“No deja de ser Argentina”: el Gobierno redobló su defensa de la venta de tierras a extranjeros

El Gobierno salió este martes a hacer una defensa cerrada de la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y buscó despegar la discusión de cualquier posible afectación de la soberanía nacional. Una semana después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reivindicó la desregulación, aseguró que el objetivo de la Casa Rosada es atraer capitales para desarrollar la producción y cargó contra la ofensiva opositora para voltear el decreto insignia de Javier Milei.

“De ninguna manera un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. El vocero apeló a distintos ejemplos productivos para defender la apertura: habló de extranjeros que puedan adquirir campos para instalar un coto de caza, producir limones en Tucumán, soja y cereales en La Pampa o frutas en Río Negro. Y explicitó cuál es la apuesta oficial: “Estas tierras, en principio, pueden recibir inversión extranjera y eso es a lo que apunta este Gobierno: recibir más inversión de extranjeros en tierras argentinas”.

La contundencia pública de la defensa contrastó con la inquietud que había recorrido algunos despachos oficiales apenas se conoció el fallo de la Corte la semana pasada. La resolución fue, en los papeles, favorable para la Casa Rosada: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había impedido aplicar la derogación de la Ley de Tierras. Pero lo hicieron por considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación para impulsar la demanda, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo del decreto.

Puertas adentro, sin embargo, la noticia estuvo lejos de ser recibida solamente como un triunfo. “Nadie estaba esperando que saliera esto ahora”, reconocían la semana pasada en un sector del Gobierno. La preocupación era esencialmente política: la discusión sobre la extranjerización de las tierras ya le había provocado dificultades al oficialismo en el Congreso y el fallo volvía a ofrecerle a la oposición una bandera alrededor de la cual intentar reunir votos contra el DNU 70 completo. “Les das una excusa para volver a juntar votos contra el decreto. Además, ¿para qué vamos a salir a defender algo que ya nos trajo problemas?”, se preguntaba otra fuente libertaria.

“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó Ravier este martes. Según explicó, los inmuebles adquiridos por extranjeros continúan sometidos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina, mientras que la derogación de la Ley de Tierras no modifica el régimen específico vigente para las zonas de seguridad de fronteras.

El vocero también sostuvo que la apertura no habilita la adquisición privada de bienes que tienen otros regímenes de protección. “Si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un parque nacional, no lo puede hacer. Esto no está en riesgo”, señaló. Para el Gobierno, el debate debe circunscribirse a la posibilidad de incorporar capital extranjero a explotaciones productivas: “Pueden trabajar, pueden producir, pueden contratar personas, pueden exportar también, pueden generar divisas, puestos de trabajo y demás”.

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