Con el triunfo de José Antonio Kast, defensor de la dictadura de Augusto Pinochet, llega por primera vez la ultraderecha al gobierno de Chile desde el retorno a la democracia. Con él, el tablero de Latinoamérica suma una nueva ficha a un panorama que se ha ido escorando en los últimos años. Kast se sube al podio de las figuras más relevantes de la extrema derecha, en el que ya están el salvadoreño Nayib Bukele (en el poder desde 2019) y el argentino Javier Milei (2023). Pero aunque son los más visibles, no son ni mucho menos una excepción.

Si la década de los 2000 fue el gran momento de la izquierda en América latina, a partir de 2019 –con el triunfo de Bukele y Jair Bolsonaro– la región experimentó un crecimiento sostenido de opciones políticas cada vez más a la derecha, en una familia heterogénea de populismos ultraconservadores, libertarios o neopatriotas, en algunos casos con rasgos antidemocráticos. 

Incluso en los países en los que gobierna la izquierda –México (Claudia Sheinbaum), Brasil (Lula da Silva), Colombia (Gustavo Petro) y Uruguay (Yamandú Orsú)– la ultraderecha se ha convertido en una alternativa política con líderes relevantes y posibilidades de expansión electoral.

“Esta ola de derechas no se explica tanto porque la mayoría de la población se haya vuelto más conservadora, sino porque temas que tradicionalmente ha manejado la derecha, como la seguridad y la inmigración, se han vuelto más importantes en la agenda de la opinión pública, además de un efecto castigo a los gobiernos de izquierdas de las últimas décadas”, explica la investigadora del CEU Democracy Institute Lisa Zanotti.

Desde abril de 2025, las urnas latinoamericanas sonríen particularmente a la derecha, con triunfos en Ecuador, Bolivia, Honduras, Chile y Costa Rica, además de las legislativas que fortalecieron a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Este año hay tres elecciones importantes –en Perú en abril, a finales de mayo en Colombia y en Brasil, en octubre– en las que la ultraderecha tiene posibilidades.   

Perú

Rafael López Aliaga, entre el Opus Dei, Vox y MAGA 

Tras un presidente provisional como José Jerí, que se encargó de emular a Nayib Bukele, y el actual, José María Balcázar, que se opuso a la ley que prohíbe el matrimonio infantil con polémicas declaraciones sobre las relaciones con menores, Perú debe elegir mandatario en las elecciones que se celebrarán el 12 de abril. Será el noveno en una década. 

Uno de los mejor posicionados, según las encuestas, es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga (Lima, 1961). Su partido, Renovación Popular, es el núcleo conservador más duro de una ultraderecha que se expande en el país, con una cerrada defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado y la “reconstrucción” de valores conservadores. 

Miembro numerario del Opus Dei, López Aliaga, apodado ‘Porky’, ha declarado practicar la abstinencia sexual y que está “enamorado de la virgen María” y el uso diario del cilicio para autolesionarse. Su discurso se caracteriza por expresiones radicales, machistas y misóginas. Insiste en negar el aborto legal a niñas víctimas de violación y en Lima reemplazó las políticas de género por la promoción del Día de la Familia. Llegó a decirle a una mujer que luchaba por su derecho a una muerte digna, que “el que se quiere matar, se tira de un edificio”.  

Se enfrenta a varias investigaciones por lavado de dinero –está en los Papeles de Panamá– y contratos irregulares en su etapa como alcalde. Tiene una fluida relación con Vox y con el movimiento MAGA. 

Colombia

Abelardo de la Espriella, ‘el tigre’ que viste como un dandy

Según varias encuestas, los candidatos mejor posicionados para las elecciones del 31 de mayo son, en este orden, el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico (PH), y el abogado Abelardo de la Espriella, apodado ‘El Tigre’. 

De la Espriella, un excéntrico penalista sin experiencia política, centra su discurso en la seguridad y la lucha contra la corrupción, con promesas de “mano dura” al estilo Bukele. Su partido político, Defensores de la Patria, se apoya en la clásica trinidad de la extrema derecha: empresa, Dios y familia. 

La popularidad de De la Espriella –que ha crecido a medida que se radicalizaban sus críticas al presidente Gustavo Petro– se ha alimentado en buena medida de su estilo de millonario bon vivant: sus negocios incluyen una marca propia de ron, una de ropa y una línea de sombreros, además de algunos discos de versiones en los que ha volcado sus aspiraciones de cantante.  

La irrupción de la candidata uribista Paloma Valencia parece restarle posibilidades, en la medida en la que pueda conseguir votos del electorado crítico con Petro pero que no comulga con el discurso radical de De la Espriella. Aunque en Colombia los límites en entre el centro y la radicalidad pueden ser difusos: el partido Centro Democrático tiene en sus filas a quien muchos expertos consideran como una de las figuras con mayor proyección a futuro de la extrema derecha: la senadora María Fernanda Cabal, con un discurso plagado de punitivismo, posturas antiizquierda y oposición a lo que llama “ideología de género”.

Brasil

El clan Bolsonaro: Flávio, Michelle y el militar privatizador

El expresidente Jair Bolsonaro sigue siendo la gran figura de la derecha radical, pero –inhabilitado por la Justicia por promover un golpe de Estado– oficia como referente político alrededor del cual orbitan sus hijos, su esposa, además de algún exasesor y exministros. 

Flávio Bolsonaro, el primogénito del expresidente, es de momento el candidato oficial para las elecciones de octubre. El parecido físico con su padre –que es quien lo designó desde la cárcel– es notable, pero él se encarga de marcar diferencias para reducir el rechazo que genera su apellido en un país altamente polarizado: “Siempre pidieron un Bolsonaro más moderado y yo siempre he sido así, ese Bolsonaro más moderado, equilibrado y centrado”. Lejos de las declaraciones homófobas de su progenitor, este abogado de 44 años y senador desde 2018, ha llegado incluso a usar el lenguaje inclusivo en algún tuit. 

Pero igual que su padre y sus tres hermanos dedicados a la política, Flávio tiene que lidiar con problemas judiciales. Entre otros delitos, ha sido investigado por lavado de dinero, asociación ilícita y malversación, pero los procesos han sido archivados. Su hermano Eduardo, diputado, actualmente está huido de la Justicia, exiliado en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro acudió esta semana a la toma de posesión de Kast –el presidente Lula no fue– en un momento en el que las encuestas ensalzan sus posibilidades: ahora mismo, una hipotética segunda vuelta contra Lula Da Silva acabaría en empate técnico. 

Pero el ambiente en el clan Bolsonaro no es idílico. Flávio es hijo de un primer matrimonio de Jair, por lo que no tiene el apoyo de la actual esposa de su padre, Michelle, quien también llegó a insinuar su propia candidatura. Los expertos explican que ella tiene especial llegada en los estratos sociales más bajos, y creen que puede incluso seducir a algún votante de Lula. 

Como tercero en discordia en esta carrera aparece el gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que como ministro de Bolsonaro fue el encargado de anunciar la privatización de un centenar de empresas estatales. De formación militar, alinea públicamente su posición con el faro de la ultraderecha en el continente, Donald Trump. Su discurso, cercano al establishment, genera apoyos sobre todo en las clases medias y altas. 

Las candidaturas definitivas se oficializarán a mediados de agosto. 

Ecuador

La deriva antidemocrática de Daniel Noboa

Noboa se convirtió en presidente de Ecuador en noviembre de 2023 para completar el mandato de Guillermo Lasso, que abandonó anticipadamente el Gobierno para evitar un juicio político. En 2025, en contra de lo que decían las encuestas, se impuso ampliamente en la segunda vuelta en unas elecciones envueltas en sospechas y fake news. Un monitoreo recogido por el informe de la OEA indicaba que el 74% de los contenidos virales en campaña resultaron ser falsos. 

Noboa presume de una muy buena relación con Nayib Bukele y del apoyo de Donald Trump. Y tras el cuestionado pero contundente triunfo, ha acelerado las medidas más polémicas de su agenda política: eliminar en Ministerio de la Mujer, despidos generalizados de funcionarios públicos y el impulso a proyectos extractivistas que han supuesto que cientos de hectáreas de selva amazónica protegida hayan acabado arrasadas por la minería. 

“Daniel Noboa ha renunciado a proponer un proyecto de país y se concentra en la estrategia de destrucción de opositores, evitando el surgimiento de cualquier proyecto político emergente”, asegura un informe de la organización Celag Data. Se ha enfrentado a la Corte Constitucional, ha establecido nuevos requisitos y exigencias a ONG y fundaciones con el pretexto de combatir el lavado de dinero, y tiene una enorme influencia en los medios de comunicación. Varios periodistas han salido del país denunciando amenazas. 

Costa Rica

Laura Fernández, “megacárceles” y “familia tradicional” 

La candidata y exministra del presidente Rodrigo Chaves arrasó en las elecciones del 1 de febrero y tomará posesión como presidenta el 8 de mayo. Con una campaña centrada en la “mano dura” contra la delincuencia y el narcotráfico, esta admiradora confesa de Nayib Bukele ha prometido megacárceles, leyes para endurecer las penas y el desarrollo de tecnología de vigilancia masiva: drones, reconocimiento facial, monitoreo de comunicaciones… todo bajo su control directo. Ante la polémica por sus propuestas, esta politóloga de 39 años ha asegurado que si el parlamento se opone a sus planes, forzará los cambios a través de referéndum. 

También defiende reducir el tamaño del Estado y políticas antiderechos: por ejemplo, promete revisar la ley que permite abortar cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Tiene fuertes lazos con grupos evangélicos y católicos, y ha centrado su discurso en la defensa de la “familia tradicional” y en contra de la “ideología de género”. 

Honduras

Nasri 'Tito' Asfura, el 'Papi a la Orden' de Donald Trump

Donald Trump lo calificó como el líder necesario “para detener el avance del socialismo” en la región en la campaña tras la que Asfura, un empresario de 67 años conocido como ‘Papi a la Orden’ se convirtió en presidente de Honduras. Construyó su popularidad como alcalde de Tegucigalpa (2014-2020) haciendo hincapié en su capacidad de trabajo y su rechazo a las élites, vistiendo informal y utilizando un lenguaje sencillo. 

Es el principal aliado de Estados Unidos en Centroamérica, y tiene también buenas relaciones con Vox. Se define como representante de la “derecha valiente”, enfocada en el orden –lucha contra el narcotráfico y contención migratoria–, la fe –instauró jornadas de oración en instituciones públicas– y la desregulación económica –colaboración público-privada, incentivos fiscales, achicamiento del Estado–.

Dominicana, Uruguay, México...

“Una de las razones que explican la oleada de ultraderecha en la región es la reacción al hecho de que diversas minorías se hayan hecho visibles y hayan ganado derechos”, explica Lisa Zanotti. Quizá por eso en México el surgimiento de fuerzas de extrema derecha no es tan evidente. “Gobiernos como el de Manuel López Obrador han defendido desde la izquierda posturas abiertamente conservadoras en temas como la moral pública, la legalización de drogas, las tareas del Ejército o la inmigración”, señala Rodrigo Castro Cornejo en un estudio del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha.

Sin embargo, con el gobierno de Sheinbaum empiezan a surgir proyectos emparentados con la tendencia de derecha ultraconservadora que se extiende por el resto del continente e impulsados por actores externos, como el argentino Agustín Laje o el español Javier Negre, que ha llevado su proyecto La Derecha Diario a ese país a finales del año pasado. Negre es muy cercano a Ricardo Salinas Pliego, a quienes muchos ven como el nombre más prometedor de una ultraderecha en ciernes, por delante de otro político del espectro, Eduardo Verástegui. A Salinas Pliego se lo relaciona con la sociedad secreta religiosa El Yunque, que también tiene vínculos con Vox.  

En Uruguay la ultraderecha está representada por el partido Cabildo Abierto, que irrumpió en las elecciones nacionales de 2019 como cuarta fuerza política en el país. La “defensa de la familia” en oposición a la idea de la “ideología de género” es el elemento central en los discursos de su líder, Guido Manini Ríos, que se opone abiertamente a las políticas de igualdad de género y los derechos LGBTI. “Cabildo Abierto ejerce presión sobre el régimen político democrático por sus vínculos con los militares”, analiza la investigadora Talita São Thiago Tanscheit. Al punto de que, como José Antonio Kast en Chile, no ha condenado abiertamente los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

Una de las propuestas de Manini Ríos es la declaración de una “emergencia de seguridad”, una de las obsesiones de la extrema derecha en el continente, y uno de los discursos que más réditos electorales les deja. En él se centró la campaña de Luis Abinader, presidente reelecto de República Dominicana, un hombre de negocios cuya política migratoria es considerada “racista” por Amnistía Internacional a causa de las deportaciones masivas y la falta de derechos que sufren las personas de origen haitiano.

Con todo el mundo pendiente de los cuatro meses de campaña militar de EEUU contra Venezuela, la Casa Blanca ha aprovechado para firmar discretamente acuerdos de seguridad con otros países que le permitirán desplegar soldados en América Latina y el Caribe.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha cerrado acuerdos militares con Trinidad y Tobago, Paraguay, Ecuador y Perú, mientras la Administración Trump anunciaba bloqueos a petroleros sancionados, ordenaba la incautación de buques, y lanzaba los ataques aéreos que han terminado con la vida de más de 100 personas en el Caribe y el Pacífico. Además, Washington ha abierto una nueva fase en su campaña contra Maduro con ataques de la CIA dentro del país.

Los acuerdos van desde el acceso a aeropuertos, como en el caso de Trinidad y Tobago, hasta el despliegue temporal de tropas estadounidenses en operaciones conjuntas contra “narcoterroristas”, como en el de Paraguay. Se están firmando bajo la bandera de la llamada “guerra contra las drogas”, la misma justificación que Washington emplea para su ofensiva contra Venezuela, aunque autoridades de la Casa Blanca y el propio Trump hayan dicho que derrocar al dictador Nicolás Maduro y apoderarse de las gigantescas reservas energéticas del país también figuran entre los objetivos.

Washington mantiene pactos similares desde hace tiempo en la región, pero los analistas creen que la magnitud y el momento en que se firman estos nuevos acuerdos representan una nueva escalada en la que sería una invasión sin precedentes de un país sudamericano por parte de Estados Unidos. “Si Estados Unidos lanzara una ofensiva más amplia que incluyera ataques aéreos contra Venezuela o contra otros países mencionados, como Colombia o Cuba, necesitaría bases operativas en toda la región”, dice Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar en el centro de estudios Defense Priorities.

“Construir una red de bases es importante para la sostenibilidad de cualquier posible operación”, añade. “No podemos afirmar con certeza que estas actividades estén dirigidas directamente contra Venezuela, pero sería ingenuo sugerir que no están relacionadas de alguna manera”.

Entre los últimos acuerdos figura el despliegue “temporal” de soldados de la Fuerza Aérea estadounidense en Ecuador, contra la voluntad expresa de los ecuatorianos que rechazaron en referéndum el establecimiento de bases militares extranjeras. Otro ejemplo es el Congreso de Perú, que aprobó la solicitud de la Casa Blanca de autorizar al personal militar y de espionaje estadounidense para que operen armados dentro del país.

Según Jorge Heine, exembajador de Chile y profesor investigador en la Escuela de Estudios Globales de la Universidad de Boston, “esto no tiene nada que ver con las drogas”. “Paraguay no se considera un centro importante de producción o distribución de drogas y tampoco lo es Venezuela”, dice. “Esto tiene mucho más que ver con el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”.

No podemos afirmar con certeza que estas actividades estén dirigidas directamente contra Venezuela, pero sería ingenuo sugerir que no están relacionadas de alguna manera

Jennifer Kavanugh — Defence Priorities

De reciente publicación, dicho documento aboga por la “expansión” de la presencia militar estadounidense en la región en lo que denomina el “corolario Trump” a la Doctrina Monroe, como se llamó a la política exterior promulgada en 1823 por el presidente estadounidense James Monroe. Conocida como ‘América para los americanos’, la doctrina fue invocada posteriormente para justificar los golpes militares respaldados por Estados Unidos en países de América Latina.

El régimen de Maduro ha acusado a Trinidad y Tobago de participar en la incautación del primer petrolero a la vez que anunciaba la rescisión inmediata de cualquier acuerdo sobre suministro de gas fósil al país insular caribeño después de que este otorgara permiso a Estados Unidos para instalar en su territorio un sistema de radar y acceder a sus aeropuertos.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago, ha señalado que la cooperación militar con Estados Unidos es la “mejor defensa” para su país. “Si Trinidad presta su territorio para atacar a Venezuela, tendremos que responder”, dijo el lunes Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela.

Solo en los últimos meses, Estados Unidos ha firmado acuerdos similares con Guyana, Panamá y República Dominicana. Otros enclaves de la región ya se han visto envueltos en el reforzamiento militar contra Venezuela por las bases estadounidenses ya existentes en Puerto Rico, Honduras y Cuba, así como los centros de vigilancia en aeropuertos de El Salvador, Aruba y Curazao.

Para los países que no se suman, la diplomacia de cañonero estadounidense representa una amenaza implícita de la extrema cercanía del ejército estadounidense, una forma de garantizar que nadie haga enfadar a Estados Unidos

John Walsh — Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos

Según John Walsh, director de políticas antidroga en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la nueva estrategia estadounidense es “diplomacia de cañonero con esteroides”, es decir, recompensar a los aliados y enviar un mensaje de advertencia a los que se enfrenten a la Administración Trump.

En una carta enviada el lunes a otros presidentes del Caribe y América Latina, Maduro hizo un “llamamiento urgente” contra lo que describió como una “escalada de agresión” por parte de Estados Unidos “cuyos efectos traspasan las fronteras de Venezuela y amenazan con desestabilizar toda la región”.

Desde su reelección el año pasado en unos comicios considerados ampliamente como fraudulentos, Maduro casi no ha tenido contacto con otros presidentes de la región. Ni siquiera con antiguos aliados como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, dos de los pocos líderes de izquierda que están en el gobierno tras la oleada de victorias de la derecha y extrema derecha en la región. Lula quedó marginado al enfrentarse a aranceles de importación del 50% en EEUU, hasta que se descongelaron las relaciones, y sobre Petro pende la amenaza de convertirse en el próximo objetivo de Estados Unidos después de Maduro.

Según Walsh, “para los países que no se suman, la diplomacia de cañonero estadounidense representa una amenaza implícita de la extrema cercanía del ejército estadounidense, una forma de garantizar que nadie haga enfadar a Estados Unidos”.

Traducción de Francisco de Zárate

Tras más de tres años de expansión del trabajo remoto, las grandes empresas tecnológicas comenzaron a revertir la tendencia e imponen modelos híbridos obligatorios, con presencia semanal en oficina. La decisión, impulsada por criterios de productividad y control, choca con una parte de las y los trabajadores, que denuncian retrocesos en términos de autonomía, conciliación y salud mental.

Google, Amazon, Apple y Meta exigen al menos tres días presenciales por semana en sus oficinas centrales. En 2023, el CEO de Amazon, Andy Jassy, advirtió que quienes no cumplan con la presencialidad “probablemente no encajen en la compañía”. Meta (Facebook) limitó incluso la posibilidad de aplicar a nuevos puestos si no se reside cerca de una sede. “El trabajo en persona ayuda a construir relaciones y cultura organizacional”, argumentó Mark Zuckerberg.

En paralelo, firmas como Dropbox, GitLab o Spotify consolidaron esquemas remotos permanentes, incluso con trabajadores distribuidos en distintos países y sin oficinas físicas. Estas empresas reportaron menor rotación y mejores resultados en encuestas internas de clima laboral. GitLab, con más de 1.500 empleados full remoto en 65 países, duplicó su valuación desde 2020.

Un informe de McKinsey de 2024 mostró que el 90% de las grandes empresas estadounidenses ya adoptó algún modelo híbrido, mientras que apenas el 7% se mantiene 100% remota. La presión por volver a la oficina aumentó tras la caída de acciones tecnológicas, el recorte de personal y el discurso de “normalización” postpandemia. Sin embargo, las encuestas muestran que el 60% de las y los trabajadores preferiría no volver a una presencialidad obligatoria.

En América Latina, el modelo híbrido también se impone, pero con fuertes diferencias según país, rubro y tamaño de empresa. Multinacionales como Microsoft, Accenture o Mercado Libre implementan esquemas de 2 o 3 días presenciales por semana en grandes ciudades como San Pablo, Ciudad de México o Buenos Aires. “Es un equilibrio entre la flexibilidad que piden los equipos y la necesidad de cultura corporativa”, explicó un vocero de una consultora global.

En Brasil, un relevamiento de la Fundación Getulio Vargas indicó que el 47% de las empresas medianas y grandes adoptaron modelos híbridos, aunque solo el 18% reguló el trabajo remoto por convenio. En Colombia y México, la legislación avanzó en reconocer el teletrabajo, pero las inspecciones laborales son escasas y la carga de conectividad sigue recayendo en las y los trabajadores.

Argentina reguló el teletrabajo en 2020 mediante una ley nacional, pero su aplicación es limitada y no contempla realidades como la desconexión digital o los gastos de servicios. Muchas empresas retienen el trabajo remoto como beneficio discrecional, no como derecho, lo que genera tensiones gremiales y reclamos de mayor equidad. El modelo híbrido se aplica sobre todo en sectores de tecnología, banca y servicios profesionales, con variantes por área y perfil de puesto.

En el caso argentino, grandes compañías tecnológicas como Globant, Accenture, IBM o Mercado Libre adoptaron esquemas híbridos flexibles, con exigencias de presencialidad que varían entre uno y tres días por semana. La mayoría justifica el esquema como forma de fomentar el trabajo colaborativo y mantener vínculos entre equipos. “No se trata de volver al modelo anterior, sino de reinventar el espacio de oficina”, explicaron desde Globant, que ofrece coworkings distribuidos y sin puestos fijos.

Bancos como Galicia, Santander y BBVA también aplican modelos híbridos en sus áreas administrativas y tecnológicas. Aunque no existe una normativa única, la mayoría de las entidades estableció mínimos de presencialidad y monitorea el cumplimiento con herramientas internas. Algunos sindicatos, como La Bancaria, pidieron que el teletrabajo se regule en convenio para evitar arbitrariedades.

En el sector público, varias dependencias estatales volvieron a la presencialidad plena, salvo en organismos técnicos o de investigación. El decreto 90/2023 del Gobierno nacional eliminó la modalidad remota para la mayoría del personal, bajo el argumento de recuperar eficiencia. En organismos como el Indec o la Anses, trabajadores denunciaron falta de espacios y servicios para la vuelta masiva.

Startups, pymes tecnológicas y cooperativas de software sostienen modelos remotos o flexibles, muchas veces por decisión colectiva o como incentivo para retener talento joven. En estos casos, la autogestión y la confianza operan como base del esquema laboral, sin estructuras jerárquicas tradicionales. Sin embargo, la falta de marcos legales claros genera vacíos ante conflictos o accidentes laborales fuera del espacio físico.

Mientras tanto, la discusión sobre el derecho a la desconexión, la cobertura de gastos y la organización de los tiempos continúa ausente del debate político. En un mercado con altos niveles de informalidad y precarización, el modelo híbrido se consolida como tendencia entre quienes tienen empleo registrado, pero profundiza desigualdades entre sectores.

JJD

En las últimas dos décadas, América Latina ha sido testigo de un reacomodamiento en el mapa global de poder. Si durante gran parte del siglo XX Estados Unidos fue el socio económico indiscutido en la región, hoy ese lugar está siendo disputado —y en muchos casos ya superado— por China. La magnitud del cambio es tal que ya no se trata solo de un giro comercial, sino de un proceso que redefine equilibrios políticos, diplomáticos y estratégicos.

En este escenario se inscribe el nuevo libro “Desplazamiento económico: China y el fin de la primacía estadounidense en América Latina” de Francisco Urdinez, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del grupo de investigación Núcleo Milenio sobre los Impactos de China en América Latina (ICLAC). Urdinez demuestra como China llenó el vacío económico dejado por la retirada de Estados Unidos entre 2001 y 2020 y analiza la erosión de la influencia política de Estados Unidos en la región.

En una entrevista con Dialogue Earth, Urdinez repasa el proceso que lo llevó a realizar el libro, sus principales hallazgos y las implicancias para los responsables de políticas públicas en América Latina.

–¿Qué lo motivó a escribir este libro y por qué consideró que era el momento adecuado?

–Mi tesis doctoral se centró en cómo Estados Unidos había perdido espacios de influencia en América Latina y cómo China ocupaba esos lugares, una de las ideas centrales del libro. En aquel momento, en 2017, el análisis era más elemental en términos de datos. Con el tiempo descubrí que uno de los mayores problemas era la falta de información sistemática: la comunidad académica y política no tenía suficientes datos para responder a la pregunta de mi investigación. Por eso me dediqué a colaborar en proyectos que recopilaban información sobre inversiones, financiamiento y donaciones, y realicé encuestas entre élites y ciudadanía para medir percepciones sobre el ascenso chino.

Mi premisa siempre fue que el crecimiento económico de China inevitablemente se traduciría en influencia política, como ha ocurrido con otras potencias emergentes a lo largo de la historia. La clave fue construir un índice que midiera el peso económico de China y compararlo con el de Estados Unidos, lo que me permitió narrar con claridad el desplazamiento que estaba ocurriendo.

China no es una “caja negra” que simplemente compra materias primas, sino un entramado de cientos de actores que inciden en la economía regional

El libro está dividido en dos grandes partes. La primera explica por qué el concepto de desplazamiento económico importa, cómo se mide y qué revela sobre la pérdida de peso relativo de Estados Unidos en la región. La segunda parte analiza los efectos políticos de ese proceso, en particular la erosión de la legitimidad del orden construido por Washington en América Latina durante las últimas cinco décadas. Esa doble mirada –metodológica y política– busca mostrar que el fenómeno no es solo económico, sino también estructural en términos de poder internacional.

–¿Cómo define el desplazamiento económico en el contexto de las relaciones entre Estados Unidos, China y América Latina?

–Es el momento en que China se convierte en el socio económico más importante de un país latinoamericano, superando a Estados Unidos. Para medirlo, construí un índice que agrega a todos los actores económicos relevantes: empresas, bancos, agencias de cooperación y proveedores de crédito, tanto chinos como estadounidenses. 

El objetivo era demostrar que China no es una “caja negra” que simplemente compra materias primas, sino un entramado de cientos de actores que inciden en la economía regional. Hacer el mismo ejercicio con Estados Unidos resultó incluso más complejo, pero permitió tener dos índices comparables. Ambos se expresan como porcentaje del PBI de cada país latinoamericano. El desplazamiento se produce cuando el peso económico de China, partiendo de cero, supera al de Estados Unidos. Es una forma clara y sencilla de capturar un proceso continuo y progresivo de pérdida de influencia estadounidense frente al ascenso chino.

–Argumenta que Estados Unidos se ha “replegado” económicamente en la región. ¿Cuál es la mejor evidencia de este declive?

–Los datos son contundentes: en las décadas de 1970 y 1980, Estados Unidos era la principal fuente de inversión y financiamiento externo en América Latina, un rol que había desempeñado desde principios del siglo XX. Washington consolidó su poder global primero como potencia económica y tecnológica, antes de proyectar su influencia cultural y política. Ese rol transformador se ha ido diluyendo de manera gradual, al tiempo que China asumía la tarea de proveer capital, bienes y tecnologías.

En las últimas décadas, América Latina dejó de ser una prioridad para Washington, que concentró su atención en regiones consideradas más estratégicas. Muchas empresas estadounidenses perdieron interés y se produjo una salida de capitales, dejando espacio para que China ocupara ese vacío. Durante años, incluso, sectores de la élite política en Washington vieron con buenos ojos que China dinamizara economías donde Estados Unidos estaba ausente, sin percibirlo como una amenaza. Solo a partir de 2016 comenzó a cambiar esa visión, cuando el ascenso chino pasó a interpretarse como un desafío geopolítico directo.

–¿De qué manera el ascenso económico de China ha transformado los patrones de comercio e inversión en América Latina?

–La transformación ha sido histórica y comparable con procesos similares en África y el sudeste asiático. En pocos años [a principios de la década de 2000], la demanda china de materias primas generó una concentración inédita en las exportaciones de la región. 

Mi libro descarta explicaciones alternativas, como que se debiera solo a un boom de precios de commodities o a afinidades ideológicas con gobiernos de izquierda. Lo central es que, a nivel subnacional, actores económicos descubrieron que China era un comprador confiable y un inversor dispuesto a asumir riesgos con rapidez y sin excesiva burocracia. 

En menos de una década, Beijing pasó de ser un actor marginal a convertirse en uno de los principales proveedores de capital extranjero en la región. Esto obligó a gobiernos y empresas a adaptarse velozmente a un nuevo escenario que nadie había anticipado. La convergencia entre el apetito latinoamericano por capital fresco y la disposición china a proveerlo explica gran parte del fenómeno.

–Se ha comparado la rivalidad entre EE.UU. y China en la región con una nueva Guerra Fría. ¿Por qué cuestiona esa analogía en su libro?

–La Guerra Fría fue una disputa ideológica y tecnológica entre modelos incompatibles, donde la Unión Soviética no ofrecía bienes alternativos a los de Occidente. La competencia actual es diferente: no habrá confrontación militar directa, sino una pugna por el dominio de sectores estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores o la transición energética. China no rechaza el capitalismo; practica un modelo de capitalismo de Estado basado en la acumulación de capital y ganancias. La rivalidad con Estados Unidos, por lo tanto, no es ideológica sino económica y tecnológica. Ambos países compiten por controlar industrias críticas que definirán el orden global en las próximas décadas. Estamos ante una rivalidad explícita y duradera, de la que no hay retorno posible.

–¿En qué medida los países latinoamericanos son actores activos en este proceso, y no simples escenarios de competencia entre grandes potencias?

–La agencia latinoamericana es central. El libro muestra dinámicas tanto “de abajo hacia arriba” como “de arriba hacia abajo”. En algunos casos, gobiernos subnacionales se adelantaron y establecieron vínculos directos con China, como São Paulo durante la pandemia al negociar vacunas. En otros, provincias aprovecharon su alineamiento con gobiernos nacionales para fortalecer negociaciones, como ocurrió con las represas de Santa Cruz en Argentina. También existen ejemplos de iniciativas privadas, como el puerto de Chancay en Perú, que nació de un acuerdo entre empresas antes de que entraran los Estados. Estas dinámicas demuestran que la relación no es solo entre Estados nacionales, sino que involucra múltiples actores locales. Gran parte de la historia actual se explica por estos movimientos “desde abajo”.

–Habla de impactos variables del avance económico chino en la región. ¿Podría dar ejemplos de cómo este desplazamiento se experimenta de forma distinta según el país?

–En Sudamérica, el desplazamiento de Estados Unidos por China es casi total, salvo en Colombia y Paraguay, este último por su relación diplomática con Taiwán. En cambio, en Centroamérica y México la dinámica es distinta: allí el peso económico de Estados Unidos sigue siendo predominante, e incluso ha crecido en los últimos veinte años. 

El caso más profundo de vinculación con China es Brasil, que se ha convertido en el motor regional de la relación en sectores como energía renovable y extracción minera. Chile, por su parte, depende de China para cerca del 40% de sus exportaciones, una de las tasas más altas de dependencia comercial del mundo. Estas son realidades estructurales que no se revierten con cambios de gobierno, como demuestran los casos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y el actual presidente argentino Javier Milei [que han adoptado fuertes posiciones antichina]. La interdependencia económica con China llegó para quedarse.

–¿Qué papel juega la ideología en la manera en que los gobiernos latinoamericanos se relacionan con EE.UU. y China?

–La ideología cumple un papel secundario. El caso argentino bajo el ex presidente Mauricio Macri lo ilustra bien: pese a sus críticas iniciales, terminó profundizando la relación con China. Algo similar ocurrió con Jair Bolsonaro y Javier Milei, quienes cuestionaron a Beijing pero no redujeron los vínculos. También hay ejemplos inversos, como el de Chile, donde la relación fue más fluida bajo el gobierno de derecha del ex presidente Sebastián Piñera que con el actual presidente Gabriel Boric, que plantea objeciones sobre derechos humanos y medioambiente. 

En definitiva, lo que pesa más que la ideología es la complementariedad económica y la acción de actores subnacionales y privados. La ideología puede influir en el discurso, pero rara vez altera las dinámicas estructurales.

–¿Ve a Estados Unidos intentando contrarrestar el papel creciente de China? Y si es así, ¿qué tan efectivas han sido esas iniciativas?

–La política estadounidense ha sido reactiva, tardía y coercitiva. En lugar de ofrecer alternativas, se ha basado en sanciones y advertencias, lo que genera frustración en la región. Para muchos países, China no es la opción ideal, pero sí la única disponible para obtener financiamiento rápido y sin condiciones excesivas. Washington cuenta con herramientas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no las usa con la misma agilidad que Beijing. De ahí que surjan tensiones cuando se pide a países pobres no adoptar tecnologías como el 5G sin que exista una opción equivalente. Si Estados Unidos no adapta su estrategia para proveer bienes alternativos, corre el riesgo de empujar aún más a América Latina hacia China.

–Para los responsables de políticas en América Latina, ¿qué lecciones o advertencias ofrece su libro sobre cómo navegar este cambio de equilibrio?

–La principal lección es que será cada vez más difícil mantener un equilibrio entre Estados Unidos y China. Durante tres décadas, algunos países lograron beneficiarse de ambos, como Chile y Perú con acuerdos de libre comercio con las dos potencias. Pero Washington avanza hacia una política binaria de “amigo o enemigo” que obligará a los países a elegir. Esto abrirá debates internos que podrían marcar campañas presidenciales y políticas de Estado en la próxima década

El desafío será enorme y no está claro que la región tenga la madurez necesaria para enfrentarlo. Por eso insisto en la necesidad de formar nuevas generaciones de expertos capaces de resistir presiones externas y entender que la relación con China difícilmente se revierta. Salvo un cambio radical en la estrategia estadounidense, China seguirá siendo el principal socio económico de gran parte de América Latina.

Desplazamiento económico: China y el fin de la primacía de Estados Unidos en América Latina, de Francisco Urdinez, fue publicado por Cambridge University Press y ya se encuentra disponible.

Esta entrevista fue publicada originalmente en Dialogue Earth

Lo dijo tantas veces que parece creérselo de verdad: que es el mejor presidente del planeta, que su gobierno marca un punto de inflexión en la historia de Occidente, que el mundo entero lo admira. Pero esta vez los números no lo acompañan.

El ascenso del uruguayo Yamandú Orsi al primer lugar del ranking latinoamericano de presidentes con mejor imagen pública dejó al descubierto un movimiento inesperado en el tablero político regional: Javier Milei, quien en junio encabezaba la lista con comodidad, cayó al tercer puesto. El nuevo podio, divulgado por CB Opinión Pública, está encabezado por el mandatario del Frente Amplio con un 50,3% de aprobación, seguido de Luiz Inácio Lula da Silva, con 49,8%, y recién después aparece el libertario argentino, con un 49,5%. La caída contrasta con la insistente autopercepción de Milei como ícono de una cruzada mundial por la libertad.

Orsi, que asumió la Presidencia de Uruguay en marzo, consolidó en julio un crecimiento sostenido de imagen positiva, al pasar del 47,2% registrado en junio al 50,3%. No obstante, su nivel de desaprobación también creció, aunque levemente: de 46,7% a 47,3%. Ese crecimiento se produjo en paralelo al retroceso de Milei, quien el mes anterior había cosechado un 53,5% de imagen positiva y ahora bajó casi cuatro puntos.

En cambio, el brasileño Lula da Silva logró escalar al segundo lugar, con una suba de más de tres puntos respecto al mes anterior. En medio de una escalada de tensión con Estados Unidos por los aranceles anunciados por Donald Trump —que castigan a Brasil en represalia por el avance judicial contra Jair Bolsonaro—, el líder del Partido de los Trabajadores alcanzó una aprobación del 49,8%, mientras que su rechazo fue de 47,1%.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa también descendió posiciones. Pasó del segundo al cuarto lugar, con una imagen positiva de 49,1% (frente al 52,4% de junio) y una desaprobación de 48,2%. En cambio, el chileno Gabriel Boric logró una mejora leve que lo dejó a mitad de la tabla, con un 45,7% de aprobación frente al 43,1% del mes anterior y una negativa también del 43,1%.

Más abajo se ubicaron Gustavo Petro, de Colombia, con un 38,8% de imagen positiva y un rechazo del 57,2%, y Santiago Peña, de Paraguay, cuya aprobación bajó a 38,4% mientras su desaprobación subió al 56,8%.

En el fondo del ranking —que fue divulgado este martes por la agencia EFE— se consolidaron tres mandatarios cuestionados: Luis Arce, Nicolás Maduro y Dina Boluarte. El presidente de Bolivia, que hasta junio ocupaba el último lugar, mostró una imagen positiva de apenas 19,5% y una negativa del 78,3%. En su país, la tensión crece con la cercanía de las elecciones del 17 de agosto, en las que los sondeos son adversos para el candidato oficialista.

Maduro, por su parte, registró una aprobación de 28,1% (frente al 29,5% del mes pasado) y una imagen negativa del 67,8%, mientras sigue celebrando un resultado electoral cuestionado por la comunidad internacional. A la cola de la tabla quedó Boluarte, la presidenta de Perú, con la peor calificación regional: apenas un 18,2% de imagen positiva y un 78% de negativa.

La medición de CB Opinión Pública, realizada entre el 21 y el 25 de julio, abarcó un total de 11.165 casos en 10 países, con entre 1.055 y 1.578 entrevistas por país, y un margen de error de entre ±2 y 3%.

Con estos números, Milei pierde el lugar de privilegio en el escenario latinoamericano que había conquistado en junio. Y aunque la diferencia con Lula y Orsi es escasa, el dato resulta sintomático: su imagen sufre un desgaste, al tiempo que otros mandatarios de distinto signo político ganan terreno.

La megalomanía de Milei, en primera persona

Además del desplome en las encuestas, Milei no deja de presumirse ante el mundo con declaraciones que ratifican una autopercepción grandilocuente sobre su figura y su gestión.

En su discurso durante el Derecha Fest, se presentó como epicentro de un movimiento ultraderechista internacional y no vaciló en reafirmar su rol de vanguardia: se declaró parte de una alianza global que incluye a figuras como el estadounidense Donald Trump, el español Santiago Abascal y el brasileño Jair Bolsonaro, afirmando que el mundo respira “nuevos vientos de libertad” gracias a su liderazgo.

Desde Buenos Aires, en la última edición de la CPAC, se escucharon sus proclamas más autocelebratorias. Allí propuso crear una “alianza de naciones unidas contra la tiranía” liderada por la Argentina e Italia —paradójicamente gobernada por la militante fascista Giorgia Meloni—, y aseguró que “Occidente está bajo un manto de tinieblas”, pero que su gobierno representa “una oportunidad histórica para cambiar el mundo”.

En una entrevista al influencer Mario Nawfal, justificó la eliminación de la pauta oficial como “la mayor política a favor de la libertad” —a pesar de que la publicidad del Estado nacional sigue existiendo a través de empresas públicas como YPF y Aerolíneas Argentinas, y aparece en programas de televisión y radio de periodistas muy conocidos que, no casualmente, se dedican a elogiar día a día a la gestión de La Libertad Avanza y a denostar a la oposición— y denunció que los medios están “dominados por mentiras para dañar su imagen”. En otros discursos, Milei llamó a la prensa “ensobrada”, “operadora” y “basura” que “envenena la vida de la gente con mentiras”. A la prensa que critica a su gobierno, por supuesto.

Sobre su estilo presidencial, Milei declaró en Córdoba durante un acto oficial: “Estamos llevando a cabo el mejor Gobierno de la historia”, y calificó a sus críticos de “imbéciles muy pedantes y jactanciosos”. También se define con imágenes superlativas y símbolos propios: se autodenomina “El Rey de la Selva”, utiliza la frase “¡Viva la libertad, carajo!” como grito de guerra y adoptó la motosierra como emblema de su misión de destruir al Estado “desde sus raíces”.

JJD

Introducción: romper mucho, poquito, nada

Después crecimos y nos fuimos del barrio

“Pato trabaja en una carnicería”, Moris (Mauricio Birabent), 1970

Una introducción a la introducción

Construir una historia del rock en América Latina implica un problema que se reitera en cada intento de latinoamericanizar la narrativa o el análisis de un fenómeno: la pregunta sobre su mera existencia. Sabemos que existió algo a lo que podemos llamar música rock en toda América Latina –con dificultades para definirla, como veremos; pero son dificultades mucho más ligadas a su amplitud y abundancia, a su extensión temporal y geográfica, que a su escasez–. Sabemos, también, que esa producción musical, y a la vez poética, está asociada a movimientos ampliamente culturales y generacionales –que, también, se definieron como francamente contraculturales y se construyeron, simultáneamente, como contra-generacionales: movimientos juveniles, enfrentados al mundo adulto; el tenor de ese enfrentamiento es un punto clave para analizar–. Sin embargo, nunca ha sido estudiado el modo en que, si así ocurrió, esos lenguajes se pusieron en movimiento a través del continente: de qué maneras, en qué direcciones, con qué acentos y con qué lenguas. El brasileño Caetano Veloso cantó su “Alegría, alegría” en el Tercer Festival de la Música Popular Brasileña de 1967, lo que significó una suerte de nacimiento del movimiento tropicalista: los músicos que lo acompañaban eran cinco argentinos, el grupo Beat Boys. Se trataba de un “conjunto ié-ié-ié”, como dice la prensa del momento, que un año más tarde grababan su primer disco, inaugurado por una versión en portugués, “A felicidade”, del hit del también argentino Palito Ortega, “La felicidad”, cantado en un “portuñol” desopilante.

Esa mescolanza parece contradecir la posibilidad de construir historias estrictamente locales: sin el diálogo que las músicas entablaron, una historia meramente local es fatalmente incompleta –incluso la argentina, que se autopercibe y se autopresenta como autosuficiente, como discutiremos–. Y ese recorrido ocurre casi desde el mismo momento en que se grabó “Rock around the clock” y se difundió por todo el continente entre 1954 (la grabación de Bill Haley), 1955 (la grabación de Nora Ney en Brasil), 1957 (la grabación del argentino Eddie Pequenino y sus Rockers) y 1958 (la grabación de la mexicana Gloria Ríos) –si aceptamos esa canción y su puesta en escena en los títulos del filme Blackboard Jungle, de 1955, como un punto de partida consensuado–.

(Ese consenso, sin embargo, no ha reparado en que dos de las tres primeras grabaciones de rock en América Latina fueron interpretadas por mujeres. Como veremos, la ignorancia frente al rol de las mujeres en el rock no es para nada distinta a la que impera en otras áreas de la vida latinoamericana).

(…)

Complementando la hipótesis de Néstor García Canclini de una hibridación finisecular y posmoderna, las culturas –y las músicas– nacionales fueron muy tempranamente transnacionales, moldeadas por relaciones pan-latinoamericanas y por la industria cultural de Estados Unidos –lo que se advierte con claridad en el caso de nuestro rock, pero también en la llamada “canción de protesta”, con la inestimable mediación cubana–. El “Rock de la cárcel” es grabado por el mexicano Enrique Guzmán y sus Teen Tops en 1960. En el mismo año, se edita en Madrid, México y Buenos Aires. El twist “Despeinada”, del argentino Palito Ortega, se lanza casi simultáneamente en 1963 en el original porteño y en la versión mexicana de Los Hooligans. El “descubrimiento” de la cantante folclórica “de protesta” argentina Mercedes Sosa, en el Festival de la Canción de Cosquín en 1965, se produce cuando canta a capella la “Canción del derrumbe indio”, del ecuatoriano Fernando Figueredo Iramain –y luego la edita, para complicar un poco más las cosas, un sello discográfico subsidiario de la holandesa Phillips, que pocos años más tarde grabará su disco dedicado a la obra de la chilena Violeta Parra–.

Podríamos llegar hasta Carlos Gardel, nacido en el sur francés, reclamado por Uruguay como hijo de su sangre y por Argentina como nacionalizado, un “zorzal” al menos rioplatense, de una u otra manera, muerto en Medellín, Colombia, en medio de una gira latinoamericana por Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba y México, que había comenzado en New York, luego de filmar nueve filmes para la compañía estadounidense Paramount Pictures. Pero ya nos iríamos del campo y estaríamos proponiendo otro libro. Ejemplos como estos, sobran.

Una trama (pero no un catálogo)

Una historia del rock en América Latina, entonces, puede ser escrita, pero sólo si se organiza en la explicación de una trama, antes que en “historizar” una larguísima lista de discos, autores, intérpretes. Larguísima y fatalmente incompleta: sólo un mapa de China del tamaño de China podría dar cuenta de todo lo que se presentó, escuchó, escribió o simplemente percibió como “rock” en toda América Latina desde finales de los años 50.

Eso mismo constituye un problema que no puede ser resuelto: a qué llamaremos rock y, en consecuencia, a qué dedicaremos esta historia. No hay una definición de diccionario ni de enciclopedia; no hay una definición rítmica ni tímbrica, ni tampoco estilística. Las etiquetas de las bateas en las disquerías –mientras fueron el punto de encuentro natural con esos objetos– han cambiado sucesivamente de denominación, y no siempre han coincidido en distintas ciudades del continente: música joven, beat, moderna, progresiva, rock, rock nacional. La única posibilidad de recortar el campo y proponer un objeto –inevitablemente sujeto a polémica, nacional o regionalmente– es sujetarse a su propia auto postulación y a la percepción de sus consumidores. Por ejemplo: fue rock, sin dudas, toda la música exhibida o performada entre 1970 y 1971 en los sucesivos festivales de Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, Medellín y Avándaro. Ninguno de los asistentes a esos festivales dudó, en ningún momento, de que estaban recreando Woodstock, y que eso significaba su inscripción personal y colectiva en una contracultura que era, además, contra-generacional, como propusimos. Como dice el crítico literario uruguayo Gustavo Verdesio, el rock es hoy (y posiblemente siempre fue), tanto un tipo de música como una actitud, y un concepto además de una forma de recibirlo –lo que lo transforma en un fenómeno tan complejo de explicar como de interpretar–.

Además, los públicos de esos festivales pensaban (¿sabían?) que eso significaba ser modernos: incorporarse a una modernidad acelerada que en el mundo juvenil se definía centralmente por un consumo musical –que acarreaba otros consumos laterales, contestatarios, y por eso se pretendía una contracultura–.

La hipótesis que organiza esta historia, entonces, es que el rock latinoamericano se despliega en procesos de modernización truncos y en relación con estados de excepción políticos. En todos los casos nacionales –aunque lo más frecuente es que se propongan como nacionales lo que suelen ser escenas metropolitanas: en Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo o Ciudad de México– es notorio un momento epigonal inicial, una invención ligada a la reproducción de la escena rocker iniciada en torno a Elvis Presley en los EE.UU.: lo que el historiador estadounidense Eric Zolov llamó el Refried Elvis, los refritos de Elvis. Pero, luego, el desarrollo de cada escena del rock está en profunda conexión con los modos de modernización de esas sociedades a lo largo y ancho del desarrollismo de los años sesenta, modernizaciones contradictorias, variadas, electrónicas (según afirmara José Joaquín Brunner) o híbridas (siguiendo la categoría popularizada por Néstor García Canclini). (…)

Los que los finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta pusieron en juego a través del rock & roll fue, como es bien sabido, una serie de imaginarios y otra serie de datos económicos. Entre los primeros, la invención de la juventud como actor social, político y cultural; entre los segundos, la invención de la juventud como sujeto de consumo, al que se podía dedicar una parte, incluso importante, del mercado de bienes materiales y simbólicos. Autos, ropas, filmes o discos, todo formaba parte de los nuevos productos especialmente pensados para su consumo masivo por los y las jóvenes, incluso cuando no estuvieran incorporados al mercado productivo –pero sí sus padres–. La velocísima adquisición e incorporación de estas novedades en los países latinoamericanos se explica por varias razones: la primera es la difusión de la industria cultural a través del cine y la radio –los discos extranjeros estarían reservados, durante mucho tiempo, a los grupos de alto poder adquisitivo o con acceso a los viajes internacionales–, pero junto a ella es decisivo el impacto de la fantasía modernizadora. América Latina se percibía como un continente atrasado, rural, tradicional –una percepción compartida por sus elites y por sus clases populares–. Modernizarse, entonces, fue el imperativo del momento.

Provisoriamente, modernización fue, a lo largo del siglo XX, la confluencia de procesos de urbanización, alfabetización, secularización y desarrollo de instituciones modernas, que en América Latina tuvo ritmos distintos. Incluso, puede hablarse de varias modernizaciones –la mayoría, autoritarias, de arriba hacia abajo, vinculadas con la integración en el mercado mundial capitalista–; pero, en particular, los años 1960 describen esa modernización como desarrollismo, vinculado a procesos de urbanización acelerada e industrialización dependiente de las inversiones estadounidenses. En ese paquete, estaba incluido la aparición de la televisión como el gran nuevo medio de comunicación que venía a reemplazar a los grandes modernizadores de los años 1930 y 1940 –la radiofonía y el cinematógrafo–. El reemplazo, como sabemos, jamás se produjo, sino que derivó en complementación y sinergia, junto a la prensa popular y la industria discográfica: ese mecanismo explota desde comienzos de la década de 1960, y está presente en todas las historias locales de desarrollo del rock en las distintas ciudades latinoamericanas –aunque con un peso especial en México, Argentina y Brasil, porque es allí donde se instalan las subsidiarias de las grandes discográficas estadounidenses–. Un cantante graba discos que se reproducen por la radio, para que luego actúe en televisión, mientras le hacen entrevistas en la prensa del espectáculo antes de filmar su primera película. El proceso se repitió hasta el aburrimiento y la saturación.

Pero, dijimos, son modernizaciones truncas, fallidas: el proceso desarrollista culmina, a mediados de los años 70, en dictaduras militares en buena parte del continente, que compiten entre sí, no por sus grados de modernidad, sino por su salvajismo represivo.

Por ello, la modernización se teje en relación con historias políticas regularmente excepcionales: que van desde el desarrollismo autoritario argentino hasta la crisis de la democracia uruguaya, desde la dictadura blanda brasileña hasta la violencia colombiana, para señalar sólo algunos ejemplos. Si la aparición del rock en el continente está ligada a la emergencia de nuevas culturas juveniles, la hipótesis de la modernización trunca permite leer los pliegues particulares, así como los puntos de contacto: se trata de una música que, en varios países, se despliega en medio de fuertes tensiones políticas que van desde el golpe militar (Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú) a la fuerte agitación o el conflicto armado (Colombia), pasando por una situación, nuevamente, excepcional: una democracia regulada y represiva que censura al rock como ninguna dictadura (México).

La fricción rockera con la fracción de izquierda

Por eso, esta historia postula una suerte de segunda hipótesis: la de una reiterada fricción del rock con las izquierdas continentales, tanto las educadas en los mandatos del realismo cultural soviético como las seducidas por la experiencia de la Revolución Cubana. El castrismo provoca ondas tectónicas en la región. Se podía llegar al socialismo saltando etapas. Esa hoja de ruta intentó ser ejemplar. No es este libro el lugar de revisarla. Digamos sí que, “entre la pluma y el fusil”, como se titula el libro de Claudia Gilman sobre los “dilemas y debates” del escritor que había adoptado a La Habana como nuevo centro de gravedad, se coló también una guitarra. Es en la isla donde se configura un modo de recepción del rock que, con mayor o menor reconocimiento de sus argumentaciones condenatorias, se replicó hacia el sur. La Cordillera de los Andes no fue una Sierra Maestra, como anhelaba Fidel Castro, pero sí un conducto metafórico de esas aprensiones. Ese es el motivo por el cual este ensayo comienza en aquella isla deseada. El recelo de las izquierdas hacia el rock se extiende en América Latina hasta el final de las transiciones democráticas en los años ochenta del siglo pasado, donde pueden aparecer ciertas aproximaciones –o, incluso, el desplazamiento de esas izquierdas a manos de movimientos juveniles despolitizados–. Como veremos, el rock latinoamericano se cuida, en general, de ser capturado por los protocolos de la Guerra Fría: le concede ese privilegio a la canción de protesta, aunque a veces coquetee, ocasionalmente, con ella –con más franqueza, hacia el final de las dictaduras y el inicio de los procesos de transición, ya cuando ninguno de los dos (ni el rock ni la protesta) son los mismos–. Lo suyo es, fundamentalmente, una paradoja que no se organiza políticamente: ser una crítica a la cultura de masas creada en el centro de la cultura de masas y sin tener otra aspiración que ser cultura de masas. Este aparente galimatías no es nuestro, sino del crítico estadounidense Greil Marcus, aunque podemos suscribirlo. En ese lugar y esa aspiración, el rock afirma que “rompe estructuras”, pero no se asume como insurreccional, sino sólo como contravencional: el corte de cabello y una noche o dos en una cárcel es suficiente. El martirio en 1973 de Víctor Jara, figura central de la Nueva Canción chilena, pero con sus simpatías y entreveros con el rock de su país, funciona como alerta, antes que como modelo; como límite, no como posibilidad. Lo mismo ocurre con el encarcelamiento, en 1967, de los brasileños Caetano Veloso y Gilberto Gil: se trata de situaciones excepcionales que definen una posibilidad que será minuciosamente evitada –y por eso mismo, no repetida–. Quince años más tarde, los distintos rocks nacionales podrán construir, sin ninguna vergüenza o pudor revisionista, hagiografías autobiográficas y geográficas que insistan sobre una resistencia que no se verifica en demasía; cuarenta años después, ese relato puede consagrarse como leyenda y como documental de Netflix. Pero los propios narradores, esas voces “nativas” de los rockeros –¡todos hombres, para colmo!–, ya se han transformado en rockstars, en estrellas del espectáculo; han sido actores de dramas políticos que no reclamaron su martirio, o que supieron apartarse a tiempo de su posibilidad.

A pesar de los puntos en común, el rock y la política fueron –¿son? – sensibilidades en colisión. Entendemos aquí sensibilidades en un sentido que evoca el de estructura de sentimiento propuesto por Raymond Williams; porque trabaja con los mundos simbólicos y con los mundos afectivos, y porque habla de lo que está emergiendo como nuevo, en respuesta a lo arcaico y a lo residual, pero con distinciones que las ponen en conflicto. Comparten, entre otros, el juvenilismo, pero difieren en el tratamiento de sus adultos correlativos –la guerrilla peronista argentina, por ejemplo, confía en los dictados de un militar setentón–; comparten la rebeldía, pero no la revuelta; comparten la confianza en la novedad, pero no en todas las novedades (la política duda de la guitarra eléctrica y de las sustancias alteradoras de conciencia, lo que la acerca, paradójicamente, al campo del conservadurismo artístico más tradicionalista, confluencia que veremos en la “Marcha contra la guitarra eléctrica” que encabeza la cantante Elis Regina en Rio de Janeiro, en 1967; el rock, por su parte, duda del socialismo hasta el punto de no nombrarlo). Comparten, paradójicamente, una sensibilidad: la homofobia. Pero el mundo de las izquierdas continentales lo ejercita, como veremos, como advertencia anti-rockera: “Los jipis son todos maricones y drogones”.

Una contracultura

Es que, como una frontera más que como una definición, el rock se propone, asume o nombra como una contracultura. Para ser más precisos: esa definición es tan potente que organiza nuestra periodización y, por ende, toda nuestra historia. Como dijimos, el consenso historiográfico afirma que hay un primer momento “importador”, al influjo de la invención estadounidense de 1954, que produce una “música joven”. A eso lo sigue un segundo momento en que el influjo de la “ola Beatle” –en todo el mundo occidental–, en confluencia con otros elementos que analizaremos, construye al rock como una contracultura y lo pone en relación con otra contracultura juvenil que insiste en llamarse a sí misma “revolucionaria”. Nuestra historia está centrada especialmente en ese segundo momento, especialmente cuando los Beatles maduran, a partir de 1966, y abandonan los conciertos para convertirse en músicos de estudio y, por ende, artistas cabales. El análisis de los modos de esa relación (mucho más conflictiva que amistosa, mucho más mutuamente excluyente que colaborativa) incluye un tercer período: aquel en que las dictaduras latinoamericanas se dedican a exterminar a los movimientos juveniles de la izquierda revolucionaria –donde “exterminar”, lo sabemos, no es una exageración ni una metáfora– y el rock sufre censuras y persecuciones, aunque no exterminio. Un cuarto período es aquel en que se producen las condiciones de internacionalización latinoamericana del rock que emerge de esa tercera etapa; el momento en que puede hablarse ampliamente de un rock latino o de un rock latinoamericano –no necesariamente denominan lo mismo–, la etapa en la que la banda argentina Soda Stéreo convoca multitudes y vende millones de placas en Buenos Aires, Santiago de Chile o Ciudad de México. Ese momento será narrado más sucintamente, aunque ocupará nuestras conclusiones.

Lo cierto es que, como dice el sociólogo jamaiquino Stuart Hall en 1969, una contracultura es una weltanschauung, una concepción del mundo, pero no una ideología: se pronuncia “en contra de”, lo que la vuelve potencialmente revolucionaria, pero nunca define el sentido posible de esa posible revolución. Puede llevar a sus sujetos hacia la protesta y la rebelión personal, pero no olvidemos que toda sociedad tiene “sus áreas de disidencia tolerada”: es decir, su locura permitida. La contracultura hippie –Hall habla de ella, y nosotros lo usamos por homología– parece ser más esa disidencia tolerada que una contra-definición revolucionaria de una sociedad. Se trata de un “momento expresivo” más que “activista”, dice Hall; aunque, en el caso estadounidense, contamina a los grupos militantes en el estilo, la dramaturgia, la definición de contra-valores y en el establecimiento de una nueva subjetividad. Los hippies estadounidenses compartían visiones del mundo con la militancia radical blanca y también, aunque con diferencias importantes, con la militancia negra. Hall no cree que el hipismo haya sido una mera reacción antipolítica: hay retirada y disociación, señala, pero no una oposición abierta y absolutamente disonante (para usar un adjetivo musical).

El rock latinoamericano también permite leer su construcción como contracultura de un modo enfático; pero su relación con la militancia política revolucionaria parece perseverar más en la reacción y el rechazo que en el diálogo, salvo excepciones que deberán ser objeto privilegiado de nuestro análisis y nuestro relato. Simultáneamente, implica ciertas definiciones de clase: el momento contracultural del rock latinoamericano es blanco y de clases medias –quizás, con las únicas excepciones de los brasileños Gilberto Gil y Milton Nascimento, a quienes incluimos como parte de esta diversa familia por razones que serán debidamente explicadas–, porque esa misma construcción como tal exige determinados capitales culturales que no pueden adquirirse fácilmente en sociedades tan estructuradas y estratificadas socialmente como las nuestras. (Por eso mismo, su relación con las militancias, mayormente universitarias, se vuelve tan necesaria de ser repensada). No se trata de “resistencias populares”, como diría el sociólogo francés Pierre Bourdieu: “La resistencia puede ser alienante y la sumisión puede ser liberadora. Tal es la paradoja de los dominados, y no se sale de ella”. Pero, además, la contracultura supone siempre “un cierto capital cultural”. Como veremos, ese capital abreva en formas a veces muy sofisticadas de las filosofías orientales o en sabidurías originarias ocultas por las concepciones burguesas tradicionales del mundo letrado; pero no necesariamente en el mundo de las clases populares –hasta, posiblemente, la aparición del punk–.

(…)

Una historia descentrada

El orden de esta narración no es completamente cronológico, como hemos dicho, ni reviste tampoco la condición de un catálogo. Ni siquiera hay un orden geográfico: de sur a norte o viceversa. Creímos necesario mantener ciertas autonomías –el rock mexicano, el rock brasileño, el chileno– porque constituían experiencias incomparables en torno de los problemas que estamos planteando y las preguntas que queríamos hacer. En cambio, preferimos unir al rock argentino y al uruguayo, convencidos de que el primero se fundó en Montevideo. Por su parte, el mundo andino nos exigía una entrada cruzada y combinada –a sabiendas minuciosas de que ni Colombia ni Perú son exclusivamente andinos–, que a su vez se intersectara con los devaneos incaicos de los argentinos de Arco Iris –como veremos, decisivos en una última etapa de esta historia–. Pero, asimismo, postulamos que la relación entre modernización y revolución, definitiva para la invención del rock latinoamericano, no comenzaba sino en Cuba, donde el debate adquirió un peso decisivo para un cúmulo de prescripciones y prohibiciones, la mayoría de ellas bastante paradójicas, pero performativas. A los fines de nuestra interpretación, la relación entre rock y política es mucho más interesante en México, Brasil y Chile que en el resto del continente; del mismo modo, los modos en que el mundo intelectual participa animadamente del debate sobre esa relación, tomando partido con intervenciones periodísticas o incluso militantes, es desproporcionado en los dos primeros casos respecto de todo el resto: para decirlo con alguna simpleza, los significados del rock se debaten en 1968 en la Universidad Nacional Autónoma de México o en la Universidade de Sâo Paulo, pero no en la de Buenos Aires. Por eso, podemos –propusimos– comenzar con el alzamiento zapatista de 1994, continuar con la passeata organizada por Elis Regina en Rio de Janeiro en 1967, saltar al triunfo de Allende en la Chile de 1970, acompañar a una banda de montevideanos que va de Punta del Este a Buenos Aires en 1965 y culminar con la declaración como Patrimonio Musical de la Nación peruana de “El cóndor pasa” en 2004. Todos esos hilos van construyendo el tapiz que queremos describir e interpretar.

Esta es, entonces, una historia descentrada, que no sólo no comienza en Buenos Aires, y que ni siquiera comienza en el continente, sino en las islas. Después de todo, hay cierto consenso en las historias políticas latinoamericanas en que, para hablar de la cultura en la década de 1960, hay que comenzar por La Habana en 1959. No tenemos por qué transgredir ese acuerdo.

Historia Mínima del rock en América Latina (Buenos Aires, El Colegio de México/Prometeo Libros, 2025; México, El Colegio de México, 2025)

Se presenta en la Feria del Libro el jueves 8 de mayo a las 16 en la Sala Alejandra Pizarnik

Neoliberales irredentos, anticomunistas y vengativos. Los altos funcionarios elegidos por el presidente estadounidense, Donald Trump, para relacionarse con América Latina configuran un verdadero dream team ultra. En primer lugar, Marco Rubio, el Secretario de Estado de origen hispano, es un firme defensor del bloqueo y las sanciones a Cuba y a Venezuela, además de ser aliado cercano de la familia Bolsonaro de Brasil, de extrema derecha.

Le sigue Mauricio Claver-Carone, nuevo enviado especial del Departamento de Estado para América Latina, que fue el artífice de la política de boicot total a Venezuela y del intento de encumbrar sin elecciones a Juan Guaidó como presidente de dicho país en 2019.

No hay que olvidar a Richard Grenell, ex director nacional de Inteligencia (2020), quien aprovechó su cargo de embajador en Alemania (2018-2020) para apoyar la internacional ultraderechista liderada por Steve Bannon y maniobró para que el presidente guatemalteco de centroizquierda, Bernardo Arévalo, no tomara posesión. Y Tom Homan, responsable del actual plan de deportaciones masivas, fue el arquitecto de la polémica política de “tolerancia cero” que en 2018 separó a miles de niños migrantes de sus padres en la frontera entre EEUU y México.

Si durante su primer mandato Donald Trump no priorizó sus relaciones con América Latina, el poder otorgado a los halcones que lidiarán diplomáticamente con la región augura un cambio radical. Trump fue especialmente efusivo al anunciar en su red social Truth Social el nombramiento de Mauricio Claver-Carone, que ya había sido director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante su primer mandato. “Estoy feliz de anunciar a Mauricio Claver-Carone como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina. En los últimos cuatro años, el caos y la anarquía engulleron nuestras fronteras. Llegó la hora de restablecer el orden en nuestro propio hemisferio”, afirmó el mandatario.

Las alertas saltaron en la esfera pública progresista latinoamericana. “Su indiferencia (de Claver-Carone) ante el sufrimiento humano y la dureza de las sanciones de las que fue responsable durante su mandato en la Casa Blanca generará molestia en América Latina”, en palabras de Peter Kornbluh, autor de Back Channel to Cuba. Fuentes cercanas al presidente Luiz Inácio Lula de Silva confirmaron a medios brasileños su preocupación ante un posible apoyo de Trump “a grupos de extrema derecha en América Latina que amplíen los focos de inestabilidad regional”.

¿Hasta qué punto los halcones ultra de Trump pueden resucitar el intervencionismo histórico de EEUU en América Latina?

Rubio, vínculo de la familia Bolsonaro

En enero de 2019, unas semanas después de la toma de posesión de Jair Bolsonaro, el entonces senador Marco Rubio escribió un artículo en la CNN titulado: Estados Unidos debe apostar fuertemente por Brasil. El texto calificaba la presidencia de Jair Bolsonaro de una “nueva oportunidad” para estrechar los lazos económicos y la colaboración geopolítica con el gigante sudamericano: “Juntos, Estados Unidos y Brasil tienen una oportunidad histórica para mejorar nuestras relaciones comerciales y economías, al mismo tiempo que se combaten las estrategias de los enemigos de la democracia (China, Irán y Rusia) que buscan aupar a dictadores y a líderes autoritarios como los de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Además, Rubio, que calificó recientemente al presidente Lula de extrema izquierda, fue muy crítico con Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que ordenó el cierre de la red social X en Brasil por carecer de representante legal y no acatar la justicia del país. “Por el bien de las libertades básicas y de nuestra relación bilateral, Brasil debe rectificar esa medida autoritaria”, declaró Rubio en un comunicado.

La afinidad de Rubio con los Bolsonaro llega al punto de que Eduardo, diputado federal e hijo de Jair, anunció que abandonaba su escaño y pediría asilo político en EEUU para protegerse de la supuesta “persecución” a la que dice estar sometido como representante del movimiento político que encabeza su padre, quien será juzgado por orquestar un complot armado para tomar el poder mediante un golpe militar.

Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), consideró que el Gobierno de Trump va a interferir en Brasil para apoyar la causa bolsonarista “hasta donde haga falta”, en declaraciones al medio Agência Pública. “Lo hará a través del Congreso estadounidense, movilizando cartas dirigidas al Departamento de Estado, con declaraciones públicas y con la realización de audiencias públicas en el Congreso, construyendo eventos para proyectar voces en defensa de los bolsonaristas y de quienes huyeron a Estados Unidos temiendo procesos judiciales”, aseguró Abrao.

Esta política de puertas abiertas con la oposición brasileña se invierte en el caso de Argentina: la Administración vetó, por decisión de Rubio, la entrada en EEUU de la expresidenta Cristina Fernández y de sus hijos tras sus condenas por corrupción.

Por otro lado, Marco Rubio, cuyo abuelo fue deportado de EEUU en 1962 por haber entrado ilegalmente en el país, es un firme defensor del bloqueo a Cuba y a Venezuela.

Tom Homan, el zar de la frontera

Tom Homan (1961), que comenzó su carrera profesional como policía en 1983 en el estado de Nueva York, es una de las voces más radicales contra la inmigración. Desde 2017, cuando fue nombrado director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Homan diseñó la polémica estrategia de separación de padres e hijos en la frontera entre México y EEUU, para desincentivar la migración. Junto a otros dos altos funcionarios, fue uno de los firmantes del memorando que aprobó esta política bajo la supervisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

Tras su salida del ICE, pasó a ser comentarista político de la cadena conservadora Fox News y se vinculó a la Heritage Foundation, un think tank ultraconservador. Homan, denominado zar de la frontera, máxima autoridad en las deportaciones de inmigrantes de la nueva era Trump, colaboró en el Proyecto 2025, una controvertida propuesta de reforma que aboga por medidas más radicales hacia los migrantes que llegan a EEUU de forma ilegal. El objetivo del Proyecto 2025, del que el propio Trump se desmarcó por ser demasiado radical, es financiar a entidades y grupos contrarios a los movimientos sociales progresistas latinoamericanos, condicionar recursos a la promoción de ideas conservadoras y combatir las ideas socialistas.

Richard Grenell, embajador de Steve Bannon

Richard Grenell (1966) ganó visibilidad al ser portavoz del Departamento de Estado de EEUU en la ONU, entre 2001 y 2008, durante el Gobierno de George W. Bush. Grenell fue una pieza clave en la política de la llamada “guerra contra el terror” que justificó las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak.

A partir de 2009, Grenell fundó Capitol Media Partners, una consultora política que llegó a trabajar para el ministro húngaro Viktor Orbán, uno de los políticos más ultraderechistas de Europa. Como embajador de Estados Unidos en Alemania (2018-2020), fue duramente criticado por reconocer públicamente su deseo de empoderar a otros líderes de extrema derecha en Europa, incumpliendo la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que impide a los embajadores inmiscuirse en la política de otros países.

Ahora, Donald Trump creó un cargo especial para Richard Grenell, enviado presidencial para Misiones Especiales, cuyo principal objetivo es presionar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Su primera visita a Caracas concluyó con éxito: consiguió que el Gobierno venezolano liberase a seis presos estadounidenses.

Aunque Grenell no tiene una carrera profesional especialmente vinculada a América Latina, ya acumula críticas y polémicas en la región. Las principales están relacionadas con su intervención a favor de fuerzas antidemocráticas en Guatemala, para impedir la toma de posesión del presidente electo, Bernardo Arévalo. Tras el triunfo electoral del centro izquierdista en junio de 2023, Grenell levantó sospechas infundadas de fraude electoral y colaboró activamente con un intento de golpe de Estado.

El periódico The Washington Post reveló que Grenell se reunió el 11 de enero de 2024 con la Liga Pro Patria, que intentaba boicotear la investidura de Arévalo. También se encontró con el expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei, vetado de entrar en Estados Unidos por múltiples problemas con la justicia.

Mauricio Claver-Carone, el anticomunista

Abogado, lobista, exfuncionario del Departamento del Tesoro y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Claver-Carone (1975), de origen cubano, radicalizó su anticomunismo a partir del año 2000, cuando se involucró en el conflicto diplomático entre Cuba y EEUU provocado por Elián González, el niño cubano que llegó en una balsa a Florida. Cuba transformó la repatriación de Elián, cuya custodia era reclamada por familiares en Miami, en una verdadera cuestión de Estado. Claver-Carone, que llegó a enzarzarse con dos diplomáticos cubanos en Washington durante una manifestación, redobló su postura a favor del bloqueo económico a la isla.

Posteriormente, como director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, Claver-Carone fue el cerebro del intento de transformar a Juan Guaidó (presidente del Parlamento venezolano) en presidente del país. Carone fue el principal defensor de la línea dura de sanciones y bloqueo económico contra la Venezuela de Nicolás Maduro.

En una entrevista concedida al diario colombiano El Tiempo en febrero de 2019, Claver-Carone revela sin tapujos su desprecio por los gobiernos de izquierda latinoamericanos: “Los días del socialismo del siglo XXl están contados. El ALBA [Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que impulsó Hugo Chávez] pende de un hilo. Y lo vimos en las elecciones recientes en El Salvador, donde la gente rechazó de manera categórica al candidato del [Frente] Farabundo Martí [para la Liberación Nacional]. Lo que vemos es una tendencia regional de apoyo a la democracia, a la prosperidad, a los mercados libres”.

A pesar de su constante elogio del libre mercado, Claver-Carone es un firme partidario del proteccionismo económico de Estados Unidos: ya amenazó con aplicar un 60% de aranceles a cualquier producto que pase por el puerto de Chancay, en Perú, construido por China.

Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asumió este viernes su tercer mandato consecutivo como presidente de Venezuela, tras ser declarado vencedor en las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE) le atribuyó el 51,95% de los votos, una cifra ampliamente cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, quienes denuncian irregularidades graves en el proceso electoral.

Edmundo González Urrutia, líder opositor y principal rival electoral del actual mandatario, sostiene que los resultados fueron manipulados y asegura haber ganado con el 67,08% de los votos, según cifras recolectadas por observadores internacionales.

Desde su exilio en España, González Urrutia había convocado una toma de posesión simbólica para hoy mismo, en lo que describió como un acto de “resistencia democrática”.

Maduro llegó a la presidencia de Venezuela el 19 de abril de 2013, gracias a una designación especial como consecuencia de la muerte de Hugo Chávez —de quien era funcionario—, tras lo cual ese mismo año le ganó por muy estrecho margen los comicios a Henrique Capriles, quien no reconoció el resultado.

Hasta su llegada al poder venía siendo, desde 2006, el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. Trabajó como chofer de colectivos en Caracas y luego se convirtió en líder sindical. Su trayectoria política comenzó a partir del sindicalismo chavista.

La preparación para la jura del tercer mandato de Maduro, que se realizó al mediodía de Caracas (11 de Buenos Aires) ante un congreso (Asamblea Nacional) controlado por el partido gobernante, se llevó a cabo en un ambiente de máxima tensión dentro del país y de presión internacional. El jueves miles de venezolanos salieron a las calles en Caracas y otras ciudades para protestar contra la continuidad de Maduro. También hubo movilizaciones en otros países —entre ellos, la Argentina—, con cientos de miles personas congregadas con banderas de Venezuela.

Al término de la movilización en Caracas, la oposición denunció la detención temporal de María Corina Machado, una de las figuras más prominentes del antichavismo: su partido sostuvo que fue interceptada al salir de la marcha en el centro de Caracas y que fue liberada horas después.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró al respecto que si el Gobierno chavista hubiera decidido capturar a Machado, la opositora “ya estaría detenida”. Machado reapareció el jueves tras permanecer 133 días en la clandestinidad para encabezar la movilización en la víspera de la toma de posesión de Maduro.

El chavismo también movilizó a sus bases en la capital: durante toda la semana, se realizaron actos para respaldar a Maduro en las avenidas principales de Caracas, donde se instalaron campamentos y tarimas, en un intento de mostrar fuerza y cohesión ante el descontento popular local y de la diáspora venezolana, además de los crecientes cuestionamientos internacionales.

El inicio del nuevo mandato de Maduro provocó cierta división en la escena mundial: Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba, entre otros países, expresaron su apoyo incondicional al gobierno venezolano, pero democracias como las de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile y Uruguay declararon que no le reconocerán la legitimidad como presidente reelegido de Venezuela. Varios jefes de Estado, como Pedro Sánchez o Gustavo Petro, habían confirmado que no asistirían a la toma de posesión.

La oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron represión y una ola de detenciones en las últimas semanas. El martes, la policía detuvo al yerno de González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado afirmó en sus redes sociales que fuerzas oficiales habían cercado la casa de su madre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes al gobierno de Maduro de llevar a cabo una dura represión en los últimos meses, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Maduro aseguró esta semana que en los últimos meses han detenido a más de 150 personas extranjeras, que calificó como “mercenarios” por estar implicadas en conspirar para derrocar a su Gobierno.

En tal sentido, el miércoles insistió en calificar de “terrorista” al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde hace un mes en ese país, y dijo que al mantenerlo en esa situación “el Estado venezolano está ejerciendo su derecho a la legítima defensa”. Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024 mientras intentaba ingresar a ese país desde Colombia para visitar a su esposa y su hijo. Desde entonces, es acusado de “terrorismo” por las autoridades venezolanas, quienes alegan que formaba parte de un grupo que planeaba actos subversivos. El presidente Milei condenó la detención, dijo que se trata de un “secuestro” y reclama su liberación inmediata.

La situación generó una creciente tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela. El Gobierno argentino denunció la detención ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares debido al riesgo de daño irreparable a los derechos de Gallo. Además, la familia de Gallo no tuvo contacto con él desde su detención y no se sabe con certeza dónde está recluido.

Anoche, el presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, reclamó que los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a los que definió como “luchadores por la libertad”, “no deben ser lastimados y deben seguir seguros y vivos”. Todo un anticipo de lo que será el vínculo entre ambos países, con Maduro y Trump al frente de los gobiernos.

El chavismo se moviliza para disimular el aislamiento internacional

Para la jura de Maduro, el chavismo organizó el “Gran Congreso Internacional Antifascista”, que tenía como propósito reunir a delegados de más de 100 países, incluidos líderes de movimientos sociales y partidos de izquierda. Pero se hizo notar la ausencia de líderes clave en América Latina, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que evidencia el aislamiento creciente de Caracas en la región.

Por caso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves que inclusive “desde la izquierda política”, según resaltó, “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, tras ser informado de la detención de Machado.

En un comunicado conjunto emitido esta semana, varios gobiernos exigieron una auditoría independiente del proceso electoral antes de emitir un reconocimiento formal. Incluso países que históricamente mantuvieron relaciones cordiales con el chavismo, como México y Bolivia, evitaron tomar una postura definitiva.

El tercer mandato de Maduro comenzó en un contexto económico crítico. Para 2025 se espera una inflación del 70%, 20 puntos más que lo proyectado para finales de 2024. Además, aunque intentó diversificar la economía, Venezuela sigue dependiendo de la producción petrolera. El Producto Bruto Interno (PBI) del país podría crecer en torno del 2.5% en 2025, pero el alza esto estaría limitada por otros inconvnientes, como un sistema tributario represivo, servicios públicos deficientes y una falta de crédito bancario que afecta a la economía en general.

La diáspora venezolana, que ya supera los 8 millones de personas, continúa creciendo, con miles de ciudadanos cruzando diariamente las fronteras en busca de mejores oportunidades. La pobreza en Venezuela sigue siendo una de las más altas en América Latina. Según estimaciones recientes, más del 53% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, lo que equivale a personas que perciben menos de US$1,25 al día. Las consecuencias incluyen altos índices de desnutrición, falta de acceso a educación y salud, y migración masiva. Es importante destacar que estas cifras son estimadas debido a la falta de datos oficiales por parte del gobierno venezolano desde 2015, lo que dificulta un análisis preciso de la situación actual.

Uno de los pilares del gobierno de Maduro es el respaldo incondicional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El control sobre los cuerpos de seguridad y las milicias populares es determinante para la estabilidad del régimen, incluso en los momentos de mayor presión interna y externa.

JJD

El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo al nuevo encargado del Departamento de Estado para América Latina, que será Mauricio Claver-Carone, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se trata de un estadounidense de origen cubano que asumió la presidencia del BID en octubre de 2020, nominado por Trump en su primer mandato (2017-2021). Aunque estuvo envuelto en una polémica, fue destituido de su cargo tras una investigación ética por haber mantenido un romance con una subordinada y otorgarle un aumento de sueldo.

“Mauricio conoce la región y sabe cómo poner los intereses de Estados Unidos en PRIMER LUGAR. También conoce las terribles amenazas que enfrentamos por la migración masiva ilegal y el fentanilo”, expresó Trump en la red social Truth Social.

Claver-Carone se convirtió en el primer no latinoamericano en ocupar el cargo, aunque el inicio de su gestión fue mal recibido porque Trump lo nominó poco antes de acabar su primer mandato.

Los países latinoamericanos no fueron capaces de definir un candidato conjunto, con Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay apoyando a EE.UU., mientras que Argentina retiró a su candidato a último momento porque no contaba con los apoyos suficientes.

Pero sí hubo quórum entre todas las naciones participantes del BID cuando lo destituyeron de su cargo por la anteriormente mencionada causa amorosa, en la que le otorgó aumentos de sueldo a su amante en cuestión.

DM con información de agencia NA

Entre 2022 y 2023, América Latina fue la segunda región que más energías renovables agregó a sus redes eléctricas después de China, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De hecho, la AIE cree que el potencial sin explotar de la región en energía hidroeléctrica, solar y eólica significa que la ambición colectiva de triplicar la capacidad instalada de renovables para 2030, acordada en la cumbre climática COP28 del año pasado, podría ser mayor. Esto es algo que los países tendrán ocasión de revisar en sus planes actualizados de lucha contra el cambio climático, que deberán presentar a las Naciones Unidas a principios del año que viene. Pero, ¿qué sabemos ya?

Si hablamos exclusivamente de electricidad, América Latina es y ha sido desde hace tiempo una de las zonas más “verdes” del mundo. Tan solo el año pasado, se generó el 64% de la demanda con renovables. La energía hidroeléctrica por sí sola representa el 45% del suministro eléctrico de la región, y ha sido la base de la generación durante décadas en varios países.

Hay más de 8.000 proyectos de energías renovables ―incluido el hidrógeno― en fase inicial de obras en la región con un gasto total previsto de 233.000 millones de dólares, y 703 proyectos en construcción por 20.900 millones de dólares.

Sin embargo, si a esto agregamos las otras partes de la matriz energética como el transporte y la industria, los números son distintos. Según la CEPAL, en 2021 América Latina dependía en un 38% del petróleo y 25% del gas. Aun así, el aumento de renovables toma cada vez más protagonismo.

En conversación con Dialogue Earth, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), afirmó que hoy hay alrededor de 500 gigawats de capacidad instalada en toda la América Latina. También anticipa que para 2050 se contemplan 1000 gigawats más.

El protagonista histórico en esta matriz es la energía hidráulica, una fuente que lleva décadas instalada en varios países, especialmente concentrados en el Cono Sur. No obstante, Rebolledo destacó que la mayor parte de las “nuevas energías” instaladas, y las que se proyectan, provienen de un origen eólico y solar.

Este escenario supone un respiro para la región en materia de compromisos internacionales. Sin embargo, un análisis más nítido muestra dos desafíos. Fuentes consultadas por Dialogue Earth sostuvieron, primero, que existe una marcada disparidad entre los países latinoamericanos en cuanto a desarrollo de renovables, y segundo, que incrementar este tipo de fuentes no necesariamente implica dejar atrás a los combustibles fósiles.

América Latina, el mundo y China

Chile y Brasil lideran los esfuerzos de América Latina por impulsar las energías renovables, y ocupan el segundo y el cuarto lugar a nivel mundial en el recientemente publicado Tracker de Energías Renovables 2024 de Climate Action Network. Allí se examinan los resultados de 62 países en siete categorías, como la inversión en energías renovables, los puestos de trabajo en el sector y las ampliaciones previstas. Otros países de la región les siguen por debajo en la clasificación, como Argentina (21º), México (23º) y Uruguay (27º).

La región no camina en sintonía, pero sí da pasos lentos y progresivos hacia algún tipo de transición. Según Rebolledo, las hojas de ruta cambian de forma dinámica y se ven moldeadas por distintos factores políticos, económicos y tecnológicos tanto en la esfera internacional como la nacional.

El sociólogo argentino y especialista en transición energética Esteban Serrani afirmó que el hecho de que la transición se haya vuelto un modelo de desarrollo “mainstream” tiene un peso importante en todo esto. “Europa también está condicionando los créditos con una orientación ‘verde’. Hay un clima de negocios que, en general, se vuelve verde”, añade.

Según él, en especial después de la crisis del gas derivada de la guerra en Ucrania, Europa busca acelerar la transición, “no exclusivamente por una conciencia ecológica, sino por autonomía y seguridad”, razón por la que, explicó Serrani, incluyen el gas como “combustible puente” en su concepto de transición, una definición muy discutida.

Pero Europa no es la única potencia que está promoviendo estos cambios. China ―que alberga la mayor capacidad de energía renovable del mundo y la fuerza dominante en tecnología solar y eólica― aspira a ser el gran conductor de la transición energética en el mundo.

En América Latina, China se ha instalado como proveedor de tecnología manufacturada, importador y socio en la producción de materias primas necesarias para la transición energética e incluso de administrador de empresas eléctricas, como es el reciente caso de Enel en Perú, que fue adquirida por parte de State Grid Corporation, y Pontoon de Brasil, que fue comprada por PowerChina.

El desarrollo solar y eólico

Con la importante caída de precios en el mercado de renovables, varios países latinoamericanos han podido acelerar su desarrollo en energía eólica y solar.

Fuentes consultadas por Dialogue Earth ven necesario poner el foco en cómo estas inversiones externas pueden beneficiar a la región y no convertirse en una dinámica de exportación de materia prima e importación de productos refinados.

Serrani afirmó que los países de América Latina deben de atender el “trilema de la energía”. Este es un concepto que tanto él como distintos científicos y expertos de la región definen en tres variables que moldean las decisiones sobre la transición: la seguridad, la equidad y la sostenibilidad de la energía.

Según un reporte reciente del World Economic Forum que califica a 120 países bajo un análisis de estas tres variables, la región ha sido una de las que menos ha crecido en puntaje. Esto quiere decir que, a pesar de ser una de las zonas con una importante expansión de renovables, son pocos los países que se acercan a un desarrollo energético integral.

México, Argentina, Bolivia y Venezuela son países cuya transición ha dejado mucho que desear, sostuvo Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía en WWF y ex ministro del Ambiente de Perú. Esto se debe a que estos países siguen siendo fuertemente dependientes del petróleo, del gas e incluso del carbón tanto para su consumo, como para su exportación.

Al ser una región que aporta en su conjunto un 10% de las emisiones globales, Pulgar-Vidal considera que la ambición es más laxa y la transición se ve menguada. “Estos gobiernos también se enfrentan a sistemas de concesiones y de contratación bajo reglas de estabilidad que los limitan a la hora de asumir nuevos retos”, agregó.

En el caso de México, Omar Masera Cerutti, investigador en Recursos Bioenergéticos y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que el país pasó de ser uno de los más importantes exportadores de petróleo a ser un importador de alrededor de la mitad de los combustibles refinados y un exportador del 50% de su crudo. 

Sin embargo, el gobierno saliente apostó su política energética casi exclusivamente a la producción hidrocarburífera y detuvo las políticas para la transición energética. “En especial cuando sufrimos un 40% de pobreza energética es más difícil para países petroleros como este hacer una transición”, sostuvo Masera. El experto plantea la dificultad de abrir las puertas a los distintos jugadores del nuevo mercado energético dentro del país y el temor de perder soberanía sin resolver los problemas nacionales.

A pesar de estos límites, Masera confía en que la nueva administración, encabezada por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pondrá foco en la transición energética. “Para adelante no se plantea como centro el desarrollo hidrocarburífero, pero sí en la eficiencia energética primero y después en impulsar renovables, especialmente hacia el sector eléctrico”, agregó. Fuentes cercanas al nuevo gobierno sostuvieron a Dialogue Earth que el 80% de los nuevos proyectos propuestos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) serán renovables.

Colombia, uno de los países de la región con mayor ambición política en materia de transición energética, tampoco ha podido dejar la producción de carbón, sostuvo Giovanni Pabón Restrepo, director de Energía en la ONG Transforma Global. “Es el 50% de las exportaciones y un generador de divisas”, agregó.

Algo similar sucede en Argentina, país en el que distintas administraciones han visto al megayacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta como la respuesta a la crisis económica del país y una forma de reducir la importación de energía.

Pabón Restrepo coincide con Pulgar-Vidal sobre la dependencia regional a los hidrocarburos, y plantea que los países que han logrado distanciarse de este modelo, han pasado por una crisis energética en algún u otro momento de su historia. Tal es el caso de Brasil, Chile o Uruguay, que han impulsado importantes políticas de diversificación de sus matrices eléctricas incluyendo a la energía solar y eólica.

A diferencia de otros países productores de hidrocarburos, Brasil tiene una matriz eléctrica mayoritariamente abastecida de fuentes hidráulicas. Aunque desde una sequía histórica que sufrió entre 2000 y 2002, desarrolló un programa de incentivos a fuentes alternativas que dio como resultado un desarrollo de los biocombustibles provenientes de la caña, y de renovables no convencionales. Y recientemente, tanto este país como Colombia empezaron a preparar el terreno para el desarrollo de molinos eólicos offshore.

En el ranking elaborado por el World Economic Forum de transición energética, Brasil es el país que encabeza la lista de la región y el número 12 del mundo. Según datos oficiales, en la matriz eléctrica siguen predominando las fuentes hidráulicas aunque hay una creciente presencia de la energía eólica seguida de la solar, en especial de 2010 en adelante. “Ahora es mucho más caro hacer nuevas plantas hidroeléctricas que desarrollar parques eólicos o solares”, describió Ricardo Fujii, especialista de WWF Brasil.

Pero el mercado es solo una de las variables que influyeron tanto en Brasil como en otros países de la región en incrementar su potencia instalada de renovables. Para Andrés Rebolledo de Olade, una variable de éxito fue la visión de Estado de las políticas energéticas. Él también fue ministro de Energía en Chile durante el gobierno de Michelle Bachelet y participó del proceso de transición energética que posiciona al país entre los más avanzados de la región. “En Chile, estas políticas permitieron darle continuidad y coherencia a este proceso y que han traspasado distintos ciclos políticos de las más diversas posiciones”, opinó.

En 2025, todos los países de la región deberán presentar sus nuevos planes climáticos, también llamados Contribuciones Nacionales Determinadas, ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si bien se espera que las ambiciones sean mayores, aún es incierto cuál será la envergadura. La discusión en la región parece no solo centrarse en aumentar las renovables sino también en qué papel jugarán sus países y qué responsabilidad tendrán en esta ola productiva y comercial.

DM

En Latinoamérica se encuentran 217 de las 705 especies y subespecies de primates que hay en el mundo. Lastimosamente en el 70% de ellas, sus poblaciones están disminuyendo. Hay otro dato que muestra el crítico panorama que viven estos mamíferos: 40% de los primates endémicos de la región —es decir, que solo se encuentran en esta parte del mundo— están bajo amenaza.

En el mundo la situación no es mejor. Al menos el 60% de las especies de primates se encuentran bajo amenaza. Con el objetivo de proteger a estos animales, desde 2005 el mundo conmemora cada primero de septiembre el Día Internacional de los Primates, una jornada impulsada por la organización ambiental británica Animal Defenders International.

Para unirse a este día y visibilizar la situación en que se encuentran los primates en América Latina y algunas de las iniciativas que se desarrollan para proteger a estas especies, Mongabay Latam realizó un recuento de cinco historias que tienen en el centro a estos carismáticos mamíferos.

Las experiencias compartidas en este artículo muestran el trabajo de rescate y rehabilitación de micos víctimas de tráfico ilegal en la Amazonía colombiana, así como la investigación científica y la educación comunitaria que se realiza en Ecuador para proteger a las poblaciones de primates.

A continuación podrás conocer cinco historias de conservación y amenazas a estas especies claves para nuestra región y el mundo.

1. Chocó ecuatoriano: el proyecto que busca salvar al mono araña de cabeza café, uno de los primates más amenazados en el mundo

En la costa Pacífica del Ecuador, en el Chocó biogeográfico, los biólogos Felipe Alfonso Cortés y Nathalia Fuentes han protegido las poblaciones de los monos araña de cabeza café (Ateles fusciceps fusciceps), a través del proyecto Washu.

Para lograr su objetivo, los biólogos han recurrido a la investigación científica, al monitoreo de las poblaciones de la especie y, sobre todo, a la educación y conservación comunitaria. Y es que su proyecto se realiza de la mano de las asociaciones locales que siembran cacao fino de aroma, para fortalecer su economía y, al mismo tiempo, cuidar los bosques en los que estos primates habitan en Tesoro Escondido, provincia de Esmeraldas.

“La investigación muchas veces se queda en los papers [artículos científicos] y no trasciende, no tiene un efecto en la conservación. Por eso hemos tratado de vincular y volver integral todo lo que hemos hecho”, dice Nathalia Fuentes.

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2. Volver al bosque: la lucha por rescatar a los primates del tráfico ilegal en Colombia 

En inmediaciones del resguardo tikuna de Mocagua y el Parque Nacional Natural Amacayacu, la Fundación Maikuchiga lleva un trabajo de 18 años en el que ha logrado rescatar y rehabilitar a más de 800 micos que habían sido traficados de manera ilegal en la Amazonía colombiana.

La organización se encarga de rehabilitar a los animales después de que son rescatados o confiscados por la Policía Nacional o la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia). Sus cifras hablan por sí solas: al menos un 70 % de los individuos ha logrado recuperarse y ser reintroducidos en su hábitat natural.

El director de Maikuchiga, Jhon Vásquez, cuenta la alegría que le trajo rehabilitar a un mona churuca (Lagothrix lagotricha) herida por un águila arpía (Harpia harpyja). “Se recuperó en tres meses y fue como regresarle el espíritu. Ver que volvió a los árboles amazónicos fue la recompensa”, dice Vásquez.

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3. Primates en alto riesgo: la herencia que ha dejado más de 40 años de expansión carretera en Colombia

Un estudio publicado en 2023, realizado por expertos de la Universidad de Lisboa y el Instituto Alexander von Humboldt, halló que al menos 40 000 kilómetros de bosques se han perdido por la expansión vial en Colombia. Para los primates, las consecuencias son preocupantes: 15 especies están en riesgo debido al desarrollo de carreteras, en particular en las regiones andina y caribeña.

La principal amenaza a los primates que se desprende de la expansión vial es la fragmentación de su hábitat, al dejar partes del bosque aisladas o sin conexión a las demás. “(Esto) impacta las fuentes de alimentación y vivienda que tienen los primates, y eso hace que modifiquen sus conductas. Por eso, por ejemplo, es tan fácil ver que algunos primates en el Putumayo se acercan a la gente para recibir comida”, explica Elkin Noguera, biólogo especializado en biogeografía, investigador del Instituto Alexander von Humboldt y uno de los autores del estudio.

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4. Los grandes retos de la reintroducción de monos churucos en Colombia

En este país, el mono churuco (Lagothrix lagothricha lugens) y el mono araña café (Ateles hybridus) se encuentran En Peligro Crítico (CR), la categoría más grave de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Sin embargo, hay científicos que buscan revertir la situación. Es el caso de la fundación Proyecto Primates, así como del Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología de la Universidad de los Andes en Bogotá, dedicadas a la investigación y rehabilitación de los primates.

La tarea de salvar a uno de los primates más grandes de Latinoamérica no es sencilla, ya que hay una alta fragmentación de los bosques donde habita. “Al ser frugívoro requiere una gran cantidad de bosque muy bien conservado”, explica Mónica Ramírez, doctora en Biología e investigadora del Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología de la Universidad de los Andes en Bogotá.

La científica, además, agrega que es vital proteger a estas especies debido a que son dispersoras de semillas. “De 29 especies de plantas que han consumido, 27 de ellas han recibido el beneficio de la dispersión de semillas”, cuenta con satisfacción.

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5. El desafío de salvar a tres especies amenazadas en Latinoamérica

En 2022, Mongabay Latam documentó las amenazas que enfrentan al menos siete especies latinoamericanas de primates parte de la lista de los 25 más amenazados del mundo. Pero también contamos las iniciativas que están buscando protegerlos.

En Perú está el mono choro de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), endémico del país y clasificado en Peligro Crítico (CR) de extinción, según la Lista Roja de la UICN. Se encuentra en los Andes Tropicales peruanos y sus poblaciones están siendo recuperadas por la organización Yunkawasi, que desde 2007 trabaja con comunidades locales para su conservación. Los expertos señalan que las carreteras y los cultivos han fragmentado su hábitat, perdido hasta en un 80%.

En Ecuador también hay proyectos de conservación. Por ejemplo, la bióloga y profesora de la Universidad San Francisco de Quito, Stella de la Torre, trabaja en el grupo “Bosques, monos y gente” en una iniciativa de conservación con las comunidades siekopai en la Amazonía del país. “En los últimos 20 años hemos visto una disminución drástica de las poblaciones que hemos estado estudiando, sobre todo en la Amazonía norte ecuatoriana”, afirma.

De la Torre señala que las especies más amenazadas en el país son el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps) y las del mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), ambos en Peligro Crítico (CR) de extinción, según la Lista Roja de especies de la UICN y destacados en la lista de los 25 primates más amenazados del mundo.

En la Amazonía, el leoncillo (Cebuella pygmaea) no solo enfrentan la amenaza de la deforestación, sino también la de los patógenos hasta ahora no identificados, que los estarían matando. Pese a estos riesgos, hay esperanza, ya que tanto los científicos como las comunidades siguen haciendo monitoreos de sus poblaciones al norte del río Napo y con esto buscan revertir la tendencia de disminución.

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El 38,4 % de las 556 lenguas indígenas de América Latina y el Caribe está en peligro de desaparecer, por lo cual es necesario crear un “laboratorio para la vitalidad” con el fin de preservarlas, señala un documento de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), presentado en Colombia.

El 'Atlas latinoamericano de lenguas indígenas en peligro de desaparición', elaborado por el Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (Iiali) de la Segib, señala que “hasta la fecha, el 38,4 % de las 556 lenguas originarias se encuentran en riesgo y situación crítica, aproximadamente 18 puntos porcentuales más que hace 15 años”.

“El documento destaca también que ninguna de ellas está a salvo y que al menos 66 lenguas indígenas de la región cuentan con menos de 99 hablantes. En Bolivia, por ejemplo, al menos siete lenguas, de (un total de) 33 tendrían menos de 10 personas de avanzada edad que las hablan, entienden o recuerdan”, agregó la información.

El Atlas, que es impulsado con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para América Latina y el Caribe (Filac) y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), señala que la vulnerabilidad de las lenguas está relacionada, principalmente, con tres factores.

Estos son “el racismo y la discriminación en contra de las personas, sociedades y conocimiento indígena; el incumplimiento por parte del Estado de la legislación vigente (que debería proteger, fomentar y visibilizarlas); y la interrupción de la transmisión intergeneracional de las lenguas”.

Para el coordinador de la propuesta de Atlas, Luis Enrique López-Hurtado, la actualización de este documento “es necesaria para que los países y los Gobiernos, así como las organizaciones indígenas tomen decisiones adecuadas sobre el futuro de sus lenguas, las cuales conservan ese cúmulo de conocimiento que los pueblos originarios transmiten”.

Ante esta situación crítica, la Iiali plantea la creación de un laboratorio para revitalizar las lenguas de los pueblos originarios, que consideran necesario para promover un intercambio entre las distintas propuestas de este tipo que existen en la región.

“La buena noticia es que desde el último atlas de 2009, las iniciativas de revitalización cultural y lingüística de las sociedades indígenas se vienen incrementado día a día, particularmente por la decisión de actores clave de las comunidades lingüísticas”, agregó López-Hurtado.

MM con información de la agencia EFE.

“En tiempos de incertidumbre

la gente está dispuesta a creer

 en los más tremendos disparates“

George Orwell

Finalizando el siglo XVII, los indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia tuvieron sombríos encuentros con gente extraña. En primer lugar, los indígenas colisionaron con órdenes religiosas católicas que llegaron a sus regiones para plantar el cristianismo. Consideradas “paganas”, las creencias y costumbres indígenas fueron arruinadas. En el presente, estas cosmovisiones no subsisten sino como “trazas” de lo que representaban para el manejo del territorio y la convivencia comunal, sobre todo de la avenencia que establecieron con la selva para vivir de ella sin causarle daños a su biodiversidad. Este encuentro, que duró casi un siglo, fue el “pecado original” de la locura mística cristiana en tierras americanas.

El segundo encuentro fue aún más trágico. Si los primeros habían sido infames usurpadores de almas, estos eran vándalos que venían a explotar el caucho y a esclavizarlos para la recolección del látex. Las llamadas caucherías se extendieron desde finales del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX y dominaron el crecimiento económico de la región. Un tercer encuentro, se registró cuando las empresas madereras llegaron a desmantelar sus bosques. Al pillaje de recursos forestales, se unirían otros personajes que llegaron para explotar los suelos: arrasaron la selva y crearon estancias ganaderas y cultivos de coca.

El trauma y la enajenación

Estas intervenciones en sus vidas y territorios representaron para los indígenas drásticas rupturas con sus modos de vida y costumbres: fueron traumas que ocasionaron su desintegración sociocultural. Más allá de ser una emoción duradera, el trauma es definido como el sufrimiento individual de angustia y desesperanza en el marco de un trastorno colectivo. Es causado por eventos que amenazan la vida y el bienestar de una persona o comunidad y deja heridas psicológicas, físicas (individuales o colectivas) de forma permanente.

El trauma tiene muchos orígenes, significados y consecuencias. Para grupos marginados, tiene repercusiones muy complejas. En el caso de los indígenas de Tierras Bajas, el trauma fue el resultado de los procesos de inculturación evangélica, la explotación semi-esclavista de su mano de obra por compañías caucheras, los saqueos forestales y la ampliación continuada de la frontera agrícola y ganadera sobre sus selvas. Estas experiencias traumáticas han contribuido no sólo a la destrucción de sus estructuras sociales y económicas, sino que han dejado una huella indeleble en sus mentes. De este modo, crearon situaciones de enajenación, como si una sombra hubiera crecido sobre su memoria y la hubiera perturbado.

Es notorio que a las personas y comunidades que han sufrido eventos traumáticos, les resulte difícil reencontrarse con el pasado. Esto se debe a que el trauma provoca una especie de amnesia retrógrada que despoja a los individuos de su capacidad de recuperarse frente a situaciones que han perturbado sus mentes. No solamente se profanaron sus cosmovisiones, también se lastimaron sus territorios, se arruinaron sus bienes ambientales y se desestructuraron social y políticamente sus organizaciones. “La integridad física no resiste ante la disolución de la personalidad social”, había observado Levi Strauss en Tristes Trópicos.

Y aunque esa diversa gama de traumas experimentados hacen difícil un reencuentro con el pasado, la reconstrucción de los sucesos que produjeron los traumas es un ejercicio que tiene fines restaurativos, sobre todo, en pueblos que han visto enajenadas sus identidades. Desde una perspectiva antropológica, reconstruir el pasado es, en esencia, una rememoración (función simbólica de la memoria) para interpretar y resignificar el pasado. Reconstruir la memoria, para reconocer situaciones traumáticas vividas, confiere a los pueblos un efecto reparador en términos culturales y organizativos.

Los traumas en el territorio ancestral

Los estudios antropológicos sobre los indígenas de Tierras Bajas de Bolivia hacen pocas referencias a las perturbaciones psicológicas experimentadas por estos pueblos, como producto de los impactos traumáticos que lastimaron severamente su cosmovisión y alteraron su relación con el territorio. Sobre todo, ha sido descuidado el hecho de que el territorio también sufrió incidentes traumáticos que han dejado huellas imborrables en sus bosques, en sus ríos, en su flora y en su fauna. Esas trazas producen efectos de gran significación, traen recuerdos que hieren el alma de sus pobladores y provocan reacciones emocionales.

Esto se explica por la circunstancia de que el territorio es entendido simbólicamente como un ser con vida propia, un cuerpo con comunidades (de animales y plantas) y ecosistemas, con presencia humana y manifestación de múltiples conflictos. Por lo tanto, el territorio es visto como un cuerpo que se modifica en relación con otros cuerpos (territorios). Como los indígenas están unidos a ese cuerpo de manera simbiótica, como si fueran una y la misma cosa, los cambios en uno generan efectos en el otro. Al encarnar articulaciones íntimas entre los humanos y la naturaleza, los territorios también dan indicios sobre la manera como se rompieron esos vínculos.

Los territorios generan información porque los indígenas han dejado señales. Son improntas de los vínculos que establecieron con el bosque para obtener los medios materiales para su pervivencia.

En el mismo sentido, por ser también una realidad materializada en el espacio, este territorio alegórico (simbólico) tiene una permanencia propia en el tiempo, y en el imaginario de los pueblos indígenas, que permite ser identificado aún después de la desaparición de los sujetos originarios que lo crearon, los llamados ancestros. Este territorio ancestral se entiende como un espacio vivido, más que conceptualizado, representado cartográficamente o medido en hectáreas. Y es gracias a esta permanencia en el imaginario indígena, que este espacio conserva estructuras y testimonios de sus fundadores, que se expresan por medio de sus cuentos, mitos y leyendas, y se manifiestan en sus ritos y festividades.

Los territorios generan información porque, en el transcurso de un poblamiento, los indígenas han dejado señales. Son improntas de su relacionamiento con el territorio (ya sean cementerios, reliquias o vestigios de su cultura material) y, de los vínculos que establecieron con el bosque para obtener los medios materiales para su pervivencia (caminos, puentes o árboles frutales en sus chacos abandonados). Dejan también, conscientemente, testimonios grabados, para representar y semantizar su pertenencia a un territorio: como han sido, para el caso de los indígenas amazónicos de Bolivia, los geoglifos t’simane que la antropóloga Karin Hissink descubrió en el río Pachene. Los territorios también muestran trazas de lo fatídico de las rupturas de esa hermandad.

Los pueblos étnico territoriales frente al proceso civilizatorio

En una investigación colaborativa entre pueblos indígenas y la Universidad de Colorado, se analizaron manifestaciones de trauma colectivo en pueblos étnicos marginalizados (afrodescendientes e indígenas), cuyas identidades estaban determinadas por relaciones culturales, ambientales y socioeconómicas con el territorio. Estas relaciones precedían a la creación del Estado colombiano y diferían notablemente de las relaciones con la tierra de otros grupos sociales del país.

Este trabajo originó el concepto de pueblos étnico-territoriales para referirse a poblaciones que han compartido sentimientos similares por el territorio y trazar conexiones entre las comunidades negras del Pacífico y los grupos indígenas. Los pueblos étnico-territoriales han construido lazos interculturales de solidaridad con el objetivo de protegerse de los atropellos del régimen colonial. Posteriormente, durante la República, han intentado detener la expansión de intereses económicos que captan rentas, extraen recursos naturales, expropian territorios violentamente y se apropian de los excedentes de las comunidades.

Estas circunstancias históricas son análogas a las que encontramos en las Tierras Bajas de Bolivia. En ambos casos han habido procesos de deshumanización generados por la codicia, el racismo y las políticas discriminatorias del Estado. Para el caso boliviano, los comunarios del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) dan cuenta de cómo el desarrollo económico ha conducido a una pauperización de las comunidades indígenas de Tierras Bajas. Al igual que en las Tierras Bajas del Pacífico colombiano, el discurso mediático argüía llevar el desarrollo a esas regiones marginadas. Este manejo ideológico de un supuesto proceso civilizatorio contribuye a mantener enajenada la conciencia de los pobladores sobre su situación real.

Como señala George Orwell: “Quien controla la memoria controla el futuro”. Y la ideología del Estado cumple la función de introyectar valores en mentes desconcertadas y angustiadas. Freud llama introyección al proceso inconsciente mediante el cual una persona, al identificarse con otra, adopta sus ideas y conductas. Este concepto permite entender cambios de comportamiento en algunos individuos o comunidades. Uno en especial importa destacar aquí, que tiene que ver con la introyección de conductas de comunidades indígenas que han sufrido las consecuencias de los traumas antes descritos.

Entre el sentimiento de inferioridad y la recreación de su identidad

No es raro que las personas traumatizadas opten por identificarse con otras ideas que pudiesen “salvarlas”. En estos casos, los seres humanos hacen desaparecer su self (sí mismo) y, ocultan sus creencias y representaciones de sí mismos. Estigmatizados cultural y racialmente, las personas pueden llegar a identificarse con tremendos disparates. Incluso con las ideas de sus agresores. Por eso no es casual que haya familias indígenas que terminen “adorando” a los dioses de los que les hicieron daño, u obedeciendo al maderero, ganadero, minero y cocalero que arrasa sus bosques, sus ríos y su fauna. Dicho de otra manera: dejan de ser ellos mismos, asimilando los rasgos, conductas y puntos de vista de sus agresores.

Otra similitud entre los pueblos de Tierras Bajas de Colombia y de Bolivia es la forma de recrear sus identidades, sin pensar tozudamente en “restaurar” lo que para siempre han perdido. Los pueblos étnico-territoriales parten de lo que hoy tienen y anhelan seguir conservando: vivir en comunidad (lo cual les brinda seguridad y protección); permanecer en su territorio y restaurarlo bajo los parámetros de propiedad privada colectiva; desarrollar autónomamente sus organizaciones comunitarias para recuperar (y revitalizar) asuntos significativos para sus vidas; y, lo más importante, restablecer las relaciones de convivencia con el bosque amazónico, una “reconciliación” con su espacio de vida, que es necesaria para su pervivencia material y espiritual.  

Pero también existen diferencias. Los indígenas y afrodescendientes del Pacífico, cuyas memorias habían sido confiscadas, destruidas o manipuladas vienen “despertando” y son cada vez más conscientes de su enajenación. Sobre todo se han dado cuenta de que los daños infligidos a sus comunidades no tienen por qué seguir repitiéndose. Lo más importante: han avizorado que el mejor camino (quizás el único) para superar sus traumas, es revertir las consecuencias sociales y económicas que estos ocasionaron en sus pueblos. Creemos que eligieron el camino correcto.

Efraín Jaramillo es antropólogo colombiano y ha acompañado las luchas de organizaciones indígenas colombianas durante los últimos 40 años. Fue asesor del delegado indígena Alfonso Peña Chepe a la Constituyente de 1991.

Colectivo de Trabajo Jenzerá es un grupo interdisciplinario e interétnico fundado en 1998 por personas con amplia experiencia en el acompañamiento a pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, en varias regiones de Colombia.

Esta nota fue publicada originalmente en la revista Debates Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, busca generar nuevas oportunidades para los países de la región mediante una mayor proyección internacional que atraiga inversión, cooperación y turismo.

Contar con una marca región que represente la diversidad y el potencial de América Latina y el Caribe y actúe como vehículo para impulsar alianzas y desarrollar iniciativas que promuevan el crecimiento de estos países y contribuyan a que la región tenga un lugar más relevante en el ámbito global, son algunos de los objetivos de la convocatoria abierta por CAF para crear una marca regional.

Con más de 650 millones de personas en los 33 países que conforman América Latina y el Caribe, existe un potencial para atraer inversión extranjera en diversos sectores estratégicos. Además, una región más integrada y cohesionada contribuirá a impulsar sinergias y cooperación entre sus países, lo que podría facilitar la llegada a nuevos mercados y reducir los costos de promoción y comercialización.

“América Latina y el Caribe es una región solución para los desafíos globales que enfrenta la humanidad en biodiversidad, transición energética justa, cadenas globales de valor, entre otros. Impulsar una identidad unificada para la región, que resalte su singularidad, su potencial inigualable para el turismo y la inversión es una oportunidad para fomentar el crecimiento sostenible e inclusivo”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hasta el 37% de las necesidades de mitigación frente al cambio climático pueden afrontarse con soluciones basadas en la naturaleza, lo que sitúa a América Latina y el Caribe en una posición privilegiada, dado que la región cuenta con 9,3 millones de kilómetros cuadrados de bosques (equivalentes a una cuarta parte de la cobertura forestal del planeta), posee el 60% de la biodiversidad terrestre y el 14% de extensión de tierras agrícolas del total mundial.

La identidad visual de la Marca Región que estará en los principales escenarios a nivel mundial, representando a la región cohesionada, será el resultado de un proceso de co-creación, a través de un concurso público que invita a profesionales de diseño gráfico, publicidad y comunicación a participar.

Hasta el 26 de abril están abiertas las postulaciones. Los creativos y publicistas seleccionados serán invitados a participar a un bootcamp que se realizará en Sao Paulo, Brasil, donde competirán por un premio de USD 20.000 y tendrán la oportunidad de participar en mentorías de la mano de expertos en desarrollo de marcas de la región.

Por primera vez, los países han acordado abandonar los combustibles fósiles para evitar las peores consecuencias de la crisis climática. El acuerdo alcanzado en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de este año, la COP28, insta a los países a cambiar rápidamente sus sistemas energéticos de forma justa y ordenada, pero también, según algunos críticos, incluye lagunas que podrían afectar la velocidad de la reducción de emisiones.

“Tenemos la base para hacer realidad la transformación. Es un paquete equilibrado e histórico para acelerar la acción por el clima”, dijo Sultan al Jaber, presidente de la COP28, al anunciar el miércoles lo que denominó el “Consenso de los Emiratos Árabes Unidos”.

Al Jaber, que también es CEO de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), una de las principales empresas de combustibles fósiles, afirmó que el sector del petróleo y el gas está “dando un paso al frente por primera vez” para alcanzar objetivos ambiciosos en materia de emisiones. Sin embargo, se ha denunciado la influencia de grupos de lobby de los combustibles fósiles sobre el acuerdo, y a lo largo de toda la cumbre.

Delegados de los países se reunieron durante dos semanas en Dubái para concluir el Balance Global, destinado a evaluar los avances en la acción climática y a esbozar qué más se necesita para limitar el calentamiento global a 1,5°C, el objetivo incluido en el Acuerdo de París de 2015. La temperatura media mundial ya ha aumentado 1,2°C desde la era preindustrial.

La COP28 tuvo un buen comienzo el primer día con la puesta en marcha y capitalización del Fondo para Pérdidas y Daños, un paquete financiero global para proporcionar ayuda a las naciones más vulnerables y afectadas por los efectos del cambio climático. Los países desarrollados se comprometieron a aportar 700 millones de dólares al fondo, lo que supone menos del 0,2% de las pérdidas que algunos estudios estiman que estas naciones ya sufren cada año como consecuencia de la crisis climática.

Sin embargo, las negociaciones se estancaron porque los países no se ponían de acuerdo sobre el futuro de los combustibles fósiles. Más de 100 países habían presionado para que el acuerdo incluyera un lenguaje contundente sobre la eliminación progresiva del uso del petróleo, el gas y el carbón, pero se encontraron con la oposición de la OPEP, la organización que agrupa a los principales países productores y exportadores de combustibles fósiles.

Ello hizo que la cumbre concluyera un día después de lo previsto. Luego de un primer borrador que fue rechazado -y para muchos, poco ambicioso-, el texto final hace un llamado a los países -aunque sin compromisos- a una transición de los combustibles fósiles en sus sistemas energéticos mucho antes o alrededor de 2050 y eliminen gradualmente los subsidios “ineficientes” que incentivan su uso. Sin embargo, el texto también reconoce el papel que pueden desempeñar los llamados “combustibles de transición”, como el gas natural, en la transición energética.

En el texto también se pide a los países que tripliquen la capacidad de las energías renovables y dupliquen la tasa anual de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030. Sin embargo, el objetivo no menciona como se lograrían esas metas ni aclaran el apoyo financiero necesario para que los países las logren. Los fondos insuficientes para la acción climática fueron uno de los principales temas de división en la cumbre.

El texto crea una oportunidad para el capital fósil continúe gobernando

Susana Muhamad — Ministra de Ambiente de Colombia

Los combustibles fósiles fueron el centro de atención de la COP28, pero el texto también “subraya” la importancia de conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los ecosistemas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, tomando medidas como detener la deforestación y la degradación de los bosques para 2030. En la COP26 de 2021, los países se comprometieron al mismo objetivo, pero no se ha cumplido, según un informe publicado este año.

Para Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, por primera vez la ciencia influyó las decisiones de una conferencia climática. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que los combustibles de transición demoren el abandono de los combustibles fósiles. “El texto crea una oportunidad para el capital fósil continúe gobernando y no podamos cumplir con las metas de París,” agregó.

Augusto Duran, especialista en energía del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), una organización de Perú, sostuvo que la mención “tímida y sin mecanismos claros” a la reducción del consumo de combustibles fósiles es “irresponsable e insuficiente” y permite a los países elegir si continúan o no con su dependencia en petróleo, gas y carbón.

Los combustibles fósiles, el eje de la COP28

Para América Latina, la conferencia dejó en evidencia diferencias entre países con propuestas ambiciosas para una transición acelerada a las energías renovables, como Colombia, y otros con planes para continuar con el desarrollo de combustibles fósiles, como Brasil. Sin embargo, todos coincidieron en la necesidad de un mayor financiamiento para reducir aún más sus emisiones.

La región posee alrededor del 15% de los recursos mundiales de petróleo y gas natural, y menos del 1% de los recursos mundiales de carbón. Entre ellos hay grandes reservas de shale gas, algunas de las cuales se están explotando activamente en Argentina, que se está posicionando como exportador de gas. Brasil, Venezuela y Colombia están entre los principales exportadores de combustibles fósiles.

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (IEA), la producción de petróleo y gas en América Latina aumentó alrededor de un 5% en 2022 y se espera que crezca este año. Ello ocurre a pesar de las enormes oportunidades en energía solar y eólica. El financiamiento es la principal barrera, sostuvo la IEA, el cual debería duplicarse para 2030 para cumplir con los compromisos climáticos anunciados.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, resaltó la urgencia de la transición en la COP a unirse a un bloque que promueve un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que ponga fin a la exploración y expansión. Sin embargo, aclaró que para poder avanzar con el plan el país debería buscar fuentes de financiamiento alternativas que permitan compensar las exportaciones petroleras.

“Ya hay contratos de explotación a varios años, y otros en exploración firmados. Pero lo que no queremos es que se expanda más”, afirmó Petro. “Tenemos que reemplazar las divisas fósiles por otro tipo de actividad. Y lo que nosotros encontramos en el corto plazo es la diversidad natural de Colombia. Desde las nieves en el Caribe, hasta las selvas, el desierto y las grandes montañas andinas”.

En el otro extremo estuvo Lula de Silva, el presidente de Brasil. Mientras que en un año atrás en la COP27 era visto como un líder en la acción climática al tomar el lugar del ex presidente Jair Bolsonaro, la realidad fue otra en Dubái. Lula fue cuestionado por los planes de Brasil de expandir el uso de combustibles fósiles, realizando una licitación de 600 nuevas áreas de exploración y uniéndose a la OPEP+ como observador mientras se estaba desarrollando la conferencia.

Para Peri Dias, representante de la ONG 350.org, Brasil podría haber sido el máximo goleador en la COP28, considerando el éxito de la caída de las tasas de deforestación de la Amazonía en casi un 50% lograda por Lula desde su toma de posesión en enero, pero la ambigüedad en sus posiciones sobre los combustibles fósiles le jugó en contra. “A los ojos de la opinión pública mundial, el resultado [para Brasil] fue un cero a cero o, como mucho, una victoria sin brillo”, agregó Dias.

Los desafíos para la transición

Un informe presentado en la COP por organizaciones ambientales y expertos en energía concluyó que la mayoría de los países de América Latina deberá eliminar los combustibles fósiles en la próxima década para poder cumplir con las metas del Acuerdo de París. Por ejemplo, Brasil debería dejar de usar petróleo en 2034 y gas natural en 2031 y México en 2037 y 2033.

No es una meta necesariamente imposible. La inversión en energías renovables en la región ha aumentado un promedio del 10% cada año en la última década, proporcionando casi 100 GW de capacidad eólica y solar en 2022. Hay unos 320 proyectos eólicos y solares en cartera en América Latina, de los cuales unos 200 están en fase de pre-construcción o construcción.

“El acuerdo en la COP28 muestra que los combustibles fósiles están de salida. América Latina tiene muchas oportunidades para transformar su sector energético, con países que ya lo hicieron, como Chile y Uruguay”, sostuvo Enrique Maurtua Konstantinidis, analista en cambio climático. “El problema está en el financiamiento, somos los que menos fondos climáticos recibimos”.

Cumplir con los compromisos de acción climática de América Latina requiere una inversión de entre 3,7% y 4,9% del PBI regional por año hasta 2030, de acuerdo a un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentado en la COP. A modo de comparación, en 2020 el financiamiento climático en la región fue de solo 0,5% del PIB regional.

América Latina tiene muchas oportunidades para transformar su sector energético… El problema está en el financiamiento

Enrique Maurtua Konstantinidis — Analista climático

La próxima conferencia de cambio climático se desarrollará en noviembre de 2024 en Azerbaiyán. El país obtiene dos tercios de sus ingresos del petróleo y el gas, por lo que las discusiones sobre la transición energética seguramente continúen en el centro de la escena. Luego será el turno de América Latina, con Brasil como sede de la COP30 en la ciudad de Belén en 2025. 

“El planeta es como una persona de mediana edad que descubre que tiene diabetes, colesterol y presión arterial y el médico le indica que tiene que cambiar sus hábitos para mejorar calidad de vida y extenderla. Tenemos un diagnóstico, ahora hay que abordar los síntomas”, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre de Argentina.

Este texto es una alianza entre Diálogo Chino y Mongabay y fue producido en el marco de la Climate Change Media Partnership 2023, una beca de periodismo organizada por la red Earth Journalism Network de Internews y el Centro Stanley para la Paz y la Seguridad.

Con 46% de los chicos de tercer grado que no comprende lo que lee y sólo un 13% de los estudiantes que termina su instrucción secundaria a tiempo y con los conocimientos adecuados, la calidad de los aprendizajes de los alumnos argentinos cae cada año un poco más. Y aunque el retroceso afecta a todos, en algunos casos, golpea más fuerte que otros: la brecha entre quienes tienen mejores y peores desempeños se amplió en la última década y convirtió a la Argentina en uno de los países con mayor desigualdad educativa de Latinoamérica.

Así lo muestran los resultados de las evaluaciones TERCE 2013 y 2019 de la UNESCO relevadas por el Observatorio de Argentinos por la Educación en su informe “Desigualdad y aprendizajes. Comparaciones entre Argentina y América Latina”. El estudio se realizó en función de las evaluaciones de Lengua y Matemática que tomó la Unesco en 14 países de la región a los alumnos de tercer grado a lo largo de esos seis años, es decir que no incluyó el facto de la pandemia. A partir de esos datos, se midió la calidad de los aprendizajes en dos competencias básicas para la correcta inserción laboral y desarrollo de los estudiantes como Lengua y Matemática mientras que, a través del coeficiente de Gini, se mide la dispersión de los puntajes obtenidos en las pruebas estandarizadas. Y, para ambas asignaturas, la brecha de aprendizajes entre los alumnos debería activar alarmas entre los dirigentes nacionales.

Lengua encierra las mayores desigualdades: de un total de 14 países bajo análisis, en 2019, Argentina se encuentra en el puesto 13°, un retroceso de 2 posiciones respecto de la evaluación llevada a cabo en 2013. Sólo Paraguay presenta una brecha más amplia en materia de comprensión lectora y prácticas del lenguaje. Sin embargo, a la situación a nivel nacional ─como si no fuera lo suficientemente preocupante ya─ debe sumarse el hecho de que el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes en esta asignatura se redujo.

Una situación similar puede observarse en lo que respecta a Matemática. Si bien la ampliación de las desigualdades no fue tan drástica como en el caso de Lengua ─en tanto Argentina pasó de ocupar el puesto 10° en 2013 al 11° en 2019─, el desempeño promedio en esta asignatura también disminuyó. De este modo, no sólo aumentó la dispersión para ambas materias, sino que, además, el rendimiento general de los estudiantes cayó.

Y es esperable que la situación haya empeorado en los últimos años. El documento de Argentinos por la Educación, con autoría de Montserrat Serio (Universidad Nacional de Cuyo), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén, sólo contempla los resultados educativos pre pandemia. El aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y la instrucción a distancia derivadas del COVID-19 obligaron a padres a adoptar roles docentes para los que no necesariamente están preparados. La diferencia en la calidad de las enseñanzas que pudo impartir cada familia ciertamente podría contribuir a ampliar la brecha entre el alumnado.

“En la medida en que una mayor desigualdad e aprendizajes se convierte en mayor desigualdad en la distribución del stock de capital humano, las perspectivas de desarrollo dejan de ser muy optimistas”, advirtió Gustavo Maradona, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo.

Lo cierto es que Argentina hoy es uno de los países con menores desigualdades en términos de ingreso en toda la región: se encuentra en el 4° puesto del total de 14 países incluidos en el estudio. Sin embargo, dado que la educación está fuertemente asociada a los ingresos de una persona en su vida laboral, es posible que la brecha actual se traduzca en una mayor dispersión de los ingresos en los años por venir.

“La educación es la herramienta de política social más eficaz para superar la pobreza y lograr una efectiva movilidad social. Sin embargo, sus efectos transformadores pueden ser fuertemente condicionados o aun neutralizados en presencia de resultados educativos bajos, junto a niveles altos y crecientes de desigualdad de los aprendizajes”, agregó Maradona.

En la misma línea se expresó David Jaume, afiliado al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEEDLAS) de la Universidad Nacional de La Plata. “El acceso universal a una educación de calidad es uno de los principales factores para que los individuos puedan desarrollar todo su potencial, mejorando sus ingresos, accediendo a mayores oportunidades y participando de una sociedad más cohesionada e igualitaria”, subrayó antes de poner el foco en las crecientes dificultades que atravesará el país.

“Argentina se ubica entre los países más desiguales de América Latina en términos de resultados educativos y, además, con mayor deterioro en su nivel promedio. Si bien el país todavía se ubica entre los de menor desigualdad de ingresos de la región, resulta preocupante que las desigualdades educativas de hoy se traduzcan en una mayor desigualdad de ingresos (y oportunidades) en el futuro”, planteó.

“Que las desigualdades educativas se hayan profundizado entre 2013 y 2019 debe ponernos en alerta: la desigualdad en los aprendizajes refleja inequidad en las oportunidades y refuerza la brecha de ingresos futura, dándonos una idea de qué esperar. En efecto, cuanto más dispares sean los conocimientos y las habilidades con las que se van los chicos del sistema educativo, mayores serán las desigualdades en los ingresos que obtendrán luego en el mercado laboral y más fragmentada se encontrará la sociedad en el futuro”, sumó Emmanuel Vázquez, investigador senior del CEDLAS.

"En la medida en que una mayor desigualdad e aprendizajes se convierte en mayor desigualdad en la distribución del stock de capital humano, las perspectivas de desarrollo dejan de ser muy optimistas

Gustavo Maradona

ACM/MG

A menudo evaluamos los debates presidenciales actuales bajos la sombra del ágora griega o el senado romano. Estos ejemplos clásicos proyectan una sombra imponente y establecen un estándar extraordinariamente alto para los debates políticos contemporáneos.

Sin embargo, para comprender la génesis de los debates políticos tal como los conocemos hoy, debemos alejarnos del Mediterráneo y dirigir nuestra atención hacia la tradición anglosajona que, gracias a su sistema parlamentario, permitió el desarrollo temprano de las primeras sociedades de debates en el siglo XVII.

Algunas menciones clásicas ineludibles son el primer debate “moderno” (supeditado a ciertas reglas y con cobertura mediática) ubicado en la serie de debates de Abraham Lincoln y Stephen Douglas por una banca en el senado en 1858. Por otra parte, tradicionalmente se destaca la enorme importancia y popularidad que tuvo el debate Nixon-Kennedy en la televisión, pero en rigor de verdad, Suecia fue el país pionero en los debates al organizar el primero en 1934 a través de la radio que luego migró a Televisión en las elecciones en las elecciones de 1948.

Incluso tuvo lugar un debate televisado para las presidenciales de Brasil de 1960, en el programa Gotea-Fuego en TELEtupi, once días antes del debate entre Nixon y Kennedy. Pero uno de los motivos por los cuales no tuvo la trascendencia del debate norteamericano fue que no asistió el favorito Jânio Cuadros, quien finalmente ganó la elección. Lo mismo sucedería en el primer debate televisado en Venezuela en 1963 organizado por Radio Caracas, donde se enfrentaron dos candidatos sin la presencia del favorito, y finalmente vencedor, Raúl Leoni de Acción Democrática.

Es frecuente hacer un recuento de los debates presidenciales recurriendo a EEUU y Francia; pero, al día de la fecha, en América Latina se han celebrado más de 60 debates presidenciales que recordamos con menor frecuencia.

Primeros debates de los retornos democráticos americanos

Los debates presidenciales latinoamericanos están atravesados por las intermitencias propias de la inestabilidad democrática de la región, por lo que, pese a algunos hitos anteriores que son destacables, podemos encontrar que recién en la tercera ola de democratización los debates latinoamericanos crecen sostenidamente y empiezan a consolidarse.

Ecuador 1978: el primer debate de América Latina

El primer debate presidencial televisado de América Latina al que asistieron todos los principales candidatos fue realizado en Ecuador para las elecciones del 16 de julio de 1978, en el marco de una campaña electoral teñida por la salida de la dictadura militar y con el foco en la vuelta a la democracia.

El debate se realizó para la segunda vuelta electoral y los participantes fueron: el finalmente vencedor Jaime Roldós Aguilera, del CFP, y Sixto Durán Ballén, de Democracia Popular. El debate fue moderado por el periodista Carlos Vera, y se centró en temas como la economía, la política exterior y los derechos humanos.

Uno de los intercambios más memorables del debate ocurrió cuando Roldós respondió a la acusación de ser un radical diciéndole a Ballén “él es un títere de los intereses económicos de la oligarquía. Él es el candidato de los banqueros, de los terratenientes, de los grandes empresarios. Él no representa a los intereses del pueblo ecuatoriano.” A lo que Ballén ofuscado respondió: “Eso es una mentira. Yo soy un candidato independiente que representa los intereses de todos los ecuatorianos. Yo no soy un títere de nadie.”

Estos fuertes cruces fueron luego superados por el debate de 1984 en el que Febres-Cordero y Rodrigo Borja se enfrentaron en un formato de mesa redonda con poca intervención periodística. Muy atípico en su estilo para la región, emulando la escenificación de los debates franceses pero más descontracturado, se lo podía ver a Febres Cordero fumando constantemente durante el debate. Según la revista Vistazo, el debate tuvo 132 insultos hacia el aspirante (Izquierda Democrática) Rodrigo Borja. Este encuentro dio lugar a la largamente recordada frase “¡Míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada!”

Chile 1989: la transición en debate

En países que habían vivido muchos años en silencio político y con la libertad de expresión cercenada, los debates expresaron principios fundamentales de la democracia como la posibilidad de la libre expresión, la tolerancia y el disenso pacífico. En un sentido, el debate representa el reemplazo de la violencia como medio para zanjar las diferencias políticas. Esto es particularmente cierto para el caso de Chile

Tras el plebiscito de 1988 y la victoria de la campaña del “No” que derrotó al general Pinochet y su plan de continuidad se celebraron las primeras elecciones presidenciales desde 1970. En este proceso, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica (Canal 13), canal de mayor audiencia y el único independiente del gobierno militar, llevó a cabo el primer debate político televisado del país.

Pinochet aún contaba con gran parte del poder institucional y el respaldo mayoritario de las FF.AA la transición chilena se iniciaba ajustándose a una Carta Fundamental que consagraba los llamados “enclaves autoritarios”, que otorgaban privilegios y funcionaban como garantías de poder para el régimen saliente. Ese clima enrarecido se siente en el debate.

El debate presidencial fue posible gracias a la conjunción de los intereses de los actores políticos: la oposición a Pinochet buscaba acceder a la televisión, mientras el candidato oficialista intentaba desafiar al favorito.

El 9 de octubre de ese año se encontraron, en el estudio de Canal 13, Patricio Aylwin, de la Concertación, y Hernán Büchi, el candidato oficialista del pacto Democracia y Progreso. Las estrategias de cada lado eran claras: mientras que Aylwin intentaba asegurar la gobernabilidad al país y poner en duda las credenciales de Büchi, el candidato de derecha intentaba relacionar a su contrincante con el gobierno de Allende.

Uno de los momentos más tensos del debate fue cuando Büchi acusó a Aylwin de saludar públicamente a Volodia Teitelboim (ex líder comunista) a lo que Aylwin respondió “Mi tarea es unir a los chilenos (…) Por eso, no tengo problemas en saludar al señor Teitelboim, como no tengo inconvenientes en saludar a cualquier chileno sin importar su pensamiento”.

En relación al bloque temático “Derechos Humanos”, Büchi afirmó: “Hay que aprender de los errores y olvidar de los rencores”. Mientras que Aylwin al ser preguntado por el accionar de las organizaciones clandestinas respondió “Condenamos toda la violencia. Tanto la revolucionaria como la violencia represiva, innecesaria e injustificada”

Brasil 1989: El recorte de Globo.

En la elección de 1989, los brasileños acudieron a las urnas en la primera elección presidencial por voto directo después de 29 años. Desde entonces los debates en este país mantuvieron una tradición bastante consistente.

Para esa elección se decidió realizar un total de tres debates: uno antes de la primera vuelta, y dos antes del balotaje. Por la cantidad de candidatos (22 en total), el debate de la primera vuelta tuvo menor atractivo e intensidad. Pero, para la segunda vuelta que tuvo lugar el 17 de diciembre entre Fernando Collor de Mello y Lula da Silva, los debates fueron motivo de largas polémicas. De estos, sobre todo el segundo, televisado por la red Globo. En la retransmisión del día siguiente, la cadena realizó una edición del debate que muy claramente favorecía a Collor. Casi 20 años después, la Red Globo hizo un mea-culpa sobre la parcialidad de esta edición.

En esta elección es sabido que ganó Collor de Mello y, si bien esto no es prueba inequívoca de la influencia de los debates en las elecciones, al menos sí mostró la importancia de buscar mecanismos que garanticen la ecuanimidad en la moderación y distribución de los debates

Perú 1990: La emergencia de un outsider.

El primer debate presidencial en la historia de Perú fue celebrado entre el intelectual Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori antes del balotaje de 1990. El enfrentamiento de estas dos celebridades de ámbitos fuera de la política generó codazos entre los periodistas para tomar las mejores fotos del suceso y se destacó por la confrontación de estilos.

Mientras Vargas Llosa acudió como a una discusión intelectual, Fujimori fue dispuesto a ganarse al electorado a cualquier precio. Fujimori atacó de manera personal a Vargas Llosa mediante anécdotas de su vida y presentándose como el candidato de los ricos y el favorito de los medios. El perfil intelectual de Vargas Llosa fue usado en su contra y Fujimori se ubicó en el debate como “el candidato del pueblo”. Si bien al día siguiente, los diarios dieron como ganador al Nobel, la percepción generalizada de los televidentes decía otra cosa, que luego se constataría en las urnas.

Colombia 1994: la irrupción del M19.

El primer debate en Colombia fue organizado en 1994 por un medio privado que seleccionó a los principales contendientes: Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, y Andrés Pastrana, de Nueva Fuerza Democrática. El argumento del medio fue que realizar un debate con todos los candidatos inscriptos (18) sería inviable.

La decisión no estuvo exenta de imprevistos. En el medio del debate, con una audiencia de siete millones de espectadores, Antonio Navarro Wolff, candidato de Compromiso Colombia, excombatiente del M19 y ex ministro del presidente César Gaviria, irrumpió en el estudio de televisión reclamando el derecho de las minorías a exponer sus ideas en el marco de una democracia plena. Los candidatos participantes quedaron atónitos y los conductores pidieron una pausa comercial tras la que se reanudó el debate sin Navarro.

Los debates en las democracias

Aunque los debates actuales no estén a la altura de su ideal, su faceta simbólica no debe ser menospreciada. Como hemos visto, al dejar atrás una matriz de gobierno autoritaria, los debates fueron episodios de representación de un disenso abierto y una discusión libre entre diferentes candidatos. Después de todo, una de las ideas que funda la democracia liberal es que el debate debe reemplazar a la violencia como medio para zanjar las diferencias políticas. Cuando diferentes candidatos cumplen el compromiso público de debatir pacíficamente, están escenificando este principio, jerarquizando lo que tenemos en común y reforzando el ritual democrático. Sin importar cuál sea la intensidad de las diferencias políticas, siempre será posible “estar de acuerdo en estar en desacuerdo”.

AR

A través de su embajador en la Argentina, Marc Stanley, Estados Unidos sostuvo que se debería permitir que países como Argentina, “que tiene ingresos de nivel medio, califiquen para otros incentivos” de la banca internacional y “obtener oportunidades que a menudo son para los países de ingresos más bajos”. En ese sentido, pidió “reevaluar la situación” de un país que “está experimentando un 43% de pobreza y que todavía tiene estos desafíos ante la falta de recursos en el Banco Central”. 

En una charla moderada por Rebecca Bill Chavez, presidenta y CEO de InterAmerican Dialogue, entidad que organizó el encuentro en la capital del país norteamericano con el fin de “profundizar la relación bilateral argentino-estadounidense que este año cumple 200 años”, Stanley reclamó que la Argentina defina “dónde quiere que juegue Estados Unidos: ¿En agricultura, minerales, capital humano, desarrollo nuclear?”, preguntó.

En ese contexto, el diplomático manifestó su país debe “permitir que países como Argentina, que es un país de ingresos de nivel medio, califiquen para otros incentivos bancarios, que podamos ir al Banco Mundial y otros bancos internacionales y obtener oportunidades porque, a menudo, son para los países de ingresos más bajos. Debemos reevaluar la situación a pesar de que Argentina es un país de ingresos de nivel medio, me refiero a un país que está experimentando un 43% de pobreza y que todavía tiene estos desafíos ante la falta de recursos en el Banco Central. Necesitamos más herramientas y es exactamente en lo que estamos trabajando con José Fernández”, subsecretario de Estado de EEUU para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente.

EEUU, preocupado por china en América Latina

En tanto, Stanley también manifestó su preocupación por el avance de China en Latinoamérica: “No hay nada de malo de comerciar con China. Nosotros estamos deseosos de competir con China, pero en una cancha equilibrada”, pidió y agregó: “Una cosa que aprendí en Argentina es que se necesitan dos para bailar tango y creo que nuestro país necesita estar más comprometido. Yo creo que necesitamos más herramientas para ser más competitivos con China en muchas instancias y no temo en decirle esto a los senadores, les digo eso a todos”.

Según Stanley, China “quiere tener más presencia militar” en América Latina y que si los aviones del país asiático logran aterrizar allí, los países occidentales podrían volverse más a la defensiva. “Podemos crear un problema que no tenemos hasta ahora”, dijo ante una posible venta de cazas que EEUU disputa con sus F16.

“Cuando llegué a Argentina por primera vez, no habría tenido la capacidad de ayudar a vender F-16 al país. Y entonces, parecía que China iba a tener la opción predeterminada allí, pero nuestro gobierno se movió y ahora tenemos un paquete sobre el que hemos estado hablando con los argentinos que es muy competitivo, y el que diría que los militares en Argentina probablemente lo podrían preferir”, dijo.

Además, el embajador de EEUU expresó su preocupación por la licitación de la red 5G, que podría quedar en manos de Huawei, y por el comercio de litio en Argentina: “Estamos trabajando muy duro para encontrar la manera de permitir que las compañías se beneficien con la Ley de Reducción de Inflación en lo que se refiere a la producción de minerales en Argentina. Este país no es el único afectado por esto y tenemos que seguir trabajando para que ello no ocurra. Estamos tratando de solucionarlo cuanto antes. Concuerdo en que es muy importante”, dijo Stanley.

Para el diplomático, “uno de los desafíos de los que lideran nuestros gobiernos es que a menudo estamos apagando incendios, ahora mismo en Ucrania, en Irán en Corea del Norte, en China, en Taiwán, y en el mismo hemisferio en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Cuba, Haití. Estoy de acuerdo en que las acciones y la inacción tienen consecuencias y necesitamos más herramientas”, remarcó.

“Las guerras en el mundo no pasarán por armas militares como misiles, sino por alguien que apague tu planta de energía y pueda hacer lo mismo en una planta nuclear. Todo esto puede ser muy peligroso y estamos muy preocupados”, concluyó Stanley.

Con información de agencias.

IG

La crisis climática, producto de los efectos de la contaminación y el calentamiento de la Tierra, le está costando caro a América latina y el Caribe pero los países más ricos reducen e incumplen sus compromisos de financiamiento a los países en desarrollo, según un informe la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social (Latindadd) publicado en enero último.

La causa, de acuerdo al análisis de la organización, es que en 2020, el 81% del financiamiento climático que llegó a la región para proyectos relacionados con la crisis climática se canalizó a través de préstamos de fuentes públicas internacionales que incrementaron el nivel de deuda de los países más vulnerables.

El fenómeno es global, pero acentuado en América latina y el Caribe, sostiene Latindadd. A nivel mundial, los préstamos también fueron el principal mecanismo para canalizar el financiamiento climático pero un porcentaje menor: 72%. Las donaciones a nivel global sólo representaron el 25%, explica el informe. 

Además, en 2020 el dinero financiado se destinó en mayor medida a proyectos de mitigación (67%) y no a la adaptación (24%) que los expertos plantean que se requieren con urgencia en la región. ¿Por qué? Los proyectos de mitigación atacan lo urgente mientras que los de adaptación buscan soluciones de fondo para evitar el impacto.

Al mismo tiempo, “las inversiones realizadas por los países fueron principalmente dirigidas hacia sectores altamente extractivos y contaminantes, como los hidrocarburos, la minería y la agroindustria”, de acuerdo a las cifras del Observatorio Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC) que resaltó el estudio. “Dinero existe, lo que falta es voluntad política del norte global para priorizar temas urgentes como la agenda climática”, aseguró la organización.

El informe se basó en un estudio propio sobre cómo fueron estructurados los paquetes de recuperación económica de seis países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador) y cómo las economías más vulnerables debieron emitir bonos o tomar préstamos con organismos internacionales para cumplir con las metas impuestas en el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Entre los bancos multilaterales de desarrollo, el informe menciona al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

¿Qué tipo de préstamos son los que toman los países más pobres? El 75% de los créditos que otorgaron los bancos mundiales de desarrollo corresponde a la categoría “no-concesional”, según datos de la OCDE en 2022, “es decir con condiciones menos favorables”, sostiene Latindadd. “

“Desde una mirada de justicia climática, es bastante injusto que sean los países menos responsables los que en realidad están pagando por la histórica deuda climática del norte global”, agregó la organización.

“A pesar de ser responsable sólo del 11% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que generan el cambio climático, es una región altamente vulnerable a los impactos negativos de la crisis climática (inundaciones, olas de calor que agudizan los efectos de la sequía, catástrofes naturales, pérdida de biodiversidad, falta de acceso al agua), que ya están cobrando vidas y enormes costos económicos a los países de la región que, en muchos casos, deben ser cubiertos con más deuda”, afirmaron los expertos de la organización, encabezados por la consultora climática Carola Mejía.

El financiamiento climático puede provenir de fuentes públicas, privadas, nacionales o internacionales y busca reducir emisiones de Gases de Efecto Invernadero (lo que se llama “mitigación”) y amortiguar la vulnerabilidad que genera el calentamiento de la Tierra. También tiene el objetivo de mantener e incrementar la adaptación de la forma de vida, la economía y la infraestructura frente a los efectos negativos del cambio climático, de acuerdo al Comité Permanente de Financiamiento (2014).

En el marco del Acuerdo de París y la Cumbre de Glasgow, la comunidad internacional se comprometió a reducir las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 45% para 2030 y limitar así el aumento de la temperatura global a 1.5°C, pero las investigaciones de los equipos técnicos del IPCC, que se darán a conocer el 20 de marzo próximo demuestran que las metas no se cumplieron y que la temperatura del planeta superó con creces ese límite, de acuerdo a una exposición de un grupo de expertos organizado por el Instituto Reuters, de la Universidad de Oxford, y del que participó elDiarioAR.

En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se reconoció que “los países del norte global (principalmente Estados Unidos, Rusia, los países de la Unión Europea, China y Japón) y las grandes corporaciones petroleras son los principales responsables de la crisis climática y, por tanto, los que deben realizar los principales esfuerzos para frenar sus inversiones en combustibles fósiles, cambiar sus matrices productivas y energéticas, y reducir su consumo de recursos y energía”, reflexionó el informe de Latindadd.

Además, esos mismos países se habían comprometido en 2009 a aportar financiamiento por US$100.000 millones anuales desde 2020 a los países más vulnerables, incluyendo a América latina y el Caribe. 

Sin embargo, el informe sostiene que el análisis de las estadísticas de los bancos multilaterales y organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) demuestran “incumplimiento, insuficiencia y problemas en el acceso” a esos US$100.000 millones, “así como en la distribución entre mitigación y adaptación” y “la generación de más deuda para los países menos responsables de la crisis climática”.

Pero además, el informe resalta que “es bastante cuestionable la forma en la que se ha estado canalizando dicho financiamiento”: en 2020, pandemia mediante, los “países desarrollados” movilizaron aproximadamente US$83.300 millones a nivel global, una cifra por debajo de la meta establecida. 

América latina y el Caribe recibió el 17% del financiamiento climático movilizado entre 2016 y 2020 mientras que Asia obtuvo el 42%, de acuerdo al informe. 

ED

En este episodio, conversamos con Pablo Palomino, autor de La invención de la música latinoamericana. Una historia transnacional (FCE) . La hibridez de toda música popular, el lugar del estado, la musicología y las industrias culturales en la difusión de ciertos géneros: tales son los temas que guían este recorrido por la historia cultural de la música, elemento aglutinante por excelencia de las identidades colectivas.

Conduce: Lila Caimari

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH