La web de la Auditoría General de la Nación (AGN) es elocuente: en el espacio donde está publicado su organigrama, no hay información debajo del subtítulo “Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Diputados”. La demora de esos nombramientos tiene cierta importancia política, porque fue parte de la discusión entre el Gobierno y sus aliados del PRO en la previa a votación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario del miércoles pasado. De fondo, revela un intríngulis de mayor alcance y que aún no tiene salida a la vista: los libertarios y amarillos disputan un lugar que también reclaman los radicales.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

Debajo de Olmos, el directorio se compone de tres auditores designados por el Senado y tres por Diputados, que no son legisladores. Por Cámara alta ya actúan Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo. Pero aún están vacantes las designaciones por parte de la Cámara baja.

Fue este directorio con cuatro firmas el que confirmó el jueves que, un día antes –justo cuando Diputados bloqueó el aumento a los docentes y no docentes universitarios– había definido para su plan de trabajo 2025 auditar una serie de casas de altos estudios al calor del debate público: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.

Ese plan no fue firmado por los auditores designados por Diputados porque no hay acuerdo político para esos nombramientos. El nudo de la cuestión es una puja cruzada entre los bloques parlamentarios y, según pudo reconstruir elDiarioAR, no se resolvería pronto pese a la coyuntura. De las tres sillas, el kirchnerismo ya acordó internamente que su representante sea Juan Ignacio Forlón, que ya tiene experiencia en el cargo. El problema está en quiénes serán los otros dos auditores, porque tanto los libertarios, como el macrismo y los radicales tienen aspiraciones propias para esos cargos. Hay dos sillas para tres candidatos.

El oficialismo quiere en ese lugar a Santiago Viola, abogado íntimo de los hermanos Milei y Santiago Caputo y apoderado del flamante partido nacional LLA. El PRO propone al exministro macrista Jorge Triaca. Y la UCR, en acuerdo con el espacio de Miguel Pichetto y Elisa Carrió, busca ubicar al exdiputado Mario Negri. Formalmente, hasta ahora solo fueron presentados como candidatos Triaca y Negri. El problema es que el reglamento no establece textualmente que las designaciones sean por la cantidad de bancas de cada bloque, sino que deja libre la decisión a la negociación política. Los auditores generales son designados “observando la composición” de la cámara, dice la AGN.

Los amarillos y violetas quisieran cerrar un acuerdo propio para correr al radicalismo, pero no tiene la suficiente fuerza en el recinto para imponer una mayoría que designe a Viola y Triaca: el blindaje de los vetos demostró que con otros aliados llegaría a lo sumo a 87 votos. En la vereda de enfrente, el radicalismo parece tener apalabrado al peronismo para jugar en tándem con Forlón y Negri. Tras bambalinas el debate es picante. 

“Tenemos 150 votos a nuestro favor. Porque Negri y Forlón salen por acuerdo de los radicales con UP, Pichetto y la Coalición Cívica. Que la derecha elija como quieran entre Viola y Triaca”, espetaron desde la UCR a los panlibertarios. “Los radicales son la cuarta minoría, pero todavía no lo saben”, cruzaron desde el PRO a sus exsocios en Juntos por el Cambio. “El problema no es el PRO, sino la UCR”, confirmaron en la cúpula de LLA. UP es la primera minoría del recinto con 99 diputados y muy atrás lo siguen el oficialismo con 39 y el PRO con 38. La UCR tiene 33. Encuentro Federal de Pichetto suma 16, Innovación Federal –el espacio de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– son 11 y la CC, 6. 

El laberinto no tiene aún una salida. Ni en el oficialismo ni en la oposición aventuran cuándo se votaría el tema en el recinto. Ya se intentó una vez y fracasó. “Hay que encontrar el momento y lo hacemos. Si desde el oficialismo no avanzan es porque tampoco quieren sacrificar a Triaca”, amenazan en el radicalismo. “No está en agenda”, se desentendieron los libertarios. 

La demora puede leerse como una señal del Gobierno sobre qué tan prioritario le parece auditar las universidades. Uno de los principales argumentos que agitó el Gobierno para arremeter contra la ley de financiamiento es que las universidades rechazaban ser auditadas, pese a que el artículo 7 del proyecto opositor establecía que la AGN “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones”. 

Por otro lado, el PRO, además de apurar la conformación de la AGN, también le exigió completar la bicameral que tiene que aprobar el plan de trabajo del organismo. Es un cuerpo de senadores y diputados que va a presidir Pichetto. Además el macrismo reclamó que Milei derogue el coto que se autoimpuso la SIGEN, que depende del Presidente, para intervenir en el control de las casas de altos estudios a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Hasta que el Gobierno no aceite el acuerdo político, la AGN seguirá incompleta.

MC/JJD

Dirigentes y legisladores de Juntos para el Cambio salieron a criticar al diputado y candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por pedirle al ministro de Economía, Sergio Massa, que posponga el tratamiento del Presupuesto 2024 al acusarlo de desconocer la ley.

El primero en manifestarse contra la solicitud de Milei fue el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, que indicó que “el oficialismo debe respetar las leyes y la oposición libertaria al menos conocerlas”. “La Ley de Administración Financiera establece que el Ejecutivo debe enviar el proyecto de Presupuesto antes del 15 de septiembre. No puede haber excepciones. Un candidato debería estar al tanto”, agregó el líder del radicalismo en Diputados.

Otro de los que arremetió contra el libertario fue el legislador y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro: “En un adelanto de lo que podría ser su gestión, Milei le pide al ministro de Economía que no cumpla la Ley de Administración Financiera (remitir el proyecto de Ley de Presupuesto antes del 15 de septiembre)”.

“No necesitamos mayor menosprecio por la ley, sino todo lo contrario: máximo cumplimiento e instituciones sólidas y transparentes es parte fundamental del camino para construir un país ordenado”, remató el referente del espacio de Elisa Carrió.

La senadora nacional por Jujuy Silvia Giacoppo (UCR) se preguntó: “¿Desconocimiento del funcionamiento del Estado o solamente desprecio por el respeto de las normas? Cualquiera sea la respuesta es muy grave para alguien que se postula para llevar adelante la administración de ese Estado y sus normas”.

Desde la izquierda, la diputada nacional del Partido Obrero Romina Del Plá dijo que “lo de Milei no es más que otro acting de campaña que busca presentarse como alguien que tendría un presupuesto muy diferente al del gobierno de [Sergio] Massa, cuando el presupuesto de cualquiera de los candidatos, incluyendo a [Patricia] Bullrich, está dictado por el FMI”.

NA/JJD

El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, llamó de manera urgente a la unidad de Juntos por el Cambio dada la profundización de las internas provocadas por la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de incorporar a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, a la coalición. “En estas horas de zozobra es indispensable predicar la unidad con el ejemplo y desterrar las ideas que erosionan la cohesión interna”, expresó.

Negri también se opuso a la propuesta del jefe de gobierno porteño de sumar al dirigente del Partido Justicialista (PJ) al espacio político que integran el PRO, la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR). “La repentina decisión de someter a un debate público la ida de conformar un 'frente de frentes' para incorporar el gobernador Juan Schiaretti sin un debate ni una discusión profunda, a días de que los cordobeses tengan que elegir y decidir por una alternancia después de 24 años de un mismo gobierno, es natural que nos consterne y alarme”, señaló.

“Si el peronismo de Schiaretti dice tener la misma preocupación por el país que nosotros en lo que refiere a la gobernabilidad, ¿por qué no lo expresó antes? Recién lo hizo cuando están por expirar los tiempos para inscribir las alianzas electorales y cuando los cordobeses nos preparamos para votar el 25 de junio un nuevo gobierno”, agregó.

El diputado nacional también destacó que es necesario terminar con las disputas internas que ponen en jaque el trabajo que durante ocho años realizó Juntos por el Cambio. “Esta escalada debe frenarse ya. Los argentinos necesitan una coalición que pueda honrar los valores que se explicitan en su nombre: la unidad, a través de la palabra ”Juntos“, y la vocación transformadora, expresada en la palabra ”Cambio“. Esa es la principal demanda de quienes confiaron en nosotros”, concluyó.

ACM con información de agencias

El anuncio del presidente Alberto Fernández de no participar en las elecciones presidenciales de este año sacudió también a la oposición y varios dirigentes salieron a opinar sobre la decisión presidencial. “Fracaso” fue la palabra más repetida para calificar la gestión del Presidente y explicar la razón de no pelear por su reelección.

Así lo hizo el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, quien luego de dos horas de conocido el anuncio del Presidente, difundió un video en sus redes sociales en el que aseguró: “Es una muestra más del fracaso de este Gobierno”.

Uno de los primeros en hablar fue el gobernador de Jujuy y también precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. En su cuenta de Twitter, aseguró: “El Gobierno no puede remontar con ningún candidato este caos social y económico. Su legado es más atraso, más endeudamiento, más inflación, más pobreza. No tienen liderazgo ni carácter para gobernar. Sería una irresponsabilidad pretender seguir conduciendo el país a la ruina”.

Desde la UCR, el senador Alfredo Cornejo aseguró que “la declinación de Alberto Fernández es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno. Muy pronto, los argentinos tendremos un nuevo gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando”.

También desde el radicalismo, el presidente del bloque de diputados, Mario Negri, comentó: “Un Presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside decidió no buscar la reelección. La noticia no mueve el amperímetro porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral”.

 Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, dijo: “Es la triste realidad y su pésima administración del país lo que bajan al Presidente de la candidatura. El Presidente se baja de donde nunca estuvo”.

Desde la izquierda, la precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda-Unidad, Myriam Bregman (PTS), señaló: “Alberto Fernández renuncia a su eventual candidatura después de gobernar cuatro años con un frente que hizo más ricos a los ricos y más pobres a los que trabajan”. Su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, agregó: “Con el Frente de Todos perdieron los de abajo y ganaron los mismos de siempre. Ajustaron al pueblo y reconocieron la estafa de la deuda”, remarcó.

La difusión de los fundamentos que tuvo el Tribunal Oral Federal número 2 para condenar a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la causa Vialidad generó una ola de repudios de parte de dirigentes oficialistas, mientras que por parte de Juntos por el Cambio primó el silencio.

“Buscan sentenciar otra cosa con la persecución a CFK, el armado de causas, no hay dudas que hay otra sentencia: enterrar los 12 años del proyecto de gobierno de Néstor y Cristina y demonizar lo que eso simboliza y representa”, consideró el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En tanto, Martín Soria, ministro de Justicia, posteó: “Ni el fiscal con sus ”3 toneladas de prueba“, ni el tribunal con sus 1600 páginas de sentencia, fueron capaces de encontrar UN SOLO HECHO que acredite la participación de Cristina Kirchner en la causa. Tenían una misión: proscribir a CFK y reivindicar la Revolución Fusiladora”.

Para el canciller Santiago Cafiero, “con los fundamentos de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera Cristina. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral. En lo verdaderamente importante, el peronismo no tiene matices: con persecución no hay democracia plena. Pero sepamos, compañeras y compañeros, que la historia es justa y los pueblos vencen. Así lo demostraron Lula en Brasil y Evo en Bolivia”.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau afirmó que los fundamentos dados a conocer este jueves son “un paso más en una parodia de juicio llevada adelante por un tribunal que no es imparcial” y afirmó que la condena en la causa Vialidad forma parte de “un plan sistemático de persecución política”.

La intendenta del partido bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, apeló a las redes sociales y afirmó: “Nada sin Cristina. La mafia judicial la quiera proscribir, el pueblo argentino no lo va a permitir. Para cuidar a la Argentina, vamos para adelante con Cristina. Basta de proscripción. Todxs con Cristina”.

“Proscripta por hacer feliz al pueblo argentino. Nunca se lo van a perdonar”, publicó La Cámpora, junto con una serie de imágenes para destacar las políticas impulsadas por Cristina Kirchner en sus dos gestiones al frente de la Casa Rosada.

En tanto, la Juventud Peronista advirtió sobre una coincidencia en la fecha en la que se dieron a conocer los fundamentos del fallo: en el mismo día pero de 1956 se publicó el decreto 4161 que proscribía al peronismo.

“Les ahorramos a los jueces la publicación prevista para hoy de los fundamentos de la sentencia contra @CFKArgentina”, habían tuiteado previo a que se difundiera el documento del TOF 2, al tiempo que publicaron un irónico decreto simulando la proscripción de la vicepresidenta y todo lo vinculado al kirchnerismo.

Ese paródico decreto también se multiplicó, ya en versión impresa, en la vigilia que realizaron militantes kirchneristas frente al Palacio de Tribunales a partir de la noche del miércoles y a la espera de los fundamentos del fallo en la causa Vialidad.

El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, también se mostró furioso por los fundamentos del fallo y afirmó: “Es un espanto lo que estamos viviendo. Que la Justicia se haya tornado en esto duele tremendamente, porque esto no es bueno para la democracia argentina”.

Por parte de Juntos por el Cambio, los dirigentes opositores evitaron salir al mundo tuitero de manera rápida y sólo se pudo leer el mensaje publicado por el diputado nacional de la UCR Mario Negri, quien destacó el decomiso que había ordenado el tribunal en diciembre pasado al condenar a la ex mandataria: “84.835 millones de pesos. Justicia o corrupción”.

En tanto, el diputado de JxC, Fernando Iglesias, aseguró “Condenada por la Justicia argentina, no proscripta”, en respuesta a un tweet de Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con información de NA.

IG

Luego de un miércoles de reuniones, pase de mensajes y consultas entre los integrantes de la comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados, los distintos interbloques están listos para presentar este jueves a partir de las 11 sus respectivos informes con respecto a los 14 proyectos de juicios políticos contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las fuentes legislativas de las distintas fuerzas políticas consultadas por elDiarioAR.

En el Palacio de Justicia, casi en simultáneo, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantendrán la primera reunión de acuerdo del año y dictarán sentencias, aunque no trascendió qué casos tratarán. El jueves último, los magistrados tuvieron un plenario para tratar la agenda del máximo tribunal en 2023, según una fuente de la Corte, que mantiene un hermetismo extremo desde que el gobierno de Alberto Fernández motorizó el tratamiento de los pedidos de juicio político durante enero.

En esta etapa del proceso en la comisión, tras escuchar los argumentos de los firmantes de los pedidos de jury contra los ministros del máximo tribunal del país, los 31 integrantes deben decidir si abren una investigación contra todos o algunos de los jueces acusados -paso previo a la acusación formal en el recinto de Diputados- o si, en cambio, estas acusaciones se archivan.

La prioridad para el oficialismo es que este jueves se vote su informe de admisibilidad para abrir una investigación sobre los cuatro jueces de la Corte y el Frente de Todos tiene los votos suficientes para lograrlo, ya que necesita una mayoría simple en la votación y tiene 16 de los 31 diputados de la comisión.

Es el máximo al que apunta el kirchnerismo: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la segunda etapa del proceso, ya que necesita los dos tercios de los votos en el recinto de Diputados para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Informes

Dos fuerzas políticas presentarán dos informes de admisibilidad, es decir que argumentarán por qué deben abrirse formalmente sumarios contra los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Por un lado, el oficialismo presentará un informe de admisibilidad contra los cuatro magistrados, los 14 proyectos presentados y buscará promover la destitución de todos los jueces de la Corte por presunto mal desempeño. Incluirá los dos pedidos de juicio políico contra el juez Lorenzetti que había presentado años anteriores la Coalición Cívica (CC) que lidera la opositora Elisa Carrió.

El segundo informe de admisibilidad que se someterá a votación este jueves es el de los diputados de la CC, que contó con la participación y seguimiento de Carrió, afirmó una fuente directa del bloque. 

El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, y la diputada Paula Oliveto tienen listo un documento de casi 20 páginas en el que analizan las razones por las cuales consideran que debe abrirse un sumario contra Lorenzetti e iniciar su pedido de juicio político por presunto mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), principal fuerza opositora, tiene desencuentros en este último punto. Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, que lidera Mario Negri) y el PRO (que preside Cristian Ritondo) que integran la comisión no acompañarán los pedidos de juicio político contra Lorenzetti presentados por la CC, pero los legisladores no se mostrarán divididos y presentarán un único informe con dos posturas: plantearán el rechazo in limine de los pedidos de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte y en el mismo documentos los diputados Lago y López declararán la apertura del sumario de investigación respecto de Lorenzetti, pero exclusivamente en relación a los hechos previstos en los expedientes que impulsaron con Carrió y no por los que argumentó el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández.

Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados.

Juan Manuel López y Paula Oliveto — Diputados de la Coalición Cívica.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal que responde a Roberto Lavagna, presentará su propio informe, separado de Juntos por el Cambio pero en el mismo sentido general: rechazará in limine las solicitudes de juicio político a los cuatro jueces de la Corte, de acuerdo con un documento que publicó el miércoles la periodista Silvina Brandimarte en Twitter.

Cómo se votará

Durante este miércoles, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), definió junto a su bloque cómo se llevará a cabo la votación de los informes este jueves. La decisión era central y debía estar definida antes del inicio de la comisión. 

La CC había planteado que la votación fuera por expediente (son 14), lo que le permitía votar únicamente a favor de iniciar una investigación contra Lorenzetti solo por los dos expedientes que impulsa esta fuerza política y rechazar el resto de los cargos contra Lorenzetti y sus colegas, ya que las acusaciones que plantea el oficialismo contra el juez de Rafaela son diferentes a las de la CC. El espacio liderado por Carrió apunta al manejo de los fondos millonarios del Poder Judicial durante las presidencias del magistrado, entre otros hechos.

Sin embargo, el miércoles por la tarde, Gaillard confirmó a la oposición que se votará el paquete completo de expedientes contra los cuatro jueces, sin diferenciarlos. Incluirá los dos expedientes iniciados por los diputados aliados de Carrió.

Argumentos del FdT

El oficialismo promoverá la apertura de sumarios contra los cuatro jueces por alrededor de 60 hechos. Entre las principales causas de presunto mal desempeño se encuentra el fallo de la Corte en diciembre, en el que ordenó a Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables. 

El pedido de juicio político contra la Corte se activó luego de la filtración de chats entre Silvio Robles (vocero del juez Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, a quien le hackearon el teléfono), en el que el asesor del presidente de la Corte supuestamente anticipaba el resultado de la sentencia que benefició a Horacio Rodríguez Larreta. 

Otro hecho por el que el kirchnerismo busca enjuiciar a los ministros de la Corte es la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el organismo que nombra y remueve jueces– y que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner en 2006. El fallo del máximo tribunal retrotrajo la composición del organismo a 20 miembros y puso al presidente de la Corte como cabeza del Consejo que maneja la designación y sanción de los jueces. 

Un tercer hecho es la sentencia que otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña en 2017, que votaron Rosenkrantz y Rosatti, entre otras acusaciones relacionadas por derechos humanos.

Lorenzetti

A diferencia del oficialismo, la Coalición Cívica no basó las acusaciones contra el ex presidente de la Corte (2007-2018) en sus fallos, sino en los manejos internos del máximo tribunal durante sus consecutivas presidencias, un período en el que Lorenzetti supo construir y concentrar poder como cabeza del tribunal.

En el informe que presentarán este jueces ante la comisión, los diputados López y Oliveto explican las dos causales del juicio político: el mal desempeño o la mala conducta, que “no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.

Pero además, López y Oliveto acusan a Lorenzetti de supuestos delitos penales: “Queremos dejar en claro que en el caso hay conductas que pueden constituir ilícitos penales. En algunos casos incluso existieron expedientes que fueron archivados, pero sin haber sido dictado sobreseimiento alguno”, argumentaron.

Acusan al juez de Rafaela de haber sido “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia que condicionara el accionar en la magistratura”; “evidente falta de transparencia en su gestión en la Corte, como presidente del Tribunal”; “eventual comisión de delitos por cooptar las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y del manejo de los fondos de la justicia”; entre otros argumentos.

“Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados. Y desde que dejó de ser presidente del Tribunal, sus energías estuvieron dirigidas en minar la imagen de los ministros de esa misma Corte que integra pero que ya no puede dominar a su gusto”, sostienen López y Oliveto.

Los diputados aliados de Carrió también acusan a Lorenzetti por “la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia”, que “se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas muy allegadas al expresidente de la Corte”.

Carrió y sus aliados vienen sosteniendo desde hace años que Lorenzetti centralizó las decisiones de tipo presupuestario en la Corte Suprema y propicio “el desbaratamiento de todo mecanismo de control interno y externo por parte del Consejo de la Magistratura” sobre estos fondos.

También lo acusan por los “sospechosos sorteos de causas e irregularidades en el sistema de informatización del Poder Judicial” y citan las denuncias de dos empresas, Indra y Thompson-Reuters (La Ley), por supuestas irregularidades en una licitación para informatizar todos los tribunales del Poder Judicial durante la presidencia de Lorenzetti. 

“Durante la presidencia de Lorenzetti, la Corte Suprema contrató a una empresa investigada en la Justicia por irregularidades en convenios con ANSeS y el Ministerio del Interior para la provisión de una cartelería digital durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la empresa Dinatech SA”, cita el informe de admisibilidad de la Coalición Cívica.

También alegan “irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución presupuestaria” de la propia Corte; la “designación y asignación arbitraria del personal” en el máximo tribunal; y el “incumplimiento a la ley de Ética Pública en relación a la presentación de Declaraciones Juradas”, ya que Lorenzetti, “para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública —por la ausencia de transparencia en su patrimonio—, modificó el contenido de las Declaraciones Juradas previstas en la norma y dispuso así la creación de un sistema complejo para obtenerlas, que, en la práctica, no funciona correctamente”.

El informe también apunta al “manejo irregular y discrecional de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.

El resto de los bloques que conforman Juntos por el Cambio (la UCR y el PRO) no votarán a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti por estos hechos, pero el oficialismo sí lo hará, confirmó una fuente del Frente de Todos.

ED

Son días clave en la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados: este miércoles habrá reunión de asesores parlamentarios, previo de la reunión de los legisladores que tendrá lugar este jueves a las 11 y en la que el Frente de Todos expondrá sus argumentos para abrir una investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño, impulsada por el presidente Alberto Fernández a través de un pedido de jury contra los magistrados. En el máximo tribunal ya preparan su defensa, aunque dividida por su propia interna política.

Esos argumentos están siendo volcados en un informe de admisibilidad, como se denomina técnicamente a la presentación de las causales que ameritarían iniciar una investigación contra los jueces Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El oficialismo cuenta con 16 de los 31 integrantes de la comisión parlamentaria y sólo necesita una mayoría simple (la mitad más uno) para conseguir la apertura de esta nueva etapa, por lo que sabe que lo logrará.

Para la oposición, este jueves será “el primer Día D en la comisión”, aseguró una fuente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Se espera una sesión extensa y cargada de tensiones. Tras la aprobación del o los informes de adminisibilidad, comenzarán las citaciones a testigos para declarar ante la comisión y medidas de prueba que podrán ordenar los diputados.

En Juntos por el Cambio (JxC) esperan que todos sus 14 diputados en la comisión expongan este jueves. El diputado Mario Negri, presidente del bloque de la UCR y del interbloque de JxC, dijo a elDiarioAR: “Vamos a demostrar con argumentos claros y firmes porqué el pedido de juicio político del kirchnerismo a la Corte Suprema es un disparate que se diluye en sí mismo. No se puede juzgar a un magistrado por sus sentencias y muchísimo menos si no son de fondo. La Corte Suprema no ha legislado, como dice el oficialismo; vamos a demostrar que se trata de una maniobra del Frente de Todos para disciplinar a toda la Justicia”.

La oposición y Lorenzetti

Los informes de admisibilidad deben ser sometidos a votación en la comisión, pero aún no está definido el método que se aplicará este jueves, explicó una fuente parlamentaria con acceso directo a las discusiones de los diputados.

La presidenta de la comisión, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos) tenía la intención de que se sometiera a votación el combo de acusaciones contra los cuatro jueces y por todos los expedientes que tramitan por presunto mal desempeño. 

Sin embargo, la oposición quiere separar los tantos, ya que está dividida en un punto clave: el bloque de la Coalición Cívica (CC), que integra el interbloque JxC, presentará su propio informe de admisibilidad para impulsar una investigación contra sólo uno de los jueces de la Corte, y al que la fuerza política liderada por Elisa Carrió viene denunciando desde hace años. El primer pedido de juicio político de la CC contra Lorenzetti data de 2017, pero nunca se había tratado en la comisión hasta ahora. 

“Con la diputada (Paula) Oliveto estaremos presentando nuestro propio informe de admisibilidad con respecto a Lorenzetti y en base a los argumentos que hemos expuesto en nuestros dos pedidos de juicio político en su contra. Con respecto a los pedidos de juicio político contra el resto de los jueces de la Corte, la Coalición Cívica va a rechazarlos”, ratificó el diputado Juan Manuel López (CC y vicepresidente de la comisión) en diálogo con elDiarioAR.

El resto de JxC (UCR y PRO) no sólo rechazará el informe del Frente de Todos contra los cuatro jueces, sino que tampoco acompañaría el informe de admisibilidad de sus aliados, que cuenta con dos diputados en la comisión, de acuerdo con una fuente consultada en el interbloque.

La Coalición Cívica prefiere que se vote expediente por expediente, y separar los cargos juez por juez, en el mejor de los casos. Eso le permitiría rechazar los cargos contra los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, y votar a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti sólo por los expedientes que ha presentado esta fuerza política y no por los cargos que le endilga el Frente de Todos al ex presidente del máximo tribunal. Es que los argumentos de unos y otros son totalmente diferentes. 

Los aliados de Carrió apuntan al manejo de fondos económicos de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela y no a sus sentencias, que en el caso de las acusaciones del oficialismo coinciden con los votos del resto de los supremos.

Apertura 

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) a elDiarioAR hace dos semanas. De ser así, el oficialismo buscaría un punto de conexión con la CC.

La apertura de una investigación en la comisión de Juicio Político es el paso previo para “el segundo Día D”, como lo llaman en el bloque de la UCR: una vez finalizada la investigación deberá votarse en comisión el dictamen de acusación para definir si el proceso da un nuevo avance crucial: pasar al recinto de la cámara de Diputados, encargada de actuar como acusadora de los sometidos a juicio político.

Una vez en el recinto, el Frente de Todos se enfrentará al dilema que viene arrastrando desde hace años: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con esta etapa del proceso. necesita los dos tercios de los votos para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.

Entre las medidas de prueba que vendrán en las próximas semanas, el oficialismo citará a Silvio Robles (vocero y mano derecha del juez Rosatti) y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro por el caso de los chats filtrados tras el hackeo al teléfono del funcionario porteño, en el que Robles supuestamente adelanta información sobre el fallo que elevó el enfrentamiento entre el Gobierno y el kirchnerismo con el máximo tribunal hasta su punto más álgido: la medida cautelar dictada por la Corte de forma unánime a favor de la Ciudad en el reparto de los fondos de impuestos nacionales que se coparticipan entre el Estado nacional, las provincias y la Capital Federal.

La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explican fuentes con acceso directo a los magistrados. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un escenario en el que la Corte arriesga mucho.

ED

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia puso en alerta a Juntos por el Cambio. El bloque opositor es el freno institucional que tiene en el Congreso la iniciativa del Gobierno: el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios en los recintos de Diputados y Senadores. Pero la maniobra de desgaste a los magistrados que el oficialismo ensayará en la comisión de juicio político –el primer paso del debate– obliga a los opositores a preparar un contraataque.

Será la comisión, entonces, el campo de batalla. Allí el kirchnerismo tiene una mayoría ajustada para iniciar el expediente contra Horacio Rosatti y el resto de los cortesanos: del total de 31 miembros, 16 son del FdT, 14 de JxC y el restante del Interbloque Federal. 

La mínima diferencia a favor le da aire al Gobierno para llevar las riendas del debate, que incluye la posibilidad de citar a declarar a los “imputados”, llamar a “testigos” o pedir distintas medidas de prueba. Pero la oposición no quiere dar el brazo a torcer tan fácil, según recogió elDiarioAR de fuentes parlamentarias. 

En JxC ya comenzaron a delinear qué rol tendrán, asumiendo la “defensa” de la Corte. Caminos posibles serían aprovechar la apertura de la comisión para insistir con los pedidos de juicio político ya presentados contra funcionarios del FdT o –una jugada más drástica– directamente vaciar el debate en Diputados.

La semana pasada hubo diálogos directos entre los principales legisladores que integran la comisión. Con varios dirigentes de vacaciones en la costa atlántica o en sus provincias de origen, las conversaciones fueron vía chat y Zoom. Distintas fuentes coincidieron en que fueron “informales”. Esta semana profundizarán el debate al respecto.

En el intercambio virtual participaron –entre otros– el lilito Juan Manuel López, que es vicepresidente de la comisión, segundo detrás de la oficialista Carolina Gaillard; Mario Negri, jefe del bloque de la UCR y que hace las veces de secretario del cuerpo; y Omar de Marchi, diputado del PRO, también secretario de la comisión y vicepresidente primero de la Cámara baja. 

Son tres figuras de peso en la trama opositora, lo que también revela el interés de la coalición cambiemita en el devenir del jury. Detrás de ellos está la mesa nacional de JxC, atenta a la jugada parlamentaria. “Tuvimos conversaciones informales entre los diputados que integramos la comisión, pronto vamos a definir un esquema de reuniones. Hay mucha tela para cortar sobre qué hacer, aunque obviamente no vamos a convalidar el juicio político a la Corte”, apuntó uno de los diputados protagonistas.

Una posibilidad que tenemos es pedir que se abran todos los pedidos de juicios políticos vigentes

Uno de los diputados clave de JxC en la comisión de juicio político

Completan el mapa de opositores de la comisión los radicales Manuel Ignacio Aguirre, Ximena García y Francisco Monti, y los amarillos Pablo Tonelli, Graciela Ocaña, María Luján Rey, Alejandro Finocchiaro, Sabrina Ajmechet y Álvaro González –también secretario en la comisión–. Además están Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, y Carla Carrizo, del radicalismo referenciado por Martín Lousteau. El único no cambiemita es el lavagnista Alejandro “Topo” Rodríguez (jefe del Interbloque Federal), que ya manifestó por su cuenta el rechazo al juicio político.

La estrategia opositora está en gateras y se acelerará desde este lunes. Más teniendo en cuenta que ya la semana próxima volvería a abrirse el Congreso por el llamado a extraordinarias del Presidente, que se prevé para la segunda quincena del mes. La Casa Rosada confirmó que el juicio político será uno de los puntos del temario parlamentario. 

Desde ese momento, el oficialismo puede convocar a la primera reunión de la comisión para votar si es válido darle curso al proyecto de enjuiciamiento político. Recién entonces, se abre una ventana de 60 días máximos para hacer el “sumario” del expediente acusatorio. 

Otro de los diputados opositores más encumbrados admitió a elDiarioAR que está “estudiando” al detalle el tema. Sin embargo, ya hay algunas líneas gruesas de trabajo por dónde podría ir su “defensa”. 

El reclamo por otros juicios políticos

“Una posibilidad que tenemos es pedir que se abran todos los pedidos de juicios políticos vigentes”, manifestó una de las espadas de JxC. Ratificó una intención opositora que este diario ya adelantó días atrás, lo que podría derivar en una escalada de consecuencias inciertas: una “caja de Pandora” que impacte en todo el sistema político.

La oposición tiene con qué contraatacar. Solo en diciembre pasado ingresaron siete proyectos de jury, todos hacia funcionarios del Gobierno por supuesto mal desempeño: cuatro al jefe de Estado, uno a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, y dos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. En todo el 2022 hubo 17 proyectos de resoluciones, 16 apuntando a miembros del FdT, incluyendo al ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el canciller, Santiago Cafiero. 

Solo en diciembre 2022 ingresaron siete proyectos de jury, todos hacia funcionarios del Gobierno por supuesto mal desempeño: cuatro al jefe de Estado, uno a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y dos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández

Esa estrategia tiene dos puntos débiles importantes, que los admiten en los propios despachos opositores. Uno es que el oficialismo tiene mayoría en la comisión para bloquear esas iniciativas; de hecho, la única reunión de la comisión fue en mayo pasado, para su constitución. El otro es que esos pedidos de jury no van a estar contemplados en el temario de sesiones extraordinarias, que siempre son cerrados, al menos hasta el 1 de marzo, que se inician las ordinarias. 

La jugada de JxC sería solo para contrarrestar el fuego dialéctico que el oficialismo encenderá contra el grupo de magistrados. “Claramente es para hacer ruido. Porque si se abre el circo, y nosotros decidimos ir, no nos vamos a quedar callados”, aseguraron en una de las facciones cambiemitas más importantes.

Un apéndice en la trama de la “caja de Pandora” es la posibilidad de que el oficialismo también habilite un jury que en 2021 firmó Elisa Carrió y su bloque parlamentario contra Ricardo Lorenzetti. Lo acusaron de irregularidades administrativas y presupuestarias mientras era presidente de la Corte. ¿Buscarán abrir una cuña JxC? En la Coalición Cívica ya rechazaron la movida.

El camino alternativo de JxC sería directamente ausentarse a la comisión, rechazando la legitimidad del debate. “Los dejaríamos solos a ellos”, explicó un vocero. Pero el riesgo ahí es que el ataque a los jueces sea más que descarnado, y que no haya quién le ponga un coto. “El oficialismo no puede convertir esto en una Corte marcial”, había dicho, días atrás, otra voz de un bloque minoritario ante este medio. 

Además, más allá de los integrantes de la comisión, cualquier diputado puede participar en el debate –tiene voz pero no voto–. Por lo que las presencias opositoras se multiplicarán una vez iniciada la discusión parlamentaria. Difícil que JxC decida “regalarle” esa vidriera al resto de la oposición.

La definición de cómo plantarse como “defensa” de la Corte está más que abierta en el universo de JxC. Una certeza que tienen es la necesidad de abroquelarse, sobre todo ante la movida en bloque que está demostrando el oficialismo, pese a la crisis de la gestión de gobierno y al inicio de un año electoral. En ese marco, crece la posibilidad de que los alcances del debate sean inciertos: “No se puede acordar nada con el FdT –se resignaron en un despacho radical–. Van a armar el circo”.

MC

El bloque radical de la Cámara de Diputados presentó finalmente un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusa de “mal desempeño y eventual comisión de delito”, por considerar que “desobedeció el fallo de la Corte Suprema” con “un ardid malicioso al querer pagar la coparticipación porteña con bonos”.

Los radicales habían resuelto hacer esta presentación en el fin de semana pero ayer la suspendieron ya que el jefe de Estado anunció que iba a cumplir el fallo pagando con bonos 2031.

Hoy, finalmente, los radicales de la Cámara de Diputados resolvieron impulsar la iniciativa, que se descuenta que no avanzará porque el oficialismo tiene mayoría en la comisión de Juicio Político.

Fuentes de esa bancada dijeron que tras realizar “consultas a constitucionalistas y a especialistas en coparticipación se llegó a la conclusión que el intento de pagar con bonos es igualmente un incumplimiento de la sentencia”

Fernández señaló ayer en un comunicado que ordenó reasignar los “únicos recursos disponibles del ejercicio 2022” y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se “se utilizarán bonos TX31”.

La Corte Suprema de Justicia dispuso el miércoles pasado que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje.

De esta manera, los diputados de la UCR se sumaron a los pedidos de juicio político que ayer presentó el Pro y el referente de la bancada de derecha Avanza la Libertad, José Luis Espert.

La iniciativa fue presentada por el jefe de la bancada, Mario Negri, y sus pares Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Mario Barletta, Miguel Bazze, Gustavo Bohuid, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Ximena García, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Facundo Manes, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Roberto Sánchez, Jorge Vara y Pamela Verasay.

En los fundamentos, los legisladores de la UCR afirmaron que la “decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal”

“Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”, agregó la bancada de la UCR.

Por su parte, el bloque de diputados del Pro presentó un proyecto para crear una comisión investigadora sobre la distribución de impuestos federales coparticipables que efectuó el Gobierno Nacional desde que asumió el presidente Fernández, tras el diferendo por los fondos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue redactada por el jefe de la bancada Cristian Ritondo y los legisladores de ese bloque Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.

Uno de los objetivos de la Comisión es “determinar si durante el período bajo análisis el Gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”.

El Pro propone que esa Comisión investigadora se integre 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios de acuerdo “con el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías”

Asimismo, señala que “el presidente correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República”.

DA

El intento de asesinato a Cristina Kirchner generó en el Gobierno la necesidad de hacer una convocatoria a la oposición para bajar los niveles de confrontación política. En ese objetivo está trabajando ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, con el aval tanto de la vice como del presidente Alberto Fernández, según supo elDiarioAR de fuentes oficiales.

La intención del funcionario ligado a La Cámpora es llevar adelante “una convocatoria amplia con el convencimiento de que es necesario abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad”. El ministro ya mantuvo diálogo “con varios referentes de las principales fuerzas políticas”, anticiparon en su entorno, aunque no detallaron con quiénes conversó. La intención es convocar a “todos los sectores”.

En las últimas horas Wado reflexionó ante sus allegados que el intento de magnicidio contra CFK “es un punto de inflexión”. “No podemos permitir que el peronismo siga poniendo las víctimas en la historia argentina”, transmitió el ministro.

“No vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a proponer con humildad un debate necesario para reencauzar la convivencia democrática”, confía Wado, recogió elDiarioAR. En su despacho aseguran que la convocatoria busca ser “amplia”. Incluso se animó a plantear su propuesta teniendo en cuenta las elecciones 2023: “La disputa electoral tiene que ser propositiva, no generar más incertidumbres. La gente necesita tranquilidad y la dirigencia nacional tiene que generar certezas”, dijo el ministro.

Desde la oposición, la primera repercusión no fue en línea con la propuesta del ministro. Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados, salió al cruce de Wado y aseguró que él no había sido convocado: “El ministro del Interior dijo hoy que es momento de convocar al 'diálogo político para bajar un cambio'. La propuesta todavía no nos ha sido transmitida. Creo que el primer aporte que debería hacer el ministro es retractarse por este tipo de declaraciones”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter. Hasta ayer, que hubo una cumbre de radicales en la que participaron Negri y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el partido centenario no habían conversado nada respecto a la invitación del ministro camporista.

También en el PRO negaron al el cierre de esta nota haber sido convocados por el oficialismo en las últimas horas. El domingo, elDiarioAR reveló que ya Morales, como Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti y la larretista María Migliore, ministra de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad, se contactaron con dirigentes cercanos a Cristina Kirchner para manifestar su solidaridad por el ataque.

MC

La imagen dice más que las palabras. Cristian Ritondo encabezaba el sábado la retirada de un puñado de diputados del PRO de sus bancas, cuando varios de sus socios de Juntos por el Cambio mostraban gestos elocuentes de desaprobación. El radical Facundo Manes estaba impertérrito con sus manos en carpa apoyadas sobre la nariz, Maximiliano Ferraro –presidente de la Coalición Cívica– negaba con los labios apretados y una mano en la pera, Juan Manuel López –titular del bloque lilito– daba vueltas en su silla y tenía una risa socarrona, Mario Negri –jefe del bloque de la UCR– buscaba pasar el momento acomodando papeles en su escritorio.

La sesión especial de la Cámara baja de ayer, en la que se aprobó por unanimidad a mano alzada una resolución contra el ataque hacia Cristina Kirchner, dejó expuesta la tensión interna en Juntos por el Cambio, principalmente en el macrismo, que atraviesa una fuerte discusión desde el sábado del vallado en Juncal y Uruguay.

La actitud de PRO en Diputados fue una incógnita hasta el momento previo al inicio de la sesión de este sábado a las 14, luego de frenéticas reuniones virtuales y presenciales, tanto intra-opositoras como con el oficialismo. Los diputados macristas no querían participar. Temían que el Frente de Todos utilizara la oportunidad para cargar contra “los discursos de odio” y montara “un show peronista”, según recogió elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias. Su argumento en contra era el texto de resolución que había propuesto el oficialismo con Cecilia Moreau –presidenta de Diputados– a la cabeza.

Así se lo hicieron saber al resto de los socios de JxC, en una serie de Zoom que hubo el viernes. Incluso hubo una de la mesa nacional de PRO, con la participación de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, menos Mauricio Macri, de viaje en el exterior por su cargo en la Fundación FIFA. Ya habían canalizado la crisis interna por el vallado en Recoleta en un almuerzo el martes. El intento de magnicidio a CFK volvió a demostrar a la fuerza opositora el desafío que tienen para encontrar una posición común.

Para el radicalismo y la CC no había dudas: correspondía participar en la sesión por su carácter “institucional” frente a un hecho grave para la democracia. Bullrich fue quien transmitió la postura más dura en PRO. “Volvió locos a todos los diputados para que se nieguen a participar”, confió una fuente opositora. 

La prenda de cambio con el kirchnerismo fue entonces la modificación del texto de la resolución, para que emule la declaración que los senadores de todo el arco político manifestaron la misma noche del conmocionante jueves, cuando le gatillaron un arma a la vicepresidenta al llegar a su domicilio en Recoleta. Así, durante la mañana de ayer sábado, Negri activó su chat con Moreau. Por otro lado, Ritondo habló con el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez. “No podía estar detrás del cordobés, esperándolo, también tenía que hacerse valer”, dijeron a su lado.

En la mañana del sábado, la postura “institucionalista” sumó presión cuando Negri abrió su despacho para una reunión opositora a la que también se sumaron el libertario José Luis Espert y legisladores del Interbloque Federal –que conduce Alejandro “Topo” Rodríguez–. Al PRO le quedó poco margen para negarse. El acuerdo finalmente con el oficialismo quedó sellado en una reunión a puertas cerradas en la presidencia de la Cámara, de la que también participaron Espert, Julio Cobos, Margarita Stolbizer y Romina del Plá, reemplazando a la tradicional reunión de Labor Parlamentaria que se lleva adelante en el salón Delia Parodi, contigua a Pasos Perdidos.

“Cecilia no ofreció resistencia en cambiar el texto”, dijo un opositor. “Fue una ardua tarea de negociación”, aseguró un oficialista. Lo cierto es que Moreau sorteó con éxito su primera sesión como titular de la Cámara, siendo la primera mujer en ese cargo en la historia y con un temario tan delicado para la política nacional.

JxC solo se comprometió a que participaran de la sesión los titulares de los bloques. También adujeron que una sesión convocada a última hora impedía el viaje de muchos legisladores de las provincias. Apenas hubo unos 40 diputados, entre ellos 17 de PRO, 12 radicales, López y Ferraro de la CC, Rodrigo de Loredo –Evolución Radical– y Stolbizer –del espacio de Emilio Monzó–.

Así, con la chicharra sonando desde las 14 para convocar al recinto de Diputados, se cristalizó la interna cambiemita. Los macristas se encerraron en el despacho de Ritondo. Bajaron tarde al recinto, ni siquiera dieron quórum. Puertas adentro acordaron levantarse de la sesión luego de que se votara la resolución y antes de que comiencen los discursos. No habían podido conseguir que la votación sea al final de la sesión, como aval de que los discursos del oficialismo no iban a ser incendiarios. El kirchnerismo no cedió. 

La calentura en el resto de JxC fue indisimulable, pero se canalizó en conversaciones informales, fuera de los micrófonos. “Hay dos minorías que nos están llevando a un país inviable”, se quejó un importante diputado radical, haciendo referencia tanto al kirchnerismo como al macrismo. “Es un tema de ellos, entre palomas y halcones. Y encontraron el punto que conformaba a los dos: votar e irse”, consideró una voz en la UCR. “¡El macrismo te va corriendo la cancha todo el tiempo! Están metidos en su propia interna y no se dan cuenta de la gravedad del hecho. Es un tema de ellos. En el recinto aseguramos la representación de todos los bloques de JxC”, expresó un dirigente del JxC, enojado por la “centralidad” del PRO. 

En el macrismo, justificaron su postura de ni siquiera bajar al recinto para dar quórum, a diferencia del radicalismo y el espacio de Elisa Carrió. “Yo no quería escuchar que nos digan que nosotros cargamos la pistola. Entendemos que nuestro electorado iba a estar de acuerdo en que repudiamos este hecho lamentable, pero que no nos quedamos a escuchar las críticas que podíamos recibir”, se defendió un pope de PRO. “No sentíamos que teníamos garantizada una sesión tranquila”, dijo un legislador referenciado con Bullrich.

De hecho, la presidenta del partido de Macri nunca repudió abiertamente el ataque a CFK. Su primera declaración pública en Twitter fue apenas para cuestionar el discurso de Alberto Fernández en cadena nacional. La lógica que se manejó dentro de PRO fue que la condena al intento de magnicidio llegara por parte del ex mandatario y de Larreta –como efectivamente sucedió en redes sociales–, mientras que el resto de los dirigentes macristas hablaran después del Presidente. “Él embarró la cancha”, dijo un legislador de trato diario con Bullrich. Ritondo y Santilli, entre otros, rápidamente salieron a cuestionar el atentado. Es decir que la postura interna nunca estuvo del todo cerrada. 

No hubo tampoco comunicado de la mesa nacional de JxC. La UCR, por caso, sí lo hizo. Incluso hubo una posición aún más radical dentro de JxC: la de Martín Tetaz, que el jueves a la noche llegó a negar que se tratara de un hecho de “violencia política”. Ayer estuvo en Diputados y hubo quienes lo escucharon ratificar su mirada. 

Cómo sigue

Lejos de la previa, la sesión fue bastante contenida y desde el oficialismo solo habló Martínez, que cerró la sesión con un discurso en el que evitó abundar en críticas a la oposición. El santafecino estuvo incluso tentado a pedir ante el micrófono que los diputados macristas vuelvan al recinto, pero se contuvo, al igual que el resto de sus compañeros de bloque, que permanecieron en silencio.

Por lo bajo, el oficialismo le pasó factura al macrismo. “En algún momento van a tener un costo político. No creían que solo veníamos a buscar lo que nos llevamos, que fue el repudio al atentado a Cristina Kirchner”, los cruzó una espada kirchnerista. Y subió el tono: “Creo que saben la gravedad institucional del asunto, pero están en un dilema de conveniencia política del que les cuesta salir. Cuando están en juego en algunas cosas no podes boludear”.

Retirarse del recinto le sumó incertidumbre también al futuro de JxC, sobre todo por la falta de una estrategia coordinada de PRO –el socio mayoritario– con sus socios. Ya fue la segunda vez en el año. Un importante dirigente radical recordó lo que pasó el 1º de marzo en la Asamblea Legislativa que presidió Alberto Fernández. Varios macristas salieron a los gritos, exponiendo a Manes –un presidenciable que desafía el plan de Larreta, a su vez jaqueado por Bullrich– que estaba sentado entre esas bancas. 

“No veo que nos pegue. Aún falta mucho”, le restó dramatismo el de la UCR, que sin embargo cuestionó a sus pares: “Hoy estamos en el Congreso y no voy a permitir que nos quedemos callados en el recinto”. En JxC quieren que el tema de Cristina sea ahora meramente un asunto de la Justicia para ellos volver a centrarse en cuestionar la política económica del Gobierno. 

“Salir del recinto después de haber votado no significa que somos los malos, como quedarse tampoco significa que ellos sean los buenos”, consideró un “halcón” macrista, y como sabiendo el desafío a futuro de la coalición opositora, aventuró: “A lo sumo, definiremos nuestras diferencias en una PASO y listo”.

MC

Horacio Rodríguez Larreta publicó a través de sus redes sociales una respuesta al presidente Alberto Fernández, quien manifestó en una entrevista en A Dos Voces de Todo Noticias: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman... Hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

El Jefe de Gobierno porteño sentenció: “Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen que frenar con el ataque sistemático y permanente a las instituciones y a la división de poderes. Ayer, señor presidente, usted cruzó un límite”.

A través de su cuenta de Twitter, el referente de Propuesta Republicana añadió: “Estas amenazas y provocaciones son una barbaridad, de una irresponsabilidad nunca vista en la Argentina y están completamente fuera de lugar. ¿Qué quiso decir? Es momento de parar y de contribuir a la paz social”.

Las palabras del Presidente rápidamente generaron una polémica y también recibieron la reprobación de los principales referentes del resto de la coalición de Juntos por el Cambio, ya que consideran que se trató de una “amenaza” contra el representante del Ministerio Público en la causa Vialidad.

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau consideró que “Alberto Fernández no entiende el peso de la palabra presidencial” y advirtió que “sus disparates son cada vez más graves y violentos”.

La titular del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, tuiteó: “¡NOOO! No puede decir eso, Presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”.

Además, el presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, expresó: “El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide. Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable”.

LC con información de agencia NA

Con Sergio Massa dentro del Ejecutivo como “superministro” de Economía, Producción y Agricultura, el oficialismo se encamina a designar su reemplazo al frente de la Cámara de Diputados. Allí desembarcaría Cecilia Moreau, hoy vicepresidenta del bloque, quien ya tiene un importante consenso interno, según pudo reconstruir elDiarioAR de distintas tribus oficialistas en el Congreso. Ahora la disputa interna es cómo rodearla, teniendo en cuenta que el tigrense, tarde o temprano, se llevará consigo a quienes hasta ahora fueron sus principales colaboradores en la labor parlamentaria.

El nombre de Moreau ganó rápido acuerdo en el bloque de 118 diputados, por ser una persona del propio círculo de Massa, pero también por tener diálogo fluido con Máximo Kirchner. Incluso cuenta con el aval de los movimientos sociales (donde pisa fuerte el Evita de Emilio Pérsico) y de algunas voces referenciadas en las provincias y los gobernadores.

Sin embargo, Moreau –hija del histórico dirigente de extracción radical Leopoldo Moreau– no es la única mujer en danza para liderar el hemiciclo: otra opción es Rosana Bertone, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, aunque con acciones muy minoritarias. 

Durante el transcurso de este viernes quedará oficializada la convocatoria a una sesión especial para el martes –aún no se sabe el horario, pero probablemente sea antes del mediodía– en la que el FdT le propondrá al pleno del recinto su candidatura como presidenta de la Cámara. Dicha sesión estará comandada por el macrista Omar De Marchi, hoy vicepresidente segundo. Allí deberían pasar tres cosas: se aceptará la renuncia de Massa, asumirá el diputado que ocupará la banca del tigrense –sería Juan Marino, del Partido Piquetero, según el orden de la boleta de 2019–, y se votará la designación, muy probablemente, de Moreau.

Aunque no tiene la mayoría, pero sí es la primera minoría –Juntos por el Cambio tiene 116 legisladores– el oficialismo no tendría que tener problema para conseguir el aval del arco opositor para designar a Moreau. 

“Buscamos que la persona que nosotros propongamos nos exprese a los diputados del Frente de Todos y que también avance en el diálogo con el resto de la Cámara. Cecilia Moreau reúne todos los requisitos”, dijo esta mañana en Futurock el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, a quien Moreau acompañaba hasta ahora como vice. El resto de la cúpula del espacio lo completa Paula Penacca, de La Cámpora.

En el bando opositor, durante las próximas horas se espera que haya un diálogo entre las espadas de JxC –Mario Negri, de la UCR; Cristian Ritondo, de PRO, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica–, según confiaron a este medio dos importantes legisladores cambiemitas. Será una cumbre virtual, ya que Negri está en Córdoba, Ritondo en Miami y López en Buenos Aires. Definirán qué hacer cómo bloque, pero no quieren adelantar nada hasta tanto alguien del oficialismo los llame para decirles quién se hará cargo de la Cámara.

“La presidencia es un lugar que le corresponde a la primera minoría, después cómo se vota es otro cantar”, apuntó una de las fuentes de JxC consultadas, dando a entender que darán su aval a la candidata oficialista, aunque reparó en que ayer “se manejaron muy mal”. “Siempre debería ser un perfil de diálogo y de respeto por la oposición y el reglamento”, completó otra voz opositora.

El tablero de Diputados 

En el bloque oficialista se cuidan de dar por hecho la designación de Moreau, pero más por lo que significa el cargo que por su nombre. El organigrama de la Cámara baja también es una disputa de poder. “Los consensos para que sea Cecilia ya están. Lo que resta definir son detalles sobre nombramientos institucionales”, apuntaron desde un despacho del FdT. “La cuestión es los reemplazos. ¿Quedan los mismos de Massa? ¿O ella pone otros? ¿La oposición apoya 100x100 o pide algo?”, se preguntaron.

La clave está entonces en quiénes serán los funcionarios que estén debajo de la nueva presidenta de Diputados. Con las tres vicepresidencias –De Marchi como primero, el peronista José Luis Gioja como segundo, y el radical Julio Cobos como tercero– sin tocar, la disputa interna en el oficialismo son las secretarías.

Sería lógico que la mudanza de Massa al Palacio de Hacienda signifique también la mudanza de su mano derecha, Juan Manuel Cheppi, hoy secretario general y con ascendencia sobre la Prosecretaría General. Es el cargo principal, ya que custodia la firma del presidente y es el tablero que maneja los tiempos de la Cámara. Una fuente en el oficialismo entendió que siendo Moreau del riñón massista, no habría conflicto en designar otro alfil. La duda es a quién. Otra mirada supone que no necesariamente Cheppi tenga que ser reemplazado en lo inmediato, ya que por un tiempo podría pivotear entre Diputados, para acompañar a la nueva jefa, y Economía, para asesorar informalmente al tigrense.

Otro casillero en duda es el de la Secretaría Parlamentaria, donde reside Eduardo Cergnul, un experimentado en leyes y normativas. La prosecretaria parlamentaria es la peronista Ana Laura Lozano. “¿No los van a cambiar a ellos?”, se preguntó con sorna una voz opositora.

Después está el manejo de la caja del Congreso, custodiada por La Cámpora. En la Secretaría Administrativa está Martín Rodríguez, y en la Prosecretaría, Luis Samyn. Tanto en el oficialismo como en la oposición hay consenso de que esos lugares no se cambiarán.

Por último quedan los espacios reservados a la oposición, que tampoco se van a tocar. La Secretaría de Coordinación Operativa está vacante hace poco tiempo, pero le corresponde al diputado radical Maximiliano Abad definir su ocupante. Y la Prosecretaría de Coordinación Operativa es de Carla Piccolini, esposa del ex ministro macrista Andrés Ibarra.

La banca de Massa

Tras su salida del Congreso, Massa finalmente dejará su banca a quien ocupó el puesto 29 en la lista del FdT en 2019: Juan Marino. Referente del Partido Piquetero y actual funcionario en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, a cargo de Andrés Larroque.

Marino está a favor del salario básico universal que impulsa Juan Grabois. De hecho, estuvo en una de las últimas manifestaciones que encabezó el MTE para exigirle al Gobierno dicha medida. Declarado como un “trotskista”, no tiene la venia del Frente de Izquierda-Unidad; al contrario, lo identifican como uno de los responsables de lo que fue la represión de Sergio Berni en la toma de Guernica. 

Aunque su nombre comenzó a circular ayer, Marino por ahora se mantiene en silencio. A quien lo consulta, asegura que aún nadie lo llamó desde el oficialismo para decirle que va a asumir el martes como diputado nacional. Es clave el detalle de si el tigrense renuncia –y ahí sí entraría– o si se toma licencia –dejando la banca vacía–. Sin embargo, en un contexto de paridad parlamentaria, donde cada voto vale oro, es poco probable que Massa se tome licencia. 

“Sería una muy mala señal política que Massa no queme las naves y no renuncie, dejando la puerta abierta a que si le va mal en Economía, vuelva a Diputados”, entendió un legislador que tiene diálogo con el líder del Frente Renovador. Está el antecedente de José De Mendiguren, quien en 2020 –cuando le quedaban dos años como diputado del Frente Renovador– se tomó licencia como legislador para asumir en el BICE. No renunció, bloqueando así la llegada de Marcelo Díaz, del espacio de Margarita Stolbizer, que había sido socia de Massa en las elecciones de 2017.

MC

En medio de la crisis política-económica que atraviesa al Gobierno y sin actividad parlamentaria por el receso de invierno en el Congreso, la oposición de Juntos por el Cambio concentrará toda su atención este martes en una nueva reunión de su mesa nacional. Será la continuación de su último encuentro en junio en Río Cuarto –Córdoba–, donde la UCR hizo de anfitrión, aunque llamaron más la atención las ausencias de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta.

En esta oportunidad, el cónclave será en la sede del PRO en San Telmo a las 16, por lo que hay expectativa por la presencia del ex mandatario y del jefe de Gobierno porteño, quien ya tiene puesto el traje de candidato presidencial. Sin embargo, aún no está confirmado el listado final de participantes, según expresó un alto dirigente cambiemita a elDiarioAR.

Sí se estima que desde el vamos se encuentren la dueña de casa, Patricia Bullrich (presidenta del PRO), con sus socios radicales –como el gobernador jujeño, Gerardo Morales, el senador Martín Lousteau y el diputado Mario Negri– y de la Coalición Cívica –los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López–, más el peronista Miguel Ángel Pichetto.

“La Mesa Nacional es para analizar la situación política nacional”, adelantó uno de los invitados al convite sobre el tema general que se discutirá puertas adentro. Ya la semana pasada, en la previa a los anuncios de la ministra Silvina Batakis, el espacio expresó públicamente su “preocupación por una fuerte debilidad política que genera graves consecuencias para millones de argentinos”. Para JxC, la salida de Martín Guzmán de Hacienda se explica porque existe “un gobierno dividido en luchas intestinas, cuyo único objetivo es el poder”.

La posición unificada del espacio contra la Casa Rosada la acordaron en una reunión por Zoom los titulares de cada fuerza interna: Bullrich, Morales, Ferraro y Pichetto. Luego hubo apariciones públicas de cada dirigente por su lado; Larreta, por ejemplo, le espetó al ministro Daniel Filmus la creciente inflación en un evento público que compartieron en el Malba. Ahora, la intención opositora es mostrar una foto de unidad con todos sus referentes.

“Se mostrarán civilizados y preocupados; diferentes al oficialismo, que ya es una catástrofe”, interpretó una voz que recorre a diario los pasillos del radicalismo. 

En diálogo con este medio, una de las espadas legislativas de la Coalición Cívica de Elisa Carrió analizó que la coyuntura actual “es un momento de atomización y disgregación del Gobierno nacional, donde se acentúa cada vez más la situación institucional, social y económica”. Y agregó sin medias tintas: “Asistimos a golpes de palacio por parte de la Vicepresidenta”.

La discusión interna

Pero más allá de lo que digan hacia afuera, el encuentro en San Telmo también será un espacio para intentar limar las asperezas internas, de cara a la estrategia que se irá armando para el 2023. En la pasada reunión en la sede de la Sociedad Rural de Río Cuarto –todo un mensaje–, se debatió cómo definir las candidaturas del año próximo. No hubo una conclusión tajante, salvo la necesidad –que planteó Bullrich– de que las postulaciones se acuerden con bastante tiempo de antelación, para evitar que los cruces internos les reste fuerza en el debate electoral contra el kirchnerismo. 

A menos de un año de la definición de los binomios, en JxC sobran los precandidatos, y hay especulaciones que van desde que el PRO y la UCR deberían definir un solo candidato propio, como que podría haber fórmulas cruzadas para ir a las PASO. Larreta y Bullrich, por el macrismo, y Morales y Facundo Manes por el radicalismo, son algunos de los anotados en la carrera. 

Tampoco está saldada la discusión sobre el factor Javier Milei. Fue justamente en la reunión de la  mesa nacional de finales de abril –en el lilito Instituto Hannah Arendt– en la que estalló la interna porque el comunicado final le cerró la puerta al referente libertario, aunque luego desde el PRO salieron a cuestionar la estrategia. 

Otro de los puntos en el temario del encuentro de este martes será abordar el trabajo de las fundaciones que integran la fuerza de centroderecha. Como ya publicó elDiarioAR, unos 120 militantes y técnicos de todas las fuerzas aliadas se reúnen semanalmente para consensuar un plan de un potencial gobierno cambiemita. 

Y es posible que quede un apartado para definir la estrategia parlamentaria de cara al segundo semestre del año, donde la discusión por el Presupuesto 2023 se llevará la atención de un Congreso en tablas entre el oficialismo y la oposición. Será el primero de la gestión Batakis –que ya presentó medidas de ajuste fiscal–, luego de que el último de Guzmán fracasara por el rechazo del interbloque opositor.

Con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, como puente de negociación entre la oposición y el Gobierno, en JxC tiene poca expectativa, más con la dinámica que se expresó en las últimas sesiones: el oficialismo puede buscar priorizar un acuerdo con el interbloque Federal, Provincias Unidas, el Movimiento Popular Neuquino, y el bloque Ser, que le sumarían los votos que necesita para darle media sanción a la llamada ley de leyes.

MC/MG

“Tenemos el número. Vamos a sacar la ley”. La frase del diputado de Juntos por el Cambio no resonó del otro lado del teléfono de elDiarioAR con tono optimista, sino más bien con cierta cautela, como apretando los dientes. Sabe que la jugada apenas cuenta con los votos necesarios: solo uno más que los 129 requeridos para el quórum, por lo que cualquier imprevisto pondría todo en peligro. 

El acuerdo opositor por la Boleta Única de Papel (BUP) sellado entre los cambiemitas, el Interbloque Federal y los libertarios de José Luis Espert tendrá este miércoles su prueba de fuego, con la sesión especial convocada por el legislador radical Miguel Nanni para darle media sanción y girarla al Senado. 

Según recogió este medio, la oposición apuesta a lograr al menos 130 apoyos, dos menos de los que consiguió hace un mes cuando el pleno del recinto votó un emplazamiento para tratar la iniciativa de reforma electoral en un plenario de comisiones.

Los opositores jugaron contra reloj con un calendario autoimpuesto: lograron un ajustado dictamen la semana pasada en los cuerpos de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia –presididos por el oficialismo, apenas sumaron un voto más–, y ya en junio van por la media sanción. “No puedo decir que está todo abrochado, pero si bajamos al recinto es porque tenemos los números”, agregó el diputado confidente.

La cautela que prima en la oposición se debe a hechos que le agregaron tensión a un debate cuya foto parece acordada de antemano: con el FdT rechazando de plano la iniciativa, aunque imposibilitado a priori de bloquear el avance opositor.

Covid y neblina

El radical Mario Negri –uno de los artífices de la jugada por ser el modelo cordobés el adoptado para la BUP– dio positivo de Covid y no estará en el recinto. A eso se le agregó la densa neblina que cubre la ciudad de Buenos Aires, lo que le impidió a muchos legisladores de las provincias por fuera del AMBA viajar en avión. Se esperaba que el martes a la tarde ya todos estuvieran en la Capital –viajando por aire o por tierra–, pero por las dudas se atrasó el inicio de la sesión cuatro horas: prevista originalmente para las 10, ahora comenzará a las 14.

Por fuera de lo coyuntural, el propio texto de la ley tendrá modificaciones en unos 20 artículos, aunque nada que cambie sustancialmente la línea de la norma, que dispone que en una única papeleta estén todas las categorías en juego en una elección nacional. Habrá modificaciones semánticas y algunos detalles sobre los plazos para que se implemente el nuevo instrumento de votación, según la propia Cámara Electoral le exigió a la oposición. No cambiará la cuestión de fondo, y una de las quejas principales del Gobierno: que comience a regir para las próximas elecciones presidenciales de 2023.

Entre las disposiciones que establece el proyecto sobre la BUP, los electores podrán elegir una lista completa marcando en un solo casillero, solo se verá hasta cinco candidatos a legisladores nacionales –mientras en los cuatro distritos más populosos donde hay más candidatos, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, habrá afiches en las escuelas con el listado completo– y se permite el proceso de simultaneidad y concurrencia en las provincias, para que cada jurisdicción tenga la libertad de adherirse o no al sistema nacional. 

Pese al consenso alcanzado, varios puntos generaron discusión dentro del acuerdo opositor. Hubo quienes alertaron sobre la posibilidad de las adhesiones y otros que cuestionaron el método de las ubicaciones de las candidaturas en la boleta: que para las PASO sea por sorteo y para las generales, de acuerdo al resultado obtenido en las primarias. Ese punto en particular, “aún está en el aire”, dijo una fuente al tanto de las negociaciones, que aún se sucedían al cierre de esta nota.

Según la calculadora opositora, los 130 apoyos opositores se sustentan en los 115 diputados de JxC –sin contar a Negri–, los ocho miembros del Interbloque Federal –que integran los peronistas cordobeses que responden a Juan Schiaretti, los socialistas santafecinos y los bonaerenses Graciela Camaño, Florencio Randazzo y Alejandro “Topo” Rodríguez–, 4 libertarios, el par de Juntos Somos Río Negro y el riojano Felipe Alvarez.

Llegarían a 131 si logran convencer a Rolando Figueroa, del Movimiento Popular Neuquino. Y podrían sumar uno más si los acompaña Romina del Plá, del Partido Obrero, que en su momento votó a favor de la discusión en comisiones, aunque esta vez sería una rareza. “130 es el piso, es muy justo”, admitió una voz con trayectoria en Congreso.

¿Y en el Senado?

Conseguida la media sanción, la pelota pasará a la Cámara alta, donde hay peronistas que están a favor de abrir el debate y podrían darle un duro revés a Cristina Kirchner. 

Para que en el Senado sancione la ley se necesitan 37 votos, de los cuales el bloque cambiemita ostenta 33 bancas propias. Llegaría a 35 con los apoyos peronistas disidentes de Alejandra Vigo –esposa del gobernador de Córdoba– y Alberto Weretilneck –de Juntos Somos Río Negro, habitual aliado del kirchnerismo pero que apoya la iniciativa, según supo elDiarioAR–. 

La clave estará en algunos legisladores oficialistas que ven con buenos ojos la BUP, como el jujeño Guillermo Snopek, que la avala, el correntino Carlos Espínola, que también se mostró a favor, y el entrerriano Edgardo Kueider, quien junto con el gobernador Gustavo Bordet impulsó una iniciativa de reforma electoral en 2018 en la provincia, que sorpresivamente fue rechazada por el macrismo local. 

Pero antes de llegar al recinto, todo dependerá de a qué comisiones la vicepresidente gire la iniciativa, donde la oposición no cuenta con mayoría en ninguna, a diferencia de en Diputados. El kirchnerismo podría entonces imponer una estrategia de bloqueo, una jugada que la oposición ya espera, como escuchó este medio, también con cautela, del mismo diputado de JxC: “Cuando esto pase al Senado, se vendrá el apriete”.

CC

En medio de las tensiones en el gobierno del Frente de Todos por el escándalo del gasoducto de Néstor Kirchner, que motivó el pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández al ministro Matías Kulfas, en una jornada que comenzó con la acusación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a “funcionarios del propio gobierno” de “ejecutar ataques, sin dar la cara, mintiendo y utilizando periodistas”, referentes de la oposición pidieron de manera pública que la Justicia investigue la licitación de las obras claves para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta. 

“Argentina necesita imperiosamente tener el gasoducto Néstor Kirchner”, tuiteó la diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, en un breve hilo de Twitter. Y continúo: “USD 3.600 millones vamos a gastar este año, teniendo la segunda reserva del mundo de gas no convencional. Las peleas internas y las denuncias mutuas se dilucidan con una Comisión del Congreso que investigue y controle.”

Y adelantó que presentará este lunes el proyecto para la creación de ese organismo “donde la oposición reciba la información y pueda ejercer su acción de control”. “Una obra de esta envergadura exige transparencia, información y control”, cerró.

En sintonía con Camaño, el presidente del bloque de Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Mario Negri, por su parte, afirmó en Twitter que “la Justicia debe investigar si hubo comisión de delitos por parte de funcionarios cristinistas en las licitaciones del gasoducto, tal como lo dejaron saber funcionarios de Kulfas y el propio ministro saliente”. “Este tema no queda en una guerra de declaraciones”, consideró.

El intendente de La Plata, Julio Garro, por su parte, aseguró en Twitter que “esta nueva renuncia en el gabinete nacional muestra una vez más que el Frente de Todos sigue priorizando sus disputas internas por sobre las necesidades de la gente”. Y consideró: “La sociedad es rehén ante este desgobierno y sufre las consecuencias de la inflación, la inseguridad y la falta de trabajo.”

El escándalo por el gasoducto Néstor Kirchner

Este sábado, mediante un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la empresa estatal Energía Argentina (ex Enarsa), en manos del cristinista Agustín Gerez, cargó contra el ministerio de Kulfas y lo acusó de montar “operaciones políticas en contra de la vicepresidenta Cristina Kirchner” en torno a la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

“A la categoría de 'funcionarios que no funcionan', planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”, sostiene el comunicado de Energía Argentina.

El comunicado reproduce una captura de Whatsapp con una información off the record del ministerio que recoge las declaraciones de la vicepresidenta y cuestiona las condiciones fijadas para la licitación de los tubos del gasoducto Néstor Kirchner, clave para la explotación del gas de esquisto de Vaca Muerta y cuya licitación está pendiente. “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, dice el comunicado.

Fernández de Kirchner retuiteó el mensaje de Energía Argentina. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, dice el tuit de la ex presidenta.

CC

La Convención Nacional de la UCR ratificó hoy su aspiración de que un radical ocupe la Presidencia de la Nación en el próximo período, al igual que en la jefatura de Gobierno porteña, en un documento en el que exhortó a “mantener unida y mejorar la coalición Juntos por el Cambio” (JxC), pese a admitir que se transitarán “inevitables tensiones y disputas”, en el camino hacia las elecciones generales del 2023.

“Lo afirmamos con toda claridad: Vamos a trabajar para tener un presidente radical. Vamos a trabajar para dar gobernadores radicales a todas las provincias. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea radical”, expresó el documento suscripto hoy por 300 convencionales que eligieron al abogado Gastón Manes como nuevo presidente de su Convención en una lista de unidad.

En el extenso documento de ocho páginas, la Convención radical defendió la idea de “fortalecer la coalición (JxC) para hacerla todavía más amplia” y postuló: “El próximo gobierno tiene que tener una coalición integrada”.

“Ahora trabajamos por la unidad para ganar y para gobernar. Y ello es inseparable de la voluntad de compromiso que requiere el respeto de las reglas que regulan la coalición y la subordinación de las pasiones y las ambiciones al logro del objetivo común: sacar a este país de la espiral de la decadencia”, señalaron en el texto los convencionales.

Con críticas al Gobierno nacional y a su “modelo agotado”, los radicales se quejaron del impacto de la inflación y de “la falta de condiciones para que la gente pueda progresar sin ser molestada”, en un escrito en el que no hubo mención a la deuda de 44 mil millones de dólares contraída por la anterior gestión de Cambiemos con el FMI.

Consideraron que “además del ordenamiento macroeconómico, las políticas del Estado tienen que brindar el marco adecuado para el impulso: reforma del sistema impositivo, estímulos y facilidades para la inversión, simplificación y facilidades para primeros empleos, formación específica para el trabajo”.

“Parte central de las políticas inmediatas es no tener déficit fiscal y eliminar gastos que no tienen impacto positivo en la calidad de vida de los argentinos. Y quienes nos dedicamos a la vida pública tenemos que tener un comportamiento transparente y ejemplar”, remarcaron.

En otro orden, la Convención recomendó “salir de la ecuación simplista de creer que la confrontación debe ser también geográfica” y argumentó: “La región metropolitana también necesita que las ciudades intermedias alejadas del AMBA se fortalezcan”.

“Nos enorgullecen los avances que están haciendo los mendocinos, los correntinos y los jujeños. Con los gobiernos radicales esas provincias potenciaron sus sectores productivos, mejoraron la educación, impulsaron las energías alternativas, trajeron inversiones, se proyectan al mundo”, destacó el documento.

En uno de los puntos orientados al plano internacional, los convencionales abonaron la idea de que la Argentina logre una “inserción inteligente en el mundo” y multiplique “acuerdos comerciales y políticos en todos los continentes”, además de “fortalecer el Mercosur” y “profundizar la integración latinoamericana”.

“Argentina debe condenar sin ambivalencias las dictaduras, las pseudo democracias, los gobiernos que reprimen la libertad y violan los derechos humanos”, plantearon los radicales y reafirmaron su “total condena a la invasión de Rusia a Ucrania”.

Un tramo del texto está dedicado a plantear críticas al “kirchnerismo” y le adjudicó “la escasez de valores e ideales claros” y “la debilidad de una visión de para qué se quiere gobernar”.

En la mirada de los radicales, que sólo mencionaron en el documento la gestión de Gobierno de Raúl Alfonsín y no la de Fernando de la Rúa, “la endeblez intelectual para marcar un rumbo y diseñar políticas acordes, ha llevado a la Argentina a una situación crítica”.

También en tono crítico, la Convención responsabilizó al Gobierno nacional por los “resultados catastróficos” en la economía, derivados de las restricciones que impuso la pandemia de coronavirus y cuestionó la implementación de un “encierro injustificadamente prolongado”.

El documento firmado por los convencionales reprobó además las “internas” de la coalición gobernante y reivindicó, en contraste, “el marco de entendimiento” de JxC, que -señalaron- ayudará a esa alianza a “transitar inevitables tensiones y disputas”, como las generadas días atrás después de que el expresidente Mauricio Macri recomendó a los dirigentes del PRO alejarse de las posturas de la UCR y recuperar su identidad partidaria.

Entre muchos otros puntos, en los que fijaron su postura frente al escenario político actual, los convencionales subrayaron: “No queremos una sociedad de engranajes corporativos para que nos pasen los años mansamente. En la búsqueda de esos valores irrenunciables como personas tenemos que pasar de un Estado ineficaz y anómico a un Estado inteligente y competente. Que le facilite la vida a las personas y les permita desarrollar sus propias potencialidades y buscar su propia felicidad, cualquiera sea”.

DA

El debate por la boleta única arrancó este martes en Diputados con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, luego de que la semana pasada una importante mayoría opositora lograra forzar al Frente de Todos a sentarse a discutir una reforma electoral y dispusiera que un plenario de comisiones firme dictamen el 31 de mayo próximo.

Agendado para iniciar a las 10, el debate per se de la iniciativa de boleta única en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Justicia se demoró más de una hora, luego de que los legisladores se enfrascaran en una discusión reglamentaria sobre cómo llevar adelante el debate en el plenario. El tono tenso y de acusaciones cruzadas al inicio ya prevé la manera en que se llevarán la discusiones en las próximas tres semanas, teniendo en cuenta que el oficialismo rechaza de plano cualquier modificación en la forma de votación.

“Estamos acá por una acción absolutamente unilateral y arbitraria, aceptando una decisión con la cual nosotros no acordamos”, acusó Germán Martínez, presidente del bloque del FdT. 

Previendo que hay unos 19 proyectos distintos de reforma electoral y que debería haber dictamen a fin de mes, el oficialismo consideró “un corset” la agenda de trabajo votada por la mayoría del cuerpo en la sesión especial del jueves pasado. Allí, un acuerdo opositor que unió a Juntos por el Cambio, con el Interbloque Federal, el liberar José Luis Espert y parte del bloque Provincias Unidas logró 132 votos a favor para emplazar a Diputados a abrir el juego sobre la boleta única. Incluso tuvo el apoyo de Romina del Plá, del Partido Obrero, en disidencia de sus compañeros del Frente de Izquierda-Unidad.

La discusión técnica entre los diputados comenzó cuando Mario Negri, jefe del bloque radical, pidió que se permita a algunos invitados especiales que vivan en el interior del país y sean convocados como oradores al debate, puedan participar por videollamada, impedidos de viajar a Buenos Aires por los feriados del miércoles próximo –por el censo nacional– y el siguiente –25 de mayo–. 

“¿De qué imposición está hablando? Cuando tienen la mayoría son la patria y el pueblo, pero cuando la tienen los otros es unilateralismo e imposición”, le espetó a Martínez el macrista Fernando Iglesias. Y dijo visiblemente ofuscado: “Hace dos meses que el Congreso está parado. Cerraron la Cámara de Diputados”.

La queja opositora por la demora en Diputados está centrada en que hasta esta semana muy pocas de las 46 comisiones habían sido constituidas luego de la renovación del pasado 10 de diciembre. De hecho, los cuerpos de trabajo de Asuntos Constitucionales y de Justicia recién se conformaron ayer martes. Cerca de Sergio Massa argumentaron ante elDiarioAR que la demora se debió a la paridad de fuerzas y las pujas internas, no solo en el FdT, sino también en JxC: actualmente está integrado por diez bloques distintos y aún no definió un presidente.

“Se ponen muy nerviosos”

Saldada la discusión técnica, la oposición protagonizó el debate, con solo una intervención en el micrófono del oficialista Sergio Casas. “No me parece una urgencia tratar este tema”, se quejó el ex gobernador de La Rioja.

Uno de los cruces más fuertes se dio cuando Juan Manuel López, titular del bloque de la Coalición Cívica dentro de JxC, apuntó contra el financiamiento de los partidos políticos durante las elecciones. “Los partidos políticos imprimen muchas más boletas que las que paga el Estado. Imagino el PJ, sobre todo en la provincia de Buenos Aires”, señaló el legislador, lo que despertó el enojo de Leopoldo Moreau, del FdT.

“No se preocupe Moreau, esto también los va a favorecer cuando sean minoría de vuelta”, le chicaneó López, despertando el aplauso de sus correligionarios. “Es un debate interesante como se financian los partidos. Se ponen muy nerviosos”, agregó, antes de recordarle al oficialismo que Cristina Kirchner rechazó ya la reforma electoral en su discurso del viernes pasado en Chaco. “Les bajó la orden de que boleta única no. En el Senado la vicepresidenta de va a tener que hacer cargo si quiere mas o menos transparencia”, cerró. 

La primera reunión de comisiones por la boleta única terminó pasado el mediodía. En el esquema esbozado por la oposición, los próximos encuentros se prevén para los días martes 17 y 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio. A juzgar por el resultado de la última sesión, estaría descontada la media sanción en Diputados, aunque muy difícilmente consiga convertirse en ley en el Senado. 

En la Cámara alta, Cristina Kirchner junto a los aliados provinciales del FdT como Magadalena Solari Quintana (Frente Renovador de Misiones) tiene poder de veto. La oposición cuenta con 33 votos, pero quedaría lejos de los 37 necesarios para sacar la ley. “Es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde sólo se conoce al primer candidato. Una boleta donde vos votás una lista de diputados pero no sabés si hay chorizos o si hay ajos”, graficó la vicepresidenta desde Chaco para cuestionar la boleta única, que calificó de “boleta oculta”.

Esta noche, el bloque de senadores del Frente de Todos se dividió en dos. De esta manera, el oficialismo podría llegar a acceder a dos miembros en el Consejo de la Magistratura, uno por ser la mayoría y otro por la segunda minoría, cuando en la conformación anterior tenía solo uno y el otro quedaba en manos de Juntos por el Cambio.

De los 35 legisladores, 21 quedaron en el nuevo bloque “Frente Nacional y Popular” y 14 en el otro, más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, llamado “Unidad Ciudadana”.

En el bloque “Frente Nacional y Popular” quedaron: José Mayans (presidente), Guillermo Andrada, Daniel Bensusán, María Eugenia Catalfamo, Maurice Closs, Lucía Corpacci, Carlos Espínola, María Teresa González, Ricardo Guerra, Edgardo Kueider, Claudia Ledesma Abdala, Marcelo Lewandowski, Cristina López Valverde, Sandra Mendoza, Gerardo Montenegro, José Neder, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Adolfo Rodríguez Saa, José Uñac y Pablo Yedlin.

En “Unidad Ciudadana”, que presidirá Juliana Di Tullio, lo integrarán Carlos Alberto Linares, Mariano Recalde, Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Silvia Sapag, Oscar Parrilli. Guillermo Snopek, Anabel Fernández Sagasti, Nora del Valle Giménez, Ana María Ianni, Matías Rodríguez, María Eugenia Dure y Sergio Leavy.

La reacción de la oposición no se hizo esperar: Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, calificó de “vergonzosa e impostada división del bloque del Frente de Todos para intentar robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura”.

En el mismo sentido se explayó el presidente del Bloque UCR en Diputados, Mario Negri. “El único plan que tiene Cristina Kirchner es controlar la Justicia. Mandó a dividir el bloque de Senadores para impedir que Luis Juez llegue al Consejo de la Magistratura. En Diputados seguramente harán lo mismo para impedir que asuma Roxana Reyes. Sólo quiere su impunidad”, denunció.

“A mi no me asombra la maniobra del Kirchnerismo en el Senado, es el kirchnerismo puro. Esto significa una artera maniobra peor que la complicidad que el juez del Paraná. Andan con un fosforo apagado, guarda que lo van a aprender”, agregó Negri. “La raíz del problema es no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esperemos que en la Cámara de Diputados no intenten hacer lo mismo. Nosotros vamos a recurrir a la Justicia. A ellos les importa un comino lo que pase con las instituciones, deben pensar que a los ciudadanos esto no les importa mucho, obviamente con una inflación que vuela, con un problema social de alta tensión. Deben creen que esto le permite hacer lo que quieran”, insistió. “Vamos a tomar las medidas que correspondan; estamos entrando en una situación de agravamiento institucional”, concluyó en declaraciones a TN.

“Los delincuentes siempre aprovechan la nocturnidad, es un acto delictual, una mentira, esto es una maniobra que desnuda el pánico que CFK le tiene a la justicia porque la pone en evidencia como nunca”, indicó el senador Luis Juez. “A mí no me perjudica, no me rasga la vestidura por los cargos, yo vengo diciendo que con los delincuentes no hay diálogo, lo único que le importa a Cristina son sus causas penales: no le importan los jubilados, la miseria ni la desocupación”, agregó. “Esto es una maniobra ridícula y absurda para quedarse con una banca en la magistratura”, precisó Juez.

El pasado viernes venció el plazo de 120 días dispuesto por la Corte para que el Congreso sancione una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, tras declarar la inconstitucionalidad de la conformación del organismo. A partir de este fallo, a partir del lunes el órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces, debía volver a tener 20 integrantes y al titular de la Corte como presidente, respaldado por la norma de 1997, derogada por el kirchnerismo en 2006. La UCR y el PRO ya hicieron una presentación formal de sus representantes, la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez.

DA

La composición del Consejo de la Magistratura es el epicentro del nuevo terremoto político que sacude al Gobierno, ya de por sí con una gestión loteada y sus máximos exponentes enfrentados en la cúpula sobre qué hacer con la economía. Pero ahora el eje está en la Justicia, y parece ser una causa asumida como propia por el kirchnerismo–cristinismo en el Frente de Todos, relegando al albertismo a ser testigo involuntario y al massismo, otra vez, obligado a hacer equilibrio entre ambos.

Desde que comenzó este lunes, primer día hábil luego de que venciera el plazo impuesto por la Corte Suprema para que el Congreso vote una nueva composición en el organismo que designa y remueve a los jueces de todo el país, el kirchnerismo salió en cadena a copar los medios para denunciar lo que consideran “un golpe institucional”: el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumiendo al frente del Consejo. Sería una vuelta al pasado, ya que caída la ley vigente desde 2006, la composición volvería a los años noventa, cuando en el órgano había 20 miembros que eran encabezados por el presidente de la Corte.

El tuit de la noche de Pascuas de Cristina Kirchner dio luz verde para que esta mañana salieran a despotricar contra la Corte una infinidad de sus dirigentes más afines: su mano derecha, el senador Oscar Parrilli; la responsable de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky. También salieron los legisladores Marcelo Casaretto y Gustavo Valdés, e incluso el jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco. 

Ante un poder del Estado que se maneja solo a través de fallos escritos con un lenguaje poco legible para cualquiera persona de a pie, las declaraciones públicas parecieran ser más para la tribuna que para cambiar el humor de los jueces. Pero el kirchnerismo insiste en el talón de Aquiles de Rosatti: “Fue el mismo que Macri designó a dedo; que se auto votó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces”, señaló también vía Twitter el ministro Soria.

En medio de la tormenta de declaraciones políticas, Alberto Fernández se llamó al silencio y se enfocó en la visita de su par ecuatoriano, Guillermo Lasso. Pero sí instruyó a Germán Martínez –al frente del bloque oficialista en Diputados luego de la renuncia de Máximo Kirchner– para que salga pedir abiertamente que la Corte otorgue 90 días más de plazo para sacar la nueva ley, pero hasta el momento también fue una expresión más pública que formal. En el máximo tribunal ya habían anticipado que correr la fecha de un fallo era algo inédito. 

La espada legislativa del oficialismo se enfoca en hacer cálculos: la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley votada en 2006 a instancias de una iniciativa de Cristina Kirchner, que llegó al máximo tribunal el 22 de agosto de 2017 y recién tuvo fallo el 16 de diciembre pasado. Es decir, el máximo tribunal tuvo 1.577 días para analizar un fallo que determinó sólo 120 días para una nueva ley. Pero la crisis interna del Gobierno consumió más de tres meses, hasta que el Senado le dio media sanción a una nueva norma, otorgándole a Diputados apenas cuatro días hábiles para tratarla. 

Sin embargo, la iniciativa del kirchnerismo nació muerta. Primero porque no tiene número suficiente para darle sanción definitiva. Y segundo porque su proyecto no contempla que la Corte Suprema integre –y presida– el Consejo de la Magistratura–, algo inaceptable para todo el arco opositor, que es en definitiva quien pudiera darle quórum y los votos al FdT. 

Ante ese panorama, Sergio Massa le pidió una reunión para esta tarde al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para conocer su mirada y tiene pensado llamar a la convocatoria para crear la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar el tema. También tiene previsto citar a los presidentes de los distintos bloques, pero ningún teléfono sonó en Juntos por el Cambio. De hecho, este mediodía el radical Mario Negri y el macrista Cristian Ritondo podrían haberse encontrado con Massa en la Cámara baja, donde habrá una reunión con los gobernadores del Norte Grande, pero tampoco irán. 

“A mí no me invitaron a nada afortunadamente”, contestó con sorna un referente de la bancada opositora, que ve imposible que haya acuerdo parlamentario para avanzar. “No hay que ser ingenuo, ya pasaron las Pascuas”, comentó un habitué del Congreso.

Sin encuentro político, Negri tenía a la firma su pedido de per saltum para que la Corte se expida sobre el amparo firmado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, que inhabilitó la designación de la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez en el Consejo como los miembros de la oposición que deben completar la nueva–vieja integración de 20.

Con el Frente de Todos solo criticando y pidiendo más tiempo a la Corte, y la oposición firmando un per saltum, los caminos vuelven a conducir a la Corte Suprema. Sin diálogo político que resuelva un conflicto político, no hay salida al laberinto.

MC