Axel Kicillof dio luz verde al lanzamiento formal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre. Si bien sostiene el argumento de que trabajará hasta el final por lograr la unidad con Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador decidió mostrar su músculo político y avanzar con un frente electoral que le permita competir en todas las secciones caso de que no alcanzar un acuerdo con La Cámpora.

La demostración de fuerza será el 24 de mayo en una sede del gremio UPCN en La Plata. No será solamente una foto para irritar al kirchnerismo, sino la imagen de la estructura bonaerense en la que se parará en caso de no cerrar filas con Cristina y con Sergio Massa. 

El acto empezó a planificarse hace dos semanas, a un año del plenario de Varela, el evento que funcionó como un parteaguas en el peronismo bonaerense, ya que fue la primera vez que todos los dirigentes alineados a La Cámpora pegaron el faltazo y por primera vez se empezó a hablar de “axelismo”. Sin embargo, como supo elDiarioAR, había dudas entre los ministros más cercanos al gobernador sobre la pertinencia de armar algo ahora que irritara nuevamente al kirchnerismo. El humor cambió en las últimas horas, después del voto de suspensión de las PASO, ya que los diputados de Cristina decidieron no votar las modificaciones que había reclamado el gobernador sobre los plazos del calendario electoral.

“La idea es que movilicemos desde todas las secciones y Axel sea el único orador. Estamos avanzando para tener una estructura competitiva”, afirmó un colaborador cercano a Kicillof. La idea es que, de continuar este cronograma electoral, el axelismo pueda inscribir su propio frente en julio, probablemente bajo el nombre de “Movimiento Derecho al Futuro”. Dar ese paso –se atajan en La Plata– no implicaría que se detengan las negociaciones con Cristina, pero sí un resguardo para poder competir solos en caso de no llegar a un acuerdo. 

En La Plata también diagraman una estructura partidaria sobre la cual apoyarse en caso de que tengan que ir por afuera del PJ nacional y bonaerense. Kicillof podría apoyarse en el partido Unidad Popular, que preside Claudio Lozano a nivel nacional y que tiene personería jurídica a nivel provincial; el partido Frente Grande, que preside el intendente Mario Secco (Ensenada) otro kirchnerista converso al axelismo, y La Patria de los Comunes, que preside Gildo Onorato, funcionario y dirigente del Movimiento Evita. 

En ese marco, el axelismo trabaja en la búsqueda de candidatos propios en caso de que necesite ponerlos a competir. Además de mostrarse recientemente con su ministro Gabriel Katopodis, que suena como uno de sus posibles candidatos a encabezar la boleta por la Primera sección, desde el axelismo también deslizan que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, podría ofrecerse para enfrentar a Cristina en la Tercera, aun sabiendo que el desafío podría derivar en una fuerte derrota. “Ganas no le faltan”, ironizó un intendente que hoy se para en el limbo y mira desde allí las discusiones tuiteras entre Máximo Kirchner y el jefe comunal. 

En el interior bonaerense también hay movimientos. Hace una semana, algunos intendentes de la Quinta y Sexta sección oficializaron su encuadramiento en el MDF. Carlos Bianco, mano derecha del gobernador, también mantuvo una reunión con dirigentes de la Séptima, para empezar a buscar apoyos en los distritos más adversos para el kirchnerismo. 

Después de algunos días de calma por la aparente voluntad de llegar a un acuerdo electoral, el fantasma de la ruptura volvió a aparecer en boca de varios dirigentes, tras las diferencias por el cronograma. Lo cierto es que la interna, en loop, nunca se resolvió y desde hace meses paraliza cualquier iniciativa conjunta. En la sesión del lunes, los discursos fueron durísimos. Desde el axelismo, la legisladora Susana González acusó a la tropa de Cristinad e actuar “como un bloque de la oposición para que le vaya mal al gobernador”. Desde la vereda de enfrente, el camporismo le recordó al gobernador haber llegado gracias al “dedo” de Cristina. 

“Si llegamos a ir juntos, es una formalidad absoluta. Adentro estamos a las trompadas. Después de esta elección se va a poner aun más tenso porque vamos a empezar a caminar el país para la candidatura presidencial”, reconoció un intendente que orbita en el MDF. Las heridas no están saldadas, por eso no hay certezas de cómo será el procedimiento de armado de listas y no descartan una fractura. 

LA/MG

En la provincia de Buenos Aires, la pelea interna del peronismo sigue escalando en tensión y así parece que continuará hasta las elecciones legislativas de 2025, que serán dentro de 11 meses. Esta vez, la renuncia de Ariel Burtoli, concejal en Quilmes, a la bancada oficialista, generó una nueva crisis dentro de las filas del peronismo. Burtoli, quien llegó a la banca en 2023 gracias a un acuerdo entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la CGT local, decidió conformar un monobloque llamado “Unión por la Patria-Peronismo bonaerense”, alineándose con Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, uno de los principales aliados de Axel Kicillof que además está enfrentado a Cristina Fernández de Kirchner.

La ruptura ocurre en un contexto de creciente tensión entre Mendoza, que es una de las referentes de La Cámpora, la agrupación que lidera el hijo de la flamante presidenta del Partido Justicialista nacional, el diputado Máximo Kirchner, y el intendente Ferraresi, que estuvo hace unos días en Quilmes mostrando la falta de obras y gestión de la intendenta quilmeña.

La jefa comunal, en respuesta a su colega peronista, publicó un tuit, dirigido a Kicillof, a quien le pide obra pública para su municipio y donde fustiga a Ferraresi, exministro de Vivienda de Alberto Fernández.

“Es una pena que cuando era ministro de Hábitat y ferviente impulsor de la reelección de Alberto Fernández [Ferraresi] no mostrara esta misma preocupación por la situación de los barrios de Quilmes. Es más, recuerdo con asombro las excusas con las que nos trababa las obras que le solicitábamos para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas. Te voy a hacer llegar algunas de las notas que le envié en su momento, y aprovecho la oportunidad para pedirte nuevamente a vos, Axel, como nuestro gobernador, el compromiso para avanzar y que nos ayudes a lograr esto que todavía nos falta”, posteó Mendoza.

La ruptura entre Kicillof y Cristina impacta en la Provincia, donde ya proyectan un enfrentamiento abierto en 2025. Los intendentes que trabajan para el gobernador se creen beneficiados por el cambio en el sistema de votación (de la tradicional boleta partidaria a la boleta única de papel, ya sancionada por ley del Congreso), que anulará el “efecto arrastre”. Algunos rechazan ir a internas contra La Cámpora y plantean competir en espacios independientes en el tramo seccional y local.

Esta ruptura de un bloque de concejales es la segunda vez en menos de un año bajo la influencia de Ferraresi y, por ende, el aval de Kicillof: ya en diciembre de 2023, la concejala Belén Berrueco, ligada a Ferraresi, rompió con el bloque oficialista en Lanús, un municipio gobernado por otro referente camporista, Julián Álvarez, quien fue viceministro de Justicia durante la presidencia de CFK, lo que provocó un conflicto similar al que hoy enfrenta el oficialismo quilmeño.

El enojo dentro del kirchnerismo es abierto y afirmativo: acusan a Ferraresi de fomentar divisiones cuando la unidad debería ser la prioridad, especialmente ante los desafíos políticos y económicos que presenta la gestión de Javier Milei a nivel nacional.

“El intendente que recorre la provincia construyendo para el gobernador otra vez rompe el bloque de concejales en un municipio peronista. Lanús y Quilmes, lugares donde el peronismo les ganó a [Néstor] Grindetti y a [Martiniano] Molina, intendentes de [Mauricio] Macri. Que la cuenten como quieran”, dijo el jefe del bloque de diputados provinciales de UP, Facundo Tignanelli, tras la salida de Burtoli, que había participado de una recorrida de Ferraresi por las villas quilmeñas La Matera y Villa Luján que irritaron al camporismo y en especial a la intendenta Mendoza.

Kicillof, con esta segunda ruptura, les está marcando la cancha para 2025: los intendentes no camporistas son los más interesados en ir separados para que CFK no les arme las listas en sus distritos; hasta ahora, se supone que la disputa será en una interna, pero no descartan ir en espacios distintos a la elección general, aun sabiendo que así casi seguro ganaría Milei en la Provincia de Buenos Aires.

JJD, con la colaboración de Lucía Aisicoff

Cristina Fernández de Kirchner fue proclamada este martes como la nueva presidenta del Partido Justicialista nacional, cargo en el que asumirá formalmente el 17 de noviembre. La junta electoral dictó la resolución a las 19 y así la conducción del partido de Juan Domingo Perón volverá a estar completa, tras la renuncia a ese cargo de Alberto Fernández. Horas antes de la formalidad partidaria, la exmandataria nacional había desembarcado en Avellaneda para charlar con representantes de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Buenos Aires. La elección no fue casual: el municipio es gobernado por Jorge Ferraresi, principal impulsor del salto nacional de Axel Kicillof. 

El gobernador bonaerense, pasadas las 10 de la noche, finalmente decidió felicitar públicamente a Cristina por su ascenso a la jefatura del PJ nacional. Lo hizo con un breve tuit.

Ex vicepresidente del Instituto Patria, Ferraresi hoy está enemistado con Cristina y ella eligió ir a Avellaneda por segunda vez en menos de un mes. Ya había estado el 17 de octubre, horas antes de que Kicillof encabezara un acto en Berisso por el Día de la Lealtad. En esa fecha visitó la Universidad Nacional de Avellaneda y conversó con sus estudiantes, mientras que este martes recorrió la fábrica Vetrano Sacifi para charlar con sus dueños y operarios. Luego la escucharon unos 100 empresarios, sentados en ronda, en un encuentro organizado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo. “Este modelo es como un yogur, todos sabemos que se vence”, fue una de las frases que eligió para criticar el programa económico. 

Este modelo es como un yogur, todos sabemos que se vence

Cristina Fernández de Kirchner — presidenta del Partido Justicialista (PJ)

“Queremos recuperar la vocación frentista del peronismo”, afirmó a elDiarioAR un dirigente de diálogo cotidiano con Cristina. A la exmandataria le interesa particularmente acercarse a estudiantes y empresarios pyme, dos sectores golpeados por el ajuste de Milei. La estrategia tiene una reminiscencia a la campaña de 2017, cuando Cristina como candidata a senadora buscó contener en Unidad Ciudadana a distintos actores de la sociedad civil que se sentían perjudicados por el gobierno de Mauricio Macri. En cada uno de sus actos, subía al escenario a personas que representaban a personas caídas del esquema productivo, representantes del daño al tejido social de las políticas de Cambiemos. 

Su intento de presidir al PJ con una mirada “amplia” tiene escollos en el camino. El principal es que el proceso por el que llegó a la conducción del partido dejó un tendal de heridos. Uno de ellos es Ricardo Quintela, quien quedó afuera de la carrera por carecer de los avales y documentación para respaldar su candidatura, tal como confirmó el fallo de la jueza María Servini. El riojano reaccionó con fastidio y —pese a que recibió un llamado desde el Instituto Patria— se negó a reunirse con Cristina. Por el contrario, dejó trascender que está decidido a lanzar su línea interna, “Federales”, en oposición al peronismo concentrado en el AMBA. 

El factor Kicillof

El verdadero dilema es cómo se resolverá la crisis con Kicillof. Lejos de calmar las aguas, distintos dirigentes cercanos a Cristina insistieron con los señalamientos contra el gobernador por no haberse pronunciado en público a favor de su lista para el PJ. Eduardo “Wado” de Pedro, Julián Álvarez y Mayra Mendoza fueron algunos de los que lo cuestionaron en los últimos días. 

Kicillof buscó dar por superado el capítulo y se mostró concentrado en la gestión. El lunes lanzó una convocatoria a intendentes opositores para que firmen un reclamo conjunto a la Casa Rosada por obras y recursos demorados. Fue un mensaje al Presidente, pero sobre todo a la interna peronista, para resaltar su liderazgo. 

“Nuestra oposición me pide que insista y me parece bien que se pliegue al reclamo. A lo largo de esta semana estaré invitando a los intendentes de todas las fuerzas políticas a firmar con nosotros un reclamo conjunto al gobierno de Milei”, anticipó en un hilo en X, donde compartió un video de las obras paralizadas por el Gobierno nacional en los distintos municipios. “Las rutas nacionales sin inversión se deterioran y se vuelven más peligrosas. Las obras abandonadas se vandalizan e intrusan. No son un renglón de una planilla, son obras que mejoran la integración, obras que educan, curan y que generan empleos. El país sin obras pierde derechos y oportunidades, pierde futuro”, cerró.

“Que se haya resuelto la conducción del PJ nacional no salda el conflicto político de la provincia. No hubo tregua”, sostuvo a elDiarioAR. En ese sentido, opinó que la visita de Cristina a Avellaneda ratifica algo que la expresidenta viene repitiendo: ella busca “enderezar” y “reordenar” al peronismo. “En definitiva, es un intento de disciplinar, pero el problema es que muchos ya no responden a su conducción”, analizó. Hace pocos días, el 29 de octubre, el kirchnerismo también lanzó en Avellaneda la mesa “Cristina Presidenta”, con la participación de figuras muy cercanas a la expresidenta, como De Pedro, Paco Manrique, Vanesa Siley y el secretario general de UOM, Abel Furlán. 

Cristina hasta ahora no consiguió el apoyo explícito de los gobernadores peronistas ni de la CGT. La experiencia de Unidad Ciudadana la corrió de la necesidad de negociar con algunos sectores que hoy forman parte del peronismo y cabe la pregunta de si los podrá contener. La mayoría vaticina que la verdadera pelea se concentrará en la provincia de Buenos Aires y se desatará a la hora de confeccionar las listas del año próximo.

LA/JJD

Atrapados en una interna que no se resolverá en el corto plazo, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires no ocultan su incomodidad ante el fin de la tregua entre el gobernador Axel Kicillof y el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner.

El reciente cruce entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, marcó la ruptura del acuerdo de paz que habían aceptado ambos bandos —el de los intendentes que trabajan para levantar la figura de Kicillof y los alineados a La Cámpora— para mostrarse compactos a la hora de enfrentar al gobierno de Javier Milei. 

“Sos un cagón”, le dijo Mendoza el martes pasado a Ferraresi. La miraban, desconcertados, otros ocho intendentes, Kicillof y algunos de sus funcionarios, reunidos en La Plata por la firma de contratos de leasing con la Provincia. El insulto de la intendenta camporista fue a raíz del acto que Ferraresi había organizado 24 horas antes en Bernal, partido de Quilmes, con dirigentes peronistas enfrentados a su sector. Mendoza y su entorno interpretaron a ese acto como una provocación.

El enojo escaló también contra el gobernador: “Kicillof no puede estar ajeno a estas movidas”, repitieron sobre los actos de Ferraresi, pidiéndole un “gesto” a Kicillof para que se exprese contra el accionar del intendente. Pero Ferraresi no se echó atrás sino que redobló la apuesta en un encuentro similar el último viernes en Lanús, distrito gestionado por el camporista Julián Álvarez. 

En diálogo con elDiarioAR, un dirigente que responde a la intendenta aseguró que la bronca se extiende más allá de las fronteras de La Cámpora, porque Ferraresi hizo lo mismo en Merlo y San Fernando, gobernados por el peronista Gustavo Menéndez y el massista Juan Andreotti. Lo acusaron sin eufemismos de querer “romper el peronismo”.

Kicillof buscó mantenerse al margen de la disputa, una maniobra compleja ya que la convocatoria de Ferraresi tiene como objetivo levantar la figura de Kicillof. Hubo, sí, una directiva: los flyers oficiales del acto de Quilmes no incluyeron ninguna foto ni alusión al gobernador. El único eslogan fue “La patria no se vende”. 

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, hoy parado en la vereda de enfrente de Máximo Kirchner en la interna, defendió a Ferraresi el domingo en Radio Con Vos: “Jorge es una figura emblemática del peronismo, un apellido. En tiempo de triunfo del macrismo Jorge fue un puntal del Instituto Patria y nunca renunció a su identidad política. Tiene todo el derecho a caminar, a construir. No lo leería en términos de interna. En Avellaneda también se hicieron actos donde a Jorge no lo convocaron, protagonizados por compañeros de La Cámpora”. 

Kicillof admitió el lunes que la interna existe pero intentó aplacarla. “La intención es lograr la unidad, la unidad fuerte en base a puntos en común y en eso estamos trabajando permanentemente”, explicó en el marco de una conferencia de prensa que llevó adelante en La Plata.

Intendentes en stand-by: fraccionados y sin jefe

Los intendentes peronistas se encuentran en un momento de máxima fracción. Por un lado, Ferraresi y Mario Secco (Ensenada) construyen para Kicillof sin despegarse de Cristina pero en oposición a Máximo. La pelea tiene que ver, una vez más, con el poder de la lapicera para las próximas elecciones de medio término y la intención de que no sea La Cámpora la que monopolice el armado de listas. 

En el respaldo a Kicillof se suman, con menor exposición, intendentes como Julio Alak (La Plata), Andrés Watson (Florencio Varela) y Mariano Cascallares (Almirante Brown). Con ellos se mueven funcionarios de Kicillof como Larroque y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, que mantiene un perfil más dialoguista y no suele ser foco de ataques de La Cámpora. Enfrente, los alineados a La Cámpora, como Mendoza, Álvarez y Damián Selci (Hurlingham). 

En el medio de ambos bandos hay una liga de intendentes de buen vínculo con Kicillof que no está dispuesta a erosionar la relación con Máximo. Tienen matices, algunos están más volcados al gobernador y otros al presidente del PJ. Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno) integran este grupo. 

Las discusiones entre ambos sectores dejan a esa gran mayoría silenciosa en un estado de incomodidad, tironeada, en un intento de equilibrio. Uno de ellos planteó a elDiarioAR que las dificultades que atraviesan responden también al corrimiento de Martín Insaurralde de la escena política: “Se nota su ausencia, porque él era un gran impulsor de armar grupos entre los intendentes, reunirnos, buscar mostrarnos como un bloque. Hoy no hay nadie que ocupe ese rol”, analizó. 

Los intendentes tendrán pronto un nuevo desafío: la mesa política de Kicillof prepara un acto para el 1° de julio en la Quinta de San Vicente por los a 50 años de la muerte de Perón. Todos serán invitados a este evento en el que las presencias y ausencias serán una señal de la distribución de poder en la Provincia.

LA/JJD

El ministro de Economía aseguró este lunes que las 278 obras que se llevarán adelante en los 12 municipios donde presta servicios Edesur se financiarán con los ingresos de la propia compañía, la cual que deberá destinar el 37% de su facturación al plan que se desarrollará en los próximos 180 días. Respecto a la actualidad del Gobierno Nacional, dijo que “en los momentos difíciles es cuando uno más muestra la determinación, y a nosotros nos enseñaron que frente los problemas, pensar soluciones, siempre para adelante y nunca para atrás”.

En un acto que encabezó junto a la secretaria de Energía, Flavia Royón, y el interventor de Edesur e intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el ministro Sergio Massa también anunció que en 30 días el Gobierno dará a conocer el Plan Quinquenal que priorizará las obras a realizar en los próximos cinco años en la Ciudad de Buenos Aires y partidos del Conurbano.

“Hoy empieza una etapa de trabajo, son 180 días, cada intendente va a ser guardián de que se cumplan las obras”, dijo Massa en su intervención, que a la vez que puntualizó que “el Estado nacional no puede dejar a los intendentes abandonados a la deriva”.

El titular de la cartera económica precisó que, además del programa de obras de 180 días, “dentro de 30 días se va a presentar el Plan Quinquenal” que, según aclararon desde el ministerio, “se dará en función del desarrollo territorial e industrial que requiere cada municipio” y demandará una inversión de $7.000 millones.

Massa también indicó como “dato central” que “el 37% de la tarifa tiene que estar puesto en inversión” que se va a financiar “con la misma recaudación de la tarifa de Edesur”. Con las 278 obras programas en los primeros seis meses, se buscará que al término de ese período “la dramática situación sea un pésimo recuerdo” para los usuarios, “y para la empresa un hecho desgraciado”, mientras que el Estado ejercerá “la obligación de cumplir con sus obligaciones”.

El ministro instó a “que cada uno cumpla su rol, las empresas concesionarias deben cumplir los contratos e invertir” y la administración pública “debe hacer valer su rol de control y regulador a veces con herramientas que pueden ocasionar disgustos, como la intervención”. En esa línea, ponderó la tarea de Ferraresi, a quien caracterizó como “uno de nuestros mejores soldados para una batalla difícil” y que en 30 días “definió un programa de obras, en una mesa con intendentes y la empresa”.

Por otro lado, el titular del Palacio de Hacienda puso de relieve la participación del Gobierno porteño, con el convencimiento de que “el problema no es de la ciudad, la provincia, de un partido político o del otro, sino de miles y miles de vecinos que hace años ven dilatadas las inversiones y tienen problemas con el servicio de luz”. Una de las obras principales será la construcción en la Ciudad de Buenos Aires de la subestación Mitre, “que beneficiará a unas 800.000 personas”.

Por su parte, Ferraresi indicó que “el control y el seguimiento de las obras la vamos a hacer con los intendentes y, la fiscalización con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y Royón convocó a buscar ”entre todos una solución definitiva a los problemas de distribución de energía en la zona“.

Los intendentes presentes en el acto fueron: Blanca Cantero (Pte. Perón); Juan José Mussi (Berazategui); Marina Lesci (Lomas de Zamora); Andrés Watson (Florencio Varela); Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan José Fabiani (Almirante Brown); Mayra Mendoza (Quilmes); Alejandro Granados (Ezeiza); Marisa Fassi (Cañuelas); Diego Kravetz (Lanús) y Fernando Gray (Esteban Echeverría).

Por la Ciudad de Buenos Aires, estuvo presente el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma, José Luis Giusti.

LC con información de agencia Télam

La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tendrán representantes en la intervención de EDESUR, que encabezará Jorge Ferrarsi, cuyo objetivo es la fiscalización de las inversiones en infraestructura que debe realizar la compañía para mantener el servicio.

La invitación a integrar este cuerpo fue incluida en la resolución 307/2023 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicada este martes en el Boletín Oficial que oficializó la intervención.

La medida fue anunciada este lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa, quien aclaró que la intervención no afecta la tenencia accionaria de la empresa, sino que inspeccionará el cumplimiento del contrato de concesión.

En la resolución publicada en las últimas horas, el ENRE indicó que “con motivo de los sucesos ocurridos el 10 de febrero quedaron 180 mil personas usuarias fuera del servicio” y que en “los días posteriores hubo eventos de baja y media tensión que derivaron en interrupciones reiteradas y prolongadas del servicio”.

Además el ENRE indicó que “ha detectado desvíos y demoras entre la base de reclamos de cortes” y que con ello “ha quedado en evidencia que tanto los procesos operativos de gestión de reclamos primarios como el manejo y la transparencia en la información brindada tanto al Ente como a las personas usuarias afectadas se aparta de las buenas prácticas”.

En otro de los considerandos de la resolución el ENRE sostuvo que “la distribuidora incumple en forma recurrente y sistemática con los parámetros de calidad media y, ante eventos de magnitud los procedimientos operativos de atención de reclamos y reposición de suministros fracasan reiteradamente, denotando déficits de recursos, de planificación operativa y de inversiones”.

El organismo de control consideró que “frente a la gravedad que exhibe la situación, y de forma complementaria a la realización de la Auditoría Técnica Integral y a la tramitación de los procedimientos sancionatorios correspondientes, resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativa”.

EDESUR es propiedad de la empresa italiana ENEL, que mantiene su intención de vender su participación accionaria en la compañía.

La palabra de Flavia Royon

La secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó este martes que resultó necesario realizar “una acción inmediata” sobre la operatoria de la distribuidora eléctrica Edesur ante los constantes y prolongados cortes de luz en su área de concesión, y agregó que la intervención administrativa por 180 días le permitirá al Gobierno “verificar y controlar el plan de inversiones y fiscalizar el cumplimiento de las obras y mejoras en el servicio”.

“La operación sigue estando en cabeza de la empresa, pero nos permite poder tener un mejor control, sobre todo ahora que viene el invierno para poder actuar con mayor rapidez y poder verificar y controlar el plan de inversiones”, indicó Royon a Télam Radio.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche la intervención por 180 días de Edesur “a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y de la mejora en el servicio” que debe prestar en su zona de concesión del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Al respecto, Royon destacó que “como la figura lo permite, el marco legal que es la intervención administrativa no afecta a la propiedad de la empresa”.

“Tampoco nos hacemos cargo de la operación. El equipo del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) había detectado desviaciones con respecto a lo que la empresa presentó como Plan Verano de para manejar las contingencias durante el periodo estival”, sostuvo la funcionaria.

Con información de agencias.

IG

El presidente Alberto Fernández anunció hoy el alejamiento de Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a partir del 1° de noviembre y su reemplazo por Santiago Maggiotti, actualmente secretario de Vivienda.

A través de la red social Twitter, el Presidente confirmó además que Ferraresi volverá a la intendencia de Avellaneda y le agradeció “profundamente” el trabajo que realizó al frente del ministerio y su “compromiso político en el tiempo tan difícil” en el que tuvo que encarar su gestión.

“Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Jorge Ferraresi y valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial para avanzar en la transformación estructural de nuestra Argentina”, señaló Fernández.

El mandatario acompañó el hilo de estos mensajes con una foto en la que se lo ve junto a Ferraresi y Maggiotti, y contó que se reunión con los funcionarios para “analizar el desenvolvimiento de las políticas de vivienda y hábitat que están dando respuesta a cientos de miles de familias en todo el país”.

“Con Jorge Ferraresi al frente de la intendencia de Avellaneda, con @smaggiotti al frente del ministerio y con el esfuerzo de cada hombre y cada mujer del Frente de Todos, seguiremos transitando juntos este camino de reconstrucción de un país que a todas y todos nos incluya”, completó.

Fuentes oficiales indicaron que Ferraresi quiere presentarse a la reelección como intendente de Avellaneda y quería volver a su cargo como jefe comunal antes de que se cumplieran dos años de su llegada al Gobierno nacional, algo que iba a suceder el próximo 12 de noviembre.

“Si no renunciaba antes del 12 noviembre, cuando se cumplían dos años de su llegada al ministerio, se podía considerar que no tenía un mandato cumplido en Avellaneda y entonces podía entenderse que aspiraba a dos reelecciones y eso era algo que Ferraresi no quería. Por eso acordó que dejará su cargo el 1° de noviembre”, explicaron los voceros gubernamentales.

Se ratificó que Maggiotti, segundo de Ferraresi, quedará al frente de la cartera “con el mismo equipo”, en una continuidad de las políticas que se aplican.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la relación de Ferraresi con el Presidente “es la mejor” y el mandatario está “agradecido” con su gestión.

De todos modos, Ferraresi quiere volver a Avellaneda para asegurar el año que viene un triunfo electoral del peronismo en uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense.

Hace poco más de una semana, Fernández designó a Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social, a Raquel “Kelly” Olmos en el Ministerio de Trabajo y a Ayelén Mazzina como titular de Mujeres, Género y Diversidad. Después de la danza de nombres que sonaron, Tolosa Paz reemplazó a Zabaleta; Olmos tomó el lugar que dejó Claudio Moroni y Mazzina asumió el cargo que había dejado vacante Elizabeth Gómez Alcorta.

Otro posible pronto alejamiento sería el de Juan Manzur. El jefe del Gabinete nacional comenzó a planificar su salida de la administración nacional para participar activamente de las próximas elecciones en Tucumán. Así lo confirmaron a NA altísimas fuentes de la Jefatura de Gabinete, que precisaron que el gobernador tucumano en uso de licencia podría dejar la Casa Rosada “entre febrero y marzo” del 2023.

CRM con información de las agencias Télam y NA

Jorge Ferraresi, ministro de Alberto Fernández, con terminal directa en Cristina Kirchner, puede protagonizar el próximo movimiento de la vice en el ajedrez del Frente de Todos. Como muchos otros dirigentes, Ferraresi proyecta una derrota del oficialismo en el 2023 y frente a eso, podría hacer un repliegue preventivo a Avellaneda, el distrito del que es intendente -con licencia-. Un regreso para defender el territorio: de los otros y de los propios.

Ferraresi transitó, algún tiempo, una zona híbrida: una colisión con Máximo Kirchner -por lógicas de construcción en la provincia y por el avance de un camporista, el senador provincial Emanual Santalla- pareció distanciarlo del ecosistema K, pero nunca rompió con la vice. Habitó, en ese lapso, la embrionaria mesa política de Alberto Fernández con un puñado de ministros. Si alguno dudaba de su alineamiento, el lunes se clarificó: Ferraresi asintió, con su presencia, la metralla de Cristina sobre Fernández.

El ministro, al que en el PJ bonaerense imaginan en crisis en el gabinete nacional, cuenta con una ventaja comparativa que lo excluiría, en teoría, de un eventual reproche presidencial por avalar los cuestionamientos de la vice. Ferraresi no es albertista y, como está demostrado, el presidente solo le pide la renuncia a los propios. Cerca del ministro dicen que, salvo que Fernández diga lo contrario, seguirá en su cargo nacional y mantendrá el statu quo territorial: Alejo Chornobroff será el intendente en funciones aunque, en la práctica, el día a día la ejerce Magdalena Sierra, la pareja de Ferraresi, que dejó banca en el Congreso para convertirse en jefa de Gabinete del distrito.

Entre dones y castigos, Cristina incide en vivo. “Jorge, en Avellaneda movilizaste contra las empresas que te hacían juicio,. Bueno, a mí me gustaría que esa experiencia también la cuentes en el gabinete nacional a ver si pueden hacer lo mismo que vos y pueden mejorar las cosas”, le planteó la vice. En una frase fusiló la gestión que el ministro encaró estos meses para reconciliar a los Fernández. Fracasó, como otros, en sus oficios de celestino y pasó a integrar definitivamente el club de los ministros de Alberto que reportan a Cristina junto a, entre otros, Eduardo “Wado” De Pedro de Interior, Martín Soria de Justicia y Tristán Bauer de Cultura.

Dominios

Hay, en el diagnóstico del cristinismo, un pecado original de Alberto: el de elegir a su gabinete, con la libertad que le otorgó su vice, pensando más en expresar la idea de que era un staff propio, que no había imposición de Cristina, que en armar un equipo con volumen y potencia para gestionar una crisis que, además, se magnificó con la pandemia. En ese club se suele ubicar a Martín Guzmán: Fernández eligió a un economista, al que conocía hacía poco, porque tenía como mérito que carecía de trazabilidad que lo remitiera a Cristina.

Todos los que removidos de sus cargos, con la excepción de Roberto Salvarezza -que renunció post PASO y Fernández se la aceptó- habitaban el dispositivo albertista o, dicho de otro modo, no eran cristinistas. El club de intocables lo encabeza De Pedro, a quien cada vez que se sugirió que podría ser desplazado, desde el dispositivo K se avisó que eso sería interpretado como una declaración de guerra. La astilla que desataría la fractura del FdT.

Desde el planteo de sostener la unidad, Cristina fija sus dominios: así como abraza a Ferraresi, lo elogia y lo designa como mensajero para ir a decirle a los demás ministros que hacen las cosas mal, sistematiza la posición de que dentro del oficialismo no hay grises y no se acepta la doble nacionalidad. Por un momento, Ferraresi transitó esa dualidad. Ya no.

Es un mensaje que parece dirigido a Daniel Scioli, la nueva estrella del gabinete, aterrizado tras el Kulfas-Gate y a quien, un rato antes de ser oficializado, Máximo Kirchner lo saludó con una crítica por la derrota del 2015 que atribuyó a que designó, con antelación, a casi todo su gabinete. Este martes, Andrés “Cuervo” Larroque, sumó otro argumento: dijo que se perdió porque Scioli eligió de vice a Carlos Zannini. Cristina, en una charla en 2017, se salteó esas nimiedades: no explicó las razones de la derrota sino que dijo que Scioli era el candidato que le pidieron los gobernadores.

Las críticas de la vice -sin nombrarlos pero sin ningún lugar a dudas a quien estaba dirigida-, a Miguel Pesce, el titular del BCRA y a Mercedes Marcó del Pont, de la AFIP, aplican una lógica peculiar: cuestiona sus desempeños pero, además, cuestiona la falta de coordinación, una idea que recae sobre Guzmán, a quien en el último tiempo el presidente le cedió un control mayor del dispositivo oficial.

Un caso reciente: Guzmán, junto a Santiago Lopez Osornio, diseñó el esquema de segmentación de tarifas, proceso en el que no intervinieron ni Federico Basualdo, ni Federico Bernal ni, siquiera, el secretario de Energía, Darío Martínez, todos -los primeros más que el último- con terminal directa con la vice. Un asunto clave en materia política y fiscal recae sobre Guzmán, que parece empoderado aunque, en cierto modo, queda aislado.

Reacciones

Fernández tuvo como sobria reacción, para respaldar a algunos de esos apuntados, la gestualidad de reunirlos en Olivos el martes temprano y aparecer con ellos en Casa Rosada antes del mediodía. Agenda acordada, se dijo, pero un detalle para mostrarse con Guzmán y Pesce, que además están en tensión casi permanente. Se sumó, a la ronda mañanera, Scioli. Hubo, veladamente, respuestas a ciertas omisiones de la vice en su discurso y a cuestiones estructurales que vienen desde hace una década.

La respuesta más fuerte vino de otro lado: de las organizaciones sociales que se sintieron cuestionadas por la vice. La respuesta de algunos referentes, como el “Gringo” Castro del Evita y Daniel Menéndez de Barrios de Pie, tuvo una réplica a través de Larroque, que pareció atar los cabos: aseguró que Guzmán pactó con organizaciones sociales para que no digan que el acuerdo con el FMI significa un ajuste.

Mientras promete la unidad del FdT, Cristina traza una raya entre los propios y los otros. En este club ubica a los que, hace tiempo, están enfrente: con el Evita, por caso, está distanciada desde el 2016 y tuvo un acercamiento en 2019 como parte del reordenamiento del panperonismo para armar el FdT. Por el alineamiento del Evita con Alberto, y una histórica disputa territorial con La Cámpora, la vice terminó de ubicarlos en el cuadrante de rivales. Un anticipo de las alianzas y disidencias que proyecta hacia dentro del FdT.

PI

Con los tribunales federales de Comodoro Py corridos del centro de la escena, el Gobierno, sectores del kirchnerismo y aliados rotaron el eje del conflicto con el Poder Judicial hacia la Corte Suprema de Justicia, cabeza del sistema, que será este martes el foco de la marcha del 1F, según reconocen oficialistas, opositores y judiciales a elDiarioAR.

Los ministros de la Corte esperan “un año difícil”, confió una fuente del máximo tribunal. Con el diario de hoy, todo indica que serán el “enemigo elegido para la confrontación”, el foco de las críticas y denuncias contra la Justicia. 

A los cortesanos también les llegará la hora de decidir sobre los sobreseimientos anticipados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que salieron de los tribunales federales de Retiro en 2021: los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, y una serie de recursos anteriores que pueden modificar el destino del único juicio que comenzó en su contra: Vialidad, la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Las críticas al llamado lawfare (guerra judicial); los reclamos por la falta de “democratización” de la Justicia; los tiempos y formas de los fallos del máximo tribunal -por ejemplo ante la confirmación de la sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone-; una nueva mayoría en la Corte que se desmarcó del kirchnerismo; y la elección del nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, integran la lista de quejas de los organizadores de la marcha convocada para este martes a las 18. La movilización partirá del Obelisco hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, donde los organizadores leerán un documento único, confirmó a elDiarioAR la jueza Martina Forns, representante de Justicia Legítima en la marcha.

Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado.

Marcelo Gallo Tagle. — Juez civil y presidente de la Asociación de Magistrados.

El máximo tribunal venía siendo blanco del oficialismo durante los últimos dos años. Se habló de modificar la integración de la Corte y de ampliar el número de jueces en el marco de la reforma judicial de Alberto Fernández, pero finalmente la intención quedó descartada, aunque se reedita cada tanto en algunos discursos del oficialismo. 

“En Comodoro Py ya no están en juego algunos puntos centrales para el kirchnerismo”, dice un juez acostumbrado a las contiendas mudas con el Gobierno. “El conflicto por completar la Cámara Federal (los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) se pospuso; ya quedan pocos frentes judiciales contra la vicepresidenta; no tienen el consenso para nombrar las vacantes en los juzgados de (Claudio) Bonadio, (Rodolfo) Canicoba Corral y (Sergio) Torres, ni la vacante que dejó (Liliana) Catucci en Casación. Por ahora no hay frentes acá”, resumió el magistrado. Los principales expedientes políticos en Retiro giran en torno a las causas por presunto espionaje ilegal contra exfuncionarios de Mauricio Macri.

El último punto de máxima tensión con la Corte fue en diciembre, cuando los jueces declararon la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías que rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo complejo y poco atractivo para las crónicas periodísticas pero que encierra el núcleo del conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia: se encarga de la selección de los jueces nacionales y federales y del control de su desempeño.

Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo.

Martina Forns. — Jueza federal y secretaria de Justicia Legítima.

Trasfondo

La decisión de la Corte en diciembre revirtió la ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a los jueces, abogados con matrícula federal y académicos. El fallo también exige al Congreso sancionar una nueva ley; ordena a los consejeros nombrar siete nuevos integrantes del organismo antes de abril; y establece que el presidente de la Corte presidirá el nuevo Consejo —como lo establecía la ley original de 1997— hasta que los legisladores voten la ley.

La elección de Rosatti como presidente de la Corte también impactó en el conflicto, según apuntan en Comodoro Py y el Palacio de Talcahuano. El magistrado conformó una mayoría con sus colegas Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz que le permitió juntar los tres votos -argumentando que podía votarse a sí mismo en base a antecedentes del tribunal- para ganarle la presidencia a Ricardo Lorenzetti, quien ahora mantiene buenas relaciones con el oficialismo.

La elección desencadenó la renuncia de Highton de Nolasco, aliada de Alberto Fernández. Desde entonces, las fuerzas en el tribunal se reacomodaron. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz conforman ahora el nuevo “bloque de tres”: una alianza a la hora de tomar las decisiones más políticas de la Corte.

Tras el fallo por el Consejo de la Magistratura, a principios de enero, el dirigente Luis D’Elía convocó a una marcha para “echar” a los jueces de la Corte, a quienes calificó de “miserables”. El máximo tribunal rechazó en 2020 un recurso presentado por el dirigente piquetero y ordenó que D’Elía debía cumplir su condena por la toma de la comisaría de La Boca en 2004.  

Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos.

Margarita Stolbizer. — Diputada nacional (GEN).

Con el paso de los días se sumaron Hebe de Bonafini (presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sindicalista Pablo Moyano (Camioneros) -quien también es investigado en un proceso penal- y el juez Juan María Ramos Padilla. Luego la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y pronto una lista de organizaciones políticas, sindicales, sociales, judiciales y organismos de derechos humanos. 

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo la semana última que “el Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social”. “No son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno”, sostuvo. Sin embargo, cuatro miembros del Ejecutivo se manifestaron a favor de la movilización contra la Corte y algunos ya confirmaron su asistencia. 

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó su asistencia para el martes en declaraciones a la prensa y dijo: “Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso”.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que le “parece sano y necesario que la gente se pronuncie” y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, líder de Justicia Legítima, sostuvo que la movilización es “necesaria” y que “la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien tiene bajo su cartera a la Policía Federal, encargada de la seguridad del Palacio de Justicia, también se manifestó a favor de la marcha: “Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa”, ya que “la Corte sin prestigio no es una Corte”. Ante la consulta de este medio, una fuente del ministerio confirmó que la Federal está a cargo de la garantizar la seguridad en la sede de la Corte, en la calle Talcahuano. En la cartera porteña agregaron que la policía de la Ciudad se encargará del operativo en las inmediaciones del edificio y que coordinará con la Federal.

Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa. La Corte sin prestigio no es una Corte.

Aníbal Fernández — Ministro de Seguridad

Distintas asociaciones del ámbito judicial emitieron comunicados contra la marcha del 1F.  Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones que representa a los jueces del país, dijo a elDiarioAR que el texto que la entidad distribuyó “no es una oposición a la manifestación popular”. “Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado”. “La realización de la marcha es legítima y debiera ser en forma pacífica, para expresar una idea. Pero que un poder del Estado promocione la movilización es lo que generó nuestra crítica desde la Asociación de Magistrados”, afirmó Gallo Tagle. 

Este martes, cuando la Justicia retome la actividad tras la feria de verano, el funcionamiento de los tribunales y el Palacio de Justicia será “normal”, a pesar de la movilización de la tarde, aseguró el juez del fuero civil. 

La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada.

Martina Forns. — Jueza federal y secretaria de Justicia Legítima.

En la Corte, responden que muchas de las críticas del kirchnerismo y del Ejecutivo al funcionamiento del tribunal son problemas generados por el propio gobierno. Mencionan tres de los puntos que les achacan: la Corte no tiene mujeres entre sus miembros desde la renuncia de Highton de Nolasco porque el oficialismo no activa el nombramiento de su sucesora en el cargo; los tiempos del tribunal -agregan- están directamente relacionados con el colapso de recursos presentados por el Estado nacional contra los fallos a favor de los jubilados por recomposición de haberes y reclamos a la ANSeS en su contra; y el Poder Judicial tiene un 30% de vacantes porque el poder político no se pone de acuerdo para avanzar con los concursos en el Consejo de la Magistratura.

Pedidos de renuncia

“Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo, como cuando fue el 2x1 y la sociedad experimentó que ese fallo se podía revertir”, respondió la jueza Martina Forns, ante la consulta de este medio. La magistrada es secretaria de Justicia Legítima y quien llevará la representación de la organización judicial en la marcha del martes. 

Forns trabajó en la Corte Suprema entre 1983 y 1987 y en esos años denunció al entonces ministro del máximo tribunal Carlos Fayt por presunto abuso sexual a sus secretarias privadas, según ratificó a elDiarioAR. El fallecido juez negó entonces las acusaciones y la investigación interna en su contra jamás avanzó. Forns fue trasladada a la Cámara de San Martín, concursó años más tarde y actualmente es jueza federal en esa jurisdicción.

“Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte, y la prueba que no los tienen es que no han hecho nada para removerlos de sus cargos”, aseguró Gallo Tagle. “El apoyo del Ejecutivo a la marcha es otra muestra de falta de idoneidad de la política para cumplir con las funciones de la política, la incapacidad para la virtud de los consensos -remarca Gallo Tagle-. Esto no arranca ahora. No están pudiendo designar un Procurador General de la Nación desde la época de (Mauricio) Macri”.

Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte

Marcelo Gallo Tagle — Presidente de la Asociación de Magistrados

Forns respondió: “No todos los que vamos a la marcha tenemos las mismas consignas, pero hay consenso y se han dejado de lado los personalismos, se va con unidad. Las más extremas llevan el pedido de renuncia de los jueces pero también reclaman basta de lawfare, basta de jueces patriarcales y elitistas, reclaman contra el espionaje ilegal y bregan por que haya una Justicia más parecida a la gente”. “Justicia Legítima viene reclamando desde años una reforma y democratización de la Justicia, y en ese marco, una reformulación de la composición de la Corte, un tribunal patriarcal, elitista, sin transparencia en el manejo de fondos ni perspectivas de género”, sostuvo la jueza de San Martín.

“La postura de Justicia Legítima es ir por los caminos legales y democráticos. Suena muy fuerte el pedido de renunciar pero lo que se pide es una reformulación del poder Judicial. Somos profesores de la facultad, jueces y fiscales, jamás vamos a pedir algo que no esté conforme con la ley pero acompañamos los reclamos populares aunque sean fuertes”, aseguró Forns en defensa de quienes irán a reclamar la renuncia de los cuatro jueces de la Corte.

La jueza agregó: “Yo invito a mis colegas a escuchar esta vez a la sociedad, hace bien estar al lado del pueblo y del reclamo de Justicia. Va a ser un antes y un después”.

En los tribunales de Comodoro Py 2002, uno de los jueces referentes de los federales sostiene que “el kirchnerismo necesita buscar con quien confrontar porque la base de su acción política es la confrontación y los jueces no podemos responderles”. Por eso, dice, son un enemigo conveniente. “Están perdiendo terreno, en la calle, en la economía”, dijo el juez consultado. “La marcha coincide con el regreso de la actividad judicial -tras la feria de verano- pero también es posterior a la fecha en la que debían acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si no acordaban y el lunes los mercados se derrumbaban, tenían la marcha para intentar tapar”, analizó uno de los jueces alineados con la Asociación de Magistrados. “Pero incluso habiendo acordado, la necesidad de la señora (sic) de resolver sus problemas judiciales va a seguir existiendo  el Presidente ese problema no se lo puede resolver”. Se refiere a Fernández de Kirchner.

¿Por qué la Corte y por qué ahora? 

El martes 7 de diciembre, la Corte Suprema recibió por primera vez al ministro de Justicia, Martín Soria, tras unos nueve meses de desencuentro. La reunión, de alrededor de 30 minutos, no sólo reavivó el foco de conflicto entre ambos poderes sino que tuvo como fin reeditar la confrontación, sostiene una fuente del Palacio de Justicia. “El Gobierno sabía que se venía el fallo adverso por la ley del Consejo de la Magistratura y por eso Soria pidió la reunión”, opinó un juez con aceitado diálogo con funcionarios de Alberto Fernández. 

Soria salió ese día de la reunión y criticó a los integrantes de la Corte en su cuenta de Twitter. “Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.

Forns explicó a elDiarioAR: “El palacio de Justicia - sede de la Corte- es emblemático, es el símbolo de la suma del poder pero creo que, además, es por ida de Highton, por ver cuatro integrantes varones que se autonombran o autovotan, sobre quienes no sabemos muy bien qué opinan. La marcha es contra el sistema y la Corte tiene el poder de decisión no solo de las causas sino la superintendencia de todos los jueces del país”.

“La marcha es a la Corte porque el tribunal acaba de decretar la inconstitucional de la ley del Consejo de la Magistratura. Siempre hay una reacción cuando hay un fallo adverso, y vienen los ataque a la Justicia, con promesas de reestructuraciones y sanciones”, retrucó Gallo Tagle.

“La Corte omite resolver causa en tiempo y forma y resuelve las causas que les interesan de un día para otro. Un ejemplo es la forma en que resolvieron a fines de diciembre y después de 15 años el fallo de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y determinaron que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo”, afirmó Forns. “La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada”, añadió la jueza.

Forns adelantó que la marcha se replicará en distintas provincias, donde los manifestantes marcharán a la sede de los poderes judiciales locales. 

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) también cree que el principal punto débil del Poder Judicial es su descrédito y que la Corte no ha tomado cartas en el asunto para restaurar una sana relación con la sociedad. Pero Stolbizer sostiene que el máximo tribunal es ahora foco de conflicto con el Ejecutivo porque “sigue sintiéndose fuerte frente al Gobierno y prefiere mirar para otro lado frente a los ataques”. “Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos”, afirmó la diputada a elDiarioAR.

El Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social.

Gabriela Cerruti. — Portavoz de Presidencia.

Además de los fallos que pueden eventualmente revocar los sobreseimientos de la vicepresidenta y ordenar la realización de los juicios en su contra, la Corte interviene en cuestiones de Estado que implican miles de millones de pesos en juego. El tribunal ya dictó dos fallos sobre la coparticipación y tiene pendiente fallar sobre un reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra Nación.

En 2021, los ministros de la Corte determinaron que el Estado nacional debía pagarle $86.000 millones a Santa Fe por una quita de la coparticipación federal. En un fallo anterior había beneficiado también a San Luis por $26.000 millones. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reclama ante el tribunal que Nación restituya el porcentaje de coparticipación que había recibido durante la gestión de Mauricio Macri para el financiamiento de la policía de la Ciudad y que le fueron quitados por el presidente Fernández. 

“Esta marcha es un comienzo. Hay un hartazgo y el único camino posible es comenzar, es importante que se ponga en agenda el tema de la justicia. Distintas organizaciones van a pesar de sus diferentes consignas a constituirse en una marea, en una masa crítica. Va a ser muy concurrida y va a desbordar la plaza de Tribunales. Esa importancia que va a tener se refleja en los ataques”, concluyó Forns.

Este artículo fue modificado el 31 de enero a las 12:09. La norma que establecía que el presidente de la Corte Suprema debía presidir el Consejo de la Magistratura era la ley original sancionada en 1997, tras la reforma constitucional de 1994.

ED

Así como comprar alimentos básicos y medicamentos no debería ser una posibilidad que algunas personas tienen y otras no, sino una derecho protegido por el Estado, tampoco debería serlo acceder a un techo para vivir, lo que para gran parte de las familias argentinas implica pagar un alquiler. Esa es la justificación detrás de la irrupción del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en la discusión por la ley de alquileres, cuestionada por sus efectos en el mercado inmobiliario, que el Gobierno se comprometió a revisar.

Este lunes Feletti recibió a Gervasio Muñoz, titular de la Federación Inquilinos Agrupados, reunión en la que –según las palabras de Muñoz– se estableció una “agenda de trabajo” para que la Secretaría “empiece a estudiar la situación de la vivienda en alquiler”. Esa situación implica, según Reporte Inmobiliario, una tasa de incremento interanual de los alquileres que se mantiene arriba del 60% “desde la implementación de la ley”, en junio de 2020. También una reducción de la oferta de departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires de 10% en 2021 respecto del año anterior y de 20% respecto de 2019, de acuerdo con Zonaprop.

La reunión se dio en medio del receso en el Congreso, ámbito en el que el Gobierno había adelantado que buscaría una “solución” para la ley. Por pedido expreso del presidente Alberto Fernández a fin del año pasado Sergio Massa se puso al frente del tema y proyectó crear una comisión especial para reformar la ley y establecer como primer punto la suspensión del régimen vigente durante 180 días. Esta iniciativa, sin embargo, se relegó frente a otros proyectos urgentes y no llegó a ser incluida en el ciclo 2021. 

Todo indica que la revisión de la Ley de Alquileres tampoco estará en el temario de las sesiones extraordinarias, que se espera que sean convocadas para fines de este mes. En este escenario, Feletti aparece para devolver el tema a la agenda y darle impulso al interior del propio equipo de Gobierno, más allá que desde su oficina buscaron bajarle el tono al encuentro con Muñoz y señalaron que “por el momento” no se asumió ningún “compromiso concreto”. 

De todos modos, Feletti dejó en claro que sí le da entidad al tema. “Reconozco que el problema [de los inquilinos] existe y tiene que estar intervenido o regulado por el Estado”, dijo este miércoles en diálogo con Radio Provincia, y emparentó el tratamiento de este tema con otras dos iniciativas oficiales: el programa Precios Cuidados, que regula el precio de 1.321 bienes de consumo masivo y la reciente fijación por parte del Ministerio de Salud de precios de referencia para 85 medicamentos genéricos. Según el funcionario, son todos “consumos que la gente no elige”  y de gran impacto en los ingresos de las familias. 

“Así como la canasta alimentaria te lleva entre un 10% y 11% del salario promedio y ese coeficiente hay que bajarlo, el tema vivienda te lleva mucho más: arriba del 30%”, apuntó Feletti, quien además precisó que hay un 20% de hogares que son inquilinos en todo el país; porcentaje que crece mucho en las grandes ciudades y en Buenos Aires se acerca al 40%. 

Son números que compartió con Muñoz en la reunión, en la que el referente de los inquilinos le dio además su propia visión respecto de por qué la ley no generó los resultados esperados: porque no fue aplicada seriamente. El texto de la norma va más allá de los dos puntos centrales en los que suele resumirse, la ampliación del plazo de contrato de dos años a tres y la implementación de un único ajuste anual en vez de aumentos semestrales.

Por eso en la reunión pidió que el Estado haga cumplir los distintos artículos de la ley, lo que, entre otras cosas, implicaría acelerar la registración de los contratos en la AFIP y publicar el índice de actualización de la cuota de los alquileres que elabora (combinando inflación y evolución del salario) el Banco Central. Para el líder de Inquilinos Agrupados es necesario no solamente sostener la norma, sino dar pasos más certeros en el sendero que traza y, por ejemplo, avanzar con la regulación del precio al momento del inicio de un contrato, un valor que hasta ahora se fija libremente entre las partes. 

Si bien la Secretaría de Comercio Interior no es un ámbito que suele intervenir en el tema de vivienda, no es una sorpresa la apertura de Feletti al reclamo del sector inquilino. Pocos días antes de ser convocado para reemplazar a Paula Español, publicó una columna en el portal El Destape donde denunciaba los “abusos” del sector inmobiliario y señalaba que “la ciudad de Buenos Aires se está convirtiendo en un gran inquilinato de arrendatarios carentes de derechos”.

Si Feletti toma los argumentos de los inquilinos, Massa replica las líneas del sector inmobiliario. Según dijo públicamente el presidente de la Cámara de Diputados, la ley “terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y, además, generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”.  

El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por su parte, está virtualmente ausente de la discusión. Según Muñoz, no los recibe desde que finalizaron el decreto que congelaba alquileres y suspendía desalojos, en marzo de 2021. “En ese momento él fue muy claro conmigo –cuenta Muñoz–  ‘Mi política de vivienda es construir’, me dijo”.

Ante la consulta de este diario al Ministerio que conduce Ferraresi sobre la situación de alquileres, recordaron que desde el año pasado se buscó mejorar las chances de personas que sean inquilinas desde hace 15 a 20 años en los sorteos para el programa Casa Propia.  “Se busca ir incorporando hasta un 50% de inquilinos, para que pasen a ser propietarios. Es una medida importante, para que haya menos inquilinos. Lo otro se discutirá en el Congreso”, señalaron. 

DT

El presidente Alberto Fernández encabezará este miércoles la entrega de viviendas más importante del Procrear, en la que 141 familias recibirán las llaves de sus nuevos hogares en el barrio porteño de Parque Patricios.

El acto se realizará a las 17 y el jefe de Estado estará acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, informaron fuentes oficiales.

Las viviendas se encuentran en el Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires y fueron asignadas por las modalidades de sorteo general y a través de un proceso de cogestión con la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de la Argentina.

El Desarrollo Urbanístico Estación Buenos Aires cuenta con 2.476 viviendas de entre 32 y 114 metros cuadrados, de las cuales 92 fueron construidas para que fuesen aptas para personas con discapacidad. Además, posee 935 cocheras y 73 locales comerciales.

Último sorteo del año de Créditos Casa Propia y Procrear II

“Vinimos a cambiar un paradigma en la Argentina, proponiendo diversas políticas de Estado que cada vez toman mayor volumen, funcionan articuladamente, y que si se mantienen en el tiempo pueden solucionar el problema estructural de la vivienda en Argentina”, aseguró hoy el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, al encabezar el último sorteo del año de Créditos Casa Propia para construcción en lote propio en todo el país, y de Procrear II Desarrollos Urbanísticos para acceder a una vivienda en alguno de los 35 complejos habitacionales construidos con fondos estatales que puso a disposición el programa en esta ocasión.

“Muchos argentinos hoy cumplen un sueño, empiezan a creer. Buscamos que se acostumbren a que a partir del esfuerzo propio y el salario se puede acceder al crédito hipotecario, y generar con ello también a través de la construcción un círculo virtuoso que genera tres puestos de trabajo directos y también varios indirectos”, agregó el ministro, quien se hizo presente en la sede central del Banco Hipotecario, donde se desarrolló el sorteo que fue televisado en vivo.

FS con información de Télam

Ante la inminente caída del decreto de necesidad y urgencia que congeló los alquileres y suspendió los desalojos desde marzo de 2020, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat creará un “protocolo de riesgo temprano de desalojo” destinado a asistir casos concretos de familias inquilinas expuestas a quedarse en la calle.

Según anticipó a elDiarioAR el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Luciano Scatolini, la resolución que crea el protocolo ya fue firmada por el ministro Jorge Ferraresi y será publicada mañana en el Boletín Oficial. Luego su secretaría estará a cargo de la reglamentación, tarea para la que se realizarán interconsultas con distintas áreas de gobierno y que debería estar concluida antes del 31 de marzo, día en que pierde vigencia el decreto 320, prorrogado en reiteradas oportunidades. 

Si bien todavía resta conocer los pasos de los que constará, el funcionario anticipó que el protocolo establecerá mecanismos de “articulación entre instancias administrativas”. En particular, con el Ministerio de Justicia, dado que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres la mediación es una “instancia obligatoria previa a un desalojo”. Aseguró que esta instancia rige para todos los contratos y no sólo para los que fueron celebrados una vez promulgada la norma, en julio pasado. 

Por otro lado, Scatolini anticipó que el protocolo definirá criterios de prioridad para la asignación de las viviendas que las unidades ejecutoras construyen con fondos del ministerio. “No es que nosotros vamos a solucionar el problema con fondos o con viviendas, vamos a ser intermediarios”, matizó, y dijo que no se trata de “una solución mágica” al problema habitacional que existe en el país. “No vamos a poder dar soluciones habitacionales a todo el mundo, vamos a evaluar caso a caso desde la situación socioeconómica hasta la situación familiar para generar un criterio de prioridades vinculadas con hogares monoparentales, discapacidad, adultos mayores, etcétera”, detalló. 

Respecto del proceso de desendeudamiento de las familias inquilinas, el funcionario sostuvo que no hay más precisiones que las ya definidas. A partir de la caída del decreto 320/20, quienes hayan tenido dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos deberán comenzar a pagar los meses adeudados y aumentos postergados en un mínimo de 3 y un máximo de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Además, el decreto prevé que podrán aplicarse intereses compensatorios, aunque no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. 

Según una encuesta que realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) durante septiembre pasado, el 65% de los inquilinos e inquilinas del Área Metropolitana de Buenos Aires perdió ingresos y el 80% contrajo deudas para costear los gastos cotidianos. Los resultados de la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300.000 hogares arrastran una deuda de hasta cinco meses.

La extinción del decreto fue un pedido que realizaron insistentemente del sector de las inmobiliarias, en el que aseguran que esta norma y la Ley de Alquileres confluyeron para retraer la oferta de viviendas de alquiler y aumentar el precio.

El 65% de los inquilinos e inquilinas del Área Metropolitana de Buenos Aires perdió ingresos y el 80% contrajo deudas para costear los gastos cotidianos.

“Una herramienta para acompañar el desendeudamiento sería poner recursos del Estado que no tiene más que los que está poniendo en asistencia social directa a un montón de situaciones. Esto es una sábana corta; piden al Estado que sea un barril sin fondo y es imposible”, respondió Scatolini a las consultas de este medio. 

Consultados por la fecha en que entrará en vigencia el protocolo, Scatolini no dio precisiones. “Yo quiero tener certeza de salir con un protocolo que pueda cumplir”, dijo. “De todos modos, no es que el 31 de marzo va a ir un oficial de justicia y te va a poner de patitas en la calle. Está claro que hay un proceso previo de mediación y las instancias que tienen que ver con los tiempos judiciales”. 

Por el contrario, en el CELS anticiparon que muchos propietarios y propietarias han iniciado juicios durante 2020 por lo que apenas finalice el plazo del decreto muchos de estos casos judicializados comenzarán a dictar desalojos. “El discurso de la mediación, además de erróneo, supone abordar el problema de manera individual, y no como un tema estructural. Se trata de una situación que afecta a más de 300.000 hogares de todo el país, asociado al problema histórico y cada vez más grave del acceso a la vivienda en el país”, señalaron en la organización. 

DT

Cartas documentos, demandas judiciales, desalojos y hasta ocupaciones de tierras. Este escenario imaginan en todo el país las agrupaciones de inquilinos a partir del 1° de abril, el día en el que dejará de regir el decreto que desde marzo de 2020 congeló el valor de los alquileres y prohibió los desalojos, una medida dictada por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria que provocó la pandemia del COVID-19 hace casi un año.

A partir de abril próximo, entonces, los propietarios de viviendas y los nueve millones de inquilinos en el país deberán acordar cómo continuarán los contratos -si efectivamente existe esa posibilidad- y las formas de financiamiento de las deudas acumuladas por la crisis económica y social del país derivada de la pandemia.

“El 35,7% de los inquilinos en el país tiene una deuda de alquiler con el propietario, en la mayor parte de los casos en el orden de tres meses impagos, lo que los ubica ante una situación de inminente desalojo”, dijo a elDiarioAR Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de la organización de Inquilinos Agrupados. 

A ese panorama Muñoz le sumó que en 300.000 hogares en alquiler (el 70% con una jefatura de familia femenina) sus habitantes contrajeron en los últimos cinco meses algún tipo de deuda (ya sea de impuestos, tarjetas de crédito o préstamos personales tomados a altas tasas de interés) para sostener su nivel de vida.

“La primera ola de desalojos empezó en Guernica, cuando la policía sacó violentamente a las familias ocupaban el terreno y que, en un 80% de los casos, había llegado ahí porque no podían seguir pagando el alquiler. La segunda ola es la que está por venir después del 31 de marzo”, afirmó Muñoz.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció el 3 de marzo pasado que el Gobierno no prorrogará el decreto que por el momento congela el precio de los alquileres y prohíbe los desalojos. El funcionario, además, aseguró que tras el descongelamiento “no habrá posibilidad de desalojos sin una mediación” entre las partes.

La Ley de Alquileres sancionada en 2020 establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres, pero por el momento esas instancias no fueron especificadas en forma oficial.

Las organizaciones de inquilinos, sin embargo, plantearon sus dudas porque en la práctica resulta dificultoso hallar una instancia de mediación ante conflictos entre inquilinos y propietarios. Además, mencionaron la posibilidad de que frente al reclamo de una deuda de alquiler el reclamo de los dueños de las viviendas lleguen hasta los garantes.

Fernando Muñoz, responsable de la Defensoría del Inquilino en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, explicó en declaraciones radiales que en la pandemia se quintuplicó la cantidad de consultas de inquilinos preocupados por su situación y en riesgo de desalojo. 

“Se notó un aumento en los incumplimientos en el pago y también de las presiones de los propietarios para firmar un nuevo contrato o una extensión del vigente con un incremento en el alquiler. No están claras las reglas del juego”, indicó el funcionario.

Las familias endeudadas, entonces, “quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva”, alertó el presidente de la Federación de Inquilinos.

Y agregó: “Se van a profundizar los desalojos violentos y el hostigamiento a las familias que tienen algún tipo de deuda. El panorama actual - destacó Gervasio Muñoz, es el siguiente: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudarse o pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar lo que adeudan mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle”, alertó.

Al anunciar el fin del congelamiento del precio de alquileres y desalojos, Ferraresi explicó que en el caso de que un inquilino tenga una deuda acumulada, la ley contempla que deberá pagar lo adeudado en un plazo de seis a doce meses y sin punitorios.

Desde 1978, cuando gobernó el país la última dictadura militar, el precio de los alquileres está desregulado, el valor de las propiedades en dólares y el desarrollo de políticas de viviendas en el país está “privatizado”, analizó Muñoz.

No hay un empadronamiento de contratos de alquiler ni de los precios que se cobran, algo que el Gobierno espera tener en un corto plazo, especialmente después de que el 1° de marzo entró en vigencia del Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), una medida que obliga a los locadores de todo el país a inscribir los acuerdos de alquiler de bienes urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles.

La medida alcanza a inmuebles urbanos, pero también a sublocaciones, arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, subarriendos, las locaciones temporarias de inmuebles con fines turísticos, de descanso o afines y las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles como locales comerciales, stands, ferias, de acuerdo a lo establecido por AFIP.

Los contratos pactados a partir del 1° de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de este año, tendrán un plazo excepcional para su registro: hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

“El Estado debe defender a los inquilinos, a los que se caen del sistema y no vuelven nunca más. Con el descongelamiento de los alquileres un 40% de las familias que alquilan no saben dónde va a ir a vivir desde el 1° de abril. Hay familias que hace meses que no pueden pagar el alquiler y dueños que no pueden cobrarlo. Las dos partes están dispuestas a todo. Por eso veo un escenario de violencia en aumento”, aseveró Muñoz.

Al respecto, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (COFECI) propuso la creación de una “Tarjeta AlquilAr”, un subsidio a los inquilinos que esté acompañado por programas de financiamiento para quienes hayan generado deudas durante la prórroga del decreto de congelamiento, que comenzó a regir en marzo de 2020 y fue prorrogado en tres ocasiones por el Gobierno. 

“De la misma manera que el Estado hace con las familias en sus necesidades alimenticias a través de distintos programas como por ejemplo la tarjeta AlimentAR”, debería asistir a los inquilinos “que viven situaciones delicadas, con pérdidas de la fuente laboral, acumulación de deudas y sin acceder a soluciones reales”, sostuvo COFECI en un informe.

La entidad inmobiliaria, además, propuso establecer programas de financiamiento como “Ahora 18 y 24 para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU” y las puedan pagar en cuotas.

En tanto, el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), Ricardo Botana, prevé que tras el fin del congelamiento el valor de los alquileres tendrá un aumento de mayor al 40%.

Referentes del sector inmobiliario consideran que los contratos vencidos que fueron prorrogados durante el año de la pandemia enfrentarán para su renovación un escenario de creciente demanda y falta de oferta por la ya mencionada baja rentabilidad, lo que generará una fuerte presión en los precios, con aumentos superiores al 40%.

Solo en febrero pasado, según un relevamiento de precios realizado en forma conjunta por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre, los alquileres tuvieron un incremento interanual de 8,8% para los departamentos y de 157% en las casas. Este último dato puede explicarse en que, ante las restricciones de movilidad y sanitarias impuestas para salir de vacaciones a destinos turísticos lejanos, muchas personas optaron por alquilar casas quintas en distintas zonas del conurbano bonaerense como opción de descanso.

Por su parte, un relevamiento realizado por el sitio de búsquedas de inmuebles Zonaprop indicó que los alquileres en la Ciudad acumularon una suba de casi 9% sólo entre enero y febrero, mientras que en el último año el alza fue de 61,6%, unos 25 puntos porcentuales sobre la inflación de 2020.

El estudio de Zonaprop indicó que un departamento a estrenar en el territorio porteño se alquila por un valor promedio de $53.401 al mes, mientras que uno usado alcanza 49.590 pesos.

Según el último Censo de 2010, en la Ciudad un 30% de las viviendas (más de 340.000) están alquiladas: el 73% son departamentos, el 13% casas, 12% habitaciones, hoteles y pensiones y 2% sitios muy precarios.

Un relevamiento realizado por la socióloga Natalia Cosacov, investigadora del CONICET, mostró que en 2001 el 68% de los hogares eran habitados por sus dueños y sólo el 22% por inquilinos. Diez años después, la cantidad de propietarios bajó a 56% y quienes alquilan aumentaron a 30%.

GT

“No alcanza sólo con construir viviendas, necesitamos también planificar el uso del suelo”, dice Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial de la Nación. Su firma está debajo de la resolución 44/2021 publicada esta semana en el Boletín Oficial, en la que el Gobierno Nacional establece pautas destinadas a los municipios y las gobernaciones —que tienen la responsabilidad primaria de gestionar sus territorios— para “ordenar” el crecimiento de las ciudades y revertir en el mediano plazo la tendencia que hoy signa a las urbes argentinas. En palabras de Scatolini: el desequilibrio, la violencia espacial y los problemas para acceder a un lugar donde vivir.

El funcionario, que está bajo las órdenes del ministro Jorge Ferraresi, impulsó en los últimos meses un registro nacional de suelos ociosos aptos para programas habitacionales y proyecto urbanos, tanto privados como públicos, que servirá como insumo para la planificación. Además, sugiere en los lineamientos publicados recientemente que se aplique una sobretasa a los baldíos en zonas urbanas o aquellos espacios que tengan construcciones derruidas o paralizadas. 

Cuando faltan apenas semanas para que deje de regir el decreto que desde marzo de 2020 congelaba el precio de los alquileres y suspendía los desalojos por falta de pago, el funcionario asegura que se están trabajando en una reglamentación de la Ley de Alquileres que dará herramientas para las familia más vulnerables frente a la caída de esta protección. Entre ellas, un protocolo de alerta temprana de riesgo de desahucio.

¿Lo que se busca con las pautas publicadas en el Boletín es que el Estado tenga las riendas del desarrollo territorial y no dejarlo sólo en manos de desarrolladores privados?

Sí, intentar que la ciudad se construya a partir de decisiones que toman los distintos gobiernos y que los beneficios que genere el crecimiento no queden concentrados, sino que sean distribuidos más equitativamente. Porque cuando se hace una obra hidráulica o vial eso genera valorización de un montón de terrenos, áreas, y si el Estado no se anticipa a esa decisión de invertir recursos públicos, la ganancia queda absolutamente en manos del propietario de la tierra y eso va generando que el precio de los suelos sea cada vez más alto y se genere inaccesibilidad al suelo. Después tenemos el problema de las tomas: la toma es la respuesta no deseada a una necesidad social que viene dada por la falta de oportunidades para acceder un lugar formal en la ciudad donde vivir. Si el Estado no tiene la capacidad de regular valores del suelo razonables, criterios de localización donde la gente pueda trabajar, pueda vincularse con la educación de sus hijos con el transporte público para moverse obviamente tenemos un problema en la forma de habitar, de vivir. 

La toma es la respuesta no deseada a una necesidad social que viene dada por la falta de oportunidades para acceder un lugar formal en la ciudad donde vivir

¿Interpretan a la pandemia y la deslocalización que generó como una oportunidad para replantear la distribución de la población en el país, de redireccionar los flujos?

Sí, sin duda. Nosotros tenemos un territorio muy rico y muy desequilibrado. Tenemos una concentración poblacional enorme en los grandes conurbanos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y tenemos áreas en crecimiento que no están siendo aprovechadas, donde podrían generarse mejores condiciones de vida. Igual no estamos pensando en trasladar a la población de un manera compulsiva, porque la libertad de elegir donde uno quiere vivir es algo que no es negociable, pero queremos que esa libertad empiece a combinarse con un contexto de mayor oportunidades en áreas que hoy no están suficientemente aprovechadas porque falta este criterio de planificación. 

El Gobierno planteó la creación de un Registro Territorial de Suelo Apto para programas habitacionales y proyecto urbanos ¿incluye tanto propiedades del Estado como de privados?

Sí, por supuesto. Porque la facultad regulatoria le corresponde a los gobiernos subnacionales, al Estado. Lo dice el código civil y comercial: las decisiones con relación a lo que pueden ser mecanismos de subdivisión del suelo, generación de urbanizaciones y demás siempre van a estar dependiendo de lo que decidan las decisiones administrativas locales. No es que cada dueño de un pedazo de tierra puede hacer con la tierra lo que quiere. Se tiene que someter a la estrategia de planificación que se da en cada ciudad o provincia. 

¿Hay alguna estimación de cuánto es el suelo disponible o subutilizado?

Nuestro país es uno de los más urbanizados del planeta. El 94% de la población vive en ciudades y en el 1% del territorio se concentra el 40% de la población. Por otro lado, nuestro país es el número 205 menos denso en habitante por kilómetro cuadrado, es como una contradicción. 

-¿A partir de las pautas publicadas en el Boletín se podrían definir sobretasas para baldíos urbanos o con edificación derruida o paralizada?

Sí, pero que quede claro que lo que estamos haciendo es proponiendo algo que no define el Gobierno nacional. Se fijan pautas y criterios de actuación sobre la que deben legislar los gobiernos locales. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eso ya lo hizo.

En la Argentina el 94% de la población vive en ciudades y en el 1% del territorio se concentra el 40% de la población

¿Le parece que se puede integrar más al sector privado en la búsqueda de soluciones habitacionales?

No sólo se puede sino que se debe. Lo que estamos pensando es un modelo donde todos ganen, no donde se involucren unos para que pierdan otros.

En 2020 vivimos tomas emblemáticas como la de Guernica o la de Los Hornos. Algunas entidades de inquilinos anticiparon que se podía repetir esto si caía el decreto antidesalojos y de congelamiento de alquileres, que finalmente dejará de estar vigente el 31 de marzo. ¿Cómo lo ve?

Nosotros no desconocemos la problemática social que existe vinculada al déficit habitacional. Tenemos acciones para eso. Tenemos la decisión de construir 264.000 soluciones habitacionales en los próximos tres años, recursos volcados a eso, programas estratégicos. Tenemos la decisión de intervenir en los procesos donde haya cuestiones vinculadas al desalojo porque no nos da lo mismo que alguien pueda quedarse en la casa. Por eso tenemos una ley [NdlaR: se refiere a la Ley de Alquileres] muy buscada por el colectivo de inquilinos que nosotros como gobierno apoyamos y por eso hoy está vigente. Vamos a poner herramientas para que esa ley pueda dar más garantías de las que están escritas. 

Cuáles son concretamente esas herramientas, porque el ministro Ferraresi garantizó “políticas” para los afectados por la caída del decreto, pero no dijo cuáles. 

Lo que estamos haciendo es una reglamentación donde vamos a tener un protocolo de alerta temprana de riesgo de desahucio a partir de fuentes primarias y secundarias de estas situaciones y en el marco de la inversión del estado, que es muy grande en construcción de vivienda, buscar soluciones concretas que nunca van a ser en el marco de algo que es especulativo. No es que alguien se puede poner en situación de desalojo para que el Estado le asigne una vivienda. Vamos a analizar caso a caso. 

En la medida que se amplíe la oferta regulada por el Estado obviamente vamos a mejorar las condiciones de acceso de la demanda

¿Cuándo estará esta reglamentación? Es bastante próximo el momento en que se podrían manifestar estos riesgos para los inquilinos.  

Va a estar antes del 31 de marzo, que es la fecha en que termina el congelamiento. 

Hay muchas personas o familias que en su plan de vida no contemplan comprar una vivienda sino alquilar. ¿Hay políticas pensadas para ellos, para aumentar la oferta de alquileres y facilitar el acceso? 

Nosotros respetamos la libertad de convertirse en propietarios o inquilinos. La constitución garantiza una vivienda digna, no una propiedad. Ahora, sería absolutamente fuera de todo criterio lógico pensar que porque se sancionó o una ley o hay una decisión política de abordar integralmente la temática esto lo vamos a resolver para mañana. Necesitamos trabajar con un criterio sostenible en el tiempo, de hacia dónde vamos en la construcción de vivienda, que después puede tener distintos objetivos. También en un marco regulatorio de las políticas urbanas el Estado tiene que tener cada vez más presencia para definir usos del suelo, planificación en inversión pública y privada pero también entendiendo que estamos inmersos en un sistema capitalista, existe la oferta y la demanda, donde hay libertad de contrataciones, donde el precio de las propiedades forma parte de las reglas de juego que establece el intercambio y sí entendemos que en la medida que se amplíe la oferta regulada por el Estado obviamente vamos a mejorar las condiciones de acceso de la demanda. Estamos trabajando para eso, no alcanza sólo con construir viviendas, necesitamos también planificar el uso del suelo.

Una de las ideas que se plantea desde el sector privado es que se den incentivos para construir con fines de alquilar. 

Estamos en diálogo con todo el sector, con desarrolladores, con la empresa de construcción. Así como nosotros tomamos decisiones y volcamos recursos públicos también creemos que algún día en la Argentina tiene que haber esfuerzos compartidos. Un país no se construye solo con decisiones del Gobierno, se construye con una vocación del pueblo en su conjunto, las responsabilidades que le tocan a cada uno. 

Como usted dijo, las políticas del Gobierno se inscriben en un contexto capitalista y los inmobiliario dicen que, justamente, la ley de alquileres afectó esta dinámica y generó una retracción de la oferta que, a su vez, hizo subir el precio. ¿Es así?

Yo lo asocio a prácticas especulativas, nada más. Los argentinos a veces tenemos la característica de mirar para afuera y decir qué bien que funcionan las cosas en otros lugares del mundo: en los países nórdicos, en Estados Unidos. Ahora, cuando te ponés a mirar cómo funcionan no hay ningún país del mundo que para la cuestión inmobiliaria no tenga fuertes regulaciones, reglas del juego claras, derechos y responsabilidades. Acá pareciera que solamente nos quedamos del lado del derecho. Parte de lo que establece la ley, como registrar los contratos, poder establecer criterios equitativos a la hora de modificar los valores de la locación, que haya pautas claras... esas son responsabilidades que hay que aceptar en un contexto de país que tiene que crecer de acuerdo a las posibilidades de los que lo habitan. Con esto quiero decir que los argentinos ganamos nuestros sueldos en pesos y tenemos las posibilidades de crecer en base a nuestra moneda. Entonces si seguimos con la lógica de mirar que la propiedad sólo puede ser pensada como una reserva de valor, vinculada a cuestiones más especulativas, esto va a generar una tensión que no se puede resolver. 

Estamos ya acostumbrados a que los valores de venta de propiedades estén en dólares, pero en el último tiempo vimos también precios de alquileres en dólares.

Totalmente inaceptable, porque nosotros no fabricamos dólares. 

No vamos a reconocer ningún aumento de precios de materiales con base especulativa

También vimos aumentos muy marcados y desabastecimiento en materiales para la construcción, ¿qué se va a hacer para que esto no sea un obstáculo en los planes de construcción?

Vamos a firmar en los próximos días un acuerdo directamente para el programa Casa Propia, de construcción de vivienda del Estado, para que quienes ejecuten los proyectos tengan la posibilidad de adquirir directamente las materias primas a los fabricantes. Esto nos va a permitir romper una lógica especulativa que encontramos en la cadena de comercialización y generar un precio que solamente se va a ir ajustando de acuerdo al ajuste de la UVI, que es una unidad de medida de ajuste del metro cuadrado. Fuera de eso, no vamos a reconocer ningún aumento con base especulativa. 

Está claro que el 95% de lo que se necesita para la construcción de viviendas es de fabricación nacional y este Gobierno tuvo criterios de sostener la actividad y no ajustar las tarifas de servicios que pueden afectar al productor y a la cadena. La Argentina no se resuelve ni con el látigo ni con un Gobierno que solamente ponga dinero o genere marco normativo, se resuelve con que algún día hagamos de nuestras responsabilidades y nuestra mirada de la sociedad un derecho y una obligación. Que podamos cumplir con lo que nos corresponde estando en el lugar que nos toca y esperar que el Estado a su vez haga su parte. 

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó este martes que no habrá una nueva extensión del congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos, que fue establecido por primera vez en marzo de 2020 y prorrogado por última vez hasta el 31 de este mes. A partir de la caída del decreto 320/20, los inquilinos que tuvieron dificultades durante la pandemia para cumplir con los contratos, deberán comenzar a pagar los meses adeudados y aumentos postergados en un mínimo de 3 y un máximo de 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. 

La extinción del decreto fue un pedido que realizaron insistentemente del sector de las inmobiliarias, en el que aseguran que esta norma y la Ley de Alquileres confluyeron para retraer la oferta de viviendas de alquiler y aumentar el precio.

“El ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que no se va a extender el decreto que suspende desalojos. A partir del 1/4/21 las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva”, reclamaron en las redes sociales de la organización Inquilinos Agrupados. 

Como alternativa, Ferraresi sostuvo que se hará uso de las herramientas que generó la nueva Ley de Alquileres, y destacó los recursos que destina el Estado para generar soluciones habitacionales. “La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU”, dijo el Ministro, en diálogo con Télam. “Cuando venza el congelamiento podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política”, añadió.

El funcionario detalló que la nueva ley dispone que el Banco Central es quien fija el índice de actualización de los alquileres, “que va a resguardar que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos”. Si bien el ajuste con esta fórmula es anual y recién se aplicará por primera vez en julio de 2021 para los contratos iniciados un año atrás, si se hubiera tomado en cuenta al momento de actualizar los contratos de alquiler en el último semestre, habría arrojado una suba del 14%, muy por debajo de la suba que efectivamente concretó el mercado, en torno al 60% anual. 

En este contexto, el Ministro consideró que “la solución es que la Argentina construya vivienda” y confió en que “las 264.000 soluciones habitacionales -previstas en el plan trienal 2021-2023- irán modificando el mercado de alquileres”. “La mejor política es que el que alquila pueda tener una propiedad por el mismo valor de un alquiler y no desde un sistema financiero, sino desde un sistema de recupero solidario”, agregó.

En ese sentido, se refirió a lo expresado este lunes por el presidente Alberto Fernández acerca del Plan Casa Propia y dijo que “se trata de viviendas dignas para todos los argentinos; salió una ley por extraordinarias que nos permite reactivar 55.000 viviendas en todo el país”.

MT con información de Télam

Desde el territorio espectral del Zoom, virtual municipio 136 de la Provincia, el PJ bonaerense pondrá en marcha este sábado al atardecer un mecanismo para que en Máximo Kirchner sea electo jefe partidario, poltrona que ocuparon en las últimas décadas Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, y, entre otros, Hugo Moyano.

Gustavo Menéndez, presidente del peronismo de Buenos Aires, convocó a una sesión remota del Consejo partidario y fijó una agenda doble. Primero, un homenaje de rigor a Néstor Kirchner, a 71 años de su nacimiento el 25 de febrero de 1950. Luego, como menú político, la convocatoria para renovar autoridades partidarias, procedimiento cincelado para coronar a Máximo Kirchner.

Nacido en La Plata, con residencia diaria en CABA y afiliación vigente en el PJ de Santa Cruz, el hijo de la ex presidente Cristina Kirchner y actual jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), seguirá por intermediarios el trámite que formalizará el cronograma que proyectará como fecha de votación el domingo 2 de mayo.

Quedaron atrás -o eso parece- , los chispazos de diciembre cuando se anudaron una rabieta semipública de Máximo contra un puñado de alcaldes, el respaldo abierto de Alberto Fernández y la resistencia de Fernando Gray, intendente de Echeverría que debió asumir la presidencia y se opone a acordar los plazos.

Alberto Fernández, que asumirá el partido el 21 de marzo, pidió que la franquicia del peronismo de Buenos Aires sea para Máximo como señal de equilibrio dentro del frentodismo.

El miércoles, al mediodía, entre sánguches de lomo y lamentos por el escándalo de las vacunas de privilegio, Santiago Cafiero repasó el calendario con un puñado de intendentes del PJ y dos ministros nacionales que, aun con licencia, son alcaldes. Estaban Jorge Ferraresi (Vivienda) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), junto a Menéndez (Merlo), Martín Insaurralde (Lomas), Mariano Cascallares (Brown) y Alberto Descalzo (Ituzaingó). Faltaron, en teoría con aviso, Juan Zabaleta (Hurlingham) y Leo Nardini (Malvinas).

Ahí se dio el último retoque y se terminó de ajustar la música del PJ bonaerense con el nacional. Todo sobre un criterio: Alberto Fernández, quien asumirá el partido el 21 de marzo, pidió que la franquicia del peronismo de Buenos Aires sea para Máximo como señal de equilibrio dentro del frentodismo. Hubo, en diciembre, un grupo que quiso pulsear pero la intervención presidencial desactivó una rebeldía que todavía sostiene Gray, casi en soledad.

Fecha

El calendario que aprobará el Consejo este sábado pone como fecha de elección el domingo 2 de mayo. A fin de año, en el forcejeo, Máximo avisó que quería que lo voten, quería ganar. Ese deseo está, ahora, en suspenso. Hay una razón operativa y otra política. El reglamento del PJ habilita a que si solo se anota una lista en la interna, la misma se puede proclamar sin necesidad de hacer elecciones. Idem en el PJ nacional.

Es un atajo válido para sortear otro inconveniente, si se quiere conceptual: ¿puede el partido de gobierno ir a una elección interna en mayo, en tiempos de pandemia, cuando motoriza un plan de vacunación y recomienda evitar los tumultos?

“Hay un grupo ampliamente mayoritario que quiere que Máximo sea el presidente del PJ, así que es probable que haya lista de unidad”, confió a elDiarioAR un intendente pero admitió que si Gray presenta lista y quiere competir, debería tener las garantías para poder hacerlo. “Tenemos que aceptar disidencias sin sacar los pies del plato”, apuntó.

Es lo que ocurrió en el PJ nacional: quedó en pie una sola boleta y Fernández será proclamado, sin votación, en marzo y asumirá la jefatura partidaria quizá ese mismo día. Máximo K, en cambio, tendrá que esperar hasta mayo para, con o sin elecciones, ser proclamado y después definir cuándo asumirá el cargo.

El asunto esconde sus tecnicismos pero, más que nada, tiene ribetes políticos. A fin del año pasado, irrumpió un plan para que generar una renuncia masiva de consejeros, llamar a elecciones express y asumir en marzo, en paralelo a Alberto. Eso suponía una serie de extravagancias como promover la renuncia de los casi 50 integrantes del consejo de partido, procedimiento que podría enturbiarse fácilmente con una presentación judicial que se convierta en el primer expediente ripioso que deba resolver Alejo Ramos Padilla, que quedó en estas semanas al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, que tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires.

Al final no prosperó pero avanzó el trámite largo: convocatorio, calendario, proclamación y, quizá, la asunción más adelante porque los mandatos que se renovarán el 2 de mayo, tiene vigencia hasta diciembre.

PI