Los contratos de limpieza que tejen el vínculo entre empresarios y poder político en Córdoba

En Córdoba, el negocio de la limpieza se transformó en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Las contrataciones para el mantenimiento de espacios verdes y el desmalezado muestran un patrón que se repite sin variaciones: las mismas empresas, los mismos funcionarios y los mismos resultados. Detrás de los pliegos y las adjudicaciones aparece una red de vínculos entre empresarios y dirigentes que, según denuncias y documentos oficiales, habría convertido los servicios públicos en una fuente sostenida de financiamiento político.

Durante los últimos meses, el gobierno de Córdoba adjudicó contratos por más de 80 mil millones de pesos a tres compañías que hoy concentran la mayor parte del mercado: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L., propiedad de Lucas Dagatti, presidente de la Cámara de Servicios Generales (CASEGE). En julio, Drill se quedó con las siete líneas de San Francisco, Euro Clean con dieciséis en Punilla y Alta Gracia, y Pulizia con todas las zonas de Río Cuarto, Bell Ville y el sur provincial. Dos meses antes, las mismas empresas ya habían sido beneficiadas en Carlos Paz, La Falda, Villa María, Río Ceballos, Alta Gracia y Argüello. En todos los casos, el patrón de adjudicación fue idéntico: los pliegos, las condiciones y los montos terminaron favoreciendo a los mismos actores.

Las contrataciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) repiten el mismo esquema. Drill, Pulizia y Euro Clean aparecen allí como proveedoras de servicios de espacios verdes y mantenimiento general. En conjunto, controlan la totalidad del negocio provincial vinculado a la limpieza y el desmalezado. Esa concentración explica el crecimiento vertiginoso de las tres compañías, que en menos de dos años pasaron de manejar contratos municipales de baja escala a dominar el sistema provincial. elDiarioAR intentó comunicarse con fuentes oficiales del gobierno de Córdoba, pero no obtuvo respuesta.

De acuerdo con voces empresarias y políticas, la estructura tiene nombres propios. Néstor Rubén Alabi, exdirector de Guba SA, y Dagatti, en su doble rol de empresario y referente sectorial, son señalados como los principales articuladores del mecanismo. El esquema incluiría pliegos diseñados a medida, exclusión de oferentes y flexibilización de las condiciones laborales.

A ese entramado se suma una figura política: el legislador oficialista Juan Manuel Cid, uno de los operadores más cercanos al gobernador Martín Llaryora. Según denuncias internas y testimonios de contratistas, Cid sería quien garantiza el vínculo entre las empresas adjudicatarias y la estructura política, y quien canaliza parte de los retornos para financiar actividades partidarias y campañas electorales.

Un esquema que se repite

El esquema se replica en distintas áreas del Estado. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 (Expte. Nº 0195-181510/2025) y Nº 02/2025 (Expte. Nº 0195-181500/2025) del Ministerio de Educación, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital provincial y del interior, son un caso emblemático. En julio de este año se adjudicaron diez zonas de escuelas de Córdoba Capital y veintiocho zonas del interior. Los mayores beneficiarios fueron, nuevamente, Servicios Drill S.A., Pulizia S.R.L. y Euro Clean S.R.L.

Según los pliegos, Drill obtuvo las zonas III y V de Capital y las zonas III (Colón II), IV (Colón III), VIII (Gral. San Martín II), XIV (Punilla II) y XVI (Río Cuarto Norte) del interior. Pulizia fue adjudicataria de la zona II de Capital y de las zonas VI (Gral. Roca), XV (Río Cuarto Centro), XIX (Río Seco), XXIV (Santa María) y XXVII (Unión). Euro Clean ganó las zonas I, VI y X de Capital y las zonas V (Cruz del Eje), X (Juárez Celman), XII (Roque Sáenz Peña), XVIII (Río Primero), XXII (San Javier), XXVI (Totoral) y XXVIII (Minas-Pocho).

El resto de las zonas se asignó a Zemst S.A., Magic Clean S.R.L., GL Disarqs S.R.L. y Glosyc S.R.L., pero fuentes del sector señalan que esas firmas funcionaron como oferentes accesorios: no compitieron en todas las zonas y evitaron presentarse en aquellas donde ya prestaban servicio, lo que generó sospechas de una “bajada de línea” para despejar el camino a las empresas vinculadas al oficialismo.

El patrón se repitió incluso en procesos recientes, como la subasta electrónica Nº 2025/000011 (Expte. Nº 0196-017251/2025) del Ministerio de Justicia y Trabajo, realizada el pasado 6 de octubre. Allí, Drill, Pulizia y Euro Clean volvieron a presentarse en conjunto. Los pliegos impusieron condiciones que, lejos de promover la competencia, parecen haber sido diseñadas para limitarla: una dotación mínima de 500 operarios registrados durante los últimos seis meses, certificaciones ISO, y libre deuda con la CASEGE, la cámara que preside Dagatti. La ausencia de alguno de estos requisitos es causal de exclusión.

Una práctica habitual

En la práctica, el negocio de la limpieza se transformó en una caja de recaudación política que combina rentabilidad empresarial y construcción territorial. Fuentes cordobesas consultadas por elDiarioAR señalan que el modelo no es nuevo: hereda prácticas instaladas durante los años de Juan Schiaretti, aunque bajo la gestión de Llaryora el circuito se volvió más concentrado y extendido. Lo que antes era un sistema de contratos municipales ahora funciona como una red provincial que financia parte del aparato político del oficialismo.

El escándalo estalla justo cuando Llaryora busca proyectarse a nivel nacional con el sello Provincias Unidas, un espacio que intenta mostrarse como alternativa “federal y de gestión” frente a Javier Milei y Axel Kicillof. El gobernador se define como un dirigente pragmático, pero las denuncias sobre favoritismos, sobreprecios y vínculos cruzados con empresarios amenazan con complicar su relato de eficiencia y transparencia.

El artículo 35.1 de los pliegos de Educación establece además que las empresas adjudicatarias deben absorber a todo el personal existente, reconociendo antigüedad y categoría, una cláusula que las tres compañías apuntadas no cumplieron. Los trabajadores describen una realidad dramática: salarios en negro, equipos deteriorados y subcontratación de cooperativas locales. Los servicios se mantienen con empleados precarizados mientras los montos adjudicados crecen cada trimestre. En el interior provincial incluso hubo denuncias despidos sin indemnización ni reubicación, pese a los compromisos asumidos. Aun así, las empresas siguieron siendo beneficiadas en nuevas licitaciones.

Es que detrás de los contratos de limpieza se esconde algo más que un negocio. Se trata de una estructura de poder que sostiene al oficialismo local y reproduce su lógica de control territorial. Córdoba convirtió un servicio básico en una fuente de financiamiento político, y ese modelo empieza a mostrar su cara menos prolija.

PL/MG