Pampa Energía se sumó al proyecto de Pan American Energy (PAE) y la noruega Golar LNG en la iniciativa para comenzar a producir desde 2027 Gas Natural Licuado (GNL) con fluido de Vaca Muerta, informó la petrolera del empresario Marcelo Mindlin a sus inversionistas.

Según se anticipó, en las próximas semanas se sumará otra petrolera al proyecto y también YPF.  En total, por ahora, serán cinco accionistas.

Pampa Energía será el segundo mayor accionista del proyecto que contempla la instalación del buque de licuefacción “Hilli Episeyo” en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, y que permitirá exportar 11,5 millones de metros cúbicos al día de gas natural. Fue ingresado la semana pasada al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una inversión prevista de USD 3.000 millones.

La empresa de Mindlin se quedará con el 20% de la sociedad Southern Energy, creada por PAE (70%) y Golar (10%), mientras que se comprometió a aportar el 22% de los volúmenes de gas natural desde sus yacimientos en la cuenca neuquina.

“Decidimos sumarnos porque consideramos que es un proyecto muy importante para que el país se transforme en exportador mundial de gas natural licuado”, señaló Gustavo Mariani, CEO y vicepresidente de Pampa Energía. “Esto ayudará a la consolidación de la estabilidad macroeconómica, transformando las inconmensurables reservas que tenemos bajo tierra en divisas que agigantarán la política de superávit comercial”.

Se trata del sexto proyecto ingresado al RIGI, que suma inversiones por casi USD 8.000 millones, y el segundo vinculado al sector de los hidrocarburos.

Actualmente Pampa produce un promedio de 14,5 millones de metros cúbicos de gas natural por día en sus yacimientos Sierra Chata y El Mangrullo en Vaca Muerta, con picos de 17 millones en invierno.

Coca-Cola Andina Argentina firmó un acuerdo de siete años con Pampa Energía para incorporar el uso de energía renovable en tres de sus plantas embotelladoras y en su planta de producción de empaques. La firma del acuerdo contó con la presencia de Fabián Castelli, CEO de Coca-Cola Andina Argentina; Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Argentina y Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía.

Por medio de este acuerdo, Coca-Cola Andina Argentina garantiza una base de consumo de energía de fuente renovable firme del 70% y proyecta inyectar un volumen adicional para alcanzar hasta un 95% de energías limpias en cuatro de sus plantas. La misma será suministrada desde el Parque Eólico Pampa Energía VI, ubicado en Bahía Blanca.

Gracias a este convenio, Coca-Cola Andina Argentina recibirá Certificados I-REC, una certificación de energía renovable internacional recomendada en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG-Greenhouse Gas), que certifica el origen de la electricidad abastecida.

Este acuerdo en Argentina se suma a otros convenios similares entre Coca-Cola Andina y proveedores de electricidad renovable en Chile y Brasil, para potenciar el pilar de “Acción por el clima”.

El gasoducto que será inaugurado esta tarde en la pampa bonaerense con la supuesta presencia de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, obra clave para la economía que viene, invita a constatar el papel cumplido en la materia por Juntos por el Cambio, la coalición señalada como la más firme candidata a ganar las inminentes elecciones presidenciales.

Decisiones y políticas implementadas durante un mandato tan reciente como el de Mauricio Macri habilitan un ejercicio básico para bajar el ruido en la campaña y detectar la presencia de espejitos de colores que trae consigo la promesa de un “país normal”, leit motiv de la derecha recargada.

Una primera respuesta está dada por la estadística oficial sobre construcción de gasoductos desde 1993, primer año tras la privatización del sistema de gas orquestada por Carlos Menem. El punto de partida fueron 10.766 kilómetros (kms) de gasoductos concedidos a privados, que comprendían cerca de 85% de la red existente. La fuente es el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).

1993-1999 (Menem): sumó 1.326 kms.

2000-2001 (Fernando de la Rúa): 736 kms.

2002 (Eduardo Duhalde): 43 kms.

2003-2007 (Néstor Kirchner): 951 kms.

2008-2015 (Cristina Fernández de Kirchner, dos mandatos): 2.167 kms.

2016-2019 (Mauricio Macri): 48 kms.

2020-2023 (Alberto Fernández): 682 kms.

La foto merece prevenciones sobre cuántos de esos kilómetros estuvieron bien planificados, amén de los agujeros negros que supusieron tanto el proceso privatizador de Menem como el intervencionista de los Kirchner. Como sea, la contundencia de los números es explícita.

La privatización de 1992 disparó un modelo de tarifas y precios dolarizados para productores (quienes extraen el gas del subsuelo), transportadores y distribuidores domiciliarios e industriales, que se tradujo en una expansión sensible de la red en el segundo mandato de Menem y el bienio de De la Rúa. Con los Kirchner, comenzó un período de tarifas pesificadas y retrasadas, subsidios, fideicomisos e intervención estatal, sin romper el esquema de concesión. De hecho, los operadores de las dos redes troncales de gasoductos siguen siendo los mismos que ganaron la concesión en la década de 1990, Transportadora de Gas del Sur (hoy controlada por Pampa Energía-Mindlin) y Transportadora de Gas del Norte (en manos de Tecpetrol-Rocca y CGC-Eurnekián).

De Perón a Macri

La ola privatizadora marcó el fin de un modelo de país. El impulso decisivo al uso residencial del gas había sido dado por Juan Domingo Perón entre 1947 y 1949, cuando el Estado construyó el ducto desde Comodoro Rivadavia hasta el Gran Buenos Aires, 1605 kilómetros, entonces uno de los más largos del mundo, según registros de la Secretaría de Energía.

Contrastada con los números, aquella imagen de Macri en la campaña electoral de 2019 golpeando el pavimento y arengando “no se inunda más” demuestra que es más barato pagarle a un asesor de marketing y asociarse a Clarín que invertir en obra pública

Las décadas siguientes avanzaron en el mismo sentido y convirtieron a Argentina en uno de los países con mayores extensión de gasoductos y proporción de su población abastecida por gas natural, muy por delante del resto de los países latinoamericanos. La última gran obra de la conducción estatal del gas correspondió al Gobierno de Raúl Alfonsín, con el ducto Neuba II, de 1.388 kms., que unió Loma La Lata, en Neuquén, con Bahía Blanca, Buenos Aires. Al momento de la privatización, el porcentaje de hogares abastecidos con gas de red era 45%, y hoy alcanza 61%.

El pobre avance de la red de gasoductos entre 2016 y 2019 tiene un correlato en toda la obra pública durante el Gobierno de Macri. Las estadísticas oficiales en cloacas, nuevas rutas y viviendas demuestran que la gestión de Cambiemos estuvo entre las menos productivas de la democracia. Contrastada con los números, aquella imagen de Macri en la campaña electoral de 2019 golpeando el pavimento y arengando “no se inunda más” sugiere que es más barato pagarle a un asesor de marketing y asociarse a Clarín para la propaganda que invertir en obra pública.

Las tibias referencias del mundo Juntos por el Cambio al gasoducto de 573 kilómetros que concentrará la atención hoy en Salliqueló indican que Macri había dejado preparado un llamado a licitación para su construcción antes de dejar el cargo, en 2019. Es cierto.

El proyecto de Cambiemos concebía que la construcción y propiedad del ducto desde Vaca Muerta corriera a cargo de privados, con amplia discrecionalidad en cuanto a la ingeniería, la operación y la fijación del precio del transporte.

El gas tendría un cliente cautivo, la empresa mayorista de electricidad de gestión estatal CAMMESA, que compra energía a los generadores privados (Pampa Energía, YPF Luz, Central Puerto, Genneia, etcétera) y la vende a los distribuidores, también privados (Edenor, Edesur, Edelap, etc.). La generación térmica, base del sistema en la Argentina, se abastece principalmente de gas para generar calor. Cualquiera puede imaginar el margen de negociación del Estado para comprar el transporte de gas a un dueño del gasoducto con potestad para fijar el precio, así como quién podría ser el propietario de la obra. ¿Eventualmente el mismo que produce gas en Vaca Muerta, construye caños de acero, los instala y transporta el combustible?  

El legado de Aranguren

Un capítulo asociado al gasoducto fue la performance de la producción de gas forjada por el modelo de Juan José Aranguren, el primer ministro de Energía de Macri. Cambiemos se encontró en 2015 con la maraña de subsidios, turbiedad y precios distorsionados que signó al área de Energía durante el Gobierno de Cristina. También, con la decisión estratégica de haber estatizado el 51% de YPF y expulsado a la aspiradora de dólares y dilapidadora de reservas Repsol. Con el impulso de YPF asociada a Chevrón, Vaca Muerta había demostrado la viabilidad del negocio y la productividad de sus reservas de petróleo, aunque el gas presentaba un panorama más complejo y retrasado.

Cambiemos se encontró en 2015 con la maraña de subsidios, corrupción y precios distorsionados diagramados por el Gobierno de Cristina. También, con la decisión estratégica de haber estatizado el 51% de YPF y expulsado a la aspiradora de dólares Repsol

Aranguren implementó en 2017 la memorable Resolución 46 para el desarrollo del shale gas en Vaca Muerta. El Estado garantizaría un piso mínimo de US$ 7,50 por millón de BTU —valor muy alto— para los nuevos proyectos de gas no convencional.

Techint presentó su emprendimiento Fortín de Piedra para adherirse al subsidio y realizó una inversión de US$ 1.700 millones entre 2018 y 2019, probablemente la mayor en manos privadas durante el mandato de Macri. Ese yacimiento resultó ser hiperproductivo, pero puso en una encerrona al Estado, llamativamente no prevista por funcionarios con tanta experiencia en el mundo de los negocios.

Ocurrió que la recesión disparada cuando el proyecto de Techint cobraba vuelo (2018, colapso del endeudamiento de Macri) hizo que la demanda de gas bajara, por lo cual, el combustible por el que la empresa de Rocca obtenía un oneroso pago en dólares del Estado dejó de ser demandado. La contracara fue que los otros productores de gas, con YPF a la cabeza, recibieran sólo marginalmente el subsidio de la resolución diseñada por Aranguren, por lo que vendían su producción a precio de mercado. Es decir, lo que Techint recibía US$ 7,50, sus competidores lo vendían a US$ 2 o menos. En consecuencia, la firma de Rocca producía todo lo que podía en Fortín de Piedra, porque el Estado estaba obligado a pagar, mientras el resto, firmas nacionales y extranjeras, cerraba sus yacimientos. Según quien arriesgue una explicación, no está claro si YPF se privó de presentar un proyecto similar al de la empresa de Rocca porque no tenía caja para encarar la inversión inicial o por la confusión de intereses públicos y privados que reinó durante el Gobierno de Cambiemos.

Aranguren y su sucesor, Javier Iguacel, no previeron incluir en la Resolución 46 una cláusula de que el Estado subsidiaría la producción sólo si era necesaria y encontraba comprador. Cuando Gustavo Lopetegui, último secretario de Energía de Macri, intentó enmendar la situación, Tecpetrol inició una demanda y pidió que citaran a Iguacel y Aranguren como testigos a su favor. El juicio por un monto estimado en US$ 642 millones sigue su marcha.

Hasta 2021, Techint había recibido más de US$ 1.200 millones en concepto de subsidios por la Resolución 46, es decir, dos tercios de su inversión inicial. A ello se suma el lucro que recibe la firma por la venta del gas a privados o en el marco de sucesivos planes de promoción del gas.

Cristinismos en pugna

En diciembre de 2019, Alberto Fernández se encontró con una licitación convocada para construir el gasoducto, la prueba —vía las experiencias de YPF y Tecpetrol— de que Vaca Muerta tiene reservas de gas y petróleo prácticamente infinitas y extraíbles a precios competitivos, una caída en la producción de gas a un ritmo del 12% anual —por el desquicio generado por la Resolución 46 y la recesión—, un juicio millonario al Estado, nulo acceso al mercado financiero para solventar inversiones y una pandemia.

En el loteo del Gobierno ideado por los Fernández, el manejo de los resortes de Energía quedó principalmente en manos de La Cámpora y otros cristinismos, con alguna intervención del primer ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Alberto Fernández designó secretario de Energía al ingeniero nuclear misionero Sergio Lanziani, quien llegó sin equipo, sin experiencia en hidrocarburos y sin voluntad de gestión. Hasta hoy, nadie, de ninguna de las tribus oficialistas, atina a dar un porqué de ese nombramiento que no sea la elección de un neutral con antigua militancia en la UCR para no alterar a las fuerzas en pugna.

Juan José Carbajales, hombre con experiencia en ENARSA e YPF en el último mandato de Cristina y línea con Kulfas, ocupó la subsecretaría de Hidrocarburos. Al ritmo que llevaba la caída de la producción de gas, el sistema energético argentino, altamente dependiente de ese combustible, corría riesgo de colapso. Sin jefe operativo ni coordinación posible con otras áreas de Energía, Carbajales ideó un nuevo plan de promoción del gas que bajara el precio y atara el subsidio a la demanda real, y pisó el freno en la licitación del gasoducto legada por la administración Cambiemos.

El limbo Lanziani duró apenas meses. Cuando Darío Martínez —un kirchnerista binorma de Neuquén, con dependencia política de Cristina y llegada a Alberto— fue designado secretario de Energía, en octubre de 2020, plena pandemia, terminó de definir un nuevo plan para el gas con precios fijados a la mitad de los de la resolución de Aranguren y asociados a la demanda de la mayorista de electricidad CAMMESA. Martínez anuló la licitación del gasoducto en manos privadas en diciembre de 2020, al cabo del primer año del mandato de los Fernández.  

Testigo contra sí mismo

En estos días, el cristinismo se aventuró a la versión de que el gasoducto que hoy se inaugurará formalmente no se hizo antes por las trabas impuestas por Martín Guzmán y Kulfas. Enésimo capítulo de “una política del yo”, como tituló el periodista Juan di Loreto, aunque esta vez, el grado de falsedad de la afirmación es tan palmario que despierta hilaridad hasta en fuentes afines a la vicepresidenta.

Cristina apostó tres cabezas clave en Energía durante los primeros años del Ejecutivo del Frente de Todos. Federico Bernal, primer titular de ENARGAS y hoy subsecretario de Hidrocarburos, antes cercano a Julio de Vido; Agustín Gerez, titular de la empresa estatal Energía Argentina SA (ENARSA); y Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Pablo González, presidente de YPF, fue un cuarto hombre, aunque externo al Ejecutivo, proveniente del kirchnerismo santacruceño puro.

Un problema adicional del manejo de la Energía fue que la línea divisoria no estuvo dada sólo por albertistas, cristinistas y binormas, sino que dentro del campo de la vicepresidenta y La Cámpora, las diferencias entre los nombres citados fueron extenuantes.

A grandes rasgos, Basualdo y Bernal encabezaron la postura de que las tarifas debían ser pesificadas y bajas, lo que conlleva subsidios infinitos que benefician a los sectores de mayores ingresos más que a nadie. Un modelo que ya estaba largamente agotado en 2015, cuando el país no cargaba sobre sus espaldas decenas de miles de millones de dólares de deuda externa contraída por Cambiemos ni había pasado una pandemia. Ese prisma ocupó sillas clave de Energía durante más de la mitad del mandato de Alberto Fernández y se cargó a varios ministros, hasta que llegó Sergio Massa y exigió, con instinto de supervivencia, asumir toda la botonera.

El caso Bernal es curioso. Como titular del regulador ENARGAS, presentó denuncias judiciales contra funcionarios de Energía de Macri por haber firmado contratos en dólares para la producción de gas, ya que, en su mirada, debían ser en pesos. Esa denuncia, que prescindía del factor clave de encontrar a alguien dispuesto a invertir dólares en los yacimientos y las infraestructuras para recibir pesos regulados por funcionarios como el propio Bernal, apuntaba a los predecesores de Cambiemos, pero también configuraba una amenaza latente para los responsables de Energía del Frente de Todos. Aunque a precios más bajos, el plan gas de 2020 también garantizaba precios en la moneda estadounidense.

Bernal pasó de ENARGAS a la subsecretaría de Hidrocarburos en agosto de 2022 y desde esa silla avala nuevas rondas del plan gas. Debajo de la línea de la secretaria massista Flavia Royón y sin presencia pública, el funcionario tiene menos campo de acción que en un ente regulador autónomo, señala una fuente del ministerio de Economía. Si Bernal mantiene sus convicciones pesificadoras, podría darse la particularidad de que algún juez lo llame para declarar contra sí mismo.

El desarrollo del plan gas implementado por Martínez, que llevó a batir récords de producción en Vaca Muerta y generó importantes ganancias a las empresas, llevó a que la capacidad de transporte desde Vaca Muerta llegara a su punto límite. Dado que la importación de gas en invierno desde Bolivia y a través de barcos con gas licuado es mucho más cara que el combustible producido en Neuquén, la necesidad de construir el gasoducto se volvió urgente.

El año 2021 transcurrió entre internas del Gobierno y del cristinismo en particular sobre quién llevaría a cabo la obra, el financiamiento, la traza y el modelo de negocios. Antes de la guerra de Ucrania, había voces que hasta sostenían que un gasoducto tan caro, de unos US$ 1.500 millones en su primer tramo, no era necesario, porque Argentina tiene un pico de consumo entre mayo y septiembre y, el resto del año, hay capacidad de transporte vacante. El razonamiento se demostró fallido. Con el diario del lunes, el consenso sobre un ahorro fiscal anual superior a US$ 3.000 millones es unánime.

En junio de 2022, Cristina tuvo la ocurrencia de que el Gobierno debía exigirle a Techint que fabricara el acero para los caños en una planta en Argentina y no en Brasil. No se volvió a mencionar el tema

El llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner tuvo lugar en febrero de 2022, en coincidencia con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar los US$ 44.500 millones entregados al Gobierno de Cambiemos en 2018. Meses después, en junio de ese año, Cristina tuvo la ocurrencia de que el Gobierno debía exigirle a Techint que fabricara el acero para los caños en una planta en Argentina y no en Brasil. Lo hizo en una clase magistral por el centésimo aniversario de YPF con el Presidente a su lado. “Te pido que uses la lapicera”.

El deseo de la vicepresidenta era materialmente imposible. No existía la capacidad instalada para el tipo de tubos necesarios ni estaba en los planes de nadie. La algarada soberanista sirvió para entretener a los suyos esa fría tarde en Tecnópolis y no se volvió a mencionar, ni entonces ni ahora, cuando se elaboran planes para los próximos gasoductos. Una respuesta desarticulada de Kulfas a algunas indirectas de Cristina lo dejó fuera del Ejecutivo.

Desde entonces, el brazo consultor de Juntos por el Cambio y el lobby empresarial disfrazado de periodismo se dedicó a pronosticar que sería imposible llevar a cabo una obra con una logística tan compleja y con tantos actores en juego dentro del plazo previsto. Son voces que circulan por el sistema mediático argentino y juegan al distraído o al francotirador según quién ocupe la Casa Rosada.

El mérito es de nadie

La situación absurda que supone un Gobierno loteado lleva a que prime la disputa sobre quién se lleva el mérito de haber construido un gasoducto clave en apenas diez meses, circunstancia que siembra curiosidad sobre cada gesto de quienes esta tarde supuestamente compartirán una foto en la pampa bonaerense. ¿Otra clase magistral? ¿Un desplante? ¿Empujones?

Una narración racional en un Ejecutivo normal permitiría evaluar que les cabe a Alberto Fernández y a Cristina la decisión estratégica de llevar a cabo el gasoducto; a Carbajales y Martínez, el haber elaborado un esquema que potenciara la producción en Vaca Muerta; a Guzmán, la administración de un presupuesto que garantizara la utilización de recursos generales del Estado para la construcción; a Máximo Kirchner, el impulso al impuesto a las grandes fortunas sancionado en diciembre de 2020 que financió buena parte de la erogación; a Agustín Gerez, titular de ENARSA, la gestión de la obra en un lapso muy exigido; y a Massa, quien llegó al Ministerio de Economía con la licitación definida y el plan de trabajo listo, el haber puesto a todas las áreas en línea hacia un mismo objetivo, sin tentarse con distraer recursos ni bloquear insumos en una época crítica, pese a que el ahorro fiscal comenzará a contar en serio a partir de 2024. Debajo de todos ellos, cientos de técnicos del Estado trabajaron en diseños, permisos y coordinación entre jurisdicciones. Ese mapa, por fuera de la galaxia exótica del Frente de Todos, se llama Gobierno.

El gasoducto Néstor Kirchner comenzará a recuperar el balance energético argentino. Se trata de un primer paso de otros que, con expectativas realistas, configuran un horizonte promisorio, aunque las acechanzas son tantas que en Argentina nunca se sabe. La experiencia indica que la falta de coordinación y la mezquindad consumen tiempo y pueden hacer desbarrancar a un Gobierno, pero también, que el país modélico que prometen los profetas de la iniciativa privada redunda, a la hora de la verdad, en negocios millonarios para viejos conocidos y un avance exiguo de 48 kilómetros de gasoductos en cuatro años. 

SL

SL/MG

La nota fue actualizada a las 10:27 del 10 de julio con la información sobre el gasoducto Neuba II.

Los empresarios Marcelo y Damián Mindlin, accionistas de Pampa Energía y ex dueños de Edenor, fueron sobreseídos este lunes por el juez federal Emiliano Canicoba, del fuero de San Martín, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR. Ambos estaban acusados de haber participado de una presunta maniobra para evadir el impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado a través de facturas apócrifas, entre 2017 y 2018.

Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir el impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones, entre 2017 y 2018. 

El juez también sobreseyó a otras 17 personas indagadas, entre ellos ex ejecutivos de Edenor y dueños y titulares de otras empresas investigadas como usinas de facturas falsas.

La causa se basa en una denuncia que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hace unos cinco años, como ya informó este medio en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios que terminaban pagando las eléctricas.

En sus declaraciones indagatorias, los Mindlin habían afirmado ante el juez que por su entonces posición de directores y accionistas mayoritarios de Edenor no tenían control directo sobre cuestiones de facturación y contabilidad de la principal distribuidora de energía eléctrica del país. Además, aseguraron que, independientemente de ello, Edenor contaba con múltiples controles internos y externos que según los empresarios imposibilitaron la evasión y la compra de facturas apócrifas para evadir impuestos, en particular, dijeron, por los controles del Estado, ya que la compañía tiene participación minoritaria estatal a través de las acciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que absorbió el organismo tras la estatización de las AFJPs. Edenor cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York.

El juez Canicoba sostuvo que el informe de la AFIP que “determinó la deuda imputada en cabeza de Edenor S.A. carece del análisis

concreto de cada una de las operaciones tachadas de inexistentes o simuladas, se basó en una fiscalización formal y conclusiones genéricas, pues en ningún caso su impugnación fue motivada en prueba o elemento objetivo“. El organismo fiscal podrá apelar la decisión del magistrado, ya que es querellante en la causa.

“Quedó acreditado que el suceso investigado no aconteció en tanto con la investigación se verificó la ejecución de las obras y

operaciones documentadas en la facturación declarada en el período 2017–2018 por Edenor S.A. ante el organismo recaudador“, aseguró Canicoba.

Edenor era invetsigada por haber contrato a un grupo de empresas prestadoras de servicios: realizaban obras de mantenimiento de la línea de tensión, soterramientos -por ejemplo en el country Highland- y reparación de veredas en la ciudad de Buenos Aires y zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estas compañías, a su vez, tercerizan parte de estas tareas en otras empresas pequeñas de su misma propiedad para el alquiler de maquinarias y otros servicios. En esa tercerización, habrían inflado costos para evadir y defraudar a la AFIP, según la denuncia del organismo.

La AFIP entendió que las operaciones declaradas por parte de Edenor SA en los ejercicios 2017 y 2018 con las firmas investigadas como proveedoras de facturas falsas “ficticias y/o simuladas”, había dicho el fisco, de acuerdo a lo que refleja el fallo de este lunes.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para elevar los costos de estos proveedores de Edenor y desviar así divisas de la compañía eléctrica, en medio de las restricciones que tenía la compañía para subir las tarifas, subsidios del Estado Nacional de por medio. 

La segunda hipótesis de la AFIP, en la que se concentró el juzgado, es que las facturas simulaban costos altos para elevar los gastos y pagar así menos impuestos a las Ganancias y al IVA.

ED

Los empresarios Marcelo y Damián Mindlin, accionistas de Pampa Energía y ex dueños de Edenor, declararon este miércoles como imputados por la supuesta evasión y fraude fiscal durante su gestión en la compañía eléctrica, confirmaron dos fuentes del expediente a elDiarioAR. Ambos están acusados de haber participado de una presunta maniobra para evadir el impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado a través de facturas apócrifas, entre 2017 y 2018.

Durante la mañana y a través de la plataforma Zoom, los hermanos Mindlin se presentaron de manera virtual ante el juzgado federal número 1 de San Martín, a cargo de Emiliano Canicoba. Previamente, habían presentado escritos con los argumentos de sus defensas y durante las audiencias se remitieron a las explicaciones vertidas en dichos documentos. También respondieron preguntas del juzgado, sostuvo una fuente con acceso directo a la causa.

En los escritos, los Mindlin afirmaron que por su entonces posición de directores y accionistas mayoritarios de Edenor no tenían control directo sobre cuestiones de facturación y contabilidad de la principal distribuidora de energía eléctrica del país. Además, aseguraron que, independientemente de ello, Edenor contaba con múltiples controles internos y externos que según los empresarios imposibilitaron la evasión y la compra de facturas apócrifas para evadir impuestos, en particular, dijeron, por los controles del Estado, ya que la compañía tiene participación minoritaria estatal a través de las acciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), que absorbió el organismo tras la estatización de las AFJP. Edenor cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York.

El juez Canicoba sostuvo en la citación que Edenor habría utilizado facturas truchas de algunos de sus proveedores de tareas de mantenimiento para evadir impuesto a las Ganancias por casi $73,4 millones y evitar también el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por más de $51,2 millones, entre 2017 y 2018. 

La causa se basa en una denuncia que presentó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hace unos cinco años, como ya informó elDiarioAR en 2020. El organismo sostuvo entonces que la maniobra habría sido mucho mayor y que, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de tres eléctricas habrían utilizado facturas truchas por trabajos que facturaron a Edenor, Edea y Edelap con supuestos sobreprecios que terminaban pagando las eléctricas.

Las prestadoras de Edenor investigadas realizaban obras de mantenimiento de la línea de tensión, soterramientos -por ejemplo en el country Highland- y reparación de veredas en la ciudad de Buenos Aires y zona norte de la provincia de Buenos Aires. A su vez, tercerizan parte de estas tareas en otras empresas pequeñas -algunas de su propia propiedad- para el alquiler de maquinarias y otros servicios. En esa tercerización, habrían inflado costos para evadir y defraudar a la AFIP, según la denuncia del organismo.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para elevar los costos de estos proveedores de Edenor y desviar así divisas de la compañía eléctrica, en medio de las restricciones que tenía la compañía para subir las tarifas, subsidios del Estado Nacional de por medio. 

La segunda hipótesis de la AFIP, en la que se concentró el juzgado, es que las facturas simulaban costos altos para elevar los gastos y pagar así menos impuestos a las Ganancias y al IVA. 

El juez citó a indagatoria a los responsables de dos de los proveedores investigados y a otros doce exdirectivos de Edenor durante la gestión de los Mindlin (específicamente los miembros de los directorios de 2017 y 2018). Las audiencias  comenzaron este martes con la declaración del expresidente de Edenor durante la gestión de los Mindlin, Ricardo Torres. El exejecutivo sostuvo que él fue el responsable del manejo de la compañía, apeló a las auditorías internas y los controles a los mil proveedores de Edenor y negó cualquier irregularidad.

Los dueños de Cyse están preparando su defensa y se presentarán a las declaraciones indagatorias ante el juez para defender las obras que realizaron para Edenor.

Las facturas

La investigación judicial se inició en 2017 y hasta el momento la causa sólo tiene procesada a una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial. La mujer siempre negó las acusaciones pero el tramo de la causa en su contra está camino a juicio oral.

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas. 

Algunos de estos proveedores de las eléctricas fueron ingresados en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas no tenían capacidad para brindar los servicios que facturaron a Edenor. Otros de estos proveedores investigados están catalogados por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, también venden facturas a sus clientes con sobreprecios o costos inflados para permitir “la evasión o fuga de divisas”, explicó uno de los investigadores del caso.

Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa.

Réplicas

Uno de los proveedores investigados es la constructora Cyse, del grupo Martínez Christensen. La compañía maneja cuadrillas de trabajo de mantenimiento para las eléctricas y el alquiler de maquinarias para dichas tareas. 

Luego de la denuncia, Cyse se inscribió en una moratoria de AFIP pero el juzgado de Canicoba continuó con la investigación penal. “Los dueños de Cyse están preparando su defensa y se presentarán a las declaraciones indagatorias ante el juez para defender las obras que realizaron para Edenor”, aseguró a elDiarioAR una fuente de la empresa.

Las compañías eléctricas niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. 

Edea y Edelap, distribuidoras eléctricas de La Plata y otras ciudades bonaerenses, también fueron investigadas por la AFIP. Las compañías cambiaron de accionistas y la nueva gestión llegó a un acuerdo con la AFIP: aceptó los reclamos por evasión y pagará el montó reclamado por el organismo. De esa forma, logró extinguir la causa penal en su contra. Sin embargo, los Mindlin y sus ejecutivos optaron por litigar penalmente y defenderse de las acusaciones, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo del caso.

“Los ex directores de Edenor niegan rotundamente cualquier evasión impositiva por parte de la empresa”, respondieron allegados a los ex directores de Edenor.

Edenor cambió de dueños a finales de 2020, cuando los empresarios Mindlin vendieron las acciones de Pampa Energía a los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano, Mauricio Filiberti y un grupo de inversores. Es la distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires.

ED

La relación bilateral entre la Federación Rusa y Argentina es un vínculo, hasta ahora, más fuerte en lo político que en los resultados económicos concretos y eso es lo que pareciera estar en riesgo para el gobierno de Alberto Fernández si acompaña las sanciones de Occidente contra Rusia o una condena a la guerra que apele directamente a Vladimir Putin: la apuesta de un romance que en los últimos años se quedó en un touch and go, según las fuentes consultadas por elDiarioAR.

El romance se basa en acuerdos ambiciosos que lejos, por ahora, de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, continúan vigentes, según informaron dos fuentes oficiales a este medio. Pero poco han avanzado o está previsto que avancen, no sólo por el contexto internacional marcado por la guerra sino por cuestiones propias de Argentina que ya han retrasado otros pactos de colaboración con Rusia. Una fuente oficial del Ejecutivo definió la relación entre Argentina y Rusia como “muy buena primera cita que después no avanza en una relación concreta”. 

“La responsabilidad es nuestra y tiene que ver con nuestras internas y trabas dentro del Estado argentino”, reconoció uno de los hombres que conoce de primera mano los pormenores de la relación bilateral. “Nuestro desorden interno hace muy difícil que los acuerdos marco se consoliden”, sostuvo la fuente, en base, dijo, a la experiencia con los acuerdos marco que se vienen celebrando con Rusia y otros países en la última década.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la guerra con Ucrania como una “invasión” recién el 1° de marzo, durante su discurso por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. A principios de febrero, cuando ya se temía la invasión a Ucrania, había estado más de tres horas reunido con Putin en Moscú y hasta fue invitado al despacho del presidente ruso, algo que algunos señalaron como un gesto diferencial con otros mandatarios en visitas oficiales. Fernández le pidió a Putin que Argentina fuera la “puerta de entrada de Rusia a América Latina”.

“Alberto Fernández fue en el último viaje a abrir la puerta comercial a Rusia -explicó una fuente del Ejecutivo-. Hay que tener en cuenta que somos competitivos en el mercado porque ambos países tenemos cosas similares para exportar. El intercambio comercial está lejos en el ranking de los 50 principales de Argentina”.

¿Cuáles son las bases de esta relación bilateral? El juego de doble nivel, dice un funcionario ante la consulta. “Rusia sirve para abrir otras puertas y plantarse mejor frente a los Estados Unidos a la hora de negociar”, explicó un funcionario del Ejecutivo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner fue quien mejor cultivó ese vínculo con Putin durante sus gobiernos.  

¿Cambiará ese vínculo si prospera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No. “Rusia es vista como fuente de inversiones, pero no es una alternativa al FMI en materia de financiamiento (como lo fue Venezuela entre 2005 y 2008). Si no hay acuerdo con el Fondo, también será más difícil para empresas rusas o chinas invertir en Argentina por el default con el organismo, un previsible endurecimiento de los controles cambiarios y la consecuente incertidumbre respecto del acceso al mercado de cambios”, explicó Ignacio Labaqui, politólogo y profesor de la UCA y la universidad del CEMA.

¿Qué tan necesaria es la relación con Rusia? En términos de comercio internacional, el intercambio es pequeño comparado con países como China, pero la balanza comercial suele ser a favor de Argentina a excepción del periodo 2013-2015, cuando Argentina importó fuel oil, explicó a elDiarioAR Matías García Tuñón, coordinador general de la Cámara Argentino Rusa. “Con la llegada de Macri se cortaron las compras de fuel oil y se recuperaron las exportaciones argentinas”, agregó. 

Los números difieren un poco si se analizan las estadísticas locales y las declaradas por Rusia y reflejadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En 2020, el país exportó US$612,2 millones a Rusia, según datos del Indec. El 87,5% fueron alimentos: leche y productos lácteos, frutas y vegetales, especialmente cítricos; carnes y despojos comestibles; pescados y crustáceos; semillas y frutos oleaginosos.

Según los datos informados por Rusia, Argentina exportó a ese país US$811 millones, una diferencia de US$200 millones con respecto a los datos locales. Sólo representó el 0,4% de sus importaciones globales, aunque los datos son de 2020, cuando el intercambio comercial bajó notablemente. 

La principal importación de Rusia no es material bélico ni nuclear. Es fertilizante, explicó García Tuñón. Según las cifras que maneja la Cámara Argentino Rusa, el país importó casi 500 toneladas de fertilizante por casi US$250 millones en 2021. El Indec sostiene que es más de la mitad del total de importaciones desde la Federación. También se importan productos para la industria petrolera y petroquímica, entre otros.

“Uno de los mejores momentos de la relación comercial fue en 2008. Las exportaciones argentinas rozaron los mil millones de dólares y Rusia casi duplicó las suyas. Rusia volvió a tener records de exportaciones a Argentina entre 2013 y 2015. Esos picos se deben en gran parte a la importación de Argentina de combustible por la crisis energética”, afirmó García Tuñón. “Si bien el comercio bilateral bajó durante los dos primeros años de Macri, cuando cortó esas compras de combustible, pero volvió a repuntar en la última fase de su gobierno”, añadió el coordinador de la Cámara Argentino Rusa.

La vacuna

Sí hay un dato que sobresale en las estadísticas de la Cámara Argentino Rusa: entre 2020 y 2021 hubo un salto cuantitativo en uno de los ítems identificado en la lista de importaciones como “Secreto estadístico”. Se refiere a las vacunas Sputnik. Si bien todas las cifras crecieron el año último por el repunte de la economía global tras el primer año de pandemia, este ítem casi se triplicó entre 2020 y 2021 y pasó de 67.894 toneladas (por US$52,7 millones) a 179.774 toneladas (US$342,8 millones) en el último años. Datos que permiten evaluar cuánto pagó el Estado por las vacunas rusas, que representaron el 25% de las compras a la Federación, afirmó García Tuñón.

En la reunión Putin-Fernández, a principios de febrero, el líder ruso remarcó que “Argentina fue el primer país en Latinoamérica en registrar la vacuna Sputnik” y que “hay mucho potencial para nuestro comercio y ámbito económico y en el último año hemos visto un buen ritmo de crecimiento”, según la agencia Télam.

Una pequeña parte de las importaciones del ítem “secreto estadístico” fueron realizadas por Laboratorio Richmond para la producción local de la vacuna rusa. Una fuente del laboratorio ratificó a elDiarioAR que cuenta con stock de vacunas y que la inauguración de la planta de transferencia tecnológica con la Federación para la producción local y regional sigue en pie, con fecha agendada para octubre próximo.

La fuente del laboratorio también explicó que la provisión del principio activo para la fabricación de la vacuna no estaría en riesgo, por ahora, debido a que las importaciones y exportaciones en materia de salud durante conflictos bélicos cuentan con un salvoconducto por cuestiones humanitarias, como sucedió en Siria, cuando se excluyó este rubro de las sanciones económicas y comerciales. “El principio activo -que no está en stock porque debe utilizarse inmediatamente después de su llegada-  incluso podría transportarse por DHL al igual que los pagos”, afirmó. Aún así, reconocen: “Hace un año, hubiera sido distinto. Hoy no es dramático”

Inversiones y negocios

En 2022, las cifras podrían aumentar nuevamente. En uno de los últimos acuerdos que por ahora avanzaron más, Argentina adjudicó el 31 de diciembre a la empresa rusa TMH la compra de 70 trenes eléctricos por US$864 millones. Las formaciones se destinarán a las líneas Roca, Sarmiento y San Martín. 

La empresa es filial argentina del grupo privado ruso Transmashholding y ya había desembarcado en el país en 2017, durante la gestión de Macri con un anuncio de inversión por US$200 millones para la creación de un polo industrial con talleres de mantenimiento y reparación, y la construcción de una planta de fabricación de trenes. De aquel anuncio, en 2018, la compañía concretó una inversión de US$3 millones para renovar y reabrir el Taller Ferroviario Mechita, en Bragado, según informó el Ejecutivo ante la consulta de este medio.

El área militar es una de las apuestas bilaterales. En diciembre de 2021, ambos ministerios de Defensa fifirmaron un acuerdo que permitirá la admisión de personal militar argentino en instituciones rusas de capacitación de personal de defensa. Los países habían firmado en 2015 el “Diálogo Político Estratégico entre Rusia y Argentina en materia de Defensa”, pero nunca se materializó. 

El acercamiento también viene con ofertas de material ruso de rezago. “La Argentina se encuentra analizando ofertas realizadas por la parte rusa para el suministro de helicópteros Mi-171E y cazas multifuncionales”, informó una fuente oficial, que agregó que “existen posibilidades de cooperación para que la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se constituya en un centro de integración, mantenimiento y coproducción de sistemas aéreos de fabricación rusa tanto para la Argentina como para la región latinoamericana”.

El principio activo de la vacuna -que no está en stock porque debe utilizarse inmediatamente después de su llegada- incluso podría transportarse por DHL al igual que los pagos

Rusia también presentó ofertas comerciales para el suministro de defensa antiaérea y “se está explorando la factibilidad de un emprendimiento conjunto” para “la producción de buques polares y de una lancha rápida de asalto”, agregó la fuente consultada. 

Todo estaba en veremos antes de la guerra en Ucrania. Otra fuente oficial con conocimiento directo de las tratativas, contó a este medio: “Si le encargás, por ejemplo, la construcción de barco a una empresa rusa, ellos te responden con un documento con centenares de preguntas técnicas para diseñar el encargo y ahí se empieza a trabar todo en el Estado argentino por el desorden”, agregó la fuente.

A esas dificultades internas, se suma ahora la restricción que seguramente impondrá a nivel internacional para adquirir material bélico de rezago a Rusia, explicó la misma fuente.

En 2014, Argentina y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Recién en 2018 se firmó la “hoja de ruta”. “Rusia se mostró dispuesta a explorar posibilidades de  cooperación” en el proyecto argentino de reactor modular pequeño CAREM, explicaron en el Gobierno. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está atravesada por una interna entre “pro-rusos”, “pro-chinos” y “nacionalistas”, explicó una fuente oficial. “No se trata de cuestiones políticas, se refiere a los distintos tipos de tecnologías en el desarrollo nuclear. Esto ha trabado mucho el avance del acuerdo por la incapacidad nuestra de ponernos de acuerdo”. 

Rusia es vista como fuente de inversiones, pero no es una alternativa al FMI en materia de financiamiento (como lo fue Venezuela entre 2005 y 2008)

Ignacio Labaqui — Politólogo y profesor de la UCA y la UCEMA.

La gigante Gazprom también ha incursionado en Argentina. En 2015, la gasífera rusa suscribió un acuerdo con YPF para la prospección y extracción conjunta de hidrocarburos en Argentina y en 2019 Gazprom analizó ingresar en la producción de gas no convencional en Vaca Muerta y en el área Fernández Oro, en Río Negro. La mayoría de lo programado por la rusa quedó en la nada, según las publicaciones de los últimos años.

La rusa también había entablado un acuerdo de entendimiento con Pampa Energía, el grupo energético que lidera Marcelo Mindlin, pero nunca avanzó. “Hace meses que no hay conversaciones”, respondió una fuente de la compañía argentina ante la consulta de elDiarioAR.

Los países firmaron también diversos acuerdos de cooperación en salud y cooperación espacial, un área en la que argentinos y rusos mantienen relaciones desde hace décadas. “Hay interés en avanzar en áreas como navegación satelital, misiones espaciales tripuladas y tecnología de lanzadores de satélites”, explicó una fuente del Ejecutivo. Se busca incluso obtener imágenes de la superficie de Venus para 2023 y Argentina podría adquirir material rusa para su proyecto Tronador para poder poner en órbita pequeños satélites. “Los rusos se especializan en motores de propulsión y los exportan incluso a Estados Unidos. son económicos y buenos”, resaltaron en el Gobierno. 

Los rusos

Un privado que ha participado de numerosas reuniones en visitas a Moscú resaltó que a la hora de hacer negocios con Rusia, es muy difícil separar lo público de lo privado. “Muchas veces vas a reunirte con empresarios rusos para cerrar un negocio, algo entre privados, y la presencia del Estado ruso está siempre ahí. Capaz que estás reunido y aparece un diputado ruso, se sienta en la reunión diez minutos y después se va. Todo parece tener la venia del gobierno ruso”, explicó. 

A pesar de que por ahora muchos acuerdos quedaron en pausa o en intenciones, el interés de los rusos existe, no es una ilusión. En diciembre de 2021, una comitiva de 33 empresarios de los sectores de finanzas, movilidad, turismo y energías renovables viajó a Buenos Aires con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el banco ruso Sovcombank para “explorar oportunidades de inversión en Argentina”.

Mantuvieron reuniones con representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos (AAVEA). 

La guerra

La guerra puso el intercambio comercial en pausa, explicó García Tuñón. La recomendación de la Cámara Argentino Rusa a los empresarios argentinos que exportan a ese país es que no envíen sus productos, eviten las operaciones comerciales o cerrar acuerdos por el momento. “Se cortó la cadena de pagos y por el bloqueo aéreo no llegan los documentos para liberar cargas, que tampoco llegan a destino, entre otros problemas”, como consecuencia de las sanciones económicas y bancarias de Occidente. “Vale destacar que no todos los bancos rusos están desconectados del sistema Swift”, resaltó García Tuñón.

A nivel estatal, hasta el momento el principal anuncio de las consecuencias oficiales de la guerra fue el de Aerolíneas Argentinas, que debió suspender su acuerdo con la rusa Aeroflot, debido a que el itinerario de los vuelos contemplaban una escala en Madrid y España cerró su espacio aéreo a Rusia, como otros países de Europa y Estados Unidos.

Argentina no se sumó a las sanciones, por el momento. El Presidente hizo su primera declaración sobre la guerra 15 horas después de la invasión, el 24 de febrero y a través de su cuenta en Twitter pero sin mencionar a Putin. En un hilo de Twitter mostró un tono neutral, apelando “a todas las partes a no usar la fuerza militar”. Luego, escribió: “Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo”.

Dos semanas antes, Fernández había estado en Moscú con Putin para “‘avanzar’ en el acuerdo de asociación estratégica integral entre ambos países”, según informó Télam. 

El Presidente consideraba entonces que “‘este es el momento’ para ir hacia otra etapa de ‘vinculación’ y, en ese marco, le planteó a Putin analizar ‘la manera en que la Argentina se convierta en la puerta de entrada’ de Rusia en América Latina. Una puerta que ya está abierta desde Brasil, principal socio comercial de la Federación en la región y que casi triplica en millones de dólares sus exportaciones a Rusia, según datos de la ONU de 2020. Argentina también era superada por Ecuador, México y Chile, al menos ese año.

Tras las críticas a la declaración de Fernández, vista por algunos sectores como “tibia”, y el silencio de la vicepresidenta, tres días más tarde, Fernández de Kirchner publicó en la misma red social un hilo “refrescando la memoria de algunos y algunas”, en el que hizo referencia a cuando Argentina votó en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor a de la “soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial” de Ucrania. 

La votación había sido propuesta por los Estados Unidos en medio del conflicto por Crimea, entre el país balcánico y Rusia. “Hoy 27 de febrero del 2022, sigo pensando lo mismo”, agregó. Sin embargo, no condenó abiertamente la actual invasión rusa a Ucrania. Tampoco aclaró que doce días más tarde y conversación con Putin mediante, Argentina cambió su posición y se abstuvo de votar a favor de Ucrania en el organismo internacional, como publicó la semana última el periodista Martín Rodríguez Yebra.

Fernández volvió a pronunciarse en la última semana contra la guerra en distintas oportunidades con un tono más duro contra Rusia y cambió “acciones emprendidas” por “invasión a Ucrania”, aunque sin apelar a Putin directamente para el cese de la guerra. El lunes, el canciller, Santiago Cafiero, condenó la invasión rusa en su discurso ante la ONU.

ED

A dos semanas de las PASO, Marcelo Mindlin se sumó a la campaña del Frente de Todos. El dueño de Pampa Energía participó el jueves pasado de una recorrida por la Central Térmica Ensenada Barragán junto a Axel Kicillof y los candidatos del peronismo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. 

En el acto, que tuvo como protagonista principal al gobernador bonaerense, también estuvieron el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez; el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni y el intendente de Ensenada, Mario Secco. 

Pampa Energía es socia de YPF desde 2019 y avanza en el Cierre de Ciclo Combinado de la Central Barragán, un proyecto que contempla una inversión de 220 millones de dólares y emplea a 1500 trabajadores en forma directa con el objetivo de duplicar la generación de electricidad y aumentar la potencia instalada de 567 MW a 847 MW.

Mindlin quiso estar presente. Así se lo confirmaron a elDiarioAR dos de los presentes. Lo hizo acompañado por la plana mayor del holding: su hermano Damián Mindlin, vicepresidente de Pampa Energía y el CEO de la empresa, Gustavo Mariani. 

El encuentro había sido organizado por Tolosa Paz y el presidente de la fundación Pampa Energía Pablo Díaz, dos platenses que ya habían interactuado durante 2020, cuando la compañía de Mindlin colaboró con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que dirigía la ahora primera candidata a diputada en territorio bonaerense. 

La Central Térmica de Barragán fue adjudicada por la gestión de Mauricio Macri, a mediados de 2019, al consorcio integrado por YPF y Pampa Energía. El cierre de ciclo combinado se inició en 2020 y Kicillof espera que esté concluido en mayo del año que viene. Según dicen en la empresa, será la obra más grande y más moderna en su tipo de América Latina. 

A pocos días de las legislativas en las que el Frente de Todos se juega parte de su futuro, el acto tuvo un evidente componente político. El empresario que este año le vendió Edenor al holding liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti venció las resistencias del kirchnerismo y fue expandiendo su radio de influencia en la alianza oficialista. A su vínculo histórico con Sergio Massa -que se intensificó en el tiempo en que los dos estuvieron enfrentados con el cristinismo- Mindlin le sumó primero una relación de lo más estrecha con Alberto Fernández y ahora una reaparición en plena campaña con Kicillof. El Presidente, que en la batalla electoral de 2019 lo denunciaba en público como uno de los amigos de Macri beneficiados por el tarifazo, ahora lo considera un empresario modelo, tal como lo expresó el año pasado durante la inauguración de la ampliación de otra central de Pampa Energía, la de Genelba, en la localidad bonaerense de Marcos Paz. 

Con el gobernador bonaerense, la relación no es nueva: se remonta a los años del último cristinismo, cuando Cristina Fernández de Kirchner desplazó a Julio De Vido y sentó a Kicillof como interlocutor de Mindlin en el rubro energético. El entonces viceministro de Economía de Kicillof, Emmanuel Álvarez Agis, se convirtió en director estatal de Edenor y trabó un lazo de confianza con la empresa. Algo de eso se habló en la reunión que mantuvieron funcionarios, candidatos y directivos de la firma, después de la recorrida en la que el gobernador bonaerense recibió saludos de los obreros de la UOCRA y Luz y Fuerza que trabajan en la obra y se mostró dispuesto a todas las selfies. 

Fue Kicillof el que recordó que, durante el último gobierno cristinista, Mindlin le había hablado de la oportunidad que representaba para YPF comprar los activos de Petrobras en Argentina y contó en la mesa cuál había sido su respuesta. 

-Comprala vos, nosotros no tenemos margen. 

Fue lo que hizo Mindlin, en una operación en la que vendió su participación en la gasífera TGS e invirtió casi 900 millones de dólares para quedarse con el 67,2% de la filial argentina, incluidas las estaciones de servicio y la refinería de Bahía Blanca de Petrobras. Cuando la compra se concretó, en 2016, el que gobernaba era Cambiemos y Mindlin iba camino a quedarse también con IECSA, la histórica constructora del clan Macri que estaba en manos de Angelo Calcaterra. 

Una vida después, el dueño de Pampa Energía vuelve a mostrarse cerca del peronismo kirchnerista como parte de una asociación que parece redundar en beneficios para todos. Para el gobernador bonaerense, Barragán es una de las obras más importantes de la provincia. Para Mindlin, Kicillof tiene un sinnúmero de virtudes: está a cargo de la gestión en el distrito más importante del país -algo que Massa no puede ofrecer- y es una puerta de ingreso al universo más cercano a la vicepresidenta de la Nación, algo que Fernández no garantiza. 

En la mesa de Barragán, Mindlin se encargó de remarcar su decisión de permanecer en el país e invertir en Argentina mientras otros empresarios se van a vivir al exterior. De hecho, enseguida surgió la comparación con otros distinguidos hombres de negocios que acostumbran a despotricar contra el kirchnerismo.

Cuestionado hasta hace no tanto por el Instituto Patria, Mindlin dio en público un paso más para redimirse de su cercanía con el macrismo y posicionarse ahora como uno de los empresarios más afines al Frente de Todos. Muy lejos parece haber quedado también la denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, Fernanda Vallejos y Adrián Grana contra la privatización de la central que decidió Macri y su posterior adjudicación: según los querellantes, el Estado había perdido U$S 76.376.500 millones con la obra por la que YPF y Pampa habían pagado U$S 229.529.500. También la ampliación de denuncia que hizo en agosto del año pasado, el ex titular de EASA (la ex ENARSA), Andrés Cirigliano, ante el juez Sebastián Casanello. Cirigliano fue reemplazado en febrero pasado por el santacruceño Agustín Gérez.

DG

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó con dos multas por un total de $ 31,87 millones a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener por un apagón masivo que se registró el 16 de junio de 2019, que afectó al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y dejó sin servicio a toda la población durante horas.

Lo hizo a través de dos resoluciones sintetizadas, la 121/2021 y la 124/2021, publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

La primera de ellas multó a la transportadora en $ 511.600,04 por no haber estado en condiciones de informar el origen del evento en cuanto al funcionamiento de sus protecciones, hasta varias horas después de ocurrido.

El Ente precisó que se trata de un monto equivalente a dos veces la remuneración que la empresa recibe por capacidad de transporte para líneas de 500 kilovoltios por cada 100 kilómetros.

En la segunda resolución, la sanción asciende a $ 31.367.069,25 debido a las indisponibilidades de su equipamiento registradas durante junio de 2019.

Entre ambas resoluciones, la multa a Transener totaliza los $ 31.878.669,29.

El viernes pasado el ENRE concluyó que “la acción negligente” de Transener fue la responsable del apagón masivo que se registró el 16 de junio de 2019.

De esta manera, la intervención del organismo regulador decidió sancionar a la empresa debido a “las indisponibilidades de su equipamiento” al momento del apagón, ocurrido el Día del Padre, así como avanzar con el proceso sancionatorio a 300 agentes distribuidores y grandes usuarios del Mercado Eléctrico.

El ENRE, a través de las Resolución 03 del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorios, determinó que “Transener SA incurrió en acciones contrarias a las obligaciones asumidas dada su particular condición de prestador monopólico del servicio público de transporte de energía eléctrica”.

En este sentido, el ente con apoyo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) determinó que la transportista “incurrió en errores operativos que llevaron al sistema a una situación de colapso el 16 de junio de 2019, afectando la seguridad y confiabilidad del mismo”.

Qué es Transener

Como operadora de la red nacional, Transener está integrada por casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión, adicionando los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Transba).

Trensener tiene control accionario mixto, ya que la empresa Pampa Energía y el Estado nacional cuentan con el 51% de las acciones a través de la empresa Citelec, mientras que el 49% restante está en oferta pública.

Por su parte, el ENRE está llevando a cabo el proceso sancionatorio de los más de 300 agentes distribuidores y grandes usuarios del Mercado Eléctrico a los que ya se le formularon cargos; a los generadores por falla en el arranque en negro y desconexión anticipada; y al resto de transportistas involucradas en el hecho.

Cómo fue el apagón

A las 7.06 del tercer domingo de junio de 2019, en coincidencia con la celebración del Día del Padre, una sucesión de fallas producidas en apenas 30 segundos provocó el mayor blackout de la historia del país.

Su dimensión le valió entre los especialistas el nombre del “Apagón del Siglo”, porque fue tan amplio que trascendió al territorio argentino y se extendió a sectores de Brasil y Uruguay, y porque 50 millones de personas resultaron afectadas, más que la población del país.

Los 868 minutos, poco más de 14 horas, que demandó restablecer por completo el SADI en todo el territorio, de acuerdo con el informe de Cammesa aún disponible en su página web que detallan las alternativas técnicas del apagón masivo, reflejan la complejidad del suceso.

Con información de agencias.

IG

Pampa Energía, la empresa privada de energía más diversificada de la Argentina, le vendió Edenor, la mayor distribuidora de electricidad de Sudamérica por número de clientes, al grupo de empresarios Vila-Manzano-Filiberti, según aseguraron Pampa y Edenor en comunicados oficiales a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Los compradores se harán cargo del control de la distribuidora de electricidad, que tiene un valor de de mercado de US$ 159 millones, pagando alrededor de US$ 100 millones, de los cuales US$ 5 millones abonará en efectivo en los próximos siete días y el restante en dos cuotas que incluirán una tasa de interés anual del 10%. También entregaran un paquete de acciones clase B de la empresa cuyo valor de mercado es de alrededor de U$S 5 millones. Edenor tiene una deuda financiera compuesta mayoritariamente de US$ 98 millones en un bono que vence en octubre de 2022 y que paga 9.75% de intereses anuales.

El acuerdo, que estaba cerrado desde esta mañana, tuvo que ser comunicado por la empresa vendedora antes del cierre de los mercados ya que la noticia adelantada por este medio movió las cotizaciones bursátiles de las involucradas.

El bono de Edenor, con vencimiento el 25 de octubre de 2022, cotizaba al mediodía en 80 centavos por cada lámina de 100 y hubo al menos una venta que le hizo subir el precio a 90 centavos. La suba se explica porque ese bono incluye una cláusula de cambio de control que obligará a Edenor a pagar 101 centavos por cada lámina de 100 más los intereses hasta 2022 por el cambio de la accionistas mayoritarios. Pampa controlaba Edenor con el 51% de las acciones clase A, que ahora pertenecerán a Energía del Cono Sur, Integra Capital, Daniel Eduardo Vila, Mauricio Filiberti y José Luis Manzano.

La venta, como es de forma, está supeditada a la aprobación de los accionistas de Pampa Energía y al visto bueno final de los reguladores, el ENRE y la secretaría de Defensa de la Competencia, por lo que la aceleración del pago del bono puede llevar tiempo.

El mercado castigó a la acción de Pampa Energia, que perdió 3,4% su valor en la Bolsa de Buenos Aires y premió a las acciones de Edenor, que subieron un 1% su cotización.

Pampa se retira de la distribución de electricidad para enfocarse en la producción de gas y en la generación de electricidad, aseguró la empresa en un comunicado de prensa.

Apenas horas antes de que las partes sellaran el acuerdo de compra-venta, Edenor se había asegurado recibir $ 3.143 millones de parte de las arcas del Tesoro luego de firmar un acuerdo con el ENRE, el regulador del mercado eléctrico de la Argentina.

 “El Estado Nacional se compromete a realizar un aporte público y transferir a EDENOR los montos equivalentes a los consumos de energía eléctrica provistos a ciertos barrios populares dentro de su área de concesión, realizados durante el período octubre 2017 a diciembre 2020,” dijo Edenor a la Bolsa. “Por su parte, EDENOR se compromete a aplicar la totalidad de dichas sumas a la ejecución de un plan de trabajo preventivo y correctivo por la suma de $ 3.143 millones, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y el estado de su red eléctrica.”

Edenor es dueña de una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 4.637 kilómetros cuadrados con una población de aproximadamente nueve millones de habitantes. En 2019, Edenor vendió 19.974 GWh por aproximadamente $ 73.669 millones y una ganancia neta de $ 9.873 millones.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del poder Ejecutivo, solicitó que se investigue por presunto lavado de dinero a las compañías eléctricas Edenor, Edelap y Edea, según un comunicado oficial del organismo. Las empresas son blanco de un expediente por presunta evasión y defraudación al fisco por el supuesto uso de facturas falsas, que está a cargo del juez federal de San Martín Emiliano Canicoba, confirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La investigación judicial se inició en 2017. Las compañías niegan las acusaciones y apuntan a sus proveedores —principalmente, prestadoras de mantenimiento y obras— como los supuestos responsables de “inflar costos” a través de la facturación apócrifa, según consta en la causa. Ante la consulta periodística, la compañía negó ser parte de la maniobra investigada por la Justicia federal de San Martín.

“Edenor recibe servicios y productos de mas de 1.000 proveedores anualmente y en todos los casos la realización de trabajos y prestación de servicios cumple con la legislación vigente. Tales contrataciones están, siempre, debidamente registradas y auditadas y a disposición de las autoridades competentes”, comunicó la empresa a este medio. “Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones. Estándares nacionales e internacionales exigidos como compañía que cotiza en Bolsa tanto en Argentina como en Nueva York”, agregó Edenor. En febrero, luego de haber sido allanada por orden del juez de San Martín, dijo a Perfil que dio de baja a algunos de los proveedores investigados.

Edenor, distribuidora de electricidad en el área metropolitana norte de Buenos Aires, forma parte del grupo Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, un empresario que expandió sus activos en la primera década del siglo, y se potenció como uno de los principales actores del sector energético durante el gobierno de Mauricio Macri. Su vínculo con la familia del expresidente creció a partir de la compra, en 2017, de la firma IECSA, una de las principales contratistas del Estado que los Macri habían cedido a Angelo Calcaterra —primo del exmandatario— en 2007.

La empresa de distribución eléctrica de Mindlin es un objetivo por estos días del expolítico y empresario José Luis Manzano, quien se encuentra en tratativas para adquirirla, como informó elDiarioAR este domingo.

Todos nuestros proveedores también están sometidos a los mismos estándares de registro y auditoría que Edenor utiliza en todas sus operaciones.

Edelap y Edea prestan servicio en la provincia de Buenos Aires y pertenecen al Grupo DESA, de Rogelio Pagano, exdirectivo de Pampa Energía. En el grupo dijeron al elDiarioAR que “la investigación es sobre proveedores contratados por las distribuidoras cuando eran controladas por el accionista anterior, Disvol, entre 2015 y comienzos de 2017” y que “los proveedores investigados fueron dados de baja cuando el Grupo DESA asumió el control de las distribuidoras, de acuerdo a sus prácticas e implementación de nuevos procesos de gestión y control de contrataciones”. “Sólo uno de los proveedores mencionados (en la causa) continuó prestando servicio de cuadrillas”, agregó la empresa de Pagano.

“Desde el comienzo de la investigación, Grupo DESA prestó total colaboración con el personal de la AFIP, poniendo a su disposición toda la información con la que se contaba de los exproveedores”, argumentó.

La exaccionista señalada, Disvol, era entonces de Alejandro MacFarlane. El empresario no había contestado la consulta de este medio al cierre de esta nota.

Coincidentemente, las tres compañías están siendo investigadas por utilizar los mismos proveedores sospechados, confirmaron fuentes de la causa. A su vez, los accionistas y exaccionistas de las tres eléctricas estuvieron vinculados, ya que en 2012, Macfarlane dejó de ser accionista de Edenor y adquirió Edelap y Edea. En 2017, vendió ambas empresas a Pagano, que había sido accionista de Pampa. 

La hipótesis de lavado

El organismo antilavado, a cargo de Carlos Cruz, un abogado y académico de confianza del presidente Alberto Fernández, informó este lunes que solicitó al juez de San Martín ser aceptado como querellante para aportar información. Si el magistrado aprueba su pedido, la UIF podrá acceder a la causa y proponer medidas de prueba. 

La UIF quiere “promover una investigación por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados, profundizando la búsqueda respecto de bienes adquiridos con dinero ilícitamente obtenido”, dijo el comunicado.

La causa está caratulada como presunta “defraudación e infracción a la ley penal tributaria”. El juez Canicoba encargó a principios de 2019 un peritaje informático a la Policía Federal para analizar una serie de dispositivos, computadoras, teléfonos y discos rígidos secuestrados durante una serie de allanamientos a los contadores y empresas dedicados a la elaboración de las supuestas facturas truchas, y a las propias eléctricas, afirmó una fuente con acceso al expediente. El juzgado estima que los resultados estarán alrededor de marzo, agregó.

En su presentación ante el juzgado, la UIF solicitó “que se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se pesquise la exteriorización de bienes relacionados con el dinero ilícitamente obtenido”.  

“Según las estimaciones de la AFIP, la trama investigada ascendería a un total de ventas netas de $1.553.163.035”, al menos entre 2015 y 2016, dice el comunicado. El perjuicio fiscal se encuentra aún indeterminado, pero en un informe preliminar, la AFIP lo había estimado en al menos $900 millones, según dos fuentes independientes entre sí con acceso al expediente judicial. 

La causa

Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporado a la causa, entre 2015 y 2019, un grupo de pequeñas y medianas empresas que oficiaban como proveedores de estas tres eléctricas habrían presentado facturas truchas a Edenor, Edea y Edelap por servicios con supuestos sobreprecios.

Una de las hipótesis de la investigación es que este circuito serviría para evadir impuestos y fugar divisas del país, extremo engado por Edenor, Edelap y Edea.

Algunas de estas proveedoras incluso fueron ingresadas en el registro de firmas apócrifas de la AFIP, lo que para el fisco significa que estas sociedades anónimas emitieron facturación falsa y no tienen la capacidad de brindar los servicios que facturaron a Edenor, Edelap y Edea. Otras están catalogadas por el fisco como “usinas mixtas” de facturas falsas, según el expediente. Se trataría de empresas reales, pero que además de prestar servicios de obras y mantenimiento, tienen otro nicho: facturar con sobreprecios o inflar costos para permitir “la evasión o fuga de divisas”, explicó uno de los investigadores del caso. 

En 2019, los investigadores de la AFIP buscaban establecer si parte del dinero negro que generaban estas proveedoras con las facturas apócrifas regresaba en negro al cliente, es decir a las eléctricas.

En la causa, hasta el momento, la única persona procesada es una contadora que trabajaba para algunos de estos proveedores investigados, informó una fuente judicial. La contadora siempre negó las acusaciones.

ED