–Conversemos, ¿qué van a hacer?

–Nosotros a la extranjerización de la tierra la vamos a tumbar. ¿Cómo no vamos a estar presentes si la única provincia a la que toca el decreto es a nosotros?

Era jueves, la oposición acababa de convocar una sesión para voltear el DNU 70/2023 y Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada libertaria en Diputados, intentaba negociar con los aliados provinciales. Intentó con los misioneros, pero no tuvo éxito: si hubo una provincia que se perjudicó por el megadecreto fue Misiones, a quien el DNU le había desregulado el Instituto Nacional de la Yerba Mate. En el Gobierno no se molestaron en llamar al gobernador Hugo Passalacqua por teléfono, prefirieron apuntar contra los cinco mandatarios que definirán la votación del 15 de octubre. Por suerte para el oficialismo, cuatro de esos cinco estaban con Javier Milei en Francia mientras los diputados negociaban. 

Los funcionarios que viajaron con Milei a la Argentina Week en París regresaron al país satisfechos. Durante tres días, Diego Santilli, Luis Caputo y hasta los hermanos Milei aprovecharon para acercarse a los 13 gobernadores que participaron del evento. Milei les agradeció, en uno de sus discursos, por haberle dado los votos para avanzar con las reformas, y Caputo los llevó a cenar afuera la última noche. El Presidente no participó, prefirió quedarse en el hotel, pero sí se tomó la molestia de conversar brevemente con ellos en un pasillo durante la convención. “El 70% de los argentinos no quiere volver atrás”, les dijo Milei, y los mandatarios asintieron, conformes. 

Santilli se les acercó para discutir la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, pero los gobernadores le respondieron con la boleta electoral. A los mandatarios les importa solo una cosa (además de recursos): que Karina Milei desistiera de fortalecer a los candidatos libertarios en sus provincias. La hermana presidencial se mostró receptiva, ratificando el cambio de postura que empezó a predicar entre los suyos. “La prioridad es la reelección de Milei”, dice Karina, y los candidatos libertarios lo repiten. Incluso aquellos que tienen expectativas de competir en sus distritos, como la beligerante Emilia Orozco (Salta) o el ex ministro de Interior, Lisandro Catalán. 

“Cuidan mejor a los aliados que a los propios”, suspira un dirigente oficialista que será candidato a gobernador de una provincia norteña el año que viene. No fue invitado a la comitiva presidencial, y hace meses que se ve venir lo que Karina terminó anticipando en Francia: un principio de entendimiento político según el cual, a cambio de votos, el Gobierno se compromete a no hacer campaña en los territorios. 

Algunas provincias, como Mendoza y Entre Ríos, tienen acuerdos políticos avanzados. Otras, como Salta o Tucumán, se mueven entre el compromiso y la desconfianza. Los gobernadores peronistas, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, se niegan a prestar los votos antes de que haya un compromiso expreso de que los libertarios que compiten con ellos en sus territorios jugarán solos, sin apoyo de Milei. Y el menemismo, la pata operativa del karinismo, advierte que una vez que consigan reelegir en sus provincias –ambas adelantarán las elecciones– se plegarán a la oferta nacional del peronismo y comenzarán a jugarles en contra. 

“Sergio les dio todo y lo cagaron. No podés confiar. A la mínima que hay ruido en el círculo rojo se dan vuelta”, se queja un alfil que responde a los primos Menem, Martín y Lule. 

Predominan las suspicacias, pero Sáenz, desde Europa, le mandó un mensaje al resto de la oposición: no cuenten conmigo para voltear el DNU 70/2023. 

Quién es quién

De los 13 gobernadores que viajaron con Milei a Francia, hay cuatro que tienen la llave del quórum de la sesión opositora para rechazar el DNU 70/2023 y rehabilitar la Ley de Tierras. Uno es Sáenz, que tiene tres diputados que le responden y dieron a entender, a sus compañeros de bancada misioneros de Argentina Federal, que no participarán. Otro es el neuquino Rolando Figueroa, quien cuenta con una diputada, y después está Martín Llaryora, que no participó del viaje pero envió a su vice, Myrian Prunotto. El último es el catamarqueño Raúl Jalil, quien anunció, desde Francia, un acuerdo con la suiza Glencore para explotar cobre y oro en la provincia. 

El quinto gobernador que definirá el resultado de la avanzada opositora del 15 de octubre es el peronista Jaldo, que no viajó a Europa pero mantiene diálogo cotidiano con el Gobierno. Tanto Jaldo, como los otros cuatro gobernadores, se expresaron en contra de la extranjerización de tierras hace dos meses, cuando el Senado debatía la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyó el capítulo que derogaba la Ley de Tierras. En ese momento regía el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley y ponía un tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros. Un fallo que, el miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó en medio de un terremoto político que lo obligó a tener que dar explicaciones. 

La oposición los tiene en la mira, y no esconde que el éxito de la estrategia depende de que esos cinco gobernadores aliados del Gobierno se plieguen ante la presión social. “Esto no se resuelve con rosca. Se construye con respaldo popular, de abajo hacia arriba”, explica una dirigenta del peronismo que tiene diálogo con todos los gobernadores. 

La oposición está a 14 votos de poder voltear el megadecreto fundacional de Milei, que avanzó con la Ley de Tierras, pero también con la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento –que le daba facultades al Ejecutivo a intervenir sobre precios máximos–, la de Compre Argentino y varios institutos provinciales, como el Instituto Nacional de Yerba Mate, que regulaba el valor de la yerba y cuya desregulación generó una crisis en la producción local misionera. Fue este motivo, así como la amenaza de un aumento en la extranjerización de las provincias –algunas localidades, como Iguazú, tienen el 40% del territorio en manos extranjeras–, lo que llevó a que Passalacqua fuera el primero de los gobernadores aliados del Gobierno en adelantar su apoyo a la sesión opositora. 

Entre el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, los radicales díscolos –que incluyen a los jujeños, pese a la presencia del gobernador Carlos Sadir en la Argentina Week–, los puntanos peronistas, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, la oposición suma una base de 112 votos. Necesita llegar a 129 para el quórum. Si se le suman al menos tres de los misioneros –el cuarto, Daniel Vanscik, es muy amigo de Martín Menem, quien fue su caddie cuando jugaba al golf–, la oposición tiene 115 votos. Le faltan 14. 

El plan es esperar –y contribuir– a que la tensión social crezca. Las autoridades del bloque peronista están en diálogo con la CGT para que se sume a la movilización convocada frente al Congreso para el día de la sesión. Se sumarán los rectores y sindicatos docentes –la marcha original era en defensa de la educación pública–, las organizaciones de las personas con discapacidad, los inquilinos agrupados y gran parte de las centrales sindicales y organizaciones sociales. La Iglesia, que ayudó a voltear en el Senado el capítulo de Tierras, también empezó a trabajar. 

“Esto va a crecer. Y una vez que crezca, no lo parás con nada”, advierte un dirigente opositor de peso, que ha integrado listas con los gobernadores que, ahora, definirán el futuro de la votación.

MCM/MG

Javier Milei lleva casi tres años en la Casa Rosada y todavía no consiguió nombrar a un solo juez de la Corte Suprema. No fue precisamente por falta de intentos. Eligió dos candidatos, negoció durante meses sus pliegos y, cuando el Senado se negó a acompañarlo, decidió probar por decreto. El experimento terminó mal. Desde entonces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti gobiernan un máximo tribunal que por ley debería tener cinco integrantes.

La ironía es que esa Corte incompleta terminó ocupando un lugar central en la política argentina de los años mileístas. Pero quizás ninguna decisión tuvo la dimensión de la que adoptó el 10 de junio de 2025, cuando los supremos rechazaron el último recurso de Cristina Fernández de Kirchner y dejaron firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Con sólo tres integrantes, cualquier desacuerdo habría obligado a recurrir a conjueces para formar mayoría. No hizo falta. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieron.

La escena contenía una paradoja difícil de pasar por alto. Apenas dos meses antes, Milei había sufrido en el Senado su mayor derrota en el intento por modificar la composición de la Corte. El 3 de abril de 2025, la Cámara alta rechazó por amplias mayorías las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El primero reunió 27 votos positivos, 43 negativos y una abstención; el segundo, apenas 20 apoyos frente a 51 rechazos. Para ingresar definitivamente necesitaban los dos tercios de los senadores presentes. Quedaron bastante lejos.

Aquel fracaso tuvo también responsables dentro de la propia Casa Rosada. La estrategia judicial de los primeros dos años llevó fundamentalmente la marca de Santiago Caputo. La negociación por Lijo y García-Mansilla fue conducida bajo su órbita y ejecutada desde Justicia por Sebastián Amerio, entonces número 2 de Mariano Cúneo Libarona y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La máxima “los dos o ninguno”, con la que el Gobierno encaró durante buena parte de aquellas conversaciones, terminó, finalmente, bastante más cerca de lo segundo.

La historia había comenzado en 2024, cuando el Gobierno propuso a Lijo para ocupar la vacante que Elena Highton de Nolasco había dejado en 2021 y a García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que dejaría el tribunal al cumplir 75 años. Después de meses de audiencias, conversaciones con gobernadores y negociaciones con el peronismo, los números nunca cerraron.

Con la salida de Maqueda y el tribunal reducido a tres integrantes, Milei buscó otra vía. En febrero de 2025 nombró a ambos candidatos en comisión. Tampoco funcionó y el Senado votó en contra. El desenlace dejó una situación tan inédita como papelonesca: García-Mansilla ya había jurado y ejercía como ministro de la Corte, por lo que, después de que la Cámara alta rechazara su nombramiento, terminó presentando la renuncia al cargo al que el Presidente lo había hecho entrar por decreto.

Tres son multitud

Desde entonces, la excepcionalidad se convirtió en rutina. La Ley 26.183 establece una Corte de cinco miembros, pero los tres supremos llevan más de un año administrando solos el tribunal. “Son tres tipos que no necesitan pedirle permiso a nadie y que saben que, si se ponen de acuerdo, la historia termina ahí”, grafica con cierta resignación un abogado que sigue de cerca la relación del Gobierno con el Poder Judicial. Sin embargo, la relación con el Gobierno nunca fue lineal.

La prueba más reciente llegó esta misma semana con la Ley de Tierras. La Corte dejó sin efecto la cautelar que mantenía frenada la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por Milei mediante el DNU 70/2023. Los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para reclamar aquella medida y evitaron pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación.

El efecto político fue bastante menos abstracto. Al caer la cautelar, se caen también los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, incluido el techo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. “Lo paradójico es que ganamos el fallo y nos dejaron un quilombo político”, ironiza una voz oficial sobre una decisión que, en los papeles, favoreció la posición jurídica del Ejecutivo. Es que el Gobierno recibió un problema que no tenía anotado en la agenda y la oposición encontró una nueva oportunidad para intentar voltear el megadecreto de 2023, que el Senado ya había rechazado en marzo de 2024.

La controversia escaló hasta un punto poco habitual. Después de casi 48 horas de hermetismo, la Corte difundió una aclaración dirigida a la “opinión pública” para explicar qué había resuelto y, especialmente, qué no. Los jueces hablaron de “grupos de interés que presionan sobre el tema”, reivindicaron su trayectoria en defensa de los recursos naturales y cuestionaron los “discursos de odio y descalificación” posteriores al fallo.

El episodio volvió a dejar abierta una pregunta que adquiere otra dimensión cuando apenas tres personas concentran la última palabra constitucional. ¿Qué intereses económicos, políticos y corporativos encuentran mejores canales de llegada al máximo tribunal? No supone que los jueces respondan mecánicamente a alguno de ellos, pero alrededor de la Corte orbitan grandes estudios jurídicos, empresas y actores políticos que saben que muchas de sus disputas terminan en esos tres despachos.

Del Mago a Mahiques

El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia en marzo de 2026 significó bastante más que un cambio de nombre. Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo que había conducido buena parte de la política judicial, fue desplazado por Karina Milei tras la anunciada salida de Cúneo Libarona de la cartera y la reorganización redujo la influencia directa que el asesor presidencial había tenido sobre el área.

Mahiques llegó con la misión de ordenar la relación con la Justicia y conseguir resultados donde la estrategia anterior había chocado contra el Senado. Eso implicaba reconstruir interlocución con jueces, gobernadores y legisladores, pero también sacarle provecho a un sistema con reglas e intereses propios que el funcionario conocía como la palma de su mano.

Los números empezaron a mostrar una diferencia. Para septiembre, el Gobierno acumulaba 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores durante 2026. Sólo en agosto, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales en una jornada, con acuerdos entre prácticamente todos los bloques. Entre ellos estuvo Pablo Yadarola, amigo personal de Mahiques, que pasó de Penal Económico a integrar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, encargada de revisar las decisiones de los juzgados de Comodoro Py. Su nombramiento expuso también hasta dónde podían llegar los nuevos acuerdos: obtuvo 66 votos y fue aprobado por unanimidad, incluido el peronismo, pese a que Cristina Kirchner lo había señalado años antes como uno de los jueces del “lawfare” por su participación en el viaje a la mansión del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, en 2022.

Es que los candidatos provenientes de la propia familia judicial y el peso de los distintos grupos que intervienen en cada negociación vuelven a poner sobre la mesa la dimensión corporativa del Poder Judicial. En ese marco, comienzan a volver a aparecer conversaciones que mezclan dos discusiones diferentes: completar las vacantes actuales de la Corte o ampliar directamente el tribunal. Ambas cuestiones implican la construcción de acuerdos amplios.

En el Gobierno sostienen que, cuando llegue el momento, la prioridad debería ser volver a los cinco integrantes previstos por la ley. Milei y su ministro de Justicia hablaron este año sobre el tema, pero optaron por postergar una nueva batalla. La pregunta es si el método Mahiques, que permitió destrabar decenas de nombramientos, puede trasladarse alguna vez al cuarto piso de los tribunales de Talcahuano.

Oficialmente, no existe todavía una decisión de ampliar la Corte. De ocurrir, esa decisión cambiaría de golpe el valor de cada acuerdo, cada veto y cada candidato. Sin embargo, después del resonante fracaso de Lijo y García-Mansilla, nadie parece demasiado dispuesto a comenzar otra negociación sin conocer primero el tablero.

PL/MG

Después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras, el rechazo se movió en dos direcciones. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. Además, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma confirmaron una movilización al Palacio de Tribunales para el martes 6 de octubre a las 15, en Plaza Lavalle (Talcahuano 550), con la consigna “La Patria no se vende. La soberanía tampoco”.

Pichetto y Massot presentaron la cautelar contra el Poder Ejecutivo por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación. El objetivo es evitar que las compras de tierras rurales que se hagan mientras no rigen los límites de la Ley 26.737 se consoliden después como derechos adquiridos. El escrito advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si una ley repusiera las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas mientras tanto podrían quedar a salvo.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la derogación por decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para dictar un DNU. Señalan que el Congreso estaba en condiciones de funcionar, que el propio Ejecutivo le remitió el decreto apenas seis días después de dictarlo y que el Senado lo rechazó en marzo de 2024. También afirman que la tierra rural y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para disponer de ellos debe fijarlo el Congreso. Por la urgencia, pidieron una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita el informe previo que la Justicia debe pedir antes de resolver la cautelar. En subsidio, solicitaron medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar la información sobre las compras hechas por extranjeros y dar publicidad a la existencia del proceso judicial.

El fallo que originó ambas reacciones es del 29 de septiembre y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 a pedido del CECIM, y rechazó la demanda. La Corte no dijo si el DNU es constitucional. Resolvió por una cuestión procesal: sostuvo que los excombatientes no tenían legitimación para promover una acción colectiva, porque “la soberanía territorial es una atribución propia del Estado” y no un bien colectivo que una asociación civil pueda defender en tribunales. El tribunal aclaró además que no se pronunciaba sobre la validez constitucional del artículo ni sobre la intervención que le corresponde al Congreso.

Ese argumento es el que más críticas recibió entre los convocantes a la marcha. “Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le firmaron un cheque en blanco al Gobierno”, señalaron las organizaciones. Para las centrales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, la Corte “con su actitud cipaya, elige atropellar la voluntad y las necesidades de los argentinos”. En el comunicado agregaron que “al dejar sin efecto los límites de la Ley de Tierras, le abren la puerta a los grandes fondos extranjeros”. A la convocatoria adhieren también ATE, la UTEP y otras organizaciones sociales y políticas.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, ponía un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, limitaba al 30% de ese cupo lo que podían tener personas de una misma nacionalidad, fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y prohibía a los extranjeros comprar inmuebles que contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes o que fueran ribereños de ellos. El DNU de Javier Milei eliminó todas esas restricciones en diciembre de 2023. Con el fallo de la Corte, la derogación volvió a producir plenamente sus efectos.

La pulseada tiene otra fecha en el Congreso. El jueves 15, a las 14, Unión por la Patria y otros bloques pidieron una sesión especial en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023. Para abrirla se necesitan 129 diputados sentados. Si las dos cámaras rechazan el decreto, queda derogado. Los otros caminos son una nueva ley que reponga los límites o que cada provincia legisle sobre sus tierras rurales.

La jugada de Pichetto y Massot, sin embargo, tiene también una subtrama: los legisladores no quieren voltear el DNU porque allí también se deroga la ley de alquileres -entre otras normas- que no quieren que se restituya. Si la cautelar tiene efecto, podría desinflar la jugada opositora en Diputados para el 15 de octubre.

El reclamo avanza así por tres vías a la vez: los tribunales, la calle y el recinto.

Durante casi 48 horas, en la Corte Suprema eligieron el silencio. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían firmado el martes el fallo que dejó sin efecto la cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por Javier Milei en el DNU 70/2023. Una decisión que rápidamente abandonó los márgenes del expediente judicial y se convirtió en un problema político. Al calor de las críticas, la oposición comenzó a hablar de llevar nuevamente la discusión al Congreso y distintos sectores vinculados a la defensa de la soberanía y de los recursos naturales cuestionaron sus consecuencias. Desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales, sin embargo, la respuesta inicial fue la de siempre: hermetismo. Hasta este jueves.

La reacción que provocó la sentencia terminó empujando al máximo tribunal a romper una de las tradiciones más arraigadas del Poder Judicial: los jueces hablan a través de sus fallos. Esta vez, el fallo pareció no alcanzar. La Corte difundió un inusual comunicado dirigido directamente a la “opinión pública” para intentar explicar qué había resuelto, pero fundamentalmente qué no había resuelto, en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata contra la decisión presidencial.

El texto fue presentado bajo el paraguas de la política de “lenguaje claro” que impulsa el tribunal y con una finalidad explícita: “despejar dudas”. Pero fue bastante más que una traducción jurídica de la sentencia. Los cortesanos reivindicaron su trayectoria en materia ambiental y señalaron a quienes ejercen presión alrededor del tema. Hasta cuestionaron la circulación de “discursos de odio y descalificación” en las redes sociales.

En los tribunales de Talcahuano nadie ignora, sin embargo, el efecto concreto que produjo la sentencia. Al revocar la decisión de la Cámara Federal de La Plata, quedó nuevamente vigente el artículo del megadecreto de Milei que derogó la Ley 26.737 y, por lo tanto, dejaron de operar los límites que aquella legislación establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Entre ellos, el techo del 15% del territorio nacional, provincial y departamental. Ese efecto inmediato fue precisamente el combustible de buena parte de la reacción política y social de las últimas horas.

En el ámbito judicial circuló además otra lectura, bastante más política que jurídica, sobre la oportunidad de la decisión. Sin elementos que permitan adjudicarle esa intención a los jueces, hubo quienes interpretaron el fallo como un guiño hacia sectores empresarios interesados en una mayor apertura sobre la propiedad de la tierra y, al mismo tiempo, una manera de recordarle al Ejecutivo que existen resortes de poder que no controla. Una forma, en definitiva, de marcarle la cancha a un Gobierno que sigue dependiendo de decisiones de los tribunales para sostener buena parte de sus reformas.

En su escrito, los supremos remarcaron que otros expedientes siguen abiertos y que su sentencia no afecta las medidas cautelares con el mismo objeto que tramitan en diferentes tribunales. También dejaron expresamente abierta la puerta para que otras personas cuestionen judicialmente la constitucionalidad del nuevo régimen. “La Corte se expedirá” sobre la Ley de Tierras cuando alguno de esos reclamos llegue efectivamente a sus manos, sostuvo el tribunal. Hasta entonces, advirtieron, no corresponde interpretar que Rosatti, Rosenkrantz o Lorenzetti tengan una posición tomada sobre la cuestión de fondo.

Pero probablemente el tramo más llamativo del comunicado sea aquel en el que la Corte abandonó por completo el lenguaje procesal y contestó a sus críticos. Los jueces plantearon que los “grupos de interés que presionan sobre el tema” tienen disponibles las vías judiciales y contrapuntaron ese camino institucional con la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes. Más adelante volvieron sobre la misma idea: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”.

En otro de los pasajes del documento, el tribunal reivindicó haber ejercido durante años “un liderazgo” en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos y advirtió que “no es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”. Es difícil separar esa afirmación de una de las principales críticas que siguieron al fallo: que la eliminación de los límites a la extranjerización podía afectar no sólo la propiedad de la tierra sino también el control sobre recursos estratégicos.

El tono elegido resulta todavía más llamativo por el hermetismo que había rodeado la decisión desde el martes. En Tribunales no abundaron las explicaciones informales durante las primeras horas. Tampoco hubo una estrategia inmediata para salir a ordenar públicamente la interpretación de la sentencia. La expectativa inicial parecía ser que la distinción entre el aspecto procesal resuelto y la cuestión de fondo surgiera de la propia lectura del fallo. No ocurrió.

Hay una paradoja adicional. El comunicado insiste, con razón desde el punto de vista jurídico, en que la Corte todavía no decidió sobre la constitucionalidad de la derogación. Pero si tuvo que salir a aclararlo fue precisamente porque su sentencia produjo mientras tanto una consecuencia concreta. El debate sobre el fondo de la Ley de Tierras permanece abierto. Sus efectos políticos, en cambio, ya comenzaron.

Uno de ellos se siente en la propia Casa Rosada, donde la sentencia también cayó por sorpresa. Pese a los puentes que el Gobierno tendió durante los últimos meses con distintos sectores del Poder Judicial, desde la Corte no hubo ningún aviso previo sobre la decisión que tomarían Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti. El fallo comenzó a circular cuando Milei y buena parte de su gabinete se preparaban para partir rumbo a París y obligó al oficialismo a volver sobre una discusión que creía haber dejado atrás.

Desde entonces, en Balcarce 50 todavía deliberan cuál será la respuesta política. El problema dejó de ser únicamente la Ley de Tierras: la oposición pidió una sesión para el 15 de octubre con la intención de completar en Diputados el rechazo al DNU 70, que el Senado ya votó en contra en 2024. Para el Gobierno, el riesgo es mucho mayor que la discusión sobre la extranjerización: el megadecreto constituye una de las piezas fundacionales de la administración Milei y desreguló amplios sectores de la economía.

Por eso, entre las alternativas que comenzaron a circular aparece una salida legislativa para intentar separar ambas discusiones. El oficialismo evalúa introducir durante el tratamiento en Diputados de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción del Senado, un artículo que vuelva a establecer límites para la adquisición de tierras por extranjeros. La iniciativa resulta particularmente significativa porque fue precisamente esa discusión la que, en agosto, había obligado al Gobierno a retroceder ante la resistencia de sus propios aliados. Las paradojas de la Argentina libertaria.

PL/CRM

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó este jueves un escrache contra los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en San Martín de los Andes, Neuquén, en rechazo al reciente fallo del máximo tribunal vinculado con la Ley de Tierras.

La protesta se llevó a cabo frente al Hotel Le Village, ubicado en General Roca 816, donde los magistrados participaron de una reunión con jueces de Tribunales Orales Federales.

Trabajadores estatales se concentraron en el lugar para manifestar su rechazo a la decisión de la Corte y expresar, según planteó el sindicato, su reclamo “en defensa de las tierras y la soberanía nacional”.

“Estos tres tipos son unos cobardes, no los tenemos que dejar caminar por la calle. No los votó nadie y sin embargo están entregando la soberanía sobre la tierra que es de todos los argentinos”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El dirigente sindical vinculó la protesta con la decisión de la Corte que dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata relacionada con la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

“Esta es la peor Corte Suprema que en democracia haya existido. Ponen en venta la Argentina y juegan para la Embajada de los Estados Unidos. Pisotean la voluntad popular expresada en las calles y representada en el Congreso que ya rechazó la extranjerización de las tierras”, sostuvo Aguiar.

El titular de ATE anticipó además que el sindicato pretende extender las protestas a otros lugares del país que visiten los magistrados. “Los trabajadores los vamos a declarar personas no gratas en todos los lugares del país que se les ocurra ir”, aseguró.

El fallo que originó la protesta

El escrache se produjo después de que la Corte Suprema revocara el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737.

La norma, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos un tope del 15 por ciento sobre el territorio nacional.

La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley. El tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la acción judicial, carecía de legitimación para hacerlo en esos términos.

Como consecuencia de la decisión, quedó sin efecto el fallo de la Cámara y volvió a tener vigencia el artículo del DNU que derogó la Ley de Tierras.

Ante las críticas, la Corte aclaró que su sentencia se limitó a una cuestión procesal y que no resolvió sobre la validez constitucional del régimen. También señaló que la cuestión de fondo podría volver a llegar al máximo tribunal a través de otras causas.

ATE cuestionó, en cambio, las consecuencias concretas de la resolución y sostuvo que favorecen la extranjerización de las tierras. Ese rechazo fue el eje de la protesta realizada este jueves en San Martín de los Andes.

La Corte Suprema buscó aclarar, a través de un mensaje por WhatsApp emitido por sus voceros, los fundamentos de su fallo que derogó la Ley de Tierras. Los jueces plantearon que su rechazo a la demanda de los excombatientes tuvo que ver con “un aspecto procesal”, aunque la norma en sí sigue caída.

El texto se refiere a la causa “Cecim c. el Gobierno Nacional”, iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023. Con ese artículo, el Gobierno derogó la Ley 26.737, que regulaba el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Según el mensaje, en el expediente solo se resolvió si una asociación tenía legitimación para obtener una medida cautelar. El tribunal sostuvo que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” de la Corte.

Los cortesanos insistieron en que la sentencia no afecta otras cautelares con el mismo objeto que tramitan en distintos tribunales. También dijeron que no impide que “toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional” pida una medida cautelar, que después deberá evaluar un juez competente. En el último punto del mensaje, la Corte afirmó que la controversia de fondo sobre el artículo 154 y la vigencia de la Ley 26.737 “no ha sido resuelta en este caso”. Por eso, dijo, “no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen”.

La aclaración, sin embargo, no cambia el efecto concreto del fallo: al caer la cautelar que había obtenido el Cecim, vuelve a regir sin restricciones la derogación dispuesta por el DNU. La Ley 26.737 fue sancionada en 2011. Establecía un tope del 15% a la titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales del país y un límite del 30% para los propietarios de una misma nacionalidad. Además restringía la compra por parte de extranjeros de inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura, o que estuvieran ubicados en zonas de seguridad de frontera.

El mensaje tuvo también un tono político poco habitual para el máximo tribunal. “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”, sostuvo. Y agregó en tono de victimización por los fuertes cuestionamientos que surgieron en las últimas horas: “La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”. La Corte reivindicó además lo que definió como un “liderazgo” de muchos años en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos. Pidió no “confundir a la población” en este aspecto.

El tribunal dijo que su decisión tampoco obstaculiza la función del Congreso en el tratamiento del DNU 70/2023. Recordó que el decreto fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024 y que está siendo examinado por la Cámara de Diputados. Pero bajo el régimen de la Ley 26.122, un decreto de necesidad y urgencia solo pierde vigencia si lo rechazan ambas cámaras. Diputados nunca llevó el DNU al recinto, así que, más de dos años y medio después de su dictado, el megadecreto sigue vigente, incluido el artículo que eliminó los límites a la extranjerización de la tierra.

La vía elegida para la comunicación también llama la atención. La Corte la enmarcó en su “política de lenguaje claro”, pero el mensaje circuló como un texto reenviado por WhatsApp y no como una acordada o un comunicado institucional publicado en sus canales oficiales. Tampoco es habitual que el tribunal salga a explicar una sentencia después de dictarla. En este caso, lo hizo ante el impacto que la decisión generó entre organizaciones de veteranos de Malvinas y sectores que venían reclamando la protección de los recursos estratégicos.

La noticia encontró a Javier Milei y a buena parte de su gabinete prácticamente con un pie en el avión. Mientras la comitiva presidencial terminaba de prepararse para despegar rumbo a París, donde el Gobierno pretende seducir a inversores durante la Argentina Week, la Corte Suprema acababa de reabrir en Buenos Aires uno de los debates que la Casa Rosada creía haber conseguido sacar de la agenda luego de su giro malvinista: la extranjerización de la tierra.

El fallo se conoció pasadas las cuatro de la tarde del martes, apenas una hora después de que hubiera terminado la reunión semanal de la mesa política en Balcarce 50. Los tres miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejaron sin efecto la cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras incluida por Milei en el polémico DNU 70/2023. No resolvieron, sin embargo, la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la medida: cuestionaron la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) para promover el amparo.

El efecto inmediato es concreto. Vuelve a quedar vigente la derogación dispuesta por el megadecreto y, con ella, desaparecen las restricciones que la norma establecía para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, entre ellas el límite del 15% sobre el territorio nacional, provincial o municipal. Se mantienen, en cambio, las restricciones específicas que rigen para las zonas de seguridad de frontera.

En la Casa Rosada, lejos de celebrar una victoria judicial, eligieron oficialmente el silencio. La primera reacción entre algunos integrantes de la mesa política fue incluso de desconcierto: el fallo no había formado parte de la reunión que acababan de mantener y comenzó a circular cuando la comitiva presidencial ya se preparaba para partir. “Nadie estaba esperando que saliera esto ahora”, reconoció a elDiarioAR uno de los funcionarios que suele participar de esas conversaciones.

El problema no es tanto jurídico como político. Durante los últimos meses, Milei convirtió la cuestión Malvinas en uno de los terrenos sobre los que consiguió construir una agenda con respaldos que buscan exceder a La Libertad Avanza. El Gobierno endureció el discurso contra las empresas que operan en las islas sin autorización argentina, avanzó con denuncias y notificaciones, llevó nuevas iniciativas al Congreso y reivindicó el reclamo de soberanía como uno de los ejes de su política exterior. La posibilidad de que extranjeros compren tierra argentina prácticamente sin límites vuelve a meter una cuña dentro de ese relato.

En Balcarce 50 tampoco olvidaron lo ocurrido cuando el Gobierno intentó avanzar en el Congreso con cambios vinculados al régimen de tierras. La reacción social, potenciada por la sensibilidad alrededor de Malvinas, terminó convirtiendo una discusión regulatoria en un problema político. El rechazo de la oposición y la resistencia de sectores aliados obligaron finalmente al oficialismo a retroceder. Ahora, lo que no pudo sostener políticamente reaparece por una vía inesperada.

En el entorno presidencial advierten además acerca del riesgo de que la oposición aproveche la controversia para volver a poner bajo presión al DNU 70/2023 en Diputados. “Les das una excusa para volver a juntar votos contra el decreto. Además, ¿para qué vamos a salir a defender algo que ya nos trajo problemas?”, plantean. La apuesta, por ahora, es que la controversia pierda intensidad antes de que consiga trasladarse de los tribunales al Congreso y, sobre todo, a la calle.

El fantasma del 2x1

Es que la preocupación no pasa únicamente por lo que pueda ocurrir en el recinto de Diputados. En la memoria política argentina existe un antecedente particularmente potente de una decisión de la Corte que salió rápidamente de los expedientes y terminó obligando a reaccionar a los otros poderes del Estado. Ocurrió en mayo de 2017, con el fallo que habilitó la aplicación del llamado 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. La decisión provocó una movilización multitudinaria y una reacción casi inmediata del Congreso, que sancionó por amplísima mayoría una ley para impedir que aquel beneficio pudiera aplicarse a esos crímenes.

Las dimensiones y la naturaleza de ambos casos son completamente distintas y nadie en el Gobierno imagina, por ahora, una reacción de aquella magnitud. Pero aquel episodio dejó una enseñanza sobre la capacidad de determinados fallos de la Corte para abandonar rápidamente el terreno judicial y convertirse en problemas políticos. Es precisamente lo que algunos funcionarios temen que pueda comenzar a suceder ahora si la discusión sobre la tierra logra ensamblarse nuevamente con Malvinas.

El momento tampoco ayuda. El Gobierno pretende acelerar durante las próximas semanas la discusión del Presupuesto 2027 para intentar dejar encaminada su aprobación antes de la llegada del papa León XIV. Ese es uno de los principales asuntos que concentra las conversaciones del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores, mientras el oficialismo todavía intenta encauzar el conflicto alrededor de Discapacidad. La Ley de Tierras agrega así otro frente a una agenda legislativa que la Casa Rosada pretendía mantener bajo control.

La dificultad para defender la medida públicamente ya había quedado expuesta en agosto, durante la polémica por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Entonces, buena parte de las críticas se concentraron sobre Federico Sturzenegger, ideólogo del DNU 70/2023 y también uno de los principales impulsores del nuevo proyecto, que volvía a avanzar sobre las restricciones para la adquisición de tierras por extranjeros. El ministro quedó prácticamente solo defendiendo la iniciativa y recibió cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, donde varios dirigentes reprochaban que una discusión de semejante costo político hubiera llegado tan lejos sin que nadie quisiera hacerse cargo.

Santilli fue uno de los que lamentó puertas adentro que las principales figuras libertarias no hubieran salido a explicar las supuestas bondades de la apertura, aunque tampoco él se puso al frente de esa defensa. La resistencia de los aliados terminó obligando al Gobierno a retirar ese capítulo.

Entre el pacto y la sorpresa

El contraste con la situación actual alcanza incluso al propio Sturzenegger. El ministro que en agosto había quedado expuesto como principal ideólogo de una iniciativa que pocos de sus compañeros de Gobierno estaban dispuestos a defender públicamente ahora tampoco salió a celebrar una sentencia que, en los hechos, rehabilita una parte central de aquella concepción. Tampoco habló el canciller Pablo Quirno, pese a que la discusión sobre las tierras quedó inevitablemente atravesada por la ofensiva diplomática que su propia cartera encabeza alrededor de Malvinas.

La decisión tampoco había sido anticipada a Balcarce 50 desde el Ministerio de Justicia. Ayer mismo, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había coincidido con el ministro Juan Bautista Mahiques y su segundo, Santiago Viola, durante la jura de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway como camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La sentencia, sin embargo, sorprendió también al Ejecutivo.

El episodio se produce, además, después de meses de intensa actividad alrededor de los pliegos judiciales en el Congreso. El Gobierno aceleró el envío de candidatos para cubrir las vacantes acumuladas y consiguió en el Senado acuerdos que requirieron negociaciones con gobernadores y bloques opositores. En agosto, la Cámara alta aprobó en una sola sesión 67 pliegos judiciales con el acompañamiento de todos los bloques, mientras durante septiembre continuó avanzando con nuevas designaciones. La Casa Rosada convirtió esos números en parte del balance de la nueva gestión de Justicia: durante 2026 se completaron 166 vacantes de jueces y fiscales.

La negociación por los pliegos se convirtió así en uno de los canales menos visibles de la relación entre el oficialismo, los gobernadores y la oposición durante los últimos meses. Los acuerdos atravesaron distintos fueros y jurisdicciones y convivieron con conversaciones todavía inconclusas sobre los cargos más sensibles del sistema judicial. Catania y Galván Greenway, de hecho, habían tenido sus propios pliegos demorados durante meses antes de conseguir finalmente el acuerdo del Senado y asumir sus cargos.

La relación entre la política y los tribunales tendrá incluso una pequeña postal en París. Entre los invitados a participar de la Argentina Week viajaron tres magistrados: Richard Gallego, de la Cámara Federal de General Roca, con competencia sobre una región atravesada por el desarrollo de Vaca Muerta; Eduardo Farah, camarista federal de Comodoro Py, y Sergio Fernández, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, uno de los fueros donde se dirimen los planteos contra el Estado. Durante el vuelo, Milei siguió activo en las redes sociales, pero eligió otros blancos para sus intervenciones. Sobre la Ley de Tierras, nada.

PL/MC

Recién comenzada este mediodía en la Cámara de Diputados la reunión del bloque peronista con los excombatientes del CECIM, la iniciativa tomó vuelo rápidamente: convocar a una sesión especial para intentar voltear el DNU 70/23 que firmó Javier Milei apenas asumió y que derogó la Ley de Tierras. En paralelo, en grupos WhatsApp de autonconvocados ya circulaba la invitación a una asamblea popular en Parque Lezama para este viernes, con el objetivo de armar una protesta contra la Corte Suprema. La idea prendió también en la UTEP, los gremios de la economía popular: habrá una reunión también pasado mañana con el horizonte de marchar a Tribunales el próximo martes 6 de octubre.

Esos movimientos entre el Palacio y la calle se aceleraron en las últimas horas desde que el máximo tribunal derogó a través de un polémico fallo la Ley de Tierras, luego de rechazar un reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata. Los cuestionamientos opositores comenzaron este miércoles a tomar forma en acciones concretas: desde la ofensiva parlamentaria a la callejera. Todo, mientras el Gobierno está acéfalo: Javier Milei aterrizaba a las 13 a París, Victoria Villarruel está en España y el senador puntano Bartolomé Abdala está a cargo del Ejecutivo.

“No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo”, apuntaron desde el CECIM en la reunión con los diputados de Unión por la Patria en un salón de la Cámara baja. “El fallo es una tragedia. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina de una manera muy cobarde”, planteó a elDiarioAR el abogado de los excombatientes Jerónimo Guerrero Iraola antes de entrar al Congreso.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, fue quien confirmó que pedirán una sesión especial en Diputados para completar el rechazo al DNU 70, que ya fue rechazado en el Senado. El peronismo ahora buscará blindar el apoyo del resto de la oposición dura al Gobierno, desde las distintas bancadas provinciales a la izquierda. La fecha de la sesión aún está en el aire, pero la marcha que se estudia para el martes próximo podría definir el calendario parlamentario.

En el peronismo hubo incluso propuestas más temerarias. El diputado Juan Marino adelantó que presentará un pedido de juicio político al Máximo Tribunal. Ese proceso tiene su propio derrotero parlamentario con una dificultad para la oposición: el oficialismo domina la lapicera en la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

La marcha popular

Entre las organizaciones sociales ya hay una conversación intensa por estas horas. La UTEP tiene previsto reunirse este viernes y convocar al resto de las agrupaciones que están fuera, supo elDiarioAR. “Se ha ido construyendo una agenda de pelea para los próximos días”, dijo un dirigente que anticipó como fecha estimativa el 6 de octubre en Tribunales.

Allí confluiría el amplio abanico de movimientos populares para repudiar a la Corte Suprema en su sede. La bandera principal es el reclamo contra la “Extranjerizacion de la Tierra”, pero las organizaciones también reclaman desde hace tiempo la restitución del plan Volver al Trabajo.

Este viernes se terminaría de confirmar la convocatoria, a la que podrían plegarse banderas sindicales, políticas y de autoconvocados. De hecho, desde la coordinación de la Marcha de la Bronca -que tuvo como punta de lanza a Myriam Bregman-, con más de 300 organizaciones politicas, sindicales, de derechos humanos, feministas y diversidades, de la cultura, entre otras, ya confirmaron a elDiarioAR una asamblea popular este viernes en Parque Lezama a las 17.

“Preparamos una gran movilización para la semana que viene contra el nefasto fallo de la Corte que habilita la extranjerización total de las tierras que busca echar tierra a lo logrado por todxs el 6 de agosto, y por la anulación del DNU 70/23”, recogió este medio.

A ese plan de movilizar el 6 de octubre le sumarían otras acciones que están en carpeta para los siguientes días: la CGT estudia una marcha por la industria el jueves, y del 10 al 12 de octubre está convocado el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries que se realizará en la ciudad de Córdoba. En el horizonte aparece además la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que también tendrá como epicentro la sede de la Corte Suprema. Todo, a un mes de la llegada del papa León XIV al país.

MC

La palabra soberanía tendrá este miércoles dos escenas en la Cámara de Diputados, separadas por apenas una hora. Desde las 11, legisladores de Unión por la Patria se reúnen con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la organización que llevó a la Justicia la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A las 12, un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto abre el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una de las iniciativas que el Gobierno más quiere aprobar este año y que crea el polémica Consejo de Seguridad Nacional.

La reunión con los excombatientes se organizó después del fallo que la Corte Suprema dio a conocer el martes. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley 26.737. Los jueces no se pronunciaron sobre la validez del decreto. Sostuvieron que el CECIM no tenía legitimación para litigar y que la soberanía territorial no es “un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución”. En la práctica, quedan sin efecto los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.

En la convocatoria, el bloque que conduce Germán Martínez calificó la decisión como “escandalosa” y la atribuyó a “la Corte Suprema de Milei”. También remarcó que el encuentro con el CECIM se hace “minutos antes de que comience el debate de la 'Ley de Soberanía'” y horas después de un fallo que “le negó legitimidad procesal” a los excombatientes. El CECIM ya había respondido con una frase que la oposición repitió durante todo el martes: “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”. Florencia Gómez, coautora de la Ley de Tierras, dijo a elDiarioAR que la Corte usó “un artilugio procesal” para no tratar el fondo. “Sin decirlo, están habilitando directamente la extranjerización de la tierra”, afirmó.

Como la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad, la oposición volvió a mirar al Congreso. El Senado rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, y según la Ley 26.122 alcanza con que Diputados haga lo mismo, por mayoría simple, para que el decreto quede derogado. El obstáculo fue siempre el quórum: en casi tres años no se lograron reunir 129 diputados en una sesión con ese temario. Tras el fallo, el socialista Esteban Paulón pidió convocar “con urgencia” a una sesión especial; Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, recordó que “se necesitan diez firmas” para pedirla, y el senador Mariano Recalde advirtió que “si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”. La oposición busca ahora reunir los votos.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Si Diputados rechaza el decreto, pierden sustento todas las disposiciones que no fueron ratificadas ni reemplazadas por leyes posteriores. Entre ellas están la derogación de la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el régimen de Compre Nacional; la derogación de la Ley de Alquileres, que habilitó contratos con plazo, moneda y actualización libres; la orden de transformar las sociedades del Estado en sociedades anónimas; y la desregulación de prepagas y obras sociales, que eliminó el control sobre los aumentos de las cuotas. También caerían la apertura del mercado aerocomercial, los cambios en los regímenes de economías regionales como la yerba mate y el vino, la habilitación de las Sociedades Anónimas Deportivas y modificaciones en telecomunicaciones, registro automotor, turismo y el Código Aduanero.

La soberanía según Milei

Mientras tanto, el oficialismo pone en marcha su propia agenda de soberanía. El proyecto que Milei envió a Diputados a mediados de septiembre endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y los espacios marítimos circundantes, con penas de hasta 20 años de prisión, y amplía el alcance de la Ley 26.659. Además, crea un polémico Consejo de Seguridad Nacional presidido por el jefe de Estado, un registro público de infractores, restricciones al financiamiento político extranjero y nuevos delitos vinculados a la inteligencia. También habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior frente a amenazas externas.

Para la primera reunión informativa, según la convocatoria firmada por el secretario de la comisión de Defensa, fueron invitados la secretaria Legal y Técnica, Paula Taddei; el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija; y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general Jorge Puebla. El plenario lo encabeza el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata. El oficialismo pretende firmar dictamen el 6 de octubre y llevar el proyecto al recinto al día siguiente.

La oposición ya adelantó sus objeciones. Agustín Rossi advirtió que “Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”, y Santiago Cafiero cuestionó que se mezclen en una sola ley las sanciones por Malvinas, la reforma de la Defensa y cambios en el Código Penal. El proyecto se ocupa de los recursos de las islas y el Atlántico Sur, pero no dice nada sobre la propiedad de la tierra en el territorio continental, que desde este martes vuelve a estar abierta sin topes al capital extranjero. Esa es la tensión que la oposición buscará explotar: el Gobierno pide herramientas para defender la soberanía en el Atlántico Sur mientras sostiene por decreto la eliminación de los límites que la Ley de Tierras fijaba en nombre de esa misma soberanía.

Casi al mismo tiempo que el Gobierno nacional recibía con un acto la llegada de nuevos aviones de combate F-16 —comprados para “defender nuestra soberanía”—, la Corte Suprema de Justicia asestaba un golpe a los intentos nacionalistas del Gobierno. El fallo del máximo tribunal, que en los hechos habilita la venta de tierras sin límites a extranjeros, abrió un nuevo foco de conflicto con la oposición, que amenaza con escalar hasta la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, uno de los pilares del gobierno libertario.

Conocido el fallo, referentes de la oposición, desde el peronismo y la izquierda, amenazaron con convocar a una sesión especial para derogar por completo el DNU, algo que podría debilitar la siempre inestable relación con los gobernadores. En marzo de 2024, una mayoría conjunta de la Cámara Alta, entre el kirchnerismo, fuerzas provinciales y hasta senadores radicales, había votado en contra del megadecreto de desregulación de la economía que Milei firmó a poco de comenzar su mandato.

Germán Martínez, jefe del bloque de diputados del PJ, señaló: “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.

El fallo del tribunal, además, va a contramano del repentino fervor malvinense del presidente Javier Milei. Si bien la Corte no se expidió sobre la cuestión de fondo —si se puede habilitar o no la venta de tierras a extranjeros—, el fallo rechazó el derecho de los excombatientes a reclamar por el resguardo de la soberanía nacional.

“Una Corte Suprema de Justicia de espaldas al pueblo argentino y los héroes de Malvinas”, escribió en su cuenta de X el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Y explicó que “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural adonde quieran —incluidas las zonas de frontera— sin límite alguno”.

La causa se inició a partir de una acción de amparo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional, en la que pidió la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. Para la Corte Suprema, los excombatientes no tienen representatividad para iniciar acciones colectivas.

“Lo peor de la Corte Suprema es que le dice a los excombatientes de Malvinas, que pusieron el cuerpo (literalmente) por nuestra Patria, que no pueden defenderla en Tribunales!!! No se me ocurre nada peor”, agregó el abogado Enrique Viale.

En un comunicado, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas - La Plata dijo: “En un fallo escueto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de resolver el problema político en que el gobierno de Milei se había metido. Mientras el pueblo gritó con fuerza que ‘LA PATRIA NO SE VENDE’, la Corte entendió que no existe algo así como un bien jurídico soberanía, y rechazó nuestra demanda para evitar la derogación de la Ley de Tierras”.

Y agregó: “Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal. El fallo no solo se pelea con el derecho. Lo hace con la humanidad, con la razonabilidad. Esta Corte es indigna, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino, a su territorio, a su capacidad de decidir”.

El CECIM recordó además que quienes iniciaron la causa fueron un “grupo de ex soldados conscriptos” a quienes el Estado “mandó a batallar bajo el argumento de la ‘defensa de la soberanía nacional’”.

A aquel primer intento del Gobierno, apenas asumido Javier Milei, le siguió este año la decisión de incluir un capítulo sobre Tierras en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Ese artículo eliminaba el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, la prohibición de la venta en zonas de frontera y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo.

Pero los deseos del Gobierno se toparon de frente con un renacer del espíritu patriótico, de la mano de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección ondearon después de derrotar a Inglaterra. Hasta Tini Stoessel se sumó a la campaña en contra de las modificaciones a la Ley de Tierras. Sin los votos para aprobarla, finalmente, el 5 de agosto, el oficialismo decidió retirar la reforma del Senado.

Ahora, el fallo de la Corte vuelve a sumar presión sobre el asunto, en un escenario en el que la oposición encuentra en este reclamo un punto de cohesión. Desde los peronistas Germán Martínez, Martín Soria y Paula Penacca hasta Myriam Bregman, del FIT, y el socialista Esteban Paulón salieron a repudiar la decisión del tribunal.

Paulón presentó un proyecto de resolución para derogar el DNU 70/23. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para derogar el DNU 70/23. No puede haber espacio para que la Justicia le dé la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la Ley de Tierras y a la decisión del Senado en el mismo sentido hace tan solo algunas semanas”, escribió.

Bregman también hizo un llamado a la oposición para avanzar en la derogación del decreto: “Ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían. Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”.

“No lo podemos permitir. Tenemos que volver a salir todos a reclamar, pacíficamente, protección para la tierra y los recursos estratégicos de los argentinos. A nosotros, Diputados y Senadores, nos toca activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”, sumó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

El senador del PJ, Wado de Pedro, aseguró: “Hoy la Corte falló en contra de los combatientes de Malvinas, de la ley y la Constitución, de la soberanía y de la Nación, poniendo a la Argentina en venta y habilitando la entrega indiscriminada del territorio a los capitales extranjeros. Peleamos durante meses en el Congreso y en la calle, con una movilización multitudinaria, para evitar una ley que tenía este mismo objetivo. Vamos a seguir peleando. La Patria no se vende.”

La Corte Suprema dejó sin efecto la absolución del ex jefe del Ejército César Milani en la causa por la desaparición del soldado conscripto Agapito Ledo, ocurrida en 1976 durante la última dictadura. El máximo tribunal hizo lugar a los planteos contra la decisión que había beneficiado al militar y dispuso que su situación vuelva a ser examinada por la Cámara Federal de Casación Penal.

El fallo fue adoptado por mayoría y con la participación de conjueces. Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Juan Ignacio Pérez Curci hicieron suyos, “en lo pertinente”, los argumentos del procurador general interino, Eduardo Casal, quien había cuestionado la manera en que las instancias anteriores valoraron las pruebas para absolver a Milani por el beneficio de la duda.

La Procuración sostuvo que tanto el Tribunal Oral Federal de Tucumán como la Cámara de Casación omitieron analizar de manera exhaustiva distintas circunstancias comprobadas durante la investigación.

Uno de los puntos cuestionados fue la conclusión de que Milani no sabía ni tenía motivos para sospechar que Ledo había sido víctima de un delito y que, por el contrario, podía considerar que se trataba de una deserción.

Casal señaló además que no se había valorado adecuadamente la acusación según la cual Milani habría consignado falsamente que Ledo se había llevado sus pertenencias al abandonar el Ejército.

El conjuez Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas también votó por revocar la absolución, aunque con sus propios fundamentos. Cuestionó que los tribunales inferiores hubieran analizado “en abstracto” el papel desempeñado por Milani y tratado la supuesta deserción como “un mero trámite burocrático”.

Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y consideró que correspondía mantener la absolución. Para el juez, la participación concreta de cada acusado en los hechos debía quedar demostrada más allá de toda duda razonable.

La resolución de la Corte no implica una condena contra Milani. El expediente deberá regresar ahora a la Cámara Federal de Casación Penal para que, con una integración diferente, vuelva a examinar la absolución dictada en su favor.

La desaparición de Agapito Ledo

Agapito Ledo era estudiante de Historia, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y realizaba tareas sociales vinculadas al obispo riojano Enrique Angelelli. En 1976 cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 del Ejército, con asiento en La Rioja.

El 17 de junio de ese año, mientras se encontraba en Tucumán junto a su unidad militar, fue sacado por la fuerza de su cama y desapareció. De acuerdo con testimonios incorporados a la causa, fue visto por última vez meses después como detenido en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en San Miguel de Tucumán.

Por esos hechos fueron llevados a juicio el excapitán Esteban Sanguinetti y Milani, quien en aquel momento tenía el grado de subteniente. Sanguinetti fue acusado por la privación ilegítima de la libertad y el homicidio de Ledo, mientras que Milani llegó al debate acusado de encubrimiento y falsedad ideológica.

Según la investigación, Sanguinetti ordenó iniciar las actuaciones por la supuesta deserción del conscripto y Milani confeccionó el acta correspondiente.

En diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a Sanguinetti a 14 años de prisión y absolvió a Milani por el beneficio de la duda. Dos años después, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa absolución.

La Procuración y las querellas recurrieron la decisión ante la Corte Suprema. Con el fallo conocido este martes, el máximo tribunal anuló la confirmación de la absolución y ordenó que Casación vuelva a analizar el caso.

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema revocó este martes la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/2023. Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de la decisión del Ejecutivo: rechazó la demanda al considerar que la organización que la había presentado no tenía legitimación para hacerlo.

La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y dejó sin efecto el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que había aceptado una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

El planteo cuestionaba el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la ley 26.737, denominada Ley de Tierras, que establecía límites a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

Para la Corte, el CECIM no podía presentarse judicialmente en defensa de la soberanía territorial bajo la figura de un derecho de incidencia colectiva. “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvieron los jueces.

El tribunal cuestionó además el criterio adoptado por la Cámara Federal de La Plata para admitir la demanda. Según el fallo, pese a que existe jurisprudencia consolidada sobre los requisitos necesarios para habilitar una causa de estas características, todavía hay tribunales que reconocen legitimaciones que se apartan de esos parámetros.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló.

La Corte consideró que la soberanía territorial no puede ser tratada como un “bien colectivo” en los términos del artículo 43 de la Constitución. La definió, en cambio, como “uno de los elementos constitutivos del Estado”.

A partir de esa distinción, concluyó que el encuadre realizado por la Cámara para permitir que la asociación llevara adelante la acción “carece de todo fundamento”.

Los jueces se ocuparon, no obstante, de delimitar el alcance de su decisión. El rechazo de la demanda por falta de legitimación no significa que la Corte haya avalado la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

El pronunciamiento, aclararon, “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023” y tampoco implica interferir con la intervención que corresponde al Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia.

La reacción del CECIM

El CECIM reaccionó con dureza al fallo y cuestionó especialmente que la Corte le negara legitimación para acudir a la Justicia en defensa de la soberanía. “Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal”, sostuvo la organización de excombatientes, que calificó de “extraño razonamiento” el criterio del máximo tribunal.

En un comunicado titulado “La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta”, la entidad sostuvo que el tribunal evitó discutir la cuestión de fondo al resolver el caso por falta de legitimación. “No exploró el planteo jurídico. Dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado”, cuestionó.

Para el organismo, la consecuencia política de la sentencia es permitir que continúe vigente la derogación de los límites establecidos por la Ley de Tierras. El CECIM acusó por eso a la Corte de haber resuelto “el problema político de Milei” y afirmó que el fallo la convierte en “responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros”.

La disputa judicial comenzó poco después de la publicación del DNU 70/2023. En enero de 2024, durante la feria judicial, el juez federal de La Plata Ernesto Krepak dictó una cautelar que suspendió la derogación y restituyó provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras.

Más tarde, el juez Alberto Recondo dejó sin efecto esa medida y rechazó el planteo al entender que el CECIM carecía de legitimación para promover la acción.

La Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió posteriormente esa decisión. Admitió la demanda, declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU y dispuso que el expediente fuera registrado como una causa colectiva.

El Estado Nacional apeló entonces ante la Corte Suprema, que ahora revocó esa sentencia. El expediente quedó así cerrado por una cuestión procesal, sin que el máximo tribunal resolviera el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la decisión del Gobierno de eliminar por decreto el régimen de protección sobre la propiedad de las tierras rurales.

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó la creación de un protocolo médico para evaluar las condiciones de salud de las personas detenidas y determinar si pueden recibir tratamiento dentro de los establecimientos penitenciarios. La medida podría tener impacto en los pedidos de prisión domiciliaria de represores condenados o investigados por delitos de lesa humanidad.

A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.

El objetivo, según establece la resolución, es “sistematizar los criterios” y proporcionar a los jueces “mejores elementos de juicio” al momento de resolver si corresponde otorgar una prisión domiciliaria por razones de salud.

La medida no dispone por sí misma el beneficio para ningún detenido en particular, pero establece nuevos criterios para las evaluaciones médicas que pueden ser consideradas por los magistrados al analizar este tipo de pedidos.

Qué deberá evaluar el protocolo

De acuerdo con la acordada, el protocolo deberá contemplar un examen médico general de cada persona detenida, además de una evaluación de las condiciones concretas en las que cumple su detención.

También deberá determinarse cuáles son las posibilidades de tratamiento disponibles dentro del establecimiento penitenciario en el que se encuentra alojado cada interno.

De esta manera, los informes médicos deberán aportar elementos tanto sobre el estado de salud de la persona como sobre la capacidad del sistema penitenciario para garantizar el tratamiento que necesita.

La Corte fundamentó la decisión, entre otros argumentos, en lo establecido por la Constitución Nacional respecto de las condiciones de las cárceles. En particular, recordó que la Carta Magna establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.

Cuántos represores están detenidos

La decisión adquiere particular relevancia en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualmente hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas.

De ese total, 440 cumplen arresto domiciliario, mientras que 18 permanecen alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario y otras 61 se encuentran en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.

Entre los represores que continúan detenidos en establecimientos penitenciarios se encuentran Alfredo Astiz, conocido como “el Ángel de la Muerte”; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Christian Federico von Wernich, entre otros.

La elaboración del nuevo protocolo abre así una nueva instancia para la evaluación de las condiciones de salud de las personas privadas de su libertad. En los casos de represores detenidos por delitos de lesa humanidad, esos informes podrían ser utilizados como elemento de análisis ante eventuales pedidos de prisión domiciliaria.

La decisión de conceder o rechazar esos beneficios, de todos modos, continuará correspondiendo a los jueces que intervengan en cada caso, a partir de las circunstancias particulares de cada detenido.

Con información de la agencia NA

El Gobierno oficializó este martes una reforma al proceso de designación de jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y el Defensor General de la Nación. Mediante el Decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei modificó en profundidad los decretos 222 y 588 de 2003, eliminando la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato. El decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El decreto se produce en un contexto en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte Suprema y ha mostrado intención de avanzar rápidamente en esas designaciones. Actualmente el máximo tribunal está conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El año pasado el Gobierno fracasó en completar la Corte con los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

En las últimas semanas Mahiques logró que el Senado acelere en la designacón de jueces federales; entre ellos nombró como juez en Santa Fe a Emilio Rosatti, hijo del titular de la Corte Suprema.

Qué cambia

El esquema vigente hasta ahora obligaba a publicar las candidaturas con anticipación para que fueran de conocimiento público y pudieran recibir impugnaciones u observaciones de cualquier ciudadano o institución. Esa instancia queda derogada.

Bajo el nuevo régimen, la difusión de los antecedentes y hojas de vida de los aspirantes se canalizará exclusivamente a través del Boletín Oficial y los portales web del Ministerio de Justicia. Los nominados tendrán cinco días para presentar sus declaraciones juradas patrimoniales —incluyendo bienes de cónyuges, convivientes e hijos menores— conforme a la Ley de Ética Pública.

El decreto también fija por primera vez un tope de cinco días para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elabore los informes sobre el comportamiento impositivo y previsional de los postulantes, preservando el secreto fiscal.

Otro cambio relevante es la omisión de los criterios de diversidad que contenía el texto original de 2003: el decreto de Mahiques no replica las sugerencias de evaluar variables de género, especialidades jurídicas y procedencia geográfica a la hora de integrar el tribunal.

Las críticas

Especialistas en derecho constitucional cuestionaron el alcance de la medida. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la derogación del decreto 222/2003 “atenta regresivamente contra el derecho a la no discriminación en razón del género”, en referencia al artículo 75.23 de la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Para Gil Domínguez, la reforma también “restringe la participación de la sociedad y vulnera la garantía del federalismo como elemento central del Estado constitucional”.

El jurista fue más allá en su análisis político: “Es una muestra más del desprecio hacia la República, el sistema democrático y el orden constitucional que exuda este gobierno en cada uno de sus actos”. Y advirtió que la batalla judicial será difícil: “Como la CSJN, con su posición anacrónica sobre la legitimación procesal, blindó las prácticas autócratas del gobierno, será muy difícil controvertirlo judicialmente”.

Federico Ambroggio, doctor en Derecho y docente de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional del Comahue, amplió el alcance de la reforma: “La modificación no alcanza solo a la selección de jueces de la Corte. Afecta la designación de jueces federales y nacionales, fiscales y defensores públicos. Es decir, a buena parte de quienes integran el sistema de justicia todos los días”. Sobre el argumento oficial de que la participación ciudadana subsiste en las audiencias del Senado, Ambroggio señaló que “no es lo mismo objetar un nombre antes de la decisión presidencial que cuando el pliego ya fue enviado”, dado que el rechazo de pliegos es infrecuente. Y calificó como “lo más grave e innecesario” la eliminación del artículo 3 del decreto 222/03, que instaba a reflejar diversidad de género, especialidades y procedencia regional: “La eliminación del estándar de la diversidad de género es inadmisible. En un Poder Judicial que sigue mostrando enormes déficits de paridad, especialmente en los jueces superiores, abandonar incluso la mera aspiración de una integración paritaria implica un lamentable retroceso”.

En la misma línea, advirtió que suprimir el criterio de procedencia regional “naturaliza el centralismo” en un Estado que se postula federal pero cuya Corte ha estado históricamente dominada por magistrados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Ambroggio también cuestionó la premisa del Gobierno: que el decreto resuelve las demoras en la cobertura de vacantes. “El problema nunca estuvo en el Decreto 222 ni en el 588. Estuvo —y está— en la interminable rosca del Consejo de la Magistratura, en los pliegos que duermen en el Poder Ejecutivo y en los acuerdos que se demoran en el Senado”.

La Corte Suprema rechazó una demanda por presunto daño ambiental colectivo contra empresas petroleras que operan en Vaca Muerta al considerar que, después de más de veinte años de trámite judicial, no se logró acreditar de manera concreta la existencia de contaminación interjurisdiccional vinculada a la actividad hidrocarburífera.

La acción había sido presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra compañías como YPF, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas y Pampa Energía, entre otras firmas que desarrollan actividades en la Cuenca Neuquina. También participaron del proceso el Estado nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

En la sentencia, la Corte cuestionó la falta de precisión de la demanda y sostuvo que nunca se pudo demostrar afectaciones específicas sobre recursos compartidos entre distintas jurisdicciones provinciales.

Según el fallo, la presentación incurrió en “vaguedad e imprecisión” al describir los supuestos daños ambientales y se apoyó más en hipótesis generales que en pruebas concretas. “La prueba ofrecida por la actora no persigue la corroboración de circunstancias fácticas, sino que pretende una investigación sobre las conjeturas formuladas en la demanda”, señalaron el juez Horacio Rosatti y los conjueces Silvina Andalaf Casiello, Rocío Alcalá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.

El máximo tribunal también remarcó que ASSUPA pretendía que fueran las propias pericias judiciales las que determinaran posteriormente dónde estaban los focos de contaminación y qué responsabilidad correspondía a cada empresa. Para los magistrados, eso evidenció la imposibilidad de precisar “circunstancias de tiempo, modo y lugar” de los hechos denunciados.

La Corte recordó además que en resoluciones anteriores ya había advertido sobre la necesidad de aportar estudios ambientales o evidencias técnicas que permitieran demostrar una “verosímil afectación” de carácter interjurisdiccional. Sin embargo, consideró que la asociación se limitó a denunciar de forma genérica una contaminación de suelos, aguas y aire en toda la Cuenca Neuquina sin identificar casos concretos.

En otro tramo del fallo, el tribunal sostuvo que intentar vincular de manera amplia toda la actividad hidrocarburífera con un supuesto daño ambiental colectivo “constituye un vano esfuerzo” para probar que la contaminación trascendía los límites provinciales.

La demanda reclamaba que las petroleras implementaran medidas de recomposición ambiental integral, constituyeran un fondo especial para restauración y adoptaran acciones preventivas para evitar nuevos daños derivados de la explotación en Vaca Muerta.

Finalmente, la Corte concluyó que no estaban dadas las condiciones para avanzar hacia una nueva etapa procesal porque no se logró identificar un daño ambiental colectivo susceptible de reparación judicial. Debido a la complejidad jurídica del caso, las costas fueron distribuidas en el orden causado.

Con información de la agencia NA

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad” en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su “inmediata aplicación”.

Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente.

Las autoridades universitarias pidieron, una vez más, la “implementación inmediata” de la norma porque argumentan que el Gobierno Nacional carece de un “fallo definitivo a su favor” que lo habilite continuar sin aplicar la Ley 27.795.

Asimismo, manifestaron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026, coincidentes con el inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta situación también impacta negativamente en las becas estudiantiles, en la investigación científica y en el funcionamiento de hospitales escuela como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, entre otros.

Previamente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a pagar los fondos; por ese motivo, el caso se trasladó formalmente al máximo tribunal de Justicia.

Este pedido institucional a la Corte Suprema se lleva adelante un día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que tuvo su cuarta edición durante la gestión libertaria. La movilización colmó no sólo la Plaza de Mayo, sino las principales capitales provinciales del país

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia dictó este mediodía una resolución de alto impacto político y jurídico al rechazar el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. El Gobierno buscaba que el máximo tribunal interviniera de forma directa para definir la constitucionalidad de la norma, actualmente atravesada medidas cautelares y reglamentaciones a media.

Con la firma de sus tres ministros  Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal consideró que el planteo oficial no cumple con los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar el “salto de instancia”. Según el fallo, al que tuvo acceso elDiarioAR, la Corte observó que no se dan las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual requiere que se trate de una causa de “notoria gravedad institucional” donde la solución definitiva sea de “plazo perentorio”.

“Se declara inadmisible el recurso interpuesto. Notifíquese y archívese”, reza el breve pero contundente despacho que devuelve la discusión al terreno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para el máximo tribunal no haría falta la instancia porque la Cámara del Trabajo ya ordenó que el expediente se tramite en lo contencioso administrativo.

La batalla judicial comenzó poco después de que el Poder Ejecutivo impulsara un ambicioso paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que incluye la extensión del período de prueba, la modificación del régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y límites a la cuota sindical.

La CGT judicializó el capítulo laboral de la reforma mediante una acción declarativa. En primera instancia y posteriormente en la Cámara, el sector gremial obtuvo fallos favorables que suspendieron la aplicación de los artículos más sensibles de la reforma, argumentando que vulneraban derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero en abril pasado la Cámara del Trabajo repuso la vigencia plena de la reforma laboral, que había sido dejada sin efecto por una medida cautelar contra 83 artículos, a pedido de la CGT. Esta semana fue reglamentado el RIFL, un régimen de incentivo para los empleadores.

Ante la parálisis de su plan de reformas, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro intentaron la vía del per saltum. El objetivo era evitar el “desgaste” de la revisión en la Cámara de Apelaciones y obtener una sentencia definitiva de la Corte que diera seguridad jurídica a las empresas para comenzar a aplicar el nuevo régimen.

El caso regresa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los jueces de dicha cámara deberán ahora dictar una sentencia de fondo sobre si la reforma es constitucional o no. Ahora el Ejecutivo recibió un mensaje político de la Corte.

MC

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la segunda audiencia por el reclamo de fondos previsionales que la ANSES adeuda a la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones oficiales, el monto en discusión ya alcanza los $2,2 billones.

La presencia del mandatario -acompañado por funcionarios, técnicos y el equipo jurídico provincial- busca reforzar el peso político del reclamo, en una instancia que en La Plata consideran clave. El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei interrumpió mediante decreto las transferencias destinadas a las provincias que no cedieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional. Desde entonces, Buenos Aires no volvió a percibir esos recursos.

Ante esa situación, la Provincia acudió a la Corte en abril de ese mismo año para exigir la restitución de los fondos, que sostiene están garantizados por ley. El reclamo acumulado, actualizado, supera los dos millones de millones de pesos.

Un primer antecedente favorable

La audiencia inicial, realizada el 17 de marzo, dejó señales que en el gobierno bonaerense interpretan como positivas. En ese encuentro, la Corte desestimó el argumento de la ANSES, que había alegado falta de información para calcular la deuda, y le otorgó un plazo de 30 días para revisar su postura.

Desde la Provincia consideran que ese planteo es inconsistente. Señalan que el organismo previsional logró avanzar con acuerdos similares en otras jurisdicciones en tiempos acotados, mientras que el caso bonaerense -que representa cerca de la mitad del déficit previsional de las provincias no transferidas- continúa sin resolución.

Tras esa audiencia, incluso se produjo un cambio en la conducción de la ANSES, con la salida de su entonces titular, en un contexto de creciente tensión por el tema.

Durante las semanas posteriores, ambas partes mantuvieron intercambios técnicos. En La Plata aseguran que esos contactos reforzaron su posición: sostienen que la información requerida fue aportada en tiempo y forma, y que la interrupción de los pagos responde a una decisión política del Gobierno nacional.

El núcleo del conflicto

El mecanismo en disputa establece que la ANSES debe compensar a las provincias por la diferencia entre sus sistemas previsionales y el nacional. Ese flujo de fondos fue suspendido en 2024 a través de un decreto cuya constitucionalidad la Provincia cuestiona ante la Justicia.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional avanzó en acuerdos con otras jurisdicciones -como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- mediante esquemas de pagos parciales tras auditorías rápidas. En Buenos Aires interpretan esos entendimientos como una señal de que los recursos están disponibles, aunque se administran con criterios políticos.

De hecho, el Presupuesto 2026 prevé partidas específicas para este tipo de transferencias. Sin embargo, la administración bonaerense asegura no haber sido incluida en negociaciones similares ni contar con canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada.

Un frente judicial más amplio

El litigio por los fondos previsionales es el más avanzado de una serie de ocho demandas que la provincia inició contra la Nación en los últimos años. Según datos oficiales, el total de las deudas reclamadas asciende a $15,6 billones, mientras que el impacto económico acumulado desde el inicio de la actual gestión nacional se eleva a $22,2 billones.

Las causas incluyen también reclamos por fondos destinados a seguridad, transporte, educación —como el FONID—, bosques nativos y la aplicación de impuestos sobre servicios energéticos, entre otros puntos.

No obstante, solo el expediente previsional tiene, por ahora, movimiento concreto en la Corte.

En la previa de la audiencia, el gobierno bonaerense mantiene una expectativa moderada. No descartan que, ante la falta de avances políticos, el máximo tribunal pueda dictar una medida cautelar que obligue a la Nación a reanudar al menos parcialmente las transferencias.

Más allá de lo inmediato, en la Provincia reconocen que el proceso judicial puede extenderse. Sin embargo, confían en que la intervención de la Corte funcione como un factor de presión para abrir una negociación que, hasta ahora, no logró encauzarse por la vía política.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la disputa judicial por la reforma laboral al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera directa y deje sin efecto la suspensión de artículos clave de la norma.

La estrategia oficial se canalizó a través de un “per saltum”, un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente a la Corte. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos en un conflicto que ya suma fallos contradictorios en distintos tribunales.

La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo. El objetivo central es revertir la decisión judicial que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral tras una demanda presentada por la CGT.

En ese sentido, el Gobierno solicitó que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la ley en todo el país. Para el Ejecutivo, ese fallo genera un escenario de incertidumbre jurídica que impacta en la implementación de políticas económicas.

Desde la Casa Rosada también plantearon objeciones sobre la competencia del tribunal que intervino en primera instancia. Según sostienen, un juzgado laboral no debería tener injerencia sobre una norma de alcance nacional, por lo que consideran necesario que el máximo tribunal unifique criterios.

El conflicto judicial se inscribe en una fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, que cuestionan la constitucionalidad de varios puntos de la reforma. La intervención de la CGT fue clave para que la Justicia avanzara con la suspensión parcial de la ley a fines de marzo.

En este contexto, el futuro de la reforma laboral quedó atado a la definición que adopte la Corte Suprema. El tribunal deberá evaluar tanto la validez del recurso presentado como el fondo de la cuestión, en un expediente que combina implicancias jurídicas, políticas y económicas.

El Gobierno busca no solo acelerar los plazos judiciales, sino también recuperar la vigencia de una de sus principales iniciativas en materia económica. La resolución que adopte la Corte será determinante para definir el rumbo de la reforma y su impacto en el mercado laboral.

Con información de medios y agencias

JIB

Fue este mismo lunes. Mientras los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto formal un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados, el Poder Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes con un nombre que se destacó entre los postulantes: Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue propuesto para el tribunal federal de juicio de Santa Fe.

En total, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, envió 52 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La operación busca poner fin a más de dos años de parálisis en la cobertura de vacantes y marca el primer movimiento concreto del gobierno de Javier Milei para remodelar el mapa judicial del país. Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Actualmente hay más de un tercio de los cargos federales vacantes, además de la propia Corte Suprema, que tiene dos sillas vacías. Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Lo sugestivo del envío de los pliegos fue el momento. Mientras el proceso de envío de pliegos –entre ellos el del hijo de Rosatti– que activó este lunes el Ejecutivo está regido por el reglamento vigente, en la misma jornada la Corte Suprema presentó un proyecto para modificar el modo en que se seleccionan los jueces.

El pliego Rosatti

El diploma de Emilio Rosatti llegó al Senado en la segunda tanda de la tarde de este lunes, junto a las otras candidaturas. Fue propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Según trascendió, el presidente de la Corte no participó de la votación de su terna en el Consejo de la Magistratura, que además encabeza el propio Rosatti. 

Tanto el pliego de Rosatti hijo como del resto de los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pero no podrán tratarse hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara Alta. La intención de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, es acelerar el proceso para la semana que viene, luego del doble feriado del 2 de abril y Semana Santa.

Más allá del apellido Rosatti, la lista de pliegos contiene varias designaciones de alto valor político-judicial. Tres nombres para los Tribunales Orales Federales de La Plata –Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y María Julia Sosa, todos para el TOF N° 3– concentran especial atención: ese tribunal tiene competencia sobre causas de lesa humanidad en la región bonaerense, algunas de las cuales involucran a militares y civiles, en el contexto de un gobierno que tiene un fuerte sesgo negacionista.

En el fuero Penal Económico, hubo dos vocales propuestos para la Cámara de Apelaciones –Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway– y un fiscal para el mismo fuero: Juan Andrés Moldes. El Penal Económico es el fuero donde tramitan causas de lavado de dinero, evasión y corrupción empresarial. La composición de sus cámaras tiene impacto directo sobre investigaciones que involucran a sectores del poder económico y financiero.

En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –el tribunal de segunda instancia que revisa las sentencias penales más relevantes del país– figura Nicolás Grappasonno. Y para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Santiago Quian Zavalía. Ambas designaciones tienen peso institucional: quiénes integren esos cuerpos determinarán, en buena medida, el rumbo de los procesos penales de mayor trascendencia pública en los próximos años.

El reglamento que Rosatti no firmó, y Mahiques aplaudió

El acto de presentación del proyecto de nuevo reglamento que impulsan Rosenkrantz y Lorenzetti se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y reunió a buena parte del establishment judicial: consejeros de la Magistratura, camaristas, fiscales, presidentes de tribunales provinciales, académicos y representantes de colegios de abogados. Entre los presentes estaba el ministro Mahiques, quien escuchó en primera fila cómo Rosenkrantz proclamaba que el objetivo del nuevo reglamento es “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces.

Las palabras de los dos jueces firmantes no dejaron margen para la ambigüedad. Rosenkrantz señaló que la propuesta busca “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, y advirtió que el reglamento tiene una lógica sistémica que no debería modificarse en sus aspectos centrales. Lorenzetti, por su parte, fue más explícito sobre el diagnóstico: habló de “un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces” y describió la situación actual como “un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales”.

El mecanismo que proponen reemplaza el sistema vigente con exámenes de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, corrección automatizada y anonimato garantizado por tecnología. La entrevista personal –históricamente la etapa más expuesta a presiones– queda limitada a solo 20 puntos sobre el total. El proyecto también incorpora concursos anticipados como regla y un legajo digital único para los postulantes. No requiere gasto extraordinario y, según sus impulsores, debería reducir los tiempos de selección, hoy extendidos durante años.

La acordada lleva únicamente las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. Rosatti no la suscribió, a sabiendas de que encabeza tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, el organismo al que va dirigida la propuesta y que deberá tratarla en plenario. El contexto es relevante: en el Consejo ya hay 15 proyectos en discusión para reformar el sistema de concursos, presentados por consejeros de distintos sectores –jueces, abogados, académicos y representantes políticos–, ninguno de los cuales había llegado hasta ahora al plenario. La propuesta de la Corte se suma como un jugador externo que busca forzar la discusión.

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá aprobarlo. Mientras tanto, los 45 pliegos enviados este lunes por el Ejecutivo no pasaron por ninguno de estos mecanismos: provienen del sistema anterior, donde el Consejo elabora las ternas y el Ejecutivo elige a quién propone. La reforma es para el futuro. El presente, en cambio, quedó para el reparto.

El antecedente de “Coco” Mahiques

El gobierno de Milei llevaba más de dos años evitando cubrir vacantes en el Poder Judicial –más de 300 acumuladas–. Pero ahora, con Mahiques al frente del ministerio, decidió activar la maquinaria de golpe.

El apellido Rosatti es sugestivo entre los candidatos. Pero el propio ministro tiene un interés agregado: tiene a su propio padre esperando acuerdo en el tribunal penal federal más importante del país.

El 18 de marzo, hace dos semanas, el Senado dio ingreso al expediente de Carlos “Coco” Mahiques –padre del ministro de Justicia– para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. “Coco” Mahiques cumple en noviembre los 75 años, edad límite para ser juez, y necesita un nuevo nombramiento por cinco años para seguir en el cargo. Ya tiene la venia del oficialismo.

MC