuro, las situaciones como las que estamos viviendo hoy serán anómalas, pero por abajo, porque habrán sido particularmente benignas, porque el cambio climático está apretando cada vez más”, advierte. “Pero creo que es importante también destacar que el destino no está escrito y que está en nuestras manos decidir qué es lo que queremos hacer con este problema, porque a través de la gestión podemos revertirlo y mitigarlo en gran parte”.

Las negociaciones para aprobar un tratado internacional sobre contaminación de plásticos fracasaron. Los negociadores no fueron capaces de llegar a un texto de consenso despúes de una fase final de negociación que duró diez días.

Con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambientela, las delegaciones de 180 países intentaron llegar a un acuerdo global durante las reuniones en la ciudad suiza de Ginebra.

Las delegaciones de los países implicados han mostrado su profunda decepción ante el resultado. En una serie de intervenciones, tras toda una noche de negociación para cerrar un texto final aceptable para todos, pidieron que, pese al resultado, el proceso no se detenga y se continúen los esfuerzos para aprobar el tratado.

Según los negociadores, este proceso diplomático debe mantenerse vivo y deben celebrarse nuevas rondas de negociaciones en base a los últimos textos presentados por los negociadores.

Las delegaciones pidieron que no se tire por la borda más de tres años de trabajo para logar un primer instrumento global para afrontar la crisis generada por la producción y el uso insostenible de los productos plásticos.

El borrador presentado por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, no ha recibido el apoyo esperado. Vayas habia mantenido durante todo el día numerosas reuniones con grupos de países para tratar de acercar posiciones.

Pese al rechazo, numerosos países implicado han explicado que esa última propuesta puede ser la base para continuar con las negociaciones. El texto anterior, que también había sido presentado por el embajador Vayas, había sido considerado “inaceptable” de manera casi unánime.

A pesar de los esfuerzos desplegados por el diplomático ecuatoriano, el texto revisado mantenía varios corchetes, lo que significaba que persistían las posiciones divergentes en varios puntos. Se notaba en particular que las diferencias recaían en gran parte en el nivel de compromiso que se planteaba.

Para la gran mayoría el tratado debe establecer medidas de obligatorio cumplimiento para frenar la contaminación de plástico, mientras que un grupo limitado de países (liderado por Arabia Saudí y que también incluía a otros países del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Estados Unidos) rechazó hasta el final esta visión y defendió que los compromisos debían ser voluntarios.

La organización ecologista Greenpeace dijo que la incapacidad de alcanzar un acuerdo en Ginebra “debe ser una llamada de atención para el mundo porque revela que poner fin a la contaminación por plásticos significa enfrentarse directamente a los intereses de los combustibles fósiles”.

“La industria petroquímica está decidida a enterrarnos por beneficios a corto plazo. Ahora no es momento de pestañear, es el momento de valentía, determinación y perseverancia. El llamamiento de toda la sociedad civil es que necesitamos un tratado firme y jurídicamente vinculante que reduzca la producción de plástico y ponga fin a la contaminación que produce”, señaló .