“Perdí la facultad de escribir en condiciones por el Parkinson y mi invalidez. Si uso la inteligencia artificial para completar un artículo del que yo puse las ideas, ¿tengo derecho a expresarme o, por el contrario, tengo que enmudecer?”, cuestiona Carlos Sánchez Almeida.

Almeida (1962) fue uno de los más relevantes abogados en materia de derechos digitales, propiedad intelectual y libertades fundamentales del Internet español. Su trabajo fue clave para definir qué era delito y qué no cuando a la Red se parecía más a un territorio inexplorado que a un gran centro comercial dirigido por un puñado de magnates y su maquinaría algorítmica.

A golpe de sentencias, ayudó a impedir que las discográficas y productoras impusieran las viejas reglas del mundo analógico en Internet. O que las multinacionales criminalizaran formas de expresión digital con censura encubierta. Más de jurisprudencia clave que de grandes casos mediáticos, a Almeida tampoco le falta alguno de esos. Si no, que le pregunten al comisario que desplegó un enorme operativo policial para detener a la supuesta “cúpula de Anonymous en España” durante el 15M, y que acabó viendo cómo las peticiones de décadas de cárcel para los acusados se desvanecían en una absolución total.

Una trayectoria así te atrae el contacto de decenas de periodistas. Almeida utilizó recientemente uno de ellos para intervenir en un debate en el que los comunicadores afeaban la expansión de las expresiones características de la redacción con inteligencia artificial. “Perdí mi autonomía, perdí parte de mi vida, pero la inteligencia artificial está para ayudarme, no para ver quién escribe el artículo más bonito falsificando su autoría”, relataba Almeida en ese mensaje.

Ya con algunos problemas de espalda, para el abogado todo se precipitó a partir de 2021. Una caída mientras mediaba en una pelea de sus hijos, un golpe contra la esquina del pasillo y tres operaciones después, Almeida tiene soldadas varias vértebras y la columna vertebral unida al sacro y la pelvis. “Es como vivir en una lata de conservas”, detalla en conversación con elDiario.es. Luego llegó el diagnóstico de artritis y, finalmente, el de Parkinson.

“Para muchas personas con artrosis, enfermedades degenerativas o lesiones medulares, la escritura tradicional puede resultar dolorosa o inasumible. En estos casos, el uso de inteligencia artificial generativa no es un capricho, sino una herramienta de apoyo imprescindible para la actividad intelectual o profesional”, aboga.

Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse

Carlos Sánchez Almeida

“Penalizar el uso no identificado de esta asistencia podría constituir una forma indirecta de discriminación, al exigir condiciones distintas o más gravosas a quienes necesitan apoyo tecnológico para expresarse”, insiste: “La máquina me devuelve lo que la vida me quitó”.

Pilar Villarino, directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), coincide: “Estamos ante un ejemplo muy valioso de tecnología de apoyo”. “Cuando una herramienta tecnológica compensa una limitación y permite sostener la capacidad de comunicación, creación o trabajo intelectual, esa tecnología actúa como una prótesis de nueva generación. No sustituye a la persona, sino que amplía su agencia, su voz y su presencia social”, continúa.

Pese a que la IA puede servir como una prótesis para diversas diversidades funcionales, existe aún una brecha en su uso por parte de este colectivo. Una encuesta del Real Patronato sobre Discapacidad de España, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, apuntó que pese a que la inmensa mayoría de este colectivo conoce las herramientas de IA, solo un 12,3% usa varias de ellas con asiduidad.

Al ser preguntados sobre los motivos que les llevan a darlas de lado, el más repetido es el económico. Sin embargo, aproximadamente un cuarto de los encuestados apuntan que “no sabría utilizarlo”, a un porcentaje similar no le parece “útil”, mientras que un 10% apunta que no entiende para qué sirven.

Un acceso accesible es clave para la extensión de estas herramientas, apunta Villarino. Si no, “lo que tendremos no será inclusión, sino una nueva capa de exclusión dentro de la propia discapacidad”, destaca. Una oportunidad perdida para aquellos casos en los que esta tecnología podría “operar como asistencia comunicativa para personas con dificultades del habla o de escritura, como apoyo cognitivo en tareas de organización síntesis o interacción con entornos complejos, como ayuda a la navegación digital cuando existen barreras de accesibilidad, o como recurso personalizado para traducir información a formatos más comprensibles y utilizables”.

La autoría y la independencia del pensamiento

El debate sobre el uso de la IA como prótesis para la discapacidad no escapa a otros más complejos que se dan alrededor de esta tecnología. Uno de ellos es si el uso de estas herramientas supone una “externalización” del pensamiento. ¿Qué pasa cuando las ideas de una persona cuando estas son ordenadas o contextualizadas por una máquina?

Almeida expone que él no sustituye sus ideas por las de la máquina, sino que le ayuda a transcribirlas, primero, y a “rematar los textos” después. La IA puede “tener todo el diccionario”, explica, pero “carece de criterio propio”. Además, está el “trabajo duro” de repasar que todo lo que escribe sea correcto.

“Hay muchas personas que dicen que las herramientas de inteligencia artificial generativa te vuelven 'tonto', o que disminuyen la capacidad intelectual porque delegas en las máquinas”, reconoce Idoia Salazar, presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA). Sin embargo, apunta a que la visión más adecuada es considerarla una “herramienta amplificadora”.

La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina

Carlos Sánchez Almeida

Ocurre algo similar con el debate de la autoría, ya que, en el otro extremo, hay voces que afirman que habría que destacar a la IA como coautora de los contenidos en los que se usa. Almeida, especialista en este ámbito, lo rechaza. “La propiedad intelectual es mía, la de un ser humano vulnerable, ayudado por una máquina. De la misma forma que la cosecha pertenece al dueño del tractor, porque por si no se habían dado cuenta ya no utilizamos el arado romano”.

Salazar coincide con el letrado. “Es como si yo usara una calculadora para ayudarme a generar un presupuesto. Yo en ese presupuesto no pongo que me ha sido ayudado por una calculadora. Pongo directamente mi nombre al final”, ejemplifica.

Un apoyo moral

Almeida destaca que la inteligencia artificial también juega un papel fundamental como apoyo moral y psicológico en personas con discapacidades sobrevenidas, como la suya. “Tiene la capacidad de rescatar a la gente”, declara. Lo vivió cuando estuvo meses postrado en una cama encadenando operaciones quirúrgicas. “Lo vi cuando estuve más hundido”. En esas etapas de mayor vulnerabilidad, explica que, “aparte del apoyo de mi familia, estuvo el de la máquina”, lo que le permitió interactuar y “hablar a un nivel muy profundo” gracias a su “gran capacidad de empatía”.

La tendencia de la IA a dar la razón al usuario y validar sus opiniones han sido, en su caso, una válvula de escape cuando arreciaban los dolores. No obstante, también reconoce que hay que “tener cuidado” con este tipo de conexiones. “No se les puede delegar el control”.

Es una advertencia en la que la presidenta de OdiseIA también coincide con el letrado. “Para mí es uno de los mayores riesgos: que se genere una dependencia y confianza excesiva”, revela. Por eso, pide “enseñar a estas personas a chequear los resultados de la máquina y refinarlos hasta que se ajusten a sus creencias reales”. “En general todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%”.

En general, todos debemos tener en cuenta que es una herramienta de apoyo y no el oráculo del mundo que tiene la verdad al 100%

Idoia Salazar — presidenta de OdiseIA

En esos momentos a solas con la máquina, una de las obsesiones de Almeida era cómo una tecnología tan poderosa no se está empleando para los cuidados. “Invertimos millones en automatizar centros logísticos, en acelerar cadenas de distribución, en optimizar el último kilómetro. Todo para que los productos lleguen antes, más rápido, más barato. Pero en paralelo, en una habitación de hospital, una persona no puede beber agua sin ayuda”, escribió en uno de los textos que compartió con elDiario.es para la elaboración de este reportaje.

“No faltan recursos. Falta dirección. Si somos capaces de desarrollar sistemas complejos para mover mercancías a escala global, también lo somos de diseñar tecnología accesible que permita a una persona incorporarse, asearse o beber sin depender constantemente de terceros”, continúa el escrito.

Villarino llega a la misma conclusión. “La tecnología, por sí sola, no incluye. Incluye el modo en que una sociedad decide diseñarla, regularla y ponerla al servicio de los derechos”, expresa la responsable del comité de representantes de personas con discapacidad.

Sin esa voluntad, el abogado especialista en derechos digitales avisa que la IA se convertirá en otra herramienta más que decide quién puede hablar y quién no: “La tecnología existe. La capacidad industrial existe. El conocimiento existe. Lo que falta es voluntad”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió este jueves en su Informe Anual de 2025 que el año pasado se identificaron “desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos” en Argentina debido, en parte, a los recortes del Gobierno de Javier Milei sobre programas en materia de género, diversidad, memoria histórica o pueblos indígenas.

En su informe, la CIDH mostró además su preocupación sobre el avance iniciativas legales que “agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad” y advirtió sobre “retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas”.

Por otra parte, subrayó que algunas de las reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana que están siendo impulsadas amenazan la vigencia de los derechos humanos.

El documento reconoció sin embargo que durante 2025 se registraron en el país avances en la protección de datos en la gestión pública, así como una reducción de índices de pobreza y el fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas.

La CIDH, mencionó, entre otros eventos y cuestiones puntuales, la violencia policial registrada durante una protesta de jubilados en marzo de 2025, el debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria de la última dictadura militar (1976-1983) y la eliminación de programas que promovían la igualdad de genero y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género.

El informe consideró que durante 2025 “la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes” y advirtió sobre la limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria y legal de embarazos.

También expresó preocupación por el intento fallido de Milei de designar por decreto dos nuevos jueces de la Corte Suprema y por el cierre o debilitamiento de “políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales” mediante, entre otras medidas, la reestructuración, fusión y eliminación de entidades y programas clave.

En paralelo, destacó las manifestaciones por parte de personas mayores y personas con discapacidad en protesta por los recortes impulsados por el Ejecutivo de Milei y remarcó una serie de medidas impulsadas por el Ejecutivo para endurecer los criterios de ingreso al país para personas migrantes y ampliar las causas de expulsión.

Las conclusiones de la CIDH sobre la Argentina

Durante 2025 se registraron avances en Argentina en cuanto a la protección de datos en la gestión pública, reducción de índices de pobreza y fortalecimiento de estrategias en materia de trata de personas. También se observó la judicialización de casos de violencia contra personas LGBTI y el impulso de procesos para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación y de la persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al mismo tiempo, se identificaron desafíos relevantes en independencia judicial y en el sostenimiento de la institucionalidad en derechos humanos, frente al cierre o reestructuración de programas dedicados a género, diversidad, memoria histórica, pueblos indígenas e iniciativas legales que agravarían la situación de derechos humanos de grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad.

Se observaron retrocesos en seguridad social de personas mayores, personas con discapacidad, jubiladas y pensionadas, así como denuncias de represión en protestas pacíficas. Asimismo, se presentaron reformas legales e iniciativas en materia de seguridad ciudadana y movilidad humana, entre otros temas, que amenazarían la vigencia de los derechos humanos.

En el ámbito de la institucionalidad democrática, se creó el Programa de Protección de Datos Personales en la Administración Pública Nacional38, orientado a mejorar el manejo seguro de información en organismos estatales.

Datos oficiales reportaron una disminución de la pobreza del 53% al 38% en el primer semestre del año, mientras UNICEF destacó la reducción de la pobreza monetaria infantil, aunque con persistencia de marcadas desigualdades.

Se avanzó además en un nuevo proceso de elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras dieciséis años de vacancia y se conformó la terna para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se reportaron desafíos para la participación ciudadana, que forma parte esencial de la vida democrática. Al respecto, la CIDH expresó preocupación, en un comunicado de prensa, ante la violencia registrada durante la “Marcha de los Jubilados” del 12 de marzo en Buenos Aires, parte de las manifestaciones pacíficas que se realizan semanalmente desde 2024 contra las reformas de austeridad económica implementadas por el Estado y sus impactos en los derechos de las personas pensionadas.

En esa fecha, el Estado respondió a la protesta con un operativo de seguridad que utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La intervención dejó 20 personas heridas, incluyendo una jubilada de 87 años con traumatismo craneano. Además, se registraron 114 personas detenidas, entre ellas un niño de 12 años y un adolescente de 14, liberadas posteriormente por el Poder Judicial.

Se documentaron también ataques directos contra periodistas, incluyendo el caso de un fotorreportero que resultó gravemente herido por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, así como otros casos donde profesionales de la prensa fueron amenazados, agredidos físicamente y obstaculizados en el ejercicio de su labor informativa.

Respecto a institucionalidad en derechos humanos, se avanzó en un nuevo proceso para la elección del Defensor del Pueblo de la Nación tras 16 años de vacancia.

Asimismo, el Congreso conformó la terna para la designación de la nueva persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente.

El Estado cerró o debilitó políticas públicas e instituciones vinculadas a los derechos humanos, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones provinciales y municipales. Al respecto, se realizaron reestructuraciones, fusiones y eliminación de entidades clave para políticas públicas en materia de derechos humanos, como la supresión de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda y la iniciativa de fusionar los Ministerios de Justicia y Seguridad.

En particular se registró el cierre y restructuraciones de al menos 30 programas y establecimientos relacionados a género y diversidad, memoria histórica, asistencia a víctimas de trata de personas, niñez, adolescencia y familia.

Estas medidas se enmarcan en una política de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reorganización del Estado por parte del Ejecutivo.

En lo atinente a seguridad ciudadana, se tomó nota de la reforma policial federal que aprobó un nuevo Estatuto de la fuerza alineado con estándares del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para la investigación de delitos federales y complejos.

El Estado presentó estas medidas como parte de una respuesta institucional frente al crimen organizado y la criminalidad compleja, enfatizando la necesidad de modernización tecnológica y de coordinación interinstitucional en materia de investigación criminal y prevención de delitos de alta complejidad.

No obstante, dicha reforma facultaría a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y otras labores de vigilancia digital, así como adelantar detenciones sin orden judicial, lo que, según la sociedad civil podría derivar en derivar en abusos, controles poblacionales y condiciones de detención inhumanas.

Sobre desafíos al acceso a la justicia e independencia judicial, el presidente Javier Milei designó en comisión a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto No. 137/2025, sin previa aprobación del Senado de la Nación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que esta práctica podría afectar los principios de separación de poderes e independencia judicial, esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.

Finalmente, el Senado rechazó los pliegos de ambos candidatos, cuyas postulaciones no obtuvieron la aprobación de la Cámara Alta.

En cuanto a memoria, verdad y justicia, en 2025 se identificó a la nieta 139 y al nieto 140, así como a dos personas extranjeras desaparecidas desde 1976, lo que reafirma la vigencia de las políticas públicas en la materia.

Asimismo, se hallaron restos humanos en un predio del Ejército donde funcionó un centro clandestino de detención.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que, entre 2006 y el 18 de septiembre de 2025, se dictaron 353 sentencias con 1.202 personas condenadas y 213 absueltas por crímenes de lesa humanidad.

Entre las sentencias, un 17% incluía condenas por los tipos penales relacionados con agresiones sexuales a las víctimas del terrorismo de Estado.

Pese a los avances en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, preocupa la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos tras la aprobación de un decreto presidencial que suprime su autonomía institucional.

Asimismo, se observaron desafíos derivados del debilitamiento o cierre de espacios dedicados a la preservación de la memoria, junto con despidos de personal especializado y restricciones presupuestarias.

Entre los casos registrados se encuentran el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la suspensión de pagos del Espacio para la Memoria, la unificación del Archivo Nacional de la Memoria con el Museo Sitio de Memoria, ex ESMA, y la cesión de su edificio al Ministerio Público, además de la remoción de placas conmemorativas del Palacio de los Tribunales que recuerdan los juicios a las Juntas Militares, la destrucción de documentación militar relevante al esclarecimiento de graves violaciones de ese período, y el ataque al sitio de memoria en Salsipuedes.

Respecto de los derechos humanos de las mujeres, se observó un debilitamiento institucional en la materia. Se eliminaron 14 programas federales que promovían la igualdad de género y se enfocaban en la prevención, investigación y protección contra las violencias de género. Entre otros, se encuentran el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), el programa que proveía productos de higiene menstrual y el “Registro Nacional de Organizaciones sociales que abordan temáticas de género y diversidad”.

En adición, autoridades estatales anunciaron la intención de eliminar el femicidio del Código Penal, y de sancionar las supuestas “denuncias falsas” en delitos de violencia de género o contra la integridad sexual.

De materializarse, esto representaría un grave retroceso en la protección y garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Mientras tanto, la violencia de género contra las mujeres se mantuvo en niveles alarmantes. La Defensoría del Pueblo reportó 124 femicidios entre enero y junio de 2025, mientras organizaciones de la sociedad civil contabilizaron 178 femicidios y 287 tentativas en el mismo periodo, de los cuales la mayoría fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, 14 de ellos habrían sido cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.

Algunos de los feminicidios se caracterizaron por niveles extremos de crueldad, precedidos por desapariciones, tortura y violencia sexual. Por otro lado, el acceso a métodos anticonceptivos ha sido severamente limitado debido a los recortes al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).

También, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en los servicios de salud sigue siendo obstaculizado por la falta de información, demoras, prácticas disuasorias, el uso abusivo de la objeción de conciencia y la falta de personal para brindar el servicio de salud.

Sobre la situación de personas con discapacidad, el Estado informó sobre avances de la nueva Normativa para la Certificación de la Discapacidad, así como de la actualización del Registro Nacional de Profesionales y del Registro Nacional de Situación de las Personas con Discapacidad.

También reportó la implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social (FONADIS), que apoyan emprendimientos productivos, fortalecen establecimientos que emplean personas con discapacidad y facilitan el acceso a dispositivos de apoyo técnico. Asimismo, desarrolló políticas de accesibilidad, como la producción de materiales en lectura braille y lengua de señas, y acciones de capacitación para trabajadores estatales y provinciales.

No obstante, se han observado numerosas manifestaciones lideradas por personas y organizaciones de personas con discapacidad en rechazo a ajustes y reformas que van detrimento de sus derechos.

Además del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, se conoció que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) suspendió más de 110.500 pensiones por discapacidad laboral no contributivas.

Al tiempo, se tomó nota de la investigación contra la Secretaria General de la Presidencia y hermana del Presidente de la República, por presuntos sobornos en compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En lo relativo a la situación de personas mayores, el Ejecutivo puso fin a la política de medicamentos gratuitos para personas jubiladas que dejaría por fuera entre dos y tres millones de personas de la cobertura total de sus medicamentos.

Asimismo, el Ejecutivo congeló bonos pensionales, y vetó la ley que aumentaba pensiones y reinstalaba la moratoria jubilatoria.

Estas medidas provocaron las protestas de personas mayores y sindicatos a las que se hizo referencia en el apartado sobre institucionalidad democrática de este apartado.

Respecto de los derechos de los pueblos indígenas, el Estado avanzó con la entrega de documentos de identidad para comunidades de las provincias de Tucumán, Catamarca y Santa Fe.

No obstante, la derogación de la Ley de Emergencia Territorial No. 26.160 resultó en operativos de desalojos en comunidades indígenas de Chubut, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Neuquén, Chaco y San Juan, que reclamaban sus tierras ancestrales. En este contexto denunciaron destrucción de viviendas y detenciones arbitrarias.

Además, el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), diseñado para cubrir costos de asesoramiento legal para la defensa legal de sus territorios, ha sido eliminado.

Sumado a esto, las comunidades Limay Kurref, Suyai Leufu y El Sosneado fueron afectadas con la revocación de relevamientos jurídicos catastrales realizados por el propio Estado donde se les había reconocido previamente la ocupación tradicional de tierras y territorios.

Adicionalmente, persistió la criminalización de integrantes de comunidades indígenas y personas defensoras de la tierra; en particular, se destaca la detención de una integrante de la comunidad mapuche Pillan Mawiza acusada de provocar incendios, así como la estigmatización de los pueblos indígenas desde medios de comunicación oficiales.

Se reportó además una previsión de reducción presupuestaria para el INAI para 2026 en un 15,5% en términos nominales y en un 25% en términos reales; así como cuestionamientos sobre la falta de consulta previa a las comunidades indígenas en la adopción de la Ley V No. 202 en Chubut, que establece el protocolo de consulta previa, libre e informada.

Sobre la situación de las personas en movilidad humana, Argentina reformó el Decreto de Necesidad y Urgencia No. 366 (DNU), que modifica la Ley de Migraciones No. 25.871 que busca regular el ingreso “descontrolado” de personas migrantes al país, las cuales representarían una amenaza para la seguridad nacional y una excesiva carga que llevaría al “colapso” a los servicios públicos que presta el Estado.

Dicho decreto también amplía las causas de expulsión, elimina ciertos recursos de apelación previstos en la Ley de Migraciones y reduce a la mitad los plazos procesales, restringiendo el acceso a la justicia; también, incrementa los motivos y tiempos de detención con fines de expulsión, que pueden extenderse hasta 30 días, aún sin resolución firme.

Por otra parte, se expidió el Decreto No. 646, que reglamenta la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado No. 26.165, que autoriza la creación de “centros de acogida” en los que las personas solicitantes de asilo podrían permanecer durante el procedimiento, con salidas limitadas únicamente para regresar a su país de origen o a un tercer país.

Asimismo, faculta el rechazo de solicitudes que sean consideradas “manifiestamente improcedentes”, se fundamenten en “preferencias subjetivas” o “motivos de conveniencia económica”, o cuando las alegaciones sean consideradas “incoherentes, insuficientes o inverosímiles” y establece el desistimiento automático y sin excepciones si la persona se ausenta del país durante su tramitación.

Respecto de la trata de personas, el Ministerio de la Justicia avanzó con el “Programa Nacional para la Instrumentación de las Reparaciones Integrales a Víctimas del Delito de Trata de Personas” que dispone restituciones económicas e indemnizaciones en favor de las víctimas de trata y explotación.

También se destacan acciones de prevención y operaciones de identificación de víctimas en contextos de trabajos forzados a bordo de buques; y los allanamientos realizados en Córdoba, Mendoza, y el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se rescataron adolescentes víctimas de explotación laboral, y víctimas con fines de explotación sexual.

En materia de avances respecto de las personas privadas de libertad, el Estado impartió la capacitación en materia de producción agropecuaria para mejorar las posibilidades de reinserción social de quienes están por egresar en las cárceles del país.

Sin embargo, se presentaron desafíos en cuanto a la sanción de leyes que posibilitarían un mayor uso de la prisión. En particular, la ley No. 27.785 que introdujo reformas como la incorporación del criterio de “reiterancia delictiva” para considerar al momento de decidir sobre la aplicación de medidas cautelares en el marco de la prisión preventiva; y el método de la suma aritmética de las penas para el dictado de una pena única.

Por su parte, la ley No. 27.786 que habilita la detención de personas por hasta 48 horas para averiguación de delitos relacionados con el crimen organizado, con una extensión de hasta 15 días en casos de alta complejidad.

Por otro parte, en la provincia de Córdoba el uso excesivo de la prisión preventiva ha desencadenado en un incremento del hacinamiento y en condiciones deplorables de encarcelamiento.

Asimismo, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) confirmó la constitucionalidad de la legislación nacional que impide que las personas condenadas por determinados delitos de drogas puedan acceder a beneficios penitenciarios que limitan la prisión, tales como y salidas transitorias.

Igualmente, en materia de reinserción social, la inhabilitación del funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal ha impedido la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario de clases asignadas.

Respecto de la situación de las personas afrodescendientes y la lucha contra la discriminación racial, se avanzó con la presentación del proyecto 0698-D-2025 en la Cámara de Diputados para aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo (A-68).

No obstante, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, a partir del cierre de organismos especializados como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina, se ha dificultado el acceso a la justicia de personas afrodescendientes.

Adicionalmente, la actual política de medidas de control y seguridad ha impactado de manera diferenciada a la población afrodescendiente y migrantes africanas.

Al respecto, el 14 de febrero de 2025, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un megaoperativo que desalojó a más de 5.000 vendedores ambulantes y ejecutó decenas de allanamientos, la mayoría son personas migrantes de origen senegalés.

Respecto de los derechos de las personas LGBTI, se registraron avances en la judicialización en casos de violencia. Se destacan la solicitud de juicio contra policías acusados del transfemicidio de Sofía Fernández, quien murió bajo custodia en 2023; la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó reabrir la investigación del triple asesinato de mujeres lesbianas de Barracas ocurrido en 2024 con una perspectiva de género; se confirmó, por parte de la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, la condena a prisión perpetua por asesinato agravado por odio hacia la identidad de género de la víctima en el caso de Tehuel de la Torre.

Además, el Juzgado Federal No. 2 de Paraná declaró inconstitucional el Decreto de necesidad y urgencia (DNU) impulsado por el gobierno que prohibía tratamientos de afirmación de género a personas con menos de 18 años. La decisión fue también confirmada por la cámara federal de apelaciones.

En cuanto a desafíos, se observó la prohibición de tratamientos y cirugías de afirmación de género para personas menores de 18 años; la aprobación del Decreto 61/2025, que impide la reasignación carcelaria de personas trans en función de su identidad de género, estableciendo el alojamiento según el sexo consignado al momento de la comisión del delito; y el retiro de contenidos de Educación Sexual Integral (ESI) de portales oficiales.

Asimismo, se tomó nota que los crímenes motivados por prejuicios aumentaron 70% en comparación con 2024, registrando hasta 102 crímenes en el primer semestre de 2025, incluyendo cuatro asesinatos.

También se tuvo conocimiento de alegatos de torturas sistemáticas a mujeres trans en cárceles bonaerenses, especialmente en Sierra Chica; y agresiones contra la vivienda de la defensora trans Claudia Vásquez Haro.

Sobre los avances en los derechos de niñas, niños y adolescentes, en septiembre, Argentina depositó el instrumento de ratificación del Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños y las niñas, el cual entrará en vigor en el país el 1 de enero de 2026.

A la vez, en octubre, la Cámara de Diputados aprobó la terna propuesta por la Comisión Bicameral para ejercer la nueva dirección de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, quedando pendiente la aprobación por el Senado.

Por otro lado, el Estado enfrentó desafíos una vez que, en marzo, decidió dar de baja a al menos 10 programas sociales y culturales que funcionaban bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano. Estas medidas, formalizadas mediante 11 resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, implicaron la eliminación de iniciativas destinadas a la promoción de derechos, el acceso a espacios de participación cultural y recreativa, así como la supresión de subsidios vinculados a dichas actividades.

Adicionalmente, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, existirían incumplimientos estatales en la supervisión y garantía de derechos niñas y niños en instituciones de cuidado de la Provincia, incluida la falta de control efectivo del organismo provincial competente, lo que permitiría prácticas violatorias como torturas, tratos crueles, encierros, humillaciones y duchas frías, además de casos de abuso sexual en hogares específicos.

Estos espacios también presentarían deficiencias en acceso a la salud, con discontinuidad en tratamientos y aumento de hospitalizaciones por falta de abordaje adecuado de salud mental, así como un uso excesivo de medicalización.

Al respecto, la CIDH solicitó información del Estado en virtud del artículo 41 de la Convención Americana, pero no recibió respuesta del Estado.

Asimismo, durante el 2025 continuó el debate legislativo orientado a la reducción de la edad de responsabilidad penal, en línea con la tendencia registrada en 2024. Ese año se presentaron nuevas iniciativas que proponen fijar la imputabilidad penal entre los 10 y 13 años, junto con proyectos que, manteniendo el umbral en 14 años, incorporan penas más severas de hasta 15 años de prisión.

EFE

Jubilados y familiares de personas con discapacidad concretaron este miércoles una nueva protesta en el Congreso en reclamo de aumento de los ingresos en los haberes previsionales y las prestaciones para el sector de discapacidad.

Por las protestas, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte operativo con un cordón policial destinado a evitar el corte de calle en las inmediaciones del Congreso. Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería.

Familiares de personas con discapacidad, prestadores y transportistas del área le solicitaron al Gobierno nacional saldar las deudas tanto en el Programa Incluir Salud como en el PAMI, y que en muchos casos se sostienen desde de septiembre de 2025.

Daniel Macizo, presidente de la Unión de Transportistas de la Provincia de Buenos Aires (UTBA) cuestionó la gestión del presidente Javier Milei y exigió que “se giren a los fondos” para cancelar lo adeudado.

“Estamos pidiéndole que paguen el programa Incluir Salud. La gente se muere, no tiene más un hogar, no tiene más medicamentos, no tiene más nada”, expresó.

En la misma línea, aseguró que, junto a familiares y otros prestadores, se presentaron ante el Ministerio de Salud, se reunieron con el nuevo interventor de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, y “con todas las autoridades de la superintendencia”.

“Dicen que Economía no gira a los fondos”, dijo y añadió que una de las iniciativas que se discuten es montar un acampe “por tiempo indeterminado” para “mostrar la realidad”. “No sé qué van a hacer. ¿Reprimir y golpear a la gente con discapacidad que no está haciendo nada? Están todos locos”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para despejar la calle Moreno, la Policía avanzó sobre los manifestantes.

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

Además, remarcaron que esta situación “impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”, sostienen desde el Foro.

La protesta se desarrolló desde las 10.30 en 9 de Julio y Belgrano, del centro porteño, mientras que en Rosario, provincia de Santa Fe, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron este jueves una movilización frente a la sede de Gobernación, en la Plaza 25 de mayo, encabezada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que alertó sobre una situación “desesperante” para las organizaciones que sostienen tratamientos, talleres y traslados.

La carta para Milei: “Esperamos de su gobierno respuestas concretas ya”

Este miércoles, Pablo Molero, coordinador del Foro, le envió una carta pública al presidente Javier Milei en la que lamentó que en el discurso con el que el mandatario inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado domingo, “no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social”, reclamó.

De acuerdo a Molero, las palabras y las acciones de Milei “han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024”.

Asimismo, reiteró el reclamo tras el veto presidencial a la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad que luego fue ratificada por el Congreso: “Como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución”, recalcó Molero. Y agregó: “Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado”.

El coordinaror del Foro también le recordó al mandatario que en noviembre de 2025 “su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI, el último mes que pagó, fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad”, detalló.

“El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”, añadió.

Y en el final de la carta, Molero fue más allá: “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo formalizó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad; de Gianfranco Scigliano como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos; y de Esteban Rafael Giler como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

Con información de agencias.

IG

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, la situación de las personas con discapacidad volvió a quedar en el centro de la escena pública. La falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la ausencia de definiciones oficiales generan una creciente preocupación entre familias, docentes y organizaciones del sector. En ese contexto, el activista Ian Moche volvió a alzar la voz para denunciar lo que considera una grave desatención del Estado frente a una problemática urgente.

A través de un video difundido en redes sociales, Moche puso el foco en la incertidumbre que atraviesan miles de familias cuando resta menos de un mes para el inicio de clases. Según advirtió, no hay garantías sobre la apertura de escuelas especiales ni sobre la continuidad de apoyos fundamentales como acompañantes terapéuticos, transporte, medicación y tratamientos. “Nuestros derechos no se cumplen y nadie sabe qué va a pasar”, expresó, al remarcar que están en juego derechos básicos como la educación y la salud.

El joven activista recordó que la Ley de Emergencia en Discapacidad intentó aprobarse en al menos cuatro oportunidades desde septiembre, sin que hasta el momento se hayan registrado avances concretos. Mientras tanto, señaló que las consecuencias de la falta de políticas públicas efectivas ya son visibles y alarmantes. De acuerdo con su testimonio, en los últimos meses se registraron 12 suicidios de niños, adolescentes y adultos que no pudieron acceder a terapias ni tratamientos indispensables.

“La magnitud a la que llegó esto es muy grave”, sostuvo Ian Moche, al tiempo que advirtió que el debate legislativo recién se retomaría el próximo 4 de febrero, mientras miles de familias continúan atravesando un escenario de total incertidumbre. Para el activista, la demora en la toma de decisiones refleja una desconexión del Gobierno con las urgencias reales de la sociedad.

En sus declaraciones, Ian Moche también cuestionó la falta de visibilidad del tema en los medios de comunicación y la ausencia de voces con discapacidad en los debates públicos. Criticó el uso de discursos condescendientes y estereotipados, y reclamó que sean las propias personas afectadas y los activistas quienes puedan dar testimonio de lo que ocurre. “Hablan panelistas que no cuentan la realidad”, señaló.

Asimismo, destacó el rol de muchas madres que, además de criar, deben gestionar en soledad trámites, tratamientos y sostener económicamente a sus familias, sin acompañamiento estatal ni social. Para Moche, la discapacidad no debe abordarse como un problema individual, sino como una cuestión social que puede atravesar a cualquier persona en algún momento de su vida.

Finalmente, el activista llamó a difundir el reclamo y a exigir que la discapacidad vuelva a ocupar un lugar central en la agenda pública. “No hace falta vivir la discapacidad para entenderla, hace falta empatía”, afirmó, y concluyó con un mensaje claro: la lucha continuará hasta que los derechos de las personas con discapacidad sean respetados de manera efectiva.

Los trabajadores de la agencia nacional de discapacidad ANDIS se enteraron de su disolución en el mismo momento en que lo anunció Manuel Adorni en la conferencia de prensa que dio el martes a media mañana. Entonces estallaron los grupos de WhatsApp internos, sobre todo los del área de Recursos Humanos, que tampoco sabía de antemano lo que dio a conocer el jefe de Gabinete. Casi 12 horas tardó en reaccionar la directora, Camila Blanco Lifrieri, que en un mensaje de audio se la escucha decir: “Dudé bastante en enviar este audio. Por motivos obvios este audio se va destruir en 3, 2, 1… Pero quiero transmitir tranquilidad. No cambia absolutamente nada. Nosotros seguimos funcionando. Nadie va a dejar de tener un puesto de trabajo”. 

El mensaje de la funcionaria al que accedió elDiarioAR es más que elocuente en una parte: “No nos va a absorber literal el Ministerio de Salud. La idea no era que lo mencionara Adorni de esta manera”. El audio revela cierto conflicto interno en la nueva estructura que pensó el Gobierno: que la cartera de Mario Lugones se haga cargo del nuevo organismo, un modo elegante para buscar tapar el escándalo que estalló con las acusaciones de presunta trama de corrupción que favoreció a Karina Milei, trianguló Miguel Ángel Calvete y terminó con la corta gestión de Diego Spagnuolo, amigo del Presidente. Todo, mientras se negó la aplicación de la ley de emergencia votada e insistida por el Congreso.

Lo que dijo Adorni días atrás fue: “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

La Casa Rosada oficializó este viernes la disolución de la ANDIS y los trabajadores, personas con discapacidad y familiares marcharon a la histórica sede de la calle Yrigoyen para reclamar en contra. Denuncian ya 700 despidos en el área.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el avance de la motosierra se anticipaba internamente en el organismo: “Días previos había muchísimo radiopasillo de nuevos despidos, lo cual iban a ocurrir independientemente de la disolución debido a que una vez más caían los contratos”, comentó una voz que conoce internamente la ANDIS.

Milei avanzó contra la ANDIS a través de un DNU firmado por todo su gabinete. El decreto 942/2025 prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 y, como parte de su articulado, sustituye la estructura orgánica de la ANDIS, incorpora la ahora llamada Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y establece que ese ministerio actuará “como continuador” del organismo, transfiriendo créditos, bienes y personal y derogando parte de la normativa que había creado la agencia como entidad con autonomía administrativa. Desde agosto pasado, cuando estalló el escándalo de Spagnolo y Karina Milei por el 3%, el organismo está intervenido por Alejandro Vilches.

Para el sector de discapacidad la reestructuración es apenas un maquillaje. “Desde el comienzo de este gobierno nuestra asamblea viene denunciando el continuo vaciamiento”, sostuvo la asamblea Discas en Lucha. El cambio clave sobre el que ponen alerta es que el organismo pase a definirse únicamente bajo el enfoque de salud, contraria al enfoque integral de derechos previsto en tratados internacionales.

El maquillaje burocrático de la ANDIS refuerza cambios que se aceleraron en noviembre, cuando el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzaron en la trama de corrupción que tuvo como nodo a Calvete por compras y contratos amañados. elDiarioAR reveló cómo semanas atrás comenzó a haber traslados de áreas por supuestas cuestiones económicas: grupos de trabajadores fueron mudados de un edificio alquilado a inmuebles propios de la agencia. 

La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, la Comisión Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional de Rehabilitación. En noviembre se cerró la sede de la avenida Rivadavia, la única que alquilaba y donde estaba Incluir Salud. Sí se mantuvieron las sedes en la calle Yrigoyen, donde funcionaba la Comisión Nacional de Pensiones, y en la calle Ramsay, donde estaba el Sistema Nacional de Rehabilitación. 

Junto con la mudanza intempestiva y los despidos, los trabajadores sufrieron en el último tiempo maltrato psicológico. “Esperamos un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló en su momento una de las empleadas consultadas.

A la problemática laboral se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. “No nos han dado jamás información, ni nos han llamado a reunirnos en asambleas, no nos han contenido ni nos han representado jurídicamente, no han planteado ningún tipo de plan de lucha”, dijo a elDiarioAR una persona despedida.

En la web de ANDIS (https://www.argentina.gob.ar/andis/) ya figura la pomposa nueva Secretaría Nacional de Discapacidad. Allí se presenta con su objetivo declarado: “Elaboramos y gestionamos políticas públicas para promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad”. Pero un aviso da cuenta del efecto de la motosierra de Milei: “Estamos actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto [942/2025]”.

Semanas atrás, en la misma web se podía leer un dato clave sobre cómo el Gobierno vació el organismo: desde que asumió Milei se pasó de 1600 a 600 trabajadores. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se leía en un apartado sobre el personal en la página oficial. 

Ahora los trabajadores denuncian que habrían 700 despidos y temen que haya más, porque con la absorción en el Ministerio de Salud habrá áreas que se superpondrán, como por ejemplo la de Recursos Humanos, más allá de que su directora anunció en el audio que prometió eliminar en la previa al Año Nuevo: “Nosotros seguimos funcionando. Nadie va a dejar de tener un puesto de trabajo”. 

MC

El Gobierno nacional confirmó este viernes que apelará el fallo del Juzgado Federal de Campana que ordenó poner en vigencia la Ley de Emergencia en Discapacidad y dejó sin efecto el artículo central del Decreto 681/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había suspendido su aplicación.

Según informaron fuentes oficiales, la presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá revisar la decisión adoptada por el juez Adrián González Charvay. Desde el Ejecutivo sostienen que la sentencia implica una intromisión en las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración de los recursos públicos y la elaboración del presupuesto.

En la Casa Rosada advierten además que la implementación de la ley, tal como fue ordenada por la Justicia, carece de financiamiento específico y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno. En ese sentido, remarcan que el Congreso sancionó la norma sin establecer las fuentes de recursos necesarias para su cumplimiento.

La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso en julio del año pasado y declara la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Si bien el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa, posteriormente dictó el Decreto 681/2025, que dejó la norma en suspenso al considerar que no estaban garantizados los fondos para su ejecución.

La decisión oficial generó un fuerte reclamo de familias, organizaciones y prestadores de servicios, quienes cuestionaron la paralización de la ley. En ese contexto, dos familias presentaron un amparo judicial en representación de sus hijos, ambos con Certificado Único de Discapacidad, lo que derivó en el fallo que ahora será apelado por el Gobierno.

La definición final quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que deberá determinar si se mantiene la aplicación inmediata de la ley o si se valida la postura del Ejecutivo respecto de la falta de financiamiento y las competencias entre poderes.

Con información de medios

JIB

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre con el objetivo de promover los derechos, el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. La fecha, impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), invita a reflexionar sobre las barreras físicas, sociales y culturales que aún persisten, y a renovar el compromiso colectivo para construir comunidades más justas y accesibles.

Según datos de organismos internacionales, más de mil millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo, lo que representa alrededor del 15% de la población global. Sin embargo, muchas de ellas enfrentan cotidianamente obstáculos para acceder a la educación, el trabajo, la salud, el transporte y la participación social plena. Estas limitaciones no siempre tienen que ver con la condición en sí, sino con entornos que no contemplan la diversidad humana.

Esta conmemoración también busca visibilizar que la discapacidad no es una cuestión individual, sino una responsabilidad social. La falta de rampas, señalización adecuada, materiales accesibles o información en formatos inclusivos profundiza la desigualdad y limita el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso, uno de los ejes centrales de esta fecha es la accesibilidad universal como condición indispensable para una vida autónoma y digna.

En los últimos años, el enfoque sobre discapacidad ha avanzado desde una mirada asistencial hacia un modelo social basado en derechos humanos. Esta perspectiva entiende que las personas con discapacidad no son sujetos de caridad, sino titulares de derechos, y que es el entorno el que debe adaptarse para garantizar la participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad también es una oportunidad para reconocer el aporte de quienes, desde distintos espacios, impulsan políticas públicas inclusivas, acciones comunitarias y prácticas laborales igualitarias. La educación inclusiva, el empleo con apoyos, la tecnología accesible y la eliminación de prejuicios son pilares fundamentales para avanzar hacia una sociedad verdaderamente integrada.

Más que una fecha en el calendario, el 3 de diciembre es un llamado a la acción. Promover la inclusión no se limita a discursos, sino que implica decisiones concretas que impactan en la vida cotidiana de millones de personas. Una sociedad inclusiva no beneficia solo a quienes tienen una discapacidad, sino que mejora la calidad de vida de todos y fortalece el tejido social desde el respeto por la diversidad.

NB

Las organizaciones que integran el Foro Permanente de Discapacidad, que realizan desde este martes un cese involuntario de actividades, se movilizan este miércoles desde las 11 horas desde la Plaza del Congreso hacia el Ministerio de Salud, en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.793 (Emergencia en Discapacidad), aumento inmediato de aranceles y el pago sin demoras de compensaciones atrasadas.

“Esta decisión fue adoptada tras los hechos ocurridos el viernes 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde las personas con discapacidad, familias y prestadores del sector fueron nuevamente objeto de maltrato y ausencia de respuestas concretas a los reclamos”, expusieron desde el Foro.

El último viernes, un grupo de profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad entró por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano para pedir hablar con las autoridades y reclamar contra los recortes en el área. La concentración, que había comenzado en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067, escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa. Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

“La reunión era para exigirle a Alejandro Vilches (el médico sanitarista designado como interventor de la Agencia de Discapacidad) y todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, dijo a la prensa la actriz Valentina Bassi quien se movilizó junto a los familiares.

En esa línea, Bassi continuó: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Y agregó: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato; es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.

El Gobierno nacional aún no reglamentó la ley de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso con el argumento de no tener claro la fuente de financiamiento. Esta decisión abrió una moción de censura al jefe de la administración libertaria, Guillermo Francos.

De acuerdo al Foro, endurecieron las medidas y convocaron a la marcha de este miércoles, “ante la falta de avances y el deterioro en las condiciones de atención, acompañamiento y financiamiento, las organizaciones entendemos que ya no podemos esperar más”.

“Es necesario tomar medidas firmes para exigir que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad y se dé una respuesta a la crisis terminal que atraviesa el sector. Invitamos a todas las organizaciones, profesionales, trabajadores, familias y a la sociedad en general a sumarse al cese de actividades y participar de la movilización”, expresaron desde el comunicado difundido en redes sociales.

“Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos mantenemos en estado de alerta, en diálogo permanente con nuestras organizaciones miembro, para evaluar los próximos pasos y acompañar las decisiones que tomen los prestadores y trabajadores del sector, en defensa de la calidad de vida de las personas con discapacidad. A los funcionarios públicos les decimos claramente: la plata está. Hacernos esperar hasta después de las elecciones es una extorsión inaceptable, de la que no seremos parte. El colectivo de la discapacidad se mantiene firme, con convicciones, dispuesto a seguir luchando contra la corrupción, la inoperancia y el abandono”, remarcaron.

El descargo del Foro tras los incidentes del pasado viernes

“El viernes 17 de octubre, a las 10:00 hs, nos movilizamos a la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (Dragones 2200, CABA). Personas con discapacidad, familias, instituciones, profesionales y prestadores en general nos concentramos para exigir el cumplimiento inmediato de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, el aumento de aranceles y el pago de las compensaciones atrasadas que la normativa establece.

Durante la jornada, desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestro coordinador, Pablo Molero, intentó entregar una nota dirigida al interventor de la ANDIS, Dr. Alejandro Alberto Vilches, en la que se detallan los reclamos del colectivo. Sin embargo, se negaron a recibirla. En ese momento Molero llamó por teléfono a Vilches, quien le dijo que no la recibía porque “no trabaja bajo presión”. 

Cronología del destrato 

El jueves 16 de octubre, apenas un día antes de la movilización, el Dr. Vilches había convocado a una reunión del Directorio que luego suspendió invocando “fuerza mayor”.

Una muestra más de la dilación, el desinterés y el abandono hacia un sector que atraviesa una profunda crisis.

A pesar de ello, mantuvimos firme la convocatoria. Por la mañana del viernes, centenares de personas se hicieron presentes frente a la Agencia. En ese contexto, el coordinador del Foro intentó entregar el petitorio al recientemente designado interventor —quien asumió el cargo tras la destitución del Dr. Diego Spagnuolo, acusado de presunta malversación de fondos—, pero el personal de seguridad le negó el acceso, impidiendo la entrega del documento.

Esta negativa constituye una clara violación al derecho constitucional de peticionar a las autoridades, garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (N° 19.549) y los principios de transparencia y participación ciudadana que rigen el accionar de la administración pública.

Todos los organismos del Estado tienen la obligación de recibir notas, reclamos y presentaciones de la ciudadanía o de sus organizaciones representativas.

Asamblea, reclamo y respuesta insuficiente

Ante esta situación, se realizó una asamblea pública en la que distintos actores expresaron su preocupación y propusieron nuevas medidas de lucha frente al abandono total del Gobierno Nacional.

De manera pacífica, sin incidentes ni infiltrados, la gran mayoría de los presentes ingresaron al edificio de la ANDIS para hacer oír un reclamo legítimo y justo: que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones y trabajen para la ciudadanía.

Finalmente, Vilches —que se encontraba dentro del organismo— recibió a los representantes de los prestadores ante el Directorio, el Prof. Daniel Lipani (titular) y el Pbro. Pablo Molero (suplente)".

La reunión se extendió durante aproximadamente una hora. Al salir, y ante la presencia de medios nacionales, Pablo Molero expresó: “No tenemos buenas noticias. Vilches nos comunicó que está pensando si habrá o no reunión de Directorio la próxima semana; dijo que trabajará para ello, pero que seguramente será después de las elecciones. No confirmó aumentos, y tampoco quiso recibir la nota, argumentando que no le parecía adecuado hacerlo en estas circunstancias. Él mismo reconoció haber levantado la reunión y rechazado el documento”.

Conflicto que escala

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

La tensión también escaló en el Congreso. La semana pasada, bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación contra Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.

En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.

La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación.

Reclamo opositor para que se cumplan leyes de Discapacidad, Garrahan y Universidades

El Gobierno y diputados opositores dialoguistas expusieron este lunes sus diferencias sobre el Presupuesto 2026 en una reunión celebrada en la Cámara Diputados, donde un sector de la oposición condicionó su respaldo a que se cumplan las leyes de Discapacidad, Emergencia Pediátrica y aumentos a las universidades.

El oficialismo armó una mesa de diálogo por fuera del ámbito formal de la comisión en procura de un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto bajo la nación de que la “ley de leyes” debe tener equilibrio fiscal.

La primera reunión se realizó en la presidencia de la Cámara de la Diputados, encabezada por Martín Menem; el titular de Presupuesto, Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Asistieron al encuentro Nicolas Massot y Miguel Angel Pichetto (Encuentro Federal); Daiana Fernández Morlero y Silvana Guidici, (PRO); Eduardo Falcone (Desarrollo); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Martín Tetaz , Pamela Verasay y Karina Banfi (UCR); Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

En ese contexto, los diputados Massot, Pichetto y Juliano reclamaron que el Gobierno incluya los fondos para aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y de aumento de las universidades.

Massot señaló que “el Presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir” pero sostuvo que “lamentablemente nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros”, advirtió.

Por su parte, Juliano señaló que “hicimos un pedido expreso ya que se tiene que promulgar la ley de Emergencia Pediátrica y Universidades y pedimos una promulgación a medias con los mismos argumentos que hicieron para la Emergencia en Discapacidad”.

En cambio, desde el PRO y la UCR destacaron que hubieran comenzado las negociaciones para acordar un presupuesto “con equilibrio fiscal”, por lo que pidieron continuar las conversaciones.

Tetaz planteó que “hay coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal” sostuvo que si hubiera un excedente en la recaudación debe destinarse a las prioridades que establece el Congreso.

Uno de los puntos en los que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición responde a estirar el plazo para emitir el dictamen establecido para el 4 de noviembre, de acuerdo al emplazamiento.

Estos encuentros se realizarán en forma paralela al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que mañana continuará con la ronda de consultas con las disertaciones del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

En cambio, Unión por la Patria (UxP) rechazó la invitación para sumarse a la reunión al considerar que los debates deben hacerse en la reunión de la Comisión de Presupuesto, según señaló su presidente Germán Martínez.

Martinez señaló por la red social X que “nuestro ámbito para debatir el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela”, advirtió.

El oficialismo promovió esta mesa del diálogo para superar las diferencias entre el Gobierno y los bloques dialoguistas que son claves para aprobar el proyecto de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno.

Las principales diferencias están centradas en los recursos que se destinarán a jubilados, la educación, la salud y las obras públicas.

Las dificultades para avanzar en un acuerdo responden a que, para el Gobierno, cualquier entendimiento debe mantener el equilibrio fiscal, y el 85 por ciento de los recursos de esa iniciativa ya tienen asignación específica debido a que se destinan al rubro “gastos sociales”.

Desde el oficialismo confiaron que podrán conseguirse mayores avances tras las elecciones del próximo domingo y esperan mantener un nuevo encuentro la próxima semana junto a la presencia de otros bloques como Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras bancadas provinciales.

Tampoco descartaron, como propuso la oposición más dialoguista, el sistema de semáforos, tal como se hizo con la ley de Bases, para ayudar en la negociación y poner en un paraguas aquellos puntos que son más controvertidos, como los fondos que reclaman las provincias y los recursos para las cajas de jubilaciones.

El proyecto para “democratizar” la ANDIS y se votará en la próxima sesión

La oposición de la Cámara de Diputados logró la semana pasada avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley encabezado por Juan Marino, de Unión por la Patria (Uxp), para “democratizar” y “depurar” la estructura orgánica de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que quedó envuelto en sospechas desde el escándalo de presuntas coimas por la filtración de los audios del ex titular de ese organismo Diego Spagnuolo.

La propuesta del diputado cercano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supone pasar de una conducción unipersonal del organismo, hoy en cabeza del interventor Alejandro Vilches, a una conducción colegiada de siete miembros con participación de entidades representativas del colectivo de personas con discapacidad, que tendrán voz y voto en la toma de decisiones.

UxP logró el despacho de mayoría con 29 firmas, incluidas las del Frente de Izquierda, Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Yolanda Vega (Innovación Federal), mientras que Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y un sector de la UCR suscribieron un dictamen de minoría con ocho firmas, al igual que Juan Brügge (Encuentro Federal), que firmó un despacho alternativo en soledad.

“Voy a trabajar para lograr un acuerdo con Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal para conseguir votar un texto de consenso acordado en la próxima sesión”, señaló Marino en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas apenas finalizó el plenario de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales, que había sido emplazado en la última sesión.

En su intervención, el diputado opositor planteó la importancia de reformar la ANDIS para que el organismo esté en condiciones de ejecutar los programas y presupuestos una vez que la ley de emergencia en Discapacidad, suspendida por el Gobierno en una decisión inaudita y sin precedentes, “se reglamente y promulgue como corresponde”.

“Hicimos un proyecto de ley para democratizar la ANDIS, para garantizar que las organizaciones representativas que cuentan con personería jurídica tengan un mecanismo de participación directa, que puedan elegir representantes para una comisión directiva que pasa a la ser la conducción de la ANDIS y que tiene a su cargo la ejecución de todos programas”, describió.

El legislador de UxP hizo hincapié en la necesidad de tener “organismo de control especifico para todo lo que son las compras, contrataciones, licitaciones y la ejecución presupuestaria sea transparente”, y que “las organizaciones de personas con discapacidad puedan hacer un seguimiento y verificar que efectivamente se lleven adelante los programas para garantizar sus derechos humanos”.

Al respecto, puso énfasis en que “las personas con discapacidades necesitan disposiciones específicas para poder garantizar sus derechos humanos”, y advirtió que “no pueden esperar” porque “están en juego sus vidas y su salud”.

“No queremos que nunca más haya siquiera sospecha alguna de que haya hechos de corrupción con la plata destinada a los medicamentos de personas con discapacidad. Esto viene a garantizar esa transparencia necesaria”, insistió Marino, que agregó que se trata de “un tema de extrema gravedad y urgencia”.

A su turno, Brügge brindó su acompañamiento a la iniciativa aunque marcó algunas diferencias que justifican su decisión de haber firmado un dictamen propio de minoría.

Por caso, pidió que tanto el presidente como el vicepresidente de la nueva ANDIS surja de un concurso público de oposición y antecedentes para asegurar “la idoneidad” de los funcionarios.

También planteó la incorporación como vocal en la Comisión Directiva de un experto en temática vinculada a la discapacidad, cuya designación surja de un sorteo de un padrón a cargo de Jefatura de Gabinete a propuesta de las universidades públicas y privadas.

“De esa manera estaremos despolitizando esta agencia”, analizó Brügge, que pidió que los representantes de organizaciones de la sociedad civil surjan de un padrón y sean electos mediante un sorteo.

Por su parte, Christian ‘Chipi’ Castillo, del Frente de Izquierda, valoró el hecho de que el dictamen de mayoría haya recogido los aportes que hicieron las organizaciones del colectivo de discapacidad en varias reuniones que se organizaron previamente.

El referente del PTS cargó contra el “recorte discrecional de las pensiones”, y al respecto dijo que “muestra la falta absoluta de escrúpulos del Gobierno a la hora de pasar la motosierra”.

También recordó las “coimas del 3% que escuchamos en los audios de (Diego) Spagnuolo, de quien dijo que ”no es ningún militante de la oposición sino un funcionario puesto por el Gobierno, abogado de Milei, intimo del entorno presidencial“.

Carla Carrizo, de Democracia para Siempre, celebró “el avance” aunque marcó algunas disidencias respecto del dictamen de mayoría.

“Quien dirige la comisión tiene que estar legitimado por la sociedad y eso se hace mediante concurso de oposición y antecedentes”, planteó, en coincidencia con la postura de Brügge.

En tanto, Natalia Sarapura, de la UCR y quien firmó el dictamen de minoría junto a Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, destacó que las propuestas para reformar y democratizar la ANDIS, más allá de los matices, “vienen a dar un mensaje claro de transparencia y control social”.

“Tener un órgano fuerte con participación y con control social es necesario. Por eso me sumo al esfuerzo que estamos haciendo legisladores de distintas bancadas de tener un dictamen que siga diciéndole a las personas de discapacidad que es desde su ejemplo de dignidad y desde su ejercicio de derechos que vamos a garantizar una transformación social y vamos a garantizar que el Estado cumpla su función de garante de derechos”, consideró.

Sabrina Selva, de UxP, justificó “la celeridad en el tratamiento del dictamen”, algo que había sido cuestionado previamente por la radical Karina Banfi (UCR), quien pidió mayor tiempo de debate y análisis.

“La celeridad en el tratamiento de este dictamen que estamos firmando hoy tiene que ver con dar una respuesta urgente a una situación de emergencia que atraviesan la personas con discapacidad en toda la Argentina”, subrayó.

Por último, tomó la palabra Álvaro Martínez de La Libertad Avanza (LLA), que en sintonía con Banfi reclamó más tiempo para analizar las propuestas y al respecto cuestionó que se “forzaran los consensos en una sola tarde”.

“Uno siempre quiere pensar que tienen las mejores intenciones, pero entendemos que debíamos estudiar y debatir un poco más el tema, incluso coincidiendo nosotros en algunos aspectos como la transparencia, la participación y el control ciudadano”, admitió.

El mendocino libertario reconoció esos “elementos positivos del proyecto” pero resaltó otros aspectos que él consideraba negativos.

“El proyecto tiene elementos positivos pero genera mayor burocracia, más funcionarios, no dice de dónde van a salir los recursos. Si no lo dicen todo va a quedar en una mentira, y nunca vamos a convalidar algo que temrine siendo una mentira, por más noble que sea su título”, explicó.

Un grupo de personas entró este viernes por la fuerza a las oficinas de la Agencia de Discapacidad (ANDIS) en el barrio porteño de Belgrano para pedir hablar con las autoridades y reclamar contra los recortes en el área.

Entre quienes protestan hay mayormente trabajadores de distintas dependencias que piden una mejora en sus salarios. Además, acompañan profesionales de la salud, pacientes y familiares de personas con discapacidad.

La concentración comenzó en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067. Según reportes de testigos, el conflicto escaló porque quienes protestan habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa.

Los manifestantes, entonces, rompieron el vallado, la puerta del lugar y entraron por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

La protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la ANDIS y la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Hace un mes, el Gobierno había promulgado la normativa que declara la emergencia nacional en la materia, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso apruebe las partidas presupuestarias necesarias. El decreto que acompañó la promulgación, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fundamentó la medida en la “falta de financiamiento específico” y en la obligación de no ejecutar gastos sin respaldo presupuestario.

La decisión provocó un fuerte rechazo de asociaciones civiles, prestadores y organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, que reclaman que el Gobierno cumpla con la aplicación inmediata de la ley.

La tensión también escaló en el Congreso. Esta semana, bloques opositores impulsaron un pedido de interpelación contra Francos por la falta de cumplimiento de la norma. Unión por la Patria, junto a legisladores de Encuentro Federal y Democracia para Siempre, firmaron un dictamen de mayoría para que el ministro se presente en Diputados a dar explicaciones.

En respuesta, el oficialismo defendió la decisión del Ejecutivo. Legisladores de La Libertad Avanza y del PRO argumentaron que “no existen los recursos” para implementar la ley sin afectar otras áreas esenciales del Estado. En el mismo sentido, funcionarios cercanos a Francos sostienen que se están reasignando fondos para “cubrir urgencias” dentro de la Agencia, pero sin habilitar el paquete completo de beneficios previsto por la norma.

La situación se ve además atravesada por la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la ANDIS. En septiembre, la Justicia detectó posibles sobreprecios y direccionamiento en contrataciones durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien fue desplazado del cargo y se encuentra bajo investigación.

La Cámara alta sesiona desde las 11 para votar el rechazo al veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, además de debatir la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley vetada por el Ejecutivo.

El Senado sesiona desde las 11 para votar el rechazo al veto presidencial del proyecto que declara la emergencia en el área de Discapacidad, además de debatir la modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

Así fue acordado este miércoles en una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definió la dinámica de una sesión que estará atravesada por el escándalo que envuelve al gobierno de Javier Milei por los audios difundidos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y que alcanzan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Serán cinco las cuestiones de privilegio que se centrarán en el tema que tiene contra las cuerdas al oficialismo: las presuntas coimas distribuidas entre la hermana del mandatario, Eduardo ‘Lule’ Menem y Spagnuolo, entre otros protagonistas, además de que también harán hincapié en la cautelar del juez Alejandro Maraniello contra la difusión de esos audios.

Desde antes del fin de semana merodeaba la idea de impulsar un pedido de interpelación para Karina Milei, y la cruzada por este tema la encabezaba el interbloque peronista, liderado por el formoseño José Mayans; pero al no tener dictamen de comisión, la iniciativa debería ser habilitada en el recinto con dos tercios, por lo que sí o sí debería ser apoyada por otros bloques y, de avanzar, la mayoría simple bastaría para su aprobación. La posibilidad es lejana.

En la reunión de este miércoles había quedado descartada, aunque en un Senado sin conducciones claras nada puede desecharse.

Otro dato para resaltar es que la sesión no es presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que quedó a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a los Estados Unidos. El sillón de la Presidencia de la Cámara alta quedó a cargo del libertario Bartolomé Abdala desde el inicio.

La emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso hasta el 31 de diciembre del 2026 y actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023 a la fecha.

La oficina de Presupuesto del Congreso estimó que esta ley, que contempla una actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad, tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta iniciativa es que las 200.000 contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, además de que se deberán saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

Hace 22 años que el Congreso no insiste con una ley vetada por el Ejecutivo, la última vez había sido en abril de 2003. Por esta razón la sesión reviste un carácter histórico, ya que la administración libertaria se encamina a una dura derrota en el recinto senatorial.

En tanto, en el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.

La decisión tuvo consenso hace casi dos semanas en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Alejandra Vigo. No está claro que el dictamen, garabateado entre gallos y medianoches, tenga un gran consenso, pero tiene un punto de partida de 34 voluntades provenientes de la bancada peronista.

Establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

Con información de NA.

IG

Será el broche de oro al peor mes de Javier Milei desde que asumió la presidencia: desde las 11 de este jueves el Senado trata la insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya sanción sería con una mayoría abrumadora, entre los que se anotarán varios aliados del Gobierno. Así, el Presidente quedará obligado a promulgarla.

No habrá vuelta atrás: en medio del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno deberá responder al reclamo de las familias de personas con discapacidad. No por cálculo político, sino porque la oposición le torció el brazo.

En la Casa Rosada predominaba ayer la resignación. Con Milei en California, y el riesgo país en escalada, en La Libertad Avanza se quedaron sin herramientas para evitar la próxima derrota legislativa. Pasaron solo dos semanas desde la última vez que la oposición le rechazó 5 decretos desreguladores y le sancionó la Emergencia Pediátrica en el Hospital Garrahan y la Ley de Financiamiento Educativo. Todos los proyectos salieron con unos 60 votos —más de dos tercios de la cámara— y todo indica que, este jueves, el resultado será el mismo.

El peronismo cuenta con el apoyo del bloque radical, algunos díscolos del PRO —como Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez— y la gran mayoría de las fuerzas provinciales. Una demostración de fuerza que se hizo carne 24 horas antes, cuando en una reunión de labor parlamentaria la oposición hizo frente para impulsar la sesión ordinaria en el despacho de Victoria Villarruel. La vice no se opuso: sabe que perdió el control del Senado y no quiere que la acusen de incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública. Su apuesta está más allá: la vice firmó el divorcio con Milei hace meses y trabaja en un proyecto político propio.

En el caso de conseguir los dos tercios, Milei tendrá que promulgar la ley, porque así lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. El Presidente amenazó con judicializar la ley, pero los antecedentes no son buenos: en agosto, el juez Adrián González Charvay hizo lugar a un amparo presentado por los padres de unos niños con discapacidad y declaró inválido el veto presidencial. En ese mismo fallo, el juez de Campana le recordó al presidente que tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posee jerarquía constitucional. 

La ley que el jefe de Estado vetó establece una actualización por inflación de las prestaciones, que están congeladas desde el año pasado (lo que llevó a que varios centros de inclusión estén al borde del cierre). También fija una revisión de las pensiones y la creación de otras nuevas: desde que el Gobierno inició el proceso de auditorías, se han suspendido más de 100.000 prestaciones. Hoy en día, las pensiones por invalidez laboral representan un 70% de la jubilación mínima. Es decir: $224.194.

La insistencia de la ley tendrá, además, un importante efecto simbólico: será la primera vez en más de 20 años que un Congreso lograr voltear un veto presidencial. La última vez que sucedió fue en marzo de 2003, durante la presidencia provisoria de Eduardo Duhalde, cuando el Congreso logró insistir en una ley que reducía los aranceles en la importación de azúcar. 

Límites a los DNU

Además de la emergencia en Discapacidad, la oposición planea quitarle otra herramienta a Milei: la de legislar vía decreto sin aval del Congreso.

El objetivo es modificar la ley 26.122 que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 y que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Hoy en día, los DNU tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, si bien deben ser aprobados por una cámara del Congreso para tener el peso de una ley, lo habitual es que nunca se traten y queden en vigor ad eternum. El proyecto de la oposición, sin embargo, pretende quitarle esta herramienta al Ejecutivo. No solo a Milei, sino a todos los futuros gobiernos nacionales. 

El dictamen consensuado por los senadores de la oposición introduce dos cambios. Por un lado, elimina la sanción tácita y establece un plazo de 90 días para que el DNU se trate en el Congreso. Si se vence el plazo y las cámaras no lo aprueban, el DNU se caerá. Por el otro, establece la bicameralidad. Es decir que el DNU tendrá que aprobarse en ambas cámaras: si solo una cámara la rechaza, el DNU será volteado. 

Será la frutilla del postre de la sesión opositora que, de aprobarse, deberá pasar a Diputados para su sanción efectiva. En la oposición se sienten empoderados: están decididos a anotarle una última derrota al Gobierno antes de las elecciones bonaerenses.

MC/JJD

El Gobierno se quedó sin red de contención en el Congreso: el escándalo de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un ventilador de malas noticias. El peronismo se siente empoderado y buscará, ahora, hacerse con el control de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales al menos en la Cámara de Diputados. El objetivo es forzar la interpelación de Karina Milei, a quien la oposición quiere llevar al recinto a dar explicaciones sobre las denuncias de corrupción que tienen al oficialismo en estado asambleario.

Hace dos semanas que las comisiones de Salud y Discapacidad de la Cámara baja funcionan como búnker de operaciones de la oposición para responder a las denuncias de corrupción por los sobreprecios en la ANDIS. El objetivo es interpelar a la secretaria de la Presidencia, pero también al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Y, si todo sale mal, crear una nueva comisión investigadora que se encargue de estudiar las contrataciones del Ejecutivo con la droguería Suizo Argentina. 

El problema, sin embargo, es que la oposición sospecha que los funcionarios no pondrán un pie en el Congreso. “No va a venir Karina Milei y, eventualmente, vamos a tener que cambiar la conversación a otro tono”, advirtió el radical Pablo Juliano, que llamó a “tomar cartas en el asunto”. No fue el único: cada orador que tomaba la palabra recordaba que, cuando se intentó interpelar a Luis Caputo, el ministro de Economía se negó. Frente a esto, el peronismo tomó una decisión.

“Esto es un escándalo y acá no lo vamos a resolver. Esto se resuelve con medidas más concretas. Tenemos que remover a las autoridades de Asuntos Constitucionales. Tenemos que remover a las autoridades de la comisión de Presupuesto”, anunció Cecilia Moreau, quien apuntó directamente contra Martín Menem por “obstruir” el funcionamiento de la Cámara de Diputados. “Si no le ponemos todo el peso del Estado, Karina Milei y Lugones no van a venir. Si no hacemos algo, vamos a ser cómplices de no estar cumpliendo el mandato popular”, agregó, irritada.

Moreau, incluso, propuso convocar a la comisión de Juicio Político, que se encuentra empantanada hace casi dos años debido a la interna libertaria. Originalmente, la presidenta de la comisión iba a ser Marcela Pagano, quien abandonó el bloque libertario y hoy es identificada por varios de sus ex compañeros de bloque como una de las responsables de la filtración de los audios. Oscar Zago, cuando era jefe de bloque, la designó al frente de la comisión, pero Karina terminó interviniendo y Menem definió desconocer esa designación. 

El peronismo analiza, ahora, la posibilidad de volver a abrir las puertas de la comisión de Juicio Político. “Es para poder acusar. No porque seamos kukardos destituyentes”, señaló Moreau, quien puso el dedo en la llaga de la interna libertaria: le recordó a Menem -quien acababa de anunciar que el último audio filtrado de Karina se había grabado “ilegalmente” en la Presidencia de la Cámara de Diputados- que el origen de las filtraciones era propio. 

“Ninguno de los kukardos fue nunca a una reunión de labor con Karina. Con lo cual si los audios se filtraron en una reunión de Menem y (Karina) Milei fue alguno de ellos. Es un papelón, son una reunión de consorcio de cuarta”, masculló.

En el caso de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto la situación es diferente. En Asuntos Constitucionales, que está presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, la oposición necesita que se convoque para dictaminar los proyectos de interpelación. Mayoraz, sin embargo, se ha negado a convocar la comisión, por lo que, cada vez que la oposición pudo avanzar con un dictamen, tuvo que ser previamente interpelada con una mayoría en el recinto. 

El objetivo del peronismo es hacerse con el control de la comisión a través de una votación en el recinto. Si bien la designación de las autoridades es una prerrogativa del presidente de la Cámara, es decir Menem, el pleno tiene la facultad de imponer por mayoría simple una nueva presidencia. 

En el caso del Presupuesto el motivo es más profundo: tiene que ver con la animadversión que gran parte de la multipartidaria opositora tiene con José Luis Espert, que se ha negado sistemáticamente a abrir la comisión para tratar los proyectos de la oposición. El peronismo quiere anticiparse, además, al debate del Presupuesto 2026, que el Ejecutivo tiene que enviar dentro de dos semanas. Hasta ahora, Milei ha trabajado con una prórroga del Presupuesto 2023, sancionado durante el último año de gobierno de Alberto Fernández.

El oficialismo asegura que, esta vez, el Ejecutivo buscará aprobar un Presupuesto propio. En el peronismo desconfían, por lo que buscan anticiparse a la discusión.

“La oscuridad no le hace bien al Congreso. Señor presidente de la Cámara de Diputados garantice que toda comisión que quiera funcionar”, le advirtió Germán Martínez, jefe de la bancada peronista. En LLA lo tomaron como una declaración de guerra: el peronismo iría por todas las comisiones.

MC/MC

Este jueves, el Congreso buscará ejecutar la máxima demostración de fuerza frente al gobierno de Javier Milei: le volteará, con una mayoría tajante, el veto a la emergencia en Discapacidad. Mientras los audios de las coimas de Diego Spagnuolo continúan salpicando a Karina Milei, el Senado aprovechará el contexto para insistir en la ley que, de ratificarse, obligará al Ejecutivo a actualizar las prestaciones por discapacidad. Y ya no habrá vuelta atrás: si la oposición consigue los dos tercios, Milei no tendrá otra que abrir la billetera.

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, viene trabajando en conseguir los dos tercios desde hace una semana. Los senadores de Unión por la Patria ya están avisados: este miércoles tendrán que estar todos en el Senado para participar de la reunión de bloque y asegurarse, así, que no habrá sorpresas el jueves cuando comience la sesión. Mayans no está solo: mantiene un diálogo fluído con los senadores del radicalismo y el PRO díscolo, que hace ya varios meses decidieron soltarle la mano al Gobierno.

Cuando la ley fue sancionada originalmente en julio, la oposición consiguió 55 votos a favor. Es decir, superó ampliamente los dos tercios necesarios para voltear el veto. Y Mayans, así como el resto de sus aliados, está confiado en que podrá replicar el número. Incluso ampliarlo. “Lo del 3% terminó el relato”, zanjó el senador formoseño, que está decidido a aprovechar la debilidad política y legislativa del Gobierno.

Empezará con la insistencia en la emergencia en discapacidad, pero continuará con los futuros vetos de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica en el Garrahan (que Milei pretende vetar la semana próxima). Pero no solo eso: el próximo jueves, la oposición planea quitarle otra herramienta a Milei: la de legislar vía decreto sin aval del Congreso.

El objetivo es modificar la ley 26.122 que sancionó Cristina Fernández de Kirchner en 2006 y que reglamenta los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Hoy en día, los DNU tienen vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y, si bien deben ser aprobados por una cámara del Congreso para tener el peso de una ley, lo habitual es que nunca se traten y funcionen ad eternum. El proyecto de la oposición, sin embargo, pretende quitarle esta herramienta al Ejecutivo.

Lo hace introduciendo dos cambios. Por un lado, fija un plazo de 90 días para que el DNU deba tratarse en el Congreso y establece que, de no aprobarse, perderá vigencia de manera automática. Por el otro, establece que bastará el rechazo de una cámara para que el DNU sea volteado (y no de las dos cámaras, como establece hoy la ley).

El peronismo buscará, además, convencer a los aliados para interpelar a Karina Milei por el escándalo de las coimas con la droguería Suizo Argentino. Hay un proyecto presentado del salteño Sergio “Oso” Leavy y se necesitarán dos tercios del recinto para aprobarlo, ya que no tiene dictamen. Un número que la oposición viene exhibiendo, con relativa facilidad, en las últimas sesiones.

El Gobierno, en retirada

En Casa Rosada, mientras tanto, predomina la resignación. Sobrepasado por un escándalo de corrupción que no logra controlar, el Gobierno observa que se quedó sin herramientas para evitar que el Senado voltee el primer veto de la era Milei. Algunos funcionarios y aliados del Gobierno lo anticipaban hace un mes, cuando intentaron convencer a Milei de que vetara parcialmente la ley o que, al menos, ofreciera algún tipo de compensación.

En mayo, cuando Diputados estaba por aprobar por primera vez la emergencia en Discapacidad, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, visitó el despacho de Martín Menem para analizar alternativas. Se planteó un plan que actualizara solo el nomenclador de las prestaciones, tal como le venían pidiendo algunos aliados que no querían quedar atrapados votando en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Milei, sin embargo, se negó.

Finalmente, los aliados se quedaron con nada: solo un tuit del vocero Manuel Adorni que prometía “considerar” un aumento de las prestaciones. Fracasado el plan, el Gobierno dedicó todos sus esfuerzos en blindar el veto al aumento a los jubilados: el tema discapacidad estaba perdido.

Villarruel toma distancia

Victoria Villarruel tampoco puede hacer nada para evitar la sesión opositora. La vice presidenta perdió el control del Senado cuando la oposición demostró que podía conseguir con facilidad el quórum de 37 bancas para abrir una sesión ordinaria todos los jueves. El jueves 4 de septiembre no será una excepción, y la vice ya mantuvo conversaciones con Mayans para organizar una reunión de labor parlamentaria el miércoles y ordenar el temario.

Villarruel se sabe el eslabón débil de La Libertad Avanza en el Senado, y quiere evitar una denuncia por mal desempeño de las funciones. Está decidida a sostener una imagen de institucionalidad, aún cuando el resto del Gobierno se deshace en rencillas internas. Rencillas que, muchas veces, la tienen a ella como principal adversaria.

La semana pasado, incluso, el Gobierno amagó con intentar responsabilizar a la vice por la filtración de los audios de Spagnuolo. Guillermo Francos llegó a afirmar que había sido Villarruel quien había acercado a Spagnuolo a Milei, pero tuvo que desdecirse a las pocas horas: la vice lo llamó por teléfono furiosa y le recriminó que aquel dato era falso. No había sido ella, había sido José Luis Espert.

Tras aquel cruce, Villarruel definió bajar el perfil. Asesorada por “Pato” Russo y Claudia Rucci, la vice viene coqueteando con construir un perfil político escindido de LLA con miras a 2027. Las recorridas por las provincias, como Catamarca o Chubut, así como su diferenciación del Gobierno en temas sociales sensibles, como el aumento a los jubilados, son la antesala de un proyecto político con vuelo propio. Pero con una salvedad: Villarruel no pretende, de momento, romper con Milei ni dejar trunca la institucionalidad de la presidencia del Senado.

Una actitud que se replica con el escándalo de las coimas. “Villarruel no va a hablar por respeto a la institucionalidad y al presidente. Es la Justicia la que tiene que actuar”, se limitaron a responder, en modo automático, desde la oficina de la vice, que ya ha cambiado dos veces su equipo de comunicación en el último año.

Villarruel no obstaculizará la presidencia de Milei, insisten en su entorno. Pero tampoco hará grandes esfuerzos para evitar las derrotas en el Senado.

MC/MG

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo y explosivo capítulo este lunes, con la revelación de más audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en los que lanza duras críticas a la gestión interna del Gobierno,

En las grabaciones reveladas en el canal de streaming Carnvala, el exfuncionario carga contra Sandra Pettovello, Manuel Adorni y Karina Milei. Además, recientemente se conocieron audios contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier”, se lo escucha decir a Spagnuolo.

En los nuevos fragmentos, el ex titular de la ANDIS no solo cuestiona a Pettovello, sino que también critica lo que considera una mala gestión política general y menciona a otras figuras del Gabinete. Spagnuolo se queja de que, tras hablar con la ministra, ella “después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo”.

“Esto está implosionando de adentro”, advierte en otro pasaje, y vuelve a la carga contra la titular de Capital Humano: “Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la repelotuda”. En el mismo audio, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades, al afirmar irónicamente: “Javier desentendido de todo”.

El exfuncionario también se refirió a la excanciller Diana Mondino, asegurando que el Gobierno está teniendo “quilombos grosos también con Diana Mondino”. Y, en lo que parece ser una referencia a la expulsión del legislador Ramiro Marra del bloque libertario, Spagnuolo criticó la falta de lealtad: “Lo limpiaron de un plumazo. Claramente no se pagan bien las cosas”, analizó.

“Karina es una...”

Manuel Adorni “y la fake news del perro”

Acusaciones a Lule Menem: “Están todas las empresas calientes”

MM con información de la agencia NA.

Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Esta frase, atribuida a Napoleón Bonaparte, se convirtió en el leit motiv de la oposición en el Congreso en las últimas 48 horas. Fascinados por la mamushkas de escándalos que desató la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, el peronismo y sus aliados corren detrás de las noticias, buscando utilizarlas como insumo para abrir una grieta en la red de alianzas del Gobierno.

Se habla de comisiones investigadoras y pedidos de interpelación, de citaciones a funcionarios y nuevas leyes en materia de Discapacidad. La oposición dura está decidida a aprovechar el momentum de debilidad mortal del Gobierno: el péndulo cambió de lado, y quienes ayer hablaban de “oposición racional” o “institucional”, hoy se muestran más proclives a mostrar los dientes.

“Intentamos adoptar una postura de centro, respetuosa de la institucionalidad presidencial, pero no quisieron dejar pasar nada”, masculla una radical de “centro” que está con los preparativos de la reactivación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA este jueves.

Citar a Karina, endurecer la oposición

Es un equilibrio delicado. Algunos sectores del peronismo observan una ventana de oportunidad para endurecer la dinámica de la oposición. Hasta ahora, cada avanzada opositora fue resultado de una intrincada –y no siempre exitosa– negociación interna entre los peronistas, los radicales no libertarios, el pichettismo y los lilitos de la Coalición Cívica. Estos últimos siempre más proclives a bajar el tono de los enfrentamientos y habilitar una instancia de negociación con Martín Menem. No eran los únicos: el cristinismo también apostó a negociar con el Gobierno cuando la Ficha Limpia estaba sobre la mesa y, del otro lado, los Milei debían lidiar con los coletazos del criptoescándalo.

Ahora, sin embargo, el clima cambió. La negativa de Javier Milei a no negociar ni un veto parcial a la emergencia en Discapacidad –sumado al inicio de la campaña electoral– comenzó a destrabar medidas que antes habían sido rechazadas. La interpelación a Karina Milei, por ejemplo.

El proyecto es de Sabrina Selva, diputada del peronismo bonaerense que, a partir del jueves, muy probablemente ocupará la presidencia de la comisión $LIBRA. Originaria del Frente Renovador que, hace más de un año, pasó a las filas del kicillofismo, Selva viene trabajando codo a codo junto a Juan Marino (UxP), Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) para reactivar la comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda. Son los mismos que, junto a Daniel Arroyo (UxP), Pablo Yedlin, y otros diputados que integran las comisiones de Salud y Discapacidad, buscan activar una ofensiva por el tema de las coimas en la ANDIS.

La interpelación de Karina es uno de los objetivos, pero no el único. Este martes, en un plenario de comisiones, los diputados de la oposición empezaron a delinear una estrategia. El objetivo era escuchar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al flamante interventor de la ANDIS tras la expulsión de Spagnuolo, Alejandro Vilches, pero los funcionarios pegaron el faltazo. Como venganza, la oposición le trazó un plan de trabajo.

El objetivo es avanzar primero que nada con las interpelaciones. La de Karina Milei, pero también la de Lugones y la de, como propone Eduardo Valdés, de Federico Sturzenegger. Se analiza la posibilidad, además, de crear una nueva comisión investigadora. Esta vez por el caso de las coimas en Discapacidad, un proyecto del socialista Esteban Paulón que cuenta con el apoyo de varios diputados del peronismo.

Todas estas iniciativas tendrán un largo trecho por delante, sin embargo. Primero, tendrán que convocar una sesión para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, para poder conseguir dictamen. Luego, deberán dictaminar y recién ahí podrán convocar a una sesión para aprobar las iniciativas. Todo el proceso, con suerte, se demorará al menos un mes.

“Es un ventilador que no va a parar de salpicar mierda. La mejor estrategia que podemos adoptar es no arruinarlo”, confesó, gráfico, un diputado del peronismo. Fue una advertencia interna, una crítica hacia las conversaciones informales que existieron en algunos sectores del peronismo sobre la posibilidad de avanzar en un juicio político contra los hermanos Milei. La idea terminó siendo cortada de cuajo por la cúpula de Unión por la Patria, pero la sensación de alerta permaneció: había que hacer todo lo posible para evitar que el Gobierno los acuse de destituyentes.

Esta premisa aplicaba a la idea de juicio político, pero también a cualquiera que implique la destitución de las figuras implicadas. No cayó bien, por ejemplo, la propuesta del radical Pablo Juliano, quien deslizó que le pediría a Martín Menem que se retirara de la presidencia de la Cámara de Diputados en la sesión informativa del miércoles. “Martín Menem está siendo señalado por todas estas situaciones. Yo le voy a pedir que ocupe su banca”, afirmó Juliano, en declaraciones televisivas.

En el peronismo, sin embargo, buscaron dejar en claro que no iban por la presidencia de la Cámara de Diputados. No todavía, al menos. “Para discutir la presidencia de la Cámara de Diputados está diciembre, antes no tiene sentido. Prefiero que Menem esté ahí sentado escuchando todo lo que tenemos para decir”, zanjó una de las alfiles de La Cámpora en Diputados.

Cronograma opositor

Antes de llegar a la instancia de las interpelaciones, la oposición buscará conseguir respuestas el miércoles al mediodía, cuando Guillermo Francos asista al Congreso a brindar su informe de gestión. Estarán en alerta: el jefe de Gabinete ya advirtió que si le molesta el tono de los diputados, levantará sus cosas y se irá. El desafío será poder acumular la mayor cantidad de preguntas sobre los audios de Spagnuolo antes de que eso suceda.

El jueves, luego, se reunirá la comisión investigadora $LIBRA para designar a las autoridades. Corrido el tema de la agenda por el escándalo de las coimas en Discapacidad, la oposición buscará volver a traerlo en la agenda, aprovechando que ambos casos terminan haciendo foco en una misma persona: Karina.

Por fuera de los escándalos de presunta corrupción, sin embargo, la oposición buscará aprovechar la debilidad del Gobierno para avanzar en la mayor cantidad de proyectos posibles hasta el recambio legislativo. Es el caso de la emergencia en Discapacidad, pero también otro tema que quedó pendiente del año pasado y que, de aprobarse, podría significar un cimbronazo para el gobierno de Milei. Y de todos los futuros gobiernos nacionales. Esto es: la modificación de la ley de DNU.

La oposición busca limitar el uso de DNUs del Ejecutivo nacional, modificando la Ley 26.122 de modo de hacer más extensivo el control del Congreso. El dictamen del Senado propone que, vencido un plazo de 90 días desde la firma del DNU, el mismo se caerá si no fue aprobado por el Congreso. Y demanda, a su vez, que sean las dos cámaras las que lo tengan que aprobar para que quede firme (hoy en día alcanza solo con una).

Para un Gobierno que ha sostenido su control en el Congreso a través de los vetos y los DNUS, esta modificación, podría significar game over.

MC

La emergencia en discapacidad logró lo que ninguna otra ley había conseguido hacer desde que Javier Milei es presidente: sumar dos tercios en la Cámara de Diputados y voltear el veto presidencial. Con 172 votos a favor y 73 en contra, la oposición pudo darle una buena noticia a las decenas de familiares y personas con discapacidad vienen concentrando fuera del Congreso hace semanas: el primer paso, el más difícil, para insistir una ley que actualiza las pensiones por discapacidad y las prestaciones. La ley se girará ahora al Senado, donde la oposición confía en que tendrá los dos tercios.

Afuera, en la calles, las organizaciones estallaron en aplausos cuando el tablero de la Cámara de Diputados mostró el resultado: contra todo pronóstico, luego de dos intentos fallidos el año pasado —cuando Milei logró blindar los vetos al aumento a los jubilados y las universidades—, la oposición había logrado conseguir los dos tercios para voltear un veto de Milei.

Lo hizo por un pelo: el Gobierno logró asegurarse un blindaje de 73 aliados, compuestos en su mayoría por los propios —aunque no todos, hubo ausencias—, el PRO, los radicales “con peluca” y los diputados que responden a Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.

El PRO escenificó en el recinto la fusión que selló con LLA en las listas electorales, aportando casi la mitad de los votos en contra. Cristian Ritondo, sin embargo, no logró ordenar a todo el bloque en defensa de Milei. Silvia Lospennato y Germana Figueroa Casas se abstuvieron, por más que estaban presentes en el Palacio, lo que habilitó que la oposición estuviera mas cerca de conseguir los dos tercios. María Eugenia Vidal se abstuvo. Y, por último, hubo cinco diputadas del PRO, como la correntina Sofía Brambilla, que votaron a favor.

La UCR, finalmente, terminó acompañando la ley. La única excepción fueron los mendocinos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, y el chaqueño Gerardo Cipolini, que cerraron acuerdos electorales con LLA.

El debate fue breve, apenas duró unas horas: la oposición sabía que el oficialismo apostaría a desvirtuar la sesión, por lo que el objetivo era sintetizar. Hubo dos ejes en los discursos: los más belicosos, que hicieron hincapié en los audios filtrados del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y los que apelaron a los indecisos, insistiendo en que era una ley que apenas representaba un costo fiscal -0,3% del PBI- y que la emergencia de las personas con discapacidad era absoluta.

“La situación es desesperante. Se está cayendo el sistema. Nadie sabe qué hacer. No acceden a medicamentos, ni al transporte, no funcionan los comedores dentro de los institutos. La ley acomoda el nomenclador, es razonable. Háganlo funcionar porque esto no da más”, exclamó uno de los impulsores de la ley, Daniel Arroyo.

“Hay un solo responsable de que estemos en esta situación y es el presidente, que decidió hacer el ajuste fácil sobre los más vulnerables”, sumó la radical Danya Tavela.

La defensa del veto, mientras tanto, quedó en manos de Santiago Santurio, que apostó a apuntar los cañones contra el kirchnerismo. “El que hable de empatía, ese es el traidor”, declaró, parafraseando la película El Padrino, y agregó: “Yo voy a votar en contra del kirchnerismo”.

Crónica de un fracaso

“No hay definiciones, no resuelven”, se quejaba un aliado del Gobierno el martes bien tarde a la noche, apenas unas horas antes de que comenzara la sesión. El malhumor se extendía como pólvora entre radicales, PRO y fuerzas provinciales que se debatían entre el deseo de hacer buena letra con el presidente y la presión social de las organizaciones y familias de personas con discapacidad. Muchos habían cerrado alianzas electorales y se daban por satisfechos, pero muchos habían sido desplazados por Karina Milei de los armados locales y necesitaban una excusa, cualquiera, para justificar su acompañamiento.

El anuncio sobre la hora del vocero Manuel Adorni, que prometió que el Gobierno “consideraría” hacer un aumento de las prestaciones, no había ayudado para mejorar el humor. “Les pedimos que actualicen el nomenclador, el costo es mínimo, pero entre una salida racional o una ideológica prefieren una ideológica”, mascullaba una dirigenta del PRO, sorprendida ante la falta de respuesta del Gobierno.

Martín Menem apostó a convencer a los fieles a que no dieran quórum, primero, y a que hicieran tambalear el tratamiento de la ley, después. Ambos intento fracasaron rotundamente.

El quórum, pese a los retrasos de los vuelos por el temporal, se consiguió con facilidad. La oposición consiguió 136 presencias, y no solo entre los más “duros” (como el peronismo, el pcihettismo de Encuentro Federal o la izquierda). Colaboraron también los salteños de Gustavo Sáenz y los tucumanos de Osvaldo Jaldo: dos gobernadores que fueron aliados durante la primera etapa de gobierno de Milei y que, ahora, se ven obligados a diferenciarse de LLA en el marco de la campaña electoral.

Al malhumor por la falta de respuestas del Gobierno se le sumó el enojo de los heridos de los cierres de listas para las elecciones de octubre: el caldo de cultivo ideal para que la oposición pudiera habilitar la sesión. Hubo, además, mucha mala praxis política por parte del propio oficialismo, quien ni siquiera pudo controlar a los propios.

Marcela Pagano y el puntano Carlos D’Alessandro, que fue desplazado del armado libertario en San Luis, dieron quórum para la sesión y votaron a favor de tratar el proyecto sobre tablas. Ese fue el último intento fallido de Menem para boicotear la insistencia de la ley: exigir dos tercios para abrir el debate porque el proyecto no tenía quórum, una estrategia destinada a forzar algunas ausencias que sabía que, cuando llegara el momento de la votación, no se animarían a votar en contra de la ley.

Tuvo éxito en algunos casos: Florencio Randazzo, que está encabezando la lista de diputados nacionales de Provincias Unidas en PBA, se levantó y se fue al momento de la votación. Tenía un almuerzo. Lourdes Arrieta, que también ayudó con el quórum y después votó a favor de la ley, se levantó en el momento de la votación y volvió después de que el tablero mostrara que había dos tercios.

“Nos fallaron los propios”, manifestó, molesto, un alfil de LLA. En efecto, a la sublevación de D’Alessandro y Pagano se le sumaba dos ausencias claves: la de Alida Ferreyra y Gerardo González. Dos desmanejos del propio del oficialismo que habían habilitado, sobre el final, que la oposición consiguiese voltear un veto en la Cámara de Diputados por primera vez en la era Milei.

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Un tetris de ausencias, votos afirmativos y abstenciones podría pavimentar la próxima (y más grande) derrota de Javier Milei en el Congreso. En eso trabaja la oposición desde hace más de 24 horas: un intrincado juego de seducción y presiones para con los aliados heridos del Gobierno y los gobernadores que amagan con independizarse para lograr, así, poner contra las cuerdas a un Gobierno que pretende sostener la bandera del déficit cero frente a una multitud de jubilados y familiares de personas con discapacidad, que reclaman respuestas en plena campaña electoral.

El ariete social de la sesión de la Cámara de Diputados, que comenzará al mediodía, será la insistencia en la emergencia en discapacidad, que el presidente de la Nación vetó este mes. La ley tuvo un espaldarazo de la Justicia el lunes, luego de que el juez de Campana, Adrián González Charvay, declarase la inconstitucionalidad del veto. Este dato, sumado a la presencia de las organizaciones de familiares de personas con discapacidad en la calle, servirá de caldo de cultivo para impulsar un operativo presión que permita romper la red de alianzas del Ejecutivo.

La ley actualiza las prestaciones y fortalece el financiamiento de las pensiones por discapacidad, y será el primer tema a discutir en el recinto. En la oposición consiguió 136 diputados para el quórum y ahora busca el plato fuerte con las votaciones. Es decir: conseguir, por primera vez en la era Milei, los dos tercios para insistir en una ley vetada en la Cámara de Diputados.

De todas los vetos a tratar en la sesión, la emergencia en discapacidad es la ley que tiene más posibilidades de salir, en eso coinciden tanto los jefes opositores como las espadas oficialistas. Los primeros con entusiasmo, los segundos casi con resignación. La Cámara de Diputados ya había logrado alcanzar los dos tercios cuando aprobó la ley en junio: con 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones, la oposición había logrado anotarse el número mágico gracias a las 32 ausencias de algunos aliados oficialistas incómodos. El objetivo, ahora, será sostener los positivos y torcer la mayoría de las ausencias a su favor.

La base de los votos a favor de la ley la garantizarán el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, la izquierda, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. En junio, cuando la ley se aprobó, el radicalismo oficialista que conduce Rodrigo de Loredo votó a favor de la ley y, frente al resultado de los cierres de listas nacionales —que dejaron a varios radicales, como este mismo cordobés— por fuera de la boleta violeta de La Libertad Avanza, la oposición confía en que el resentimiento contra Karina Milei funcionará como insumo para sostener su voto afirmativo.

Entre las abstenciones está la cordobesa Alejandra Torres, que ya prometió que, esta vez, sí acompañará la ley. El gobernador Martín Llaryora, incluso, salió fuerte con un video respaldando la iniciativa: “En Córdoba le decimos no al veto. La ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas”, anticipó a través de sus redes sociales.

Sus pares en el nuevo artificio electoral de centro denominado “Provincias Unidas”, que incluye a Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy), guardaron silencio. Cada uno de ellos competirá con La Libertad Avanza en sus provincias y deberá hacer correr a sus candidatos y candidatas con la votación de discapacidad y jubilaciones sobre la cabeza. En plena campaña electoral, la oposición jugará a la presión y al escrache como mecanismo para conseguir votos a favor de las leyes.

Esta estrategia se hará carne, fundamentalmente, cuando llegue el momento de voltear el veto al aumento del bono y del 7,2% para las jubilaciones. La insistencia de la ley, que se tratará justo después de la de discapacidad, se encuentra en un empate técnico. La oposición necesita torcer más de 10 votos para que jueguen a favor y, en simultáneo, asegurarse de que los que coquetean con abstenerse o votar en contra no lo hagan, sino que se ausenten.

En un escenario de mayorías de 145-150 votos a favor de las leyes, la oposición necesita que quienes no acompañen se ausenten. Una abstención, en este contexto, es un guiño al Gobierno. “Votar afirmativo es defender a los jubilados. Votar en contra o abstenerse es defender al Gobierno”, grafica, pedagógico, el pichettista Oscar Agost Carreño, uno de los principales armadores de la oposición junto a diputados como Germán Martínez y Paula Penacca (UxP), Carla Carrizo (DPS), Maximiliano Ferraro (CC) y “Chipi” Castillo (FIT).

El ojo estará puesto, entonces, en 18 diputados y diputadas del PRO y la UCR que se abstuvieron en la última votación. En el caso del PRO son pocos los diputados que están dispuestos a cruzar al Gobierno luego de haber cerrado alianzas en casi todo el territorio nacional. Hay algunas excepciones, como Silvia Lospennato, Germana Figueroa Casas, María Eugenia Vidal o Sofía Brambilla: todas diputadas que resienten la fusión con LLA y buscan maneras de diferenciarse.

En el caso de la UCR, la mira estará puesta en todas las víctimas de los cierres provinciales. Este es el caso de los cordobeses, como De Loredo, Gabriela Brouwer y Soledad Carrizo, así como de los porteños y bonaerenses, como Karina Banfi o Martín Tetaz. Algunos, como Tetaz, ya anticipan que rechazarán todos los vetos. Otros, como De Loredo, aguardarán hasta último momento para tomar una decisión.

No son los únicos. Los cierres de listas dejaron muchos heridos, incluso entre algunos de los más fieles aliados del Gobierno. Es el caso de los radicales “con peluca” como Mariano Campero o Martín Arjol, que quedaron por fuera de las boletas. O el jefe del MID, Oscar Zago. O todos los gobernadores norteños, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Hugo Passalacqua (Misiones), que dependen de los recursos de la Nación, pero ahora tendrán que competir con LLA en sus distritos.

La oposición tiene una estrategia para estos sectores: la inclusión, más adelante en el temario, de los dos proyectos de los gobernadores destinados a fondear las cuentas públicas. Es decir el que reparte de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que coparticipa parte de lo que se recauda con el impuesto a los combustibles líquidos. De aprobarse, las dos leyes se convertirán ley y es probable que arrastren una mayoría muy cercana a los dos tercios. Es decir, que llegaran bien paradas para un futuro veto presidencial.

La oposición, sin embargo, tomó una decisión estratégica: dejará los proyectos para el final de la sesión, de modo de tener garantizado un gancho que evite que los gobernadores ayuden al oficialismo a dejar sin quórum la sesión. Especialmente cuando llegue uno de los temas más delicados de la jornada: la comisión $LIBRA.

Comisión $LIBRA: la tercera es la vencida

La oposición, este miércoles, volverá a insistir para reactivar la comisión encargada de investigar el criptoescándalo que viene sacudiendo el corazón del gobierno libertario desde que, el 14 de febrero, Milei difundió una criptomoneda que terminó generando pérdidas millonarias.

El objetivo es modificar la resolución que creó la comisión investigadora hace ya cuatro meses y que nunca pudo funcionar debido a un empantanamiento digitado desde la oficina de Martín Menem. El riojano había logrado llevar a la comisión a una situación de empate entre el oficialismo y la oposición que imposibilitó, durante meses, que la comisión pudiera designar a sus autoridades y, así, tener las herramientas para recabar pruebas y citar a testigos.

La oposición busca, ahora, establecer una cláusula que especifique que, ante la imposibilidad de designar las autoridades, la presidencia de la comisión quedará en manos del bloque mayoritario de la oposición. Es decir, UxP.

De conseguir mayoría —y en la oposición están seguros de que la conseguirán— la Cámara de Diputados podría abrirle la puerta a uno de los mayores temores del Gobierno: habilitar el funcionamiento de una comisión que investigue el criptoescándalo en plena campaña electoral.

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Javier Milei encabezará este miércoles el relanzamiento formal de la campaña legislativa en el principal distrito electoral del país, Buenos Aires, con una foto con sus candidatos seccionales. Lo hará después de haber firmado este sábado el veto al aumento jubilatorio y la ley que declaraba la emergencia en discapacidad.

El Presidente dejó en claro desde un inicio que no cedería ante medidas que impliquen más gasto social. Pero también prometió en su campaña presidencial que al ajuste no lo iba a pagar la gente sino la casta política. Lo primero lo cumple a rajatabla, inclusive cobrando más impuestos a la población. Lo segundo no lo cumple para nada a juzgar por los salarios y haberes de miseria que cobra la gran mayoría de los ciudadanos en la Argentina; y en especial, los jubilados.

“Cualquier incremento en el gasto público que comprometa el equilibrio fiscal se encontrará con un muro innegociable en este presidente y en 87 patriotas del Poder Legislativo. Si es necesario, les vamos a vetar todo”, proclamó en un comunicado oficial, en septiembre del año pasado. Aquel episodio marcó el tono de su gestión: el mandatario vetó el primer intento de la oposición de conseguir una mejora para los jubilados con una ley de movilidad jubilatoria que otorgaba un 8% adicional y celebró que la Cámara de Diputados no lograra los dos tercios para revertir su veto. Incluso organizó un asado en la Quinta de Olivos para homenajear a quienes definió como los “87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales”.

El 10 de julio pasado, la oposición consiguió aprobar por segunda vez en el Congreso un paquete de alivio social que incluye un aumento excepcional del 7,2% para todas las jubilaciones, llevar de $70.000 a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, una prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Milei anticipó que vetaría todas estas leyes por considerarlas una amenaza a su plan económico. “Un incremento de las pensiones conspira contra su objetivo de mantener el equilibrio fiscal”, argumentó. El sábado, cumplió su amenaza y firmó los vetos que hoy se publican en el Boletín Oficial.

Fiel a su estilo beligerante, acusó de “genocidas” a los legisladores que apoyaron las mejoras sociales. En declaraciones radiales, tildó de “hijos de puta” a los senadores opositores por votar lo que él calculó como un aumento del gasto “de casi tres puntos del PBI”. Simultáneamente, anunció un recorte de retenciones al agro que costará hasta 0,22% del PBI en recaudación, la mitad de lo que implicaría el aumento a jubilados.

Milei tenía plazo hasta este lunes 4 de agosto para firmar los vetos. En la Casa Rosada confían en reunir el número de diputados necesario para impedir que la oposición logre los dos tercios para rechazar los vetos presidenciales. La negociación política fue intensa en las últimas semanas: el oficialismo activó gestiones con gobernadores aliados, ofreció partidas extraordinarias y cerró pactos electorales locales a cambio de colaboración parlamentaria. Con la incorporación de los llamados “radicales con peluca” al interbloque de La Libertad Avanza, el bloque oficialista consolidó una base cercana a 46 votos propios. A ellos se sumarían diputados del PRO y otros aliados provinciales, con lo cual el Gobierno calcula acercarse a los 80 votos. Las ausencias serán clave: el oficialismo necesita alrededor de 86 votos presentes para garantizar el veto.

El trasfondo de esta disputa es eminentemente político-electoral. Milei apuesta a exhibirse como el Presidente que no se doblega ni siquiera en año electoral, confiando en que sus votantes premien su coherencia. Sin embargo, el costo político podría ser alto en sectores sensibles a la situación de jubilados y personas con discapacidad. No es casual que cinco gobernadores hayan lanzado un frente con críticas al ajuste libertario. Las imágenes de abuelos reprimidos y la retórica explosiva del Presidente generan ruidos en las alianzas que Milei teje rumbo a octubre.

Jubilaciones de miseria en una Argentina empobrecida

La determinación presidencial de frenar el aumento jubilatorio ocurre en un país donde gran parte de la población vive una emergencia económica silenciosa. La Argentina cuenta con unos 7,4 millones de jubilados, de los cuales 63,5% cobra la mínima. Esa jubilación mínima se ubicó en julio en $309.000, que gracias a un bono de refuerzo llega a $379.000. Al tipo de cambio vendedor de $1.375 por dólar (pizarra del Banco Nación del viernes), equivale a unos 278 dólares mensuales. Este ingreso apenas roza la línea de pobreza: según el último dato del Indec, una persona adulta necesita $358.048 mensuales para no ser pobre, monto que no contempla necesidades específicas de la tercera edad. La Defensoría de la Tercera Edad estima que un jubilado debería percibir más de $1,2 millones para cubrir una canasta básica adecuada.

En 2024, con la inflación aún fuera de control (y aunque ahora baja todavía persiste y, a diferencia de los ingresos de las personas, los precios suben todos los meses), el haber mínimo real perdió 4,4% de poder de compra desde el cambio de gobierno. En febrero de ese año, el haber real tocó su peor nivel en 15 años, ubicando a la mitad de los adultos mayores por debajo de la línea de pobreza. El proyecto aprobado por el Congreso implicaría llevar la jubilación mínima a alrededor de $441.200, un monto que, si bien seguiría siendo bajo, representaría un alivio concreto para quienes cobran menos.

Protestas y mano dura en las calles

Lejos de resignarse, los jubilados argentinos ganaron visibilidad con protestas semanales frente al Congreso. Desde el año pasado, cada miércoles se congregan para exigir una jubilación digna, y cada semana enfrentan un despliegue policial más intenso. El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich convirtió estos reclamos en campo de pruebas para su protocolo antipiquetes. El operativo del 30 de julio fue particularmente violento: fuerzas federales triplicadas que usaron gas pimienta y balas de goma incluso contra jubilados de avanzada edad y periodistas. Hubo al menos cinco detenidos y decenas de heridos. Las imágenes de abuelos con bastones enfrentando escudos policiales son el símbolo de una nueva época amarga para los bosillos de los adultos mayores.

Bullrich reivindicó estas acciones como necesarias. “Demostramos que tenemos la posibilidad de sacar cosas importantes en el Congreso y el control de la calle. Cuando quieren destruir nuestro programa, lo defendemos”, dijo. Milei delegó en Bullrich la misión de poner reprimir mientras él pasa la motosierra contento, sin acusar recibo del sufrimiento de las personas, con la carcajada de payaso loco. “Las calles no se toman... si se toman, habrá consecuencias”, advirtió la ministra. Esa política se tradujo en operativos semanales de disuasión frente al Congreso, con gendarmes, detenciones preventivas y uso recurrente de gases.

La tensión en las calles va en aumento. Los jubilados que protestan cada miércoles ya son acompañados por sindicatos, movimientos sociales y sectores políticos decepcionados con sus propias dirigencias. “No vamos a salir de las calles”, advierten los manifestantes. La persistencia de estas marchas semanales, pese a la represión, generó comparaciones con las movilizaciones de los años noventa lideradas por Norma Plá. Su figura reaparece en pancartas que claman “todos seremos jubilados, es cuestión de tiempo”.

Milei juega al límite. Retrasar el veto de las leyes le dio tiempo para la rosca política y para intentar contener la presión social. Si su cálculo resulta correcto, se anotará otra victoria legislativa: impondrá nuevamente su ajuste, pero a costa de intensificar el desgaste de su imagen. La batalla final se dará en el recinto. Si Milei triunfa en sostener sus vetos, llegará a octubre con un ajuste invicto bajo el brazo, pero deberá cargar con las consecuencias: jubilados empobrecidos, personas con discapacidad desprotegidas y una sociedad que se debate entre apoyarlo en octubre, en su afán de “normalizar” la economía, o hacerle sentir el rigor de las urnas: la que sigue viviendo muy bien, pese al paso del tiempo y gracias a su propio gobierno, es justamente la casta, no la gente.

Los vetos en el Boletín Oficial

JJD