La Corte Suprema rechazó una demanda por presunto daño ambiental colectivo contra empresas petroleras que operan en Vaca Muerta al considerar que, después de más de veinte años de trámite judicial, no se logró acreditar de manera concreta la existencia de contaminación interjurisdiccional vinculada a la actividad hidrocarburífera.

La acción había sido presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra compañías como YPF, Chevron, Pan American Energy, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas y Pampa Energía, entre otras firmas que desarrollan actividades en la Cuenca Neuquina. También participaron del proceso el Estado nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

En la sentencia, la Corte cuestionó la falta de precisión de la demanda y sostuvo que nunca se pudo demostrar afectaciones específicas sobre recursos compartidos entre distintas jurisdicciones provinciales.

Según el fallo, la presentación incurrió en “vaguedad e imprecisión” al describir los supuestos daños ambientales y se apoyó más en hipótesis generales que en pruebas concretas. “La prueba ofrecida por la actora no persigue la corroboración de circunstancias fácticas, sino que pretende una investigación sobre las conjeturas formuladas en la demanda”, señalaron el juez Horacio Rosatti y los conjueces Silvina Andalaf Casiello, Rocío Alcalá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas.

El máximo tribunal también remarcó que ASSUPA pretendía que fueran las propias pericias judiciales las que determinaran posteriormente dónde estaban los focos de contaminación y qué responsabilidad correspondía a cada empresa. Para los magistrados, eso evidenció la imposibilidad de precisar “circunstancias de tiempo, modo y lugar” de los hechos denunciados.

La Corte recordó además que en resoluciones anteriores ya había advertido sobre la necesidad de aportar estudios ambientales o evidencias técnicas que permitieran demostrar una “verosímil afectación” de carácter interjurisdiccional. Sin embargo, consideró que la asociación se limitó a denunciar de forma genérica una contaminación de suelos, aguas y aire en toda la Cuenca Neuquina sin identificar casos concretos.

En otro tramo del fallo, el tribunal sostuvo que intentar vincular de manera amplia toda la actividad hidrocarburífera con un supuesto daño ambiental colectivo “constituye un vano esfuerzo” para probar que la contaminación trascendía los límites provinciales.

La demanda reclamaba que las petroleras implementaran medidas de recomposición ambiental integral, constituyeran un fondo especial para restauración y adoptaran acciones preventivas para evitar nuevos daños derivados de la explotación en Vaca Muerta.

Finalmente, la Corte concluyó que no estaban dadas las condiciones para avanzar hacia una nueva etapa procesal porque no se logró identificar un daño ambiental colectivo susceptible de reparación judicial. Debido a la complejidad jurídica del caso, las costas fueron distribuidas en el orden causado.

Con información de la agencia NA

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad” en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su “inmediata aplicación”.

Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente.

Las autoridades universitarias pidieron, una vez más, la “implementación inmediata” de la norma porque argumentan que el Gobierno Nacional carece de un “fallo definitivo a su favor” que lo habilite continuar sin aplicar la Ley 27.795.

Asimismo, manifestaron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026, coincidentes con el inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta situación también impacta negativamente en las becas estudiantiles, en la investigación científica y en el funcionamiento de hospitales escuela como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, entre otros.

Previamente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a pagar los fondos; por ese motivo, el caso se trasladó formalmente al máximo tribunal de Justicia.

Este pedido institucional a la Corte Suprema se lleva adelante un día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que tuvo su cuarta edición durante la gestión libertaria. La movilización colmó no sólo la Plaza de Mayo, sino las principales capitales provinciales del país

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia dictó este mediodía una resolución de alto impacto político y jurídico al rechazar el recurso de per saltum interpuesto por el Poder Ejecutivo por la reforma laboral. El Gobierno buscaba que el máximo tribunal interviniera de forma directa para definir la constitucionalidad de la norma, actualmente atravesada medidas cautelares y reglamentaciones a media.

Con la firma de sus tres ministros  Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal consideró que el planteo oficial no cumple con los requisitos excepcionales que exige la ley para habilitar el “salto de instancia”. Según el fallo, al que tuvo acceso elDiarioAR, la Corte observó que no se dan las condiciones previstas en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual requiere que se trate de una causa de “notoria gravedad institucional” donde la solución definitiva sea de “plazo perentorio”.

“Se declara inadmisible el recurso interpuesto. Notifíquese y archívese”, reza el breve pero contundente despacho que devuelve la discusión al terreno de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para el máximo tribunal no haría falta la instancia porque la Cámara del Trabajo ya ordenó que el expediente se tramite en lo contencioso administrativo.

La batalla judicial comenzó poco después de que el Poder Ejecutivo impulsara un ambicioso paquete de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que incluye la extensión del período de prueba, la modificación del régimen de indemnizaciones por un fondo de cese laboral y límites a la cuota sindical.

La CGT judicializó el capítulo laboral de la reforma mediante una acción declarativa. En primera instancia y posteriormente en la Cámara, el sector gremial obtuvo fallos favorables que suspendieron la aplicación de los artículos más sensibles de la reforma, argumentando que vulneraban derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Pero en abril pasado la Cámara del Trabajo repuso la vigencia plena de la reforma laboral, que había sido dejada sin efecto por una medida cautelar contra 83 artículos, a pedido de la CGT. Esta semana fue reglamentado el RIFL, un régimen de incentivo para los empleadores.

Ante la parálisis de su plan de reformas, el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro intentaron la vía del per saltum. El objetivo era evitar el “desgaste” de la revisión en la Cámara de Apelaciones y obtener una sentencia definitiva de la Corte que diera seguridad jurídica a las empresas para comenzar a aplicar el nuevo régimen.

El caso regresa a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Los jueces de dicha cámara deberán ahora dictar una sentencia de fondo sobre si la reforma es constitucional o no. Ahora el Ejecutivo recibió un mensaje político de la Corte.

MC

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la segunda audiencia por el reclamo de fondos previsionales que la ANSES adeuda a la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones oficiales, el monto en discusión ya alcanza los $2,2 billones.

La presencia del mandatario -acompañado por funcionarios, técnicos y el equipo jurídico provincial- busca reforzar el peso político del reclamo, en una instancia que en La Plata consideran clave. El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei interrumpió mediante decreto las transferencias destinadas a las provincias que no cedieron sus cajas jubilatorias al sistema nacional. Desde entonces, Buenos Aires no volvió a percibir esos recursos.

Ante esa situación, la Provincia acudió a la Corte en abril de ese mismo año para exigir la restitución de los fondos, que sostiene están garantizados por ley. El reclamo acumulado, actualizado, supera los dos millones de millones de pesos.

Un primer antecedente favorable

La audiencia inicial, realizada el 17 de marzo, dejó señales que en el gobierno bonaerense interpretan como positivas. En ese encuentro, la Corte desestimó el argumento de la ANSES, que había alegado falta de información para calcular la deuda, y le otorgó un plazo de 30 días para revisar su postura.

Desde la Provincia consideran que ese planteo es inconsistente. Señalan que el organismo previsional logró avanzar con acuerdos similares en otras jurisdicciones en tiempos acotados, mientras que el caso bonaerense -que representa cerca de la mitad del déficit previsional de las provincias no transferidas- continúa sin resolución.

Tras esa audiencia, incluso se produjo un cambio en la conducción de la ANSES, con la salida de su entonces titular, en un contexto de creciente tensión por el tema.

Durante las semanas posteriores, ambas partes mantuvieron intercambios técnicos. En La Plata aseguran que esos contactos reforzaron su posición: sostienen que la información requerida fue aportada en tiempo y forma, y que la interrupción de los pagos responde a una decisión política del Gobierno nacional.

El núcleo del conflicto

El mecanismo en disputa establece que la ANSES debe compensar a las provincias por la diferencia entre sus sistemas previsionales y el nacional. Ese flujo de fondos fue suspendido en 2024 a través de un decreto cuya constitucionalidad la Provincia cuestiona ante la Justicia.

Mientras tanto, el Ejecutivo nacional avanzó en acuerdos con otras jurisdicciones -como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- mediante esquemas de pagos parciales tras auditorías rápidas. En Buenos Aires interpretan esos entendimientos como una señal de que los recursos están disponibles, aunque se administran con criterios políticos.

De hecho, el Presupuesto 2026 prevé partidas específicas para este tipo de transferencias. Sin embargo, la administración bonaerense asegura no haber sido incluida en negociaciones similares ni contar con canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada.

Un frente judicial más amplio

El litigio por los fondos previsionales es el más avanzado de una serie de ocho demandas que la provincia inició contra la Nación en los últimos años. Según datos oficiales, el total de las deudas reclamadas asciende a $15,6 billones, mientras que el impacto económico acumulado desde el inicio de la actual gestión nacional se eleva a $22,2 billones.

Las causas incluyen también reclamos por fondos destinados a seguridad, transporte, educación —como el FONID—, bosques nativos y la aplicación de impuestos sobre servicios energéticos, entre otros puntos.

No obstante, solo el expediente previsional tiene, por ahora, movimiento concreto en la Corte.

En la previa de la audiencia, el gobierno bonaerense mantiene una expectativa moderada. No descartan que, ante la falta de avances políticos, el máximo tribunal pueda dictar una medida cautelar que obligue a la Nación a reanudar al menos parcialmente las transferencias.

Más allá de lo inmediato, en la Provincia reconocen que el proceso judicial puede extenderse. Sin embargo, confían en que la intervención de la Corte funcione como un factor de presión para abrir una negociación que, hasta ahora, no logró encauzarse por la vía política.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la disputa judicial por la reforma laboral al presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que el máximo tribunal intervenga de manera directa y deje sin efecto la suspensión de artículos clave de la norma.

La estrategia oficial se canalizó a través de un “per saltum”, un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente a la Corte. Con esta herramienta, el Ejecutivo busca acelerar los tiempos en un conflicto que ya suma fallos contradictorios en distintos tribunales.

La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, en representación de la Secretaría de Trabajo. El objetivo central es revertir la decisión judicial que frenó más de 80 artículos de la reforma laboral tras una demanda presentada por la CGT.

En ese sentido, el Gobierno solicitó que la Corte declare la validez de la reforma y suspenda los efectos de la medida cautelar dictada por un juzgado laboral, que había cuestionado la aplicación de la ley en todo el país. Para el Ejecutivo, ese fallo genera un escenario de incertidumbre jurídica que impacta en la implementación de políticas económicas.

Desde la Casa Rosada también plantearon objeciones sobre la competencia del tribunal que intervino en primera instancia. Según sostienen, un juzgado laboral no debería tener injerencia sobre una norma de alcance nacional, por lo que consideran necesario que el máximo tribunal unifique criterios.

El conflicto judicial se inscribe en una fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales, que cuestionan la constitucionalidad de varios puntos de la reforma. La intervención de la CGT fue clave para que la Justicia avanzara con la suspensión parcial de la ley a fines de marzo.

En este contexto, el futuro de la reforma laboral quedó atado a la definición que adopte la Corte Suprema. El tribunal deberá evaluar tanto la validez del recurso presentado como el fondo de la cuestión, en un expediente que combina implicancias jurídicas, políticas y económicas.

El Gobierno busca no solo acelerar los plazos judiciales, sino también recuperar la vigencia de una de sus principales iniciativas en materia económica. La resolución que adopte la Corte será determinante para definir el rumbo de la reforma y su impacto en el mercado laboral.

Con información de medios y agencias

JIB

Fue este mismo lunes. Mientras los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto formal un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados, el Poder Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes con un nombre que se destacó entre los postulantes: Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue propuesto para el tribunal federal de juicio de Santa Fe.

En total, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, envió 52 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La operación busca poner fin a más de dos años de parálisis en la cobertura de vacantes y marca el primer movimiento concreto del gobierno de Javier Milei para remodelar el mapa judicial del país. Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Actualmente hay más de un tercio de los cargos federales vacantes, además de la propia Corte Suprema, que tiene dos sillas vacías. Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Lo sugestivo del envío de los pliegos fue el momento. Mientras el proceso de envío de pliegos –entre ellos el del hijo de Rosatti– que activó este lunes el Ejecutivo está regido por el reglamento vigente, en la misma jornada la Corte Suprema presentó un proyecto para modificar el modo en que se seleccionan los jueces.

El pliego Rosatti

El diploma de Emilio Rosatti llegó al Senado en la segunda tanda de la tarde de este lunes, junto a las otras candidaturas. Fue propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Según trascendió, el presidente de la Corte no participó de la votación de su terna en el Consejo de la Magistratura, que además encabeza el propio Rosatti. 

Tanto el pliego de Rosatti hijo como del resto de los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pero no podrán tratarse hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara Alta. La intención de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, es acelerar el proceso para la semana que viene, luego del doble feriado del 2 de abril y Semana Santa.

Más allá del apellido Rosatti, la lista de pliegos contiene varias designaciones de alto valor político-judicial. Tres nombres para los Tribunales Orales Federales de La Plata –Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y María Julia Sosa, todos para el TOF N° 3– concentran especial atención: ese tribunal tiene competencia sobre causas de lesa humanidad en la región bonaerense, algunas de las cuales involucran a militares y civiles, en el contexto de un gobierno que tiene un fuerte sesgo negacionista.

En el fuero Penal Económico, hubo dos vocales propuestos para la Cámara de Apelaciones –Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway– y un fiscal para el mismo fuero: Juan Andrés Moldes. El Penal Económico es el fuero donde tramitan causas de lavado de dinero, evasión y corrupción empresarial. La composición de sus cámaras tiene impacto directo sobre investigaciones que involucran a sectores del poder económico y financiero.

En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –el tribunal de segunda instancia que revisa las sentencias penales más relevantes del país– figura Nicolás Grappasonno. Y para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Santiago Quian Zavalía. Ambas designaciones tienen peso institucional: quiénes integren esos cuerpos determinarán, en buena medida, el rumbo de los procesos penales de mayor trascendencia pública en los próximos años.

El reglamento que Rosatti no firmó, y Mahiques aplaudió

El acto de presentación del proyecto de nuevo reglamento que impulsan Rosenkrantz y Lorenzetti se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y reunió a buena parte del establishment judicial: consejeros de la Magistratura, camaristas, fiscales, presidentes de tribunales provinciales, académicos y representantes de colegios de abogados. Entre los presentes estaba el ministro Mahiques, quien escuchó en primera fila cómo Rosenkrantz proclamaba que el objetivo del nuevo reglamento es “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces.

Las palabras de los dos jueces firmantes no dejaron margen para la ambigüedad. Rosenkrantz señaló que la propuesta busca “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, y advirtió que el reglamento tiene una lógica sistémica que no debería modificarse en sus aspectos centrales. Lorenzetti, por su parte, fue más explícito sobre el diagnóstico: habló de “un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces” y describió la situación actual como “un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales”.

El mecanismo que proponen reemplaza el sistema vigente con exámenes de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, corrección automatizada y anonimato garantizado por tecnología. La entrevista personal –históricamente la etapa más expuesta a presiones– queda limitada a solo 20 puntos sobre el total. El proyecto también incorpora concursos anticipados como regla y un legajo digital único para los postulantes. No requiere gasto extraordinario y, según sus impulsores, debería reducir los tiempos de selección, hoy extendidos durante años.

La acordada lleva únicamente las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. Rosatti no la suscribió, a sabiendas de que encabeza tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, el organismo al que va dirigida la propuesta y que deberá tratarla en plenario. El contexto es relevante: en el Consejo ya hay 15 proyectos en discusión para reformar el sistema de concursos, presentados por consejeros de distintos sectores –jueces, abogados, académicos y representantes políticos–, ninguno de los cuales había llegado hasta ahora al plenario. La propuesta de la Corte se suma como un jugador externo que busca forzar la discusión.

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá aprobarlo. Mientras tanto, los 45 pliegos enviados este lunes por el Ejecutivo no pasaron por ninguno de estos mecanismos: provienen del sistema anterior, donde el Consejo elabora las ternas y el Ejecutivo elige a quién propone. La reforma es para el futuro. El presente, en cambio, quedó para el reparto.

El antecedente de “Coco” Mahiques

El gobierno de Milei llevaba más de dos años evitando cubrir vacantes en el Poder Judicial –más de 300 acumuladas–. Pero ahora, con Mahiques al frente del ministerio, decidió activar la maquinaria de golpe.

El apellido Rosatti es sugestivo entre los candidatos. Pero el propio ministro tiene un interés agregado: tiene a su propio padre esperando acuerdo en el tribunal penal federal más importante del país.

El 18 de marzo, hace dos semanas, el Senado dio ingreso al expediente de Carlos “Coco” Mahiques –padre del ministro de Justicia– para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. “Coco” Mahiques cumple en noviembre los 75 años, edad límite para ser juez, y necesita un nuevo nombramiento por cinco años para seguir en el cargo. Ya tiene la venia del oficialismo.

MC

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia participan este lunes de un acto público para presentar oficialmente la propuesta que elaboraron para la selección de jueces, aunque lleva la firma de solo dos de ellos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que Horacio Rosatti no lo refrendó.

La propuesta lleva la firma de solo dos de ellos, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ya que Horacio Rosatti no lo refrendó. Pese a esa discrepancia los jueces del máximo tribunal de la Nación se mostrarán juntos este lunes para explicar la acordada que incluye un proyecto que propicia que el Consejo de la Magistratura tenga la sanción de un nuevo reglamento para la designación de jueces en la justicia federal.

La propuesta, cuyo impacto será mayor para los futuros integrantes de los tribunales federales de Comodoro Py, busca que en ese proceso se respete, entre otros valores, la legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia, imparcialidad, celeridad, y se evite la discrecionalidad. 

El texto fue suscripto por Rosenkrantz y Lorenzetti y según trascendió desde Tribunales, la presencia de Rosatti, presidente del tribunal, apunta a que se reciba el proyecto como una postura de toda la Corte, sin fisuras internas.

La propuesta que se explicará mañana en forma detallada, plantea que los nuevos jueces sean elegidos por el Consejo de la Magistratura por concursos anticipados, antes de que se produzcan las vacantes.

También se habla de un banco de preguntas con multiple choice y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

El proyecto completo conn sus 100 artículos

Con información de agencias.

IG

“Pase, pase”. Horacio Rosatti presidió la jura como miembro del Consejo de la Magistratura del flamante viceministro de Justicia, Santiago Viola, y luego le dio paso a Juan Bautista Mahiques para una reunión privada. Fue una de las escenas que más llamó la atención entre los testigos de la ceremonia de este martes en el Palacio de Justicia, en la que el apoderado de La Libertad Avanza e íntimo de los hermanos Milei asumió en el organismo que designa y remueve jueces.

La cumbre entre Rosatti y Mahiques fue la primera desde que el funcionario reemplazó, hace apenas dos semanas, a Mariano Cúneo Libarona. Su ascenso implicó el corrimiento del hasta entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo, quien fue designado como jefe de los abogados del Estado. Detrás de todo estuvo la mano de Karina Milei, que avanzó un casillero más en su disputa interna con el asesor presidencial.

“Lo que se vio fue una postal de karinismo puro, y hacía mucho no veía tantos funcionarios del Poder Ejecutivo en una jura así”, contó una fuente judicial sobre el desembarco de Viola. El Gobierno participó en pleno: además de Mahiques estuvieron Lule Menem; Sharif Menem —asesor en la Cámara de Diputados—; el diputado y armador bonaerense libertario Sebastián Pareja; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado Gonzalo Roca, representante libertario en el Consejo; los senadores Nadia Márquez (Neuquén) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y el legislador porteño Diego Vartabedian.

Viola será la espada de Javier y Karina Milei en el Consejo de la Magistratura en un contexto en el que el Gobierno comienza a desplegar un paraguas político ante los escándalos que involucran al Presidente y su hermana. El principal es el caso $LIBRA, tras las filtraciones de estos últimos días. Por eso Mahiques salió el lunes en varios canales de televisión a sembrar dudas sobre esas revelaciones como prueba judicial, pese a que forman parte de peritajes oficiales que el fiscal Eduardo Taiano ya tenía desde hace tiempo.

No trascendió que esa línea ofensiva se haya conversado en la reunión a puertas cerradas entre Mahiques y los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Oficialmente, el ministro y los magistrados conversaron sobre las cientos de vacantes que aún existen en distintos estamentos del Poder Judicial. “El ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, comunicó oficialmente la cartera.

Como anticipo de la nueva etapa que se abre, el comunicado señala que “el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Según supo elDiarioAR de fuentes involucradas en la nominación de jueces, Mahiques acelerará primero un grupo de entre 30 y 50 nombramientos, eligiendo entre las ternas que ya conformó el Consejo de la Magistratura. “En cada pecera hay tres peces; tiene que pescar uno de cada una. Creo que es de los ministros de Justicia que más poder pueden llegar a tener”, apuntó un vocero.

Esas nominaciones serán enviadas al Congreso para su aprobación. En esa instancia será clave el rol del senador Pagotto, titular de la influyente comisión de Acuerdos, quien deberá acordar posturas con la oposición aliada —el PRO, la UCR y los gobernadores dialoguistas— para que los pliegos avancen.

Entre las urgencias de Mahiques figuran las vacantes en la justicia civil, la cámara comercial, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y los tribunales federales y cámaras de provincias como Mendoza, Chaco, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. Las vacantes del Poder Judicial rondan el 37%. Por ahora no está en el horizonte cercano del ministro avanzar sobre las dos sillas vacías de la Corte Suprema, sobre todo tras el fracaso de Milei al intentar designar por decreto a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo.

MC

“Bueno, tenemos que definir cómo vamos a trabajar ahora”, suspiró Cristina Fernández de Kirchner, desde su departamento en San José, en diálogo con un senador kirchnerista. Una semana antes, los gobernadores peronistas alineados con Javier Milei habían quebrado el bloque en el Senado y habían dejado al cristinismo sin casi poder de negociación. Luego llegó la confirmación de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, con una señal de angustia que latía hace tiempo en el corazón del peronismo: Karina Milei había decidido reemplazarlos como aliados para sellar una tregua con Comodoro Py. 

El desembarco de Mahiques fue el golpe final, definitivo. El peronismo ya perdía poder de fuego en el Senado desde octubre. Primero con la reconfiguración de fuerzas tras las elecciones legislativas y los 20 senadores nuevos que logró anotarse La Libertad Avanza. Después con la mayoría automática de 40 senadores que Patricia Bullrich demostró, durante las sesiones extraordinarias, que podría juntar para aprobar cualquier ley que enviara el Ejecutivo. Finalmente, con la ruptura del bloque tras la fuga de Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza, lo que dejó al interbloque que preside José Mayans solo con 25 senadores. 

Hace poco más de un año, el kirchnerismo estaba negociando con Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia que Karina corrió la semana pasada, los pliegos de la Corte Suprema. El cristinismo era el interlocutor principal del Gobierno y CFK estaba convencida de que podría, así, condicionar al menos a uno de los nombramientos en el Máximo Tribunal. Ariel Lijo no era propio pero prometía cambiar, junto a Ricardo Lorenzetti, la relación de fuerzas en la Corte a su favor. 

Ahora, sin embargo, con Amerio afuera, los pliegos rechazados en el Senado, y un nuevo ministro de Justicia con terminales directas en la justicia federal, el peronismo se quedó afuera de la negociación. “Ahora nos van a intentar comer a uno o dos más. Amerio operó bien, pero la cagaron al mandar los pliegos por decreto. Pero ahora va a ser (Horacio) Rosatti el que va a manejar la terna”, masculló uno de los armadores de CFK en el Senado. 

El peronismo está a la defensiva. Pasó de controlar el Senado a salvar, por un pelo, que el Gobierno pudiera romperle el tercio del Senado (es decir, menos de 24 senadores). Mayans tuvo que negociar hasta último momento con el puntano Fernando Salino, que presidía Convicción Federal, el bloque que integraban Moises, Andrada y Mendoza antes de abandonar el interbloque. Salino aceptó quedarse, pero el formoseño, que es el brazo operativo de CFK en el Senado y en el PJ nacional, sospecha que podría irse en cualquier momento. 

No es el único. El kirchnerismo sabe que el objetivo del Gobierno es romper y atomizar al panperonismo, de modo de poder negociar las leyes con cada uno por separado. Ya lo logró con algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero CFK sabe que el operativo no terminará ahí. 

Mayans teme por Salino, por un lado, y por Gerardo Zamora, por el otro. El ex gobernador santiagueño ya advirtió que, cuando haya leyes muy duras intentará votar en contra, pero que en el resto intentará mantener una posición “neutral” con el Gobierno. Por ahora sigue dentro del grupo de los 25 y ayuda a blindar el tercio, pero es una posición frágil: el cristinismo se sabe débil, indeciso entre la caza de “traidores” y la amplitud del espacio, y teme que, uno por uno, los vayan dejando sin un peronismo al que conducir. 

La negociación que viene

Mahiques comenzó a marcar la agenda de trabajo y asentó como prioridad cubrir las más de 300 vacantes de jueces y fiscales de la Justicia nacional y federal. Su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, había avanzado en varios pliegos, pero Mahiques dejó en claro que será él quien supervise los nombres antes de mandarlos al Senado. Una decisión que despertó las alarmas entre varios gobernadores, que ya habían negociado algunos lugares con Santiago Caputo y temen, ahora, tener que comenzar de cero. 

“Ojo que ahora el que tenga antecedente de que cantó la marcha peronista lo tiran a la mierda eh”, chicaneó un senador kirchnerista a uno de sus pares en las provincias del Norte, que confiaba haber llegado a un acuerdo con el Gobierno. 

El trámite se inicia en el Consejo de la Magistratura, que preside Horacio Rosatti tras el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 y retrotrajo la composición del organismo al esquema anterior, con la presidencia en manos de la Corte Suprema. Primero se debe llamar a un concurso, realizar una evaluación de antecedentes y una entrevista con los candidatos y, luego, una vez aprobado, se envía la terna al Ejecutivo. Es el presidente quien elige entre los candidatos y los envía al Senado, en donde pueden ser aprobados con mayoría simple. 

Con una base de 40 votos asegurados, el oficialismo descuenta que tendrá los votos para aprobar los pliegos. Pretende utilizarlo como mecanismo de negociación con gobernadores y senadores aliados que, hasta ahora, fueron leales al Gobierno, como el correntino “Camau” Espínola. La discusión de los dos pliegos de la Corte Suprema, en cambio, se pateará para más adelante. “Hoy no es una prioridad”, aseguró el flamante ministro de Justicia, pocas horas después de haber asumido. 

Atomizado y en modo defensivo, el kirchnerismo tendrá que observar esa negociación desde afuera.

MCM/MC

“Un gobierno se sostiene cuando consigue armar la justicia a su favor”. La máxima que soltó un juez con experiencia en Comodoro Py podría revelarse a partir del desembarco de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La llegada del flamante funcionario abre una etapa clave para Javier Milei, porque tiene por delante cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes que atraviesan prácticamente toda la estructura del sistema judicial nacional, además de convertirse en el parrarayos de las causas sensibles que acorralan tanto al Presidente como a su hermana Karina.

Entre tribunales federales, fiscalías, defensorías y la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo tiene por delante la designación de centenares de funcionarios cuya nominación depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. Por otro lado, el flamante funcionario tendrá que saber gestionar el avance de las causas de la criptoestafa $LIBRA y los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican de diferente manera a los hermanos Milei.

La Corte Suprema incompleta

En la cima del sistema judicial, la Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros sobre un total de cinco, por lo que hay dos vacantes que el Gobierno busca cubrir. Mariano Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como compañeros de Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La designación de esos jueces requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de dos tercios del Senado, lo que convierte a esas vacantes en uno de los principales frentes de negociación política del Gobierno.

Pero el oficialismo cree que puede avanzar sin tener que pactar caro con Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría (25 miembros de 72). La aprobación de la reforma laboral le mostró a Milei que está cerca de conseguir los 2/3 con una acuerdo con aliados: suma un piso de 47 luego de lograr quebrar al peronismo. Está a un voto de llegar a los dos tercios.

Un tercio de vacantes judiciales

Por fuera de la Corte, el Poder Judicial y el Ministerio Público atraviesan una crisis estructural: alrededor del 37% de los cargos están vacantes, lo que equivale a unas 353 posiciones sin titular sobre un total de poco más de mil cargos habilitados. Esto incluye juzgados federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas, lo que para distintos actores del sistema judicial ya genera demoras y sobrecarga en tribunales.

En lo inmediato, el Gobierno maneja un paquete de más de 300 nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Se trata de vacantes de posiciones para jueces, fiscales y defensores, cuyos pliegos deberían enviarse al Senado.

A esto se suman numerosos juzgados que funcionan con magistrados subrogantes y 191 vacantes pendientes de resolución directa del Poder Ejecutivo, mientras otras 162 se encuentran en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.

El Procurador General, otra silla pendiente

Otro puesto clave sin resolver es el del jefe de los fiscales. La jefatura del Ministerio Público Fiscal permanece vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 y está ocupada de forma interina por Eduardo Casal.

El Gobierno también debe enviar al Senado un candidato para Procurador General de la Nación, cargo que requiere mayoría agravada y que define la política criminal del país. Mahiques justamente era hasta ayer el jefe de los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura

Una pieza central para avanzar con los nombramientos es el Consejo de la Magistratura, encargado de realizar los concursos, evaluar a los postulantes y elevar ternas al Poder Ejecutivo.

Actualmente el organismo tiene concursos abiertos o en trámite para al menos 157 vacantes judiciales, cuyos resultados deberán convertirse luego en propuestas formales del Ejecutivo para el Senado. Allí se verá la mano de Mahiques, pero también de su flamante segundo, Santiago Viola, abogado e íntimo de los Milei.

Viola se convertiria en el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que controla a los jueces. Ayer Sebastián Amerio se enteró de que dejaba el cargo como viceministro justo en pleno Zoom del Consejo.

El Consejo tiene 20 integrantes y su interna revela la puja en la corporación judicial. Hoy preminencia el bloque de los jueces, pero este año se renovarán autoridades en los estamentos de abogados y de legisladores. Ahí Mahiques volvería a mostrar su cintura política, ya que el Gobierno apuesta a que los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, fieles aliados de Milei, se mantengan en sus cargos.

De hecho Vischi, el año pasado, acompañó una decisión del Consejo para que no se investigue a los jueces que viajaron a Lago Escondido en 2022 pagados por el Grupo Clarín. En ese grupo estuvo, justamente, Mahiques.

Blindaje a la reforma laboral

Mahiques también tendrá la tarea de blindar judicialmente la reforma laboral. La CGT judicializó la ley y la denunció el lunes pasado de inconstitucional, reclamo que aún no avanzó, así como tampoco el Poder Ejecutivo promulgó y reglamentó la norma que flexibiliza la ley de Contratos de Trabajo.

Pero la ley esconde un blindaje para el Gobierno: determinó el traspaso del fuero laboral a la justicia porteña. El cambio implicaría la pérdida de 1700 puestos de trabajo con la disolución de 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Serían reemplazados por una decena de juzgados en los tribunales porteños, donde es innegable la influencia macrista. Mahiques fue hasta ahora jefe de los fiscales porteños, además de ser pupilo de Daniel Angelici, mandamás en los tribunales de CABA.

$LIBRA y ANDIS, las piedras en el zapato

Con la llegada de Mahiques, en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener en causas sensibles para el Gobierno. Aparecen la investigación por los sobornos y malversación de fondos en la compra de medicamentos de la ANDIS, a cargo del juez federal Ariel Lijo (que tuvo en su momento a un joven Mahiques como empleado en el juzgado) y el expediente por la criptoestafa $LIBRA, que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En la causa ANDIS ya fueron procesados el ex amigo de los Milei Diego Spagunolo y el operador Miguel Calvete, que aparecen como cabecillas de una trama para desviar unos $6.000 millones. Lijo quedó a cargo de la causa tras el alejamiento de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento.

A su vez, la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza sobre los Milei. En los últimos días se supo del hallazgo de copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA, el norteamericano Hayden Davis, vía Mauricio Novelli, quien fue funcionario bajo la órbita de Karina Milei. La investigación de Martínez de Giorgi busca determinar si hubo posibles delitos financieros, como maniobras de fraude o captación irregular de fondos, además de reconstruir la cadena de decisiones que rodeó la iniciativa.

MC

“Vos no aprendiste de Perón, vos que fuiste peronista. Todo en su medida y armoniosamente. Pero como dijo Milei: vos que tenés una formación violenta, haces todo violentamente”, le espetó José Mayans a Patricia Bullrich en la cara minutos antes de la sesión preparatoria que dejaría al peronismo, por primera vez desde el retorno de la democracia, sin autoridades en el Senado. “Es una decisión estratégica”, atinó a responder Bullrich, quien cerró un acuerdo con la jujeña Carolina Moisés para cederle a ella la silla que le correspondía a la bancada peronista. Moisés, que acababa de romper el interbloque que lidera Mayans, no dijo nada. Quedó en silencio. 

La decisión se venía gestando hace semanas, pero se ejecutó el lunes por la noche. Tres gobernadores peronistas alineados con el Gobierno –Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz– habían digitado, primero, el respaldo a la reforma laboral y, luego, la ruptura del interbloque peronista en el Senado. El Gobierno estaba exultante: ya habían logrado hacerse con la primera minoría en la Cámara de Diputados de este modo –Jalil había mandado a romper a los diputados catamarqueños del bloque Unión por la Patria– y ahora se anotaba un triunfo no menor en el Senado. El peronismo, por primera vez desde el 83’, se había quedado a un voto de perder el tercio vetador. 

La partida de Moisés, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) fue anticipada, primero, por La Libertad Avanza. El Gobierno ya había dejado correr la voz de que había logrado partir el interbloque Popular –que es como se llama la bancada peronista oficial que preside Mayans– y Moisés tuvo que apurar el anuncio de que se iban del bloque para armar un “espacio propio dentro del peronismo federal”. 

La contracara de la ruptura vendría el día después, con la designación de Moisés como vicepresidenta primera del Senado.

El grupo de los 47

“Tomamos esta decisión porque forma parte de nuestra estrategia general”, explicó Bullrich en la reunión de labor parlamentaria, que se desarrolló en el despacho de Victoria Villarruel, previo a la sesión preparatoria en la que se designarían las autoridades del Senado. Mayans se enteró ahí de que, pese a contar con 25 senadores y ser la primera minoría en el Senado, el peronismo no contaría con la vicepresidencia primera. El lugar, que antes le había correspondido a la neuquina Silvia Sapag y que el peronismo quería ahora para Lucía Corpacci –ex gobernadora de Catamarca enfrentada con Jalil–, sería para Moisés.

Moisés, que presidía un bloque de 3 senadores, se había quedado con el lugar que le había correspondido a su ex interbloque. Mayans estaba furioso y, como toda respuesta, Bullrich explicó que era una estrategia que se había digitado en pos de priorizar la consolidación de una mayoría propia. La senadora de LLA trabaja para ofrecerle al Gobierno una mayoría contundente en el Senado y, con la fuga de los senadores peronistas, había logrado anotarse tres porotos más. El club de los 44 se había convertido, en solo un mes, en el club de los 47.

“El Gobierno está construyendo gobernabilidad. Aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista son los que tienen que ocupar esos cargos”, afirmó Bullrich en una conferencia de prensa, en donde aseguró que el acuerdo era que todos los senadores del grupo se habían comprometido a acompañar el quórum de las leyes del Gobierno y la mayoría de las votaciones en general. 

La jefa del oficialismo blanqueó, así, lo que en Convicción Federal –la bancada que preside Moisés– se resistía a admitir: los senadores peronistas rompían con el interbloque liderado por Mayans para pasar a formar parte del engranaje oficialista en el Senado. El comunicado que habían sacado la noche anterior –en el que insistían su pertenencia peronista y opositora al Gobierno– había quedado trunco. La propia Bullrich los había mandado al frente. 

La aritmética peronista

“Ellos ya no votaban con nosotros en las cuestiones estratégicas. Solo se blanqueó lo de Jalil, Jaldo y Sáenz. El problema no es Moisés, sino quien le paga”, sostuvo, irritado, un peso pesado del interbloque peronista poco después de que hubiera finalizado la sesión preparatoria que los había dejado sin autoridades.  

Casi como si supieran lo que iba a pasar, la respuesta de la conducción cristinista había llegado de manera premonitoria, el día anterior. A través de un comunicado del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Javier Milei y denunció que quienes la votaron lo hicieron en contra “de la doctrina histórica del movimiento”. Era un tiro por elevación a Jalil, Jaldo y Sáenz, con quienes el cristinismo viene sosteniendo una relación tirante hace años. El PJ Nacional ya intervino los PJ locales de dos de las tres provincias e, incluso, desafilió a Moisés –que es jujeña, pero juega políticamente con Sáenz– por haber votado el Presupuesto 2026.

La intervención del PJ nacional sobre los PJ locales fue, de hecho, una de las excusas que utilizaron los senadores de Convicción Federal para romper. La pelea del peronismo del interior con CFK tiene más de 10 años, pero terminó de implosionar poco después de la derrota electoral del año pasado. Y la suspensión de Moisés, que venía intentando negociar lugares con el resto del cristinismo –exigía, por ejemplo, una silla en la Auditoría General de la Nación–, terminó de acelerar el trámite.

Con 25 senadores propios, el peronismo se arriesga a quedarse en minoría por primera vez en 40 años de democracia. Bullrich negoció la incorporación de Luis Juez a LLA en paralelo a la ruptura del bloque peronista y festejó, casi en simultáneo, que el bloque libertario subiera a 21 senadores cuando el peronista bajaba a 25. Casi iguales. 

Por fuera del efecto simbólico, sin embargo, hay un interés político muy concreto: si logran sacarle un senador más al peronismo, Karina Milei podrá prescindir de CFK para negociar los pliegos de la Corte Suprema. Con 48 senadores más o menos alineados, el oficialismo cuenta con una mayoría calificada para hacer cualquier cosa: designar al procurador general de la Nación, distribuir las más de 300 vacancias judiciales y reordenar la Corte Suprema a piacere.

El peronismo cristinista, por ahora, no se alarma. Confía en que, cuando llegue el momento, Karina prefiera negociar con ellos que con un ramillete de intereses que incluyen, además de los radicales y las fuerzas provinciales, a Mauricio Macri. La negociación por la Corte Suprema todavía no empezó: la secretaria de la Presidencia necesita primero encontrarle un reemplazo a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y, a partir de entonces, comenzará a profundizar las conversaciones por la Corte. 

El peronismo espera que sea con ellos. Pero una cosa es segura: el lugar de fuerza desde el que CFK negociaba –y volteaba– los pliegos de la Corte Suprema ha desaparecido.

MCM/CRM

El rumor de una virtual salida de Mariano Cúneo Libarona volvió a circular en la Casa Rosada en medio del clima de jolgorio que dejó la aprobación de la reforma laboral. Envalentonado por haber mostrado capacidad de articulación parlamentaria, el oficialismo ya proyecta la próxima batalla institucional: la reorganización del frente judicial. En ese contexto, y con el fin de las sesiones extraordinarias a la vista, una pregunta comenzó a ordenar las conversaciones internas: si el ministro de Justicia dejará su cargo cuando el Congreso apruebe la Ley Penal Juvenil, abriendo formalmente la pulseada por el control del área desde marzo, en simultáneo con la discusión por la designación de jueces.

El propio Cúneo Libarona ayudó a sostener la incertidumbre. Después de haber evaluado su salida, a comienzos de febrero aseguró en una entrevista radial que continuará al frente del Ministerio por un pedido directo de Javier y Karina Milei, aunque no faltan quienes aseguran que su etapa podría cerrarse una vez sancionada la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. En aquella intervención pública buscó mostrarse sólido: afirmó que seguirá “por el cariño a la justicia” y con la intención de dejar una huella jurídica. “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, remarcó.

Sin embargo, el equilibrio interno es más precario de lo que sugieren esas declaraciones. El ministro ya había manifestado en diciembre su intención de dar un paso al costado, cansado de la exposición y del desgaste de la interna. Pero fue Karina Milei quien lo persuadió de continuar para frenar el ascenso de su viceministro, Sebastián Amerio, hombre del esquema del asesor Santiago Caputo. Esa decisión abrió una tregua que dentro del oficialismo describen como inestable. Cúneo Libarona sigue en funciones, pero con margen político reducido, mientras las dos alas del Gobierno se preparan para disputar la conducción del área cuando se abra la etapa de definiciones.

La experiencia de 2024 funciona como antecedente y advertencia. El intento de impulsar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema terminó con el rechazo del Senado. La derrota no solo expuso la fragilidad de la ingeniería parlamentaria oficialista sino que dejó heridas internas y debilitó la posición de quienes habían conducido esa negociación, con Amerio a la cabeza.

Desde entonces, en la Casa Rosada predomina una lógica más cautelosa: cualquier movimiento en la Corte deberá estar respaldado por un acuerdo político más amplio y una aritmética garantizada, no por apuestas que puedan volver a naufragar en el recinto. En ese marco, el control del Ministerio de Justicia adquiere un valor estratégico: quien conduzca esa cartera será también quien administre la próxima ofensiva judicial del oficialismo y evite repetir el traspié que marcó el primer intento de rediseñar el máximo tribunal.

Es que el Gobierno no solo se encamina a una nueva etapa de designaciones, sino que además vuelve a discutirse la integración de la Corte, que hoy funciona con tres miembros, lo que obliga a fallar por unanimidad o recurrir a conjueces. En Balcarce 50 no descartan ampliarla de cinco a siete sillas como parte de un pacto más amplio con sectores del peronismo y gobernadores. Una modificación que trastocaría la correlación de fuerzas y permitiría negociar no solo los nombres sino el equilibrio interno del tribunal.

En el Senado, sin embargo, La Libertad Avanza ensaya cálculos más ambiciosos. Tras la aprobación de la reforma laboral y el quiebre de alineamientos que dejó esa votación, en algunos despachos especulan con que el Gobierno logró romper el bloque opositor y que, sumando a Consenso Federal y otros aliados provinciales, podría acercarse a los dos tercios sin depender directamente de Cristina Kirchner. Es una hipótesis que circula como demostración de fuerza: la posibilidad de prescindir del kirchnerismo duro en la negociación judicial.

Sin embargo, en la práctica, pocos creen que ese camino sea el más viable. Para la Casa Rosada suele resultar más sencillo negociar con una interlocutora centralizada que con una quincena de senadores con agendas propias, y la desconfianza hacia el PRO como socio estable sigue intacta. El paquete es amplio: no solo los dos lugares pendientes en la Corte, sino también la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo.

El trasfondo es estructural. El artículo 99 inciso 4 de la Constitución obliga al Ejecutivo a remitir pliegos judiciales al Senado, pero desde el inicio del mandato libertario no se envió ninguno nuevo, pese a que el Consejo de la Magistratura elevó numerosas ternas. Mientras tanto, el nivel de vacancias crece: más del 35% de los cargos judiciales están sin cubrir. En la Justicia federal hay 160 vacantes sobre 485 cargos; en la nacional, 177 sobre 517; en el Ministerio Público Fiscal, 163 sobre 368; y en la Defensa Pública, 80 sobre 265.

Hoy la situación de Cúneo Libarona ofrece señales cruzadas. En la Casa Rosada sostenían hasta hace pocas semanas que no existía una búsqueda activa de reemplazo y que el ministro continuaría al frente de Justicia, una versión que se transmitió en diciembre tras su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde ambos repasaron la agenda del área. Sin embargo, en paralelo, distintas fuentes del oficialismo reconocen movimientos reservados y conversaciones informales vinculadas al rediseño del mapa judicial.

La discusión, en realidad, va mucho más allá de un eventual recambio. Se inscribe de lleno en la interna oficialista: Karina Milei procura retener el control político de Justicia, mientras Santiago Caputo busca preservar la gravitación operativa de Amerio, que desde el inicio de la gestión actúa como nexo directo con jueces y fiscales. Convertirlo en ministro implicaría para su entorno resignar margen de maniobra y asumir una exposición que hoy prefieren evitar.

Es que la incógnita sobre el destino de Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia no remite solo a su continuidad personal, sino a una definición más profunda: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en una fase en la que el Gobierno necesita ordenar su frente institucional y gestionar una negociación de alto voltaje político. Lo que se define en esa pulseada no es un nombre, sino la conducción de una de las áreas más sensibles para el equilibrio de poder en la etapa que viene.

PL/CRM

La Corte Suprema de Justicia podría definir este año si el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, debe o no ser investigado por el presunto delito de lavado de dinero, según publicó La Nación y ratificaron fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR.

Macri ya pasó por tres instancias judiciales que ratificaron su sobreseimiento en la acusación, pero el Ministerio Público Fiscal insistió en cada uno de los tribunales sosteniendo que el caso no se había investigado lo suficiente como para dictar un sobreseimiento al funcionario.

La causa tiene casi 15 años en los tribunales federales. El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando era intendente de Vicente López.

La denuncia sostenía la “hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del inmueble en el edificio Icon de Brickell Avenue, en Miami, por US$402.963,62 en abril de 2011”.

Según la Procelac, la adquisición se habría realizado a través de una sociedad denominada IconUnit 1704, constituida un mes antes de la compra en el estado de Florida. La compañía fue creada por Macri y su exesposa, Florencia De Nardi. Los fondos para adquirir el departamento provenían de dos préstamos: uno, de la sociedad uruguaya Fawsley SA, de la hermana de Macri, por US$184.000; y el segundo, del banco Bac Florida Bank por US$219.000, de acuerdo con la denuncia.

La hipótesis de la Procelac era que el departamento de Miami se había comprado con “autopréstamos” y que se había buscado dar carácter de legalidad a los fondos. La investigación detectó la cesión parcial de uno de esos créditos a la empresa Cometas Company Inc., supuestamente relacionada con la hermana de Macri. 

Sin embargo, en un fallo de primera instancia, el juzgado federal número 1 de San Isidro sobreseyó en mayo de 2019 al entonces intendente de Vicente López, al descartar la hipótesis delictiva y dar por probada la existencia real y documentada de esos préstamos.

Consultado por elDiarioAR, en el entorno del equipo legal de Macri, encabezado por Ignacio Irurzun, sostuvieron que la jueza Sandra Arroyo Salgado “sostuvo que las pericias contables y la prueba reunida descartaron la hipótesis delictiva, los hechos no revestían relevancia penal y la investigación estaba agotada, sin diligencias útiles pendientes”. Macri nunca fue citado a declarar como imputado en la causa. La fiscalía apeló el fallo de la magistrada. 

Luego, en diciembre de 2019, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el sobreseimiento apelado por la fiscalía. El tribunal de apelaciones “dejó constancia de la capacidad económica exteriorizada de Macri mediante AFIP y el Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260)”, respondieron en el entorno del equipo jurídico de Macri. “La Cámara sostuvo que no correspondía profundizar la investigación y que no existía motivo para revertir el sobreseimiento”, dijeron cerca de los abogados defensores.

Para los jueces, los fondos que se utilizaron para comprar la propiedad inmueble eran de procedencia legal. Pero la fiscalía insistió ante otra instancia, reclamando que se profundizara la investigación.

Dos años más tarde, en diciembre de 2021, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, volvió a confirmar la decisión de sobreseer a Macri y su exesposa. Declaró inadmisible el recurso de casación de los fiscales y dejó firme el sobreseimiento.

“Los jueces afirmaron que la sentencia estaba razonablemente fundada, no existía arbitrariedad, y que la Fiscalía solo expresó juicios discrepantes, sin nuevos elementos”, dijeron cerca de los abogados de Macri.

El fiscal Mario Villar recurrió ante la Corte Suprema para evitar el cierre definitivo de la causa. Ahora, la decisión está en manos de los jueces del máximo tribunal.

El título de esta nota suena exagerado, como si fuera el producto del enojo, la desesperación o el pesimismo. Pero no debe ser leído desde esa perspectiva emocional. Cuando utilizo el concepto de tradición hago referencia a un fenómeno social tangible, que opera sobre la configuración del campo judicial en su totalidad y las personas que componen esas instituciones judiciales. Recurro a la presentación del tema que hace alguien que no puede ser catalogado de otro modo que moderado, sobrio, hasta en exceso. 

Me refiero a Bidart Campos, que da cuenta de esta tradición en su libro La Corte Suprema (Allende y Brea, 1982: 183 y ss.), comenzando con la “comunicación” del golpe de Estado de Uriburu, que depuso al Presidente Irigoyen. Ante las diversas posiciones posibles, la Corte emitió una Acordada fatídica para nuestra tradición institucional, en la que reconoció la legitimidad de “facto” de dicha asonada militar. 

La historia es bien conocida, pero recordarla no es el objeto de esta nota, sino evidenciar cómo nuestra Corte Suprema, a lo largo de muchas décadas y hasta el presente, se ha mostrado especialmente débil para sostener y exigir el cumplimiento de las reglas de juego por parte de los actores políticos instalados en cualquiera de los otros dos poderes del Estado. Un párrafo de esa Acordaba es fundante de esa tradición: “Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es pues un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas, en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”. 

Dejemos de lado el hecho de que no discutimos ya (por obra de muchas generaciones que han luchado por ello) el origen ilegal de un gobierno dictatorial, pero la frase que interesa es la que nos dice que no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. Cuatro veces la Corte Suprema repitió esta idea (1943, 1955, 1966 y 1976), con las desastrosas consecuencias para nuestro país que conocemos o hemos vivido. En 1962, en lugar de responder un amparo positivo para que se reponga al presidente legítimo, apoyó su sustitución por Guido, presidente provisional del Senado. Bidart Campos es condescendiente con esta historia, a la que considera “equilibrada”, más allá de la angustia de los constitucionalistas, porque esta debilidad de la Corte no ha significado que pierda independencia e imparcialidad en otros casos. 

La tradición sumisa de la Corte no se manifiesta en los innumerables fallos que sigue dictando, con deliberación o no, conociendo lo que firma o a consecuencia de la “maquinaria” de relatores —lo que constituye otro grave problema, admitido incluso por integrantes de la Corte—; sino porque no protege con especial cuidado las reglas de juego institucionales y no permite (no es que reconoce) que las personas puedan tener éxito (como en la Acordada del 30) en los reclamos judiciales, para que esas reglas de juego, previstas en la Constitución Nacional como derechos de la ciudadanía, salgan fortalecidas. Esa es la tradición sumisa de la Corte. 

¿Qué tiene que ver ello con el presente? Claro está que nos encontramos con un gobierno que tiene legitimidad constitucional en su origen y elección. Nadie duda de eso. Pero luego, en el ejercicio de su poder, ha dejado de lado muy claras reglas constitucionales. Por ejemplo, el art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional nos dice: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. ¿Es muy difícil comprender el sentido de esa norma? ¿No ha abusado el Poder Ejecutivo de un modo brutal con ese principio? No se puede decir que la excepción siguiente (los decretos de necesidad y urgencia, fundado en “circunstancias excepcionales”) es la verdadera regla, porque entonces el idioma español ya no vale en el mundo judicial. 

Se ha dicho que la Corte debe esperar que le llegue un caso, pero eso es también falso porque ante temas menores (recordemos el del traslado de jueces) no dudó en utilizar el avocamiento que permite saltar instancias. Lo que hace la Corte es aplicar la doctrina de la Acordada del 30, para desesperación de los ciudadanos. Es tan grande el abuso del Poder Ejecutivo y tan estruendoso el silencio cómplice la Corte, que el mal desempeño está a la mano, si no fuera porque este sistema les conviene a los representantes, que deberían ejercer el control sobre la Corte en nuestro sistema de pesos y contrapesos. El circulo vicioso se cierra. 

Nos dirán los ministros y algunos constitucionalistas, como ya decía Bidart Campos, que este es un tema menor, porque mientras tanto la Corte sigue fallando, a veces bien a veces mal, en muchos de los otros casos. Pobre consuelo leguleyo. Permitir que se degraden a este punto las instituciones es el peor de los males posibles, que ningún buen fallo en otra materia lo remedia. Además, transmite un pésimo mensaje a todo el sistema judicial, en especial a los Tribunales y Cortes provinciales que repiten el mismo funcionamiento sumiso ante los poderes provinciales. Se produce una doctrina burocrática de la indulgencia moral. La burocracia, como se ha dicho, se convierte en un espacio de fuga moral, donde la integridad de cada uno de los magistrados ya no importa e igual son aceptados por la academia, por los juristas, por los colegios de abogados, etc. El mundillo académico-judicial se rinde ante el boato del cargo, no ante la calidad de la función. 

Lo mismo ocurre con el Poder Legislativo federal. La Corte le ha ordenado que nombre cargos previstos especialmente para poner en marcha los derechos de los ciudadanos (como el Defensor del Pueblo) y puede pasar más de una década sin que cumpla con esa regla constitucional. Dejar vacantes (esto es un decir, porque se llenan con jueces interinos) a los cargos judiciales se ha convertido en un negocio, incluso para sectores del Poder Judicial que no dudan en prestarse a ese juego espurio, por un suplemento de su sueldo. Ha establecido plazos para que se dicten normas de base constitucional (como la del Consejo de la Magistratura) y nadie hace caso, como si la Corte fuera una instancia de meras declaraciones abstractas. 

La degradación institucional que observamos cotidianamente no es un fenómeno natural. Es el resultado del accionar concreto de personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que podemos identificar, denunciar y, si la denuncia no tiene efecto, repudiar y guardar en la memoria. La última dictadura, la más terrible, contó con la complicidad silente de la administración de justicia que se escondía en la burocracia. Siempre me impactó ese papel de los jueces. ¿Si hoy tuviéramos un dictador —que por suerte no lo tenemos— sería el Poder Judicial un escudo que protegería la democracia, o se repetiría la complicidad del pasado? Por este camino me temo que fácilmente hallaríamos jueces que nos dirían que las violaciones a la Constitución Nacional “no pueden ser judicialmente discutidas con éxito por las personas en cuanto el Poder Ejecutivo ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social”. La tradición servil de la Corte sigue viva.

*El autor es Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

La Corte Suprema desestimó este jueves por “inadmisible” un recurso del Estado Nacional contra un fallo que había ordenado al Ministerio de Capital Humano elaborar un plan de distribución de alimentos destinados a comedores comunitarios.

El caso llegó al máximo tribunal mediante una queja presentada por Leila Gianni, entonces subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de Rodolfo Barra, en la que se buscaba dejar sin efecto la decisión de los tribunales de Comodoro Py por considerar que implicaba una intromisión judicial sobre facultades exclusivas del Poder Ejecutivo.

La controversia se había originado en la suspensión de la entrega de alimentos en comedores de todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. El dirigente social Juan Grabois impulsó una denuncia penal y otra causa contenciosa, mientras que reportes periodísticos señalaban la existencia de un stock cercano a los cinco millones de kilos almacenados en Villa Martelli y Tafí Viejo, incluida leche próxima a vencer.

Así fue el caso

La fiscal Paloma Ochoa había reclamado medidas y pidió que los alimentos fueran distribuidos en comedores oficiales. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que el destino de los productos era facultad del Ejecutivo, pero ordenó elaborar un plan de distribución acorde a tipo, cantidad, vencimiento y población destinataria, y solicitó un detalle del stock en 72 horas.

Leila Gianni apeló mientras cuestionaba públicamente la intervención judicial. En la audiencia ante la Cámara Federal se registraron fuertes cruces que llevaron al tribunal a pedir sanciones tanto para Grabois como para Gianni. Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron la cautelar y remarcaron que el Ministerio pudo pedir una prórroga, pero optó por cuestionar la “intromisión” judicial a través de nuevos recursos.

El Ministerio de Capital Humano recurrió luego a la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó la presentación. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja por inadmisible con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En medio de un desbande en los servicios de espionaje que parece motorizar las decisiones del Gobierno de los hermanos Milei, se produjo un movimiento llamativo en torno a Comodoro Py, vecindario contiguo a la Inteligencia estatal y paraestatal.

El domingo, La Nación (diario) publicó que el Gobierno y San José 1111 estaban negociando dos nombres para ocupar las sillas vacantes de la Corte Suprema, y que los apuntados serían la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti y el camarista del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires Mariano Llorens.

Al día siguiente, la desmentida llegaría en boca del periodista Luis Majul, en la pantalla de La Nación (TV):

“El propio presidente Javier Milei acaba de desmentir la información según la cual se está negociando con el peronismo por dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Esta versión apareció en las últimas horas, fue reproducida por importantes portales y medios de comunicación. Desde lo más alto del poder, se desmiente”.

Majul agregó:

“Una aclaración muy importante. Mariano Llorens, no sé si es oficialista o no, creo que no. Lo que sí es un camarista muy respetado, muy prestigioso, e implacable e impecable desde el punto de vista técnico”.

La información publicada y desmentida en el mismo multimedios corrió como telón de fondo de una semana agitada, que incluyó una imputación pormenorizada a una quincena de empresarios, funcionarios y lobistas por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un informe que da cuenta del grado de involucramiento de Javier Milei en la estafa $LIBRA, una trifulca callejera en una vereda de San Isidro entre el titular de la Secretaría de Inteligencia y su segundo (revelada por este diario), y el eterno retorno de las dudas sobre cómo afrontará el país los pagos de la deuda externa en 2026, cuando se desvanecen algunas de las proclamas de decenas de miles de millones de dólares agitadas por la dupla Scott Bessent-Luis Caputo.

Un testimonio de una persona que conoce la intimidad de Olivos grafica la aflicción que atraviesa al funcionariado. En un encuentro casual con este cronista, la persona ensaya una defensa cerrada del Gobierno. Recita el repertorio conocido, contiene sus gestos, se deja hablar por su mirada, hasta que se confiesa abatido. Baja la voz. “Tenés que entender que si alguien me saca una foto hablando con vos, puedo tener problemas serios en mi vida personal y pública. Sé por qué te lo digo”.

La versión sobre las vacancias en la Corte encuentra al nombre de Fernández Sagasti como un distractivo, como lo interpretó la propia senadora por Mendoza, cuya terminal política explícita es San José 1111, domicilio en el que la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

De buenos vínculos personales con las diferentes tribus de la bancada peronista de la Cámara Alta, Fernández Sagasti sabe que la rareza de que una senadora salte a la Corte encontraría, como mínimo, renuencia en una parte del bloque peronista y sería indigerible para las diferentes derechas. Los dos tercios necesarios requerirían alineamientos de legisladores del PRO, la UCR, La Libertad Avanza y/o algún provincial. Cuesta prever un escenario en que eso sea factible.

¿Y Llorens? ¿Quién está detrás de ese globo de ensayo, que encuentra promotores que prometen no rendirse fácilmente, pese la desmentida que Milei le transmitió a Majul?

Con todo el poder que acumuló Macri en sus primeros años en Casa Rosada, mientras unos cuantos diputados y senadores peronistas se mostraron ávidos por “darle las herramientas”, el Gobierno de Cambiemos tuvo más fuerza para desplazar jueces y fiscales indeseables que para nombrar a los propios con el procedimiento que marca la ley. En la Cámara Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Py), sólo lo logró una designación: Llorens. Las otras dos incorporaciones, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ingresaron por la ventana, mediante un traslado ilegal desde otra jurisdicción, como determinó la Corte Suprema, pese al permiso especial para que siguieran en funciones.

Exsecretario de un tribunal del fuero penal ordinario de Capital Federal, “El Huevo” Llorens—así le dicen sus amigos— participó de un concurso eterno para convertirse en camarista, abierto en 2008. El trámite tuvo alzas y bajas, cambios en el orden de mérito, anulaciones y misteriosos desistimientos. En febrero de 2018, Macri lo rescató en una terna elevada por el Consejo de la Magistratura y rápidamente logró el aval del Senado, con el voto de oficialistas y peronistas.

Una fuente al tanto de ese concurso explica el consenso en 2018, cuando el Gobierno de Macri ya empezaba a tambalear: “era el candidato de la SIDE, y no sólo del sector de Macri”. En los pasillos del edificio de Retiro, el trazo que une a Llorens con los servicios es mencionado una y otra vez, con una atribución específica a la escudería de Antonio Jaime Stiusso, el histórico que se avanzó en la Casa durante la dictadura, acumuló un poder absoluto con los Kirchner, hasta que se convirtió en su peor enemigo en 2014 y pasó a actuar como un aliado táctico, primero de Sergio Massa y luego de Macri.

'El Huevo' llegó a pedir la detención de Cristina en 2022, en el marco de una causa por el traslado de muebles al Calafate. Pero hay límites. Su parentesco con Rafael Llorens le permitió apartarse en causas sensibles al mundo De Vido

Entre la mesa judicial que coordinaban el ministro Germán Garavano y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón —ambos abogados de Macri—, el lobista y binguero Daniel Angelici, las terminales de la SIDE y el vínculo con su primo, Rafael Llorens, exsubsecretario legal del Ministerio de Planificación, de máxima confianza de Julio De Vido, la postulación avanzó en el Senado sin ninguna impugnación en su contra. Los puentes con un sector del kirchnerismo fueron evidentes.

En junio de 2018, Llorens pasó a ocupar la anhelada silla de la Cámara Federal por la que pasan todas las causas de corrupción que atañen a integrantes del Poder Ejecutivo. Muestra desde entonces una coherencia “implacable”, por utilizar un adjetivo de Majul. Sus votos han sido siempre a favor de los intereses de Macri y en contra de los de Cristina.

“El Huevo” llegó a pedir la unificación de todas las causas contra la expresidenta porque así corresponde hacerlo ante “el crimen organizado”, y propuso su juicio político y detención en 2022, en el marco de una causa por el traslado de muebles al Calafate en aviones oficiales. Pero hay límites. Su parentesco con Rafael Llorens le permitió apartarse en causas sensibles al mundo De Vido; por ejemplo, los Cuadernos de Centeno.

El camarista quedó en un lugar incómodo cuando pareció que se había dejado hacer un gol en un tiro libre pateado por Mauricio Macri en la quinta “Los Abrojos”. El registro, salido a la luz en 2022, mostró a Llorens en su papel de arquero del equipo Liverpool, escudería que también integraban un juez y un fiscal que participaron del juicio oral contra la expresidenta en la causa Vialidad. Otra historia de los republicanos argentinos.

Rebotes en el medio

El discreto silencio del sistema de poder en torno a la postulación de Llorens para la Corte contrasta con la munición gruesa disparada contra Ariel Lijo, candidato a ocupar el mismo puesto meses atrás, hasta que fue rechazado en el Senado. El histórico juez que sobrelleva un cúmulo de irregularidades a cargo del juzgado 4 de Comodoro Py cosechó apoyos interpartidarios y económicos, varios inconfesables, pero también una resistencia extraordinaria entre factores de poder, en un rango que fue desde la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, los estudios de abogados tradicionales y antiguas facciones de la SIDE y sus terminales mediáticas que rivalizaban con la de Stiusso. Algo hay en Llorens que calma la tirria que despertaba Lijo.

El reciente impulso a Llorens encuentra dos nombres ineludibles: Lucas Nejamkis y Julián Leunda. La dupla surge de fuentes con conocimiento de conversaciones en curso, cuyo alcance se parece más a un primer paso para vencer resistencias y empezar a negociar antes que un acuerdo entre quienes en público se dan el trato de enemigos, como Milei y Cristina.

Nejamkis, exfuncionario de los Kirchner y antigua mano derecha de Juan Manuel Abal Medina, se presenta como gestor de la “consultoría de crisis” que encabeza Stiusso.

Espías, entornistas y funcionarios no se ponen de acuerdo sobre la vigencia de “Jaime”, y hasta qué punto Nejamkis es su colaborador o su heredero. Algunos describen a Stiusso como un espía jubilado que se aprovecha de contingencias que habilita el desbande de la SIDE actual, sometida a una disputa paralizante entre Santiago Caputo y los Menem. Cuando ve una hendija, Stiusso actúa, ofreciendo hasta lo que no tiene. Otros, en cambio, narran un poder articulado y vigente, que mueve las fichas y encuentra actores que le obedecen en terrenos contradictorios de la política, el periodismo y los negocios.

La trayectoria del chubutense Leunda habla por sí sola. Llegó joven, hace unos diez años, al Grupo Indalo. Cuando Cristóbal López y Fabián de Souza estuvieron detenidos por la ofensiva del macrismo (2017-2019) y el conglomerado económico se resquebrajaba, Leunda actuó como ejecutor de las directivas del segundo. Aquellas visitas a la cárcel de Ezeiza sellaron una relación de largo aliento.

Con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, Leunda pasó a ser vice y luego jefe de Asesores de la Presidencia. Entabló una relación de confianza con Fernández, al punto de que se transformó en su compañero de almuerzos en Casa Rosada varios días por semana. Un síntoma de la intrepidez de Leunda y la soledad de Alberto.

La carrera política del jefe de Asesores llegó a su fin en diciembre de 2022. Ese mes salió a la luz el viaje de lujo al paraíso de Lago Escondido en la Patagonia, organizado por el Grupo Clarín para jueces, fiscales, agentes de Inteligencia y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta, entonces principal presidenciable.

En un sector del kirchnerismo, incluidas terminales empresariales y mediáticas, anida la idea de que hay que hacer las paces con Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios, porque es una pelea que se perdió

Tras el impacto de la difusión del viaje, se conocieron chats del Telegram grupal para ocultar la excursión y articular la venganza. En los intercambios, el ejecutivo de Clarín Pablo Casey, el juez federal de Casación Carlos Mahiques y el entonces ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, narraron que los había llamado Leunda para garantizarles que la noticia de Lago Escondido no saldría en los medios de Indalo: C5N, Radio 10 y Ámbito Financiero. La oferta se hizo pública y, sin margen para otra cosa, Leunda renunció al Gobierno.

La fallida jugada, si bien temeraria, no fue un arrebato personal. En un sector del kirchnerismo y el peronismo, incluidas terminales empresariales y mediáticas, anida la idea de que hay que hacer las paces con Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios, porque es una pelea que se perdió. Voces que incluso transitan el Instituto Patria y visitan a Cristina sostienen que un exceso de ideología y de intransigencia personal llevó a la expresidenta a entablar una guerra que le costó caro a ella misma y a todo su movimiento político. “Dinamitó todos los puentes y rompió a demasiada gente”, es el reproche habitual.

Tras la salida del Gobierno de Alberto, Leunda volvió a su función formal como alfil de De Souza en Indalo, tarea que acaso compartía con la función pública. En mayo pasado, Cristóbal López se hizo cargo de los medios del conglomerado, desplazó a De Souza y a sus ejecutivos principales, Leunda e Ignacio Vivas.

Por esas vueltas de la vida, quien reemplaza a Leunda en Indalo Medios es D’Alessandro, el exministro de Larreta que integró la comitiva a Lago Escondido y recibió aquel mensaje para acallar las repercusiones que pretendía ser tranquilizador.

Con todo lo que asoma en contra, una voz que conoce los diálogos preliminares para ascender a Llorens hasta la Corte ve un camino posible. “Tiene chances el Huevo. Las resistencias con él son menores que con Ariel (Lijo)”.

Neiffert se muestra

Fue una semana caótica en los servicios. Alejandro Rebossio y Pedro Lacour agitaron el avispero desde este diario al informar la trifulca entre el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, José Lago Rodríguez, cuando éste se acercó hasta San Isidro para pedirle la renuncia en nombre de Santiago Caputo, el 7 de noviembre pasado.

Neiffert se apartó de la esfera de Santiago, promotor de su designación gracias a una antigua relación del padre de éste con el peronista PRO de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, a quien sirvió en el sentido amplio el hoy titular de la SIDE. En el marco del distanciamiento con Caputo, Neiffert se reservó para sí la firma de las partidas presupuestarias, lo que dejó a Lago Rodríguez con las manos atadas para soltar pagos. A Lago y a Ignacio “Nacho” Jiménez, otro caputista de la SIDE señalado como presente en el apriete a Neiffert, les atribuyen el mote de Peaky Blinders, aunque al segundo le asignan una brusquedad más criolla.

El titular de la SIDE quedó en una posición similar a la del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. El eje Karina-Eduardo “Lule” Menem no lo considera propio, pero en este momento, el statu quo resulta útil para frenar a los hombres de Santiago y terminar de oxidarle la botonera.

Neiffert siente la necesidad de que lo vean. El martes, se mostró en la fiesta anual de la Embajada británica por el cumpleaños del rey Carlos, uno de los cinco eventos diplomáticos más concurridos, al que asisten ministros, jueces, fiscales, legisladores, lobistas, periodistas, figurones y figurettis. Que un jefe de espías concurra a una celebración de una embajada extranjera ya es de por sí inusual. Que circule entre personas que dialogan copa en mano acompañado de dos guardaespaldas ampulosos transmite un mensaje adicional.

Así las cosas, sin ley, inorgánicos y cuentapropistas de la SIDE hacen de las suyas.

A los tumbos

El Gobierno actúa a los tumbos en las tres causas que apuntan una corrupción sistemática y a gran escala: $LIBRA, ANDIS y los aportes de Federico Machado a José Luis Espert. Las sospechas se interrelacionan con la repetición de lobistas y vehículos de la corrupción en todos los casos, como si hubiera una subtrama que conduce a la política argentina y al Gobierno ultra en particular.

La prensa oficialista hace malabares para torcer el rumbo de $LIBRA y ANDIS. Si en efecto hubo corrupción en la criptomoneda lanzada por la gavilla que visitaba Casa Rosada y en las licitaciones de medicamentos para discapacitados, la responsabilidad final conduce a los hermanos Milei. Ni las presuntas coimas de ANDIS ni la estafa $LIBRA podrían haber existido sin la anuencia de la dupla gobernante.

Cabe prestar atención a los esbozos de periodistas y panelistas de Inteligencia.

Estos días, se los vio arrojar el nombre de Melody Rakauskas, una modelo que lleva la marca de la extorsión en cada uno de sus pasos, para mezclarla con las coimas de ANDIS, porque dijo haber estado en la casa de la calle Defensa, en San Telmo, en la que el lobista Miguel Ángel Calvete entregaba y recibía presuntas coimas. Un dato, que, si es cierto, ocurrió años atrás, y si da la pauta de otros delitos, son irrelevantes para las coimas en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS).

Una fuente con conocimiento del expediente ve un intento de manual: introducir nombres de impacto mediático para desviar el eje.

Tiempo atrás, ese segmento de la comunicación se dedicaba a difundir presuntos fraudes en el otorgamiento de pensiones y beneficios para discapacitados, mientras los funcionarios de Milei perpetraban actos vandálicos que ahora quedan evidenciados.

No hay que perder de vista lo importante: un presunto esquema de coimas sistematizadas en el que intervinieron droguerías y laboratorios nacionales y extranjeros, una burocracia alquilada al macrismo y un arribista designado al frente de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por ser el mejor amigo de Javier Milei. Irritado porque los Menem y Karina se querían quedar con todas las coimas, le avisó al Presidente, y éste no hizo nada, según el audio con su voz que dejó absorto al Gobierno.

SL

slacunza@eldiarioar.com

“¿Sabes cuántos son ustedes? ¿Y nosotros? ¿Y cuánto da si lo sumamos? Sí, 48. Podemos hacer cualquier cosa”. El diálogo entre un peso pesado del peronismo con un delegado de Casa Rosada ocurrió apenas unos días después de la victoria electoral de La Libertad Avanza. Cristina Fernández de Kirchner, pese a la derrota, percibió rápido que se abría una ventana de oportunidad única: negociar el futuro de la Corte Suprema con Javier Milei como único interlocutor. Juntos, LLA y el peronismo, tenían los dos tercios del Senado para avanzar con cualquier pliego. No necesitaban de nadie más.

Las conversaciones con Karina Milei ya comenzaron. Son charlas subterráneas, concentradas en unos pocos interlocutores que tienen la autorización de la expresidenta: la senadora Anabel Fernández Sagasti y el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena. No son los únicos, sin embargo, ya que en los últimos días Sergio Massa también comenzó a querer intervenir en la negociación. Y CFK le presta el oído. 

Massa impulsa al juez de Comodoro Py, Ariel Lijo, cuyo pliego fue rechazado en el Senado a principio de año, luego de que fracasaran las primeras negociaciones del kirchnerismo con Santiago Caputo. Antes de que explotara el acuerdo, sin embargo, Lijo había dedicado varios meses a juntar los votos que necesitaba para aprobar su pliego, y los consiguió. Al menos brevemente. Ya que, a diferencia de Manuel García-Mansilla, el candidato más alineado ideológicamente con el Gobierno, Lijo había conseguido el apoyo más importante de todos: el de los gobernadores peronistas.

Ahora, este apoyo vuelve a ser crucial. Porque no está solo Massa detrás de su postulación, sino que también están Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, y Gildo Insfrán, gobernador de Formosa. La expresidenta deja correr las conversaciones, aunque no termina de adelantar postura: no son pocos los propios que se muestran dubitativos frente a la designación. Por dos motivos. 

Por un lado, el rechazo a acompañar un pliego que ya se rechazó en el Senado. “Ya voté en contra de Lijo este año, ¿por qué votaría a favor ahora?”, advierte un senador camporista. Pero la mayor objeción viene por otro lado, que la propia CFK intentó impulsar en su momento, pero fracasó. Entonces, ¿por qué poner a Lijo, que responde a Ricardo Lorenzetti, cuando se puede poner a uno propio?  

“Tenemos que ser como los norteamericanos. Que ellos pongan a su hijo de puta y nosotros ponemos a nuestro hijo de puta. O hija de puta”, señala otro importante senador peronista. Traducido: si existen dos vacantes en la Corte Suprema, ¿por qué aceptar que los dos nombres los ponga el Ejecutivo? ¿Por qué no poner a una candidata propia? 

El dato de género no es casual. Desde la jubilación de Elena Highton en 2021 que la Corte Suprema está integrada exclusivamente por varones: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Lorenzetti. CFK quiere designar a una mujer. Ya hay dos nombres en danza: Fernández Sagasti, senadora de La Cámpora del círculo chico de la ex presidenta, y María de los Ángeles Sacnún, ex senadora santafesina y una de las impulsoras de la reforma judicial durante el gobierno del Frente de Todos. 

Una nueva interlocutora

Las negociaciones por los pliegos de la Corte Suprema se congelaron tras el rechazo histórico del Senado, pero las conversaciones nunca se cortaron del todo. Lo que sí cambió, en cambio, fue el interlocutor designado por el Gobierno. Y, con ello, el cariz de las negociaciones.

Durante la primera etapa del gobierno de Milei, el encargado de encabezar las negociaciones fue Sebastián Amerio, el secretario de Justicia con el que Santiago Caputo le intervino el ministerio a Mariano Cúneo Libarona. Amerio negoció, a finales de 2025 y a principio de 2026, con Wado de Pedro como interlocutor del cristinismo. Hubo charlas y reuniones, pero el desenlace es conocido: el acuerdo falló porque, entre otros motivos, el Gobierno se negó a debatir los pliegos en una mesa de negociación más amplia, como pedía el peronismo.

El objetivo del cristinismo era debatir no solo los pliegos, sino también la vacancia de la Procuración General de la Nación, que hoy ocupa Eduardo Casal de manera interina, y de varios juzgados nacionales. CFK planteó, a través del senador José Mayans, la posibilidad de ampliar la Corte Suprema a 7 miembros, de modo tal que ella pudiera poner a una candidata propia en la terna. 

Milei se negó, los pliegos se cayeron y Caputo quedó como el responsable del fracaso de la estrategia judicial. En el último mes, Amerio retomó el diálogo con Mena para comenzar a discutir de nuevo los pliegos. Pero, en el medio, el escenario cambió: Karina Milei comenzó a limitar el ámbito de influencia de Caputo en el Gabinete y, de un golpazo, desplazó a Amerio de las negociaciones. 

Aritmética anti Macri

Si hubo un hilo secreto que siempre unió a Milei con CFK fue el judicial. Desde el boicot a la ley de Ficha Limpia hasta el mismo debate por las vacantes en la Corte Suprema. Como cuenta Pedro Lacour, no los une el amor, sino el espanto. Es decir: el temor a Mauricio Macri y el deseo de limitar su poder en la Justicia. 

“Es mejor cuando el PRO no se mete en estos temas. Siempre nos entendimos mejor con el peronismo”, admite un emisario de las Fuerzas del Cielo que hace la misma cuenta que, en el Senado, hace el peronismo: con 20 senadores de LLA y 28 senadores del peronismo, los dos tercios de la Cámara serán monopolizados por solo dos partidos. Una aritmética que dice solo una cosa: no es necesario negociar ni con Macri ni con la UCR para rearmar la Justicia.

En el peronismo son ambiciosos. Más de uno desliza que, si Milei se anima, podrían hacerle un juicio político a los tres jueces de la Corte y rearmar, a piacere, toda la Corte Suprema de Justicia. Ganas no faltan.

Si así lo desean, Milei y CFK pueden hacer cualquier cosa.

MCM/MG

Cristina Fernández de Kirchner no se hace grandes ilusiones. Está convencida de que, tras el resultado del domingo, Javier Milei tendrá el número en el Congreso para avanzar con las reformas que le pide el FMI. Y que la oposición, frente a esa mayoría, tendrá que ser pragmática y propositiva. Y flexible, sobre todas las cosas. CFK observa que habrá gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca) u Osvaldo Jaldo (Tucumán), que buscarán tender puentes con el Gobierno. Y también ve que el peronismo, si desea consolidarse como alternativa de poder, tendrá que contenerlos a todos.

Así se lo comenta a los interlocutores que, cotidianamente, la visitan en su domicilio en San José 1111. Y así lo expuso ella misma en la misiva que publicó este viernes. El tema va colándose entre los pases de factura y la caza de culpables por la derrota electoral del domingo: ¿y ahora qué? Una pregunta que, por momentos, es catártica y estructural, y refiere a la ruptura del vínculo del peronismo con la sociedad a la que dice querer representar. Pero que también es pragmática: ¿qué rol debe tener el peronismo, como principal bloque opositor, frente a la nueva relación de fuerzas en el Congreso?

El principal desafío, sostienen cerca de CFK, es evitar la ruptura. Con 98 diputados y 28 senadores, Unión por la Patria –o como se llame en el futuro– continuará siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. “Es cuestión de reposicionarse sabiendo que ya no todas las votaciones van a ser unánimes”, reflexiona un dirigente de La Cámpora. 

El ojo está puesto en los gobernadores peronistas, muchos de los cuales ya han ayudado al Gobierno con ausencias en votaciones clave en el pasado. Algunos, como Jaldo, prefirieron romper con el bloque peronista oficial, que preside Germán Martínez, y blanquear, así, su alineamiento con el Gobierno. Otros, como Jalil o Gerardo Zamora (Santiago del Estero), optaron por quedarse en el bloque y aportar a la estrategia de La Libertad Avanza en silencio. Una actitud que, en más de una ocasión, derivó en acaloradas discusiones internas y amenazas de expulsión.

Los gobernadores son, sin embargo, los únicos que salieron triunfantes de la elección del domingo. En todos lados menos en provincia de Buenos Aires, en donde el cristinismo y el kicillofismo se acusan mutuamente de la derrota. En Catamarca, por ejemplo, Fuerza Patria salió primero con el 45% y más de 10 puntos de diferencia con LLA. En Tucumán, donde se logró cerrar un acuerdo de unidad con Jaldo, el peronismo le sacó más de 15 puntos a LLA. En Santiago del Estero, mientras tanto, Zamora logró meter a todos los diputados y senadores: no quedó ni una silla para LLA. 

Frente a la crisis del peronismo, CFK apuesta a proteger la territorialidad. Aunque terminen votando con el Gobierno. O sacándose fotos con Milei en Casa Rosada. 

Fernández de Kirchner buscará replicar este mismo pragmatismo cuando comience el debate de la reforma previsional y laboral. La presidenta del PJ sospecha que Milei tendrá los votos para aprobarlas, por lo que el desafío del peronismo será plantear una alternativa. “No podemos quedarnos atrapados en el ‘no, no, no’. No podemos dejar que nos pongan en el lugar de ‘anticapitalistas’ o ‘antiempleo’. Tenemos que tener una postura clara, y votar algunas cosas si corresponde”, analiza un dirigente del riñón de CFK. 

El pragmatismo de la expresidenta no es, sin embargo, inocente. La jefa del PJ se sabe en inferioridad de condiciones, y no solo por el triunfo de Milei en las elecciones. Sino por la guerra interna que la derrota despertó en el peronismo. Con Axel Kicillof, por un lado. Pero también con varios referentes provinciales, que acusan a CFK de haber intervenido en los armados locales y cerrado listas que terminaron saliendo terceras. Este es el caso de Misiones, Salta y Jujuy, en donde Fuerza Patria no logró sacar más de 15 puntos.

En ambos casos –Buenos Aires y las provincias intervenidas por el PJ nacional– los cañones apuntan contra CFK. Y la responsabilizan por la derrota. 

El debate por la Corte Suprema (Vol. 2)

“Nosotros somos personas racionales. Si vienen con cosas razonables atendemos. Pero si aparecés como un emperador, como Calígula, entonces no. Hay un límite”, le advirtió el jefe de bloque peronista, José Mayans, a un dirigente libertario la semana previa a que el Senado le rechazara, en abril, los dos pliegos de la Corte Suprema de Justicia.

El peronismo nunca escondió lo que exigía a cambio de sus votos para aprobar el nombramiento de Ariel Lijo: una mesa amplia de negociaciones, que incluyera el nombramiento del Procurador General de la Nación y la posibilidad de ampliar la Corte Suprema para poder poner a una candidata propia. Santiago Caputo encabezaba, entonces, las negociaciones con el peronismo junto a Sebastián Amerio, y terminó optando por salir a confrontar. Rechazó el pedido de UxP, avanzó vía decreto y se chocó, meses después, con el primer rechazo del Congreso a los pliegos de la Corte en la historia. 

La puerta para seguir negociando, sin embargo, quedó abierta. Y ahora, tras las elecciones, volvió a abrirse.

Fernández de Kirchner dio el visto bueno para dar inicio a las conversaciones, pero todavía falta definir los interlocutores. Desde el kirchnerismo, ese rol lo ocupó Wado de Pedro, pero en los últimos días comenzó a surgir el nombre del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena. Un hombre que la expresidenta busca colocar, a su vez, como ministro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

El cristinismo siempre ha mantenido, en secreto, vasos comunicantes con Caputo por los temas judiciales. Fue así que negoció, por ejemplo, el derrumbe del proyecto de Ficha Limpia. Pero, tras el resultado electoral, el peronismo no termina de tener en claro con quién tendrá que negociar: si con Caputo o, en cambio, con el tándem Karina Milei y Lule Menem. 

Es una incógnita que, incluso, ni el propio Gobierno puede responder por estas horas. En las fuerzas del cielo admiten que el resultado del domingo allanó el camino para volver a discutir todas las vacancias en la Justicia, y no solo en la Corte Suprema. Esto es así porque, tras el recambio legislativo, el peronismo y LLA tendrán, por sí solos, los dos tercios del Senado. “Es más fácil cuando no hay que meter al PRO. Somos más parecidos al peronismo en estos temas”, admite un dirigente del caputismo.

El problema, sin embargo, es que el Gobierno aún no ordenó su frente interno. Hasta que el mapa de poder de Casa Rosada no quede claro, el peronismo no tendrá interlocutor. Mientras tanto, la ex presidenta espera.

MCM/MG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la absolución del exvicepresidente y exministro de Economía Amado Boudou en la causa en la que se lo investigaba por falsedad ideológica en la transferencia irregular de un automóvil en 2003.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó por inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había cuestionado la sentencia favorable al exfuncionario kirchnerista, ya condenado en la causa Ciccone.

El caso se originó por la inserción de datos falsos en tres formularios para transferir un Honda modelo 1992, supuestamente con la intención de ocultar el vehículo en su proceso de divorcio de Daniela Andriuolo, su entonces esposa, radicada actualmente en Italia.

En 2017, el Tribunal Oral Federal 1 sobreseyó a Boudou por prescripción. Pero tras una apelación de la fiscalía, la Cámara Federal de Casación Penal ordenó un nuevo juicio. En 2019, el Tribunal Oral Federal 8 lo condenó a tres años de prisión por ese hecho, aunque lo absolvió en otra causa vinculada a la compra de 19 autos a la concesionaria Guido Guidi.

Posteriormente, la Sala IV de la Cámara de Casación, con votos de Carlos Mahiques y Ángela Ledesma, y disidencia de Javier Carbajo, revocó la condena por los formularios del auto y dispuso su absolución. Mahiques sostuvo que no se probaron vínculos directos entre Boudou y los gestores del trámite irregular, mientras que Ledesma cuestionó la prolongada incertidumbre a la que fue sometido el imputado.

El fiscal Raúl Pleé, con respaldo del Procurador interino Eduardo Casal, recurrió esa decisión alegando arbitrariedad. Sin embargo, la Corte rechazó el planteo por el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar recursos sin necesidad de fundamentación, y con ello dejó firme la absolución de Boudou.

Con información de NA.

IG

En medio del escándalo que involucra a José Luis Espert tras las revelaciones de elDiarioAR y que derivo en la renuncia del diputado de La Libertad Avanza a su candidatura para las próximas elecciones legislativas, la Corte Suprema de Justicia habilitó este martes la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, donde está procesado en una causa ligada al narcotráfico y al fraude. Ahora, está en manos del gobierno de Javier Milei dar la puntada final para enviar al ciudadano argentino que está detenido con prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro, al país del Norte.

La decisión, fechada el 7 de octubre de 2025, pone punto final a un largo proceso judicial en el país y abre la puerta para que Machado enfrente a los tribunales del Distrito de Texas.

El fallo del máximo tribunal ratifica la decisión original del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén, que había declarado procedente la extradición de Machado para que sea juzgado por cinco de los cargos presentados por la justicia estadounidense.

La Corte Suprema adhirió en gran medida a los argumentos del Procurador General de la Nación, rechazando uno por uno los planteos de la defensa de Machado, entre ellos una supuesta violación al principio de “igualdad de armas” y la recusación del juez de la causa.

Un punto central del fallo se refiere a la nueva documentación enviada por Estados Unidos, que terminó por desarticular la estrategia de la defensa. Los abogados de Machado habían presentado un escrito en 2024 argumentando que una coimputada en el caso, Kayleigh Moffett, había sido beneficiada por un fallo en Texas.

Sin embargo, la Corte solicitó al país requirente que aclare la situación. La respuesta llegó el 1.º de octubre de 2025 a través de la embajada de Estados Unidos, que no solo manifestó su continuo interés en la extradición de Machado, sino que adjuntó las sentencias condenatorias contra Moffett y otra socia, Debra Lynn Mercer Erwin. Con estas pruebas, la Corte consideró “disipados los reparos introducidos por la defensa”.

El fallo de la Corte confirma el pedido de “seguridades” al Estado norteamericano para que se compute el tiempo que Machado ya estuvo detenido en Argentina como parte de su eventual condena. Asimismo, se reitera la solicitud de que se tenga en cuenta el estado de salud del empresario para garantizar el respeto a su integridad física y evitar tratos crueles.

Con la sentencia firme, el expediente volverá al juzgado de Neuquén para que se ejecute el procedimiento de entrega a las autoridades estadounidenses.

La causa

El 5 de mayo de 2021, un gran jurado del distrito Este de Texas confirmó el procesamiento de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin (socia del empresario rionegrino y condenada a 16 años de prisión por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude) y otros seis presuntos cómplices. El texto detalla ingresos y egresos de dinero orquestados por el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, radicado en Onalaska, un pueblo de ese estado del sur estadounidense.

La contabilidad detallada expone una estafa a partir de la comercialización de aviones, bajo un esquema Ponzi: un comprador se interesa en adquirir una nave, para lo cual abona un anticipo o se endeuda con un prestamista, al que debe pagarle intereses. El avión en realidad no existe o es una misma unidad vendida muchas veces. También puede ocurrir que el comprador sea ficticio, inventado para canalizar un préstamo. Los fondos adelantados se acumulan en manos de los estafadores. Éstos fugan gran parte y una porción menor la reintegran para simular normalidad, hasta que el fraude queda expuesto y se judicializa, según la investigación que Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR días atrás.

El registro contable del fideicomiso de Mercer-Erwin parte del 20 de octubre de 2016 y se divide entre “wire in” (transferencia de ingreso) y “wire out” (egreso). Los ingresos llegan a través de una cuenta de crédito a nombre de la empresaria, y desde allí parten a decenas de individuos y empresas. Uno de los receptores más frecuentes es South Aviation, la firma de “Fred” Machado.

El fraude ascendería a US$350 millones, según la estimación de los fiscales texanos.

Mercer-Erwin declaró en su defensa el 28 de abril de 2023. Allí se manifestó engañada por Machado, a quien atribuyó la responsabilidad del fraude, aunque admitió como un simple error haber dejado que un tercero administrara los ingresos y egresos desde la cuenta de crédito a su nombre. Por el contrario, Machado no admite función alguna en el manejo del fideicomiso ni de los más de mil aviones que la firma tenía registrados. El empresario argentino sólo se reconoce como cliente de Mercer-Erwin.

Según un perito contador que declaró en el juicio llevado a cabo en la ciudad de Sherman, Mercer-Erwin se habría beneficiado por al menos US$4,9 millones y Machado otros US$75 millones, lo que siembra dudas sobre quién era verdaderamente el jefe.

La investigación navega sobre un fraude con compras inventadas de aviones o un caso de narcolavado, en el que las transacciones de naves aéreas serían una mera pantalla.

Esta contabilidad secreta forma parte del expediente radicado en un juzgado de Sherman. Además, integra las pruebas en las que se basó el informe “Broken Trust” (confianza rota), encabezado por la periodista de investigación Tanya Eiserer, del noticiero del canal WFAA, filial en Dallas de la cadena ABC, una de las tres principales emisoras televisivas de Estados Unidos.

De allí surge el pago de US$200.000 a José Luis Espert que derivó en un escándalo que impactó de lleno en el corazón de la administración Milei.

Las acusaciones formuladas por la fiscalía federal de Texas no apuntan a Espert, porque el foco fue puesto en los presuntos ocho organizadores del fraude y no en los receptores de los fondos, que son decenas.

Benefactor y beneficiado

Machado, fugado a Argentina en febrero de 2021, niega ser un narcotraficante y resiste su extradición a Estados Unidos, ya aprobada en 2022 por un juez federal de Neuquén y empantanada en la Corte Suprema. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a este medio que está trabajando con “las autoridades argentinas” para concretar la extradición.

El benefactor de Espert tiene dos abogados: Roberto Rallín y Francisco Oneto. Éste es a la vez letrado de Javier Milei en la presunta criptoestafa $LIBRA y en varias denuncias contra periodistas. Una vez que decida la Corte, el Presidente tendrá la última palabra para dar curso a la extradición, o lo contrario.

Personas con conocimiento del caso no descartan que Machado esté negociando con los inversores a los que habría defraudado, mientras aspira a pactar con los fiscales de Texas un cambio de status de la acusación.

Machado, un rionegrino emigrado a Estados Unidos a principios de la década de 1990 que en un principio se buscó la vida y luego montó un lucrativo negocio con aviones en Fort Lauderdale, Florida, niega ser narcotraficante y se considera víctima de una pulseada política, que se vuelve cada vez más lesiva para él en la medida en que la figura de Espert gana centralidad. En declaraciones públicas a la filial de la cadena ABC en Dallas, admitió que desvió dinero de inversores que pretendían comprar aviones. Prometió que resarciría el perjuicio si recupera la libertad, lo que abona la idea de que algo está negociando para cambiar la naturaleza de la acusación en Texas.

Los fondos defraudados a los presuntos compradores de aviones supuestamente terminaron en proyectos mineros en Guatemala. En el país centroamericano también enfrentó acusaciones parlamentarias y periodísticas de financiamiento ilegal a dos presidentes. Durante la experiencia guatemalteca de Machado, iniciada en 2015, agentes de Homeland Security de Estados Unidos lo visitaron varias veces. Las sospechas sobre narcotráfico lo orbitaban hacía años y cobraron vuelo.

En febrero de 2021, Machado fue citado a presentarse en Texas, seguramente para ser detenido. Viajó desde Guatemala a México y burló el destino. Asumió que en el país del que había partido tres décadas antes se respetarían mejor las garantías procesales o simplemente se fugó. Aterrizó en Buenos Aires, intentó rearmar contactos y a las semanas fue detenido en Neuquén.

El mecanismo

Un primer dato que llamó la atención a reguladores del transporte aéreo y fiscales estadounidenses fue que Onalaska, un municipio de unos 3.000 habitantes, tenía registrados 1.042 aviones particulares. La cifra era de por sí inusitada si se la compara con la de Nueva York, con unas 590 naves, pero pasaba a ser directamente sospechosa ante el hecho de que Onalaska, un pueblo insípido a orillas del lago Livingston, carecía de aeropuerto.

La periodista Eiserer, del canal WFAA, filial de ABC, comenzó a tirar del hilo en 2019. Resultó que el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp apostado en Onalaska había llevado a un extremo una felonía de larga data. En Estados Unidos, sólo los nacionales pueden patentar un avión con la letra N que corresponde a ese país. Los extranjeros tenían una vía para eludir ese requisito, que era inscribir las naves en un fideicomiso estadounidense. Debra Mercer-Erwin vio el filón y compró Aircraft Guarantee Corp en 2014.

La patente con la letra N habilita en los hechos inspecciones mucho más laxas de las autoridades estadounidenses de seguridad y un tránsito más libre hacia terceros países.

Aconteció que aviones anotados en el fideicomiso comenzaron a aparecer cargados de droga en países del norte de Sudamérica y Centroamérica.

Según consignó Lesley Brooks, fiscal del juicio contra Mercer-Erwin, sólo diez de las 190 transacciones registradas en la contabilidad clandestina atribuida a la mujer y Machado eran efectivamente compras de aviones, y el resto eran fraudes. Ése es el mismo registro en el que aparece la transferencia a Espert descubierta por el equipo de Grabois. Si Machado no tuvo nada que ver con esa contabilidad, la pregunta que surge es por qué una empresaria sin aparente vínculo con Argentina como Mercer-Erwin habría anotado una transferencia de US$200.000 a Espert.

También existía una necesidad real de abastecer de aviones al fideicomiso de Mercer-Erwin, según los fiscales de Texas. Como las naves eran “dormidas” un tiempo, o eran abandonadas por problemas técnicos o accidentes en alguna selva de Guatemala, Belice, Venezuela o Colombia, o eran confiscadas con su carga de cocaína, la trama buscaba naves de reemplazo para incorporarlas al fideicomiso y otorgarles la letra N.

Qué dijo de la causa por narcotráfico

Federico machado hizo un raid mediático en las últimas en las que dio sus explicaciones sobre la causa. Estas son algunas de sus frases textuales en una entrevista por Radio Rivadavia.