LA SITUACIÓN DEL EXPRESIDENTE

El único procesamiento de Macri pende de un hilo y otras causas centrales en su contra avanzan a paso lento

Macri, durante su indagatoria en el juzgado federal de Dolores, a finales de 2021.

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Con las disputas en Juntos por el Cambio por las candidaturas 2023 y un mayor protagonismo en la escena política, el expresidente Mauricio Macri adosó un buen pronóstico judicial en los últimos días. Su único procesamiento vigente quedó cerca de la nulidad y en las principales causas en las que está formalmente imputado o investigado no se han tomado decisiones trascendentales, por ahora, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

Tras un año de pelea para frenar la causa, Comodoro Py empieza a investigar el espionaje durante el gobierno de Macri

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El presunto espionaje a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan; el expediente penal por el acuerdo de su Gobierno con la empresa de su familia, Correo Argentino SA; el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales; y la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 son las principales causas en las que Macri está formalmente imputado o investigado. También tiene una causa por supuestamente haber presionado al empresario Cristóbal López.

En todos los casos, Macri ha negado las acusaciones. Las cinco causas se encuentran actualmente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Retiro, y se suman a una lista de expedientes que rozan al exmandatario por las acusaciones a algunos de los funcionarios de su mayor confianza y que en algunos casos están relacionados con beneficios y negocios del Grupo Macri.

Antecedentes

Macri estuvo procesado como jefe de Gobierno porteño por las supuestas escuchas ilegales pero fue finalmente sobreseído en diciembre de 2015. El juicio oral y público que debía llevarse adelante contra el resto de los procesados nunca comenzó. El principal era su padre, Franco, fallecido en marzo de 2019. 

En 2001, mucho antes de ingresar en la política pero ya como presidente de Boca Juniors, Macri había afrontado un procesamiento por el presunto contrabando durante su gestión en la empresa Sevel. Al igual que su padre, fue acusado de evadir unos 14 millones de pesos de aquel momento (equivalentes a 14 millones de dólares) por supuestamente cobrar reintegros por exportaciones e importaciones simuladas de autopartes de la empresa automotriz de su familia durante 1993. El caso no llegó a juicio. Ante los planteos de las defensas, la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno absolvió a padre e hijo.

Su tercer procesamiento llegó en diciembre de 2021 y es el único por un caso relacionado con su gestión como presidente de la Nación. Macri fue procesado por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguiera, se infiltrara y espiara a un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación. En esta causa, también quedaron procesados los entonces jefes de la AFI, quienes declararon que la vigilancia a los familiares de los marinos buscó preservar la seguridad presidencial. Sobre ambos exfuncionarios pesan otros procesamientos por otros casos de supuesto espionaje ilegal. 

El viernes último, el fiscal general José Agüero Iturbe dictaminó que el procesamiento de Macri en el caso de supuesto espionaje debe ser anulado, informó la agencia oficial Télam. En su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, tribunal de apelaciones, el fiscal dio la razón a los planteos de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, y determinó que el juez federal de Dolores, Martín Bava, cometió “una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio” al procesarlo por hechos por los que supuestamente no lo había indagado. Bava fue quien procesó a Macri, le prohibió salir del país y lo embargó por una cifra en pesos equivalente a US$1 millón.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería citar nuevamente a indagatoria al expresidente y luego evaluar si debe o no procesarlo. El expediente comenzó en el juzgado federal de Dolores, pero en febrero último fue enviado a Comodoro Py a pedido de las defensas, que sostienen que debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de la Casa Rosada. 

Si bien los jueces de la Cámara Federal porteña no están obligados a cumplir lo dictaminado por el fiscal, la evaluación de Agüero Iturbe dejó a Macri muy cerca de su objetivo inmediato en este caso: que los jueces de la Cámara Federal porteña declaren la nulidad de su procesamiento.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enteraron del dictamen por los medios y al cierre de esta nota no habían analizado la posición del fiscal, confirmaron dos fuentes del tribunal a elDiarioAR. Tampoco han leído el expediente porque el trámite es reciente, pero será el próximo paso de los jueces antes de que se analicen sus votos y traten los planteos en un acuerdo para decidir si anulan el único procesamiento de Macri.

FMI y municiones

Al igual que el caso de supuesto espionaje a familiares del Ara San Juan, que se nutre de documentos e información aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, otros dos expedientes contra el expresidente fueron motorizados por el gobierno de Alberto Fernández: la querella criminal por el acuerdo con el FMI y el presunto contrabando de municiones a Bolivia.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

El fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris

De avanzar la acusación, los imputados también podrían ser alcanzados por una demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado, cuyos trámites ya inició el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El fiscal solicitó en 2021 que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si la firma del acuerdo configura la comisión de delitos penales o si se trató de “una mala política económica” que no puede ser penalizada, explicó una fuente del expediente. La jueza a cargo es Eugenia Capuchetti. A pesar del impulso oficial, los investigadores aún esperan información y documentos clave del Banco Central para avanzar con la causa, agregó la fuente consultada. Buscan determinar quiénes son los portadores de bonos que se favorecieron.

En julio de 2021, una denuncia del gobierno de Fernández abrió un nuevo frente judicial para Macri, esta vez, por el supuesto desvío de una parte de 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

Además de Macri, el fiscal Claudio Navas imputó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y a ex autoridades y miembros de Gendarmería Nacional. 

Por el momento, la fiscalía continúa con la tanda de testimoniales de los gendarmes que integraron el primer grupo que viajó en el avión de la Fuerza Aérea a Bolivia durante el traslado de las municiones y que se instaló en la sede de la embajada, confirmó una fuente directa del expediente. Además, un juez de Bolivia requirió información sobre el caso argentino.

Correo y Cristóbal 

El caso Correo se divide en distintos fueros: la causa por la presunta quiebra fraudulenta de Correo Argentino SA se encuentra aún en los tribunales comerciales (desde 2001); existe un segundo expediente en el fuero contencioso administrativo federal (un fallo reciente de primera instancia no favoreció a Macri); y el expediente penal, en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Desde febrero de 2017, Macri encabeza la lista de imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni (desplazado más tarde de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal), quien solicitó entonces que se lo investigara por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por el preacuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de los Macri. 

En junio de 2016, el ministerio de Comunicaciones aceptó la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada por el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). En marzo de 2019, fueron indagados Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales. Entre sus últimas medidas, solicitó vía exhorto información sobre la compra de créditos de la quiebra por parte del denunciado Meinl Bank, entre otros, informó una fuente judicial con acceso al expediente.

La jueza María Servini tiene a su cargo un expediente penal originado por el empresario Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López, contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños del grupo Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” en 2016 para que los medios de comunicación del grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, y ante la negativa de los empresarios se habrían originado denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos en su contra por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. 

En este expediente, el exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene un pedido de captura y se lo considera prófugo de la Justicia. La jueza ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años.

ED

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