Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

La profunda angustia que mantenía en vilo a los habitantes de Colonia Caroya, Jesús María y zonas aledañas en la provincia de Córdoba llegó a su fin esta tarde. Luciana Barrios Alarcón, la joven de 15 años intensamente buscada desde las primeras horas del lunes, fue hallada “sana y salva”, según confirmaron fuentes oficiales del gobierno cordobés.

La noticia fue ratificada de manera oficial por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se había puesto al frente de la coordinación del operativo. A través de sus canales de comunicación, el funcionario expresó su profundo agradecimiento a las fuerzas involucradas y a los ciudadanos que se sumaron activamente a la difusión del paradero de la menor.

La desaparición de Luciana se había producido en la jornada de ayer, luego de ser vista por última vez al retirarse del Colegio Bonoris, institución educativa a la que asiste en Colonia Caroya. Al confirmarse que la adolescente no había regresado a su hogar, la familia radicó de inmediato la denuncia penal, lo que encendió las alarmas de los estamentos judiciales y policiales de la provincia.

“La encontramos sana y salva. Quiero agradecer profundamente el inmenso compromiso de las fuerzas de seguridad, los equipos especiales y la invaluable solidaridad de toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María que nos acompañó sin descanso en estas horas tan difíciles”, afirmó Quinteros.

Ante la gravedad del escenario y con el transcurso de las horas sin novedades, el Gobierno nacional, mediante el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), resolvió activar el protocolo de emergencia “Alerta Sofía”. Esta medida de excepción implicó una difusión masiva de la imagen de Luciana a nivel país y la articulación directa con fuerzas federales.

Durante la mañana de este martes, el ministro Quinteros se había mostrado inflexible respecto a la asignación de recursos para la causa, manifestando que por directiva del gobernador se disponía de “presupuesto ilimitado” para dar con el paradero de la menor. En ese marco, se coordinó una mesa operativa conjunta con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, solicitando el apoyo de efectivos de Gendarmería Nacional para controlar rutas estratégicas.

Las primeras hipótesis de la investigación, que contemplaban un posible rapto en un vehículo sospechoso reportado en las cercanías del colegio, habían sido descartadas tras una minuciosa requisa vehicular y la inspección de casi treinta cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la localidad. Asimismo, la Policía Judicial y Científica trabajó sobre los últimos registros tecnológicos de la menor para esclarecer los sucesos previos a su hallazgo.

Actualmente, el caso se mantiene bajo estricta investigación por parte de la fiscalía interviniente con el fin de determinar las circunstancias exactas que motivaron la desaparición de la joven y descartar cualquier tipo de vulneración o comisión de delito menor. Luciana ya se encuentra reencontrada con sus padres y sus tres hermanas mayores en un ambiente de resguardo y asistencia interdisciplinaria.

Detalle del despliegue técnico y humano

El operativo récord involucró a más de 300 agentes en simultáneo, incluyendo unidades de la Policía de Córdoba, Bomberos Voluntarios, el DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo), drones térmicos policiales, rastreo satelital de telefonía móvil y apoyo aéreo mediante helicópteros de la provincia.

Una adolescente es buscada de manera intensa en la provincia de Córdoba luego de que sus padres hayan denunciado que no tienen información de su paradero desde este lunes 8 de junio al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya. El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad quer conduce Alejandra Monteoliva, activó la alerta Sofía y le pidió a la población que aporte información.

Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien fue vista por última vez cuando salió de la escuela.

Frente a este escenario, hay un megaoperativo liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien supervisa las tareas de campo y se reunió con el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación judicial.

El operativo incluye 90 efectivos policiales, drones y un helicóptero. Asimismo, se realizan rastrillajes en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate.

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, pide colaboración para dar con el paradero de la menor, por lo que dieron a conocer algunas de sus características: es de contextura física delgada, 1,60cm de estatura, tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul, y buzo azul marino.

Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial.

De qué se trata el Alerta Sofía

Es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en Córdoba tras una semana de búsqueda, ingresó en una nueva etapa marcada por las pericias forenses pendientes, la reconstrucción de las horas previas al crimen y la posible ampliación de responsabilidades más allá del único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier.

Aunque el fiscal Raúl Garzón adelantó que el asesinato se habría producido durante la noche de la desaparición de la joven o en las primeras horas del día siguiente, los resultados definitivos de la autopsia y de los estudios complementarios serán determinantes para establecer de manera oficial la fecha, la causa precisa de la muerte y la mecánica del homicidio.

La confirmación de que Agostina fue víctima de un femicidio profundizó el dolor de su familia y modificó el rumbo de la causa. La imputación inicial por privación ilegítima de la libertad deberá ser recalificada por una figura más grave, que podría derivar en una acusación de homicidio agravado, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Las pruebas que busca consolidar la fiscalía

Uno de los principales focos de la investigación sigue siendo la vivienda de Barrelier, ubicada en barrio Cofico, donde los investigadores secuestraron elementos considerados relevantes para la causa.

Según trascendió, en el lugar se detectaron manchas de sangre y sectores que habrían sido limpiados con lavandina, una circunstancia que ahora forma parte de los análisis periciales. La hipótesis de los investigadores es que el crimen pudo haberse producido dentro de esa casa.

A la vez, continúan los rastrillajes en la zona de Ampliación Ferreyra, donde fueron hallados restos vinculados a la víctima. Los procedimientos buscan recuperar evidencia adicional que permita reconstruir el recorrido posterior al crimen y precisar cómo fue trasladado el cuerpo.

La fiscalía también intenta determinar si Barrelier actuó solo o si contó con colaboración de terceros. En ese marco, podrían adquirir relevancia los testimonios de personas de su entorno y de quienes compartían la vivienda donde se habrían producido los hechos.

La posición de la querella y las responsabilidades pendientes

El abogado de la familia paterna de Agostina, Gino Torreani, afirmó que existen elementos de prueba que comprometen de manera directa al acusado y sostuvo que la investigación debe avanzar ahora sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

“Hay elementos probatorios y evidencia clara y concreta que lo tienen acorralado”, señaló el letrado, quien consideró que la recalificación de la imputación es un paso inevitable tras la confirmación del crimen.

Sin embargo, la querella evita cerrar otras líneas de investigación. Entre los aspectos que podrían ser analizados figura el vínculo que mantenía Barrelier con la madre de la adolescente y la eventual participación de otras personas.

Por el momento no existen imputaciones adicionales, aunque la fiscalía procura establecer si hubo colaboradores, encubridores o personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo ocurrido.

En paralelo, también podrían revisarse las circunstancias que permitieron que Barrelier recuperara la libertad el año pasado luego de haber sido imputado en una causa por privación ilegítima de la libertad contra una expareja.

El impacto en la familia y las protestas en Córdoba

Mientras la investigación judicial avanza, la familia de Agostina atraviesa las horas más difíciles desde el hallazgo del cuerpo.

La madre de la adolescente, Melisa Heredia, permanecía internada cuando recibió la noticia de la muerte de su hija. Según relataron familiares, debió ser asistida y sedada por recomendación médica debido al fuerte impacto emocional que provocó la confirmación del crimen.

La conmoción también se trasladó a las calles. Vecinos, familiares y amigos participaron de movilizaciones para exigir justicia y reclamar el esclarecimiento completo de los hechos. Algunas de las protestas derivaron en incidentes frente a dependencias policiales, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad.

En ese contexto, el abuelo de la adolescente, Miguel Heredia, reclamó que la investigación avance hasta identificar a todos los responsables. “Quiero que caigan todos los que tengan algo que ver con su muerte”, sostuvo.

Con los resultados forenses aún pendientes y varias preguntas sin respuesta, la causa se encamina ahora hacia una etapa clave. Determinar cuándo y cómo fue asesinada Agostina, quiénes participaron y qué ocurrió durante las horas posteriores a su desaparición serán los principales desafíos de una investigación que mantiene en vilo a Córdoba.

Con información de NA

Agostina Vega, quien estaba desaparecida desde hace una semana, fue hallada sin vida esta tarde en un descampado ubicado cerca del barrio Ampliación Ferreyra, en las inmediaciones la capital de Córdoba, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo, en vísperas de la marcha del Ni Una Menos (3 de junio), se concretó durante uno de los rastrillajes que se llevó a cabo en esa zona, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, Marcelo Marín.

Desde el Observatorio Lucía Pérez, luego de conocerse la noticia del asesinato de Agostina Vega, informaron que en lo que va de 2026 se han registrado 94 femicidios.

La adolescente, de 14 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado, y por hecho había sido detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre, y quien había mostrado contradicciones durantes las declaraciones que dio ante la Justicia.

Los restos fueron encontrados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra durante una rastrillaje del que participaron el fiscal de la causa, Raúl Garzón; y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el papá de Agostina, Gabriel Vega.

“Hemos encontrado restos humanos que en un 98 por ciento podemos decir que corresponderían a Agostina”, dijo el fiscal Garzón durante la conferencia de prensa que ofreció por la noche.

“Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, siguió Garzón. El fiscal confirmó que el  “homicidio se produjo entre las 23,30 del sábado y la una o dos de la mañana” del domingo. Además rechazó cualquier crítica a su actuación.  “No hay ninguna, absolutamente ninguna autocrítica que hacer”, dijo.

La mamá de Agostina, Melisa Heredia, fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa.

Este sábado, poco antes del hallazgo del cuerpo, renunció como defensor de Barrelier su abogado Jorge Sánchez del Bianco por  “diferencias técnicas irreconciliables”.

El caso, que se sigue minuto a minuto, generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación. Fuentes cercanas al expediente indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de Agostina Vega había motivado la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo que puso fin a la incertidumbre.

Los femicidios en Argentina

Este miércoles 3 de junio se cumplirán 11 años de la primera marcha “Ni Una Menos”, la puso a la violencia de género y los femicidios en el centro de la discusión política. El disparador fue el asesinato de otra adolescente de la misma edad de Agostina, Chiara Páez, quien fue asesinada por su novio.

Este año, por primera vez desde 2017, hubo una leve baja en el índice de femicidios según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ): se registraron 200 víctimas directas, una cada 44 horas. Pero los números están lejos de ser una buena noticia. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): “Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz. Lo que muestran las estadísticas es otra cosa: hubo más tentativas de femicidio pero menos femicidios en el mismo año. Muchas mujeres sobrevivieron porque existieron intervenciones previas, dispositivos territoriales y políticas públicas que llegaron antes. La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, sólo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas en este contexto no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.

Es que el asesinato de Agostina se produce en el marco de un ajuste sin precedentes en las políticas de género y de atención a las víctimas, desde el Ministerio de la Mujer hasta el programa Acompañar o la línea 144.

Con información de NA

Mientras Martín Llaryora intensifica sus reclamos a Javier Milei por la continuidad de las retenciones al agro y por una distribución más equilibrada de los recursos federales, en Córdoba comienza a tomar forma una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión. Detrás de tareas tan rutinarias como limpiar escuelas, desmalezar predios estatales o mantener los jardines de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo.

La historia no es completamente nueva. En octubre del año pasado, elDiarioAR publicó una primera investigación que reconstruyó cómo el negocio de la limpieza se había transformado en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Ese trabajo reveló la concentración de contratos en tres empresas: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L.. La novedad ahora es que nuevos documentos oficiales permiten medir con mayor precisión la magnitud del fenómeno y mostrar cómo el mismo esquema se expandió hacia otras áreas del Estado con montos aún más elevados.

Servicios Drill está asociada al empresario Rubén Alabi, un hombre de bajo perfil que en los últimos años expandió sus negocios más allá del rubro de limpieza. Fuentes del sector lo vinculan también con Fly Kitchen, dedicada a servicios gastronómicos y concesionaria del catering del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella, con operaciones posteriores en las terminales de las Cataratas del Iguazú y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

Euro Clean, por su parte, está controlada por Mauro y Matías Martínez, dos empresarios con intereses también en el negocio inmobiliario cordobés. Mientras que Pulizia —o Kazaró, que es su nombre comercial— pertenece a Tomás Romero y a Lucas Dagatti, quien además preside la Cámara de Empresas de Servicios Generales y Afines (CASEGE), la principal entidad del sector en la provincia. Según comentaron ellos mismo en una entrevista con La Voz, la firma pasó de unos 600 a cerca de 1.500 empleados en los últimos años, en paralelo con la expansión de sus contratos con el Estado cordobés.

Las licitaciones

La magnitud del negocio puede medirse, en principio, en las licitaciones del Ministerio de Educación. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 y Nº 02/2025, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital y del interior, tuvieron un monto total preadjudicado de $105.365 millones por un plazo de 24 meses. Euro Clean fue la principal beneficiaria en Córdoba Capital con tres zonas adjudicadas por $31.607 millones. Servicios Drill obtuvo dos zonas por $23.320 millones y Pulizia una por $4.030 millones.

En el interior de la provincia, las mismas empresas volvieron a quedarse con buena parte de los departamentos adjudicados, consolidando su predominio en el sector. En el rubro señalan además que, en esa licitación, las tres compañías presentaron valores prácticamente idénticos por unidad de servicio y levemente superiores a los ofertados por otros competidores, un dato que alimentó cuestionamientos sobre el grado de competencia efectiva dentro del proceso.

El Ministerio de Salud ofrece un panorama similar. En la licitación de 2024 para hospitales, centros de atención primaria y otras dependencias sanitarias, el monto total preadjudicado alcanzó los $29.507 millones. Euro Clean recibió adjudicaciones por $10.854 millones; Servicios Drill por $4.472 millones; y Pulizia por $2.551 millones.

Las adjudicaciones de EPEC refuerzan esa tendencia. En julio de 2025, Servicios Drill obtuvo tres licitaciones electrónicas consecutivas para desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Río Ceballos, San Francisco y la zona norte de la ciudad de Córdoba. Pulizia, a su vez, fue adjudicataria de las zonas de Río Cuarto y Bell Ville. El negocio, de ese modo, excede la limpieza de edificios y se extiende al mantenimiento de predios y jardines en toda la provincia.

Requisitos y polémica

Uno de los aspectos más cuestionados por empresarios del sector son los requisitos técnicos y administrativos de los pliegos. En licitaciones recientes se exigieron dotaciones mínimas de 500 empleados registrados, múltiples certificaciones ISO y certificados de libre deuda emitidos por CASEGE, la cámara presidida por el propio Dagatti. Para competidores de menor escala, esas condiciones reducen sensiblemente las posibilidades de participación y consolidan la posición de las compañías con mayor estructura y experiencia en contrataciones estatales.

Por otro lado, también aparece apuntado el sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC), conducido por Sergio Fittipaldi, quien además lidera las 62 Organizaciones Peronistas en la provincia. En Córdoba aseguran que el gremio ocupa un lugar central en todo el esquema. “Interviene en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas 'amigas' y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”, denunció una fuente a elDiarioAR.

En el caso del artículo 35.1 de los pliegos del Ministerio de Educación, se estableció como condición excluyente que las adjudicatarias debían absorber a todo el personal que ya se encontraba prestando servicios, reconociendo antigüedad, categoría y carga horaria. Sin embargo, en distintas localidades del interior se registraron denuncias de operarias que aseguraron haber quedado sin empleo o haber sido desvinculadas sin continuidad laboral cuando ingresaron las nuevas contratistas.

El cuadro expone una paradoja: mientras el Estado provincial incrementó de manera sustancial el gasto en servicios tercerizados y consolidó a un grupo de empresas con capacidad para manejar contratos multimillonarios, la mejora económica no se habría traducido necesariamente en mejores condiciones laborales para quienes realizan las tareas de limpieza.

Operadores y funcionarios

Detrás de toda esta trama aparecen apuntados funcionarios y operadores con peso propio dentro del oficialismo provincial. Uno de ellos es Juan Manuel Cid, director del Banco de Córdoba y uno de los dirigentes de mayor confianza de Llaryora. Abogado de perfil técnico, con fuerte inserción en los tribunales y en los despachos más sensibles del poder cordobés, en el ecosistema político local se lo describe como el principal articulador político de este circuito: el hombre encargado de tender puentes entre empresarios y la estructura del poder provincial, con capacidad para destrabar gestiones y coordinar interlocutores en distintas áreas del Estado. Ese rol, sumado a su bajo perfil y a su influencia transversal, le valió el apodo de “el Caputito cordobés”, en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo.

Otro nombre que surge en los registros es el de Néstor Rubén Alabi, tesorero general de la provincia y homónimo del empresario vinculado a Servicios Drill, la principal adjudicataria del rubro. Por la naturaleza de su cargo, su función se ubica en el plano administrativo: la Tesorería General ocupa un lugar estratégico dentro del circuito encargado de instrumentar y ejecutar los pagos del Estado.

En ese contexto, distintas fuentes del sector también mencionan la gravitación que tiene Guillermo Acosta, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador. Como ministro de Economía, Acosta representa el eslabón político y presupuestario de mayor jerarquía dentro de esa estructura, con influencia sobre las áreas responsables de autorizar desembolsos y administrar el flujo de fondos provinciales. Su salida temporal del gabinete, en abril, a partir de una licencia, coincidió con una reorganización interna del manejo del gasto y con la creación de un Consejo de Gestión Estratégica del Gasto destinado a supervisar las erogaciones públicas.

La concentración de las adjudicaciones no constituye, por sí misma, una irregularidad comprobada. Pero sí revela, al menos, un esquema en el que un número reducido de empresas logró consolidar una posición dominante en un rubro que moviliza recursos millonarios y atraviesa áreas sensibles de la administración pública. En la Córdoba que reclama a la Nación reglas más equitativas para el aparato productivo, los contratos de limpieza ofrecen una radiografía del modo en que los negocios y el poder político convergen alrededor del Estado.

PL/MG

Los trabajadores del sector lácteo, los productores regionales y los pueblos que viven alrededor de esa actividad son el eje del reclamo que los gobernadores Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, de Santa Fe y Córdoba, al gobierno de Javier Milei, que enfrenta una caída en su imagen pública por la crisis económica y los casos de corrupción que involucran a sus funcionarios y hasta al corazón mismo el poder: al propio Presidente y a su hermana, Karina, secretaria general de la Presidencia.

Pullaro, radical, y Llaryora, peronista, coincidieron en pedir una agenda orientada a la producción, el empleo, la baja de retenciones, las obras viales y el desarrollo energético, durante la apertura oficial de TodoLáctea 2026, la exposición lechera más grande de América del Sur.

Los mandatarios de dos de las provincias más ricas del país, y que además conforman la principal cuenca lechera del territorio nacional, compartieron el acto en San Francisco, al sur de Córdoba, donde reclamaron que la Nación le dé prioridad al trabajo de los productores regionales.

Pullaro definió a la región integrada por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos como la más productiva de la Argentina y afirmó que sostiene buena parte de la economía nacional. TodoLáctea 2026 funciona como vidriera de ese reclamo. La exposición cursa su quinta edición bajo el lema “Pensar globalmente, actuar localmente y producir sustentablemente”, organizada por el Grupo TodoAgro. Según la información difundida, reúne más de 200 stands comerciales vinculados tanto con la producción primaria como con la industria láctea. Esa composición muestra la amplitud de una cadena que no termina en el tambo: incluye maquinaria, insumos, transporte, procesamiento, servicios y comercio asociado.

El mensaje de los gobernadores buscó unir al campo con el empleo, y al empleo con las condiciones de infraestructura necesarias para producir. Pullaro pidió que el Gobierno nacional termine con las retenciones y sostuvo que las provincias ya avanzaron con bajas impositivas para el campo y la industria. También reclamó la reparación de rutas nacionales y una apuesta al desarrollo energético para que la industria reduzca costos y pueda generar más puestos de trabajo.

El reclamo por las rutas nacionales toca una condición cotidiana del trabajo en la cadena láctea. La leche necesita traslados frecuentes, coordinación entre tambos, plantas y centros de distribución, y una logística que no puede separarse del estado de los caminos.

Llaryora apuntó contra el esquema de retenciones agropecuarias porque, según dijo, le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo. También pidió que los beneficios impositivos alcancen al campo argentino y que los recursos queden en manos de los productores y de los pueblos.

El pedido de ambos gobernadores se completó con otros dos reclamos: por una ley de biocombustibles y por un nuevo RIGI que contemple la baja de retenciones para el sector agropecuario.

La nota laboral del reclamo está en la relación entre producción y condiciones de vida en los pueblos del interior. Cuando una cadena reduce actividad, esto afecta directamente a los trabajadores rurales, a los transportistas, a los talleres, a los comercios, a los profesionales y a las familias que dependen de ese ingreso.

JJD

Una serie de amenazas de tiroteo en escuelas de distintas provincias encendió las alarmas en el sistema educativo argentino y derivó en detenciones, imputaciones y el refuerzo de medidas preventivas. Los casos más recientes se registraron en Salta, Córdoba y Mendoza, donde autoridades judiciales y educativas avanzan con investigaciones para determinar responsabilidades.

En la provincia de Salta, tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos tras ser acusados de realizar grafitis intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet. Según la investigación, en las pintadas se advertía sobre un presunto tiroteo que ocurriría el próximo lunes, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, constató que los estudiantes ingresaron al sector donde se hallaron las inscripciones. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público Fiscal, los jóvenes señalaron que se trataba de un “reto”. El Juzgado de Garantías ordenó sus arrestos y la audiencia de imputación fue fijada para este sábado, mientras continúa la recolección de pruebas.

En paralelo, en la provincia de Córdoba, la Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° imputó a ocho adolescentes por el delito de “amenaza agravada por anonimato”. La causa investiga más de 100 episodios similares en la capital provincial y otras localidades como La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.

La situación también impacta en Mendoza, donde la Dirección General de Escuelas confirmó la detención de tres alumnos por amenazas de tiroteo registradas durante la última semana. El ministro de Educación provincial, Tadeo García Zalazar, informó que los implicados son menores de edad y que uno de ellos es imputable.

El funcionario explicó que la identificación de los sospechosos fue posible gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones y al seguimiento de pistas en redes sociales, además de la colaboración de padres e instituciones educativas. También advirtió que continúan analizando indicios sobre la posible participación de más estudiantes.

En cuanto a las sanciones, García Zalazar detalló que los casos encuadran en el delito de amenazas agravadas. Los menores imputables quedarán a disposición de la Justicia Penal Juvenil, mientras que los menores de 16 años serán apartados del ámbito escolar y sometidos a evaluaciones psicológicas junto a sus familias. Asimismo, no descartó sanciones para los padres en caso de incumplimiento de sus responsabilidades.

Según datos oficiales, en Mendoza se registraron cerca de 70 escuelas con amenazas de tiroteo, lo que representa menos del 10% del sistema educativo provincial. A nivel nacional, la problemática alcanza a más de 1.000 establecimientos, lo que motivó la articulación entre distintas jurisdicciones para abordar una situación que, según las autoridades, no debe ser minimizada y requiere respuestas coordinadas.

Con información de medios

JIB

Los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Martín Llaryora (Córdoba), que mantienen una estrategia de diálogo con la Casa Rosada, atraviesan una paradoja política que comienza a crujir. Mientras aportan votos clave para la agenda de Javier Milei en el Congreso de la Nación, que incluyó la reciente reforma de la Ley de Glaciares, sus provincias enfrentan crisis fiscales severas por la caída de los fondos coparticipables. La situación comenzó a llegar a un punto crítico porque deben hacer un ajustado equilibrio entre mantener la lealtad a la Casa Rosada y proteger la solvencia de sus administraciones.

Jujuy en “modo supervivencia”

En Jujuy, la situación es crítica. El gobernador Carlos Sadir reconoció que la coparticipación viene cayendo entre 6% y 7% en términos reales, y se consignó que el primer bimestre de 2026 fue el peor en trece años. Ante este escenario, el mandatario radical implementó un ajuste de “shock administrativo” mediante el decreto 5084, que establece -hasta diciembre de este año- el congelamiento de la planta de personal, pago de horas extras solo para casos “excepcionales y restrictivas”, reducción de cargos y contrato, la prohibición de alquilar vehículos, la suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas, el congelamiento de la pauta publicitaria oficial, la prohibición de compra de bienes de capital sin autorización superior y la obligación de autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para iniciar toda obra pública

Las excepciones deben ser aprobadas en forma conjunta por Jefatura de Gabinete y Hacienda. “Nadie gasta, nadie compra, nadie arranca obra, nadie recibe auxilio extraordinario sin pasar por el centro de comando del Ejecutivo”, se señaló desde el entorno de quien fue ministro de Economía del exgobernador Gerardo Morales.

El ajuste de Sadir, sin embargo, tiene una carga política adicional. Una fuente con la que habló elDiarioar, señaló que “el gobernador busca dejar atrás la sombra del doble comando” y afirmó que “de aquí en más, la provincia la conduce él”. Es decir, la centralización del gasto funcionará también como una toma de control frente a la interna con el universo político que rodea a Gerardo Morales, quien fue su mentor. Sadir se reunió hace unos días con diputados provinciales de Jujuy Crece para fijar agenda y alinear al oficialismo detrás del nuevo rumbo. “Menos iniciativas de lucimiento, menos experimentos proselitistas y más acompañamiento a una provincia que entra en fase de comando centralizado”, fue la bajada de línea que definió el espíritu de cónclave.

Los ATN insuficientes y tardíos

Jujuy recibió $5.000 millones en ATN entre febrero y marzo de 2026, y en marzo le correspondieron $2.000 millones de un reparto de $47.000 millones entre 11 provincias. Sin embargo, estos montos son insuficientes frente a la caída estructural de recursos. Como señaló el propio gobernador tras reunirse con el ministro del Interior Diego Santilli en abril de 2026: “Jujuy necesita decisiones urgentes”.

Sadir ha transitado un camino tortuoso en su relación Milei. En septiembre de 2025 reclamó públicamente la falta de comunicación con el presidente: “Con otros habló, pero a mí no me llamó”. En octubre de 2025 participó de una reunión de 19 gobernadores con el presidente en la Casa Rosada y al finalizar la evaluó como “muy buena” y que el jefe de Estado “pudo plantearnos las necesidades que tiene”.

Los votos clave: Ley de Glaciares y Ley Ómnibus

Jujuy, que integra la Mesa del Litio junto a Catamarca y Salta, aportó cuatro votos positivos para la reforma de la Ley de Glaciares reciente: tres de los legisladores de La Libertad Avanza (Manuel Quintar, Alfredo González y Barbara Andreussi) y uno de Provincias Unidas (Jorge Rizzotti, afín a Sadir). Los dos diputados de Unión por la Patria (Guillermo Snopek e Inés Zigarán) votaron en contra.

Esta no es la primera vez que Sadir pone legisladores al servicio de la agenda mileísta. En febrero de 2024, los diputados jujeños ya habían votado a favor de la Ley Ómnibus (Ley Bases), con posturas contrapuestas entre el representante libertario y el de Provincias Unidas a favor, y el del peronismo en contra.

Córdoba creó el Consejo de Gestión Estratégica del Gasto

Ante ocho meses consecutivos de caída de la coparticipación, Martín Llaryora implementó el “Consejo de Gestión Estratégica del Gasto”, que concentra bajo la mirada del ministro de Economía Guillermo Acosta todas las decisiones de ejecución presupuestaria.

El funcionamiento es riguroso: cada gasto debe ser solicitado por nota electrónica y el Consejo decide qué autoriza y qué no. Se eliminaron los “fondos permanentes” (caja chica) de cada ministerio y se establecieron días de pago específicos para proveedores. En el top del recorte están: capacitaciones, catering y viajes.

Córdoba enfrenta una paradoja: mientras recibió autorizaciones para tomar US$1.525 millones en deuda internacional (US$725 millones en junio 2025 y US$800 millones en enero 2026), no recibió ni un peso en ATN durante todo 2025 ni en 2026. La recaudación propia cayó 15% en términos reales en febrero de 2026, mientras que la coparticipación bajó 8%.

Una consecuencia de esta baja disponibilidad de partidas coparticipables es que El Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno cordobesa, restringió los fondos para los municipios. Por ello, más de 100 municipios cordobeses, liderados por intendentes de la UCR, elevaron esta semana un pedido de audiencia a Llaryora “a la mayor brevedad posible”, alertando sobre una caída del 20% a 23% en la coparticipación durante 2026. Los intendentes denuncian que existe una “brecha entre la predisposición del Gobernador y la falta de 'gestos' de varios de sus ministros”. Sin mencionarlo, se señaló al ministro de Gobierno Manuel Calvo, quien debe oficial de nexo entre el poder central y los municipios.   

El “doble juego” cordobesista

Llaryora mantiene una estrategia de “diferenciarse en lo gestual pero cuidando lo discursivo”. No confronta directamente con Milei, quien goza de alta imagen en Córdoba (74% de votos en 2023 y triunfo en las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025), pero responde con acciones de gobierno en sentido contrario: ante el corte de obra pública nacional, sostiene su propio plan de obras; y ante el recorte de subsidios al transporte, lanzó su boleto metropolitano, entre otras señales.

En marzo de 2026, durante la Argentina Week en Washington, Llaryora criticó el discurso de Milei contra empresarios. “Es hora de que la Nación se ponga los pantalones largos”, admitió a un medio de su provincia. Reconoció que “la recaudación viene cayendo seis, siete, ocho meses seguidos” y que tendrá que “ralentizar el desarrollo en obras”.

Tucumán: líder en ATN pero no alcanza

El gobernador Osvaldo Jaldo reconoció que Tucumán perdió “una planilla y media de sueldos” entre 2024 y 2026, por lo que se se vio obligado a disponer del fondo anticíclico, creado para atender situaciones de emergencia a meses de suceder al exgobernador y actual senador nacional Juan Manzur. A pesar de encabezar el ranking de ATN con $41.500 millones recibidos, la situación fiscal sigue siendo crítica. En el cierre de la semana describió con crudeza el escenario. “Nosotros venimos bajando todos los meses entre un 8% y 9% en el impuesto coparticipable nacional, tanto IVA como Ganancias. Es decir, venimos perdiendo todos los meses entre $10.000 y $14.000 millones”, reconoció.

La situación de las obras públicas es crítica. Jaldo denunció que la Nación paralizó el 100% de la obra pública en Tucumán. Ante este escenario, su gestión asumió proyectos estratégicos que quedaron sin respaldo nacional, a mitad de camino, financiándolos con fondos propios. La crisis llevó a decisiones dramáticas. En las últimas horas, la Legislatura suspendió la licitación para la restauración del histórico edificio de la Legislatura provincial para destinar esos recursos a obras para la prevención de inundaciones. Además, se supo que el Poder Ejecutivo desistió de abonar expropiaciones de terrenos en donde se había previsto la construcción de obras de infraestructura de relevancia.   

En este distrito, el empleo también mostró señales de deterioro. Según un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Tucumán lideró en el NOA el nivel de conflictividad industrial y laboral durante 2025, con cerca de 22 situaciones de conflicto que incluyeron paradas temporales de planta, suspensiones, despidos masivos y movilizaciones.

Pragmatismo constante y sonante

Jaldo ha llevado el pragmatismo político a su máxima expresión. Durante la campaña electoral de 2025 fue uno de los dirigentes más vehementes contra Milei, acusando al gobierno de “ahogar a las provincias” y llamando a votar “para que no gane la derecha”. Sin embargo, una vez pasadas las elecciones, fue el primer gobernador al que se convocó desde la Casa Rosada y confirmó su asistencia a la reunión de 19 mandatarios.

El mandatario tucumano ha puesto sus legisladores nacionales al servicio de la agenda libertaria en momentos clave. Su bancada colaboró para que La Libertad Avanza avanzara con leyes de ajuste como la Ley Bases, se ausentaron del recinto cuando el gobierno necesitaba evitar quórum para limitar los DNU presidenciales y dio los votos para las modificaciones de la Ley de Glaciares. En las últimas horas, anunció que recurrirá a los anticipos de coparticipación nacional que puso a disposición la Casa Rosada: “No hay duda que con esto garantizamos un 2026 con total funcionamiento y con total paz social”. Unos días antes había advertido que “hay que poner las cosas blanco sobre negro porque bajo ningún punto de vista es un regalo ni una dádiva”. Y remarcó: “Nos asisten con un anticipo de coparticipación, es decir, con plata que es nuestra y que debemos devolver dentro del mismo año”.

Salta alineada

El gobernador Gustavo Sáenz firmó esta semana un plan de austeridad por 180 días con congelamiento de salarios y suspensión de contrataciones, entre otras restricciones. La vocera de Gobierno, Paula Benavides, justificó la medida señalando que “el ejemplo debe empezar por casa” y que el ajuste estará enfocado en el gasto administrativo para no trasladarlo a los sectores más vulnerables. De todos modos, es una clara señal que los números no le cierran al mandatario dialoguista.

Salta es una de las provincias más afectadas por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida nacional que impacta a más de 200.000 salteños y representa una retracción de aproximadamente $4.000 millones mensuales en la economía local. Estos recursos dinamizaban el consumo en comercios de cercanía y su interrupción afecta directamente la economía cotidiana.

En marzo, Sáenz advirtió que muchas obras públicas se encontraban frenadas por deudas que el Gobierno nacional aún mantiene con empresas desde octubre de 2025. Esta situación repercute directamente en áreas sensibles como el sistema de salud, el transporte público y la gestión provincial

A pesar de recibir $25.000 millones en ATN durante la gestión Milei, la provincia no logró compensar la caída estructural de recursos. Curiosamente, entre noviembre de 2024 y enero de 2026, Salta fue la única provincia del país que logró una variación positiva en sus recursos reales, con un crecimiento del 0,7% ($4.433 millones). Sin embargo, esto no impidió que el gobierno de Sáenz implementara el ajuste de 180 días, demostrando que incluso las provincias “ganadoras” en el reparto de recursos enfrentan crisis fiscales severas.

Sáenz es quizás el gobernador peronista con mayor sintonía con Milei. Durante el Argentina Week en Nueva York en marzo de 2026, se cruzó con el presidente en un pasillo del JP Morgan: Milei le sonrió, se fundieron en un abrazo y le dijo al oído “Está funcionando” mientras le palmeaba la espalda. Karina Milei también se acercó a darle un abrazo. La relación es fluida y con intereses cruzados.

En sus discursos en Estados Unidos, el gobernador se mostró en sintonía con la política económica libertaria: “Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país”. Participó de la reunión de gobernadores con Milei en noviembre de 2025, donde se trató la reforma laboral, tributaria y del Código Penal, además del Presupuesto 2026.

La Casa Rosada lo ve como una carta estratégica, un ariete que mete ruido en la relación entre los gobernadores para neutralizar que se muevan en bloque. De todos modos, la tensión interna crece. Sáenz reclamó públicamente: “No es justo que yo pelee por obras y otros canten”, en una clara referencia a dirigentes libertarios que critican su gestión mientras se benefician de su alianza con la Nación.

Catamarca: entre la negociación minera y la quiebra fiscal

Raúl Jalil ha llevado el diálogo con Javier Milei a un nivel que redefinió la arquitectura política del Norte Grande. En diciembre de 2025 rompió el bloque peronista en la Cámara de Diputados, retiró a sus cuatro legisladores de Unión por la Patria y conformó la bancada “Elijo Catamarca”. Este movimiento dejó a La Libertad Avanza como primera minoría en la Cámara baja, empatada con el peronismo pero con posibilidades de superarlo.

La decisión no fue improvisada. Jalil mantuvo reuniones reservadas con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y Santiago Caputo. En el oficialismo interpretan que esos encuentros “terminaron de ordenar la relación política”.

El fruto más tangible de esta alianza llegó en enero de 2026: el control de Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio. Tras un acuerdo histórico con Milei, Catamarca asumió la facultad para designar al presidente y dos vocales en YMAD, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con quien comparte la propiedad, designa los otros dos vocales. La composición quedó conformada por 60% de participación para Catamarca y 40% para la UNT, eliminando la injerencia de Nación en las decisiones estratégicas.

El retorno de Fernando Jalil (hermano del gobernador) a la presidencia de YMAD es la pieza final de este acuerdo. La empresa, creada en 1958 por Juan Perón para administrar el yacimiento Farallón Negro, pasó a manos catamarqueñas como contraprestación por el apoyo del senador Guillermo Andrada para sancionar el Presupuesto 2026 y aprobar el artículo del ajuste en educación, defensa, ciencia y tecnología.

El acuerdo también contempló el traspaso del complejo de Minas Capillitas a CAMYEN (Catamarca Minera y Energética), y como contraprestación, Catamarca desistió de demandas judiciales contra el Estado Nacional. La agenda minera funcionó como un vector de sintonía: Jalil observa con interés las oportunidades de inversión que podrían abrirse tras el acuerdo comercial con Estados Unidos, especialmente en litio y cobre. Esto explica, en parte, su apoyo a la reforma de la Ley de Glaciares que busca destrabar proyectos mineros millonarios en zonas protegidas.

De todos modos, Jalil ha sido el más explícito sobre la gravedad de la situación. Confirmó una última caída reciente del 10% en la coparticipación y advirtió que el contexto lo obligó a actuar con rigor. En febrero de 2026, la provincia había perdido $12.533 millones en recursos reales, ubicándose cerca de San Juan ($14.053 millones) y La Rioja ($13.763 millones) en el ranking de provincias más afectadas.

Ante la imposibilidad de financiar obras públicas con recursos propios, Jalil tuvo que buscar financiamiento privado. Acordó con la minera Glencore un aporte de $5.000 millones para obras viales que involucran a Santa María, Belén y Andalgalá. Además, gestionó recursos ante YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio).

La crisis laboral y el conflicto social

Catamarca no escapa a la conflictividad laboral. Según CEPA, esta provincia registró 14 conflictos laborales entre 2024 y 2025, incluyendo cierre de fábricas, despidos y suspensiones. Desde que comenzó el gobierno de Milei, se registró un promedio de 81 despidos por día en el sector público nacional y Catamarca sufrió los efectos de esta política. El grupo chileno Cencosud clausuró locales en Catamarca (además de Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Tucumán), sumándose a la ola de cierres comerciales que afecta a la provincia.

¿Diálogo o supervivencia?

Los gobernadores dialoguistas enfrentan un dilema que comenzó a ingresar en un callejón sin salida. Por un lado, su alineamiento con Milei les garantizó flujos de ATN que, si bien insuficientes, son vitales. Por otro, la caída estructural de la coparticipación compromete la sostenibilidad fiscal. La paradoja es Córdoba: Llaryora no recibe ATN, debe financiarse con deuda internacional a tasas elevadas (9,75% y 8,6%), y aun así implementa el ajuste más riguroso. Mientras tanto, mantiene una relación de “doble juego” con Milei.

En Jujuy, Sadir implementó un ajuste que recuerda al de Córdoba pero con una carga política adicional: terminar con el “doble comando” heredado de Morales y afirmar su propio liderazgo. La provincia aportó votos clave para la Ley de Glaciares, pero la promesa de desarrollo minero no compensa la crisis fiscal inmediata.

Los ATN representan apenas el 6% de lo perdido en coparticipación, según reconocen allegados a los propios gobernadores. La pregunta que permanece es hasta cuándo podrán sostener este ajustado equilibrio entre lealtad política y supervivencia, cuando ya comenzaron en estas provincias las especulaciones sobre las elecciones provinciales de 2027.

La ley de reforma laboral tuvo este jueves su primer fallo en contra, que llegó a través de un juez laboral de Córdoba que declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley, el que regula la forma en que deben actualizarse los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa.

Este apartado refiere a los juicios laborales y determina qué se puede reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban en varios tribunales laborales previo a la vigencia de la nueva ley.

El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso, con intereses del Banco Central (BCRA), pero con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.

Al respecto, el juez Ricardo Gileta resolvió que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” en su sentencia con fecha del 10 de marzo.

El magistrado sostuvo que el capital original deberá recalcularse según lo previsto por el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por la reforma laboral, esquema que implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento en que se produjo la mora hasta que se concrete el pago.

El magistrado explicó que el artículo 55 de la “Ley de Modernización Laboral” introduce un criterio distinto para las causas que ya estaban en trámite antes de la sanción de la norma.

En esos casos, la ley fija que las deudas se actualicen tomando como referencia la tasa pasiva del Banco Central, comparada con la inflación, con un piso equivalente al 67% del cálculo que establece el artículo 276 de la legislación laboral vigente.

Para Gileta, ese tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley, por lo que dispuso que los créditos laborales del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El fallo subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos por el derecho del trabajo, o sea que cualquier mecanismo que reduzca de manera significativa su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Justicia federal confirmó la identificación de los restos de Mario Alberto Nívoli, un militante secuestrado durante la última dictadura militar que permanecía desaparecido desde febrero de 1977. El hallazgo se produjo tras trabajos de excavación realizados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de represión ilegal en la provincia de Córdoba.

La confirmación fue dispuesta por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, luego de los estudios genéticos efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Nívoli se convirtió así en el primer nombre que se da a conocer entre las 12 personas identificadas recientemente a partir de los trabajos realizados durante 2025 en el predio donde operó ese centro clandestino.

Los análisis forenses estuvieron a cargo de especialistas del EAAF, con la participación de Anaís Linares y Silvana Turner, y el apoyo de investigadores del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes colaboraron en las tareas técnicas que permitieron avanzar en la identificación.

Nívoli, apodado “Tito” por sus allegados, había nacido en 1948 en la localidad cordobesa de Ucacha. Tras cursar la secundaria en Las Perdices, se trasladó a Santa Fe para estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. Durante su etapa universitaria comenzó su participación política en la Juventud Universitaria Peronista, vinculada a la organización Montoneros.

Al momento de su secuestro, tenía 28 años, trabajaba como técnico electricista y era padre de dos hijos pequeños. De acuerdo con registros del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, fue capturado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 por un grupo de tareas que irrumpió en su vivienda del barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba.

Tras el operativo fue trasladado al centro clandestino La Perla, donde permaneció detenido de manera ilegal. Décadas más tarde, los responsables de esos crímenes fueron juzgados en la Megacausa La Perla-La Ribera-D2, que concluyó en 2016 con condenas por delitos de lesa humanidad.

La noticia del hallazgo llegó a su hija, María Soledad Nívoli, quien tenía apenas cuatro meses cuando su padre fue secuestrado. Según relató, recibió la confirmación a través del abogado Ramiro Fresneda mientras regresaba de buscar a su hijo en la escuela.

La mujer expresó que la identificación de los restos le generó alivio y una sensación de paz tras décadas de incertidumbre. También sostuvo que conocer el destino de su padre implica un cambio profundo para su familia, ya que pone fin a años de búsqueda.

Durante mucho tiempo, la figura de Nívoli fue reconstruida por su hija a partir de recuerdos, testimonios y fotografías. Ese proceso derivó en la muestra “Como miran tus ojos”, una exposición que reúne imágenes tomadas por él mismo en la década del 70 y que recorre distintos momentos de su vida.

La exhibición propone un recorrido por los lugares que marcaron su historia —desde Ucacha y sus años de estudio hasta su paso por Concordia y Córdoba— y culmina en Rosario, ciudad donde actualmente reside su hija. Para la familia, el hallazgo no solo representa una respuesta largamente esperada, sino también un nuevo impulso para continuar con la búsqueda de otras víctimas que aún permanecen sin identificar.

El próximo viernes Javier Milei pisará por primera vez en funciones el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba. Será su debut político de 2026 en el interior del país y no ocurrirá en cualquier contexto ni en cualquier noche: eligió la más convocante del cronograma para buscar lo que en el oficialismo definen sin rodeos como un “baño de masas”. La provincia mediterránea vuelve a ser el escenario elegido para ese reencuentro, dos días antes de su viaje al Foro de Davos.

Lejos de la rigidez de los actos oficiales porteños, Milei apostará a una postal popular, cargada de simbolismo y con público afín. Jesús María no es solo folklore y doma: es campo, identidad productiva y un electorado que acompañó al libertario desde el inicio. No por casualidad, el Presidente vuelve a una provincia que fue decisiva en su consolidación política y que ya visitó en diciembre, durante el llamado “tour de la gratitud” tras la victoria legislativa de octubre.

Detrás de la visita aparece una arquitectura política clara. El interlocutor privilegiado del Presidente en Córdoba sigue siendo Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados y operador central de los acuerdos con los sectores dialoguistas. Bornoroni será uno de los anfitriones de la noche y el encargado de contener la alta demanda política que despierta la presencia presidencial. Intendentes, legisladores y dirigentes nacionales quieren estar en una foto que inaugura el calendario político de 2026.

La comitiva, por ahora, confirma la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Está en duda que viaje Karina Milei, quien suele manejar este tipo de recorridas y cuya ausencia o presencia no es un detalle menor. Tampoco se descarta que llegue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el plano local estarán Bornoroni y una larga lista de referentes libertarios y aliados, mientras que sigue sin confirmarse la asistencia de figuras clave como Luis Juez o Rodrigo de Loredo.

El operativo de seguridad, coordinado por Casa Militar, recibió una consigna precisa: cuidar la investidura sin encapsular al Presidente. La idea es permitir el contacto directo, las selfies, el saludo corto, la escena de cercanía. Milei quiere mostrarse cómodo en el territorio, en contraste con la imagen distante que proyectó en otras situaciones críticas, como en los recientes incendios en la Patagonia.

Pero la visita tiene también una lectura interna inevitable. Jesús María fue, en las últimas ediciones, territorio de alta visibilidad para la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión de Milei de ocupar ahora ese escenario, sin agenda compartida con el gobernador Martín Llaryora, no pasa desapercibida en una provincia donde las tensiones con la Casa Rosada siguen latentes.

Hay, además, una contradicción política difícil de esquivar. Durante los primeros meses de su gestión, Milei fue uno de los críticos más duros del financiamiento estatal de los festivales populares. Jesús María, sin embargo, aparece ahora como una excepción al dogma. El intendente Federico Zárate y Bornoroni trabajaron para convencer al Presidente de que se trata de un festival superavitario, con destino a una ONG y con impacto económico concreto: 30 millones de dólares de derrame en la última edición, un millón en Ingresos Brutos para la Provincia y tres millones en IVA para la Nación.

La pregunta que sobrevuela la noche es inevitable: ¿dirá algo Milei sobre este modelo? ¿Lo destacará como ejemplo de “buen gasto” o evitará el tema para no abrir una fisura discursiva con su prédica contra el Estado? En el entorno presidencial no lo descartan. Saben que cada palabra será leída en clave política, especialmente en Córdoba, donde Llaryora defiende el rol activo del Estado en la promoción cultural y el turismo como generadores de empleo.

PL/MG

La primera vez que fui a un baile de cuarteto en Córdoba corrían los 2000. Era adolescente y en el ingreso al lugar –un club deportivo popular– la policía no solo te hacía el clásico cacheo, te pedía sacarte hasta las zapatillas. La Mona Jiménez era el “mandamás” pero parte de la ciudad lo tildaba de “negro”. Tru-la-la era de los grupos más famosos y en los boliches sonaba La Barra. Rodrigo era visto como el renegado que se había ido a Buenos Aires a buscar la fama. Hace apenas dos sábados, La Mona llenó el campo del Estadio Único de La Plata –en 2023 tocó en el Obelisco–.

En noviembre La K’onga agotó –otra vez– la cancha de Vélez. En mayo se hizo la segunda edición del Festival Nacional del Cuarteto. Y en el Spotify Wrapped 2025, Euge Quevedo –vocalista de La Banda de Carlitos– apareció en el top 5, por encima de Lali y solo detrás de Emilia, María Becerra, TINI y Nicky Nicole. Esta semana la Unesco declaró al cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué pasó para que algo históricamente popular –y muchas veces despreciado– haya alcanzado ese estatus a 80 años de su nacimiento?

El cuarteto nació de la mano de una mujer en 1943. Fue Leonor Marzano –hija de un empleado del ferrocarril que trasladó a su familia de Santa Fe a Córdoba– la creadora del tunga tunga. Inventó con su mano izquierda el golpe característico en el teclado que acentúa el primer tiempo fuerte (“tun”) y, con la derecha, el suave (“ga”). Le dio un giró inesperado a la mezcla de pasodoble español y tarantela italiana que sonaba en la provincia tras la llegada de los inmigrantes. Con la base de ese ritmo, su padre, Augusto Marzano, juntó el piano con su contrabajo, un acordeón –a cargo de Miguel Gelfo– y un violón. Nació El Cuarteto Característico Leo.

Oigan, señores, yo les quiero así contar / Con muchísima emoción dónde nació mi canto / Chispa, tonada, piano, bajo y acordeón / Así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo, homenajea Rodrigo a La Leo en su clásico “Soy cordobés”. La canción se editó en 1999, el mismo año en que La Mona grabó “Nuestro estilo cordobés”, que dice:

Yo sé que hay gente que rechaza la verdad / Y se avergüenza de esta pura realidad, / Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, / Por que es muy puro, tiene estilo natural / Y defendemos con orgullo y mucho amor / Aquella herencia que mi Córdoba nos dio, / Y desde entonces late en mi corazón / Y lo percibe una nueva generación / Buenos Aires tiene el tango, y La Rioja con la Chaya, / Los Salteños con la zamba, en Corrientes el Chamamé, / En Santiago del Estero gozan de la Chacarera, / Y nosotros los cordobeses, cuarteteamos hasta morir / Al Tunga Tunga Tunga, no lo van a sepultar, / El ritmo del cuarteto nunca, nunca morirá…

El cuarteto es Córdoba y Córdoba es cuarteto. El folklore de mi provincia empezó en los márgenes y tuvo que transitar mucho para traspasar los límites de un fenómeno musical. La Leo debutó en la radio LV3 la tarde del viernes 4 de junio de 1943, pero tocó por primera vez en vivo en un pueblo rural, en Colonia Las Pichanas, a 153 kilómetros de la ciudad. El público iba en sulky a los bailes y los salones se alumbraban con sol de noche. El mito cuenta que Marzano le ponía sapos a su hija arriba del piano para que comieran los bichos que le daban vuelta por el peinado batido en esas noches campestres.

Recién en los 60 La Leo logró hacer pie en Córdoba capital. Y así le abrió paso a las otras tres bandas madre del estilo: Cuarteto Berna, Cuarteto de Oro y Carlitos Rolán. Sus miembros se cruzaban por amistad o parentesco. Y en ese escenario apareció un joven Juan Carlos Jiménez Rufino. Coquito Ramaló, que era novio de su tía Chela, le aconsejó probarse en el Cuarteto Berna –de Bernardo Bevilacqua– porque estaban buscando un cantante. Entonces La Mona tenía 15 años.

“Ni bien empecé a cantar con Berna mis amigos del barrio dejaron de darme bola. Un cantante de cuarteto era como una peste de la que había que huir”, cuenta el propio CMJ en su biografía. El cuarteto ya se escuchaba, pero el estigma también existía. En la dictadura los bailes eran suspendidos y los discos censurados. Durante el Mundial de 1978, los vinilos fueron retirados de las disquerías, se prohibieron las publicidades de los bailes y se requisaban los clubes. “El sonido del acordeón era prácticamente un insulto para los militares cordobeses”, destaca un documental del diario La Voz.

Entre 1971 y 1984 La Mona formó con Coquito Ramaló –ya formalmente su tío– el Cuarteto de Oro y a mediados de los 80 se lanzó como solista. En el país había terminado la dictadura y Jimenéz lo aprovechó. Gracias al éxito de canciones como “Quién se tomó todo el vino” o “Con una agujita de oro”, llegó al festival de Cosquín el sábado 27 de enero de 1988. Cien mil personas agotaron las bebidas y alimentos, la policía reprimió el desborde y el show se suspendió al quinto tema. El prejuicio sobre el cuarteto como expresión popular se profundizó: los diarios titularon “La noche negra de Cosquín”. Y recién en 2012 el artista volvió a tocar en la plaza Próspero Molina.

La Mona ya estaba fundido con la base social cordobesa y su historia refleja el valor popular del cuarteto. Ahí están las señas que inventó con las manos de todos los nombres de Córdoba –que luego expandió a todas las provincias del país–. Y sus letras –como las de otros cuarteteros– hablan de historias posibles en los márgenes y hacen protagonistas a los invisibles. “Amor secreto”, habla de una relación entre una mujer y un cura; “El Federal”, es la historia de un padre que asesina a su hijo ladrón; “Luis”, refleja a un taxista que sueña con cantar; “Mary la del burdel”, es una prostituta que muere en la calle solo acompañada por su hija; “La novia blanca”, le canta a la cocaína. 

Y si La Mona es el pueblo, Rodrigo fue el país. Llevó la música al centro político y económico de Buenos Aires. Lo hizo al golpe de bailes récords y marketineros en el Luna Park que fascinaron a la clase media porteña. Su temprana muerte le dio el mito del mártir que le faltaba al género.

Pero antes de Rodrigo y más allá de Jiménez, la música popular floreció en Córdoba con la primavera alfonsinista. También los cordobeses querían divertirse y apaciguar sus penas. Entonces sonaban Chebere, Tru-la-la, Sandunga, Los Principes del compás, Orly, Grupo Fuego, Santamarina. Y de mis 90-2000 recuerdo de memoria una lista interminable: el tridente clásico de Trula con El Loco Amato, Claudio Toledo y Ale Ceberio, pero también Sabroso, Banda XXI, Banda Express, Track 1 –que regresa este fin de año–, Megatrack, La Banda de Carlitos, Cachumba, La Fiesta... 

El cuarteto llegó a fusionarse con el merengue gracias al dominicano Jean Carlos y al percusionista peruano Bam Bam Miranda –que tocó con La Mona–. Rodrigo dejó “sucesores” como en su momento lo fue Walter Olmos –que era catamarqueño y se escuchó mucho en Buenos Aires– y ahora es de su estirpe Ulises Bueno. Damián Córdoba homenajea mucho a Jiménez. Actualmente el ritmo adoptó sonidos pop y hasta trap, y le dio otra vigencia con la nueva generación que representan La K’onga, Q’Lokura, Euge Quevedo, Luk Ra.

Tantos nombres, marcas, estilos y propuestas reflejan la riqueza de un género que se abrió paso a fuerza de pura pasión por la música. Y por lo inherente de lo popular que siempre sale a la superficie y no se puede negar, más allá de las vicisitudes políticas, económicas y sociales. Con el tiempo ganó masividad hasta convertirse en una marca distintiva del cordobés, como el vino con Pritty, el fernet con Coca, el “culiado”, los chistes exagerados y las pretensiones de autonomía y grandeza de la provincia. Nos creemos un país aparte, como dice el cartel a la salida del aeropuerto: “Welcome to the Republic of Córdoba”. Y el cuarteto logró quebrar hasta los prejuicios de “los chetos”, si hasta el Lollapalooza invitó en 2019 a La Mona al hipódromo de San Isidro (y no como mero consumo “irónico”).

Hoy el cuarteto representa el sentir de una ciudad y está en el mapa musical de país como el tango o el folklore. Atraviesa a las clases sociales y representa una verdadera industria cultural: desde el permanente repertorio de bailes nocturnos hasta el último puesto de choripan callejero.

Tiene su día –el 4 junio– y su festival nacional. Tiene su panteón y monumentos –a La Leo, La Mona y Rodrigo en el centro de Córdoba–. Su templo –el Monumental Sargento Cabral, donde tocaba todos los fines de semana Jiménez–. Un museo, que se inauguró en 2021. Y tiene, sobre todo, músicos, públicos y mucha vida por delante. Ya es patrimonio del mundo entero, orgullosamente cordobés. Porque el tunga tunga es una música que hace bailar y hace feliz. Y no hay frontera que limite la alegría.

MC/CRM

La Justicia Federal de Córdoba encontró culpables a los principales referentes del Sindicato de Luz y Fuerza por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de los afiliados y lavado de dinero. La sentencia, dada a conocer este martes, puso fin a un proceso judicial que se extendió por meses y que expuso un perjuicio económico estimado en unos 220 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal N°2, presidido por el juez Noel Costa, impuso las siguientes condenas:

Detalles del Fallo y Repercusiones

Pese a la contundencia de las penas, los condenados no ingresarán a prisión de manera inmediata. La medida se hará efectiva únicamente cuando la sentencia quede firme, lo que ocurrirá una vez que se agoten todas las instancias de apelación. La defensa de los acusados ya anticipó que apelará el fallo.

Un aspecto clave de la decisión judicial es que todos los acusados fueron absueltos del delito de asociación ilícita, un cargo que había sido solicitado por la fiscalía durante el juicio.

La investigación, que se inició en 2019 tras una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), determinó que los fondos del Fondo Compensador del sindicato, destinados a los jubilados y pensionados de EPEC, fueron desviados para gastos personales, incluyendo vacaciones y casinos.

La condena también implica la inhabilitación de los dirigentes para ocupar cargos gremiales de por vida, lo que podría generar un fuerte impacto en la conducción actual del sindicato. El TOF2 ordenó el cese de la intervención judicial que pesaba sobre el sindicato y su Fondo Compensador.

Las pruebas de la Fiscalía

La fiscalía, a cargo de Carlos Casas Nóblega y con la colaboración de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), presentó un conjunto de pruebas documentales, periciales y testimoniales a lo largo del juicio para acreditar la defraudación por administración fraudulenta y el lavado de activos. 

Entre las pruebas clave presentadas se destacaron:

La fiscalía sostuvo que estas pruebas demostraban la existencia de una estructura destinada a distraer fondos del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba de forma sistemática durante varios años.

El descargo de Luz y Fuerza Córdoba

A horas de conocerse la sentencia de la Justicia, el sindicato Luz y Fuerza Córdoba dio a conocer un comunicado en sus redes slociales:

“La Justicia absolvió a nuestros compañeros de los Art. 210 y 303 del Código Penal El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Córdoba, por decisión unánime, dictó sentencia en la causa vinculada al Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.

El Tribunal resolvió condenar únicamente por el delito de defraudación por administración fraudulenta, entendiendo que los fondos del Fondo Compensador no podían destinarse a actividades distintas del pago a los jubilados.

Según la interpretación del Tribunal, el uso de esos recursos para turismo social o préstamos personales —actividades que beneficiaban directamente a los afiliados y que luego eran restituidas— quedaba fuera de los fines previstos por la normativa del Fondo.

Lo central es que la Justicia dejó expresamente establecido que no hubo beneficio económico personal para ninguno de los imputados. Por esta razón, el Tribunal absolvió a todos los compañeros de los delitos más graves previstos en el Código Penal: asociación ilícita (art. 210) y lavado de activos de origen ilícito (art. 303).

Quedó demostrado que no existieron maniobras para enriquecimiento indebido ni estructuras ilícitas de desvío de fondos.

Asimismo, absolvió de TODOS LOS CARGOS a Victoria Yanina Molina.

Un aspecto político de enorme importancia es que el Tribunal también dispuso el fin de la intervención de Gendarmería Nacional, y el retorno de la administración gremial a su conducción legítima, encabezada por Molina Herrera, elegido democráticamente por las y los afiliados.

Asimismo, se resolvió que no se hará efectiva ninguna medida de prisión hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación no deje firme el fallo, y tampoco se aplicó inhabilitación alguna para ejercer cargos gremiales.

Esto demuestra la inconsistencia de la operación política impulsada por la minoría interna representada por Pereira, Aimino y Tosco, que, una vez más, quedó expuesta en su intento de desgastar a la conducción mediante denuncias infundadas“.

Quién es Gabriel Suárez

Suárez, ligado al peronismo cordobés, ejerció como secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la provincia mediterránea durante varios mandatos. Asumió la conducción del gremio tras ganar elecciones con amplio margen, siendo reelegido en 2012 y 2019. Su figura fue central en la vida sindical cordobesa, y en ocasiones también se desempeñó como adjunto de la CGT Nacional y Popular Rodríguez Peña.

Durante años, Suárez lideró la “Lista Celeste y Blanca Nº 2” dentro del sindicato, representando a los trabajadores de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), aunque su estilo y manejo de fondos fueron cuestionados internamente y luego judicialmente, hasta su condena de este martes. 

Quién es Jorge Molina Herrera

Jorge Molina Herrera es el actual secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y una figura clave en la conducción gremial que recientemente fue condenada por la Justicia Federal. 

Asumió el cargo de secretario general en diciembre de 2023, sucediendo a Gabriel Suárez, de quien había sido secretario adjunto durante gestiones anteriores.

En su rol, mantuvo una postura firme en defensa de los intereses de los trabajadores de EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba), rechazando, por ejemplo, los intentos del Ejecutivo provincial de convertir la empresa en una sociedad anónima. Su conducción se enmarca en la “Lista Celeste y Blanca Nº 2”, la facción predominante en el gremio, donde ocupó diversos cargos dentro de la comisión directiva a lo largo de su carrera, formando parte de la cúpula que gestionó los fondos gremiales durante el período investigado por la justicia (2011-2019). 

Quién es Fernando Navarro

Fernando Navarro es un dirigente de larga trayectoria en el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que ocupó cargos clave en la administración gremial y fue uno de los principales condenados en el reciente juicio por corrupción.

Durante el período investigado por la justicia (2011-2019), Navarro se desempeñó como secretario de Finanzas del sindicato, un puesto crucial en el manejo de los fondos que luego fueron objeto de disputa judicial. En la actualidad, ocupa el cargo de secretario de Vivienda y Obras. Es parte de la “Lista Celeste y Blanca Nº 2”, la facción que dominó la conducción del gremio durante años, junto a Gabriel Suárez y Jorge Molina Herrera.

Con información de La Voz del interior y Cadena 3.

La Argentina renueva legisladores este domingo 26 de octubre y tanto el oficialismo como la oposición pelearán voto a voto para ver cómo quedan conformadas las cámaras del Congreso de cara a los próximos dos años de gestión de Javier Milei, mientras que las fuerzas minoritarias buscan engrosar su representatividad en Diputados y Senadores.

En estos comicios, en los que todo el territorio utilizará la Boleta Única de Papel, se eligen 24 senadores nacionales (un tercio de la Cámara, compuesta por 72 representantes) y 127 diputados nacionales (la mitad de los 257 totales). 

Pero no todos los distritos votan lo mismo. Mientras que las 24 jurisdicciones eligen diputados, solo en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego se renuevan senadores.

En tanto, Mendoza (24 diputados y 19 senadores provinciales), Catamarca (21 diputados y ocho senadores provinciales), Santiago del Estero (elige gobernador y vicegobernador, 20 diputados provinciales, 163 concejales municipales e intendencias en Clodomira y Villa Atamisqui) y La Rioja (18 diputados provinciales) también votan autoridades locales, algo que ya hicieron Salta, Jujuy, Chaco, San Luis, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Formosa, Corrientes y la provincia de Buenos Aires porque optaron pos desdoblar las elecciones.

¿Cómo se eligen los diputados nacionales?

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 miembros, quienes son elegidos de manera directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el sistema de simple pluralidad de sufragios.

La renovación de la Cámara se realiza por mitades cada dos años. En el presente año, se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de cinco diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes.

¿Cómo se eligen los senadores nacionales?

La Cámara de Senadores de la Nación está conformada por 72 miembros, y su integración se renueva por tercios cada dos años. En esta ocasión, finalizan su mandato aquellos senadores que fueron electos en 2019, tras completar su período de seis años en el cargo.

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eligen tres senadores, quienes son votados de manera directa y en una única elección.

¿Cómo se distribuyen las bancas en el Senado?

La agrupación política que obtenga la mayor cantidad de votos se adjudica dos bancas, mientras que la segunda fuerza en número de sufragios recibe la banca restante.

Cargos a elegir en Córdoba

En Córdoba hay 3.084.000 electores habilitados. Se renuevan 9 bancas en la Cámara de Diputados

La Boleta Única de Papel

Los partidos que se presentan

Hay 18 frentes electorales para elegir las 9 bancas de diputados nacionales por Córdoba:

Dónde voto

¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel?

El día de la elección, los votantes deberán presentarse entre las 8:00 y las 18:00 en el local de votación asignado. Allí, el presidente de mesa entregará la boleta única firmada junto con una birome.

Dentro del cuarto oscuro, la persona encontrará una única hoja impresa a cuatro tintas, con las columnas de cada partido político (nombre, logo, número de lista) y las filas con las categorías en disputa. La clave es marcar con birome un solo recuadro por cada categoría.

¿Cómo se vota con la Boleta Única de Papel (BUP)?

Tipos de voto

Voto Afirmativo

Son votos afirmativos (o positivos) aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el/la elector/a marca una opción electoral para una o más categorías.

Voto nulo

Los emitidos mediante Boleta Única no oficializada. Y los emitidos mediante Boleta Única oficializada:

Voto en blanco

Son votos en blanco aquellos en los que el/la elector/a no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.

Voto recurrido

Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por el/la fiscal presente en la mesa. En este caso, el/la fiscal deberá fundar su pedido con expresión concreta de las causas que se asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la Junta.

Voto de identidad impugnada

Son votos de identidad impugnada aquellos emitidos por un/a elector/a cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los/as fiscales.

El paso a paso para votar con la BUP (Sólo Diputados)

El paso a paso para votar con la BUP (Diputados y Senadores)

Simulador de voto con BUP

Javier Milei volvió a Córdoba, la tierra que lo coronó en 2023, para intentar recargar el fervor libertario antes de las elecciones legislativas del domingo. Llegó pasadas las 17 en un avión de la Fuerza Aérea junto a su hermana Karina, se alojó en el mismo hotel donde había lanzado la campaña hace un mes y salió a caminar por Nueva Córdoba, el corazón universitario de la capital. Fue su manera de cerrar la campaña antes del acto final del jueves en Rosario.

La escena tuvo algo de ritual y algo de ensayo general: estandartes violetas, megáfono en mano y la consigna de “cercanía” como estrategia. A su lado, Gonzalo Roca, el candidato a diputado nacional elegido por Karina y los Menem; detrás, Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso. El operativo, coordinado por el diputado Gabriel Bornoroni, bloqueó desde temprano las calles céntricas, mientras una caravana de autos libertarios serpenteaba por avenida Hipólito Yrigoyen.

La caminata comenzó en la esquina de San Lorenzo e Ituzaingó y avanzó unas cuatro cuadras hasta el Paseo del Buen Pastor, atravesando una de las zonas más concurridas de Nueva Córdoba. A su paso, el tránsito estuvo completamente cortado por vallas y patrulleros apostados sobre Obispo Oro, San Luis y Buenos Aires. Entre banderas amarillas y cánticos libertarios, el recorrido de poco más de media hora se transformó en una procesión improvisada por el corazón estudiantil de la ciudad.

La elección del lugar no fue casual. Córdoba fue la provincia que cimentó la victoria de Milei en el ballotage, pero también una donde el clima cambió. El ajuste económico, los recortes en programas sociales y los escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico erosionaron parte de su base. Tras suspender el acto previsto en Ezeiza, el Presidente eligió refugiarse en un distrito que sigue bajo relativo control político de su mesa chica: el armado provincial responde de manera directa a Karina Milei y los Menem, sin interferencias del PRO ni de figuras del bullrichismo. A diferencia del caos bonaerense, el tándem Bornoroni–Roca garantizó disciplina y despliegue, una rareza dentro de La Libertad Avanza.

Sin escenario ni discurso formal, el Presidente volvió a su libreto de campaña: recorrida corta, selfies y arengas. “Todavía falta mucho, pero yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo”, dijo por el megáfono, rodeado por jóvenes que le devolvían los cánticos de “¡Libertad! ¡Libertad!”.

Pero a pocas cuadras, otra Córdoba se manifestaba. En la Plaza San Martín, familiares de personas con discapacidad, docentes de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y organizaciones sociales protestaban contra los recortes en pensiones y la suspensión de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, sancionadas por el Congreso y vetadas por el propio Milei. Entre las pancartas podía leerse: “Nos quitaron todo, hasta la esperanza”.

Por otro lado, un grupo de madres empujaba sillas de ruedas frente a la Catedral. Los cánticos libertarios se mezclaban con los aplausos lentos de la marcha silenciosa. En apenas diez minutos de caminata, las dos postales del país convivieron en la misma ciudad: el fervor libertario y el costo social del ajuste.

Córdoba, gobernada por Martín Llaryora, sigue siendo un territorio clave para el oficialismo. Milei busca retener allí una porción del voto del 70% que obtuvo en 2023. La Libertad Avanza aspira a quedarse con cuatro de las nueve bancas en disputa, frente a Provincias Unidas —con Juan Schiaretti a la cabeza— y Defendamos Córdoba, liderado por Natalia de la Sota.

El mandatario aterrizó en la provincia tras confirmar que habrá cambios en el Gabinete después de las elecciones y en una jornada en la que el dólar volvió a rozar el techo de la banda cambiaria. La tensión económica y política lo persigue incluso en sus bastiones.

La caminata duró poco más de media hora. Sin hablar con la prensa, Milei se subió a una camioneta entre aplausos, cánticos y teléfonos que buscaban la última selfie. Córdoba lo despidió con entusiasmo, pero también con ruido de fondo. En una campaña signada por los sobresaltos y el desgaste, el Presidente eligió volver al punto de partida para mostrar poder. O, al menos, la ilusión de seguir teniéndolo.

El jueves será el cierre nacional en Rosario, a orillas del Paraná. Allí, Milei intentará repetir la postal que Córdoba ya le dio: un baño de militancia y la sensación de que todavía controla la calle, aunque alrededor el país se mueva con un temblor cada vez más visible.

PL/CRM

A cinco días de las elecciones legislativas, Javier Milei reaparece este martes en la ciudad Córdoba, donde lanzó su campaña hace un mes, cuando entonces estaba “caliente” el escándalo por los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El mandatario encabezará una caminata por el barrio Nueva Córdoba junto a Gonzalo Roca, primer candidato a diputado nacional oficialista en la provincia. Será el penúltimo acto antes del cierre libertario del jueves en Rosario.

La actividad está agendada para las 17.30 en la esquina céntrica de San Lorenzo e Ituzaingó y se extenderá durante varias cuadras, en un formato de “contacto directo” con la militancia que Milei viene replicando en sus últimas presentaciones. Habrá caravana de autos, banderas amarillas y un despliegue de seguridad coordinado entre el municipio y las fuerzas federales.

Según pudo saber elDiarioAR, del recorrido participarán también Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso, referentes del espacio libertario provincial. La organización está a cargo del diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de LLA, con el apoyo de su par Cecilia Ibáñez.

La presencia de Milei en Córdoba tiene un peso simbólico: fue allí, el 19 de septiembre, donde dio el puntapié inicial de la campaña, en el Parque Sarmiento, con un discurso de tono combativo. Hacía días el peronismo le había dado un fuerte golpe en las elecciones bonaerenses. Aquella jornada el mandatario acusó al kirchnerismo de “asustarse porque vio progresar a los argentinos” y a Cristina Kirchner, de ser “la chorra de la tobillera”. También lanzó un mensaje de arenga a la militancia tras el revés electoral en Buenos Aires: “No nos podemos permitir quedarnos a mitad de camino. Claro que se puede”.

Desde entonces, Córdoba se consolidó como un escenario crucial para el oficialismo, que busca emular (al menos simbólicamente) la victoria de 2023, cuando obtuvo más de 70 puntos en el ballotage. Milei apuesta a compensar el retroceso que muestran las encuestas en la provincia de Buenos Aires y fortalecer la lista de Roca, un abogado de 45 años, de bajo perfil político y estrecha relación con Bornoroni.

El candidato libertario fue elegido como cabeza de lista por la mesa nacional que integran Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y responde al esquema que coordina Sharif Menem, sobrino de ambos. Su designación sorprendió a los armadores locales por la velocidad con la que escaló posiciones dentro del espacio, aunque quienes lo conocen destacan su perfil “obediente, leal y sin pasado partidario”.

En la práctica, Roca es el emergente de un armado territorial que Bornoroni consolidó en menos de dos años, apoyado en dirigentes de la Federación de Expendedores de Combustibles y en cuadros técnicos provenientes del sector privado. Críticos internos lo señalan como el inicio de un “bornoronismo” cordobés, más preocupado por blindar su estructura que por ampliar el espacio.

En su nueva visita, Milei volverá a apelar al tono de campaña que lo define desde el inicio: dramatismo moral, épica libertaria y confrontación con la “casta”. “Estamos a mitad de camino, pero el esfuerzo vale la pena”, dijo el fin de semana en Tucumán, donde protagonizó otro acto callejero. Su regreso a Córdoba —una provincia que gobierna el peronista Martín Llaryora— buscará exhibir volumen político y retomar la iniciativa después de una semana marcada por la suspensión del acto en Ezeiza y los incidentes en Tres de Febrero.

En el cierre del recorrido por el país, la provincia meditarránea condensa la apuesta central de LLA: recuperar volumen político desde su núcleo ideológico más fiel y mostrar al Presidente todavía dueño de la calle. El resultado del domingo dirá si ese regreso al origen fue un gesto de fortaleza o un intento por retener lo que alguna vez fue suyo.

PL/MC

“Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, dijo Pablo Laurta al llegar a la Jefatura Policial de Córdoba, donde fue recibido por un fuerte operativo de seguridad. Imputado por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mariel Zamudio, además del homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, el hombre de 39 años será alojado en la cárcel de Cruz del Eje, en un pabellón de alta seguridad. “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”, agregó frente a los periodistas, antes de ingresar esposado, con casco y chaleco antibalas, al edificio donde se le practicó una revisación médica y la constatación de datos personales.

Laurta fue trasladado desde la Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú hasta Córdoba en un operativo conjunto de las fuerzas de seguridad de ambas provincias, que incluyó la participación de la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y patrulleros de la Jefatura Departamental entrerriana. Según confirmaron fuentes judiciales, el operativo comenzó el domingo por la noche, cuando una comisión policial partió desde Entre Ríos y culminó en la mañana del lunes con la llegada del detenido a Córdoba capital.

Durante las horas previas al traslado, Laurta permaneció bajo estricta custodia en una celda individual de contención, por riesgo de que atentara contra su vida. En Entre Ríos había sido imputado por el asesinato del chofer Palacio, causa que lleva adelante la fiscal Daniela Montagnie, quien aseguró que el acusado “está lúcido y consciente de sus actos”, lo que ratifica su imputabilidad. “Yo sé lo que hice”, fue la escueta respuesta que dio a los periodistas al ser consultado sobre si comprendía la gravedad de los hechos.

El arribo de Laurta a Córdoba fue seguido de cerca por las autoridades provinciales. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, estuvieron presentes en la Jefatura para supervisar el procedimiento. “Celebramos que no haya impunidad. Trabajamos conjuntamente con las autoridades de Entre Ríos. Por minutos evitamos que se fuera a Uruguay y lo más importante es que pudimos rescatar al menor, a su hijo, que estaba con él”, declaró Quinteros.

Tras el traslado, el Servicio Penitenciario de Córdoba dispuso que Laurta sea alojado en la cárcel de Cruz del Eje, ubicada a unos 140 kilómetros de la capital provincial. La decisión respondió a que el pabellón de máxima seguridad de Bouwer, en la ciudad de Córdoba, aún no se encuentra habilitado. En ese establecimiento cumplen condena presos de alta peligrosidad, como Roberto Carmona -conocido como “la hiena humana”-, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios.

Laurta enfrentará en Córdoba el juicio por el doble femicidio de Giardina y Zamudio. Una vez concluido ese proceso, será trasladado nuevamente a Entre Ríos para afrontar el juicio por el crimen del remisero, al que habría asesinado durante la huida hacia esa provincia tras cometer los primeros dos asesinatos. Según la reconstrucción judicial, después de matar a su expareja y a su exsuegra, el acusado raptó a su hijo, identificado como P., y escapó en un auto de alquiler conducido por Palacio, a quien luego habría asesinado.

Al llegar a Córdoba, Laurta se mostró sereno y volvió a intentar justificar sus actos con argumentos confusos. Dijo que sus dos víctimas tenían “una denuncia por explotación infantil” y que él había actuado “para rescatar” a su hijo. Evitó responder preguntas sobre el paradero del cuerpo del remisero y solo insistió en que “lo importante” era que el niño “esté a salvo”. En una declaración que generó desconcierto entre los cronistas presentes, afirmó además que lo apodaban “Jesucristo”.

Mientras tanto, el hijo de Laurta y Giardina se encuentra bajo el resguardo de un matrimonio amigo de Zamudio, que se ofreció a colaborar con las autoridades. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) decidió que el menor permanezca con esa familia hasta que se determine la custodia definitiva. Docentes y allegados de la madre también se acercaron para ofrecer acompañamiento y apoyo psicológico.

La investigación por los crímenes continúa a cargo de la Justicia cordobesa, que avanza en la recolección de pruebas y en la reconstrucción del recorrido de Laurta desde el momento de los femicidios hasta su detención. El caso conmocionó a las provincias de Córdoba y Entre Ríos por la violencia de los hechos y por la huida del acusado con su hijo menor, que motivó un amplio operativo interprovincial de búsqueda.

Laurta, que se presenta a sí mismo como “emprendedor de medios digitales” y fue fundador del portal Varones Unidos, enfrenta ahora una posible condena a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

CRM

En la recta final antes de las elecciones legislativas del domingo, Javier Milei decidió suspender la recorrida que tenía prevista para este miércoles en Ezeiza, donde iba a mostrarse junto a Diego Santilli en lo que sería su última actividad de campaña en el conurbano bonaerense. “Ya estaba decidido antes de que eso ocurra”, aclararon a elDiarioAR en el entorno del principal candidato, en alusión a los incidentes del viernes en Tres de Febrero, cuando una militante libertaria intentó atacar con un cuchillo a un fotógrafo durante una caravana encabezada por el Presidente. Sin embargo, hasta ese momento, nadie en La Libertad Avanza lo había comunicado.

Según fuentes del oficialismo, la cancelación obedeció también a razones políticas: Ezeiza es un distrito gobernado por la oposición, donde el intendente Gastón Granados mantiene una fuerte presencia territorial. En 2023, durante una actividad similar, el propio jefe comunal se había presentado en el lugar junto a un grupo de militantes, lo que derivó en un operativo policial y forcejeos. La decisión de bajar el acto dejó sin efecto lo que iba a ser la última foto de Milei con Santilli en la provincia más populosa del país y en la estratégica Tercera Sección electoral, donde los libertarios buscan acortar la distancia con Fuerza Patria después de la derrota del 7 de septiembre.

En el equipo de campaña reconocen que el peso simbólico de las provincias del centro del país terminó inclinando la balanza hacia una estrategia más “federal” para el sprint final. Milei estará este martes en Córdoba, un territorio clave en su mapa electoral, y cerrará el jueves con un acto masivo en Rosario, Santa Fe, a las 19, en el Parque España. Ambos distritos son decisivos para definir el resultado nacional, y allí concentrará sus últimas apariciones antes de la veda.

El Presidente retomó la conducción de la campaña tras su viaje a Estados Unidos y, durante el fin de semana, encabezó actos en Santiago del Estero y Tucumán junto a su hermana Karina. En la localidad de Yerba Buena, en al provincia gobernada por Osvaldo Jaldo, se produjeron choques entre militantes libertarios y manifestantes opositores que obligaron a la Policía a intervenir, con el saldo de dos detenidos.

En todos los actos se repite la liturgia libertaria: discursos breves, sin escenario, con Milei arriba de una camioneta y un megáfono en la mano. La puesta en escena, ideada por Karina Milei, busca transmitir cercanía y control en igual medida: pocos minutos de contacto directo, selfies y consignas que apelan al dramatismo moral —“civilización o barbarie”, “libertad o esclavitud”— con las que el Presidente intenta convertir las legislativas en un plebiscito sobre su gestión.

“Este 26 elegimos entre la civilización y la barbarie, entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”, arengó Milei en su discurso en Tucumán. En Santiago del Estero, en tanto, había dicho algo similar: “Mientras la líder de ellos anda con tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”.

En Córdoba, Milei buscará fortalecer la candidatura del empresario Gonzalo Roca, un outsider vinculado al entorno de Sharif Menem —sobrino de Martín y de Eduardo “Lule” Menem— que encabeza la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza. Roca intentará aprovechar el recuerdo del ballotage de 2023, cuando Milei superó allí el 70% de los votos. Competirá con el exgobernador Juan Schiaretti, al frente de Provincias Unidas, y con Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.

El cierre del jueves en Rosario servirá para apuntalar a Agustín Pellegrini, primer candidato a diputado nacional por Santa Fe, en una elección que se anticipa pareja frente a la vicegobernadora Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Caren Tepp (Fuerza Patria). En ambos casos, los candidatos locales responden al dispositivo nacional que coordina Sharif Menem desde Buenos Aires, lo que refleja el carácter centralizado del armado libertario.

En Santa Fe, el oficialismo buscará capitalizar su discurso de “orden y seguridad” en una de las ciudades más golpeadas por la violencia urbana. Desde las redes sociales, el espacio confirmó el acto con un mensaje que sintetiza el tono del tramo final: “Los esperamos el jueves 23 en Rosario. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

PL/MC

En medio de la investigación por el doble femicidio en Córdoba, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que el cuerpo que fue encontrado desmembrado pertenece al chofer Martín Palacios “en un 99%″.

En una conferencia de prensa, junto al jefe de la Policía provincial, Claudio González, el funcionario reveló detalles del operativo de detención al acusado Pablo Laurta.

“En un 99% el cuerpo hallado corresponde a Martín Palacios”, adelantó Roncaglia, aunque aclaró que todavía faltan pruebas determinantes. Según explicó, la Policía Científica trabaja en el cotejo de los tatuajes del torso, dado que los restos encontrados no incluyen los miembros superiores ni la cabeza.

A su vez, ya se ordenó la autopsia y un eventual análisis de ADN para confirmar la identidad de la víctima.

Laurta fue interceptado en Gualeguaychú cuando se preparaba para cruzar a Uruguay con su hijo de 5 años. La captura se produjo tras un intenso seguimiento policial y el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir el recorrido del Toyota en el que se movía el sospechoso. Ese vehículo luego apareció incendiado, un dato clave para la investigación.

La autopsia y los estudios de ADN serán determinantes para cerrar el círculo sobre la identidad del cuerpo hallado y avanzar en la imputación formal del detenido.

Investigan el vínculo entre el acusado y el remisero

Palacios es el remisero que fue contactado por Laurta para que lo llevara desde Entre Ríos hasta Córdoba. Vecinos de la zona contaron que vieron al acusado bajarse solo del vehículo, rociarlo con nafta, prenderlo fuego y luego alejarse caminando por un campo privado.

Un video que se conoció en las últimas horas muestra el momento en que se encontraron Laurta y Palacios. En la imagen, que pertenece a la cámara de seguridad de un local de Concordia, se ve cómo el acusado llegó con un bolso en la mano hasta el auto que estaba estacionado en la puerta del comercio.

Hubo una secuencia que llamó la atención de los investigadores: Laurta y Palacios se saludaron con un beso. Esto plantea la sospecha de que el presunto asesino y el hombre desaparecido se conocían de antemano. Ese vínculo es investigado por estas horas.