Para muchos habitantes de Argentina, lo que suceda en el norte de la provincia de Neuquén, en las localidades petroleras como Añelo, puede quedar un poco lejos. Algo de cierto hay en esa percepción. Entre esa ciudad bajo la que se extiende parte del yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina y la Capital Federal hay 1.200 kilómetros de distancia. Mientras que de Bahía Blanca, ciudad portuaria de la provincia de Buenos Aires, distan 640 kilómetros. Sin embargo, el entramado productivo de la extracción y exportación de petróleo y gas no termina en la provincia patagónica. Actualmente existen gasoductos, transportes y refinerías en otros territorios del país que cumplen un rol fundamental en la cadena productiva y que hacen posible que la rueda gire y gire cada vez más. En otras palabras, las terminales de Vaca Muerta van mucho más allá de Neuquén.

En ese contexto, la ONG estadounidense Earthworks trabaja apoyando a comunidades locales para evidenciar la contaminación derivada del petróleo, el gas y la minería, entre otras problemáticas ambientales. Para demostrar la contaminación del aire, la organización captura los gases invisibles al ojo humano a través de una cámara termográfica que también usa la propia industria. Con ese instrumento, Earthworks ha llevado a cabo tres viajes a Argentina en 2019, 2023 y 2026.

Ya en 2023 la cámara de Earthworks pudo capturar emisiones de gases en distintos puntos del yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén; en refinerías, centrales termoeléctricas y plantas petroquímicas de Bahía Blanca, y en la refinería de Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Este año sumó por primera vez a la provincia de Río Negro, precisamente para medir el nodo del gasoducto en San Antonio Oeste desde donde partirán los caños para alimentar a los dos buques de licuefacción de gas de Southern Energy, que comenzarán a operar a partir de 2027 anclados en el Golfo de San Matías, tan solo a 35 kilómetros de la ciudad turística de Las Grutas.

Junto a otras organizaciones ambientalistas, la ONG llegó antes que los barcos con la idea de establecer una línea de base de emisiones en este punto de infraestructura en expansión que pronto será el corazón de las exportaciones de gas licuado argentino.

“Las organizaciones decidimos ir a hacer una medición actual, que sería el momento cero en el que no están instalados estos proyectos, para en un futuro poder compararlos y así mostrar cómo esto fue alterando la calidad de aire de un ecosistema de alto valor de conservación”, sostiene María Marta Di Paola, miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, quien participó de la recorrida con Earthworks. El Golfo de San Matías, donde se instalarán los buques de licuefacción de gas, es un sitio clave de reproducción y cría de ballenas francas australes.

La cámara realizó sus registros desde las playas de “El Sótano” en las orillas de la bahía de San Antonio, en el Golfo San Matías. De esa manera, no se detectaron emisiones. “Ahora está prístino, superlimpio. Veamos cómo está la próxima vez que vengamos”, sostiene Patricia Rodríguez, analista y termógrafa de Earthworks, en referencia a cuando se terminen de concretar las obras para la instalación de los buques de gas natural licuado (GNL).

Emisiones a lo largo de toda la cadena

A diferencia de lo ocurrido en el Golfo de San Matías, el equipo de investigadores sí captó emisiones en su reciente visita a Neuquén y Bahía Blanca, al igual que en 2023. Este año, la captura de imágenes volvió a arrojar resultados. En Vaca Muerta, se capturaron imágenes de emisiones en 14 puntos y en Bahía Blanca y alrededores, en 8 ubicaciones, según adelantó Earthworks en una rueda de prensa, mientras los datos obtenidos están siendo procesados y sistematizados.

Las emisiones pudieron verse, como en los viajes anteriores, a lo largo de toda la cadena de valor, sin variar demasiado entre la infraestructura vieja o nueva. “Las emisiones se dan en todo tipo de infraestructura: vieja, nueva, es decir, no hay mucha distinción. Tal vez en las viejas puede haber más fugas por algún daño en las válvulas, pero con los venteos y con las emisiones parciales de los mecheros, no lo veo muy diferente”, explica Rodríguez.

Además, Rodríguez sostiene que pudo observar la expansión de la industria en comparación con 2023: “Vimos muchas más plantas, pozos, gasoductos, oleoductos, anacondas, camiones, mucha más presencia de todo lo que tiene que ver con la expansión de la infraestructura. Eso no era tan visible en 2023 y ahora está en todo el lugar. Claramente es una industria que está en expansión”.

En Bahía Blanca, las organizaciones recorrieron el polo petroquímico que abarca las localidades de Ingeniero White, Cerri y Puerto Rosales, donde se reciben, procesan y exportan el petróleo y el gas de la provincia de Neuquén. 

Di Paola, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó el objetivo del viaje a la zona: “Nos interesaba conocer qué pasa donde procesan todo lo que se extrae de Vaca Muerta”. En ese sentido, remarcó la importancia de visibilizar las emisiones que ya suceden en esos puntos de la provincia de Buenos Aires: “Siempre se habla de Vaca Muerta, y hablamos de lo que va a pasar en el Golfo San Matías, pero ya hay algo que está sucediendo hace muchísimos años en Bahía Blanca. Entonces, nos parecía importante incluir esa historia en el relato”.

Los instrumentos para evidenciar lo invisible

Earthworks trabaja con una cámara de imágenes ópticas de gas (conocida como OGI, por sus siglas en inglés), un instrumento fabricado por la compañía FLIR y utilizado también por la propia industria petrolera. Con esa cámara viajan a distintos sitios para medir los gases emitidos a la atmósfera por la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos en Estados Unidos y países como México, Colombia, Brasil y Argentina.

A simple vista la cámara podría confundirse con una grabadora de video de los años 90. Sin embargo, tiene la capacidad de llegar a temperaturas criogénicas (200 o 300 grados bajo cero) para poder capturar, con distintos filtros espectrales, las emisiones invisibles al ojo humano. Detecta hasta 20 gases, entre ellos metano, benceno, tolueno, propano y butano.

“Ya hace 12 años que estamos haciendo este trabajo porque se nos ocurrió la idea de que, si podemos evidenciar la presencia de gases de efecto invernadero y otros gases nocivos para la salud con las imágenes que tomamos, junto con las comunidades, podemos generar cambios y reducir las emisiones de metano vía presiones de la sociedad civil”, explica Rodríguez en diálogo con Climate Tracker América Latina.

Sin embargo, la cámara tiene limitaciones: no cuantifica. “Nosotros no usamos la cámara para cuantificar, la usamos para decir 'aquí hay un problema, ¿qué vamos a hacer?'”, aclara. Además, las muestras que puedan tomarse solo reportan que en ese momento y lugar hubo una emisión, pero no dan cuenta de algo sostenido en el tiempo. 

Cámara y satélite: lo que se complementa

Las imágenes satelitales, muy utilizadas como herramientas de medición de emisiones, también tienen sus limitaciones. Según Rodríguez, “hasta ahora lo que capturan son lo que se llaman 'supereventos', que son liberaciones masivas de metano. Pero no son todas, porque uno puede estar en terreno viendo con la cámara algo que está súper mal, pero que no sale en las imágenes satelitales, por diferentes razones, como que no tienen tamaño masivo para capturarse desde el satélite, o porque hay muchas nubes o porque hay muchos árboles”.

La diferencia técnica entre ambas es precisa: el satélite puede cuantificar la cantidad de metano liberado, pero solo detecta emisiones masivas (los llamados “superemisores”, que son emisiones de más de 100 kilogramos de metano por hora). La cámara OGI, en cambio, muestra las emisiones en el territorio y geolocaliza la fuente, pero no mide cantidades.

En línea con lo planteado por Rodríguez, un informe de 2026 del Rastreador Global de Metano de la Agencia Internacional de Energía (AIE) analizó las herramientas disponibles para captar las emisiones de gas y planteó que las cámaras OGI tradicionales pueden identificar y localizar con precisión a las fuentes de emisión pequeñas, pero producen visualizaciones cualitativas en lugar de estimaciones cuantitativas de tasas de emisión.

Además, el informe destaca que la detección de metano mejoró notablemente en los últimos años gracias a un mejor aprovechamiento de las redes satelitales existentes y el lanzamiento de nuevos dispositivos. Según la AIE, una gestión eficaz del metano requiere marcos de medición que combinen datos espaciales, aéreos y terrestres, y que tengan en cuenta a los “superemisores”.

El metano: un gas de efecto invernadero de corto plazo con efectos a largo plazo

El metano es un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera, por lo que se considera que tiene alto poder de calentamiento, a pesar de ser de vida corta.

Según el citado informe de la AIE, el sector de combustibles fósiles es responsable de alrededor del 35% de las emisiones de metano de origen humano. Sin embargo, el propio organismo sostiene que casi 85 millones de toneladas, es decir, el 70% de las emisiones fósiles de metano, podrían reducirse con tecnología ya existente.

La sección de América Central y del Sur del informe indica que la intensidad de emisiones de metano de las operaciones de petróleo y gas en Argentina y Ecuador es aproximadamente el doble del promedio global. Además, señala que los volúmenes quemados (flaring) en Argentina aumentaron más del triple entre 2015 y 2025.

Emisiones de metano en Argentina

A futuro, las emisiones de metano de Argentina abrirán diferentes escenarios según las políticas que se apliquen. Gabriel Blanco, ingeniero, investigador y coordinador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (CTAE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, junto con la investigadora Daniela Keesler analizaron cómo serían esas emisiones de metano en cuatro escenarios energéticos proyectados a 2050: un contexto de continuidad del modelo actual; uno de electrificación de los consumos con expansión de energías renovables; uno que propone la incorporación gradual del hidrógeno verde; y un escenario de bioenergía que promueve el uso masivo de biocombustibles.

La foto del presente ya muestra una tendencia en alza. Según el estudio, “en 2022, las emisiones de metano del sector energético en la Argentina alcanzaron 25.106 ktCO₂e, y se estima que en 2025 estén cerca de las 35.000 ktCO₂e. Es un aumento del 39%, asociado principalmente a la expansión de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta”.

Hacia adelante, la diferencia entre seguir con esta tendencia o cambiar de rumbo es enorme. Los investigadores plantearon que “bajo el escenario tendencial, con crecimiento sostenido de la demanda interna y proyectos de exportación, las emisiones podrían escalar hasta 56.300 ktCO₂e en 2050, duplicando las emisiones fugitivas respecto de 2025. En contraste, los escenarios alternativos proyectan emisiones casi nulas (300-400 ktCO₂e), limitadas a la generación eléctrica con biomasa y al uso de biocombustibles”.

Esa caída abrupta no sorprende a los autores: los escenarios alternativos están construidos sobre la premisa de llevar los gases de efecto invernadero casi a cero. Lo importante, según Blanco, es que demuestra que “es posible transformar el sistema (energético) desde lo técnico y lo tecnológico, porque si no se dice todo el tiempo que no se puede. Es cierto que no se hace de un día para otro, pero sí se puede, y eso es fundamental”. Además, el investigador destaca que la salida de los fósiles trae aparejados muchos otros asuntos que resolver según cada tecnología, por ejemplo, el requerimiento de minerales críticos necesarios para la electrificación. 

El análisis concluye que “resulta imprescindible cuestionar la orientación de muchas de las medidas de mediano y largo plazo que organismos internacionales proponen como vía de mitigación. Aun cuando aparecen revestidas de innovación tecnológica o de sofisticación regulatoria, en la práctica refuerzan la misma lógica extractiva y centralizada que sostiene la dependencia de los combustibles fósiles. Se trata de soluciones que ajustan el modelo actual y así extienden su vigencia bajo nuevas formas, en lugar de habilitar un cambio real de modelo energético. Superar esa lógica es una condición indispensable para encarar una transición energética profunda y coherente con los objetivos climáticos”.

La falta de datos, una continuidad

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue una de las promotoras y organizadoras del viaje interprovincial. En diálogo con Climate Tracker, Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la fundación, analizó la problemática de la falta de datos sobre calidad del aire en el país. “No hay mediciones de la calidad de aire rigurosas y sistemáticas. Lo que demuestra el viaje, más allá de las imágenes puntuales, es que hay opacidad”, sostuvo, y agregó: “Los estados nacionales y provinciales no realizan las mediciones. No hay información porque no realizan las mediciones que tienen que hacer”.

Esta problemática, según Slipak, se sostuvo a lo largo del tiempo: “Adrede, a mi juicio, los distintos gobiernos nacionales y provinciales que pasaron no han tomado medidas políticas para que se hagan esas mediciones. Con una actitud complaciente hacia la industria hidrocarburífera, para que no tenga que internalizar más costos”.

Además, el organismo encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas nacionales de desarrollo sostenible, protección de los bienes naturales y lucha contra el cambio climático sufrió una degradación no solo en materia institucional, sino también presupuestaria desde la llegada al gobierno de Javier Milei. Así lo explica el último informe de FARN: “El Ministerio de Ambiente fue reducido al rango de subsecretaría y, durante 2024, su presupuesto registró un recorte real del 79,4% en relación con los fondos ejecutados en 2023. En 2025 el ajuste se profundizó: la Subsecretaría de Ambiente presentó una caída real del 80,8% respecto de 2023. Para 2026, en caso de ejecutarse la totalidad de los fondos previstos, se proyecta una reducción real del 79,6% en comparación con 2023”.

Asimismo, la fundación dimensionó lo que significaba el organismo dentro del presupuesto nacional: “Hacia 2023 el peso del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el presupuesto total era de un 0,12%, mientras que para los años de la gestión del actual Gobierno resulta estructuralmente de un 0,03%”.

Argentina y sus compromisos climáticos

Argentina suscribió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27.270. En diciembre de 2020, firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en la que se comprometió a no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. Sin embargo, bajo la gestión de Javier Milei, los esfuerzos para alcanzar esa meta se desaceleraron. Durante la COP30 de 2025, Argentina no actualizó su NDC.

“La falta de presentación de la NDC 3.0 no constituye un mero retraso administrativo, sino que simboliza un debilitamiento del compromiso político con la gobernanza climática internacional y profundiza la incertidumbre sobre la trayectoria nacional de reducción de emisiones”, advierte el ya mencionado informe de FARN.

Argentina tiene, además, compromisos internacionales vinculados específicamente al metano. Desde 2018 forma parte de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), en la que distintos gobiernos, empresas e instituciones se comprometen a reducir contaminantes de vida corta como el metano y el carbono negro. También integra la Iniciativa Global del Metano (GMI), que fomenta la recuperación y el uso del metano como fuente de energía.

Climate Tracker consultó a la Subsecretaría de Ambiente si había fecha estimada para la presentación de la tercera NDC, que debía realizarse en febrero de 2025 y a qué se debía esa demora. Asimismo, se consultó qué políticas se están aplicando actualmente desde la subsecretaría para reducir las emisiones de metano, y si hay mediciones periódicas o permanentes por parte de la subsecretaría y las acciones que se ejecutan con los datos obtenidos. También consultó acerca de las acciones que se implementan en el marco de los compromisos internacionales firmados. Al cierre de esta nota, no se recibió respuesta del organismo. 

Los subsidios a la expansión: el RIGI y el Super RIGI

En este contexto, surgió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Congreso Nacional en 2024, que ofrece estabilidad fiscal por 30 años a grandes proyectos de inversión que superen los USD 200 millones. Según Slipak, “el RIGI no es solamente un régimen de incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros a grandes proyectos de inversión, sino que también es un régimen jurídico que regula contra el ambiente”. El ya citado informe de FARN, destaca que el RIGI “establece un orden de prioridades en el acceso a recursos estratégicos, como el agua y la energía, favoreciendo a estos emprendimientos por sobre las necesidades de las poblaciones locales”.

Y es que varios de los proyectos que entraron a ese régimen están directamente vinculados a la cadena de Vaca Muerta. Según el informe de mayo de 2026 del Observatorio Rigi: “Entre 2024 y 2026 se presentaron 36 proyectos por más de USD 106.104 millones, de los cuales 30 corresponden exclusivamente a sectores extractivos: minería (20 proyectos) e hidrocarburos (10 proyectos).” En materia de petróleo, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) fue aprobado en el RIGI en 2025 y conectará la ciudad de Allen, provincia de Rio Negro con una terminal de exportación en Punta Colorada, sobre el Golfo de San Matías, a lo largo de más de 400 kilómetros.

En cuanto al gas, el consorcio Southern Energy ingresó al RIGI en 2025 el proyecto que contempla la instalación de dos buques de licuefacción de gas (Hilli Episeyo y MKII) en la costa rionegrina del Golfo de San Matías, que comenzará a operar en 2027. Asimismo, en junio de este año, ingresó al RIGI al proyecto del Gasoducto San Matías que trasladará el gas desde Neuquén hasta el golfo.

El pasado 8 de mayo, el gobierno nacional anunció el Super RIGI, una versión con beneficios fiscales aún mayores, entre ellos, una tasa de impuesto a las ganancias del 15% en lugar del 25% del RIGI original. El proyecto apunta a inversiones de más de 1.000 millones de dólares en sectores que incluyen GNL onshore y nuevos productos petroquímicos, entre otros.

Mientras tanto, Di Paola asegura que “Vaca Muerta no se podría seguir expandiendo si no tuviera como contracara Bahía. Y está claro que el Golfo San Matías va a ser el nuevo polo de exportación y es la infraestructura clave necesaria para que Vaca Muerta pueda seguir desarrollándose”. Por lo mismo, advierte que “la expansión en la producción de hidrocarburos se va a correlacionar con un incremento de las emisiones de metano”. 

Así, Bahía Blanca, donde la cámara registra emisiones desde 2023, se presenta como una ventana al futuro de lo que podría suceder en el Golfo. Las terminales de Vaca Muerta se siguen expandiendo. Las emisiones, de sostenerse el estado de las cosas, también lo harán.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

“Hace un año, esto habría sido un sueño descabellado”, afirma Andrea Ceccolini, de pie sobre el hielo marino del Ártico, a poco más de seis kilómetros en moto de nieve de la localidad inuit de Cambridge Bay, en el norte de Canadá. A su izquierda, se extienden estanques de agua de deshielo azul celeste, formados en los últimos días por un sol que ya no se pone en el verano del extremo norte. A su derecha, el hielo marino sigue siendo de un blanco brillante y la ligera capa de nieve que lo cubre continúa resplandeciendo.

“Es increíblemente diferente, el límite… se puede señalar con el dedo”, observa. La diferencia es el resultado de un innovador experimento de geoingeniería que está llevando a cabo la empresa de Ceccolini, Real Ice, con financiación del Gobierno del Reino Unido.

Cinco meses antes, el equipo había desafiado temperaturas de -40ºC sobre el hielo marino para perforar agujeros y bombear 50.000 toneladas de agua del océano hasta la superficie. Esta se congeló casi de inmediato, lo que, según las nuevas mediciones, aumentó el espesor del hielo —de 1'5 metros— en unos 50 cm.

Esto ha protegido el hielo, al menos al comienzo de la temporada de deshielo, y es un primer indicio de que, quizá algún día, sea posible volver a congelar una parte significativa del Ártico.

“La temperatura más baja fue de -63ºC”

A nuestro alrededor, el hielo se está derritiendo rápidamente. La frágil superficie blanca se transforma en charcos azules que llegan hasta las pantorrillas, dejando al descubierto burbujas de aire en el hielo transparente que hay debajo. Las temperaturas en la bahía superan los 5ºC, mucho más altas que los valores normales de entre -6ºC y 1ºC que se esperan en esta época del año. “Esto está realmente fuera de lo normal”, afirma Ceccolini.

Esto no solo está ocurriendo en Cambridge Bay, llamada Ikaluktutiak por los inuit, que significa “el lugar de la buena pesca”. En todo el Ártico, el hielo marino está desapareciendo rápidamente debido a la crisis climática. El hielo estival se ha reducido en aproximadamente un 40% en los últimos 45 años. Esto ha desencadenado uno de los círculos viciosos más peligrosos del sistema climático.

El hielo refleja el 70% del calor del sol de vuelta al espacio, mientras que el océano abierto solo refleja el 7%. Cuanto más se expone el mar debido al deshielo, más se calienta y mayor es el deshielo. El hielo marino estival podría desaparecer en la década de 2030, y a los científicos les preocupa que el aumento de la temperatura pueda llevar al clima a un punto de inflexión catastrófico e irreversible.

Sobre el hielo, el equipo se dedica a medir todo lo que puede: la temperatura cada 2 cm de profundidad, largos núcleos para determinar la salinidad, la estructura del hielo y realizar análisis biológicos. Y lo que es más importante, el grado de reflectividad de la zona que han vuelto a cubrir de hielo. Un dron sobrevuela la zona en su recorrido diario, registrando el área con una resolución de hasta 5 cm.

A pesar del cielo azul y del sol intenso, todavía hace frío sobre el hielo debido al viento. Pero el invierno vivió un nivel de frío totalmente diferente. “El día más gélido fue de -63ºC de sensación térmica”, afirma Simon Woods, cofundador de Real Ice junto con Cían Sherwin. Las temperaturas extremas impidieron al equipo salir al hielo en aquel momento, pero trabajaron a temperaturas de -40ºC, vigilándose mutuamente de cerca para detectar cualquier signo de congelación.

Según Ceccolini, “en una tormenta de nieve, sin los guías inuit no sabríamos cómo volver a casa, no se ve nada a 10 metros de distancia”. La fauna silvestre supone otro peligro, desde la posibilidad de encontrarse con osos polares hasta que los zorros árticos muerdan los cables del equipo.

En enero y febrero, las bombas funcionaron un total de 1.080 horas, cubriendo de hielo una superficie cuadrada de unos 450 metros de lado. Estas pequeñas bombas consumen menos energía que una tostadora, ya que solo bombean el agua desde la parte más próxima al hielo hasta justo por encima de él.

Los resultados ya se aprecian desde el espacio y los miembros del equipo están deseando ver las últimas imágenes de satélite en su reunión matutina. En ellas se aprecia cómo la zona de pruebas se perfila como una isla blanca en un mar azul, unos días después de que comenzara la temporada de deshielo.

Durante el proceso de aumento del espesor del hielo, el agua de mar bombeada convierte la capa de nieve de la superficie, que es un excelente aislante, en aguanieve y posteriormente en hielo. Esto hace que el frío extremo del aire penetre mejor a través del hielo, lo que estimula un mayor crecimiento del hielo en la parte inferior.

Ahora el equipo realiza el bombeo al final del invierno, por lo que la nueva capa de nieve tiene menos tiempo para acumularse. También han descubierto que realizar dos rondas de bombeo separadas mejora los resultados.

El año pasado, Real Ice añadió unos 30 cm, y este año el espesor adicional es de 50 cm, según Ceccolini. Puede que no parezca mucho, pero una camioneta puede circular sobre 30 cm de hielo, y eso puede alargar la vida útil del hielo entre 7 y 10 días, explica.

Además, ha habido una ventaja adicional: el hielo creado por el equipo es más brillante y reflectante que el hielo natural de los alrededores. “Eso fue totalmente inesperado”, afirma Ceccolini. Una posible explicación es que el hielo artificial, al congelarse rápidamente, atrapa más burbujas de aire, lo que lo hace más opaco que el hielo natural, que se congela de forma gradual.

Expertos en hielo marino de la Universidad de Washington están trabajando de forma paralela en el lugar para dar con la respuesta. El profesor Roger Marchand y Melinda Webster pasan horas cada día sobre el hielo para medir con precisión su reflectividad y su salinidad. Este último factor es importante, ya que el hielo salino se derrite a una temperatura más baja.

Webster, científica polar que ha trabajado en el Ártico todos los años desde 2009, afirma que el calentamiento global ha cambiado radicalmente el paisaje a lo largo de ese tiempo. “Tiene un aspecto muy diferente porque el hielo ha ido adelgazando a lo largo de las décadas”, asegura.

Sherwin, cofundador de Real Ice junto con Woods, observa un remolino reluciente en el que el agua se precipita hacia un agujero en el hielo. Se trata de una prueba de otra herramienta para combatir el deshielo del Ártico. Hace un par de años, el equipo se percató de que se habían formado de forma natural algunos agujeros de este tipo, por lo que decidieron perforar ellos para hacer unas pruebas.

El día anterior, Sherwin había clavado en el hielo una larga broca plateada, cuyo zumbido dejó media docena de agujeros, cada uno de 5 cm de ancho. Era como sacar el tapón de una bañera. En cuestión de minutos, el agua ya se arremolinaba por el agujero.

Pero eso solo fue el principio: los agujeros en el hielo se ensanchan rápidamente, probablemente debido al calor del agua de deshielo. “Tendrá el tamaño de un plato llano en 45 minuto”, dijo Sherwin. Un día después, los agujeros tienen el tamaño de alcantarillas —y suponen un nuevo peligro para los investigadores—.

Al drenar los charcos de deshielo, el hielo brillante que hay debajo queda expuesto de nuevo, lo que aumenta el reflejo del calor del sol. Las imágenes aéreas tomadas con drones muestran que los seis agujeros de prueba perforados han aclarado visiblemente la zona. El experimento se encuentra en sus primeras fases, pero Ceccolini afirma: “Quizá eso le dé al hielo una semana más”.

“Todo el mundo usa el hielo”

“El hielo es muy importante para nosotros”, afirma Kyle Weese, uno de los guías inuit que trabaja con Real Ice. Aproximadamente el 83% de la población de Cambridge Bay es inuit. “Todo el mundo utiliza el hielo para desplazarse, recolectar alimentos y pescar. Se utiliza para cruzar al continente y practicar la caza del caribú o del alce. Allí abundan mucho”, cuenta.

Weese, de 34 años, ha sido testigo de primera mano del cambio climático. “El hielo es más fino. La congelación tarda más de lo normal y el deshielo se produce ahora más rápido. Sin duda, está cambiando”, afirma. El calentamiento también está trayendo nuevos riesgos desde el sur: “Los osos pardos también están apareciendo por aquí”, explica con su rifle a mano.

Weese está encantado de colaborar con Real Ice: “Al principio, la idea puede parecer una locura, pero no pretende dañar el medio ambiente, sino, al contrario, ayudarlo. Es bueno saber cómo está cambiando para que podamos adaptarnos a ello e intentar preservarlo”.

Real Ice cuenta con una subvención de cuatro millones de euros de la Agencia de Investigación e Invención Avanzadas del Reino Unido como parte del programa de la agencia para el reespesamiento del hielo marino del Ártico. Al comienzo del proyecto, consultó a la comunidad y obtuvo la aprobación para la investigación por parte de las autoridades locales y, lo que es más importante, de la Organización de Cazadores y Tramperos de Ekaluktutiak.

“Lo más importante es que aprendemos de los inuit”, afirma Sherwin, incluso a la hora de determinar la ubicación exacta del lugar de ensayo —alejado de las zonas de caza—, cómo desplazarse sobre el hielo y cuál es el mejor lugar para hacer los agujeros.

Tal y como un responsable local declaró a The Guardian, no hay indicios de oposición al proyecto en Cambridge Bay: “Su implicación local es la mejor que he visto: desde el principio se ha dado prioridad a la comunidad”.

Drones submarinos

La gran pregunta es: si futuras investigaciones demuestran que este experimento es eficaz y seguro para restaurar el hielo marino, ¿se podría llevar a cabo a gran escala? Recurrir a equipos de personas sobre el hielo para hacerlo resultaría prohibitivamente caro, pero se está probando una alternativa: los drones submarinos autónomos.

Un prototipo se sometió a pruebas este mes de febrero en el golfo de Botnia, en Finlandia, perforando agujeros en el hielo marino con una sonda calentada eléctricamente. Ahora se está perfeccionando en colaboración con el Instituto de BioRobótica de Pisa, en Italia. Hacerlo todo desde debajo del hielo, aunque pueda parecer contradictorio, es mucho más fácil que intentar desplazarse por los campos de hielo en condiciones de frío extremo, afirma Ceccolini.

Bajo la superficie del mar, la temperatura se mantiene constante a -1,6ºC. “Todo funciona sin problemas: la electricidad, las baterías, las bombas… Solo hay que asomar la nariz por el hielo, bombear agua y volver a sumergirse”, explica. La visión es la de un enjambre de drones submarinos propulsados por hidrógeno que se centren en la zona más avanzada de la pérdida de hielo.

La superficie de hielo marino estival que ha desaparecido desde 1979 es de unos 3 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de la India. Cada año se pierden, de media, otros 80.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la superficie de Escocia o de Kansas.

“Ese podría ser un punto de partida”, afirma Ceccolini. “Aunque solo haya 20 cm de hielo, sigue reflejando la luz solar”, explica. Y a un nivel mucho más local, el aumento del espesor del hielo marino podría hacer más seguras las rutas de las que dependen los inuit.

Si los drones submarinos cuestan unos 4.300 euros cada uno, la estimación aproximada de Real Ice es que detener la reducción anual del hielo marino del Ártico costaría 8.600 millones de euros a largo plazo. A modo de comparación, esa cifra equivale a los beneficios extraordinarios obtenidos por las 100 principales empresas petroleras en menos de 15 días después de que la guerra de Irán disparara el precio del petróleo. Si bastara con perforar agujeros de drenaje, la solución sería considerablemente más barata, ya que no sería necesario bombear.

Marchand, de la Universidad de Washington en Seattle, afirma: “Si esto se puede llevar a cabo a una escala lo suficientemente grande como para tener relevancia climática es una cuestión difícil y aún sin resolver”.

“Pero creo que en Real Ice están haciendo lo correcto. Están intentando comprender los aspectos físicos de lo que está ocurriendo para utilizar ese conocimiento para responder a la pregunta, en lugar de limitarse a dar por sentado que es factible. Van paso a paso”, concluye.

¿Peligroso para el medio ambiente?

La geoingeniería es un tema controvertido, y un número significativo de científicos polares se opone a la idea de aumentar el espesor del hielo marino. En septiembre publicaron una crítica en la que argumentaban que era inviable, que sería “peligrosa para el medio ambiente” y que suponía una distracción peligrosa respecto a la necesidad climática fundamental de reducir rápidamente las emisiones de carbono.

El profesor Shaun Fitzgerald, director del Centro para la Reparación Climática de la Universidad de Cambridge, que acude regularmente al hielo con el equipo, coincide en que la reducción de las emisiones es “absolutamente necesaria”, pero considera importante explorar otras opciones.

“Cualquier novedad conlleva el riesgo de consecuencias no deseadas”, afirma. “Lo comparo con los ensayos clínicos: los nuevos medicamentos pueden ayudar de verdad a las personas, pero debemos actuar con muchísima cautela y comprender cuáles son los riesgos”.

A Fitzgerald le preocupa el posible riesgo moral, es decir, que la geoingeniería pueda considerarse una solución milagrosa y reduzca el impulso para reducir las emisiones, aunque sostiene que, hasta la fecha, hay pocas pruebas que lo respalden. “Creo que investigar es lo correcto. Pero respeto a quienes tienen un punto de vista diferente”, afirma.

Ceccolini lo respalda: “Estamos aquí para resolver las cuestiones de investigación. ¿Es eficaz el engrosamiento del hielo?, ¿tiene efectos secundarios? y ¿se puede aplicar a gran escala de forma rentable? Luego hay cuestiones más amplias, como: ¿Están interesados los gobiernos, los responsables políticos y las comunidades? ¿Está la sociedad abierta a este tipo de soluciones?”.

Una cuestión pendiente es qué efecto tiene sobre la ecología el hecho de verter agua de mar sobre el hielo. Sobre el hielo, los rastros de fauna silvestre quedan atrapados en pequeños charcos de agua: restos de algas, excrementos de zorro, heces de ganso. Su color oscuro absorbe el sol y los derrite, integrándolos en el hielo.

El hielo marino natural tiene un sabor fresco porque prácticamente toda la sal se expulsa al formarse los cristales de hielo a partir de las moléculas de agua. Bombear agua de mar sobre el hielo hace que suba la sal, así como nutrientes y microbios. Un biólogo de la Universidad de Cambridge está analizando actualmente las muestras.

Otra posible preocupación es que inundar la nieve invernal con agua de mar podría impedir que los osos polares y las focas excaven madrigueras para sus crías, aunque ninguno de ellos utiliza la zona de Cambridge Bay para reproducirse.

“Se trata de una investigación que hay que llevar a cabo y que se irá realizando a medida que avancemos”, afirma Sherwin, que se formó como zoólogo y se sintió fascinado por la fauna silvestre desde su infancia en el condado de Cavan, en la República de Irlanda.

Cuando Woods y Sherwin fundaron el proyecto, lo primero que hicieron fue viajar al Ártico. “Fuimos a Iqaluit (la capital de Nunavut, en Canadá) y simplemente planteamos a las principales partes interesadas la siguiente pregunta: '¿Es esto interesante o valioso para vuestra comunidad?'”, explica Woods. “Recibimos una respuesta abrumadoramente positiva y pensamos: 'Vale, intentémoslo'”. Real Ice, que en la práctica es una empresa sin ánimo de lucro, se constituyó en 2022.

De vuelta en el hielo, Sherwin está tomando la última serie de mediciones. Su visión del futuro es clara: “Nos gustaría que la investigación siguiera avanzando de tal forma que podamos formar una opinión fundamentada sobre cómo se presenta esto a gran escala, si es que llega a escalar”.

Ceccolini afirma que “el sueño es que sean las comunidades indígenas las que se encarguen de aumentar el espesor del hielo marino”. “Imagínate por lo que están pasando, con el riesgo de perder su cultura, de perder a sus jóvenes, de que la gente simplemente se marche”.

“Podrían hacer algo que contribuya a preservar su cultura, básicamente dedicándose a la conservación, porque de eso es de lo que estamos hablando. Se trata de un proyecto de conservación del ecosistema”, concluye.

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio, una fecha impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para fomentar la acción global en favor de la naturaleza y promover hábitos más sostenibles. Se trata de una de las efemérides ambientales más importantes del mundo y cada año moviliza a gobiernos, organizaciones, empresas y ciudadanos en torno a una causa común: el cuidado del planeta.

La jornada tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo, Suecia. A partir de ese encuentro histórico, la ONU estableció el 5 de junio como una fecha destinada a visibilizar los problemas ambientales y a impulsar soluciones que permitan preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

En la actualidad, el mundo enfrenta desafíos ambientales de gran magnitud. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los océanos, la deforestación y la generación de residuos son algunas de las problemáticas que afectan a millones de personas y ecosistemas. Especialistas coinciden en que las acciones que se tomen durante las próximas décadas serán determinantes para el futuro del planeta.

El Día Mundial del Medio Ambiente busca recordar que la protección de la naturaleza no depende únicamente de los gobiernos o las grandes organizaciones. Las decisiones cotidianas también tienen un impacto significativo. Reducir el consumo de plásticos de un solo uso, ahorrar energía, utilizar medios de transporte sostenibles, reciclar y cuidar los espacios verdes son algunas de las acciones que contribuyen a disminuir la huella ambiental.

En Argentina, la fecha suele estar acompañada por actividades educativas, campañas de concientización, jornadas de limpieza, plantación de árboles y propuestas impulsadas por escuelas, municipios y organizaciones ambientales. Estas iniciativas buscan fortalecer el compromiso ciudadano con la conservación de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.

Además de alertar sobre los riesgos ambientales, la jornada transmite un mensaje de esperanza: todavía es posible construir un modelo de desarrollo más equilibrado y respetuoso con el entorno. La innovación tecnológica, las energías renovables y los cambios en los hábitos de consumo aparecen como herramientas fundamentales para avanzar hacia un futuro más sostenible.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y la naturaleza. Más que una simple efeméride, es un llamado a la acción para proteger el planeta que compartimos y garantizar un mundo más saludable para las generaciones presentes y futuras.

NB

Poco o nada se debate en la sociedad sobre las consecuencias ecológicas y sociales del modelo forestal de especies exóticas, como el pino y el eucalipto ya que se trata de plantar árboles y, ¿por qué eso podría ser malo? Mientras los gobiernos y corporaciones forestales ocultan los impactos negativos, también lideran y organizan campañas sistemáticas de desinformación. Se alimenta el mito de las bondades de los monocultivos forestales instalando fraudulentos carteles en las rutas, llamando bosques a sus plantaciones y resaltando que representan algún beneficio ambiental y social.

Pero quienes habitamos el territorio, somos testigos de que nuestro entorno está siendo sacrificado para beneficio de solo un puñado de corporaciones. Los impactos negativos de este modelo son muchos y diversos, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. El modelo forestal, aunque se pinte de verde, ya es reconocido por las comunidades locales como un actor de dominación y depredación de la vida de los pueblos y la naturaleza.

Greenwashing certificado

Cuando hablamos de un bosque, nos imaginamos solamente árboles, pero en sólo una hectárea de bosque nativo podemos encontrar decenas de organismos leñosos distintos -disetános, que van desde pequeñas plántulas a muchos metros de altura- coexistiendo con helechos, enredaderas, epífitas, hongos, y siendo el hábitat de una amplia diversidad de animales con requerimientos distintos de refugio y alimento.

En cambio, en una hectárea de monocultivo forestal encontramos solamente clones de árboles de una especie, pensados y diseñados para que crezcan y sean cortados en un corto período de tiempo. Es un cultivo que al impedir el ingreso de luz, impide también el desarrollo de otras especies vegetales que son fuente de alimento para la fauna local, convirtiéndose en un desierto verde para los animales nativos.

A pesar de las intensas campañas de greenwashing de las corporaciones forestales, es necesario dejar en claro que estas plantaciones no son bosques y no vienen a salvarnos de las consecuencias del cambio climático. Por el contrario, son monocultivos creados y sostenidos artificialmente por el ser humano, destinados a extraer agua y nutrientes de nuestros suelos para producir, de la manera más veloz posible, la madera o pasta de celulosa que será sacada del territorio.

Es por ello que una de las cuestiones más polémicas es que estas plantaciones, además de los innumerables privilegios y exenciones impositivas y financieras (Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y ahora el RIGI), reciben también millonarias compensaciones económicas con la venta de “bonos de carbono” al mercado internacional. Estos monocultivos promocionan el “servicio ecosistémico” de absorción de dióxido de carbono (CO2), muy limitado por el corto tiempo de almacenamiento, como una paliativo a la crisis climática. Pero lo cierto es que nunca una actividad con tantos impactos negativos, que destruye la diversidad de la vida, puede ser una solución ecológica.

Asimismo, la mayoría de las empresas forestales insólitamente obtienen “certificados de manejo forestal”. Este perverso mecanismo de certificación es otro elemento de propaganda de la actividad ante los cada vez más evidentes impactos sociales y ecológicos. 

Zonas de Sacrificio

La actividad forestal se encarga de convertir a ecosistemas como humedales y pastizales en zonas de sacrificio en el altar de las ganancias de las corporaciones. Para avanzar sobre ellos, oculta o minimiza el enorme rol ecológico de estos ecosistemas.

Además todas estas plantaciones se realizan sin un debido proceso participativo e informativo y, mucho menos, se evalúa la incidencia de la combinación de efectos de los distintos proyectos acumulados. El descontrol es absoluto.

Podríamos resumir algunos de los impactos ambientales directos del monocultivo forestal, de la siguiente manera:

Provincia de Corrientes

A mediados del siglo XX se inicia una fuerte expansión de plantaciones forestales en Argentina mediante la implementación de diversos regímenes de incentivos por parte de los gobiernos, que permitieron llegar a una cifra de más de 1.3 millones de hectáreas en la actualidad. Estas inmensas superficies forestadas están conformadas casi exclusivamente por especies exóticas de crecimiento rápido como pinos y eucaliptus y en menor medida por álamos y sauces. Las plantaciones se concentran mayoritariamente en las provincias de la mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos y en la región del Delta del Río Paraná.

La provincia de Corrientes es un paradigma del avance del modelo forestal de especies exóticas. Actualmente en su territorio la superficie forestada supera el medio millón de hectáreas (lo que la convierte en la provincia más forestada del país, con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). En una investigación de la organización Defensores del Pastizal se revela que los monocultivos forestales alcanzan hoy una cifra similar en superficie a la de los bosques nativos en la provincia.

Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra y apropiación ilegítima de terrenos pertenecientes a familias campesinas que practican agricultura comunitaria y de baja escala. En Corrientes, las manos en manos extranjeras ya superan el millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia. En el año 2019, la Legislatura correntina aprobó una Ley que habilitó a los grandes capitales extranjeros a que adquieran grandes extensiones de tierra, a medida de grandes corporaciones, como el grupo chileno ARAUCO, el mismo que ocasiona desastres tras la cordillera y en la provincia de Misiones.

Se ha avanzado sobre los ecosistemas naturales disminuyendo la diversidad de funga, fauna y flora nativa, llevando a muchas especies a la extinción. Además, ha propiciado las condiciones necesarias para el inicio y expansión de incendios rurales masivos, como los ocurridos entre los años 2019 y 2022 (en 2022 la provincia sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio). Los incendios forestales ascendieron de forma abrupta en la provincia de Corrientes, según los registros del Reporte del Manejo del Fuego del ex Ministerio de Ambiente de Nación. En el año 2019, se registraron 3.000 ha arrasada por los incendios forestales, en 2020 ascendieron a 45.000 ha; y en 2022 se llegó al récord de más de 1.000.000hectáreas.

El resultado es una invitación al desastre, no solo porque son grandísimas extensiones donde predominan, como dijimos, las especies que ayudan a la propagación del fuego sino que -paralelamente- provoca la pérdida de los valores ecosistémicos que proveían los zonas donde avanzó la industria forestal (humedales, pastizales y bosques nativos) que podrían prevenir el inicio de incendios o mitigar sus impactos. Mientras en las ciudades se ha normalizado vivir con humo y vientos de cenizas, las comunidades rurales sufren desesperadamente el daño en la salud y en la economía.

A pesar del crecimiento vertiginoso de las áreas ocupadas con estas plantaciones, la provincia de Corrientes sigue siendo una de las provincias con peores índices socioeconómicos de Argentina. Basta comparar los índices oficiales de indigencia y de pobreza brindados por el INDEC entre los años 1998 y la actualidad para comprobar que no ha servido para revertir la dramática situación social de la provincia.

Argentina, Brasil, Chile Uruguay: un modelo implantado en la región

Sabemos que la lógica extractivista de la industria forestal se desarrolla casi de idéntica manera en Chile, Brasil, Uruguay y en el litoral argentino.

Por eso no es casual la irrupción -desde la sociedad civil- de la Alianza Latinoamericana de Resistencia al Monocultivo Forestal, de la cual formamos parte, y tiene por objeto ser una plataforma y un espacio para visibilizar realidades y diversas afectaciones a nivel regional, a la vez que amplifica y potencia las luchas locales contra los monocultivos forestales.

Es que en realidad, se trata de un modelo implantado en la región, con las mismas grandes corporaciones y características. Incluso se copiaron las mismas leyes de entrega y saqueo.

Así en América del Sur, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas, principalmente pino y eucalipto, que se utilizan principalmente para obtener madera y pasta de papel, respectivamente. Entre los cuatro países se alcanzan la suma de 16,8 millones de hectáreas de plantaciones forestales totales. La mayoría se concentra en Brasil (67%), luego en Chile (19%), Argentina (7,1%) y Uruguay (7,1%).

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la provincia de Corrientes

En noviembre de 2024 el prestigioso Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitó oficialmente a la provincia de Corrientes ante la denuncia de organizaciones locales (como Defensores del Pastizal) sobre los impactos socioambientales del modelo de monocultivo forestal.

Este Tribunal fue constituído en el año 2014 para juzgar éticamente las distintas violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los defensores ambientales en distintas partes del planeta. Es una instancia de la sociedad civil, apoyada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, por sus iniciales en inglés), con representantes de todos los continentes. Conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y compromiso como Vandana Shiva (India), Nimmo Bassey (Nigeria), Leonardo Boff (Brasil), Maristella Svampa (Argentina), Arturo Escobar (Colombia), Casey Camp Horinek (Nación Ponca, EE.UU) Alberto Acosta (Ecuador, que viajará a Corrientes), entre muchos otros y otras.

Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Naturaleza, se constituye como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra alrededor del mundo.

Y el Tribunal le dió un tratamiento regional a la problemática del modelo forestal.

A principios del 2024 se constituyó en la región del Biobío, Chile, donde el modelo forestal de especies exóticas -como dijimos- está provocando estragos ecológicos y sociales. El Tribunal observó in situ, entre otras cosas, las consecuencias del megaincendio que, durante el verano del año 2023, se extendió en más 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía del país trasandino. De la superficie quemada, un 61,3% correspondió a monocultivo forestal y sólo un 9,4% a bosque nativo. El Tribunal, en su veredicto preliminar, pudo constatar que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos; que el modelo forestal, y las corporaciones que la llevan adelante, violan los Derechos de la Naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país. Además exigió con urgencia la realización de un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales; así como la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirófitas en el territorio.

Con este antecedente y contexto, una delegación con Jueces y Juezas del Tribunal, entre las que estaban la flamante ganadora del prestigiosa Premio Goldman (Yuvelis Morales, Colombia), recorrieron los territorios afectados en el interior de Corrientes, se reunieron con vecinos y vecinas y sesionaron en una audiencia pública en la capital provincial donde escucharon los testimonios de especialistas y víctimas del modelo para luego emitir un veredicto preliminar.

Esta sesión en Corrientes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza permitió, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas predominantes (humedales, pastizales, bosques nativos y sus especies animales asociadas) afectados por las consecuencias del monocultivo forestal de pinos y eucaliptos. Una oportunidad histórica de sacar a la luz un modelo del que no se debate, y que trae más injusticia, tanto ambiental como social y económica.

Sentencia Final

El Tribunal verificó in situ las afectaciones, observando el grado de degradación de suelos, la disminución de los niveles freáticos, el avance de especies exóticas pirófitas y el aislamiento de parajes rurales producto de los alambrados de las empresas forestales. Durante la audiencia pública, se escucharon testimonios y peritajes técnicos que confirmaron la sistematicidad de los impactos del modelo forestal y la ausencia de control y fiscalización estatal.

Basados en esta visita y audiencia el Tribunal emitió la Sentencia siguiente donde:

“1. Reconoce que el modelo forestal vigente en la provincia de Corrientes ha provocado y continúa provocando un ecocidio, afectando a todos los seres vivos humanos y no humanos— que habitan el territorio.

2. Declara que el modelo forestal viola los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos, los cuales se complementan y refuerzan mutuamente

3. Afirma que este modelo viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental existentes, con la complicidad de los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal—, que han sido omisos o partícipes en la promoción y expansión de este esquema extractivo.

4. Declara que el agua, la tierra y las formas de producción campesina y comunitaria son sujetos de derechos, en tanto elementos esenciales para la vida y el arraigo territorial.

5. Señala que las plantaciones industriales no son bosques, sino monocultivos que no reproducen la vida, y denuncia las falsas soluciones basadas en los mercados de carbono y otras herramientas financieras que solo benefician a los grandes grupos económicos.

6. Condena las condiciones de trabajo esclavo e infantil presentes en la cadena forestal, exigiendo su inmediata erradicación.

7. Declara a los pastizales y humedales como sujetos de derechos, reconociendo su derecho a la existencia, regeneración y mantenimiento de sus ciclos vitales.“

Esta sentencia representa un avance en la discusión sobre los Derechos de la Naturaleza, la cual no puede seguir siendo entendida exclusivamente como un recurso económico. Los ecosistemas tienen valor intrínseco. Tienen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, de las además dependemos todos los seres humanos.

Por eso es importante esta sentencia que construye historia, construye memoria, construye nuevos marcos jurídicos y culturales.

Llevaban tres meses de abrir la canilla y que no salga una gota de agua. Era abril de 2014 y las mujeres de Pedregales de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, cargaban garrafones de 20 litros desde la llave pública para lavar la ropa y bañar a los niños. Un día, hartas, decidieron cortar la Avenida del Imán. Eran, como mucho, unas 20.

“No teníamos miedo. Nos acuerpaba la rabia: la digna rabia de salir a protestar”, recuerda Natalia Lara.

Consiguieron la atención de los gobernantes, pero trataron de desacreditarlas. “Decían que estábamos locas, que nos pagaban los partidos opositores”, cuenta Natalia. A fuerza de insistencia, lograron que los técnicos del del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) las llevaran a recorrer los pozos del suministro. Después de tres años y 27 pozos recorridos, descubrieron que sí había agua, pero era desviada hacia los megaproyectos inmobiliarios de la zona.

En las grandes ciudades de América Latina, las mujeres son quienes más sufren el estrés climático: sobre ellas recae la carga de las tareas domésticas y el trabajo no remunerado. Son las que salen a buscar el agua, caminan kilómetros para conseguir alimentos saludables y asisten a niños y personas mayores ante olas de calor.

“Cuando hay eventos naturales de gran magnitud, las mujeres son las más afectadas porque, debido a su rol en tareas de cuidado, suelen estar siempre en la zona. A su vez, las mujeres tienen un rol clave como agentes de cambio, pero sus conocimientos generalmente no son retomados por las políticas climáticas. Se las excluye y, en esa exclusión, reciben el mayor impacto negativo”, afirma Nidya Pesántez, responsable regional de la estrategia de Género, Ambiente y Justicia Climática de ONU Mujeres.

Sin embargo, también son las mujeres las que se organizan y accionan para cambiar esas realidades. En Bogotá, Colombia, fueron fundamentales en la creación de los acueductos comunitarios, gestionando el acceso al agua para sus comunidades. En el sur de Lima, Perú, mujeres de diversos distritos se organizaron para transformar terrenos abandonados en biohuertos y combatir la inseguridad alimentaria.

Estas soluciones locales cobran mayor relevancia porque las ciudades latinoamericanas están entrando en un período de intensificación del estrés climático. Además, los planes de adaptación no llegan a los más vulnerables y rara vez tienen en cuenta el trabajo que las comunidades ya hacen sobre el terreno, sostiene Pesántez.

“Se necesita hacer un puente entre lo que hace la sociedad civil y lo que hacen los gobiernos locales. No se logra tener una relación horizontal con la población porque los gobiernos latinoamericanos han seguido siempre una lógica patriarcal, verticalista. Por eso, aunque haya propuestas sólidas desarrolladas por mujeres, es difícil que sean retomadas por los gobiernos”, agrega.

Ciudad de México: Mujeres que recuperaron el agua en alerta por el Mundial

Para entender adónde iba el agua, Natalia Lara armó un mapa. Puso puntos verdes para los pozos con mayor flujo y azules para los de baja presión. Los primeros estaban cerca de grandes emprendimientos inmobiliarios y los segundos en las colonias populares. También descubrieron que desde la alcaldía de Coyoacán se manipulaban las válvulas para abastecer a las colonias que garantizaban votos. “Teníamos, entonces, dos cuestiones: la discriminación económica y la manipulación política”, cuenta hoy.

En 2017, las mujeres conformaron la cooperativa Acción Comunitaria Pedregales: una mezcla de vecinas, amas de casa, estudiantes y una profesora de biología. En 2018, presentaron la evidencia obtenida y lograron que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reconociera la manipulación de las válvulas con fines políticos.

“Hoy el problema sigue latente. Con el cambio de gobierno, perdimos un poco de información y a veces los tandeos vuelven a estar más espaciados”, indica Natalia.

Las colonias de Pedregales de Coyoacán comenzaron a formarse en 1971, producto de una migración interna. Al asentarse sobre una vieja erupción volcánica, muchos debieron dinamitar la piedra para construir sus casas. Se autogestionaron el acceso a servicios básicos y hoy todavía hay viviendas sin drenaje.

Ese proceso de autoconstrucción generó un fuerte arraigo territorial que impulsó diversos movimientos sociales, explica Alice Poma, doctora en Ciencias Sociales y Medio Ambiente. Hoy, la llegada de desarrollos inmobiliarios agrega un problema de gentrificación que desplaza a los habitantes históricos.

Poma, que siguió el proceso de organización de las comunidades de Pedregales, señala que desde los gobiernos local y municipal no han aprovechado los saberes de la comunidad para la formulación de políticas. “Deberían escuchar más a la gente. Si bien realizaron mesas de diálogo, los trataban mal y llevaban técnicos que les hablaban con un lenguaje imposible. Se sentían humillados y frustrados”, advierte.

Ahora, las mujeres de Pedregales enfrentan una nueva preocupación: que la Copa Mundial de la FIFA —que tiene entre sus sedes al vecino estadio Azteca— vuelva a secar sus colonias durante la temporada de calor extremo. “Televisa, dueña del estadio, tiene una concesión privada de agua. Su pozo tiene unos 350 metros de profundidad, frente a los 80 metros de los pozos públicos. Con la remodelación, está monopolizando el agua de la zona”, explica Natalia. Están exigiendo la expropiación del pozo, y la presión crecerá con la llegada masiva del turismo.

Otra demanda histórica de la comunidad es la necesidad de una infraestructura que ayude a evitar inundaciones en sus colonias. Sobre eso, Natalia comenta: “Curiosamente, la Ciudad de México construyó un jardín de lluvia, que para nosotros era una infraestructura importante para retener el agua, justo al lado del estadio Azteca, en vez de hacerlo en otras zonas donde se inunda más”.

Bogotá: Lideresas de acueductos comunitarios a tiempo completo

A fines del siglo XX, en la periferia urbano-rural de Bogotá, las mujeres cargaban cantinas hasta el río en busca de agua, a veces con ayuda de caballos. “Tocaba sufrir mucho. A raíz de eso, se organizaron los acueductos comunitarios”, cuenta Flor Alba Díaz Cepeda, lideresa histórica del acueducto AACUPASA de Ciudad Bolívar. “Siempre me ha gustado cuidar la naturaleza, el agua y servir a las comunidades”.

Desde hace décadas, los acueductos comunitarios son en Colombia una forma de gestión del agua liderada en gran parte por mujeres que, además de sus labores domésticas, administran el recurso, median con funcionarios y garantizan la distribución equitativa.

“Claro que también son trabajos no remunerados, o con un pequeño estipendio que apenas alcanza para cubrir sus gastos, pero nunca un salario propiamente dicho”, explica Dolly Palacio Tamayo, doctora en Estudios del Desarrollo y Medio Ambiente, que estudia el liderazgo de mujeres en la gestión del agua en Bogotá. “Aquí no hay poder ni dinero: es gestión de base vinculada a la sostenibilidad territorial y el cuidado”.

Flor Alba se puso al frente del acueducto a comienzos de los 90, cuando su padre enfermó, y lo condujo con vehemencia durante casi 30 años. Era un trabajo sin horarios: conflictos entre vecinos, tuberías rotas, mediaciones con funcionarios. Todo, en paralelo con la crianza de su hija.

“Realmente fue duro, pero yo amaba el acueducto. Cómo será que me gustaba que, cuando me retiré, me ocasionó un problema de depresión”, cuenta. Hoy continúa como asesora externa, aparte de brindar talleres sobre cambio climático y gestión del agua para escuelas, universidades y adultos mayores.

Bogotá está a unos 2.600 metros de altura y tiene un clima húmedo. Sin embargo, en los últimos años, las sequías y las lluvias se volvieron más intensas, profundizando los ciclos de estrés hídrico e inundaciones. En la periferia urbano-rural, el impacto se intensifica porque, al igual que en Pedregales, son barrios construidos de forma autogestiva, fuera del alcance estatal.

Respecto a la gestión del agua, en diciembre, tras 15 años de lucha, organizaciones nucleadas en la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia -entre ellas, la RETACO de Cundinamarca y Bogotá-, lograron la aprobación de un proyecto de ley que reconoce a los acueductos comunitarios como prestadores legítimos del servicio, garantizando su autonomía y reconociendo un proceso de construcción trascendental para muchas comunidades. Ahora resta que sea sancionado por el Ejecutivo y ver cómo se dará su aplicación en la práctica.

Lima: Mujeres que transforman terrenos abandonados en biohuertos comunitarios

“Mire, ahorita le voy a mostrar mi cajita. Son semillitas, ¿ve? Tengo espinacas, acelgas, culantro. Así las vamos juntando”.

Celsa Pandal muestra orgullosa su colección de semillas disecadas y guardadas en bolsitas cerradas herméticamente. La idea de crear biohuertos surgió en 2018, cuando varias mujeres del sur de Lima, preocupadas por la inseguridad alimentaria y los impactos de la crisis climática, decidieron impulsar una agricultura sin químicos. “Al principio fue difícil explicarle a la comunidad la necesidad de hacer un biohuerto, pero ahora están más involucrados y vienen ellos a pedirnos las semillitas”, cuenta Celsa.

El Colectivo de Mujeres Trabajando Frente al Cambio Climático de San Juan de Miraflores (COMUTRAFRECC) -presidido por Celsa-, la Red de Lideresas por la Acción Climática de Villa María del Triunfo (REDLAC) y la Asociación de Redes Ambientales de Villa El Salvador (REDAVES) son grupos de mujeres del Área Metropolitana de Lima que transformaron terrenos abandonados en biohuertos. En esta zona, miles de familias enfrentan serias dificultades para acceder a alimentos de buena calidad, debido a una combinación de precariedad urbana, falta de áreas verdes y dependencia de alimentos provenientes de otras regiones.

“No estamos esperando soluciones, ya estamos actuando”, dicen en la campaña En Lima Sur cosechamos derechos, difundida por redes sociales. “Pero esta situación no se puede sostener sólo con el esfuerzo comunitario: el Estado y los gobiernos locales tienen que asumir su responsabilidad”, aclaran.

Acompañadas por las ONG Fovida y Manos Unidas, presentaron proyectos de ordenanza para exigir que los gobiernos locales reconozcan la agricultura urbana como política pública y apoyen el desarrollo de biohuertos urbanos. Recientemente, lograron su aprobación en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. Actualmente, vigilan que se realice la implementación y trabajan por su extensión a Villa El Salvador.

En Lima se repite el patrón: las periferias fueron edificadas sin considerar la geografía ni la hidrología del terreno, y el cambio climático agravó la situación con un fuerte aumento de las precipitaciones.

La arquitecta peruana Liliana Miranda, integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), lo resume así: en 2010, Lima tenía un promedio de lluvia de 9 milímetros; en 2020, se duplicó; y en 2025, el promedio trepó a 23 milímetros. “La ciudad no está preparada para esas lluvias. Entonces se inunda, se producen huaicos -desprendimientos de piedras-, los cables quedan colgando, se generan cortocircuitos, las casas se vienen abajo”, enumera. “Es un verdadero desastre”.

De las experiencias locales a la política pública

Cuando los mexicas fundaron Tenochtitlán en 1325, construyeron sobre un lago e integraron el agua a su planificación. Hacia 1600, los españoles destruyeron esa ciudad, pavimentaron humedales y entubaron arroyos. Por eso, en lo que es hoy la Ciudad de México, las épocas de lluvia convierten la urbe en un caos.

La arquitecta Loreta Castro Reguera propone que, sin destruir las infraestructuras existentes, desde las políticas públicas se impulsen más proyectos alternativos y descentralizados. “Hay que construir sistemas de tratamiento de agua residual para las épocas de escasez e implementar sistemas de captación de agua en cubiertas o parques para las épocas de lluvia”, explica. Ella misma hizo un proyecto de captación de lluvias similar a los andenes incas en el municipio mexicano Tablas del Pozo.

Por su parte, Miryam Mejía, de la Dirección de Gestión Comunitaria de la empresa pública Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que ha trabajado en el acompañamiento de lideresas de acueductos por más de una década, cuenta que un desafío actual es sostener y profundizar la articulación entre el ámbito público y las comunidades. “Yo siento que si en algún momento me voy, ellos van a quedar muy a la deriva, porque en la empresa todavía no se logra que eso sea una línea de trabajo permanente”.

Desde Lima, Jhonatan Peña, gerente de Gestión Ambiental de San Juan de Miraflores, dice que han acompañado la construcción de biohuertos con asistencia técnica, capacitaciones, entrega de materiales y difusión. También explica que una limitante para avanzar en la expansión de la iniciativa es el costo elevado de agua potable en Lima (provista por la empresa pública Sedapal). “Podríamos seguir instalando más áreas para agricultura urbana porque hay terrenos, pero la baja disponibilidad de agua potable y los costos altos no han permitido que crezca mucho más”, aduce el funcionario.

Mientras que todavía cuesta encontrar la fórmula ideal para que las soluciones creadas por la comunidad se transformen en política pública, el trabajo de las mujeres sobre el territorio no se detiene y el cambio climático tampoco.

Por eso, Pesántez hace un llamado público: “Es indispensable que salgamos de varios asientos alejados de la realidad -el asiento del poder, el asiento del conocimiento académico- y vayamos a ver qué están haciendo las comunidades para sobrevivir y mantener sus entornos. ¿Qué conocen las mujeres de esos barrios? ¿Qué pueden aportar para el sostenimiento de la vida? Hay que salir de los asientos de la comodidad y abrazar más la realidad”.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.

Tres yogures sobre la mesa, papel y bolígrafo. Eso se encontró una veintena de personas mayores de sesenta años que acudieron a la cata de un producto que todavía no está en el mercado. A priori, nada distinto a los encuentros que suelen organizar las empresas de marketing, pero esos yogures, uno con sabor a vainilla, otro de avellana y otro mixto, contenían un ingrediente poco habitual: harina de gusano.

Esta cata, que tuvo lugar en septiembre de 2025 en Barcelona, fue la primera con humanos en el marco de la cultura mediterránea, una zona que tiene una gastronomía en la que los insectos causan, en principio, bastante rechazo. Y fue, además, la primera cata con propósitos científicos, no comerciales. Organizada por científicas de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la cata quería empezar a ver qué tolerancia tiene el público al sabor de los insectos y al hecho de saber que lo que comen está hecho con estos animales.

Este experimento dejaba entrever las posibilidades de un mercado en auge. El martes pasado, sólo cinco meses después de esa cata, se constituyó la Asociación Catalana de Industrias de Insectos (Indicat) para “dar visibilidad” a empresas pioneras. Por ahora, este conglomerado une a siete compañías que comercializan diversos productos, ya sean polvos que sirven como complementos alimenticios, o productos procesados como barritas energéticas o galletitas.

Una de las empresas de la Indicat es Grillco, una de las primeras que apostaron por la cría y comercialización de insectos. En su caso, grillos. Nacidos hace tres años, todavía hoy siguen siendo de las pocas granjas pensadas para el consumo humano en España. Su producto se vende en forma de polvo para hacer batidos o como complemento de la harina para cocinar. “Tiene una gran proporción de proteína [cerca del 70%] y unos índices de vitamina B12 superiores a los de la carne”, apunta Bernat Monter, fundador y CEO de Grillco.

La historia de esta empresa empezó con un viaje a México, donde su fundador probó los chapulines (grillos) y se sorprendió de que, a pesar de sus propiedades nutricionales, no se consumieran en Europa. En ese momento, el grillo se acababa de convertir en el primer insecto en recibir el visto bueno de la Unión Europea para comercializarse. Así que Monter, que era propietario de una carnicería, decidió dejar atrás los cerdos y pollos para enfocarse en los grillos.

Ahora cuenta con una nave industrial en el municipio de Sant Miquel de Balenyà (Barcelona) que en 300m2 cría a unos 22 millones de grillos. “La ventaja de estas granjas es que no ocupan espacio y, además, pueden crecer hacia arriba o hacia debajo del suelo”, explica el propietario.

El empresario coincide en que el principal escollo de su negocio se encuentra en el rechazo que la sociedad siente hacia los insectos. “Se relacionan con algo sucio, lo que sale cuando la comida se pudre o no se limpia, pero es todo lo contrario”, asegura Monter, que se afana en dejar claro que las granjas de insectos son “mucho más limpias” que las granjas tradicionales.

Para que los grillos se reproduzcan bien, se requiere tener una temperatura y humedad controladas, además de mantener celosamente la limpieza. “Los insectos no tienen casi cadena nerviosa y no sienten dolor, pero sí se pueden estresar, y eso es lo que no queremos. Por eso no hay demasiados grillos en cada caja y ven a los humanos lo mínimo indispensable”, añade.

Una posible solución para un escenario en crisis

Las proyecciones de aumento de la población mundial hacen prever que de cara a 2050 la demanda de proteína aumentará entre un 70 y un 80%. La principal fuente para conseguir este compuesto en los países del norte global siguen siendo los animales (en España la proteína vegetal sólo supone el 20% del total), pero teniendo en cuenta el impacto que las granjas suponen para el medio ambiente, diversos organismos como la Unión Europea llaman al consumo de “proteínas alternativas”.

Y si bien hoy las legumbres son la principal alternativa a la carne -tanto por precio como por impacto ecológico-, los insectos prometen ser mucho más sostenibles. De hecho, el proceso de cría y procesamiento requiere de hasta un 80% menos agua, un 99% menos de espacio y producen un 90% menos de gases de efecto invernadero. De la misma manera, necesitan casi seis veces menos de alimento para generar la misma cantidad de proteína que una vaca.

Eficiencia de la cría de insectos respecto a la ganadería tradicional

Espacio de cría (m²) que necesitan diversos animales para conseguir la misma cantidad de proteina

17,68

47

55,3

200

Huella

hídrica (m³)

Gases de efecto

invernadero*

Uso de

energía (MJ)

Alimento necesario

para producir 1 kg

de masa corporal (g)

Porción

comestible (g)

23

57

34

112

13,16

37

27

122,5

167,23

165,3

116

225

1700

2500

2500

10000

80%

57,5%

57,5%

45%

*Para producir un 1 kg de proteína (kg CO₂ -eq)

FUENTE: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Eficiencia de la cría de insectos respecto

a la ganadería tradicional

Espacio de cría (m²) que necesitan diversos animales para

conseguir la misma cantidad de proteina

17,68

47

55,3

200

Huella

hídrica (m³)

Gases de efecto

invernadero*

Uso de

energía (MJ)

23

57

34

112

13,16

37

27

122,5

167,23

165,3

116

225

Alimento necesario

para producir 1 kg

de masa corporal (g)

Porción

comestible (g)

1700

2500

2500

10000

80%

57,5%

57,5%

45%

*Para producir un 1 kg de proteína (kg CO₂ -eq)

FUENTE: UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Tras años de estudios para garantizar las propiedades y la seguridad de consumir insectos, la UE empezó a elaborar leyes que permitían su comercialización y cría en 2023. Hasta la fecha, esto afecta a cuatro insectos: las larvas de Alphitobius diaperinus (escarabajo pelotero), como producto congelado, liofilizado o como ingrediente de otros alimentos procesados; la Locusta migratoria (langosta migratoria), como producto seco, congelado y en polvo; el Tenebrio molitor (gusano de la harina) como producto entero o en polvo; y el Acheta domesticus (grillo doméstico), como producto entero o en polvo.

De estos cuatro animales, el que tiene una de las mejores cualidades nutricionales es el gusano de la harina y, por eso, fue el insecto elegido para la cata organizada a finales del año pasado por las investigadoras de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en Barcelona. Estas científicas, ante el reto que supondrá cubrir la necesidad creciente de proteína, se propusieron hacer que los insectos puedan convertirse en un ingrediente más de la cocina, aceptado por el paladar de la población mediterránea.

“Hay una dificultad de consumo evidente”, apunta Marta Ros, tecnóloga de los alimentos e investigadora de la UOC. Es una de las autoras de un estudio pionero que analiza la mejor manera de introducir los insectos en el día a día. Pero, a pesar de que los asistentes de la cata habían superado los tests de neofobia (dificultad para probar productos nuevos) y se habían mostrado dispuestos a comer insectos, el yogur con harina de gusano no fue del agrado de los participantes. “Interesante”, “correcto” o “aceptable” fueron las mejores valoraciones.

Ni la textura ni el sabor pasaron la prueba, pero las investigadoras no se dieron por vencidas. “Nosotras sabíamos de las propiedades de los insectos, pero necesitábamos trabajar con quien supiera cocinarlos. Necesitábamos a la gastronomía”, explica Ros. Así que se pusieron a trabajar mano a mano con el Basque Culinary Center, que consiguió hidrolizar la harina de gusano para extraer la grasa y concentrar la proteína. El resultado fue una especie de melaza que amplió el recetario posible.

Al contrario que la harina, que tiende a endurecer y a apelmazar, la melaza de insecto permite camuflar mucho mejor el insecto. Y ahí encontraron el producto ganador: el brownie. Su color naturalmente oscuro es ideal para que no se note la presencia de un ingrediente extraño; su textura es ya es de por sí densa y la masa acepta aromatizantes que permiten camuflar el amargor.

Acertar la receta fue el resultado de meses de investigación conjunta entre la UOC y el Basque Culinary Center y, finalmente, pudieron hacer una segunda cata, esta vez en el Forum Gastronómico de Barcelona, en noviembre de 2025. “Fue toda una experiencia. Nunca había trabajado con estos ingredientes y, a pesar del reto, estamos muy contentos con el resultado”, explica Lucía Curiel, cocinera experta en la ciencia de los alimentos.

Lo más difícil fue trabajar con la amargura, un sabor que no está demasiado presente en la dieta mediterránea y que, unido al hecho de saber que proviene de insectos, causa “mucho rechazo” en el consumidor. Pero los cocineros saben maridar los sabores y, por eso, echaron mano del agua de azahar, naranja, chocolate o yogur como maneras de contrastar. Y el brownie gustó.

“Hay muchos intentos de introducir insectos en la dieta que fracasan porque los químicos y los biotecnólogos son muy buenos en lo suyo, pero no saben cocinar. Puedes tener un estudio magnífico, pero luego hay un choque entre ciencia y realidad”, apunta Curiel, que ve “emocionante” el campo de trabajo que abren los insectos.

Si bien el brownie es lo mejor que se consiguió por ahora, no se trata de que esta nueva fuente de proteína sólo se vaya a consumir en este formato. La idea es buscar las mejores recetas para comercializarlas y hacer que la tolerancia hacia los insectos vaya aumentando, a la vez que mejora la técnica para procesar estos pequeños animales, se optimiza la producción y se profundiza en la investigación biomédica. “La coordinación entre disciplinas es necesaria”, asegura Marta Ros, sobre todo en el actual contexto de crisis climática en la que la proteína va a ser cada vez más difícil de conseguir.

A pesar de que tanto la industria como la ciencia apuntan hacia el consumo de insectos, hay sectores de la población que no se dejan convencer. Más allá de quienes se niegan a consumirlos por rechazo o asco, la principal oposición a su cría y comercialización se encuentra en los colectivos animalistas. Si bien reconocen que tienen un impacto mucho menor en el ecosistema que las granjas tradicionales, recuerdan que siguen siendo seres vivos y que, aunque sean de las especies que menos empatía generan, siguen siendo “seres sintientes” y su consumo, como tal, supone un “debate ético y moral”, según apunta la Unión Vegetariana Española (UVE).

El vegeterianismo y el veganismo apuestan por eliminar el consumo de animales de cualquier tipo y centrarse en la proteína vegetal, sobre todo aquella de proximidad como las legumbres. Esta, si bien sería la solución ideal en términos ecológicos y éticos, podría no ser suficiente para cubrir las necesidades proteicas de la población mundial en las próximas décadas, según apunta la FAO (la agencia de la ONU para la alimentación).

Ante tal contexto, la agencia llegó a defender el consumo de insectos como una “herramienta para acabar con el hambre en el mundo”. Tal como apunta Marta Ros, la población crece, pero los recursos son finitos. “Hay muchos lugares que están en una situación alimenticia límite. Aquí puede que no tengamos esos problemas todavía, pero tenemos una tradición ganadera muy concreta”, apunta la investigadora, que anima a la adaptación.

El mismo Bernat Monter, que fue carnicero, reconoce esa misma necesidad. “Soy un defensor acérrimo de los ganaderos, porque con sus animales incluso ayudan al ecosistema, limpiando, por ejemplo, el sotobosque”. El problema, dice, son las granjas extensivas que “contaminan una aberración y son las que proporcionan la carne barata que compra todo el mundo”.

Todavía queda lejos el día en que haya gusanos, langostas o grillos de manera habitual en nuestros platos. El cambio será progresivo, según aseguran los expertos, y empezará con harinas o melazas en los que el animal sea irreconocible. Pero llegará y, con él, la aceptación. O así lo esperan investigadoras como Marta Ros: “Tenemos una dieta muy global. Si hemos incorporado el sushi o las algas, ¿por qué no los gusanos?”.

Hace unos días Milei pasó por Córdoba y en medio de los varios disparates que dijo, volvió a atacar de modo virulento al ambientalismo. Entre las falacias y mentiras que desplegó, hay elementos muy consistentes con su visión más general de la vida y el individuo, así como lugares comunes que hoy difunden voceros de la minería. La idea central de Milei es que existiría supuestamente un “ambientalismo idiota y extremo” que “no nos quiere dejar gozar de nuestras riquezas naturales”, que están ahí no “para contemplar”, sino para explotar, incluso para “destruir el planeta”, en tanto “elegidos de Dios”.

En este artículo, desmontamos por parte los argumentos del presidente libertario y mostramos las falacias. Primero, nos referimos a la visión creacionista-destructiva de Milei; segundo, abordamos el ataque al principio de equidad intergeneracional; y por último, vamos a desmontar el mito acerca de que Chile y Argentina tienen -o deberían tener- las mismas riquezas minerales.

Visión creacionista y neoliberalismo

Primero. Milei afirmó que si seguimos “abrazados al ambientalismo idiota o extremo” no podremos tocar nada, solo nos queda contemplar, morirnos de hambre o lanzar una consulta a las generaciones que vienen y las otras, así ad infinitum. Acto seguido redobló la apuesta para afirmar: “Dicen que vamos a romper el planeta” , “¿Y para qué nos lo dio el creador?”

Podríamos esgrimir que no hay mucho que agregar ante tal barbaridad, una más entre las que Milei pronuncia a diario, sobre todo en sus viajes. Pero su referencia a que el ser humano está en todo su derecho a destruir el planeta no es una novedad, es parte consustancial de su pensamiento más profundo y se nutre de antiguas corrientes creacionistas, potenciadas por su ideario ultraliberal.

Empecemos diciendo que el cristianismo occidental fomentó una visión antropocéntrica, en la cual la naturaleza existe exclusivamente para servir al ser humano, legitimando así la explotación y el uso indiscriminado de los bienes naturales. Esta perspectiva de “dominio” bíblico, que posiciona al hombre por fuera y encima de la naturaleza (visión antropocéntrica), puede entonces justificar su manipulación y destrucción, cuyas consecuencias estamos viendo ahora. Milei retoma aquí una de las corrientes más reaccionarias y arcaicas de la religión cristiana, a lo que le suma el anarco-capitalismo o una visión exacerbada del moderno liberalismo económico. Desde esta posición filosófica y política, el individuo puede destruir el planeta sin límites, porque en eso consiste la libertad individual y para eso supuestamente lo ha colocado Dios en este mundo. Esto no es nuevo, ya había saltado cuando Milei defendió el derecho a la contaminación de los ríos en nombre del derecho de propiedad de las empresas. Y más aún, ese ultraneoliberalismo paleolibertario también salió a la hora de hablar de la compra y venta de órganos, incluso de la venta de niños, cuando era diputado nacional y lo planteó como una posición filosófica. O sea, Milei propone una radicalización neoliberal de una visión creacionista antropocéntrica, que no puede culminar sino en la celebración/legitimación de la destrucción (de bienes, personas y territorios) y todo eso en nombre del Supremo.

Dos cuestiones más: una, este tipo de visión creacionista antropocéntrica se coloca en las antípodas del pensamiento crítico contemporáneo, así como de todos los debates relacionados con la crisis ambiental, que toman en serio la cuestión de los límites físicos y ecológicos del planeta y la necesidad de poner freno a la voracidad del capital. No es casual que en tiempos de Antropoceno se esté instalando un nuevo paradigma ecosocial que cuestiona el paradigma binario y las diferentes versiones del antropocentrismo (no solo la visión creacionista, que es tan retrógrada o anacrónica que hasta hace poco no figuraba en la agenda), para plantear como punto de partida filosófico y ético la relación inescindible entre ser humano y naturaleza. Ante la policrisis civilizatoria, donde lo ambiental multiplica las amenazas, y de la mano de pueblos originarios, movimientos socioterritoriales, ecofeminismos, economía social y ecológica, entre otros, este pensamiento crítico propone una visión relacional que incorpora otros lenguajes, saberes y prácticas que colocan en el centro los cuidados de la vida y la eco-interdependencia.

Dos, esta visión creacionista-antropocéntrica-destructiva está lejos de ser la única mirada dentro del cristianismo, incluso si nos remitimos a tiempos lejanos. El ejemplo de Francisco de Asís es el que inmediatamente salta a la vista, pues proponía la humildad y la empatía para con los más pobres y vulnerables, y la humildad del ser humano en relación con las otras especies. No por casualidad el Papa Francisco haya retomado el nombre de esta personalidad carismática del cristianismo y propuesto una visión del “cuidado colectivo de la casa común” en su significativa Encíclica Laudato Si, de 2015, muy a contramano de estas visiones ultraneoliberales y pancapitalistas del fin, como la de Milei. En todo caso, sería bueno que otras corrientes religiosas de la Argentina se pronunciaran ante el retroceso y peligro que significa una visión creacionista-destructiva, como la que Milei encarna.

El principio intergeneracional

Segundo. Milei busca también malversar groseramente el principio de equidad intergeneracional, que es uno de los pilares del derecho ambiental internacional. Este principio establece que la generación actual tiene la responsabilidad ética y legal de gestionar los bienes naturales y económicos de manera sostenible o durable para que las generaciones futuras no hereden un entorno degradado o una menor calidad de vida. Se centra en la justicia distributiva y la conservación a largo plazo. Es un principio sostenido por la ONU e integrado incluso en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional que establece que “las autoridades deben proveer a la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Más aún, es la base sobre la cual se asientan las leyes de presupuestos mínimos -que garantizan una base común e igualitaria para toda la nación-, como es la Ley Nacional de Glaciares, que el gobierno pretende reformar ahora de manera regresiva. Es un principio que además se aplica no solamente a los bienes naturales sino también a otras cuestiones espinosas, como la deuda externa, pues el endeudamiento a gran escala compromete la inversión en derechos básicos como la salud, la educación, en fin, el sostenimiento de la vida colectiva en el presente y futuro.

El incumplimiento del principio intergeneracional es el que está en la base también del reclamo y la denuncia de jóvenes como Greta Thunberg, acerca de qué mundo les vamos a dejar, en un planeta ya herido por la crisis climática y ante el deterioro de los ecosistemas. Es un grito generacional que nos reprocha que hemos roto el compromiso intergeneracional dejándoles un planeta en llamas.

No es que tengamos “la misma cordillera”

Tercero y último. En su discurso Milei equipara las riquezas minerales existentes de ambos lados de la cordillera de los Andes, afirmando que, si existe tanto cobre en Chile, entonces debería haber también otro tanto del lado argentino. Hay que derribar este lugar común, que los voceros oficiales y extraoficiales de la minería han buscado instalar desde Argentina en su intento por reformar de manera regresiva la ley de glaciares hoy vigente. No es que tengamos “la misma cordillera” que Chile. Las reservas de minerales, de un lado y otro de la cordillera, no son las mismas y no tendrían por qué serlo. Según la Secretaría de Minería de Argentina, “a nivel regional, las reservas de cobre de Argentina representan el 9,2% de las reservas de cobre de Chile y el 17,5% de las de Perú, dos países líderes en la extracción global del cobre.”[1]  Las reservas de cobre de Argentina se calculan en 17,1 millones  de toneladas. En comparación, Chile cuenta con reservas por 190 millones de toneladas, cerca del 20% del total mundial, que se calcula en 870 millones, según el USGS[2]. Aun si existieran áreas por explorar, las reservas de cobre en Argentina están lejos de compararse con las de Chile.

Así que no es que “Chile, con la misma cordillera genera 30 veces más que nosotros, que tenemos la misma cordillera”, como dijo Milei en Córdoba y repitió antes, en otros lugares. No solo no genera “30 veces más” sino que, fundamentalmente, no se puede ser reduccionista y pensar que, de un lado y otro de la cordillera ha habido los mismos procesos geológicos a lo largo de millones y millones de años. Si bien las cuencas sedimentarias poseen continuidad a uno y otro lado, las condiciones de deposición no fueron necesariamente las mismas, y la evolución de esas cuencas fue distinta a ambos lados de la cordillera, antes y después de su formación, dando como resultado diferencias geológicas y geomorfológicas. Más aún, los geólogos que consultamos por este tema se mostraron sorprendidos por la sola idea de considerar que la cordillera es igual de un lado y otro. La mayor parte de los grandes yacimientos de cobre del lado chileno están ubicados en franjas asociadas a la ocurrencia de las raíces de cadenas volcánicas durante varios períodos del Cenozoico (desde 65 millones hasta 10 millones de años atrás).

Más claro, es evidente que en esto no tiene nada que ver el ambientalismo o las supuestas trabas ambientales a las inversiones económicas mineras. Tampoco es que el escaso 0,21% del territorio nacional que protege la Ley de Glaciares (26.639) sea responsable de esta diferencia entre Argentina y Chile. Chile tiene los mayores yacimientos de cobre del mundo, y ello se debe a un conjunto de procesos geológicos que, del lado argentino de la Cordillera, no ocurren.

Como contra-argumento podría añadirse que si consideramos que debería haber lo mismo de un lado y otro de la cordillera, la pregunta es por qué no sucede esto con las cuencas hidrocarburíferas. Así en nuestro documento, “10 mitos y falacias sobre la Ley de glaciares”[3], decimos: “Mientras vemos que del lado argentino la cuenca Neuquina posee abundantes hidrocarburos (como los de Vaca Muerta), no sucede lo mismo del lado chileno (por ejemplo, en la región de Lonquimay), así como tampoco hay hidrocarburos en la cuenca del Chañarcillo, que representa la continuidad de la cuenca Neuquina del lado chileno hacia el norte. De hecho, Chile es un país que casi no tiene hidrocarburos”. Sin embargo, ¡no vemos que ningún político chileno salga a vociferar que, si en Argentina hay hidrocarburos del otro lado de la cordillera, entonces en Chile también debería haber!

Colofón

En realidad, toda esta caterva de mentiras e insultos, por parte de un presidente desbocado e ignorante, cada vez más preocupado por los varios casos de corrupción a cielo abierto que involucran directamente su figura, no es casual. Si Milei exacerba el alarido y el insulto serial contra el ambientalismo es porque en las últimas semanas, el ambientalismo logró derribar parte del cerco mediático, al movilizar a la sociedad en la defensa de los glaciares.

A las pruebas nos remitimos. Ya hay más de 85 mil inscritos en las Audiencias Públicas por la modificación de la Ley de Glaciares, convocadas (muy a su pesar) por la Cámara de Diputados de la Nación. Esto constituye un récord a nivel nacional y mundial. Pero el interés de los 85 mil ciudadanos y ciudadanas anotadas no es lograr el Guinness (que lo podrían hacer), sino defender la ley 26.639 que hoy se encuentra bajo un nuevo ataque. La discusión no es meramente técnica o interpretativa, sino que está plagada de elementos de deslegitimación narrativa, tanto por parte de voceros oficiales como extraoficiales, que lejos de buscar “aclarar” o “mejorar” la norma o su aplicación, apuntan a una derogación encubierta de la ley vigente y entregar los glaciares y periglaciares a la gran minería transnacional. 

Más de ochenta y cinco mil voces hasta ahora. Esta brecha abierta en un escenario tan asimétrico o desigual apunta a poner en la agenda pública la necesidad de defender nuestras reservas de agua, nuestros glaciares y el ambiente periglacial, que están en el origen de 39 cuencas hídricas, que recorren más de 1800 localidades y abastecen nada menos que 7 millones de habitantes. Todos sabemos que no es fácil, ya que en una típica avanzada antidemocrática, los diputados de La Libertad Avanza apuntan a restringir/anular la participación en la audiencia pública.

Pero nuestra historia colectiva indica que, aun en los momentos más oscuros, siempre hay destellos de luz. Esas más de ochenta y cinco mil voces (que seguramente aumentarán de aquí a este viernes, que vence la inscripción) están enviando un mensaje claro y preciso, un “no” a la cultura de la resignación y de la derrota. Un mensaje de que es posible dar vuelta la media sanción en la Cámara de Diputados, y evitar así el daño irreversible que producirá, de aprobarse, la reforma que pretende Milei y un puñado de gobernadores y corporaciones mineras. Esas voces están enviando un mensaje de que el presidente Milei no encarna la mirada de las grandes mayorías argentinas y mucho menos nuestra posición filosófica frente a la vida. Esa multitud inscripta está asumiendo cada vez más el carácter urgente e ineludible de la batalla cultural y política.

[1] https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria/siacam

[2]https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rgeólogoecursos_y_reservas_minerales_en_argentina_sep_2025_0.pdf?referrer=grok.com

[3] https://aadeaa.org/10-mitos-ley-glaciares/

Las audiencias sobre la reforma de la ley de Glaciares convocadas para la próxima semana ya tienen más de 27 mil inscriptos y ahora la duda es cómo se instrumentarán esas reuniones públicas con esa cantidad de oradores que quieren opinar sobre los cambios para permitir la explotación minera en aquellas zonas que no está permitida esa actividad.

Las audiencias publicas fueron convocadas en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, y que se realizó el pasado miércoles.

Las audiencias públicas fueron convocadas para el miércoles 25 en forma presencial y para el jueves 26 en forma virtual, pero la duda que circulaba en el Congreso es cómo se materializará la realización de esas reuniones para que todos puedan exponer sobre la reforma, que busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares.

Fuentes parlamentarias señalaron que se buscará la metodología para realizar las audiencias públicas y no se descarta que la mayoría tenga que hacerlo por escrito, aunque eso desatará una fuerte protesta. Otra opción que podría plantear La Libertad Avanza es que cada bloque aporte una cantidad de oradores para que lo hagan en forma presencial.

Los diputados opositores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Ines Zigarán, y la peronista Sabrina Selva, enviaron carta al presidente de la Cámara de diputados Martín Menem, y a Mayoraz y Peluc, para extender las audiencias públicas.

“Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan voz. Hay inscriptos de todas las provincias”, expresó Selva.

Ferraro expresó: “27.837 inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares. Dato: en el debate por la IVE (ley del aborto) hubo 15 días de audiencias y 738 inscriptos”.

La ley de Glaciares fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Con información de la agencia NA

El debate ambiental volvió a tomar la agenda, luego de que el Senado dio media sanción el jueves pasado a una reforma de la Ley de Glaciares. La modificación a la norma es impulsada por el Gobierno de Javier Milei y busca flexibilizar la protección del ambiente periglacial para potenciar la minería y otras actividades extractivas en estos cuerpos de hielo, según legisladores de oposición, expertos y el propio oficialismo.

La reforma a la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo en un sector social, que sostiene que pone en riesgo las principales reservas de agua argentinas y amenaza a ecosistemas críticos de ese país. En medio del debate parlamentario, que ahora ingresó a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento, organizaciones ambientalistas exigen una audiencia pública a los diputados, que serán los encargados de aprobar o no la reforma.

El 26 de febrero fue una jornada de duro debate en el Senado. En esa cámara legislativa se aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, como pretendía el Ejecutivo. Esta iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que la ley actual protege. La reforma fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Agostina Rossi, bióloga e integrante de Greenpeace Argentina, cuestionó la iniciativa que es impulsada por la administración de Milei. La experta explicó a Mongabay Latam que la norma actual que quieren modificar fija un piso obligatorio de protección en todo el territorio argentino pero que la modificación debilita ese piso o lo vuelve dependiente de decisiones de los gobiernos provinciales, que en la zona cordillerana, especialmente rica en minerales, son prominería y buscar explotar las zonas periglaciares. Así, dejaría de existir una garantía uniforme y se fragmentaría la tutela ambiental.

“En la práctica, eso significa que zonas que hoy están protegidas por una prohibición clara podrían quedar sujetas a autorizaciones locales [de explotación minera]. En regiones donde el agua es escasa y depende del aporte glaciar y periglaciar, esa flexibilización no es abstracta: implica mayor riesgo de intervención en reservas estratégicas de agua dulce y menor previsibilidad en su conservación frente a actividades extractivas”, detalló Rossi.

La experta añadió que la Ley de Glaciares –sin ningún tipo de reforma- no regula toda la actividad productiva ni prohíbe una actividad en particular en todo el país, pero lo que hace es fijar un estándar nacional para proteger glaciares y ambiente periglacial por su función hídrica y climática. “Cuando se propone modificarla, lo que está en discusión es si esos ecosistemas deben seguir teniendo una protección uniforme en todo el territorio o si ese estándar puede flexibilizarse”, dijo Rossi, quien aseguró que ahora la discusión “no es sobre una actividad en abstracto, sino sobre el nivel de protección que el país decide mantener sobre sus reservas estratégicas de agua”.

Por qué los glaciares y periglaciares son fundamentales para proteger las fuentes de agua

Organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa del Gobierno, apoyada por varios gobernadores de las provincias mineras, es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió. Estos sectores advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el traspaso de facultades desde el ámbito nacional hacia las provincias. La nueva redacción permite que cada distrito determine qué sectores del ambiente periglacial considera estratégicos para la conservación del recurso hídrico y en cuáles podrían habilitar actividades extractivas. De este modo, se relativiza la protección integral que hasta ahora ofrecía la normativa vigente.

Expertos calculan que la reforma pondrían en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas que viven en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.

El caso tiene alcance internacional. Relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares en el cumplimiento del derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

Sobre la ley actual que buscan modificar, los relatores dijeron: “Pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en una carta.

Hernán Casañas, director de la organización Aves Argentinas, explicó que el 36 % de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de 7.5 millones de habitantes. El experto detalló, con datos del Inventario Nacional de Glaciares, que existen 16 968 cuerpos glaciares en el país, con una superficie estimada de 8484 kilómetros cuadrados distribuidos en 12 provincias.

Casañas remarcó que si se modifica la norma se debilitará este ecosistema, a sus habitantes y a la fauna y flora que habita estas zonas. “Pretender flexibilizar esta ley, desde mi punto de vista, no va necesariamente a atraer inversión. Pretender flexibilizar esta ley es no conocer cómo funciona el mundo de hoy”, afirmó el experto, quien dijo que en diciembre de 2025 expuso a los senadores sus observaciones sobre las reformas a la Ley de Glaciares.

“¿Ustedes piensan que lo que haga la provincia de Formosa con el bosque chaqueño no va a incidir en la provincia de Chaco o no va a incidir en las cuencas hídricas bajas? ¿Ustedes piensan que lo que pasa en el Mato Grosso no incide en Argentina? No, no es así. Los procesos ecológicos son extremadamente más complejos. Esto es algo que tenemos que repensar. La fauna no reconoce fronteras políticas. El yaguareté [jaguar] que está en la provincia de Formosa hoy, mañana pasa a la provincia de Chaco”, les dijo Casañas en esa ocasión. El experto apuntaba a que lo que suceda con los glaciares y zonas periglaciares en la Cordillera de los Andes y otras zonas mineras terminará afectando la provisión de agua en las ciudades y pueblos de Argentina.

Tras lo ocurrido en el Senado, el proyecto debe ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Esteban Paulón, del bloque Unidos, anticipó su rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares porque las reservas de agua se verán afectadas por las explotaciones mineras que estarían autorizadas por las provincias, como dice la reforma.

“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce afectando no solo la función ambiental, sino también la función que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas. Así, la ley actual no tiene ningún sentido de ser modificada. De hecho, no impidió el desarrollo de la actividad minera, que en nuestro país se cuadruplicó desde que existe la Ley de Glaciares”, afirmó Paulón a Mongabay Latam.

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce apta para el consumo humano más importante de Argentina, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país, resaltó Paulón.

En línea y en contra de la idea de Milei

En el Senado argentino uno de los que votó a favor de la reforma de esta norma fue el senador Agustín Coto. El legislador, que representa a la provincia de Tierra del Fuego y es parte de La Libertad Avanza (LLA), bloque que responde a Milei, explicó que la reforma a esta norma apunta a “devolver a las provincias” su derecho constitucional a administrar sus recursos naturales, “corrigiendo” un esquema que limitó inversiones productivas y “frenó” el desarrollo regional.

“La media sanción [que se aprobó en el Senado] significa más empleo, más inversión y más desarrollo. La modificación busca compatibilizar el cuidado ambiental con un marco regulatorio razonable y moderno, que brinde previsibilidad jurídica y permita poner en marcha proyectos productivos responsables en todo el país”, resaltó Coto en contacto con Mongabay Latam.

El senador añadió que la reforma está en línea con la política que impulsa el presidente argentino y que como estaba la ley –vigente desde 2010- había “deficiencias técnicas”, por lo que ahora existe “claridad y seguridad jurídica” con la modificación de la norma: “Sin reglas claras no hay desarrollo”, dijo.

La senadora Juliana Di Tullio, del Partido Justicialista (PJ), fue una de las 31 voces en contra de la reforma de la norma y denunció la forma en cómo se votó la modificación de esta iniciativa. La legisladora afirmó que en la sesión ni siquiera se leyeron las modificaciones de último momento y que el contenido definitivo de la reforma no circuló de manera completa y consolidada con la antelación suficiente entre todos los legisladores.

“En menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas. Era un papelito sin membrete. La población necesita saber qué se negoció con esta reforma, cómo se negoció. Así, la norma aprobada no dará seguridad jurídica para las inversiones que se quieren traer”, dijo Di Tullio a Mongabay Latam.

Antes del comienzo del debate en el Senado, 12 activistas de Greenpeace Argentina fueron detenidos mientras protestaban contra el proyecto, luego de traspasar las rejas del edificio para levantar pancartas en las escalinatas de acceso. Luego de varios minutos, la policía intervino, arrebató los carteles y los detuvo, según medios locales. La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación. Los manifestantes fueron liberados más tarde.

La Oficina del Presidente celebró la media sanción mediante su cuenta en la red social X y afirmó que el proyecto “clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”. Así, el Gobierno de Milei dijo que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Dura afectación a la fauna

Según un informe elaborado por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands International, el 56 % de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. Esta dependencia asciende al 86 % en mamíferos, 78 % en reptiles y 69 % en anfibios. Además, en estas áreas se concentra la mayoría de las especies amenazadas: el 83 % de los anfibios, el 70 % de los mamíferos, el 56 % de los reptiles y el 53 % de los peces de agua dulce categorizados como Vulnerables o En Peligro a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, el informe subraya que alrededor del 35 % de las áreas protegidas argentinas se encuentran en cuencas que dependen de aportes hídricos de los glaciares, lo que evidencia la interconexión entre las zonas clasificadas como protegidas y los sistemas de drenaje alimentados por deshielo.

Marcelo Giraud, geógrafo, investigador y militante de la Asamblea del Agua Pura, expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares. El experto, advirtió en contacto con Mongabay Latam que, aunque se mantiene formalmente las definiciones centrales de la norma, se introduce cambios que habilitarán el avance de actividades extractivas sobre zonas protegidas.

“Hace tiempo veníamos preocupados imaginándonos qué podría venir con el famoso proyecto de Ley de Glaciares”, cuestionó el experto, quien apuntó a gobernadores de regiones mineras por impulsar la reforma. “Hay proyectos muy grandes de cobre que están justamente donde los inversores están queriendo tener la seguridad jurídica para ellos e inseguridad para la población sanjuanina, por ejemplo”, dijo.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) exigen a los miembros de la Cámara de Diputados que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un “proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental”.

La Comisión de Recursos Naturales y la de Asuntos Constitucionales, ambas de la Cámara de Diputados, convocó para este 4 de marzo a las 10 de la mañana a una reunión plenaria de sus miembros para elaborar un plan de trabajo para el tratamiento de la Ley de Glaciares. Se estima que el martes 10 de marzo se realizará una audiencia pública con organizaciones ambientales. Esa idea también fue impulsada por el bloque Unidos. Un día después se firmará un dictamen para que la norma sea abordada en el pleno de Diputados, por ahora sin fecha.

Cada día, España compra 1,2 millones de barriles de petróleo e importa más de 75 millones de metros cúbicos de gas, según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). Son las cifras más simples sobre la dependencia que el país tiene de los combustibles fósiles cuyo uso causa la crisis climática.

El ataque de EE.UU. e Israel a Irán derivó en una fuerte subida en el precio del crudo y el gas. En poco tiempo llegará a los bolsillos de los consumidores. El cierre de la ruta comercial en el estrecho de Ormuz redujo la producción e incrementó el costo. Desengancharse de los combustibles fósiles, como pide la lucha contra el calentamiento global, rompe esa dependencia.

Lo expresó la presidenta del Banco Europeo de Inversión (y exvicepresidenta del Gobierno español), Nadia Calviño quien, en plena ola de ataques y represalias aéreos de estos días, dijo que “es más urgente aún que Europa reduzca su dependencia de los países productores de combustibles fósiles”. Calviño calificó esto como “la lección principal” que deja el conflicto bélico.

España soporta una fuerte dependencia energética. Necesita fuentes externas para satisfacer casi toda la demanda a la hora de encender la luz, que funcione una industria o se muevan los coches y camiones. En 2024, esa dependencia fue del 68,4%, según el Balance Energético del Ministerio de Transición Ecológica.

La dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta. Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos

Fernando Prieto — Director del Observatorio Español de Cambio Climático

Lo cierto es que bajó desde el 73%-75% calculado entre 2010 y 2015 y está marcando los mínimos históricos, pero “la dependencia de productos petrolíferos es demasiado alta”, opina el director del Observatorio del Cambio Climático, Fernando Prieto. “Es fundamental aumentar las renovables de forma que llegue a la gente, por ejemplo, en una aerotermia y coche eléctrico más baratos”.

Fue, precisamente el incremento de las energías renovables (eólica, solar e hidráulica) que producen el 25% de la energía que se consume en España, según Transición Ecológica lo que hizo que, con todo, la dependencia energética española se haya reducido significativamente. Y esa energía provoca muy pocas emisiones de CO₂ y amortigua la necesidad de importar combustibles fósiles.

Al mirar las estadísticas de CORES se ve fácilmente de quién depende más España para adquirir esos combustibles fósiles. Las cifras oficiales muestran que el primer vendedor de petróleo a España es, precisamente, EE.UU. (un 15%). Le siguen Brasil, México y Nigeria -todos por encima del 10%-. Esos países acumulan la mitad de las importaciones españolas.

Para el gas, el primer proveedor español es Argelia y el segundo es, de nuevo, EE.UU., que se benefició del recorte en el gas ruso. Aun así, Rusia siguió en 2025 siendo el tercer exportador para España.

Campaña antirrenovables y beneficios millonarios

Sin embargo, la ola reaccionaria de derecha y ultraderecha puso en su punto de mira estas energías limpias. El líder de esa ofensiva, el presidente Donald Trump, por ejemplo, llama despectivamente a la eólica “molinos de vientos” o “la mayor estafa”. Su país es el principal vendedor de petróleo a España y el tercero de gas, ambos combustibles fósiles, los competidores naturales de las energías renovables.

La consultora especializada en energía EnergyFlux calculó que a las empresas gasísticas estadounidenses se les abrió con los ataques una ventana de enormes ingresos económicos. “Más de 1.000 millones dólares a la semana”, anticiparon, como consecuencia del conflicto en Irán.

Su análisis explica que, al cerrarse la planta de gas de Ras Laffan en Qatar por los ataques (que representa una quinta parte del gas licuado mundial), se “crea un déficit de suministro que los productores de EE.UU. podrán aprovechar”. Según sus datos, el incremento de precio del gas registrado desde que comenzó la ofensiva de EE.UU. e Israel hizo que la rentabilidad nominal de un cargamento de gas desembarcado en Europa haya pasado de 25 a 50 millones de dólares.

“Esto significa que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado (GNL) podrían generar hasta 4.000 millones de dólares en beneficios extraordinarios si la planta de Qatar permanece cerrada durante un mes”, concluyen.

Mientras, en España se está produciendo una campaña para salvar la energía nuclear, es decir, alargar la vida de los reactores cuyo cierre progresivo ya estaba proyectado. La nuclear no utiliza combustibles fósiles, aunque es 100% dependiente de importación de uranio. “Si se permiten las prórrogas de las centrales nucleares se va a cargar la evolución hacia las renovables”, advierte Fernando Prieto.

Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático y están ligados a violaciones de los derechos humanos así que no es solo una cuestión climática, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz

Marina Gros — Coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción

“Los combustibles fósiles nos atan a los efectos del cambio climático que estamos viendo, pero además, es que están ligados a violaciones de los derechos humanos”, ilustra la coordinadora del área de Energía de Ecologistas en Acción, Marina Gros. “Tanto en las comunidades cercanas a los puntos de extracción como a las de los de transporte e incluso aquí en España como en Muskiz. Al final, la energía puede ser utilizada como arma de guerra, pero también permite sostener la propia guerra”.

Gros subraya que, desde el ataque sobre Ucrania, “se ha intentado cambiar la dependencia del gas ruso por gas de EE.UU. y una vez llegados a este contexto de ataque ilegal en Irán, vemos que la dependencia del GNL norteamericano nos hace vulnerables. Nos ata a los mercados de precios internacionales y su volatilidad cuando se genera un incidente como este”.

En España el 65% de los productos petrolíferos se emplean para el sector del transporte, según el Balance Energético de Transición Ecológica. Sobre todo para los combustibles de los vehículos que circulan por carretera (que supone un 80% de la energía consumida por este sector). Y, justamente, esta actividad es la que emite más gases de efecto invernadero, la causa del cambio climático, en el país: un tercio del total nacional. “Considerando la relevancia de este sector en el total de las emisiones de gases, sería deseable observar un mayor desacoplamiento respecto al crecimiento económico”, explica el Inventario de Emisiones. Traducido: que los coches, camiones y furgonetas no inyecten tanto CO₂ desde sus tubos escape.

Sin embargo, la dependencia de los combustibles fósiles ya hizo que las asociaciones de transportistas por carretera CETM y Astic hayan pedido al Gobierno un paquete de ayudas por si los precios del gasoil se disparan. Ayudas significa dinero público para cubrir el gasto.

Al mismo tiempo, al cerrar el año 2025, la patronal europea de los motores que usan gasolina y gasoil, los constructores de automóviles, vieron cómo la Comisión Europea rebajaba su senda para desengancharse del petróleo y ya no va a prohibir esos vehículos a partir de 2030 como estaba previsto.

“Todo esto deriva de la dependencia energética”, resume Marina Gros. “Depender de los combustibles fósiles no es solo una cuestión del cambio climático, sino de proteger el derecho de las generaciones futuras a un planeta que se pueda habitar y donde haya paz”.

Las especies invasoras representan una amenaza creciente para los ecosistemas, la economía y la salud humana en Latinoamérica. En el sureste de México, el pez diablo, originario de la cuenca del Amazonas, invade cuerpos de agua dulce y altera el equilibrio natural. En Colombia, el caracol africano se ha vuelto incontrolable, desplazando especies nativas y dañando cultivos. Mientras tanto, en Argentina, el picudo rojo ha activado una alerta fitosanitaria que moviliza a autoridades y especialistas para proteger palmeras nativas y urbanas.

Frente a estos desafíos, la Semana de Concientización sobre Especies Invasoras (NISAW, por sus siglas en inglés) 2026 se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero, con el objetivo de sensibilizar a la población internacional sobre la importancia de prevenir la propagación de especies exóticas en sus territorios.

En Mongabay Latam conversamos con expertos de México, Colombia y Argentina, quienes describen a estas tres especies invasoras como altamente eficientes, capaces de alterar ecosistemas y competir de manera agresiva con la fauna local. Detrás de sus historias está la responsabilidad humana en la alteración del equilibrio natural.

Pez diablo: el invasor que ha llegado a nuevos sitios en México

Hace dos años, el ictiólogo Jacobo Schmitter lanzaba una advertencia a Mongabay Latam: el pez diablo (Pterygoplichthys pardalis) podía llegar a la laguna de Bacalar. Este paraíso de Quintana Roo, en el sureste de México, famoso por sus aguas turquesa y sus cenotes, tenía un futuro vulnerable. “Esa era la preocupación y efectivamente ocurrió”, señala el especialista que ha estudiado este y otros peces invasores durante más de tres décadas.

Originario de la cuenca del Amazonas, el pez diablo tiene varias especies, pero fue Pterygoplichthys pardalis la que se instaló en el Río Hondo, en la frontera entre México y Belice, hace menos de diez años. Primero se detectó en el lado beliceño del río y poco a poco avanzó hacia su cauce principal. También ha aparecido en Tabasco y Veracruz, causando daños severos en ecosistemas, fauna regional y pesquerías locales. Según Schmitter, “no es que haya brincado de un sitio al siguiente, más bien son invasiones independientes”. La responsabilidad es del ser humano por haberlo traído a la región, haberlo dejado escapar o incluso haberlo soltado intencionalmente, asevera el investigador de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR).

El pez diablo representa una amenaza para los ecosistemas cuando se libera al medio natural desde acuarios, donde pudieron haberlo tenido como mascota. “Por donde se le busque, es pésima idea liberar animales de cautiverio al medio ambiente. No debe hacerse eso, jamás”, advierte Schmitter.

En 2024, el especialista se sorprendía de que Bacalar todavía resistiera, pues el paso desde el Río Hondo es directo a través del llamado “Canal de los Piratas”, que conecta con el sistema lagunar. “Como el pez diablo ya está bastante extendido en el río —en algunas partes muy abundante—, la pregunta era por qué no había llegado a Bacalar”, recuerda Schmitter.

Aunque el pez diablo es de agua dulce, puede tolerar cierta salinidad. Es una especie detritívora que se alimenta de sedimento, pero su impacto va mucho más allá de la dieta: al consumir y remover el fondo, especialmente cuando forma cardúmenes numerosos, altera drásticamente la calidad del agua, modificando su transparencia y la concentración de sólidos disueltos y suspendidos, lo que transforma el hábitat para otras especies. Además, su comportamiento excavador genera madrigueras y túneles en los márgenes de ríos, presas y lagunas, y cuando alcanza altas densidades puede provocar erosión, derrumbes de orillas e incluso el colapso de muelles artesanales.

En Bacalar, estos peces se concentran en lugares muy particulares: cenotes sumergidos dentro de la laguna, espacios a los que han llegado desde hace aproximadamente un año y medio.

Allí se han capturado varios ejemplares —una docena, máximo 20—, lo que indica que aunque aún son pocos, la especie ya forma parte del sistema de Bacalar. Esa es la principal novedad y motivo de alarma del fenómeno de invasión, advierte Schmitter. En el resto de los sitios que ya han invadido, como la localidad beliceña Blue Creek —una comunidad menonita— o en la localidad mexicana de La Unión, “si tiran las redes, la mayor parte de lo que capturan es pez diablo, como también ocurre en Pantanos de Centla, en Tabasco, u otros sitios invadidos desde hace más tiempo”, agrega.

El pez diablo ya ha comenzado a expandirse hacia otras lagunas cercanas a Bacalar. Por ejemplo, un estudiante de Schmitter, Elián Garza, lo detectó en la Laguna de Noh-Bec, en el municipio de Felipe Carrillo, Quintana Roo. Allí, al igual que en Bacalar, se han capturado muy pocos ejemplares —no más de tres o cuatro—, pero su presencia ya está confirmada. Como advierte el especialista: “Si ya se registró, en un par de años lo vamos a tener mucho más abundante; Noh-Bec sí tiene una calidad de agua como le gusta al pez diablo: un poquito más cenagosa, con menor transparencia y otro tipo de sedimento, más idónea para que la invada con éxito y prolifere”.

La vigilancia para evitar su llegada no ha funcionado mucho, sostiene el ictiólogo, pero sí funcionó muy bien para detectarlo. “Desde los primeros muy poquitos ejemplares, nos enteramos de que había llegado el pez. Y no es tanto porque nosotros hemos estado yendo a darle seguimiento a ver si salen más, sino porque la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo —la autoridad ambiental— ha estado muy activa y atenta. Van y si logran agarrar uno, nos lo traen a ECOSUR para verificar qué es”, agrega.

Como no es un pez cuya carne se comercialice, en algunas regiones se ha buscado aprovecharlo de otras formas. Se ha intentado, por ejemplo, convertirlo en harina para alimentar aves de corral y curtir su piel gruesa para elaborar artesanías, como si fuera cuero.

“La prevención es lo idóneo porque la erradicación es un poco menos que imposible, es muchísimo esfuerzo”, sostiene Schmitter. “Si se trata de sitios difíciles como los cenotes sumergidos en la laguna de Bacalar, es muy difícil hacer un recorrido exhaustivo, porque es profundo y hay mucho dónde pueden esconderse. Lo idóneo es la prevención, pero entonces uno se pregunta por qué no está restringido el comercio de estos organismos tan potencialmente dañinos ambientalmente”.

En los sitios ya invadidos, recomienda a la población a integrarse a sistemas de alerta temprana y notificar a autoridades ambientales o centros académicos cualquier avistamiento de especies exóticas. “Así como uno daría parte de un incendio, hay que dar parte de la presencia de estos animales en el medio natural”, concluye.

Caracol africano: el voraz invasor de Colombia

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica), un molusco originario del oriente de África, se ha dispersado por toda la zona tropical del mundo con una eficacia preocupante. Esta especie tiene múltiples ventajas que le permiten colonizar rápidamente nuevos entornos: pone numerosos huevos, soporta climas adversos enterrándose durante meses si es necesario y come prácticamente cualquier cosa que encuentre a su paso. Además, los depredadores locales lo desconocen y no se atreven a enfrentarlo por su gran tamaño —puede alcanzar hasta 28 centímetros de longitud—, por lo que resulta un gran competidor para los moluscos más pequeños.

Según Alan Giraldo López, director del Grupo de Investigación en Ecología Animal y profesor del Departamento de Biología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, quien ha dirigido múltiples investigaciones sobre la especie, advierte que la presencia del caracol africano en Colombia empezó a reportarse alrededor de 2010. Dos años antes fue declarada como especie invasora por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

“Colombia tiene 32 departamentos y cuando nosotros empezamos nuestro estudio a nivel nacional en 2014 teníamos presencia reportada de caracol africano en 12 de esos departamentos. Para 2019 y 2020, ya estaba reportada en la totalidad de los departamentos del país”, afirma el especialista.

Para Giraldo, el caracol africano ya no es una especie invasora, sino residente permanente con poblaciones reproductivas locales. “Ya no podemos ver cómo erradicar a un invasor, sino cómo controlarlo”, dice.

Con su concha alargada, de color café oscuro a rojizo y con bandas que la recorren, este molusco gasterópodo puede alcanzar hasta 28 centímetros, aunque lo habitual es entre 10 y 12. Su aspecto llamativo ha llevado a que algunas personas lo mantengan como mascota, una práctica que contribuye a su rápida expansión.

“Sus vías de movilización fueron a través del transporte de mercancía, materiales o insumos en ferrocarril ”, describe Giraldo. “Nos fuimos a investigar uno de los parques donde llegan las locomotoras [de Buenaventura a Cali] y nos dimos cuenta de que en muchos de los contenedores y de las plataformas que utilizaba el tren para transportar contenedores tenían caracoles africanos en la parte de abajo. Es muy probable que la forma de dispersión más común, de mediana escala, sea a través del transporte de materiales vegetales”.

Aunque el caracol gigante africano no altera directamente las condiciones del suelo, sí representa una amenaza para cultivos y entornos urbanos debido a su voracidad. Prefiere brotes tiernos y frutos comunes del trópico como tomate, papaya y plátano, lo que puede afectar la producción agrícola desde etapas tempranas. También prospera en plazas de mercado, jardines con restos de poda, acumulaciones de materia orgánica e incluso madera en descomposición. Puede raspar paredes para consumir pintura o cal, donde obtiene minerales para fortalecer su concha.

Como resume el especialista, “es una maravilla desde el punto de vista operativo como especie porque puede obtener recursos de todas partes”.

Además de los impactos económicos, el caracol africano puede representar un riesgo para la salud humana porque puede portar el parásito Angiostrongylus cantonensis, asociado a casos de meningitis. Cuando este organismo infecta a una persona, puede alojarse en el cerebro, así como en los ojos, pulmones o el abdomen.

“Creo que el caracol vino para quedarse. No lo vamos a sacar del país por mucho esfuerzo que hagamos. Así se inviertan millones de dólares, no se podrá hacer. Tenemos que establecer acciones de control y reconocimiento de la potencialidad de la especie como vector de enfermedades zoonóticas”, sostiene Giraldo.

Uno de los caminos propuestos por los especialistas es atacar directamente las posturas de huevos para romper el ciclo poblacional. “Si uno logra erradicar las posturas, muy probablemente el influjo de nuevos individuos a la población se reduce drásticamente”, subraya Giraldo. Paralelamente, han desarrollado trampas pasivas que permiten a las comunidades recolectar los caracoles de manera más segura y disponerlos como residuos biológicos peligrosos con apoyo de las autoridades ambientales.

“Creo que en este momento la mayor debilidad que tenemos es la falta de articulación institucional: no nos sentamos en un mismo escenario para compartir información y generar respuestas unificadas”, concluye Giraldo.

Picudo rojo: el insecto que llegó a una isla en Argentina

En Argentina, la amenaza del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) sobre las palmeras ya no es un problema lejano: esta especie invasora, originaria de Asia, ha avanzado imparablemente por Europa, África e incluso las Islas Canarias en el marco del comercio internacional de palmeras, especialmente datileras. Actualmente, productores, municipios y especialistas del país están en alerta, luego de que la especie fuera detectada en la Isla Martín García, en la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a declarar una emergencia fitosanitaria en ese lugar.

“Es una isla que está entre medio de Uruguay y Argentina, en el Río de la Plata, y tiene jurisdicción binacional porque tiene parte de ambos países. Creemos que pudo haber llegado por una dispersión natural porque está muy cerquita —a unos 5 o 6 kilómetros— de la costa de Uruguay, donde hay picudo rojo”, describe Diego Alejandro Pérez, ingeniero agrónomo y coordinador general de Emergencias y Contingencia de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

El picudo rojo es un pequeño pero temible enemigo de las palmeras, pues afecta a más de 30 géneros, tanto de especies nativas como ornamentales. Con su color rojizo o anaranjado y manchas negras, mide apenas tres a cinco centímetros de longitud. Su cuerpo duro y su característico “pico” en el aparato bucal son característicos del grupo de los curculiónidos, también conocidos como cascarudos.

Los adultos vuelan de palmera en palmera, depositando sus huevos en la base de las hojas. De estos nacen larvas voraces que, con el tiempo, crecen hasta alcanzar el tamaño del propio adulto y devoran los tejidos tiernos de la planta desde dentro. Cada hembra puede generar hasta 400 huevos y hasta tres generaciones al año. Su voracidad termina matando la planta.

La emergencia fitosanitaria declarada a inicios de febrero de 2026 exige acción inmediata. Cualquier persona que detecte la plaga —ya sea en larva, pupa o adulto— o daños sospechosos en palmeras debe notificarlo de inmediato al Senasa, ya sea desde su oficina más cercana o mediante los canales oficiales. La obligación recae no solo sobre productores y comercializadores de palmeras, sino también sobre autoridades sanitarias y organismos de investigación, con el fin de activar rápidamente los controles necesarios para evitar la dispersión y establecimiento de la plaga en Argentina.

“Lo que nos preocupa es que Argentina tiene grandes extensiones de áreas protegidas y parques nacionales integrados por palmeras”, describe Pérez. “Por ejemplo, en Entre Ríos está el Parque Nacional El Palmar, donde la especie protagonista es la palmera Yatay (Butia yatay), con más de 500 palmeras por hectárea”.

Sin embargo, el picudo rojo muestra una fuerte preferencia por la palmera canaria, una especie exótica que se encuentra habitualmente en plazas, iglesias, espacios urbanos y viviendas rurales argentinas, donde se ha plantado por tradición.

“Esa es la palmera favorita del picudo rojo y todavía no conocemos cuál podría ser el efecto sobre las palmeras nativas”, sostiene Pérez.

En la Isla Martín García, área protegida de Argentina, los guardaparques alertaron al Senasa sobre palmeras que mostraban síntomas de afectación por el picudo rojo. Las hojas de la copa empezaban a secarse y adoptaban un aspecto parecido a un hongo o paraguas, señal evidente de la presencia de la plaga.

A partir de la alerta fitosanitaria, se intensificaron las tareas de vigilancia en la isla, especialmente por ser una zona turística. Se controla cuidadosamente la entrada y salida de pasajeros, ya que, al ser una reserva natural, preocupa que alguien pueda transportar palmeras o insectos que faciliten la propagación del picudo rojo, explica Pérez.

El especialista señala que al detectar un ejemplar afectado, el plan de contingencia establece el corte de la palmera, la aplicación de insecticidas o tratamientos específicos sobre los restos de hojas y tallos, y la disposición final de los residuos en lugares seguros, ya sea mediante entierro o trituración, para evitar la dispersión de la plaga.

“La clave está en que los ciudadanos, los visitantes, todo aquel que visite un área donde está ampliamente distribuido el picudo rojo, como en Uruguay, no traigan palmeras ni sus restos”, concluye Pérez. “Los turistas que van a la isla deben tener exactamente la misma precaución cuando regresen al continente. Por último, es importantísimo que cualquier sospecha que tengan sobre las palmeras que están en sus casas o en el arbolado público, rápidamente den aviso al Senasa para ver su estado”.

AA / NB

.A pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, el río Luján es la principal frontera entre el continente y la primera sección de islas de Tigre. La puerta de entrada más directa al delta del Paraná. 

Diego Domínguez es alto, flaco, de barba. Tiene alrededor de cincuenta años. A las nueve y media de la mañana espera en su lancha, en la amarra pública de San Fernando, descalzo y con ropa de trabajo. 

Diego es vecino de la isla e integrante de la Cooperativa Isla Esperanza. No lo dirá en toda la entrevista, ni antes, ni después, pero también es sociólogo, investigador del CONICET y docente de la UBA. 

Desde la amarra de San Fernando al Canal Vinculación hay un par de minutos. Subiendo por el canal otro breve tramo, enseguida, a la derecha, se encuentra el mítico arroyo Anguilas. 

“Entre el Pajarito y el río abierto, curvándose bruscamente hacia el norte, primero más y más angosto, casi hasta la mitad, luego abriéndose y contorneándose suavemente hasta la desembocadura, serpea, oculto en las primeras islas, el arroyo Anguilas”, escribió Haroldo Conti en el comienzo de Sudeste, su primera novela, publicada en 1962. 

Apenas entrando al arroyo se puede ver que si en ese momento era angosto, ahora ya no. La margen derecha está notoriamente alterada, como si le hubieran agregado un rectángulo gigante de agua. Pero ese no es el cambio más importante. Es la primera señal de Colony Park, el proyecto de “isla privada” que cambió radicalmente la geografía del lugar. En ese lugar, según el plan, iban a amarrar los yates. 

Siguiendo por el Anguilas hacia el nordeste, a los pocos metros se puede encontrar la entrada a lo que se conoce como “el 8”. Se trata de una especie de laguna, que en el medio tiene dos sectores de tierra, todo literalmente dibujado por la mano de un desarrollador inmobiliario. Lo llaman así porque si uno quiere recorrerlos en una embarcación puede dibujar un ocho, o porque desde el aire se ve con una forma aproximada a ese número.

El sector tiene cierta fama porque es una de las sedes donde jóvenes en yates de papá se reúnen en comentadas fiestas náuticas. El otro punto célebre está a pocos metros y es “el 7”. Los dos son consecuencia de los movimientos de tierra que empujaron ese faraónico proyecto para las clases altas que gustan del delta, pero más todavía de Miami.

Estas intervenciones afectaron el arroyo y partes del centro de isla, que tiene funciones clave en este ecosistema. 

El gran humedal

El delta del Paraná cumple una serie de tareas vitales para tres provincias —Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires— y para toda el área metropolitana. 

Las islas, de carácter aluvional, tienen forma de plato hondo: más altas en los bordes y más bajas en el centro. Su conformación aporta a la fijación de sedimentos, el almacenamiento de carbono, la filtración del agua y la regulación hídrica. El humedal funciona como una esponja: absorbe agua en momentos de crecida y la libera lentamente en épocas de bajante. De esta manera, amortigua el efecto negativo de los períodos de inundación y de sequía. 

Sus características las convierten en el hábitat de una enorme cantidad de vida. 

La lancha avanza a media máquina, todo está bastante cerca. 

“Ese es el segundo galpón de la cooperativa”, explica Diego, frente a la sede de la organización. “El otro nos lo quemaron”.

Volvemos sobre nuestros pasos y navegamos hacia la Escuela Isleña Don Legui.

Después de amarrar la lancha caminamos unos metros, junto a frutales plantados hace pocos meses. Hasta que aparece un camino que corta hacia adentro y enseguida llegamos a la construcción, con dos escaleras de madera que le dan altura. Ahí Diego prepara el mate y conversa sobre la formación de la cooperativa. 

Cuenta que entre 2008 y 2009 Colony Park había desalojado a casi todas las familias del lugar, en algunos casos de forma violenta. Uno de los vecinos, Juan, se negó a dejar su vivienda a pesar de las amenazas y un día fue a una asamblea de isleros y organizaciones, que se hacía en la Estación Fluvial de Tigre, a plantear lo que estaba pasando en el arroyo Anguilas. Diferentes personas y organizaciones comenzaron a apoyar la lucha, entre ellos el propio Diego. En ese proceso nació Isla Esperanza. 

“La cooperativa se creó para volver al territorio”, relata. “Empezamos a producir cortinas de junco, como para revitalizar la economía isleña, que había sido golpeada por la empresa también. Porque la empresa te desaloja, pero también golpea tu economía. Te destruye tu vivienda, pero también tu posibilidad de acceder al territorio como fuente de trabajo y producción. Entonces, la cooperativa intentó revertir ese proceso”. 

En su relato se preocupa por señalar la integralidad de la lucha que llevan adelante, y dentro de ella, la importancia de la organización en el propio terreno. 

“Fue una herramienta territorial que se combinó con las estrategias legales, con estrategias mediáticas, con estrategias de gestión. La cooperativa jugó en una trama que explica por qué también el apoyo del movimiento ambientalista de Tigre, también agrupaciones de vecinos, hasta a escala internacional, y se pudo frenar la empresa”, afirma.

Pero esa gran victoria no dio lugar a una situación idílica. Al triunfo, ese cielo cotidiano, hay que ganárselo todos los días. En ese camino hay diferentes obstáculos. Menciona ataques como el incendio del galpón pero también el impedimento de pescar o de cortar juncos por parte de actores —como el barrio privado Santa Mónica o la Municipalidad de San Isidro— que buscan quedarse con las islas en formación, casi sobre el frente de avance del delta, muy cerca de allí. 

También aparecieron otro tipo de desarrollos inmobiliarios, más pequeños. En la cooperativa les llaman “los miniColony Park”. 

“Tanto los miniColony como esta línea más ambientalista de élite lo que hacen es quedarse con los lugares y no quieren que estén ni el pescador ni el junquero”, sintetiza.

La isla es territorio de una disputa que se expresa de diferentes maneras. 

Más allá de la expropiación

En septiembre de 2025, con la aprobación en la Cámara de Diputados, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a la ley de expropiación a favor de la cooperativa Isla Esperanza. 

Hecho raro en tiempos de polarización extrema, el trámite se aprobó por unanimidad. Esto genera una moderada expectativa ante la posibilidad de que en 2026 la Cámara de Senadores provincial convierta el proyecto en ley.

“Nos pone contentos, tenemos expectativa de que salga”, dice, y enseguida relativiza: “Es un pasito más en un camino que sabemos que no terminará nunca”. 

Hay plena conciencia de que cada momento y cada avance implica nuevos desafíos.

“Tenés que ir generando las condiciones para que estemos mejor y se cumplan más derechos, pero no hay un momento que se termina —explica— porque incluso saliendo la ley, después tenemos que ver cómo llevar a cabo esa reorganización del territorio en un sentido de que haya respeto, que las familias locales fortalezcan su uso del lugar, que sea armonioso con el humedal y con la fauna y la flora. Es un desafío enorme, por eso cada pasito lo festejamos parcialmente”. 

El 8 de mayo de 2025 la Cooperativa Isla Esperanza inauguró la Escuela Isleña Don Legui, un sueño que tenía ya algunos años.

“Es el espacio de formación que construimos para formalizar y consolidar el vínculo con las universidades, con las escuelas, con todos los espacios educativos. También es donde traemos y fortalecemos los propios conocimientos sobre la isla: sobre la historia del Delta, sobre las actividades económicas que hacemos, sobre los humedales”, dice.

En la actividad presentaron un mapeo comunitario del Anguilas, que realizaron junto con el Grupo de Ecología Política de la UBA. Además, tienen un convenio con la Universidad del Delta y vínculos con diferentes organismos y centros de formación profesional. 

Hasta ahora organizaron actividades de formación sobre cestería en junco, identificación y producción de hongos —en este caso, dictado por el INTA— y análisis de la calidad del agua. Además, junto a Cosensores, realizan talleres de construcción de tecnologías para potabilizar el agua.

Diego elige cerrar la conversación contando el por qué del nombre: “Don Legui, Leguizamón, es un viejo de la isla. Hace muchos años, a mediados del siglo XX, fundó la Casa Isleña en el arroyo Abra Vieja; un espacio de acompañamiento, para recibir cerca de la costa a aquellos isleños que venían de más arriba”. 

Don Legui, homenajeado en vida para rescatar la historia y desear el futuro.

“Él siempre ahí, colaborando con la comunidad isleña. Es una persona muy formada. Puede hablar de la gesta sanmartiniana y la emancipación latinoamericana, te puede hablar de la historia argentina contemporánea, te hace un análisis geopolítico —agrega—. Nos parece que es un ejemplo hermoso, que nos interpela, que nos gusta y que nos parece necesario. Queremos que Isla Esperanza sea un antecedente de que es posible construir otro modelo, donde estén la población isleña, la producción sustentable y la defensa de los humedales”.

Volvemos al continente por el mismo recorrido: arroyo Anguilas, Canal Vinculación, río Luján, muelle público de San Fernando. Unos minutos más para sentir la isla, para pensar. La defensa de lo propio es difícil. Exige organización, tiempo, trabajo. Pero gracias a eso —tal vez— puede convertirse en posible.

Este artículo fue elaborado en el Taller de crónica de El Cuaderno Azul 2025 que coordina Alejandro Seselovsky.

En la provincia de San Juan, una de las más áridas de Argentina, el agua es más que un recurso: es un símbolo. Una leyenda popular cuenta la historia de una mujer de la zona, Deolinda Correa, que murió de sed en 1841 mientras cruzaba esta provincia durante las guerras civiles. Su bebé sobrevivió milagrosamente y así nació la leyenda de Deolinda, La Difunta Correa. La tradición local es dejar una botella de agua en su santuario. La escena refleja la tensión cotidiana en esta geografía precordillerana, donde el agua es escasa y valiosa.

Esa misma geografía es la que, paradójicamente, hoy sostiene un cultivo que se expande aceleradamente: el pistacho, fruto seco que encontró allí condiciones ideales de clima —inviernos fríos, veranos calurosos y secos— y un mercado global en crecimiento.

La superficie cubierta por las plantaciones de pistachos ha pasado de unas 1.000 hectáreas en 2013 a entre 7.500 y 8.500 hectáreas en la actualidad, según las estimaciones facilitadas a Dialogue Earth por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). San Juan representa actualmente alrededor del 90% de la superficie cultivada.

Pero el recurso esencial necesario para sostener esta revolución del pistacho es precisamente el que más falta hace en San Juan: el agua.

Un auge en medio de la sequía

Esta región del noroeste de Argentina lleva más de una década sufriendo una grave sequía hidrológica, agravada por el cambio climático y la gestión ineficiente de los recursos.

El suministro de agua depende principalmente del deshielo invernal, cuya fuente se ha visto amenazada. Según datos del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLIA), en los Andes Desérticos se registró en los últimos 15 años una reducción del 17% en hielo descubierto, 23% menos de manchones de nieve y una pérdida equivalente a 7 metros de agua en glaciares monitoreados. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión del Agua en el Árido (CIGGIA) sostiene que las cuencas de los ríos San Juan y Jáchal presentan niveles de nieve “muy por debajo del promedio de los últimos 25 años”. 

El panorama es crítico, explicó a Dialogue Earth Leandro Salvioli, investigador del Instituto Nacional del Agua (INA).

“En San Juan llueve entre 80 y 100 milímetros por año, y las sequías son más frecuentes y largas. Estamos yendo a buscar agua cada vez más profundo al acuífero, agua de 10 a 12 mil años de antigüedad. Si no construimos una conciencia hídrica, vamos derecho contra un paredón”, sostuvo.

A la escasez se suma la falta de control riguroso: aunque existen 5.370 perforaciones de agua autorizadas, Salvioli estima que en realidad hay unas 15.000, alimentando la sobreexplotación.

Un cultivo eficiente, pero demandante

Los pistachos toleran mejor la escasez de agua que otros cultivos gracias a la profundidad de sus raíces. Sin embargo, según los técnicos del INTA, los rendimientos comerciales siguen requiriendo cantidades considerables de agua.

“Es muy interesante para zonas áridas, pero para rendir bien necesita agua, y ahí está el desafío”, explicó a Dialogue Earth Gonzalo Sánchez Cañete, investigador del INTA San Juan.

Según las principales empresas productoras, el sector ha invertido en tecnologías que buscan optimizar los recursos, como la medición constante de la humedad del suelo y el riego por goteo. Este último puede ahorrar hasta un 80% en el consumo de agua en comparación con otros métodos de riego.

En el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, donde se concentra el mayor polo pistachero del país, la empresa Pistachos de los Andes lleva casi dos décadas desarrollando este cultivo. Manejan unas 300 hectáreas, con rendimientos de entre 2.800 y 3.000 kilos por hectárea por año. También cuentan con un vivero que produce alrededor de 100.000 plantas al año, según el ingeniero agrónomo Pablo García, que gestiona la producción en el lugar.

La finca parece un oasis en el desierto, con parcelas verdes y ordenadas de árboles que contrastan fuertemente con el paisaje seco y árido. Brenda Sánchez lleva dos años trabajando en el vivero. “Las plantas hay que tratarlas con cuidado y cariño porque son frágiles. El agua es escasa por aquí, así que sabemos que tenemos que cuidarla mucho”.

Se ha realizado una importante inversión en tecnología, que abarca desde un sustrato para plántulas importado de Finlandia hasta molinos de protección contra las heladas traídos de Nueva Zelanda. Esta tecnología destaca en una zona de asentamientos pequeños y precarios. Muchos habitantes siguen construyendo sus casas con barro y madera, según la tradición ancestral del pueblo indígena Huarpe de la región.

“Somos una empresa de economía circular”, explica Marcelo Nemirovsky, propietario de Pistachos de los Andes, a Dialogue Earth. “No generamos residuos y usamos energía solar. Y hacemos un uso muy eficiente del agua: el riego por goteo no desperdicia una gota”. La empresa utiliza entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos de agua —equivalentes aproximadamente a tres piscinas olímpicas— por hectárea al año.

Desde el gobierno provincial, el secretario de Agricultura Miguel Moreno afirmó a Dialogue Earth que el sector del pistacho es “modelo en gestión del agua”, con 97% de tecnificación.

Aun así, especialistas coinciden en que la discusión sobre el uso del agua en un territorio desértico —y con un suelo cultivable que apenas alcanza el 3% de la superficie provincial— seguirá creciendo.

“Hay algo de capricho en querer vivir y producir en un desierto. Los humanos deberíamos adaptarnos a eso, no al revés”, resumió Salvioli.

Demanda global y expectativas locales

El auge del pistacho en Argentina forma parte de un fenómeno mundial. A nivel global, se espera que la producción crezca un 7% este año hasta alcanzar 1,2 millones de toneladas, según un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estados Unidos lidera el mercado, seguido de Turquía, Irán y Siria. El consumo también está aumentando, especialmente en Turquía.

Los precios internacionales subieron un 17% este año, alcanzando los 23 dólares por kilo y ganándose el sobrenombre de “oro verde”.

En Argentina, los pistachos forman parte de una industria de frutos secos que abarca aproximadamente 22.000 hectáreas, liderada por las nueces, seguidas el pecán, las almendras y las avellanas, según las últimas cifras oficiales del Censo Nacional Agrícola, de 2018. El gobierno estima que actualmente hay unas 30.000 hectáreas. 

Para algunas empresas tradicionales del sector, como Prodeman —dedicada al maní y recientemente ingresada al cultivo de pistacho—, la oportunidad combina diversificación y una tendencia global hacia consumos más saludables.

“La demanda de frutos secos crece porque las nuevas generaciones comen más saludable”, dijo Gustavo Cavigliasso, miembro del directorio de Prodeman, a Dialogue Earth. “Primero queremos potenciar el mercado interno, pero siempre las puertas están abiertas a la exportación”.

China, un horizonte distante pero cargado de expectativas

La habilitación de China para importar frutos secos argentinos en marzo de 2025 generó entusiasmo en San Juan y en el sector pistachero en general. El primer envío de nueces pecanas se realizó este mes.

China importa anualmente unas 170.000 toneladas de pistachos, un volumen que supera ampliamente la producción total de Argentina.

Los expertos consideran que esto puede ser significativo, pero es poco probable que tenga un impacto inmediato.    

“El vínculo comercial con China es óptimo y creciente, pero hoy el pistacho argentino está lejos de poder abastecer un mercado así”, explicó Ernesto Taboada, director del Consejo Chino-Argentino. “Los compradores chinos vendrán por muchos contenedores, no por una bolsa”.

El principal reto es alcanzar rápidamente la escala deseada. Los árboles tardan entre 8 y 10 años en madurar. “Nos interesa venderles, por supuesto, pero no tenemos volumen todavía”, reconoce Nemirovsky. “Para llegar a China primero hay que crecer, y eso lleva tiempo”.

Moreno, el secretario de Agricultura, reconoce las dificultades: “La apertura china va a generar un impacto, pero todavía es imposible cubrir ese mercado”. 

Así, China opera como una promesa a largo plazo: un mercado gigante que podría absorber el pistacho argentino cuando —y solo cuando— el sector logre ampliar su escala productiva .

Una industria en busca de equilibrio

El auge del pistacho en Argentina representa una oportunidad económica en un contexto global favorable, pero también expone los límites de producir en una de las regiones más áridas del país. Las tensiones entre expansión agrícola y crisis hídrica se han vuelto más visibles, y especialistas advierten que el futuro del sector dependerá de su capacidad para adaptarse.

Según datos del INA, el acuífero del que dependen gran parte de las producciones de San Juan está siendo explotado más rápido de lo que se recarga. Como dice Salvioli, “es un recurso que no se puede renovar”.    

Al mismo tiempo, el sector pistachero intenta posicionarse como ejemplo de eficiencia: el 97% de las plantaciones utiliza riego por goteo, según datos de la Secretaría de Agricultura provincial, y las principales empresas aplican sensores, monitoreo permanente y energía renovable para reducir consumos.

Sin embargo, la tecnología avanzada es solo una solución parcial. El investigador del INTA Sánchez Cañete sintetiza: “La pregunta no es solo cuánta agua usa, sino de dónde sale y cuánto queda disponible para los demás”.

El desafío es encontrar un equilibrio: expandir un cultivo que puede generar empleo, exportaciones y valor agregado, sin comprometer un recurso que, en San Juan, define no solo la producción sino la vida misma.

Según Salvioli, la falta de control sobre las perforaciones y la explotación intensiva profundizan el problema: “Se abusa de un recurso cada vez más escaso”.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth

Guías turísticos, cooperativas locales y asociaciones profesionales expresaron su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de habilitar a prestadores privados a operar dentro de los parques nacionales sin cumplir los requisitos históricos de formación, control ambiental ni acompañamiento profesional. Denuncian que esta desregulación afecta directamente su fuente laboral y abre la puerta a la precarización del turismo y el deterioro de los entornos protegidos.

La medida implica un cambio de reglas abrupto para los guías habilitados, quienes deben certificarse, formarse y acreditar conocimiento de los territorios en los que trabajan. Distintas asociaciones de profesionales señalaron que la desregulación “atenta contra su fuente laboral y contra el turismo responsable”.

El reclamo surgió tras la publicación de la Resolución 62/2025, que habilita un registro simplificado de prestadores privados dentro de parques nacionales, sin necesidad de informes de impacto ambiental ni guía obligatoria para las actividades consideradas no riesgosas.

“El guía no es un adorno: es quien cuida el ecosistema, enseña respeto por el entorno y evita que se generen daños irreparables”, expresaron referentes del sector. A su vez, advierten que la competencia sin regulación ni controles pone en riesgo el empleo formal en regiones donde el turismo es la principal fuente de ingresos.

Desde el Gobierno nacional, la medida fue presentada como parte de un plan para “abrir el juego” y terminar con las “rentas monopólicas”. Según el nuevo titular de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, el objetivo es fomentar más competencia, bajar precios y facilitar el acceso a los parques.

Uno de los casos mencionados fue el del glaciar Perito Moreno, donde actualmente una sola firma opera excursiones. Con la nueva norma, el Ejecutivo busca habilitar a más empresas para operar en otras áreas del parque, como las caras norte y sur .

Impacto ambiental: luces rojas en territorios protegidos

Más allá de la dimensión laboral, la reforma despierta una fuerte preocupación ambiental. Los parques nacionales no son solo destinos turísticos: son territorios protegidos por ley, que preservan ecosistemas frágiles y especies en peligro.

La nueva normativa elimina la obligación de realizar estudios de impacto ambiental y permite construir “infraestructura efímera” sin evaluación previa. Especialistas advierten que esto podría derivar en basura acumulada, sobrecarga de visitantes, daño a la fauna, incendios o erosión de suelos.

“Sin protección ambiental, no hay turismo sustentable”, sintetizan desde organizaciones conservacionistas. También cuestionan que el Gobierno hable de “modernización” sin precisar mecanismos concretos para el control de actividades privadas dentro de las reservas.

¿Más turismo o más precariedad?

El nuevo régimen desregulado promete dinamizar la actividad, pero genera un escenario incierto para quienes trabajan como guías, operadores independientes o cooperativas locales. Para muchos de ellos, esta decisión implica pasar de ser actores centrales a competir en condiciones desiguales con grandes prestadores sin regulación.

En un contexto donde el empleo en el turismo aún no se recuperó por completo tras la pandemia, y donde la presión sobre los recursos naturales es cada vez mayor, el debate no es solo económico, sino también ético y ambiental.

JJD

Más de 25 organizaciones de la sociedad civil hicieron público un documento en el que manifiestan su rechazo a cualquier intento de modificar la Ley N.º 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, las entidades remarcan la necesidad de sostener los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que respaldaron la sanción de la ley en 2010, y alertan sobre los riesgos de reducir los niveles de protección vigentes.

La norma, aprobada tras un extenso debate social y parlamentario, representa un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Su objetivo es resguardar reservas estratégicas de agua dulce esenciales para la vida y el desarrollo, especialmente en regiones áridas donde el acceso al recurso es crítico. Cualquier modificación podría habilitar actividades económicas —principalmente la minería a gran escala— en ecosistemas sumamente frágiles, con impactos ambientales severos, entre ellos la pérdida de agua almacenada en glaciares y ambientes periglaciales.

Las organizaciones recuerdan que los glaciares y el periglacial forman un sistema único indispensable para la regulación hídrica: alimentan cuencas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y a miles de comunidades. En un escenario global de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares, advierten que flexibilizar la ley significaría agravar un proceso ya crítico, poniendo en riesgo no solo reservas hídricas estratégicas sino también economías regionales y dinámicas sociales asociadas al agua.

El documento destaca el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como organismo técnico clave en la implementación de la norma. Las entidades subrayan la necesidad de fortalecer sus capacidades y presupuesto para profundizar las tareas de monitoreo y conservación.

Además, remarcan que la Ley de Glaciares no impide el desarrollo económico sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y el agua cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.

A la postura de las organizaciones se sumaron artistas y figuras públicas que difundieron videos bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. Entre quienes participaron se encuentran Lula Bertoldi, Locomotora Castro, Maitena Burundarena, Dolores Fonzi, Gabriela Cabezón Cámara y Rayo (alias Big Buda), quienes reclamaron la defensa del agua bajo el lema: “El agua vale más que todo”.

En otro video, se pronunciaron Ricardo Mollo, Lisandro Aristimuño, Nadia Larcher, Susy Shock y Laura Azcurra, entre otros. Los artistas convocaron a las manifestaciones que tendrán lugar este jueves en diferentes puntos del país, incluída la Plaza del Conrgreso en Buenos Aires.

Por último, las organizaciones recuerdan que cualquier reforma que implique un retroceso en la protección sería ilegal e inconstitucional. Señalan el principio de no regresión ambiental, incorporado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe retroceder en los estándares de protección ambiental vigentes.

CRM

La organización ambientalista Greenpeace expresó su “extrema preocupación” ante el anuncio de un nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas de agua dulce del país. De concretarse, sería el segundo intento de reforma en apenas dos años y, según la ONG, habilitaría actividades que amenazan la integridad de los glaciares y sus ecosistemas asociados.

El proyecto, aún no presentado formalmente, buscaría permitir intervenciones en zonas actualmente protegidas, lo que según Greenpeace expondría a los glaciares a mayores riesgos de contaminación, destrucción y eventual desaparición. “La Ley de Glaciares protege un recurso único y finito: el agua. El retroceso ambiental que planteará esta modificación pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos. Lo que se discutirá cuando el proyecto sea presentado es la entrega de las fuentes de agua de los argentinos”, advirtió Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares fue considerada un hito para la política ambiental del país. Impulsada por organizaciones civiles y respaldada por una amplia movilización social, estableció salvaguardas estrictas para proteger los glaciares y el ambiente periglacial, zonas fundamentales para el almacenamiento de agua y la regulación climática. La normativa prohíbe actividades que puedan dañarlos —como la minería y la explotación hidrocarburífera— y reconoce su papel clave en la provisión de agua en un contexto marcado por la crisis climática.

Para Greenpeace, retroceder en estos estándares constituiría no solo un riesgo ambiental severo sino también una vulneración institucional. “La Ley de Glaciares es una norma pionera, no existe otra en la región con tal alcance de protección. Deberíamos sentir orgullo. Modificarla implicaría una condena al agua de los argentinos”, afirmó Rossi Serra.

Los glaciares y el ambiente periglacial no solo son paisajes emblemáticos, sino verdaderas reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a comunidades, ríos y sistemas productivos. Su deshielo regula los caudales en épocas de sequía, asegurando agua para consumo humano, agricultura y generación de energía. Además, actúan como indicadores del avance de la crisis climática y constituyen refugios esenciales para la biodiversidad. Su deterioro, advierten especialistas, profundizaría la escasez hídrica y agravaría los impactos del calentamiento global.

Rossi Serra subrayó además que una reforma regresiva sería “inconstitucional” y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia climática. En este sentido, Greenpeace llamó a la ciudadanía a mantenerse activa en la defensa de los glaciares. “Sin glaciares no hay agua. Y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país. Proteger estos cuerpos de hielo es proteger el agua que millones de personas necesitan para vivir hoy y mañana”, concluyó.

CRM

La cumbre del clima de la ONU tiene un elefante en la sala: el petróleo. El pasado 20 de octubre, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), autorizó a la empresa Petrobras a perforar un pozo de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas. A pesar de estar a 175 kilómetros de la costa, el llamado 'bloque 59' está dentro de la cuenca hidrográfica del mayor río del mundo. “Aunque haya sido una decisión difícil, se impuso el criterio técnico. Haberlo anunciado después de la COP30 habría sido hipócrita”, aseguró hace unos días Rodrigo Agostinho, presidente del IBAMA, en una entrevista a Folha de São Paulo. La decisión, que llega tras fuertes presiones del gobierno de Brasil, queda en entredicho por un informe negativo de 29 técnicos del propio IBAMA, que alertan de posibles daños ambientales serios. “Yo ya había dicho que no es posible abrir la mano del combustible fósil de un día para el otro”, afirmó el presidente de Brasil, Lula da Silva, el pasado martes.  

A las puertas de la COP30, que arranca el próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém, la decisión ha caído como una bomba. Ocho grandes organizaciones de la sociedad civil han recurrido la decisión a la Justicia, alegando que la licencia de perforación ignora los impactos ambientales. El Partido Socialismo y Liberdade (PSOL), aliado izquierdista de Lula, ha criticado con dureza la decisión. “Necesitamos salir de la dependencia del uso de combustibles fósiles, porque es lo que está calentando la temperatura de la Tierra”, ha declarado Marina Silva, ministra de medio ambiente, a la Agência Brasil, sin atacar directamente la decisión del IBAMA.

La explotación petrolífera profundiza la división del gobierno de Lula. Además de hacer frente al rechazo de la ministra Marina Silva y a Sônia Guajajara (ministra de los Pueblos Indígenas), Lula tendrá que dirimir sus diferencias con Guilherme Boulos, el recién nombrado ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Su partido, el PSOL, ha presentado un proyecto de ley en el congreso para prohibir la explotación de petróleo en la denominada margen ecuatorial (franja oceánica que incluye la desembocadura del río Amazonas).

El presidente brasileño ha reunido este jueves a jefes de estado y de gobierno antes del inicio de la Cumbre del Clima de la ONU, y ha se ha referido a este asunto, aunque sin mencionarlo explícitamente: “Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos un itinerario para, de forma justa y planeada, revertir la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para esos objetivos”.

Sabotaje a la COP30

La decisión de autorizar la explotación petrolífera en la región amazónica, además de quitar legitimidad ambiental a Brasil, puede dificultar los posibles acuerdos sobre transición energética de la COP30. “Es una especie de sabotaje a las discusiones en relación con el petróleo. Se anuncia en el peor momento posible. Se podrían haber esperado unos días para que no influyera en la conferencia”, asegura Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas del Observatorio del Clima y presidenta del IBAMA entre 2016 y 2019, en entrevista telefónica con elDiario.es. La nueva frontera petrolífera de Brasil en aguas ecuatoriales enfría la aplicación del compromiso que firmaron todos los países en la COP28 de Dubai para abandonar los combustibles fósiles. Araújo, que rechazó hasta en cinco ocasiones la explotación de petróleo en proyectos similares al del 'bloque 59', sostiene que la decisión del IBAMA tiene “problemas técnicos” y “problemas jurídicos”.  

La denuncia colectiva presentada en la Justicia contra el IBAMA, la empresa Petrobras y el gobierno de Brasil argumenta que para la liberación de la perforación era necesario un estudio detallado sobre un posible derrame de petróleo. Además, debería haberse presentado un plan de emergencia. “En caso de accidente, el petróleo podría llegar a la Guayana francesa en 12 horas. Existen corrientes profundas que también llevarían petróleo hacia la costa brasileña, que es riquísima en biodiversidad, está llena de manglares y de puntos habitados por comunidades indígenas y afrodescendientes”, afirma Araújo. 

Rodrigo Agostinho defiende en la citada entrevista que el IBAMA autorizó la perforación, que había sido rechazada en mayo de 2023, porque Petrobrás aceptó todas las exigencias de seguridad. Sin embargo, el Observatorio del Clima, que engloba a más de 130 organizaciones, acusa a Petrobras de usar datos obsoletos de la cuenca hidrográfica del Amazonas, de las corrientes marinas y de los sedimentos arrastrados por el río. En caso de derrame, el 20% del petróleo se hundiría y afectaría al gran sistema amazónico de arrecifes.

Luena Karipuna, líder indígena de la región de Oiapoque, una de las más afectadas por la explotación petrolífera en aguas oceánicas, denuncia que la aprobación de la perforación no ha respetado el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas recogido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Recibimos la noticia con mucha indignación, con el sentimiento de que nuestra tierra está siendo violada. Es una falta de respecto para quien vive en el territorio hace milenios”, asegura Karipuna, que es coordinadora Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y del Norte de Pará (APOIANP).

La explotación del bloque 59 tiene consecuencias más allá y abre una nueva frontera petrolífera en Brasil. En una costa que posee la mayor franja continua de manglares del mundo, 27 bloques de extracción esperan su licencia ambiental. En una subasta realizada en junio, Petrobras y la estadounidense Exxon Mobil se adjudicaron diez bloques y Chevron y la China CNPC, otros nueve. Aunque la extracción todavía no haya comenzado, la región ya sufre los problemas de la fiebre del petróleo. “Hemos visto cómo han aumentado la falsificación de títulos de propiedad de la tierra, las invasiones en territorios indígenas, la expansión inmobiliaria y el crimen. Desde 2022, se están construyendo siete barrios nuevos en la ciudad de Oiapoque (tiene unos treinta mil habitantes)”, sostiene Karipuna. 

Frente global anti petróleo

La luz verde a la explotación petrolífera en la desembocadura del Amazonas ha caído también como un jarro de agua fría en el frente internacional de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, del que forman parte casi mil legisladores de todo el mundo. Juan Carlos Losada, diputado colombiano del Partido Liberal, miembro del frente, asegura a elDiario.es que la decisión del gobierno brasileño debilita la credibilidad de la región frente al liderazgo climático que el planeta espera de la Amazonía y de América Latina. “Es un golpe simbólico a la esperanza de que esta cumbre marque el inicio del fin de los combustibles fósiles y la transición hacia economías descarbonizadas”, asegura Losada. A pesar de ello, el diputado colombiano considera que el contratiempo puede transformarse en una oportunidad. “La COP30 deberá convertirse en el espacio donde los países amazónicos definamos una hoja de ruta realista y ambiciosa para abandonar progresivamente los fósiles, proteger los ecosistemas estratégicos y consolidar un nuevo modelo de desarrollo sustentado en la bioeconomía, las energías limpias y la justicia social”, matiza.

La explotación del bloque 59 sintetiza, en palabras de Suely Araújo, la gran contradicción ambiental del gobierno Lula. “Hay una decisión bien clara del gobierno de intensificar, y mucho, la producción. El petróleo ya da más dinero que la exportación de soja. Brasil no necesita explotar más petróleo. Con la mitad de su producción, abastecería el consumo interno. Debería dejar de exportar”, asegura. Brasil es el sexto productor de petróleo del mundo (3,9 millones de barriles diarios), según Trading Economics. Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía, que quiere que Brasil entre en la Organización de Productores de Petróleo (OPEP), reveló en marzo de 2023 que quiere convertir a Brasil en el cuarto productor de crudo del mundo, gracias al petróleo del margen ecuatorial. 

La ambición petrolera del gobierno Lula choca de frente con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que demandan el fin de la extracción de combustibles fósiles. Los países que concedan nuevas licencias de exploración o de subsidios a los fósiles puede llegar a ser acusados por la ONU de cometer “actos internacionalmente ilícitos”.

No son voces de alerta de dirigentes peronistas o de izquierda gritando “¡vienen por nuestros recursos!”. El interés del gobierno de Donald Trump por que empresas estadounidenses avancen sobre los minerales argentinos ha sido comentado de manera explícita o en privado en reuniones con el elenco de su aliado Javier Milei y entre los ejecutivos de esas compañías. El cobre, el litio, el uranio y las tierras raras son parte del menú que interesa para el desarrollo no sólo de la movilidad eléctrica sino también de la inteligencia artificial y la industria militar, todas materias primas para sectores que les agregan valor en otros rincones del planeta, como Corea del Sur, que ahora vive un boom bursátil por la fabricación de los microchips, autos a batería y material de defensa.

“El interés del gobierno de Trump y las empresas de EE.UU. para involucrarse en la minería argentina significa que han decidido ir adelante en algo que deberían haber hecho mucho tiempo antes”, analiza el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola. “Porque se anticiparon un montón de jugadores mundiales, fundamentalmente en cobre y litio”, agrega Cacciola.

Con su despegue económico, China avanzó en minería, pero también en hidrocarburos, comercialización agrícola, infraestructura, exportaciones y financiamiento en toda Latinoamérica, el antiguo “patio trasero” de EE UU, durante lo que va del siglo XXI, sin que las diversas administraciones norteamericanas, desde George W. Bush, Barack Obama, el primer Trump y Joe Biden reaccionaran. Ahora en esta nueva gestión recargada del presidente republicano, ha empezado a iniciar el camino de recuperar terreno, a fuerza de un salvataje a Milei, su único aliado de relevancia en la región. Un rescate que, al igual que las ayudas de Beijing, no pide recetas macroeconómicas a cambio, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino más bien expande influencia geopolítica y económica. Norteamericanos o chinos, todos piden explícita o implícitamente algo a cambio de su solidaridad.

En la actualidad, 20 minas están produciendo metales en la Argentina en toda la cordillera, desde Jujuy a Santa Cruz. Ocho son de oro, siete de litio, tres de plata, uno de plomo y otro de cobre. El 67% de las exportaciones mineras medidas en dólares son de oro y el 16% de litio, que es más barato. Suiza, Estados Unidos y China son los principales destinos. En cambio, si sólo se toma en cuenta el llamado oro blanco, componente de las baterías de autos y celulares, el 73% se va para el gigante asiático y el 11% a la primera potencia económica, la de Trump. De esos 20 proyectos, siete son de empresas canadienses, que suelen liderar en la minería mundial, cinco de China, tres británicas, tres argentinas y sólo dos norteamericanas, en oro y plata.

A su vez, hay otros 23 proyectos avanzados, en cuanto a que en los próximos años comenzarán a producir, después de las etapas de exploración inicial, estudios de factibilidad económica, aprobación ambiental y construcción de la planta productiva. Seis de esas iniciativas son de compañías canadienses, cuatro suizas, cuatro australianas, tres británicas, tres chinas y únicamente una estadounidense, en litio. De las 23 futuras minas, 13 son del mineral para las baterías, ocho de cobre -que se utiliza en los cables, presentes en autos y equipamientos electrónicos en general- y dos de oro.

En cobre, la Secretaría de Minería identifica 76 yacimientos, desde el único que produce por ahora (Martín Bronce, en Jujuy) hasta los que aún ni fueron explorados. Uno está en manos de una empresa norteamericana y tres, en las de China. Se desparraman por los Andes, desde Jujuy a Río Negro, una de las pocas provincias que prohíben la minería. En Mendoza, el gobernador radical libertario Alfredo Cornejo levantó este año la restricción a la actividad, después de años de resistencia no sólo de ecologistas sino también de bodegas y hasta de la empresa francesa Danone, dueña de las aguas Villavicencio, por su impacto ambiental. Es una de las provincias con potencial cuprífero. Pero la ley de protección de glaciares impide que se exploten al menos parte de los yacimientos de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan e inclusive Mendoza, por lo que el gobierno de Milei, con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsará su modificación en el nuevo Congreso que asume el mes próximo.

En litio suman 67 minas, desde las que producen hasta las que faltan explorar. Van desde Jujuy por la cordillera hasta Río Negro. Ocho son chinas, tres norteamericanas. En la explotación más antigua, que perteneció antes a las firmas norteamericana FMC Lithium y Livent y pasó en marzo pasado bajo control de la británica Rio Tinto, se secó a lo largo de décadas una vega (terreno fértil regado por un río) en donde pastaban los animales de lugareños por el uso intensivo del agua. Ahora están reparando de a poco el daño. Es una mina que abastece a la empresa de autos eléctricos Tesla, de Elon Musk. Las empresas chinas también tienen su historia: Zijin puso en marcha su planta en Catamarca, pero después de un proceso en el que obreros y proveedores protestaron por impagos, los primeros también por las condiciones laborales y los últimos, por la escasa contratación de servicios locales. A todo esto, también hay biólogos que alzan la voz sobre el impacto en los ecosistemas, en particular en los flamencos que anidan en los mismos salares donde se extrae litio.

En cuanto a las tierras raras, la Secretaría de Minería identifica cuatro minas en Salta, todas en manos de salteños y en fase de exploración. Tres son de la empresa Astrali, del abogado e inversor minero Rodrigo Castañeda Nordmann. Una en poder de dos ignotos ciudadanos de la provincia, Mario y Bibiana Cañizares. Pero también hay tierras raras, insumos de imanes, electrónica, catalizadores, aleaciones, fibras ópticas y lásers, en Jujuy, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Córdoba y hasta en la provincia de Buenos Aires.

“Se dice más de lo que hay”, advierte sobre las tierras raras y el uranio el economista diplomado en minería e investigador de la fundación Fundar Víctor Delbuono. Entre las tierras raras, que están sobre todo en China y por eso Trump acaba de pactar con su par Xi Jinping el acceso a ellas, figuran el escandio, el itrio y los lantánidos: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio.

En cuanto a uranio, este insumo de la energía nuclear, que el Gobierno planea ofrecer a EEUU. para sostener la inteligencia artificial, suma 17 las minas disponibles. Pero en realidad 11 están más avanzadas, desde la que aparecen en estudios de factibilidad, previo a la construcción de la planta y las que apenas exploradas. En fase de análisis de factibilidad figuran Don Otto en Salta y Sierra Pintada en Mendoza, ambas en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Pero este mina mendocina fue clausurada en 2010 por la Justicia por contaminación y en teoría sólo puede reabrirse una vez que se repare el daño. El caso fue ratificada por la Corte Suprema de la Nación, pero habrá que ver cómo el Gobierno busca revertirlo.

La CNEA controla la mayoría de las minas de uranio, unas siete. Hay dos en análisis económico en Río Negro y Chubut, ambas en manos canadienses. Chubut es otra de las provincias con minería prohibida y en 2021 hubo una pueblada en contra de que se levante la restricción. Hasta ahora, no hay ni chinos ni norteamericanos con yacimientos de este metal. El gobierno de EE UU también habla de otros minerales “críticos” de la Argentina: el cobalto, el cromo, el grafito, el manganeso, el níquel, los elementos del grupo platino (paladio, rodio, rutenio, iridio, osmio) y el zinc, que es el único de todos ellos que ya está extrayéndose, en Jujuy.

La Argentina ocupa el puesto 29° en producción minera mundial, un ranking liderado por China, Australia e Indonesia y en el Chile, México y Brasil aparecen entre los primeros latinoamericanos. Sobre potencial geológico el Instituto Fraser elabora una clasificación en la que mezcla países y provincias y en el que San Juan está 14°, por encima de Chile (17°).

“No es algo que sorprenda el interés de EE.UU. por la minería argentina , es algo que iba a ocurrir”, opina Cacciola, de CAEM. “Lo importante es que seamos lo suficientemente inteligentes para generar las mejores posibilidades para los argentinos y tengamos un montón de familias que puedan vivir de la minería, que es una actividad noble e imprescindible para la vida”, se refiere a que aporta elementos clave para la vida modera y al mismo tiempo intenta contrarrestar las críticas ecologistas pero también de otras actividades agropecuarias contra el impacto del uso intensivo del agua, la utilización de cianuro y arsénico en algunas producciones que pueden contaminar ríos y la afectación de glaciares, que son el origen de cursos para el consumo humano, agrícola y animal.

La minería emplea en la actualidad de forma directa a 38.000 argentinos. Hay que sumar los que trabajan en empresas contratistas. Pero el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), a la vez que está acelerando proyectos, también tiene el problema de haber acotado la exigencia de contratar proveedores locales, de haber reducido los impuestos que se recaudarán cuando produzcan, así como la liquidación de las divisas de exportación en el mercado cambiario doméstico. Fue impulsado por el Gobierno con el apoyo de parte de la oposición.

Además está el conflicto ambiental, por más que las empresas del sector y los gobiernos nacional y provinciales, ya sean libertarios, peronistas, radicales o de partidos locales, hablen de minería responsable . “Uno de los principales embates que se vienen en los territorios por el acuerdo con Trump es por la megaminería”, alerta el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. “Uno de sus objetivos es garantizarse minerales críticos no sólo para la transición energética sino para la industria bélica. Por el litio y por el cobre, desde Jujuy y Salta hasta San Juan y Mendoza, donde hay una gran resistencia, la persecución es total contra las comunidades que se oponen y que defienden el agua. Recordemos que son industrias altamente demandantes de agua, energía y territorio. Y esta persecución está ocurriendo también en otros países latinoamericanos gobernados por la derecha y la ultraderecha, como en Ecuador contra los pueblos indígenas”, advierte Viale.

AR/MG

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la mayor red global ambiental, exhortó al Gobierno argentino y a la provincia de Río Negro a restablecer la protección ambiental del Golfo San Matías y les pidió suspender los proyectos que amenacen su biodiversidad. La recomendación apunta directamente a la modificación de la Ley 3308, que en 2022 flexibilizó las restricciones a la actividad petrolera en la zona y, según el organismo, abrió la puerta a iniciativas de alto riesgo ecológico.

“El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, en su sesión de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos): EXHORTA a la República Argentina y a la provincia de Río Negro a derogar toda norma que disminuya el umbral de protección del Golfo San Matías, incluyendo el restablecimiento de la protección brindada por la Ley 3308, y a garantizar la conservación de la biodiversidad cancelando todo proyecto que pudiera comprometerla”, señala la resolución votada por la UICN.

Y señala que la Ley 3308 “fue modificada de manera inconsulta, apresurada y regresiva en el año 2022 poniendo en riesgo la integridad ambiental del Golfo San Matías a partir de proyectos que allí buscan instalarse”.

“Es la confirmación de que nuestra defensa del Golfo San Matías y de Península Valdés tiene validez y fundamento”, celebró Fabricio Di Giacomo, vocero del golfo, que se extiende entre Punta Bermeja, en Río Negro, y Punta Norte, en la Península Valdés, Chubut. 

“Después de los reveses judiciales que consideraron ‘hipotéticos’ los daños del proyecto pese a los anuncios de YPF, esta resolución ratifica que lo que ocurre en Río Negro no es progreso sino un negociado con las corporaciones del sector energético que deja contaminación y pobreza”, advirtió.

Impacto ambiental y biodiversidad en riesgo

La resolución, aprobada durante el Congreso Mundial de la Naturaleza 2025 en Abu Dabi, advierte que la expansión de los combustibles fósiles en los océanos pone en peligro crítico la biodiversidad marina y agrava la crisis climática y la extinción de especies. 

La UICN invoca los principios precautorio y de no regresión, establecidos en la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú, y exige que Argentina cumpla con los compromisos asumidos en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientado a detener la pérdida de ecosistemas clave antes de 2030.

A principios de octubre, elDiarioAR recorrió el Golfo y habló con los protagonistas de dos modelos que colicionan, por un lado el que propone un desarrollo extractivo y por el otro, la defensa de un ecosistema considerado único en el Atlántico sur. El proyecto para instalar buques de gas natural licuado (GNL) en el Golfo que lleva adelante Southern Energy generará, según la empresa, 1.900 empleos directos e indirectos durante la construcción, con una fuerte participación de proveedores locales. La compañía sostiene que el gas natural licuado funcionará como “combustible puente” en la transición energética mundial y que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron elaborados bajo estándares internacionales y mejores prácticas avaladas por la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.

Para las organizaciones ambientalistas, la visión es otra. “Durante más de veinte años, mientras la Ley 3308 estuvo vigente, el Golfo San Matías pudo desarrollarse de manera equilibrada. Las Grutas creció como villa turística, la pesca artesanal se consolidó y las comunidades costeras encontraron una forma de vida en armonía con el mar. Pero desde que se modificó la ley en 2022, todo eso está en riesgo”, alertó Di Giacomo.

Según los especialistas, la derogación parcial habilitó proyectos petroleros que ya generan efectos sobre la vida costera: restricciones de acceso a playas, cierres de caminos utilizados por pescadores y pulperos, y un avance territorial de las empresas con apoyo estatal. 

“Si se concretan los puertos petroleros o los buques de GNL, el impacto sería devastador. Hablamos de contaminación crónica del agua y del aire, riesgo de derrames, y alteraciones en la temperatura y composición del mar. El Golfo San Matías y Península Valdés son ecosistemas únicos, y lo que está en juego es nuestra forma de vida y la salud de todo el litoral patagónico”, sostuvo.

La singularidad del Golfo

Raquel Perier, doctora en Biología y especialista en peces del Mar Argentino, explicó que el golfo posee condiciones únicas que mantienen el equilibrio de la biodiversidad: “Tiene una boca de 100 kilómetros entre Punta Bermeja y Península Valdés, profundidades de hasta 200 metros y movimientos circulares de sus aguas que hacen que cualquier contaminación se disperse lentamente. Esto permite la reproducción y supervivencia de muchas especies”.

Perier fue clave en los 90 para la creación de la ley provincial que prohibió la instalación de puertos petroleros en la costa atlántica de Río Negro, un logro que ahora debe defender nuevamente tras la modificación de la normativa en 2022, que habilita la actividad hidrocarburífera 

“No estamos en contra del desarrollo, lo que cuestionamos es el llamado ‘desarrollo sustentable’ que propone el gobierno, porque prioriza lo económico y el extractivismo, relegando lo social y ambiental. Defender el Golfo San Matías es cuidar la memoria, la identidad y el futuro de nuestras comunidades costeras”, señaló. 

Entre los proyectos que generan preocupación, destacó el oleoducto y el puerto petrolero que busca conectar Vaca Muerta con la costa del Golfo San Matías a través de más de 400 kilómetros, atravesando ríos, territorios de comunidades originarias y campos hasta llegar a Punta Colorada. 

“Estos proyectos ponen en riesgo directo la vida marina y las comunidades costeras. La instalación del puerto y los buques afectaría zonas clave de cría y tránsito de la ballena franca austral, lobos y pingüinos, y generaría contaminación crónica del agua y del aire”, advirtió.

La importancia estratégica de los golfos norpatagónicos

Roxana Schteinbarg, cofundadora del Instituto de Conservación de Ballenas, enfatizó la importancia del golfo dentro de los “golfos norpatagónicos”. “El Golfo San Matías, junto con los golfos Nuevo y San José, forma un sistema marino clave para la biodiversidad del Atlántico Sur. Protegerlo es garantizar el futuro de la vida marina y la salud del mar del que todos dependemos”.

Según Schteinbarg, el exhorto de la UICN abre una ventana de oportunidad para reforzar la protección del último gran golfo sin contaminación petrolera de la región. También sostiene que el único camino posible es detener las obras hidrocarburíferas y avanzar hacia una matriz energética más limpia, que no arrase con ecosistemas valiosos como el Golfo San Matías y Península Valdés.

“Ambos están conectados, generan vida y brindan sustento a las comunidades costeras. Por eso es fundamental que se restablezcan las normas que fueron derogadas y se restaure la protección ambiental”, concluyó Schteinbarg. 

Tres instituciones dedicadas a la restauración del Bosque Atlántico en Misiones informaron que llevaron a cabo la plantación de 100.000 árboles nativos luego de meses de una intensa labor.

Se trata de una iniciativa conjunta entre Aves Argentinas, el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMiBio) y el Ministerio de Ecología de Misiones, cuyo objetivo es recuperar uno de los ecosistemas más valiosos y amenazados de nuestro país.

El Bosque Atlántico

El Bosque Atlántico abarca parte de Argentina, Brasil y Paraguay, y es hogar de especies emblemáticas como el yaguareté, tucanes y lapachos. Es uno de los bosques con mayor biodiversidad del mundo, pero hoy se estima que solo queda el 7% de su superficie original. 

Actualmente es uno de los ecosistemas más fragmentados del planeta. Su restauración es clave para conservar la biodiversidad y enfrentar la crisis climática desde la acción local.

100 mil árboles nativos

La plantación de 100.000 árboles, según informaron, implica la recuperación de 246 hectáreas de selva, un beneficio para la naturaleza y las comunidades. Para este fin se movilizaron un total de 27 camiones repletos de plantines, sumado al incansable trabajo de un equipo de 30 personas que dedicaron más de 480 horas de trabajo a la planificación y plantación de cada árbol. 

De esta manera, se plantaron más de 37 especies emblemáticas de la selva misionera, incluyendo árboles fundamentales como el lapacho, petiribí, yvyrá pytá, timbó y yacaratiá, además de especies amenazadas y vitales para la biodiversidad como el palo rosa y el palmito. Cada uno de estos plantines es un paso firme hacia la restauración de un ecosistema más fuerte y resiliente.

“La restauración de ambientes es esencial para el futuro de las especies de aves que dependen del Bosque Atlántico para anidar, alimentarse y sobrevivir” manifestó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.

“Cada árbol que plantamos es un paso más hacia un futuro en el que el Bosque Atlántico vuelva a ser un corredor de vida, biodiversidad y oportunidades para las comunidades que lo habitan”, expresó José Beamonte, encargado de restauración de ambientes y desarrollo sostenible.

La plantación simbólica del árbol número 100.000 se realizó este martes 21 de octubre en el predio del Parque del Conocimiento, Posadas, en el marco de una jornada de restauración participativa que reunió a representantes de las instituciones firmantes, estudiantes, voluntarios y vecinos de la zona.

Con información de NA.

IG