Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de todos sus ministros, decidió aceptar un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y ha revocado la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que había absuelto a Cristóbal López y Fabián De Souza en el marco de la causa “Oil Combustibles”.

La decisión se basa en la remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, que consideró que la sentencia de Casación que había absuelto a López y De Souza por defraudación a la administración pública fue arbitraria.

La acusación principal contra López y De Souza se centraba en la retención de montos que debían ser abonados a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el impuesto al combustible líquido.

La Corte Suprema concluyó que la Cámara de Casación había resuelto de manera arbitraria los planteos relativos a la interpretación de la prueba en el caso. Esta decisión implica que López y De Souza nuevamente enfrentan cargos por defraudación a la administración pública, dado que la revocación de la absolución reabre el proceso judicial en su contra.

Sin embargo, no todos los agravios presentados por el fiscal fueron aceptados por la Corte Suprema. Los puntos relacionados con el levantamiento de las medidas cautelares y el rechazo de la reparación integral contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron rechazados por falta de una sentencia definitiva en esos aspectos específicos del caso.

El caso “Oil Combustibles” ha sido objeto de una considerable atención pública y mediática debido a las implicaciones de alto perfil y la magnitud del fraude fiscal alegado. Cristóbal López y Fabián De Souza, empresarios destacados, habían sido acusados de no transferir a la AFIP los impuestos cobrados a los consumidores en la venta de combustibles, utilizando esos fondos en cambio para financiar otras operaciones empresariales.

La decisión de la Corte Suprema de revocar la absolución pone de relieve las tensiones y debates en torno a la interpretación judicial y la aplicación de la ley en casos de fraude fiscal. El retorno de los cargos contra López y De Souza significa que el proceso judicial continuará, con nuevas etapas de evaluación y posible juicio.

CRM con información de la agencia NA

El juicio político contra los jueces de la Corte Suprema ingresará este jueves en la etapa de medidas de prueba y citación de testigos. Hasta bien entrada la tarde del miércoles, los diputados de la comisión parlamentaria a cargo de la investigación por el supuesto mal desempeño de Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habían recibido siete archivos con ampliaciones de los pedidos de jury admitidos en la comisión el jueves 9 de febrero y diversas medidas de prueba propuestas por particulares y tres diputados, de acuerdo a los documentos a los que accedió elDiarioAR.

La Corte, en paralelo, mantendrá este jueves, a partir de las 10, su segunda reunión de acuerdo del año, en la que los magistrados se reunirán para la firma de sentencias y organización de su agenda, confirmaron voceros del tribunal a este medio.

El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) solicitará este jueves que la comisión investigue las líneas telefónicas oficiales, los cruces de llamadas y correos electrónicos de Silvio Robles, vocero de Rosatti y director de su vocalía en la Corte. 

Robles está en la mira del oficialismo debido a una serie de chats filtrados tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En dichas conversaciones, que el funcionario porteño (ahora de licencia) afirmó que estaban adulteradas o falseadas, el asesor de Rosatti aparece intercambiando y adelantando información sobre el fallo de la Corte sobre la coparticipación de impuestos a favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Para ello, de acuerdo al escrito adelantado a sus pares, someterá a votación en la comisión que se le envíe oficios al Consejo de la Magistratura para que desclasifique los correos electrónicos enviados y recibidos en la cuenta oficial del asesor y para que identifique las líneas telefónicas oficiales que le fueron asignadas para someter a peritaje el cruce de llamadas entrantes y salientes.

Tailhade también solicitará las líneas privadas de Robles entre 2016 y 2022. Además, pedirá que se remita un oficio al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que informe los datos de la líneas oficial asignada al ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia), Marcelo D’Alessandro; que se identifiquen sus líneas privadas; y que se libre oficio al juzgado federal de María Servini para requerir a la jueza “copia certificada de los informes sobre entrecruzamientos de llamadas telefónicas elaborados por la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) en la causa nro. 16.850/2019 ‘Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”', en referencia al expediente iniciado por el empresario Fabian De Sousa, socio de Cristóbal López, contra el expresidente y en el que constan los registros telefónicos de Macri y funcionarios del área judicial de su gobierno. Se trata de la investigación por la que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo en Uruguay. 

Una vez identificadas las líneas telefónicas, el diputado del Frente de Todos requerirá que Dajudeco -que depende de la Corte- identifique a su vez a los titulares de los abonados telefónicos que registran comunicación con las líneas informadas; los abonados telefónicos frecuentes; y los diez números con los que el asesor Robles (mano derecha del presidente del máximo tribunal) entabló comunicación antes y después de haberse comunicado con D´Alessandro. Lo mismo pedirá sobre las líneas del ministro porteño.

También solicitará que se investigue si existió intercambio de información o datos entre Robles y D’Alessandro a través de redes sociales o plataformas de chats.

Testigos

En la lista de testigos propuestos por Tailhade que se someterá a votación en la comisión se encuentran desde Elisa Carrió -principal denunciante de Lorenzetti y supuesta madrina de Rosatti para asumir en la Corte- hasta Robles, los exfuncionarios de Macri Rodríguez Simón y José María Torello; y los secretario de la Corte y todos los secretarios letrados de Rosatti.

Además, el diputado del Frente de Todos planteó citar a María Burdín, vocera de Lorenzetti; a la contadora, a empleados y ex empleados de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; y a afiliados de la misma.

Lorenzetti y Rosenkrantz

Los diputados Paula Oliveto y Juan Manuel López (Coalición Cívica) también presentaron un documento este miércoles ante la presidenta de la comisión parlamentaria para incorporar a la investigación contra el juez Lorenzetti, contra quien solicitaron juicio político. Los archivos están vinculados a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación durante las presidencias del juez de Rafaela, de acuerdo al documentos al que accedió elDiarioAR.

Los aliados de la opositora Elisa Carrió solicitarán que se investiguen resoluciones firmadas por Lorenzetti  y Héctor Daniel Marchi, administrador de la Corte, entre 2009 y 2018. Incluyen licitaciones, contrataciones y prórrogas, liquidaciones de horas horas, adquisición de sistema de seguridad por monitoreo, contratación de personal, de seguros y servicios.

Tailhade también solicitó que se solicite a la Corte y al Banco Ciudad copia certificada del contrato por el cual se acordó que los depósitos judiciales de diferentes fueros del Poder Judicial de la Nación deben efectuarse en dicho banco; como así también toda

modificación, anexos, adendas que se hayan podido haber efectuado respecto de ese contrato. Pidió citar a declarar como testigos a Marchi y al apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación sobre Lorenzetti ha dividido al oficialismo, como adelantó elDiarioAR el domingo último, ya que el juez de Rafaela cuenta con aliados poderosos tanto en la oposición como en el kirchnerismo. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, incluso pidió no avanzar en contra del magistrado a los diputados de la comisión, según afirmaron fuentes parlamentarias a este medio. Hasta el momento, ninguno de los diputados de la comisión de juicio político ha solicitado que se presenten a declarar los gobernadores que acompañaron el pedido de jury del presidente Alberto Fernández contra los cuatro ministros de la Corte, otra sugerencia de Zamora, también de acuerdo a las mismas fuentes.

En el caso del juez Rosenkrantz, Tailhade propuso solicitar a documentación sobre el rol del magistrado en expediente vinculados a empresas que fueron clientes de su estudio jurídico antes de su asunción en la Corte, entre ellos, los referidos a la empresa Supercanal; AMX (Claro); Clínica Estrada; YPF; Supermercados DIA; Grupo América; Pan American Energy; y Piero.

ED

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy, a través de sus abogados, que se ratifique su sobreseimiento y el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, con el objetivo de evitar el juicio oral y público por el caso de lavado de dinero conocido como Hotesur y Los Sauces.

Se trata de dos causas que están en trámite en un único expediente y donde el Tribunal Oral Federal 5 resolvió no hacer el juicio. Luego del sobreseimiento, la fiscalía apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal y ahora la sala II del Tribunal deberá resolver si ratifica la decisión para la familia o bien se lleva a cabo el proceso.

En la audiencia no estuvieron los propios imputados, sino sus abogados, incluido Ary Llernovoy, por la defensa de exmandataria. No obstante, previo a la audiencia, la vicepresidenta presentó sus argumentos por escrito por lo cual reclama se ratifique el sobreseimiento. 

La defensa criticó con dureza al fiscal general Mario Villar, quien hace pocos días pidió al Tribunal que ordene la realización del juicio al considerar que se trata consideró de una instancia clave para determinar si existió o no delito.

“No tiene ningún sentido llevar a cabo un juicio oral (máxime si su sustanciación puede insumir varios años) cuando a partir de los elementos incorporados al expediente los magistrados arriban a la convicción apodíctica de que los hechos denunciados no resultan típicos, antijurídicos, culpables ni/o punibles”, replicó la titular del Senado en el escrito.

También volvió a un argumento reiterado en la causa sobre los pagos hechos por Valle Mitre S.A, de Lázaro Báez, y M&S. SA y Alcalis Patagonia SAIC -estas dos vinculadas a Cristóbal López- y a la empresa “Los Sauces” fueron “banderizados y ”efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias“.

De esta manera, niegan categóricamente que haya existido maniobras de lavado de dinero. Al igual que minutos más tarde lo hicieron los abogados de distintos acusados, dijo que no existió prueba nueva por la cual analizar reanudar el caso, sino que “está resuelto” en cuanto a que no existió delito.

“Nuevamente vuelve a quedar en evidencia cómo los Fiscales intentan construir una nueva acusación a los martillazos a efectos de revertir un auto de sobreseimiento debidamente fundado que, como tal, debe ser convalidado en esta instancia”, criticó la defensa de exjefa de Estado. 

La decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone no tiene fecha definida y pueda que sea dé antes de finalizar el año, algo que tiene que resolver es si el juicio no se hace porque ratifican el sobreseimiento, o caso contrario que sí debe realizarse.

Concretamente, las maniobras bajo sospecha son los pagos hechos por Cristóbal López y Lázaro Báez a los Kirchner en concepto de alquiler tanto de hoteles como de complejos habitacionales en Santa Cruz. 

Es el único caso en el que la vicepresidenta está imputada junto a sus dos hijos, aunque ella no solo está en etapa de definición en este caso, sino también en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA y donde también la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ratifica su sobreseimiento o bien ordena que se haga el juicio y se determine si es o no condenada. 

En la causa, el Tribunal Oral sobreseyó a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de “Los Sauces” y “Hotesur”, pertenecientes a la familia Kirchner.

Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Ángeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,

El fiscal Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Palliotti- que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.

Con información de NA y Télam

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

Con las disputas en Juntos por el Cambio por las candidaturas 2023 y un mayor protagonismo en la escena política, el expresidente Mauricio Macri adosó un buen pronóstico judicial en los últimos días. Su único procesamiento vigente quedó cerca de la nulidad y en las principales causas en las que está formalmente imputado o investigado no se han tomado decisiones trascendentales, por ahora, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

El presunto espionaje a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan; el expediente penal por el acuerdo de su Gobierno con la empresa de su familia, Correo Argentino SA; el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales; y la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 son las principales causas en las que Macri está formalmente imputado o investigado. También tiene una causa por supuestamente haber presionado al empresario Cristóbal López.

En todos los casos, Macri ha negado las acusaciones. Las cinco causas se encuentran actualmente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Retiro, y se suman a una lista de expedientes que rozan al exmandatario por las acusaciones a algunos de los funcionarios de su mayor confianza y que en algunos casos están relacionados con beneficios y negocios del Grupo Macri.

Antecedentes

Macri estuvo procesado como jefe de Gobierno porteño por las supuestas escuchas ilegales pero fue finalmente sobreseído en diciembre de 2015. El juicio oral y público que debía llevarse adelante contra el resto de los procesados nunca comenzó. El principal era su padre, Franco, fallecido en marzo de 2019. 

En 2001, mucho antes de ingresar en la política pero ya como presidente de Boca Juniors, Macri había afrontado un procesamiento por el presunto contrabando durante su gestión en la empresa Sevel. Al igual que su padre, fue acusado de evadir unos 14 millones de pesos de aquel momento (equivalentes a 14 millones de dólares) por supuestamente cobrar reintegros por exportaciones e importaciones simuladas de autopartes de la empresa automotriz de su familia durante 1993. El caso no llegó a juicio. Ante los planteos de las defensas, la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno absolvió a padre e hijo.

Su tercer procesamiento llegó en diciembre de 2021 y es el único por un caso relacionado con su gestión como presidente de la Nación. Macri fue procesado por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguiera, se infiltrara y espiara a un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación. En esta causa, también quedaron procesados los entonces jefes de la AFI, quienes declararon que la vigilancia a los familiares de los marinos buscó preservar la seguridad presidencial. Sobre ambos exfuncionarios pesan otros procesamientos por otros casos de supuesto espionaje ilegal. 

El viernes último, el fiscal general José Agüero Iturbe dictaminó que el procesamiento de Macri en el caso de supuesto espionaje debe ser anulado, informó la agencia oficial Télam. En su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, tribunal de apelaciones, el fiscal dio la razón a los planteos de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, y determinó que el juez federal de Dolores, Martín Bava, cometió “una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio” al procesarlo por hechos por los que supuestamente no lo había indagado. Bava fue quien procesó a Macri, le prohibió salir del país y lo embargó por una cifra en pesos equivalente a US$1 millón.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería citar nuevamente a indagatoria al expresidente y luego evaluar si debe o no procesarlo. El expediente comenzó en el juzgado federal de Dolores, pero en febrero último fue enviado a Comodoro Py a pedido de las defensas, que sostienen que debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de la Casa Rosada. 

Si bien los jueces de la Cámara Federal porteña no están obligados a cumplir lo dictaminado por el fiscal, la evaluación de Agüero Iturbe dejó a Macri muy cerca de su objetivo inmediato en este caso: que los jueces de la Cámara Federal porteña declaren la nulidad de su procesamiento.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enteraron del dictamen por los medios y al cierre de esta nota no habían analizado la posición del fiscal, confirmaron dos fuentes del tribunal a elDiarioAR. Tampoco han leído el expediente porque el trámite es reciente, pero será el próximo paso de los jueces antes de que se analicen sus votos y traten los planteos en un acuerdo para decidir si anulan el único procesamiento de Macri.

FMI y municiones

Al igual que el caso de supuesto espionaje a familiares del Ara San Juan, que se nutre de documentos e información aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, otros dos expedientes contra el expresidente fueron motorizados por el gobierno de Alberto Fernández: la querella criminal por el acuerdo con el FMI y el presunto contrabando de municiones a Bolivia.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

El fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. 

De avanzar la acusación, los imputados también podrían ser alcanzados por una demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado, cuyos trámites ya inició el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El fiscal solicitó en 2021 que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si la firma del acuerdo configura la comisión de delitos penales o si se trató de “una mala política económica” que no puede ser penalizada, explicó una fuente del expediente. La jueza a cargo es Eugenia Capuchetti. A pesar del impulso oficial, los investigadores aún esperan información y documentos clave del Banco Central para avanzar con la causa, agregó la fuente consultada. Buscan determinar quiénes son los portadores de bonos que se favorecieron.

En julio de 2021, una denuncia del gobierno de Fernández abrió un nuevo frente judicial para Macri, esta vez, por el supuesto desvío de una parte de 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

Además de Macri, el fiscal Claudio Navas imputó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y a ex autoridades y miembros de Gendarmería Nacional. 

Por el momento, la fiscalía continúa con la tanda de testimoniales de los gendarmes que integraron el primer grupo que viajó en el avión de la Fuerza Aérea a Bolivia durante el traslado de las municiones y que se instaló en la sede de la embajada, confirmó una fuente directa del expediente. Además, un juez de Bolivia requirió información sobre el caso argentino.

Correo y Cristóbal 

El caso Correo se divide en distintos fueros: la causa por la presunta quiebra fraudulenta de Correo Argentino SA se encuentra aún en los tribunales comerciales (desde 2001); existe un segundo expediente en el fuero contencioso administrativo federal (un fallo reciente de primera instancia no favoreció a Macri); y el expediente penal, en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Desde febrero de 2017, Macri encabeza la lista de imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni (desplazado más tarde de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal), quien solicitó entonces que se lo investigara por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por el preacuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de los Macri. 

En junio de 2016, el ministerio de Comunicaciones aceptó la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada por el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). En marzo de 2019, fueron indagados Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales. Entre sus últimas medidas, solicitó vía exhorto información sobre la compra de créditos de la quiebra por parte del denunciado Meinl Bank, entre otros, informó una fuente judicial con acceso al expediente.

La jueza María Servini tiene a su cargo un expediente penal originado por el empresario Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López, contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños del grupo Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” en 2016 para que los medios de comunicación del grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, y ante la negativa de los empresarios se habrían originado denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos en su contra por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. 

En este expediente, el exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene un pedido de captura y se lo considera prófugo de la Justicia. La jueza ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años.

ED

El Tribunal Oral Federal (TOF) 3 condenó hoy al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión y absolvió, por mayoría, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio por supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de planes para el pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a la petrolera Oil Combustibles.

El veredicto fue leído por el presidente del tribunal, Fernando Machado Pelloni, quien, acompañado por sus colegas Andrés Basso y Javier Ríos, anunció que el 17 de marzo de 2022 a las 16 se darán a conocer los fundamentos.

El juicio, que duró dos años y medio, demandó 81 jornadas de debate que abarcaron unas 280 horas, las declaraciones de 42 testigos y las participaciones de 8 peritos.

Los magistrados entendieron que el exfuncionario de los gobiernos kirchneristas, quien apelará la medida y por lo tanto no irá a la cárcel, cometió delitos al habilitar el otorgamiento de determinados planes de pagos a la empresa Oil Combustibles, pero desligaron de responsabilidades a los empresarios.

En la parte resolutiva del fallo el TOF dispuso condenar a Echegaray a “cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública”, al hallarlo “autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública”.

A la vez, por mayoría (Machado Pelloni y Ríos a favor, Basso en disidencia), el TOF absolvió a López y De Sousa y dispuso “levantar las medidas cautelares” dictadas contra ambos, “como así también de todas las personas jurídicas en la que tienen participación”.

El fallo fue leído esta tarde, minutos después de las 19, tras dos años y seis meses de debate oral que concluyeron esta mañana con las últimas palabras de los tres imputados, que reclamaron su absolución y declamaron su inocencia ante el tribunal.

“No hubo ningún perjuicio fiscal”, sostuvo Echegaray ante el TOF 3, al que reclamó un “pronunciamiento absolutorio”, porque -según dijo- se trató de una causa “armada” con “prueba falsa” que atribuyó a la AFIP cuando era dirigida por Alberto Abad.

Echegaray sostuvo que los planes de pago otorgados a Oil Combustibles fueron “iguales” a los otros 1.648 que hubo durante su gestión en el organismo recaudador, y que durante el juicio -suspendido durante varios meses por la pandemia de coronavirus- no se produjo “ninguna prueba” que avalara la acusación.

Durante la mañana también, en el marco de lo que se conoce como “últimas palabras” antes del fallo, el empresario Cristóbal López señaló que la causa judicial en su contra fue parte de una persecución pergeñada por el Gobierno de Mauricio Macri, luego de que él se negara a poner a disposición del expresidente los medios de comunicación del Grupo Indalo.

“Nada de esto hubiese pasado si yo hubiese acordado con Macri entregarle los medios para que él los use a gusto”, aseveró el empresario.

Antes había hablado su socio, De Sousa, para quien “la finalidad (de la AFIP de Juntos por el Cambio) no era cobrar impuestos, era quebrar a las empresas del Grupo Indalo. Querían quebrar a los medios que daban una visión de país distinto al que ellos querían mostrar”.

El juicio había comenzado el 13 de junio de 2019 con López y De Sousa detenidos con prisión preventiva en la causa, con audiencias presenciales en Comodoro Py 2002 y dos acusadores, la fiscalía y la AFIP en su rol de querellante.

Dos años y medio más tarde y pandemia de Covid-19 mediante, terminó de manera virtual, con los dos empresarios en libertad y con una única acusación, la del fiscal Juan García Elorrio, tras el desistimiento de la AFIP.

La AFIP desistió de su rol de querella penal y civil luego que Oil Combustibles adhirió este año a un plan de pagos para regularizar la deuda del ITC y se levantó su quiebra.

El debate estuvo suspendido casi cinco meses desde el inicio del aislamiento social por el coronavirus en marzo de 2020 y pudo reanudarse en forma remota por la plataforma Zoom en agosto de ese año.

DA

El fiscal Diego Velazco presentó este lunes un recurso legal para que se revoque el último fallo a favor de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Hotesur-Los Sauces, confirmó a elDiarioAR una fuente directa con acceso al expediente. El magistrado solicitó a la Cámara Federal de Casación que revise los sobreseimientos dictados por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, integrantes del Tribunal Oral Federal número 5, y que ordene la realización del juicio.

La expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados, entre quienes se encuentran los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron sobreseídos antes del juicio oral y público por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de los negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces) de la familia Kirchner, supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Todos, cargos que Fernández de Kirchner y el resto de los sobreseídos han negado. Sus defensas habían planteado una serie de nulidades.

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública.

La querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), no había presentado su oposición a los sobreseimientos anticipados al cierre de esta nota. El organismo antilavado, que depende del Ejecutivo, se encuentra en plena transición tras la salida de Carlos Cruz y la asunción la semana última de su nuevo titular, Juan Carlos Otero, explicaron en el organismo ante la consulta.

La continuidad de este caso no sólo dependía hasta este lunes de Velazco, quien preparó su apelación durante las últimas dos semanas. Tendrá un rol clave en el futuro del juicio anulado el fiscal Mario Villar, quien interviene hasta ahora en este expediente ante la Casación. Su función en este tribunal es acompañar o desestimar la apelación de su colega para que sus planteos lleguen a la Sala I del tribunal de revisión. Allí, los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña deberán analizar los argumentos de los fiscales y decidir si ordenan la realización del juicio.

Son días clave en este tribunal, que debe elegir a su próximo presidente o presidenta. Si uno de los tres jueces de la Sala I es elegido por sus pares no podría integrar la sala momentáneamente, como sucedió con el actual presidente de Casación, Gustavo Hornos. Eso requeriría que otro magistrado del tribunal comience a intervenir en las causas contra la vicepresidenta. Podría ser una decisión clave para el futuro judicial de Fernández de Kirchner, ya que en Casación hay tanto jueces con posturas jurídicas tanto en sintonía como en oposición a las de su defensa.  

Los sobreseimientos

El 26 de noviembre último, los jueces Obligado y Grünberg basaron los sobreseimientos en dos argumentaron centrales: que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y, en segundo lugar, que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011, que es la más benigna, y no incluye hechos de autolavado, es decir, de maniobras para blanquear el propio dinero supuestamente mal habido.

Los ejes centrales del recurso presentado por Velazco para reclamar la realización del juicio buscan contradecir estas dos posturas, entre otras. Una de las claves está en la jurisprudencia que analizaron en la fiscalía para rebatir a los jueces del tribunal oral. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales, en 2019. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente, confirmó una fuente directa del proceso de juicio. Sería un punto a favor de Velazco.

La sentencia contra Báez en el juicio que finalizó en febrero es otra carta de la fiscalía, entre otros tantos expedientes, según confirmaron distintas fuentes del Ministerio Público Fiscal consultadas para esta nota. Los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron el criterio del fiscal: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. Los hechos de este caso se extienden hasta 2016.

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción.

Los jueces

En la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte, la revisión de los cuatro grandes juicios contra la vicepresidenta quedaron en manos de los mismos tres jueces. Este tribunal está integrado por doce jueces que se dividen en cuatro salas y un presidente. Tanto Dólar Futuro como Memorándum y Hotesur-Los Sauces terminaron en la Sala I. 

Los mismos tres magistrados también tienen a su cargo la revisión del caso Cuadernos, un expediente sobre el que se espera que los abogados de la vicepresidenta, encabezados por Carlos Beraldi, también planteen nuevas nulidades para evitar el inicio del juicio, que aún ni siquiera tiene fecha. Dos ellos, Petrone y Barroetaveña, ya validaron las declaraciones de los arrepentidos de la causa. 

Sin embargo, en Dólar Futuro, tuvieron otra posición. Los tres jueces de la sala coincidieron a principios de año en sobreseer de forma anticipada al juicio a Fernández de Kirchner y al resto de los acusados, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. 

Ahora, tras haber abierto la puerta con aquel primer fallo, deben decidir sobre los sobreseimientos anticipados dictados por dos tribunales orales: Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

ED

El sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces antes del inicio del juicio oral y público podría resumirse en dos factores recurrentes en los tribunales de Comodoro Py 2002: sintonía y sincronización, según surge de la lectura de los últimos fallos, escritos y dictámenes del expediente que analizó elDiarioAR. Esas dos variables son, paradójicamente, las que también le valieron algunos de sus procesamientos más cuestionados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era la principal figura opositora, pero también el avance de algunos de los expedientes en los que la prueba advertía una complicación más judicial que política.

Un fallo de abril de 2019 del Tribunal Oral Federal número 5, que sobreseyó este viernes a la expresidenta, muestra una interpretación muy diferente de uno de los argumentos que tomaron dos de los jueces para fallar a favor de la funcionaria, según los escritos analizados y las consultas a fuentes directas de la causa. Entonces, cuando aquel fallo de hace más de dos años y medio contradijo a los abogados de Fernández de Kirchner, gobernaba Mauricio Macri y el nuevo escenario político que marcarían las elecciones presidenciales aún no podía vislumbrarse. 

¿Qué cambió en el caso Hotesur-Los Sauces entre 2019 y 2021?

La incorporación al tribunal del juez Adrián Grünberg y el cambio de interpretación del juez Daniel Obligado sobre dos puntos clave del fallo: por un lado, su determinación de que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y en segundo lugar, el planteo, después de siete años, de que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011.

El tribunal 5 decidió sobreseer a Fernández de Kirchner de manera anticipada tras un nuevo planteo de sus abogados, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy. La decisión fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg fallaron a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

La defensa viene presentando sus argumentos desde hace siete años en distintas instancias, desde planteos de nulidades de la causa hasta pedidos de nuevas pericias contables y recusaciones de jueces. Los Kirchner reconocen el pago de los alquileres de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López pero sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En el tribunal 5 ya habían demostrado flexibilidad con la familia de la vicepresidenta: atendieron las solicitudes en torno a Florencia Kirchner, su estadía en Cuba y su salud; pero también rechazaron en 2019 y 2020 planteos de nulidades que buscaban evitar o dilatar el juicio oral y público. 

Esta vez, el planteo de la defensa de la vicepresidenta y sus hijos se basó en un recurso que habilita el Código Procesal Penal de la Nación para solicitar el sobreseimiento antes del inicio de juicio. Para que la Justicia haga lugar a dicho planteo, deben cumplirse ciertas condiciones. Dos de ellas son que aparezca nueva prueba que demuestre “que el imputado obró en estado de inimputabilidad”, se extinga la acción penal -por el paso de los años- “y para comprobarla no sea necesario el debate”, o “el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna”. 

Según el último dictamen del fiscal de juicio, Diego Velazco, ninguna de esas condiciones estaba dada en el expediente. De hecho, resta incorporar los resultados finales de dos pericias contables solicitadas por las defensas y suspendidas por los jueces Obliga y Grünberg este viernes tras el fallo.

Una composición a tiempo

Para conseguir los sobreseimientos anticipados en Hotesur-Los Sauces, los abogados de Fernández de Kirchner tenían dos cartas clave, la temporalidad y la escasez, y dos votos sincronizados y en sintonía. 

Cada tribunal oral federal debe estar compuesto por tres jueces titulares pero la cantidad de magistrados no alcanza para ocupar todas las vacantes y los magistrados van rotando entre tribunales, cubriendo los baches, ya que el poder político no avanza con los concursos de nombramiento desde hace años.

Actualmente, el tribunal oral federal número 5 está integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, quien dejará ese cargo suplente el 30 de noviembre, es decir, este martes, y será sustituido por otro juez. 

Grünberg ya había coincidido con otros planteos de la defensa de Fernández de Kirchner. En otro tribunal, el magistrado entendió que la vicepresidenta y el resto de los imputados debían ser sobreseídos de manera anticipada en la causa Dólar Futuro, tras analizar los resultados de una pericia. Sus colegas en el Tribunal Oral Federal número 1 rechazaron ese planteo de los abogados defensores. La cuestión terminó en la Cámara Federal de Casación con un fallo a favor de los acusados a principios de año.

El martes último, el presidente del tribunal, Obligado, notificó a sus colegas que debían presentar sus votos sobre el planteo de Fernández de Kirchner antes de la mañana del lunes 29.

La jueza Palliotti votó en contra de los sobreseimientos, dijo que no estaban dadas las condiciones que exige el Código Procesal Penal de la Nación para hacerlo y planteó que los argumentos de la defensa debían tratarse en el juicio oral y público. Los jueces Grünberg y Obligado apoyaron la postura de la defensa de la familia Kirchner. 

Interpretación

Uno de los antecedentes centrales en la causa es un fallo del tribunal 5 de abril de 2019. En aquella fecha, los tres jueces que intervenían entonces en el caso Hotesur rechazaron varios planteos de la defensa de Fernández de Kirchner, entre ellos un pedido de nulidad de la causa y los consecuentes sobreseimientos anticipados de los acusados. Entonces, Obligado criticó a las defensas por supuestamente entorpecer el avance del juicio oral y público y rechazó un argumento que ahora le valió a Fernández de Kirchner un fallo favorable: la conexidad con el caso Vialidad. 

En 2019, el tribunal que debía llevar adelante el juicio estaba compuesto por los jueces Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino. 

El planteo de la defensa ante el tribunal 5 fue sólo por la causa Hotesur, ya que recién en mayo de ese año, los expedientes de Hotesur y Los Sauces serían unificados en un único juicio. 

Los abogados solicitaron a los jueces del tribunal que declaren la nulidad de la elevación a juicio de Hotesur y que se archiven las acusaciones por presunta asociación ilícita, debido a que la expresidenta estaba ya siendo juzgada por ese supuesto delito en el caso Vialidad por el Tribunal Oral Federal número 2 e implicaba una “doble persecución penal”.  

“Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso”, dijeron entonces los tres miembros del tribunal 5, incluidos Palliotti y Obligado, quien también sostuvo, junto con sus colegas, que las resoluciones de la causa Hotesur criticadas por la defensa “lejos están también de carecer de motivación suficiente o de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”.

La conexión con la causa Vialidad es una de las claves del fallo de este viernes a favor de la vicepresidenta: es uno de los puntos que los jueces Grünberg y Obligado tomaron como válido para habilitar el pedido de sobreseimientos por el supuesto delito de asociación ilícita en Hotesur, según explicaron en el fallo del viernes. 

Prueba nueva

¿Qué tomaron este viernes los magistrados como “nueva prueba no valorada durante la instrucción” del caso? Las elevaciones a juicio oral y público de los casos Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz) y Oil Combustible (el juicio en trámite contra Cristóbal López), aunque los jueces Grünberg y Obligado aclararon que no podían interpretarse como tal de manera estricta. Ambos fallos son de 2018, según consta en los archivos del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita en Hotesur-Los Sauces contra Fernández de Kirchner y Báez “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en el juicio de Vialidad contra ambos acusados. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Entre 2008 y 2013, la empresa Hotesur -propiedad de la familia Kirchner- recibió alrededor de $33,4 millones de Báez por “cánones locativos” de dos hoteles mientras las constructoras del empresario patagónico ganaban licitaciones y contrataciones de obras públicas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini en base a una pericia contable. Entre 2009 y 2016, Los Sauces SA -otra compañía de los Kirchner- facturó otros $25 millones de empresas de Báez y Cristóbal López, otro beneficiario de la obra pública y negocios con el Estado, de acuerdo con el fallo de la Cámara Federal porteña que confirmó los procesamiento. 

Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso.

Fallo del Tribunal Oral Federal 5, 2019.

A diferencia del fallo de este viernes, en abril de 2019, Obligado había votado junto con el resto de los jueces del tribunal (Palliotti y Martínez Sobrido), en contra de los argumentos de la defensa de que avanzar con Hotesur-Los Sauces implicaría una doble persecución penal a Fernández de Kirchner y Báez. elDiarioAR intentó consultar este viernes y sábado al juez Obligado para ampliar su explicación sobre la diferencia entre los fallos de 2019 y 2021, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Entonces, Obligado y sus colegas citaron el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado los procesamientos del caso Hotesur y para rebatir los planteos de los abogados de Fernández de Kirchner y sus hijos y reprodujeron los argumentos del camarista Leopoldo Bruglia, cuyas palabras definieron como “de una justeza y claridad tal, que torna innecesario agregar otros argumentos”.

Esas palabras de “justeza y claridad” sostenían que si bien existe una conexidad entre los casos Vialidad y Hotesur, “se observa que el temperamento adoptado en esas actuaciones -Vialidad- abarca otros extremos fácticos distintos de los que aquí se investigan. Los cuales, si bien podrían estar relacionados, resultan claramente diferenciables”. 

“En la causa citada -Vialidad- se investigan las maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, mediante el otorgamiento ilegal de contrataciones a las empresas vinculadas a Lázaro Báez; así como la conformación de una organización criminal con el fin de cometer esa clase de actos delictivos”, citaron en 2019 Obligado y sus colegas del tribunal. 

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, continúa el fallo de 2019. 

Luego, el Tribunal Oral Federal número 5 agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”, citando al juez Bruglia.

La ley más benigna

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon esta vez que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. 

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

La nueva ley permite juzgar el lavado como delito autónomo, explicó uno de los magistrados especializados en este tipo de delitos ante la consulta de elDiarioAR. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, agregaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

ED

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 3, Juan García Elorrio, anticipó este jueves que pedirá condenas para el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en el juicio que se les sigue por supuesta defraudación al fisco en la empresa Oil Combustibles.

“Voy a solicitar que se condene” ante la “certeza objetiva sobre la materialidad de los hechos y la participación de los acusados”, sostuvo el fiscal en el inicio de su alegato final, en una nueva audiencia del debate que se realiza de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

García Elorrio sostuvo que la fiscalía “tiene por probado con el grado de certeza requerida para el dictado de un fallo condenatorio, los hechos objeto de este proceso descriptos en el requerimiento fiscal de elevación a juicio”

El fiscal aludió a la “actividad probatoria” incorporada en el debate que comenzó el 13 de junio de 2019.

“Existe prueba de cargo”, sostuvo ante los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Echegaray está procesado como supuesto coautor, mientras que López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

AFIP desistió de la acusación penal

El 9 de septiembre último, la única querella en el caso, representada por la AFIP, anunció su decisión de desistir de la acusación penal y de la acción civil que llevaba contra los empresarios ante la “regularización total de las obligaciones tributarias objeto” del juicio oral.

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, el organismo le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le da la posibilidad a López regularizar parte de su situación fiscal.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

Con información de agencias.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistió este miércoles de la querella contra el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y al extitular del organismo Ricardo Echegaray en el juicio oral y público por el caso Oil Combustibles, según confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. 

La causa contra los accionistas de la petrolera había sido iniciada por una denuncia de la AFIP en 2016, durante la gestión de Alberto Abad y el gobierno de Mauricio Macri. Tras la asunción de Alberto Fernández, la AFIP le permitió a Oil Combustibles ingresar en una moratoria para devolver los impuestos retenidos y adeudados al fisco. Esa medida le permite a López regularizar parte de su situación fiscal, según el organismo.

“La decisión tendiente al saneamiento del organismo se toma tras haberse registrado avances significativos en pos de garantizar el cobro de los impuestos adeudados por la empresa”, sostuvo Marcó del Pont ante la Justicia. López publicó esta tarde en su cuenta de Twitter: “AFIP no tenía más remedio que desistir de la querella. Con auditorías internas y externas se demostró cada cosa que dijimos durante años, incluso desde la cárcel: que el gobierno de Mauricio Macri usó el Estado para quedarse con nuestras empresas”.

La actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, informó por escrito al Tribunal Oral Federal número 2 que el organismo considera que habrían existido supuestas irregularidades en la acusación del fisco contra los empresarios y la compañía, según “evidencia interna”, como  informes de auditorías y sumarios disciplinarios, y presuntas pruebas “externas” (denuncias administrativas y requerimientos judiciales). Según Marcó del Pont, dichos indicios darían cuenta de hechos de corrupción administrativa, abusos de autoridad y desvíos de poder contra los empresarios kirchneristas durante el gobierno de Macri. 

“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, sostiene el desistimiento de querellar a los accionistas de Oil.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. Echegaray también está siendo juzgado por el tribunal como presunto coautor del delito de defraudación por administración fraudulenta agravada.

El escrito de este miércoles también fue presentado ante el juzgado de Julián Ercolini, donde aún tramita un segundo capítulo del caso, enfocado en la responsabilidad de los funcionarios de carrera. En junio último, Marcó del Pont también notificó a la Justicia que desistía de querellar a dichos funcionarios que tenían a su cargo controlar a la petrolera, pero informó que mantenía la acusación contra los accionistas y Echegaray, según publicó entonces La Nación.

Oil Combustibles tenía una deuda de alrededor de $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. 

El socio de López sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria, pero que la AFIP de Macri llevó el caso al fuero penal para supuestamente quedarse con sus activos. La causa está a cargo de la jueza María Servini, quien avanzó durante los últimos meses con medidas de prueba, indagatorias e incluso el pedido de captura de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

En diciembre de 2020, Marcó del Pont también denunció ante la Justicia la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Macri, lo que sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta en las causas en su contra.

“Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”, le respondió entonces por Twitter Jimena de la Torre, exnúmero 2 del organismo durante la gestión del sucesor de Abad, Leandro Cuccioli.

ED

Ya no pasa inadvertido ni se refugia, como antes, en el perfil bajo. Los 18 meses que permaneció en la cárcel de Ezeiza, más de 1.700 kilómetros al norte del lugar en el que se movió toda la vida, lo obligaron a cambiar. Después de que el macrismo lo llevara a vivir una experiencia que jamás imaginó, Cristóbal Manuel López, el empresario que nació a la exposición pública nacional montado a la ola del kirchnerismo, busca adaptarse a la nueva etapa. El dueño del Grupo Indalo se instala de lunes a jueves en Buenos Aires y vuelve todas las semanas a Chubut, su provincia. Pero tiene una actitud diferente y, según parece, otras prioridades. Eso dicen los que lo conocen desde hace muchos años y también los que lo ven moverse en Comodoro Rivadavia, donde reside su base de operaciones y donde comenzó su historia de poder. 

De larga relación con Néstor Kirchner y fuerte cercanía reciente con Alberto Fernández, López pasó 2020 alejado de los primeros planos, refugiado en su campo de Alto Río Senguer, pero inició 2021 con un protagonismo que sorprende a los lugareños. Su objetivo, según dice en privado, es lograr que la política se ordene y que el peronismo de la provincia se unifique para evitar que desde Buenos Aires le impongan candidaturas en las legislativas de este año. Más que eso, tal vez, reconstruir su propia base de legitimidad para no volver a quedar aislado en un contexto de adversidad. 

Su objetivo, según dice en privado, es lograr que la política se ordene y que el peronismo de la provincia se unifique para evitar que desde Buenos Aires le impongan candidaturas en las legislativas de este año.

Hace dos semanas, el empresario que asomó a Buenos Aires con el negocio de los tragamonedas y los casinos participó en Trelew de una reunión política con la dirigencia del PJ más destacada en una provincia que atraviesa una crisis sin precedentes bajo la gobernación de Mariano Arcioni. En la misma mesa se sentaron el vicegobernador de Chubut Ricardo Sastre, el presidente del PJ Carlos Linares, tres intendentes de lo más poderosos (Adrián Maderna, Trelew; Gustavo Sastre, Puerto Madryn; y Juan Pablo Luque, Comodoro Rivadavia) y el ex jefe de gabinete de Mario Das Neves y ex ministro de Agricultura de Cristina Fernández, Noberto Yahuar. La sorpresa fue Cristóbal, uno de los dos empresarios que acudió a la cita. El otro era Jorge Aidar Bestene, un hombre de negocios de larga trayectoria, que estuvo ligado a Das Neves, fue dueño del Grupo Jornada y hoy aparece ligado al vicegobernador Sastre, pero además forma parte del consorcio liderado por José Luis Manzano que acaba de comprar Edenor a nivel nacional. Vocero del encuentro, Yahuar afirmó que la dirigencia había llegado a un acuerdo para trabajar unidos hacia las elecciones legislativas de este año y las ejecutivas de 2023. Con movimientos muchas veces enfrentados, López y Bestene son desde siempre los dos miembros más relevantes del establishment con base en Chubut. El tercero es el Grupo Cardini, también dueño de medios y gran beneficiario de la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro en Trelew reconocía una precuela. Un mes antes, Cristóbal había convocado a otra reunión, pero en Comodoro Rivadavia, la cuna del petróleo que alguna vez llegó a ser comparada con un emirato y defiende desde siempre intereses contradictorios con la zona de Puerto Madryn, Rawson y Trelew. El choque entre el Sur y el Valle, donde confrontar el poder político y el poder económico, parecía reeditarse con el dueño del Grupo Indalo como gran protagonista. Según publicó ADN Sur, López había reunido al intendente Luque -con pretensiones de ser candidato a gobernador en 2023-, al dirigente Linares -siempre muy cercano al kirchnerismo- y a dos sindicalistas de mucho peso en la provincia, el jefe de los petroleros privados, Jorge “Loma Ávila” y el de los Camioneros, Jorge Taboada. 

Con la mayor parte de sus bienes inhibidos por decisión judicial, Cristóbal dejó en manos de su socio histórico, Fabián De Sousa, la línea editorial de sus medios de alcance nacional y comenzó a actuar en política en su provincia, en busca de evitar la intemperie que lo afectó, tras la derrota del Frente para la Victoria, con la ofensiva del macrismo en su contra. Paradojas de esa historia, fue en esos años donde él y De Sousa edificaron una relación de máxima cercanía con Alberto Fernández. De Sousa lo dijo más de una vez: tuvieron más ayuda del ahora presidente que de las figuras más destacadas del cristinismo. Consultado sobre su actuación política, López le dijo a elDiarioAR que está trabajando para la “unidad del partido en su provincia” y descartó por completo ser candidato. A su lado confirman que su intención es sumarle a su poder económico una red de aliados en el PJ.

En Chubut, la hiperactividad del empresario que es dueño de C5N y Radio 10 sorprende si se la compara con los años del apogeo kirchnerista, cuando tenía sus prioridades en Buenos Aires y casi no se metía en la disputa provincial. Pero quienes conocen sus movimientos desde que asomó a los círculos del poder local recuerdan que así comenzó, en la década del noventa. Eran los tiempos del llamado Grupo Productivo, un espacio en el que López iniciaba su carrera como dueño de la empresa de recolección de residuos Clear y participaba del foro con un amplio espectro de dirigentes en el que se destacaba Martin Buzzi, un político que se había iniciado en la Ucedé y en los años kirchneristas llegaría a ser primero intendente de Comodoro y después gobernador de la provincia. 

La aparición de López, el empresario que durante décadas acumuló un poder formidable y se cuidó de no aparecer en público, llevó a que se especulara incluso con que pretendía ser candidato a senador por Chubut, algo que según dicen cerca suyo está descartado. Su intención es dejar de ser un mero aportante para las campañas del PJ y lograr una incidencia como armador que le permita tener un sillón en la mesa de las decisiones importantes. “Antes ponía guita y no decidía. No quiere que le vuelva a pasar”, dicen en la provincia. Lo que sí parece posible es que Cristóbal vuelva a promover algún nombre para el Congreso, como ya lo hizo con Alfredo Luenzo, el hoy senador nacional del Frente de Todos que había sido durante casi toda su vida un animador de las mañanas radicales de Chubut y socio menor de López en sus medios provinciales. Distante de López mientras estuvo en la cárcel, hoy preside la comisión de Medios y Libertad de Expresión del Senado. 

Contada mil veces a partir de su instalación nacional como líder en el negocio de los juegos de azar de la mano de Kirchner, la historia del dueño de Indalo incluye un temprano acercamiento a la UCR, en especial a Carlos Maestro, radical que gobernó Chubut durante toda la década del noventa. Desde entonces, aunque siempre sin dejarse ver demasiado, acumuló un poder indudable, multiplicó sus negocios a la enésima potencia y se convirtió en sinónimo del capitalismo de amigos. Enviado a la cárcel durante el macrismo con prisión preventiva por el juez Julián Ercolini bajo el cargo de “administración fraudulenta”, ahora López y De Sousa llevan adelante una causa por “extorsión y asociación ilícita” contra el operador judicial Fabian “Pepin” Rodriguez Simón en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

Hoy el dueño del Grupo Indalo es el promotor de una nueva camada de dirigentes que defiende sus intereses en el tablero provincial y nacional. El más destacado es Julián Leunda, hoy funcionario nacional de estrecha relación con Alberto Fernández. Es el número dos de Juan Manuel Olmos, el jefe de asesores de la presidencia de la Nación. Oriundo de Comodoro Rivadavia, Leunda tiene 30 años, fue directivo de Indalo muy cercano a De Sousa y es hijo del empresario comodorense Walter Leunda, que siempre estuvo emparentado con Cristóbal y fue durante años la cara de Ámbito Financiero en la provincia. Según publicó La Nación, Leunda estuvo hace dos semanas en el cumpleaños de Lucas Nejamkis, un ex funcionario de la jefatura de Gabinete que hoy trabaja con el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio Stiuso. 

Hoy el dueño del Grupo Indalo es el promotor de una nueva camada de dirigentes que defiende sus intereses en el tablero provincial y nacional.

Entre las nuevas generaciones que en Comodoro vinculan con López aparece también el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky, de 31 años y ligado a La Cámpora. Licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, también nació en la cuna del petróleo, es funcionario de carrera de la PSA desde 2009 y estuvo a cargo de la Seguridad durante la gestión de Buzzi como gobernador. En 2012, fue nombrado secretario del área y en 2014 asumió como ministro de Justicia y Seguridad en 2014. Durante los años del macrismo, se dedicó al periodismo. Le compró la radio al senador Luenzo, La Cien Punto Uno, y pasó a cumplir un doble rol, director periodístico y conductor de un programa todas las mañanas. Sobre todo Leunda pero también Glinsky son mencionados en Chubut como posibles candidatos en las próximas elecciones por el Frente de Todos. Sus nombres circulan como alternativa al de Santiago Igon, el diputado de La Cámpora que nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y está anotado entre los dirigentes que aspiran a pelear por una banca en el Senado en noviembre.

Después de la experiencia traumática, Cristóbal López se muestra decidido a actuar en política y construir, desde Comodoro Rivadavia, una red más amplia de poder con base en su provincia. Dice que la cárcel lo cambió por completo y quiere asegurarse que no le vuelva a pasar lo que ya le pasó.

DG

La aprobación del juego online en los dos principales distritos del país terminó por romper un acuerdo tácito entre los institutos de lotería provinciales que beneficiaba a los operadores físicos de bingos y casinos. Hasta hace pocos años, mientras los televidentes e internautas argentinos eran bombardeados con publicidades de PokerStars o Bet365, ningún distrito tenía reguladas o permitidas las apuestas en línea.

En su momento, Misiones intentó cortarse sola otorgándole una licencia a la multinacional austríaca Bwin, pero una medida cautelar puso fin al experimento. En aquel momento, el argumento de los demás gobernadores era que la provincia iba a terminar cobrando impuestos por apuestas que levantaba de todo el país, perjudicando a los demás distritos. Las discusiones en torno a si convenía o no habilitar el negocio enfrentó a las loterías provinciales y fue motivo de encendidos debates, como el que ocurrió el 14 de agosto de 2013 en el Salón Hidalgo del Hotel Conquistador, reunión que terminó a los gritos. 

Avances tecnológicos

Mientras tanto, las apuestas en línea seguían sin estar reguladas, lo que no impedía que miles de jugadores argentinos probaran su suerte con partidos de Primera o Segunda División en una serie de páginas del exterior, con pagos hechos vía PayPal o transferencia bancaria. El director de un portal especializado en gaming estimó que durante el Mundial 2014 se apostaron US$90 millones desde Argentina.

En los últimos tiempos, la agudización de la crisis económica volvió a poner el tema en agenda y ya no hubo forma de contener a los gobernadores con ansias de recaudar por un negocio que ya existía, pero sin dejar un peso en el país. Hoy existen 9 provincias donde el juego online está regulado y en operación (Entre Ríos, Río Negro, Tucumán, Neuquén, Chaco, Misiones, San Luis, La Pampa y Santa Cruz), más otras 4 donde se avanzó con la regulación y se ultiman los detalles para la puesta en marcha del sistema (Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa).

“Los avances tecnológicos nos llevan a agilizar procesos para responder a las necesidades y demandas de los jugadores, y a la dinámica del mercado”, justificó Silvio Vivas, presidente del ente controlador de la Lotería de Entre Ríos.

FP

Un negocio recorre la Argentina en pandemia: las apuestas en línea. Las fuerzas de la historia, que incluyen el prolongado cierre de bingos y casinos, las necesidades de las arcas públicas y la naturalización del entretenimiento en el hogar, se unieron para hacerlo avanzar.

En Ciudad de Buenos Aires, el vicejefe Diego Santilli había dicho que estaba “en contra del juego”, pero su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, autorizó la modalidad online, hasta entonces prohibida, que podría comenzar a funcionar en marzo. En Provincia, el Gobierno de Axel Kicillof mandó a decir a los trabajadores de los casinos que no se avanzaría con un proyecto armado por María Eugenia Vidal, pero al filo del cierre del año firmó una resolución que finalmente le adjudicaba licencias a 7 operadores, incluyendo empresas vinculadas a Daniel Angelici, Cristóbal López y Daniel Mautone, y la tradicional Boldt. Quedó afuera la española Codere, principal operadora de bingos bonaerenses que vive una grave crisis financiera que va más allá de la pandemia.

“Las necesidades financieras de la Ciudad y la Provincia aceleraron la puesta en funcionamiento del online, en medio de una despreocupación general por el tema de la ludopatía”, dijo a elDiarioAR Walter Martello, defensor del pueblo adjunto de la provincia.

El proyecto de Vidal, un concurso para que siete empresas comiencen a operar en este negocio no regulado, había quedado en stand by tras su derrota en las elecciones de 2019. “La provincia no es Las Vegas y no queremos que cada casa se convierta en un casino”, dijo la entonces senadora provincial Teresa García (hoy ministra de Gobierno). Al asumir, Kicillof tomó distancia del proceso y hasta modificó la carta orgánica del Instituto de Loterías para recortarle poder a su titular, el contador Omar Galdurralde. 

Mientras tanto, y con las salas cerradas por la pandemia, algunos representantes gremiales recibieron, aliviados, señales de que el juego online no iba a ser prioridad. Pero el 31 de diciembre apareció en el Boletín Oficial provincial una resolución que listaba a las 7 adjudicatarias, avanzando efectivamente con el proceso. “Lo tomamos muy mal. Nos venían diciendo que no era de agenda inmediata”, explicó a elDiarioAR Pablo Gelves, trabajador del Casino Central de Mar del Plata y miembro de la agrupación Agustín Tosco. “Se ve que entre la presión que ejercieron los empresarios y la necesidad de liquidez terminaron cediendo”, agregó.

Silencio

Cerca de Kicillof prometieron averiguar la versión oficial del cambio de postura, pero finalmente optaron por el silencio. “No vamos a realizar declaraciones al respecto”, se excusó una vocera. La movida fue una victoria del sector de Galdurralde, un hombre de Martín Insaurralde y cercano al binguero Daniel Mautone, pero también se leyó como un triunfo en Juntos por el Cambio, que desde 2019 venía impulsado el negocio por medio de Fernando Rovello, número dos de Lotería durante la gestión Vidal y hombre de Angelici. Casualidad o no, la resolución del Instituto llegó al mismo tiempo que los votos macristas para la aprobación del presupuesto provincial.

Angelici y Mautone, socios bingueros en las salas de Ramallo y Pergamino, tienen sangre joven en el online: Sebastián Mautone, uno de los hijos de Daniel, socio 151.737 de Boca y excandidato a vocal por la lista de Christian Gribaudo que perdió las últimas elecciones en el club. Entre las empresas adjudicatarias también aparecen Boldt, dueña del Casino Trilenium de Tigre; Argenbingo S.A. de Nazareno Lacquaniti, titular del Bingo Luján y aliado al gigante internacional Bet365; la empresa Pasteko S. A., de Gastón Stefani, titular de dos bingos en Berazategui; y Hotel Casino Tandil S.A., que a pesar de su nombre legal administra una serie de salas en la provincia de Catamarca. Estas dos últimas aparecen vinculadas al empresario futbolístico Gustavo Ranucci, ex vicepresidente de la Cámara de Bingos bonaerense y hombre cercano al conductor televisivo Marcelo Tinelli.

Para ingresar, cada una de las empresas deberá poner 65 millones de pesos de canon a dividirse en los próximos dos años y pagar, una vez habilitado el negocio, un 8 por ciento de ingresos brutos más otro canon variable del 2 por ciento de la ganancia neta.

Para las arcas provinciales, es dinero fresco en época de crisis. Para los empresarios del rubro, la noticia más importante del gaming de Latinoamérica en lo que va del mes.

Idas y vueltas en la Ciudad

El gobierno de Larreta también actuó en base a una escala de valores, al menos, flexible. Su proyecto original de apuestas en línea dejaba fuera del negocio a los titulares de las salas de juego físicas en la Ciudad: el Hipódromo de Palermo y el Casino Flotante de Puerto Madero, ambas con estrechos vínculos con Cristóbal López. El año pasado, con la crisis sanitaria y las salas cerradas, se activó una negociación política para permitir que estos operadores también puedan ingresar a la licitación.

Ante la presión de sus aliados “transparentistas” (la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el bloque Confianza Pública de Graciela Ocaña), el oficialismo en la Legislatura encontró una solución elegante al entuerto y votó una modificación que levantaba la exclusión de estas dos empresas de juego presencial al tiempo que incluía una cláusula de “ficha limpia” que impediría la participación en el negocio de personas condenadas por delitos graves o contra la administración pública: un claro intento por despegarse de López en caso de que siguiera teniendo una participación en el negocio del juego.

El socio del Grupo Indalo asegura que ya no opera el negocio y quedó en manos de su socio Ricardo Benedicto. ¿Resultado? Los bloques de Carrió y Ocaña votaron a favor del cambio de criterio del larretismo, la izquierda votó en contra y el Frente de Todos se abstuvo.

Sebastián Vivot, gerente de Modernización de la Lotería de la Ciudad (Lotba), dijo que el proceso para habilitar a 12 operadores está “avanzado” y que las primeras plataformas empezarán a funcionar antes del final del primer trimestre. “Hay doce empresas que ya han pagado la tasa administrativa que les permite participar y aspirar a un permiso a una agencia de juego en línea”, explicó. En lugar de un canon, la recaudación porteña se estructura en torno a un porcentaje de lo apostado más un 6 por ciento de Ingresos Brutos. Fuentes de Lotba aseguraron a elDiarioAR que este año esperan recaudar entre $600 y $800 millones.

Dudas a futuro

El defensor adjunto Martello, autor del libro No va más, dice que la habilitación del negocio en ambos distritos deja muchos aspectos sin discutir, como las limitaciones a la publicidad y el futuro de las apuestas deportivas “en un país donde el juego está delegado a las provincias, pero el fútbol es regulado por una entidad federal como la AFA.”

En la provincia de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas, funcionan apenas 10  centros de atención y asistencia al juego compulsivo, la mayor parte de ellos en el conurbano. “Es decir que si una persona tiene problemas de juego patológico en General Villegas, para poder recibir ayuda profesional gratuita y personalizada deberá viajar más de 280 kilómetros hasta el centro más cercano, que en este caso está en Pergamino”, graficó.

La otra preocupación es el destino de las salas físicas. No son pocos los trabajadores de bingos y casinos que temen por sus puestos de trabajo ahora que al miedo por la pandemia y las aperturas con aforo reducido se le sumará la opción de apostar desde la comodidad del hogar. Los flamantes operadores en línea lo niegan. “Son públicos distintos. Las apuestas online apuntan a un público joven que hoy casi no va a las salas”, explicó el director de una de las empresas adjudicatarias con 25 años en el rubro. Otro operador festejó en el anonimato. “El online no es un mal negocio”.

FP

Las cifras de distribución de la publicidad oficial durante el primer año de gestión de Alberto Fernández exponen un crecimiento moderado en el gasto con respecto a 2019. En 11 meses de 2020 -lo publicado excluye diciembre- se invirtieron $4.704 millones, frente a los $3.350 millones de 2019, un aumento del 40% en términos nominales, de acuerdo a datos oficiales.

Tal crecimiento supone 5 puntos por encima de la inflación anual (35,5%) mientras falta conocer lo gastado en el último mes, aunque a los efectos de la comparación, diciembre de 2019 tuvo baja erogación publicitaria estatal, como ocurre en los cambios de Gobierno entre administraciones de distinto signo. Además, parte de la inversión de 2020 correspondió al canje de deudas impositivas y de seguridad social de las empresas mediáticas contraídas durante el Gobierno de Mauricio Macri por espacios de publicidad oficial, una práctica de larga data en el vínculo del Estado con las organizaciones periodísticas. Las continuidades, de todas maneras, no acaban allí.

Ganadores

En relación a los destinatarios de esos fondos se observan más continuidades que cambios. El Grupo Clarín (Clarín, TN, Canal 13, Radio Mitre, FM 100, La Voz del Interior, Los Andes, entre muchos otros) es el que más dinero recibió por anuncios: se quedó con el 13% del total para 2020. El dato consolida una leve caída respecto de años anteriores, ya que en 2019 acaparó el 15% y en 2017, el 18%. El lugar estelar que ocupa el holding que conduce Héctor Magnetto con ramificaciones en todo el mapa mediático argentino se percibe en que lidera la recepción de pauta en los rubros diarios, radio AM y radio FM, ocupa el segundo lugar en TV abierta y portales y el cuarto en señales de cable.

La segunda posición global le correspondió al Grupo Indalo (C5N, Radio 10, Pop, Ámbito Financiero, Minuto Uno, entre otros) con poco menos de la mitad de lo captado por el Grupo Clarín. El top 5 de los más beneficiados se completó con el Grupo América (La Red, América TV, Supercanal, Uno), Octubre (La 750, Página 12, IPTV y, recientemente, Canal 9, entre otros) y VIACOM, la empresa estadounidense que aparece en un lugar de privilegio dado que su activo relevante en la Argentina es el canal Telefe. En esa línea, se percibe el privilegio de Diario Popular, el tercero de más ventas en el área metropolitana de Buenos Aires, que cierra la lista de los 10 principales receptores entre todos los grupos.

La nueva gestión le dio un lugar privilegiado al grupo liderado por Víctor Santa María, que crece en el sistema, a pesar de que su señal de noticias IP, lanzada como guiño el 17 de octubre de 2020, todavía no recibió dinero por pauta oficial. En su cómputo se incluye Canal 9, emisora que acaba de adquirir y donde tenía un acuerdo de producción.

Dos elementos se destacan en el análisis de quiénes encabezan el listado. Por un lado, son efectivamente los que más peso tienen en la audiencia y difusión. Por el otro, hay cierta continuidad al respecto con la gestión de Macri. Las principales diferencias se marcan en la caída de La Nación (La Nación, La Nación +) —privilegiado por la gestión Cambiemos— y el crecimiento del Grupo Olmos (Crónica TV, Crónica y BAE), Facebook y Telecentro, además de Octubre.

La pauta atiende en CABA

Otro aspecto a observar de la distribución de publicidad oficial es el tipo de medio o plataforma elegido para colocar los anuncios. En ese sentido, la mayor parte del presupuesto fue destinado a los medios tradicionales.

Los canales de televisión abierta de todo el país se quedaron con el 21% de la inversión mientras que los medios gráficos consiguieron el 19%, la radio (AM y FM), el 16% y las señales de TV por cable otro 16%. Entre los sitios webs (12%), la vía pública (10%) y las redes sociales (6%) se completa la torta. En este último rubro se destaca que Facebook (incluye Instagram) y Google (incluye YouTube) dominaron el escenario digital-social.

Los medios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentraron el 74% del gasto publicitario. Esto puede explicarse, entre otras, por dos razones. La primera es la centralidad del sistema en la Capital Federal. La segunda radica en la diferencia del valor de espacios publicitarios entre los medios que dominan el mercado (y operan desde CABA) y los regionales, provinciales y locales.

Ayudas y discrecionalidad

En medio de la crisis económica que sacude al país y se profundizó por la cuestión sanitaria desde marzo del pasado año, el aumento del gasto por encima de la inflación pareció justificarse en el marco de una fuerte asistencia estatal a la actividad privada. El sistema de medios no fue la excepción.

Además de la publicidad oficial, las ayudas se completaron con el ingreso de los medios al programa Aportes para el Trabajo y la Producción; la extensión del alcance del programa REPRO —que paga parte de los salarios— en algunas empresas mediáticas y la impresión de cuadernillos escolares para algunas editoriales vinculadas a grupos de medios.

Así, el Gobierno de Fernández contribuyó a sostener las fuentes laborales de los medios en el marco de la crisis y pese a las líneas editoriales, que fueron mayoritariamente críticas, tanto a la gestión en general como -desde los meses de abril y mayo en adelante- del manejo de la pandemia.

La mayor parte del gasto fue administrado por la Jefatura de Gabinete, oficina que incluye la pauta de Presidencia y los ministerios. Esa área invirtió la mitad del presupuesto mientras que los “organismos descentralizados” (como ANSES y PAMI) gastaron el 37% del dinero. El restante 13% -unos $566 millones- correspondieron al crédito que el Gobierno tiene con distintos medios que pudieron canjear (hasta marzo de 2016) deudas con el Estado por publicidad oficial.

En materia de pluralismo, la deuda con los sectores cooperativos, comunitarios y sin fines de lucro de la comunicación todavía es grande. El Ejecutivo destinó apenas $33 millones a este espacio del sistema entre enero y noviembre de 2020. De esos, más del 50% ($17 millones) fueron recibidos por un solo medio: el diario Tiempo Argentino. El resto se dividió en un largo listado de diarios (50%), portales (23%), radios (18%) y canales de televisión (9%) sin fines de lucro. Una inversión por debajo del 1% del presupuesto para garantizar voces diversas y no comerciales parece quedar a mitad de camino en la expresión de deseos de fomentar la pluralidad de medios.

Como la Argentina no cuenta con una ley que defina el modo en que debe administrarse la publicidad oficial, cada año es posible identificar discrecionalidad en quiénes y cuánto dinero reciben. Ese rasgo atraviesa todo el sistema, más allá de cambios en las administraciones y tipos de gobierno nacional, provincial o municipal.

Cable

Para analizar las discrecionalidades en el reparto corresponde poner el foco en los más pautados según cada tipo de medio y compararlo con las mediciones de rating. Entre las señales de televisión por cable, por caso, se encuentra que Supercanal (la señal de la cablera fundada por José Luis Manzano y Daniel Vila en Mendoza y San Juan) encabeza el ranking.  Esto, obviamente, contradice las mediciones. Lo recibido por pauta en 2020 por la empresa cuyana corresponde en un 95% a un canje de deudas que Manzano y Vila consiguieron durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que les permitió reducir sus pasivos y mejorar las condiciones de venta de la cablera al grupo inversor CVI Austral de Cargill. Por su parte la señal Crónica TV (del Grupo Olmos) recibió más publicidad oficial que TN (Grupo Clarín) y A24 (América), a pesar de que ambas la superan en rating.

Radio

En radio se destaca que Del Plata, Somos Radio y Splendid, todas de línea editorial amigable para el Gobierno, pero con niveles bajos de audiencia. Del Plata, incluso, no emitió gran parte del año por un conflicto sindical a raíz del no pago de salarios, y recién regularizó su aire en los últimos meses del año, cuando cambió de manos. En los tres casos, lo recaudado superó a la cosecha de Rivadavia, otra empresa en crisis que hace meses reorganizó la programación y regularizó el aire con voces de derecha dura, muy críticas del Gobierno, que lograron buena repercusión en la audiencia.

En el rubro de las FM, con escaso contenido político, también se percibe un beneficio para las radios con líneas afines a la gestión nacional. Radio Con Vos, que alterna programas periodísticos cercanos y críticos del Gobierno, ocupó un lugar destacado en la recepción de publicidad oficial muy superior a su audiencia. Las pasatistas Pop y Mega, de Indalo, también tuvieron premio, mientras que más abajo en la cuenta, las emisoras de contenido político El Destape (comenzó como una emisora online y ahora transmite en AM y FM) y La Patriada ocuparon un lugar considerable.

Web

Por último, entre los sitios web se destaca la cantidad de dinero pautado en Infobae, que casi duplicó en fondos recibidos a su inmediato competidos Clarin.com —ambos con una línea claramente opositora— pese a que la ventaja en visitas no tiene tal magnitud. Es cierto que el portal informativo líder no es parte de un Grupo, por lo que concentra todo lo que recibe en su única cuenta. Por su parte, los sitios de El Destape y Página 12 también sobresalieron en cuanto a montos recibidos, algo por encima de las visitas a sus páginas, aunque ambos exhibieron un alto crecimiento de clics en 2020.

Durante un primer año de gestión condicionada por la crisis económica y la pandemia, pocos fueron los cambios que se observaron en la administración de la publicidad oficial. Este recurso, que lubrica la relación gobierno-medios (y periodistas) fue central en 2020 para apuntalar un sistema con problemas de larga data. La promesa presidencial del discurso de asunción (regular y usar la pauta oficial para educación) aún no se concreta ni se atisban indicios. Mientras se espera que 2021 recupere algo de normalidad en la vida social, económica y cultural del país, será importante atender al impacto del año electoral y del desgaste pandémico en la administración de la publicidad oficial, recurso finito, maleable y eficaz para ordenar el sistema mediático. 

SM AE

Los juicios orales y públicos por los casos conocidos como “dólar futuro” y “memorándum con Irán”, que tienen como imputada a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estarán en condiciones de iniciarse este año, confirmaron a elDiarioAR fuentes de los tribunales que llevan adelante los procesos. Además, la expresidenta seguir el trámite del juicio conocido como Vialidad, al que le espera al menos un año más de testigos. Otras dos causas de alto impacto en los medios, Hotesur-Los Sauces (unificados en un expediente) y los cuadernos del chofer Oscar Centeno, siguen su curso rumbo al proceso oral.

Los dos casos que están en condiciones de iniciarse en 2021 son, a su vez, los más débiles en su contra, según admitieron fuentes judiciales que trabajan actualmente en ambos expedientes. En el caso conocido como “dólar futuro”, “la hipótesis delictiva será muy difícil de probar, es especial, contra quien ejercía la Presidencia”, dijo una fuente con acceso directo al caso. El juicio por el memorándum con Irán deberá tener su prejuicio al retorno de la feria de enero. Los acusadores también creen que la hipótesis delictiva será difícil de probar en un juicio, confiaron fuentes del tribunal, pero aún así, a diferencia de las defensas de la expresidenta y otros imputados, consideran que el trámite oral debe llevarse a cabo. 

Mientras tanto, el 8 de febrero, el Tribunal Oral Federal número 2 tiene agendado retomar las audiencias del juicio por Vialidad o supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, pero el veredicto está muy lejos: se espera otro año de audiencias sólo para testigos, dijo una fuente judicial. Además del objetivo de probar la acusación, el principal dilema de este juicio es hasta dónde el tribunal determinará que llega la responsabilidad penal por los hechos, confió una fuente judicial del caso.

Hotesur y Los Sauces, unificados en un proceso, es otro frente central para Fernández de Kirchner y sus hijos, el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo, y la menor, Florencia, pero su inicio también continúa a la espera de nuevos peritajes solicitados por las defensas. “La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres. El problema son las causas con sobreseimientos anticipados que se dieron en la Justicia federal a los Kirchner y otros acusados en casos relacionados”, como las tres causas por presunto enriquecimiento ilícito que se cerraron durante el Gobierno del expresidente y la primera gestión de Cristina. En tanto, la causa central del caso cuadernos por supuestos cohechos también fue elevada a juicio, pero está en etapa embrionaria, informaron fuentes de los tribunales. 

Varios de estos casos tienen planteos pendientes ante la Corte Suprema que, de tratarse y avanzar a favor de la vicepresidenta, podrían implicar la suspensión o nulidad de algunos de los juicios.

Los cinco casos que ya están en los tribunales orales provienen de sólo dos juzgados de primera instancia: el que encabezaba el fallecido juez Claudio Bonadio y el de Julián Ercolini. Cuatro fueron instruidos de manera total o parcial por Bonadio (en Hotesur fue apartado por la Cámara Federal porteña). Sólo el expediente de Vialidad proviene íntegramente del juzgado de Julián Ercolini. La causa fue investigada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Hotesur y Los Sauces pasaron por ambos juzgados en distintas etapas.

A excepción del caso que está en pleno debate oral desde mayo de 2019, casi todos los juicios que le esperan a la vicepresidenta están en etapa de “instrucción complementaria”, según las consultas a fuentes directas de cada uno de los expedientes. Cuando los magistrados de primera instancia finalizan la instrucción de las causas y elevan los expedientes a juicio oral y público, las fiscalías que intervienen ante los tribunales orales federales y las defensas pueden seguir produciendo pruebas y cuestionando la existente. Los fiscales de juicio lo hacen en pos de sostener la acusación durante el debate oral, en tanto que las defensas tienen la oportunidad de solicitar medidas que no les fueron concedidas o que no solicitaron durante la primera instancia de la investigación. 

La situación judicial de la vicepresidenta incide directamente en la relación del Gobierno de Alberto Fernández con la Justicia y ha llevado al Presidente a criticar abiertamente a jueces e incluso a la Corte Suprema. Ha motivado, también, los proyectos de reforma del sistema judicial. El regreso de Fernández de Kirchner al poder, además, pone a prueba a jueces y fiscales y a su voluntad para llevar adelante juicios contra el poder de turno, o de demostrar que era real la solidez de procesos sustanciados cuando los funcionarios del actual Ejecutivo eran parte de la oposición y no se trató de expedientes fundados en motivaciones políticas. Además de la vicepresidenta, en los juicios que están en condiciones de comenzar están acusados funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández, como el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y el número dos del Ministerio de Justicia, Juan Martín Mena (memorándum); el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (dólar futuro).

ElDiarioAR consultó durante la última semana a fuentes judiciales con acceso directo a los casos elevados a juicio y constató documentos de los expedientes, tanto de la etapa de la primer etapa de instrucción como de la instrucción complementaria. Este medio intentó durante varios días conocer la visión de la vicepresidenta sobre las distintas pruebas presentadas en los juicios, de manera directa y a través de voceros de la vicepresidenta con la defensa, que integran en los distintos juicios Carlos Beraldi —quien también representa a Máximo y Florencia Kirchner— y Roberto Boico, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición. La vicepresidenta siempre negó los cargos y acusó una “persecución política” de la Justicia en supuesta alianza con Cambiemos. 

Vialidad en Santa Cruz

Desde mayo de 2019, la vicepresidenta es juzgada junto al exministro de Planificación, Julio De Vido; el empresario de la construcción Lázaro Baez; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados. Todos han negado en reiteradas oportunidades haber integrado una supuesta asociación ilícita para favorecer a las empresas de Báez con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz y defraudar al Estado. Según la acusación, las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales. 

Además de si se dará por probada la acusación, el principal dilema de este juicio es hasta dónde el tribunal determinará que llega la responsabilidad penal por los hechos, confió una fuente judicial del caso. Esa escalera de responsabilidades tiene nombres y apellidos, y va desde exfuncionarios del Gobierno de Santa Cruz hasta la entonces presidenta de la Nación, a quien se le atribuye la decisión política de sostener esos beneficios a su exsocio en los negocios hoteleros. Este es un punto clave, que puede inclinar a la balanza a favor de la vice, en el escenario en que el tribunal estime que las pruebas no son suficientes para atribuirle una responsabilidad penal, según una fuente del caso. “Hasta el momento, la hipótesis se va corroborando, pero las defensas, en algunos casos, actúan con estrategias coordinadas y siempre terminan despegando a Fernández de Kirchner”, agregó la fuente.

La hipótesis de la fiscalía de Diego Luciani en este juicio se basa netamente en prueba documental, dijo una voz judicial del caso: el análisis de los expedientes de las licitaciones; las condiciones de competencia y adjudicación y de los pagos y plazos supuestamente privilegiados a Báez (con respecto a otras constructoras); informes de la Dirección de Vialidad Nacional (del Gobierno de Mauricio Macri); un peritaje parcial sobre las obras viales cuestionadas; los documentos que demostrarían la falta de control a las constructoras de Báez; los presupuestos asignados a esas obras; y la documentación sobre la conformación de las empresas beneficiadas. 

Cuando el juicio comenzó, se estimaba que el debate duraría unos 18 meses, pero ese lapso se cumplió y en el tribunal esperan que la ronda de testigos se extienda durante todo 2021. De los 180 testigos que estaban programados al inicio del juicio, aún restan más de la mitad, aunque no se descarta que las partes lleguen a un acuerdo para desestimar a algunos de ellos. 

Se espera escuchar a funcionarios de Vialidad (algunos incluso siguen en funciones en el Gobierno actual) y a los peritos, que serán clave, ya que son quienes deberán confirmar si las obras tuvieron supuestos sobreprecios y si no fueron concluidas o finalizadas en tiempo y forma.

La defensa de Fernández de Kirchner presentó 9 recursos de queja ante la Corte Suprema que podrían lograr la suspensión o nulidad del juicio, si el máximo tribunal falla a su favor. Incluyen desde planteos por “cosa juzgada” y la competencia de la Justicia de Santa Cruz hasta el pedido de que la pericia se amplíe a los 51 obras (se limitó a sólo 5). El máximo tribunal no tiene plazo para fallar.

Hotesur y Los Sauces

La vicepresidenta debe ser juzgada por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces). El dinero cuestionado proviene de los alquileres que pagaron los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López a las empresas de la entonces familia presidencial. Los casos fueron unificados en un solo juicio, sin fecha de inicio, en el Tribunal Oral Federal número 5.  

La defensa de Fernández de Kirchner pidió un nuevo peritaje en Hotesur, que recién ha comenzado, informó una fuente judicial del caso. Por Los Sauces, solicitó otro peritaje que está a punto de ser finalizado. Ambas medidas “están orientadas a demostrar que Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales y a justificar que los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no están relacionados con las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, explicó una fuente directa del expediente.

Las pruebas de este juicio están atadas al destino del juicio por Vialidad (que debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y del juicio contra Báez por presunto lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”), cuyo veredicto se espera para el 10 de febrero. 

La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres.

“La prueba es sólida y los hechos no están controvertidos porque los acusados no niegan la existencia de los alquileres. El problema a la hora de sostener la hipótesis delictiva son las causas con sobreseimientos anticipados que se dieron en la Justicia federal a los Kirchner y otros acusados en casos relacionados”, como las tres causas por presunto enriquecimiento ilícito que se cerraron durante el gobierno de Néstor Kirchner y la primera gestión de Fernández de Kirchner. “En algunos de esos expedientes, se dieron por justificados parte de los alquileres ahora cuestionados y la defensa de los Kirchner ahora plantea cosa juzgada” ante el tribunal y ante la Corte, explicó una fuente del caso.

El caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia también serán enjuiciados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso. 

Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa, según el expediente.

La instrucción complementaria del caso también se centra en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio, a cargo de Diego Velazco, tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo). ElDiarioAR se comunicó con voceros de Cencosud para conocer su versión de los hechos, pero la empresa se negó a hacer declaraciones.

Dólar futuro

La investigación se centró en la venta de dólar futuro en 2015. El fallecido juez Bonadio sostuvo que la operatoria consistió en una supuesta administración abusiva o infiel que derivó en una defraudación a la administración pública. Tras la primera vuelta electoral, el Banco Central había vendido dólares a un precio tendiente a bajar las expectativas de devaluación, según planteó el kirchnerismo. Una vez que Mauricio Macri ganó el ballottage y asumió la Presidencia, una de sus primeras medidas fue liberar el peso en torno a 30%, por lo que, llegada la ocasión, la administración pública pagó la diferencia entre el valor del dólar futuro y la cotización real.

El fiscal de juicio Diego Velazco considera desde hace meses que el debate oral y público ya está en condiciones de comenzar, según consta en el expediente, pero los planteos de las distintas defensas vienen retrasando su inicio. 

Durante la instrucción complementaria, la fiscalía de juicio se dedicó a comparar la medida tomada en 2015 con otros contratos de dólar futuro realizados por el gobierno de Fernández de Kirchner. También investigó si las autoridades barajaron entonces medidas alternativas para contener el valor del dólar y no perjudicar eventualmente las arcas públicas. “En otros casos, se combinaron con otras medidas, pero en este, sólo se optó por los contratos de dólar futuro, justo antes de dejar el poder”, explicó una fuente con acceso directo a las últimas pruebas analizadas.

La hipótesis delictiva será muy difícil de probar, es especial, para quien ejercía la Presidencia.

“Es una causa difícil, desde el punto de vista de la acusación. La hipótesis delictiva será muy difícil de probar, es especial, para quien ejercía la Presidencia porque se trata de decisiones económicas y financieras  que estuvieron a cargo del Banco Central, entre otros”, agregó la misma fuente. La dificultad probatoria también se centra en que el fiscal deberá demostrar que la medida que se tomó a fines de 2015 tuvo la intencionalidad de condicionar al gobierno que asumiría a partir del 10 de diciembre de ese año, explicó una fuentes judicial con acceso directo al expediente. 

Una pericia incorporada al expediente concluyó que la operatoria no causó perjuicio al Estado Nacional y sobre ese informe se basaron las defensas para pedir los sobreseimientos. Actualmente el planteo está en la Casación, ante el rechazo mayoritario de los jueces del Tribunal Oral Federal número 1. Uno de los jueces planteó inexistencia de delito y debió apartarse del juicio.

La fiscalía de juicio sostiene que hay puntos que justifican la necesidad de desarrollar un juicio y debatir la prueba, opinó la fuente consultada. “El BCRA ganó menos que el año anterior por haber tenido que afrontar los contratos de dólar futuro. La medida terminó motivando la emisión de billetes y colaboró ampliamente en la inflación de 2016, sostiene la acusación”, agregó una fuente del caso.

Informes posteriores a la denuncia indicaron que entre los compradores de dólar futuro que recibieron el beneficio por la diferencia de cotizaciones se encontraban algunos de quienes luego serían funcionarios clave del Gobierno de Macri y tuvieron incidencia en la decisión de devaluar. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar a varios funcionarios de la gestión Cambiemos, como el director del Banco Central Pablo Curat; el vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri y el ex CEO de Lan y secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. Bonadio no compartió el criterio y cerró la causa en diciembre de 2016.

Memorándum con Irán

El desafío de la fiscalía es demostrar que la firma del memorándum implicó un supuesto encubrimiento a favor de los iraníes acusados de ordenar el atentado a la AMIA en 1994. El caso se originó en la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer sin vida en su departamento. 

El 14 de diciembre estaba prevista una audiencia para que el Tribunal Oral Federal número 8 y las partes llegaran a un acuerdo sobre la prueba que se presentará durante el juicio oral y público y así fijar fecha de inicio, pero se terminó postergando para 2021, informó una fuente del tribunal. 

Las defensas vienen solicitando que se cite de manera anticipada a dos exfuncionarios de Interpol que, para los abogados, pueden determinar con sus dichos la anulación del juicio. Se trata del exsecretario general de Interpol, Ronald Noble; y de Joël Sollier, consejero jurídico de esa secretaría general en el momento de la firma del memorándum en 2013.

El tribunal acordó con las partes volver a insistir ante Interpol para que autoricen a sus exfuncionarios a declarar, pero las probabilidades de que el organismo internacional acceda son remotas, afirmó una fuente directa del expediente. Para los funcionarios imputados esos testimonios anticipados pueden anular el juicio porque, sostienen, desacreditarían la supuesta intención del gobierno de Fernández de Kirchner de dejar caer las órdenes de captura contra los iraníes. 

Durante la instrucción complementaria, la fiscalía a cargo de Marcelo Colombo buscó ampliar la cantidad de prueba, tanto documental como testimonial. Pidió citar a 46 personas que ya declararon ante Bonadio y a otros 35 testigos que nunca fueron citados en la instrucción del expediente, entre ellos familiares de las víctimas del atentado; los secretarios letrados que trabajaron en la denuncia de Nisman y en la causa AMIA; y el ex jefe de Contrainteligencia Jaime Stiuso, entre otros miembros de la exSIDE.

La fiscalía y las defensas también coinciden en que el tribunal debe citar al exjuez Rodolfo Canicoba Corral, quien estuvo hasta 2020 a cargo de la causa por el atentado de 1994; además de Noble y Sollier. La fiscalía de juicio también solicitó incorporar documentos judiciales, diplomáticos y oficiales que no están en el expediente, y que podrían ser prueba.

Cuadernos

Es el último de los grandes casos contra Fernández de Kirchner elevados a juicio, en septiembre de 2019. Tiene 53 procesados por el expediente central de los cuadernos y otros 6 acusados en una causa conexa sobre presuntos sobornos a cambio de subsidios en el transporte público. La fiscal Fabiana León ya trabaja en la organización de la prueba, pero el proceso está en estado embrionario, según una fuente judicial con conocimiento del caso.

La causa se basa en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, quien dejó asentados los presuntos encuentros del entonces funcionario Roberto Baratta con empresarios y ejecutivos que le entregaban sobres y paquetes de dinero para miembros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Baratta niega haber participado de cualquier ilícito. 

El punto fuerte del caso es también su talón de Aquiles: la principal prueba en contra de los acusados son los testimonios de los arrepentidos, cuestionados por las defensas, aunque recientemente avalados por Casación.

Entre los empresarios que declararon haber participado de presuntos pagos ilegales al kirchnerismo entre 2003 y 2015 se encuentra el primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra (quien dijo que eran aportes de campaña); Carlos Wagner (Esuco, quien detalló el esquema de pagos); y Aldo Roggio (admitió que devolvía el 5% de los subsidios que recibía al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para el manejo del subte).

Los principales salvados de este caso son Paolo Rocca, presidente y CEO de Techint, y dos de sus ejecutivos Luis Betnaza y Héctor Zabaleta (a pesar de haber declarado como arrepentidos). La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Rocca, quien dijo que desconocía los pagos ilegales, y anuló la elevación a juicio de sus subalternos.

ED

El empresario Cristóbal López espera para este 2021 un veredicto en el juicio del caso Oil Combustibles, pero aún quedarán pendientes el concurso de acreedores de esa petrolera (con una eventual extensión de quiebra a firmas asociadas y a su persona) y dos juicios penales por los casos Los Sauces y Cuadernos, informaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes y su defensa.

Aunque fue noticia en los últimos días a raíz de la adjudicación de licencias del juego online en la provincia de Buenos Aires, su abogado penalista, Fabián Lértora, dijo a este medio que “López vendió su participación accionaria en las empresas de apuestas a uno de sus socios, Ricardo Benedicto”, por lo que sostiene que no fue beneficiado por la medida. La venta se habría pactado por casi US$100 millones, pero la Justicia se lo embargó.

Esta semana, trascendió que el 29 de diciembre el gobierno de Axel Kicillof finalizó el proceso de adjudicación del negocio del juego online que había comenzado María Eugenia Vidal durante su gestión. Según el boletín oficial bonaerense, la explotación del juego electrónico quedó en manos de 7 grupos empresarios, entre ellos Binbaires, en la que López asegura que ya no forma parte. Otros beneficiados por la decisión de Vidal y Kicillof fueron las alianzas que integran Daniel “Tano” Angelici, la empresa Boldt; el empresario del juego Daniel Mautone; y los exsocios de López asociados en Binbaires SA. Todos formaron uniones transitorias de empresas con firmas extranjeras, por disposición del Gobierno bonaerense.

El desprendimiento del negocio del juego, según el abogado de López, fue a partir de 2016, cuando el caso Oil Combustible llevó a López a vender sus acciones en dos empresas en pos de “no perjudicar” a sus socios en ese sensible negocio. También renunció a sus cargos en los directorios de Casino Club SA e Inverclub SA (a través de la cual integraba Binbaires, que explota tres bingos bonaerenses). Estas empresas no formaban parte del Grupo Indalo, por lo que no fueron alcanzadas por la crisis provocada por el caso Oil, explicó su abogado.

Según otra fuente de la sociedad comercial que integraba López, el otrora “zar del juego” y sus hijos vendieron su 30% en Inverclub SA a Benedicto, por más de US$38,6 millones, en cuotas anuales. Fue en junio de 2016 y la fuente sostiene que la operación quedó registrada en el Libro de Registro de Acciones de la empresa. 

La operación fue aprobada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, según la fuente de la sociedad, el 31 de octubre de 2016. En 2017, Benedicto solicitó suspender los pagos a López por el plazo de 180 días, cuando el gobierno de Mauricio Macri anunció que subiría la alícuota del impuesto a las ganancias a las apuestas y por una “deuda histórica” de la sociedad con el fisco porteño por ingresos brutos. Para abril de 2018, Benedicto supuestamente habría pagado a López unos US$11 millones de los US$38,6 millones acordados, según la misma fuente, quien no pudo actualizar la información, por el momento.

En Casino Club SA, López concretó la venta de sus acciones y las de sus hijos (tenían el 28% en total) en otros US$60 millones, en seis cuotas anuales, según la fuente consultada. La sociedad fue vendida a Inverclub SA en octubre 2017. El trámite se presentó también ante Defensa de la Competencia, pero en este caso la fuente no pudo confirmar si la operación fue finalmente aprobada. La primera cuota que López debía recibir fue de unos US$5 millones y la segunda, en abril de 2018, estaba estipulada en US$12,7 millones.

Sin embargo, el dueño del Grupo Indalo supuestamente no pudo percibir el resultado de la venta de esas acciones a su socio, explicó su abogado ante la consulta. Las cuotas que cobró quedaron embargadas por la Justicia federal, dijo su defensa y aclaró que consta en el expediente que entonces llevaba adelante el juez Julián Ercolini.

El día después del juicio

El principal caso contra López es el de Oil Combustibles, dividido en dos frentes: el penal y el comercial. El expediente que tramita en el fuero de criminal federal es por presunta “defraudación agravada” por el no pago al fisco de $8.000 millones del impuesto a los combustibles líquidos entre 2013 y 2015. El juicio oral y público, que comenzó en junio de 2019 en Comodoro Py 2002, se espera que finalice cerca de la feria de invierno de este año. Aún restan escuchar a algunos de los principales testigos del fisco y a los ofrecidos por las defensas. Los pronósticos son grises. 

En 2020, el aislamiento por la pandemia sorprendió al dueño del Grupo Indalo en una de sus propiedades en Comodoro Rivadavia, Chubut. Desde entonces, siguió las audiencias del juicio oral y público por el caso Oil. Su abogado penalista informó que el empresario sigue allí, donde nació un imperio que hoy está embargado, vendido o en concurso de acreedores.

El caso fue impulsado en 2016 por la gestión de Alberto Abad en la AFIP, tras la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. Les costó la libertad a López y a su entonces socio Fabián De Sousa, que recuperaron en 2019, y la inestablidad de su emporio económico: el Grupo Indalo. También, asegura Lértora, empujó a quien entonces era conocido como “el zar del juego” a resignar su participación en el negocio de los casinos, bingos y apuestas con el que había hecho pie tanto en jurisdicción nacional bajo gobierno de los Kirchner, como en la Capital Federal, con Mauricio Macri, y en otras provincias.  

La defensa cree que tiene chances de demostrar que no habrían existido delitos por parte de las autoridades y accionistas de Oil, y que el proceso por el cual llegó a juicio, impulsado por la AFIP, estuvo viciado por supuestas irregularidades. Será el Tribunal Oral Federal 3 el que deba determinarlo. La fiscalía de juicio, a cargo de Juan García Elorrio, impulsa el caso y viene sosteniendo la acusación que, en parte, se basa también en que López y su socio De Sousa habrían destinado los fondos que debían utilizarse para cancelar los planes de pagos de la AFIP para otro fin: capitalizar a sus propias empresas y ampliar su grupo económico, por ejemplo, mediante la compra del canal de noticias C5N y Radio Diez al empresario Daniel Hadad, entre otros activos en medios que fue tomando Indalo.

Muy cerca de López dijeron a este medio que la prioridad en el frente penal es ganar el juicio de Oil y, si consiguen un veredicto a su favor, recién entonces planificar los pasos a seguir para intentar recuperar sus empresas. El caso comercial, donde se dirime el concurso de acreedores del Grupo Indalo tiene varios puntos en contra de López. “Esto es paso a paso”, dijo la fuente.

El empresario es testigo en otro expediente penal federal que está en plena investigación, a cargo de la jueza María Servini y en el que López declaró que Macri lo habría presionado para que sus medios de comunicación en una supuesta campaña mediática para “meter presa a Cristina Fernández de Kirchner”. 

El empresario sostiene que, al negarse a la presión, el Gobierno de Macri habría instrumentado una embestida para “desapoderarlo” de sus empresas, a partir del caso Oil, que incluiría, su alejamiento del negocio del juego, dicen cerca de López. En el gobierno de Cambiemos, siempre negaron esas acusaciones. En la causa, Servini busca acceder y analizar la totalidad de las llamadas de los teléfonos del expresidente Macri.

Frente comercial

La causa en el fuero comercial y el concurso de acreedores está íntimamente ligada al juicio penal. Los bienes de Oil están embargados y el resto del Grupo Indalo está en concurso de acreedores. El caso podría derivar no sólo en la imposibilidad de recuperar su emporio sino en que, de decretarse la quiebra, ésta se extienda a López y sus bienes personales. Pero será en un plazo no inmediato, aclaró una fuente judicial del caso.

Entre las últimas novedades, hubo dos fallos de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en diciembre sobre cuestiones puntuales del expediente. La fiscal general Gabriela Boquin había solicitado que el tribunal ordenara recolectar nueva prueba para establecer en qué fecha exacta comenzó la cesación de pagos de Oil a la AFIP, ya que consideró que no estaba establecido claramente. 

La medida de la fiscal implicaba realizar una auditoría de los planes de pagos que podría ampliar eventualmente las responsabilidades de funcionarios del fisco, según una fuente judicial con acceso directo al expediente. La Cámara negó esa petición y estableció que Oil entró en cesación de pagos supuestamente en junio de 2011, desde su creación, según publicó La Nación. López y De Sousa sostienen que la cesación de pagos comenzó en 2016, durante la gestión de Abad.

La Cámara también confirmó en diciembre el desplazamiento de los síndicos por haberle entregado el legajo con toda la documentación original de la AFIP a un abogado de López y De Sousa. El legajo desapareció y ahora debe ser reconstruido, confirmó una fuente de la causa.

Los Sauces

El caso por supuesto lavado de dinero de la corrupción se centra en los alquiler que López y De Sousa pagaron a la familia Kirchner mientras accedían a contratos con el Estado. La causa está elevada a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio y con un peritaje pendiente que solicitaron las defensas, confirmó una fuente judicial del expediente. 

Es uno de los casos más sensibles para la vicepresidenta Cristian Fernández de Kirchner, ya que sus hijos Florencia y Máximo (jefe de la bancada oficialista en Diputados) están procesados en el expediente por sus roles (muy distintos uno de otro, según los acusadores y las defensas) en el manejo de la empresa Los Sauces SA, que administraba un hotel boutique en El Calafate.

Tanto para los empresarios como para los Kirchner el origen del dinero y de la prestación de los alquileres no es ilícito y por ende, sostienen, no habría habido maniobra de lavado.

Cuadernos

Sobre López y De Sousa pesan dos acusaciones derivadas de las investigaciones de los cuadernos de las coimas. Uno de los expedientes está elevado a juicio oral y público, aún sin fecha de inicio, y es por supuesto cohecho a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública, según la acusación que consta en el expediente. Ambos negaron esas acciones, al igual que la vicepresidenta.

En el segundo expediente, los empresarios fueron procesados por el fallecido juez Claudio Bonadio por una supuesta maniobra de lavado de dinero, junto a otros imputados, en la compra de departamentos en el edificio de Recoleta donde vive la vicepresidenta Fernández de Kirchner. La Cámara Federal revocó esos procesamientos y los acusados están con falta de mérito, confirmó una fuente judicial con acceso al expediente. 

El acueducto

López y De Sousa fueron procesados por el juez Bonadio por supuestas irregularidades en la construcción de un acueducto en Chubut y Santa Cruz, entre el Lago Musters (Comodoro Rivadavia) y Rada Tilly (Caleta Olivia). Fueron acusados de presunta “defraudación contra la administración pública” en el periodo de entre 2013 y 2017, según el expediente.

La investigación se abrió en 2017, a raíz de una denuncia de la Oficina Anticorrupción y se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que planteó que la constructora de los empresarios, CPC SA, habría sido favorecida con la licitación de manera irregular y que la obra no se concluyó, según la denuncia.

El caso está siendo revisado en la Sala I de la Cámara Federal y se espera que se dé a conocer el fallo después de la feria de enero, informó una fuente del tribunal.

ED

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgó licencias para operar el juego online a 7 oferentes, una medida largamente tramitada que puede cambiar la lógica del negocio oficial de apuestas en el principal distrito de la Argentina. La lista de ganadores, mediante un proceso que contó con el aval de la oposición, incluye a empresarios y firmas del exterior y nacionales, algunas de ellas ligadas al oficialismo y/o al macrismo  y/o a otras ramas del peronismo.

Entre los nombres que manejarán un negocio de facturación estimada en US$600 millones anuales se encuentra el accionista de Indalo, allegado al oficialismo y exarrendatario de la familia Kirchner, Cristóbal López; el operador judicial del macrismo y expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; su exsocio Daniel Mautone; y la firma Boldt, que comenzó a pisar fuerte en la actividad gracias a adjudicaciones directas otorgadas por el gobierno de Eduardo Duhalde. En cambio, quedó afuera del negocio online la empresa española Codere que tiene a Argentina como uno de sus principales mercados y enfrenta severos problemas financieros.

Axel Kicillof culminó el proceso de adjudicación que había iniciado su antecesora, María Eugenia Vidal (PRO), y el hecho coincidió con el aval legislativo al presupuesto del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, subrayó Clarín. La resolución de la compulsa fue publicada el 31 de diciembre pasado en el Boletín Oficial de la Provincia y contó con la firma del presidente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Omar Galdurralde, designado en el cargo por consejo del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dijeron a elDiarioAR fuentes del Ejecutivo provincial.

En principio, la provincia que gobierna Kicillof percibirá anualmente US$90 millones a través de Ingresos Brutos y US$60 millones por el canon que recaudará Lotería sobre las apuestas digitales, especificó Clarín. Las empresas deberán abonar $65 millones como cargo fijo único, dijo la resolución.

El marco de la licitación esbozado durante el gobierno de Vidal en diciembre de 2018 exigió que los oferentes debían formar consorcios entre un local, que aportaría 25% del capital, y un extranjero, con el restante 75%, en virtud de la naturaleza de un negocio global al que se accede por internet.

Afortunados

Boldt,la firma de la familia Tabanelli que se había dedicado décadas a la impresión de documentos bancarios, puso un primer pie en los juegos de azar en 1993 a través de Club Keno de la Quiniela Bonaerense, por adjudicación directa firmada por el entonces gobernador Eduardo Duhalde, explicaron los periodistas Ramón indart y Federico Poore en el libro El Poder del Juego.  Bajo el mismo método, Tabanelli ganó espacio en el rubro de tragamonedas, hasta que en 1999 dio el salto al asociarse a su colega Santiago Soldati, de Sociedad Comercial Del Plata, para lanzar Trilenium en Tigre, “el casino más grande de Latinoamérica”. Boldt maneja bingos y tragamonedas en distintos partidos de Buenos Aires otorgados o renovados, en su mayoría, por la gestión de Daniel Scioli. En esta ocasión, Boldt se asoció a Cassava Enterprises, un operador de apuestas deportivas con sede en California, para participar del negocio online, informó La Política Online.

Angelici se anotó como uno de los ganadores de la compulsa mediante Atlántica de Juegos junto a la multinacional de origen canadiense PokerStars, con asiento legal en la Isla de Man. El dirigente de la UCR y articulador de la mesa judicial del macrismo tiene una larga tradición en el negocio de los bingos en la Provincia. La participación en el concurso estaba vedada para dirigentes deportivos, pero Angelici dejó de ser presidente de Boca en diciembre de 2019 y pudo concursar.

El exsocio de Angelici Daniel Mautone, uno de los principales bingueros del país y de la Provincia en particular, consiguió una licencia online a través de Casino de Victoria en asociación con Betsson Malta Holding Limited, una operadora de juegos de azar con sede en Estocolmo, remarcó LPO. En 2011, Mautone, aportante para las campañas de diversos candidatos en las provincias, dijo a Perfil que conocía a Alberto Fernández y se tenían “mutuo aprecio”.

En pleno proceso de recuperación de sus activos e influencia tras enfrentar diversos procesos judiciales durante el macrismo y permanecer detenido casi 2 años, Cristóbal López conformó la sociedad Binbaires junto a Federico Achával y Ricardo Benedicto. Los empresarios argentinos se juntaron con la griega Intralot Internacional. López y su socio en Indalo y Oil Combustibles Fabián De Sousa denunciaron haber sido víctimas de persecución durante el gobierno de Macri, ofensiva que supuestamente incluyó espionaje, extorsiones llevadas a cabo por allegados al entonces presidente y abusos procesales cometidos por Comodoro Py. Los dueños de Indalo enfrentan acusaciones por fraude y evasión impositiva que fueron ratificadas en distintas instancias judiciales. En diciembre, la Cámara Comercial detalló que los dueños de Oil Combustibles incurrieron de manera “sistemática” en “medios ruinosos y fraudulentos” en perjuicio del fisco.  Cuando comenzó el declive del macrismo, Indalo retomó el control pleno de sus medios C5N, Radio 10, Pop Radio y Ámbito Financiero, y sus dueños manifestaron su intención de recuperar todos sus activos.

El perdedor más sonoro del concurso fue la española Codere, responsable del 40% de la facturación de bingos y tragamonedas de la Provincia de Buenos Aires, un negocio que entró en crisis por las restricciones de la pandemia. A través de su subsidiaria Iberargen SA, Codere resultó la peor punteada en la competencia, dijo LPO. La Argentina representa cerca de un tercio del negocio global de Codere, pero sus problemas exceden con creces la filial local y debió reestructurar su deuda.

Hasta la fecha, el juego online estaba desregulado y el Estado no percibía ningún ingreso por esa actividad.

SL

La denuncia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, por la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta, pero también a la del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa. Así lo sostuvieron ante la consulta de elDiarioAR, fuentes judiciales, abogados y funcionarios del propio fisco. 

Este lunes, la titular de la agencia impositiva —cuyo mandato fue renovado el viernes por el presidente Alberto Fernández— presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un informe de más 30 de páginas con los resultados de dichas auditorías, ordenadas en febrero último con el objetivo de determinar si el gobierno de Cambiemos había utilizado la AFIP para “perseguir” y “hostigar” a Cristina Fernández. 

En febrero, la vicepresidenta había denunciado una supuesta “connivencia” de las exautoridades de la AFIP con miembros de la Justicia, resaltó el comunicado enviado este lunes a los medios. La denuncia de la titular del organismo respaldó exactamente esa acusación, según la providencia firmada por Marcó del Pont. El texto fue presentado ante la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. 

La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución".

La denuncia señaló que habrían existido “vías de comunicación alternativas con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales”, mencionó supuestos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, según el comunicado oficial. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, agregó la titular de la AFIP. 

Los cuadernos

Durante las gestiones de Alberto Abad (diciembre 2015-marzo 2018) y Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), la AFIP colaboró, entre otros expedientes, en varias causas por presunta corrupción contra Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios, tanto allegados, como Lázaro Báez y Cristóbal López, como los involucrados en los denominados “cuadernos de la corrupcion” que habría escrito el chofer Oscar Centeno y el caso Odebrecht. 

En Hotesur, por ejemplo, el organismo aportó información amparada en el secreto fiscal para evaluar si los acusados tenían “capacidad de comprar los hoteles”, pero no fue prueba “decisiva” para procesar a la vicepresidenta, sostuvo uno de los magistrados que intervino en el caso.

En una causa contra el financista Ernesto Clarens por presunto lavado de dinero de la corrupción, la AFIP aportó técnicos para el “análisis de los movimientos financieros”. Colaboraron a pedido de la fiscalía de Gerardo Pollicita, indicaron fuentes del caso. 

Existieron vías de comunicación alternativas, con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales".

Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR a cuatro funcionarios del organismo y a fuentes judiciales con acceso directo a los casos Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Corrupción en la Obra Pública y otros expedientes contra la vicepresidenta, los consultados sostuvieron que los aportes “contundentes” de la AFIP fueron únicamente en el expediente de los cuadernos de Centeno. 

En la causa que exploró supuestos pagos sistemáticos de coimas a funcionarios que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli, el aporte del fisco fue a través de la Dirección General Impositiva (DGI), entonces a cargo de Horacio Castagnola. Esa dependencia formó un equipo especial para trabajar los pedidos de Bonadio en el marco de la causa. 

“El organismo no aportó información sobre Cristina por los cuadernos, pero sí se concentró en contestar los oficios de Bonadio sobre las salidas de dinero efectivo de cuentas bancarias de empresarios y empresas. Cotejamos dichos movimientos con las fechas en las que los arrepentidos habían confesado los pagos a los Kirchner”, explicó un funcionario de la AFIP que intervino en el caso durante el gobierno de Macri. “Ahora van a mezclar todo”, agrega. 

Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual".

Este medio se comunicó con Abad, quien afirmó que se enteró de la denuncia por los medios y que, por el momento, no hará comentarios. El vocero de Macri derivó la consulta a Jimena de la Torre, la segunda de Cuccioli, quien se encuentra en Londres, trabajando en el ámbito privado. De la Torre dijo en Twitter: “Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”. 

Un organismo clave

En las auditorías presentadas este lunes en la Justicia, intervinieron la Dirección General Impositiva (DGI) —a cargo de Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner— y dos subdirecciones generales: Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna, según el comunicado oficial.

En diciembre, la gestión saliente y un grupo de históricos de la AFIP que trabajó en casos centrales durante el gobierno de Cambiemos interpretaron el nombramiento de García al frente de la DGI como el desembarco de la vicepresidenta en el organismo. Su hipótesis inicial era que el interés en la DGI no era “ofensivo”, sino “defensivo”. 

Fernández de Kirchner está procesada y camino a juicio por los cuadernos. Los funcionarios relegados tras la llegada de Marcó del Pont por su cercanía con la gestión de Cambiemos sostienen que el objetivo de las auditorías internas es “derribar cuadernos y Oil Combustibles”.

De acuerdo con el relevamiento de elDiarioAR entre fuentes judiciales que trabajaron y trabajan en los expedientes, a excepción de la causa de los cuadernos, en los principales expedientes contra la vicepresidenta, las pruebas aportadas por la AFIP han sido “escasas” o “colaterales” para fundamentar los procesamientos y elevar las causas a juicio oral y público.

Este medio intentó comunicarse con el abogado de Fernández de Kirchner y de sus hijos, Carlos Beraldi, pero no respondió los reiterados llamados al cierre de esta edición. La vicepresidenta y sus hijos siempre negaron las acusaciones judiciales.

Además de representar a CFK, Beraldi también es abogado de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, y querellante en otro expediente en el que sí podría impactar el resultado de las auditorías, según admitió una fuente con acceso al informe que ya tiene la Justicia. 

Oil Combustibles

La denuncia de Marcó del Pont tendría “impacto” en una causa que tiene a su cargo la jueza María Servini contra Macri, exfuncionarios de su gabinete y exautoridades de la AFIP que llevaron adelante la causa penal contra Oil Combustibles (Grupo Indalo), aseguró la fuente con acceso a las auditorías. 

“La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”, dijo el texto de Marcó del Pont.

López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner. 

En los tribunales, algunos de los magistrados que trabajaron y trabajan en el caso estimaron, prima facie, que la denuncia de la titular de la AFIP podría beneficiar a López, según sostuvieron ante las consultas. 

La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas.

“Lo que está impactando en el juicio son los testimonios de miembros de la AFIP que están declarando en el juicio y admitiendo que se cometieron irregularidades y arbitrariedades en el caso”, dijo a elDiarioAR Fabián Lértora, abogado de López, quien descartó que las auditorías puedan incidir en el resultado del juicio.  

Oil Combustibles tenía una deuda por $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación. 

La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. La querella sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria.

En ese expediente, la jueza Servini busca acceder a los cruces de llamadas de Macri y ya citó a indagatoria a los técnicos de AFIP que avanzaron con el caso penal, confirmaron fuentes del caso. 

Ganancias e IVA 

“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, enumeró el comunicado de Marcó del Pont. 

La presentación del lunes, según el comunicado oficial, se centra en presuntas irregularidades en las determinaciones de deuda de Cristina por el pago del impuesto a las ganancias y, en el caso de sus hijos, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el cobro de alquileres de sus propiedades. 

Una de las presuntas faltas que denunció Marcó del Pont es que el organismo no notificó correctamente a Fernández de Kirchner sobre la investigación interna en su contra y eso le impidió defenderse ante el fisco, como marca el reglamento. Sostiene que evitaron notificar adrede a la entonces senadora, obviando, por ejemplo, una notificación personal, en sus domicilios públicamente conocidos o por el boletín oficial.

Marcó del Pont también objetó la “designación irregular de funcionarios a cargo de los procedimientos” y el ingreso a la base de datos fiscales de la vicepresidenta en “miles” de ocasiones —no precisaron el número ante la consulta de este medio— “sin fundamento legal”. 

Ante la consulta de elDiarioAR, una de las exautoridades del organismo, quien pidió reserva de identidad, rechazó que se hayan cometido irregularidades en las fiscalizaciones contra la familia Kirchner y afirmó que siempre actuaron a pedido de distintos juzgados, lo que explicaría, dijo, la cantidad de consultas a los datos fiscales de los Kirchner. “Se les intimó por sus deudas, nada fuera de lo normal”, añadió.

ED