La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Gobierno al Congreso el 17 de septiembre. El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se reunirá a las 12 para una primera jornada informativa.

La iniciativa había sido anunciada por Milei en la cadena nacional del 3 de septiembre, dedicada a la cuestión Malvinas. El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y ampliar el régimen de sanciones para quienes realicen actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos e insulares y la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

El cronograma que maneja el oficialismo prevé que las comisiones avancen con el dictamen el martes 6 de octubre. Pretenden que el proyecto pueda llegar al recinto el miércoles 7, en una sesión que también incluiría iniciativas sobre discapacidad y sobreendeudamiento.

Un régimen más amplio de sanciones

El proyecto extiende el alcance de la legislación vigente, que estaba concentrada en las actividades hidrocarburíferas. La nueva propuesta abarca el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin habilitación argentina y contempla sanciones administrativas para las personas y empresas involucradas.

Entre las multas previstas se encuentran montos equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo. El régimen también contempla la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar durante períodos de entre cinco y veinte años.

Las consecuencias previstas para quienes resulten sancionados incluyen además la imposibilidad de desarrollar determinadas actividades económicas en el país, la pérdida de beneficios impositivos o previsionales, la revocación de habilitaciones y la prohibición de contratar con organismos estatales.

El proyecto incorpora también nuevos delitos y eleva las penas para distintas actividades vinculadas con la exploración y explotación no autorizada de recursos. Para algunas de las conductas previstas, las escalas penales llegan hasta los 20 años de prisión. También establece multas calculadas en barriles de petróleo y sanciona a quienes suministren bienes o servicios considerados esenciales para la realización de esas actividades.

Otra de las herramientas incorporadas es la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos incluidos en el régimen. A la vez, el texto crea un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades alcanzadas por las prohibiciones.

Modifica el sistema de seguridad nacional

El proyecto también crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

El organismo tendría entre sus funciones la coordinación de políticas vinculadas con la defensa, la diplomacia, la economía, la inteligencia y la protección de infraestructuras consideradas críticas. El texto también propone modificaciones a la Ley de Defensa Nacional y establece disposiciones para los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre.

Además, la iniciativa incorpora nuevos delitos relacionados con amenazas a la seguridad nacional, entre ellos figuras vinculadas con la influencia extranjera, el espionaje, la interferencia electoral y determinadas campañas coordinadas de desinformación.

Entre 2024 y 2025, el Gobierno invirtió al menos US$1,2 millones en tecnologías de vigilancia. Contrató a Clearview AI, empresa de reconocimiento facial cuestionada en distintos países por construir su base de datos con millones de fotografías extraídas de internet sin consentimiento. También se hizo de una licencia de Maltego, plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) que permite cruzar información de redes sociales, la dark web y datos personales. Adquirió drones con cámaras térmicas y estaciones terrestres de seguimiento en tiempo real.

La profundización del aparato de videovigilancia de la gestión de Javier Milei fue revelado por Amnistía Internacional, que presentó este miércoles en su capítulo local el informe "Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino". El documento reconstruye cómo la administración libertaria, junto con el gobierno porteño de Jorge Macri, ampliaron en los últimos años las herramientas de vigilancia estatal sin debate legislativo previo ni mecanismos de control externo.

“Hay prácticas tecnoautoritarias en la Argentina”, resumió Matt Mahmoudi, investigador y asesor de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, durante la presentación a la que accedió elDiarioAR.

El informe fue elaborado a partir de pedidos de acceso a la información pública, del análisis de los portales de compras estatales ComprAR y BA Compras, y de entrevistas a 21 personas —periodistas, activistas, jubilados, jóvenes y defensores de derechos humanos— sobre cómo perciben y viven la vigilancia estatal. Según la organización, ese conjunto de reformas normativas, nuevas estructuras operativas y contratos con empresas privadas configura “un nuevo paradigma” de seguridad que multiplica la capacidad del Estado para identificar, perfilar y monitorear a la población sin las garantías que exige el derecho internacional de los derechos humanos.

El informe describe un conjunto de reformas institucionales impulsadas por decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso: el DNU 945, que modificó el sistema de inteligencia nacional y amplió las definiciones de “amenaza” bajo un régimen de mayor reserva; la reforma del estatuto de la Policía Federal, que formalizó el monitoreo de redes sociales sin autorización judicial bajo la figura del “ciberpatrullaje” y habilitó el uso de identidades digitales ficticias por parte de agentes encubiertos; la creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia; el Protocolo Antipiquetes, que habilita la intervención de fuerzas federales en manifestaciones sin orden judicial y promueve la identificación y el registro de manifestantes; y la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), dependiente del Ministerio de Seguridad, con funciones de reconocimiento facial, monitoreo digital y predicción del delito, sin mecanismos específicos de control externo.

“Esto avanza sin debate legislativo, sin impacto en los derechos humanos, sin controles ni monitoreo. Hay un oscurantismo impresionante sobre esta agenda”, planteó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. La activista señaló que no existe información pública sobre la cantidad de cámaras desplegadas ni sobre la trazabilidad de las imágenes que capturan, y recordó que la Policía Federal ya reconoció que utiliza sistemas de reconocimiento facial ex post, es decir, para identificar personas a partir de imágenes ya registradas. “Está judicializado el DNU de la SIDE y aún estamos peleando qué jurisdicción lo agarra. También el protocolo antipiquete, pero sigue apelado. No dejaremos de insistir en el rol independiente del Poder Judicial”, agregó.

Mahmoudi, por su parte, distinguió tres tipos de tecnología que integran ese entramado: la inteligencia de fuentes abiertas para monitorear redes sociales y la deep web, que permite reconstruir de forma automática y sin control judicial los movimientos y vínculos de una persona; el reconocimiento facial y la vigilancia biométrica masiva, que a diferencia de la verificación “uno a uno” de un teléfono celular compara una imagen contra bases de datos con millones de rostros y puede operar en vivo o de manera retrospectiva; y las prácticas de policiamiento predictivo, que usan datos históricos para estimar dónde puede cometerse un delito.

“El reconocimiento facial no es legal, y se usa de manera innecesaria y desproporcionada”, afirmó. Sobre los sesgos de esas herramientas, sostuvo que las prácticas policiales basadas en estos sistemas “reproducen e institucionalizan sesgos bajo la apariencia de neutralidad técnica, pero eso son excusas, porque profundizan la discriminación de comunidades ya racioalizadas”, en referencia al despliegue desigual de cámaras y patrullajes sobre zonas y comunidades ya sobrerrepresentadas en los registros policiales.

El informe también repasa los pedidos de información que Amnistía envió a la Secretaría de la Presidencia y a la Cancillería, que no fueron respondidos de forma sustantiva. Uno apuntaba a conocer el contenido de la reunión que altos funcionarios del Gobierno mantuvieron con el empresario Peter Thiel, fundador de Palantir, cuya compañía en Estados Unidos provee herramientas de identificación facial para operativos migratorios. “Las respuestas del Gobierno son vagas. No hay certezas sobre contrataciones o servicios de Palantir hacia el Gobierno”, dijo Mahmoudi. Otro pedido indagó sobre el acuerdo de swap de monedas firmado con Estados Unidos en 2025, uno de cuyos puntos habilita la transferencia de datos con fines de identificación; según la organización, la respuesta de Cancillería también fue imprecisa.

No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva

Matt Mahmoudi — Asesor de Amnistía Internacional

Un capítulo central del informe está dedicado a lo que Amnistía denomina “efecto inhibidor” o chilling effect: el modo en que la sola percepción de estar siendo vigilado modifica el comportamiento de las personas, incluso sin que medie una represalia concreta. A partir de las 21 entrevistas realizadas, la organización relevó una reducción en la participación en manifestaciones, cambios en las estrategias organizativas de activistas y de la sociedad civil, migración hacia plataformas de comunicación consideradas más seguras y autocensura en redes sociales, con impactos particulares sobre trabajadores de prensa, activistas y personas migrantes. “No hay forma de utilizar la tecnovigilancia a favor de los derechos humanos. Esto se basa en imágenes de personas sin consentimiento. La tecnología no puede funcionar sin vigilancia masiva”, sintetizó Mahmoudi.

Amnistía Internacional le escribió además a Clearview AI para trasladarle sus hallazgos y pedirle una respuesta, pero al momento de la publicación del informe no había recibido contestación de la empresa. La organización sostiene que Clearview debería suspender el desarrollo, la venta y la exportación de tecnologías de reconocimiento facial en la Argentina mientras no realice una evaluación pública de impacto en los derechos humanos. Entre sus recomendaciones, Amnistía le pide al Gobierno y al de la Ciudad que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías biométricas de vigilancia masiva y discriminatoria; que suspendan de inmediato las herramientas ya desplegadas sin base jurídica específica ni evaluación de impacto; que se transparente la estructura y el presupuesto de la UIAAS; y que el Congreso ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, hoy inactiva. “Tenemos un espacio cada vez más chico para ejercer nuestros derechos. Tenemos que hacer sonar la alarma”, cerró García Rey.

MC

Los demócratas pidieron el martes que se celebrara una sesión informativa en el Congreso sobre una sorprendente farsa en la que Donald Trump fue trasladado en secreto en un contenedor de catering a otro avión distinto al que el público y la prensa creían que estaba utilizando. Los críticos se preguntan ahora por qué se había engañado deliberadamente a los periodistas y al público.

Cuando los servicios de inteligencia estadounidenses supuestamente detectaron una amenaza creíble de que Irán planeaba asesinarlo el mes pasado, Trump abandonó el Air Force One en un camión de catering, un episodio del que informó por primera vez el Washington Post y también el New York Times. Mientras el presidente salía a escondidas por la puerta lateral del avión, más de un centenar de asesores, funcionarios y periodistas permanecieron a bordo para volar hacia Gran Bretaña, sin que se les informara de que sus vidas corrían peligro.

“Parece que la idea era que podíamos reducir el peligro para el presidente Trump ofreciendo a unas 100 personas para que los iraníes las mataran en su lugar”, afirma Steven Cash, director ejecutivo de Steady State y antiguo agente de inteligencia de la CIA y asesor principal de la división de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional.

Trump confirmó el martes que cambió de avión en secreto, pero afirmó que el avión en el que finalmente voló era aún más vulnerable que el Air Force One. “De hecho, creo que el avión en el que volé corría un mayor riesgo”, declaró Trump a los periodistas. “Creo que corría un mayor riesgo porque ese sería el avión al que, en mi opinión, tendrían más probabilidades de atacar”.

“Bueno, eso depende exclusivamente del Servicio Secreto. Yo solo sigo lo que ellos quieren hacer, así que me atengo a lo que digan el Servicio Secreto y el Ejército”, añadió Trump.

Richard Blumenthal, senador demócrata por Connecticut, calificó en la CNN la operación de “sin precedentes y surrealista” y “verdaderamente aterradora”. “Tiene que haber una sesión informativa en el Congreso, porque no solo afecta a la seguridad del presidente”.

“Quiero saber qué medidas de seguridad se tomaron para garantizar que todos los pasajeros de ese Air Force One —que se consideró demasiado peligroso para que el presidente volara en él— estuvieran a salvo, y qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad del personal y de los periodistas que viajaban en ese avión”.

La Casa Blanca había anunciado públicamente que el presidente volaría a Gran Bretaña a bordo del Air Force One, aunque se trataría de una versión más antigua en lugar del nuevo avión regalado por Qatar. En realidad, Trump subió al avión presidencial ante las cámaras de televisión, para luego ser trasladado en secreto, unos minutos más tarde, a un C-32A de las Fuerzas Aéreas.

El engaño fue tan elaborado que los periodistas que viajaban con el presidente —y algunos miembros del personal de la Casa Blanca— creyeron que Trump seguía a bordo del Air Force One. Se ordenó a los periodistas que mantuvieran bajadas las persianas de sus ventanas durante el vuelo.

El C-32A en el que viajaba Trump voló hasta la base de la RAF en Mildenhall, en Gran Bretaña, donde aterrizó sobre las 22:20 h. El antiguo Air Force One y el grupo de periodistas que le acompañaba llegaron unos minutos más tarde. A continuación, los fotógrafos captaron a Trump bajando del avión presidencial, al parecer tras haberse subido en secreto a él.

A continuación, Trump saludó a las tropas en la base antes de subir a bordo del Boeing 747 recién renovado, donado por Qatar, y poner rumbo a Washington.

Esto es muy inusual e indica que disponían de información muy fiable sobre una amenaza y que no confiaban en el avión en el que él viajaba

James Jeffrey — exembajador de EEUU en Turquía y asesor adjunto de seguridad nacional

Ned Price, exadjunto del embajador de EE.UU. ante la ONU, afirmó que no reprochaba a ninguna Casa Blanca que tomara medidas extraordinarias para proteger al presidente, pero que la actual Administración había perpetuado una “mentira descarada” durante semanas y había convertido a los periodistas en “cómplices involuntarios”.

Price, exasesor especial del presidente Barack Obama en el Consejo de Seguridad Nacional, añadió: “Había una forma de hacerlo sin necesidad de mentir. Podrían haber recurrido al grupo de periodistas que acompañaban al presidente en el viaje, quienes, estoy seguro, habrían accedido de buen grado a no informar sobre ciertas medidas de seguridad”.

“Una vez que todo hubiera terminado y el presidente estuviera a salvo en el Reino Unido o de vuelta en la base aérea de Andrews, podrían haber dicho: ”Esto es lo que hicimos y esta es la razón por la que lo hicimos“”, añadió Price. “Pero no sienten ningún remordimiento por la verdad. No sienten ninguna lealtad hacia la verdad. En cambio, lo único que han hecho durante el último mes ha sido mentir y engañar”.

Los periodistas también expresaron su preocupación. Jake Tapper, presentador de la CNN, tuiteó: “Obviamente, la vida del presidente es lo más importante, y otras administraciones anteriores han recurrido al engaño para protegerla. Pero ninguno de los funcionarios con los que hablé había oído hablar nunca antes de utilizar un AF1 lleno de personal de la Casa Blanca y periodistas como señuelo ante una amenaza inminente”.

Por su parte, José Zamora, director regional para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, afirmó que el Gobierno tenía la responsabilidad de garantizar que los periodistas no se vieran expuestos a peligros innecesarios. “Se debe informar a los periodistas de las amenazas de seguridad fiables para que puedan tomar decisiones fundamentadas sobre su seguridad”, señaló. “La transparencia debe ser la norma para cualquier Gobierno, especialmente cuando está en juego la seguridad”.

Quiero saber qué medidas de seguridad se tomaron para garantizar que todos los pasajeros de ese Air Force One —que se consideró demasiado peligroso para que el presidente volara en él— estuvieran a salvo, y qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad del personal y de los periodistas que viajaban en ese avión

Richard Blumenthal — senador demócrata

Esta revelación arroja nueva luz sobre una decisión repentina que ya había suscitado dudas sobre la seguridad del avión catarí. Trump había volado en el jet recién renovado hasta la cumbre de la OTAN —su primer viaje internacional—, pero anunció de forma inesperada que, en su lugar, utilizaría el antiguo Air Force One en la primera etapa de su viaje de vuelta.

En aquel momento, Trump afirmó que el nuevo avión se estaba trasladando a Mildenhall para que las tropas estadounidenses allí estacionadas pudieran inspeccionarlo. Posteriormente, The New York Times y CBS News informaron que responsables de los servicios de inteligencia habían expresado su preocupación por un posible atentado contra Trump o su avión, en medio de la escalada del conflicto con Irán.

Durante la cumbre, el ejército estadounidense estaba llevando a cabo importantes ataques contra Irán, lo que aumentaba el temor a una represalia iraní. El nuevo relato sugiere que la amenaza se tomó más en serio de lo que se creía inicialmente.

No todo el mundo está convencido de que la amenaza justificara lo que ocurrió a continuación. “Desde la perspectiva iraní, llevar a cabo un intento de ataque contra el avión presidencial a esta profundidad sería extremadamente inverosímil; requeriría la presencia de operadores clandestinos muy cerca del objetivo, equipados con sistemas antiaéreos portátiles”, afirma Ankit Panda, investigador principal Stanton del programa de política nuclear de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional. Panda señala que no estaba claro que hubiera existido una amenaza específica y creíble dentro de la propia Turquía, aunque el servicio de seguridad presidencial suele planificar sus medidas teniendo en cuenta las “incógnitas conocidas”.

“Irán no dispone de misiles tierra-aire capaces de alcanzar un avión que despegue de Ankara”, afirma Jeffrey Lewis, investigador distinguido del Instituto de Investigación en Política Exterior. Irán podría, en teoría, alcanzar a un avión en la pista con un misil balístico, señaló, “pero eso parece muy improbable”. Su hipótesis: a los responsables estadounidenses les preocupaba “un ataque de tipo terrorista con un sistema de defensa antiaérea portátil”, como el QW-12 o el FN-16 de fabricación china, o una versión norcoreana del Igla ruso.

James Jeffrey, exembajador de Estados Unidos en Turquía y asesor adjunto de seguridad nacional bajo el mandato de George W. Bush, que actualmente es investigador distinguido del Washington Institute —una institución proisraelí—, sostiene que el secretismo en torno al traslado de Trump a otro avión apuntaba a que la amenaza se basaba en información de inteligencia seria.

“Esto es muy inusual e indica que disponían de información muy fiable sobre una amenaza y que no confiaban en el avión en el que él viajaba”, afirma Jeffrey, que cuenta con una amplia experiencia viajando a bordo del Air Force One.

Jeffrey cree que la información podría proceder de Israel, que cuenta con amplias capacidades de inteligencia centradas en Irán. Aunque los responsables israelíes a veces tratan de “no solo informar, sino también influir” en la política estadounidense, cree que no se arriesgarían a inventarse una amenaza que pusiera en peligro la seguridad del presidente.

“No se tomarían a la ligera algo tan serio como la seguridad del presidente”, dice Jeffrey, y añade que cualquier advertencia de ese tipo llevaría al Gobierno de EE.UU. a verificar la información de inteligencia, recabar más datos sobre la amenaza y hacer un seguimiento de la misma“.

El propio Trump pareció insinuar esas preocupaciones de seguridad cuando los periodistas le preguntaron por qué se les había ordenado mantener las persianas cerradas. “Probablemente estén en un vuelo peligroso”, dijo. “Pero si yo voy, ustedes también. ¿No es así?”

Cuando más tarde se le preguntó si había habido una amenaza iraní creíble contra el Air Force One, Trump respondió: “Bueno, recibo amenazas constantemente. Soy el número uno en su lista, por delante de ustedes”.

No obstante, la operación suscitó dudas sobre la decisión de engañar a la prensa y a la opinión pública, sobre todo después de que la Casa Blanca siguiera manteniendo la coartada.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un operativo de seguridad y control de tránsito en las inmediaciones del obelisco en la previa del partido entre Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

El despliegue preventivo contempla la movilización de entre 700 y 800 efectivos de la Policía de la Ciudad, pertenecientes a las áreas de Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR) y patrullas en moto del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), junto con brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

La planificación vial dispone el corte total de la Avenida Corrientes desde el Obelisco hacia el Bajo que se dará en los tramos comprendidos entre Libertad y Cerrito, y entre Carlos Pellegrini y Suipacha, así como también a la Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña) entre las calles Cerrito y Libertad.

Ante este escenario, se recomienda a los automovilistas evitar por completo la circulación por la zona céntrica y desviar sus recorridos desde la altura de la Avenida Callao.

Como parte del esquema de protección física, se instaló un vallado rodeando la estructura del Obelisco para evitar actos vandálicos. Todo el perímetro y el comportamiento de los concurrentes serán monitoreados de manera constante y en tiempo real a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Por su parte, el sistema de transporte público sufrirá alteraciones severas, debido a que varias líneas de colectivos de la zona anticiparon que iniciarán una reducción gradual de sus servicios y frecuencias a partir de las 14:00.

Sofía G., colombiana de 34 años, entró en desesperación cuando quiso renovar el DNI de uno de sus hijos y se lo negaron. “Necesitamos que tengas solvencia económica”, le dijeron. Era octubre de 2025 y hacía cinco meses que regía el decreto 366/25, una reforma migratoria más represiva que la “Ley Videla” de 1981, según denuncian organismos de derechos humanos. Para renovar un documento, a Sofía le pedían trabajo registrado, un sueldo de 1.400.000 pesos y los seis últimos recibos. “No podemos hacer nada”, le dijeron.

“Pero ¿quién tiene solvencia económica?”, se pregunta Sofía –quien pidió resguardar su nombre verdadero– desde la Villa 31, donde vive hace 5 años. “Yo trabajo en casas particulares, hago trenzas y de vez en cuando vendo ropa y perfumes; así mantengo a mis hijos, que van a la escuela. Nadie tiene solvencia económica.”

Desde el 29 de mayo de 2025, cuando se modificó por decreto la Ley de Migraciones de 2004 –reconocida como una de las más amplias de la región–, la lógica del Estado cambió. Pasó de buscar la regularidad a generar irregularidades que después persigue. “La propia política oficial está empujando a los migrantes a la irregularidad para crear el objeto de los operativos”, resume Lucía Galoppo, abogada del CELS. “Hay una política oficial de irregularización migratoria”, coincide Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), “en un calco de las políticas de Trump”.

Con los meses, denuncian, la aplicación de la reforma empezó a exceder incluso los términos del propio decreto. “Se están llevando adelante prácticas que no surgen de la letra del decreto”, dice Liguori. Afirma que ahora Migraciones pide “solvencia económica” para renovar la residencia temporaria, cuando el decreto detalla que sólo es para la permanente. “Como la permanente es casi inalcanzable, la única salida es renovar la temporaria, pero ahora piden ‘solvencia económica’ y todos pasan a estar en situación de expulsión”, advierte. 

El caso de Sofía es más dramático, porque su familia ni siquiera puede renovar los documentos. A ella y a sus tres hijos –de 17, 15 y 5 años– se les vencieron, y les cerraron la puerta a renovarlos. “Este año mi hijo mayor termina el colegio y no va a poder egresar porque no tiene DNI; es desesperante”, lamenta. “Somos una familia fantasma que deambula por la Ciudad. No podemos hacer nada, no existimos.”

Características de la reforma migratoria

El viernes de la semana pasada, al cumplirse un año de la reforma migratoria, el Ministerio de Seguridad subió a sus redes un video musicalizado con el tango de Roberto Goyeneche Naranjo en flor celebrando un nuevo operativo en Balvanera. Controlaron a 460 personas: se llevaron a dos peruanos acusados de abuso sexual, según dijeron. En la descripción, le piden a la sociedad que denuncie a “extranjeros delincuentes o ilegales” al 134, una línea reservada para el narco y la trata de personas, equiparando la irregularidad administrativa con un delito federal. “Eso tampoco está escrito en el decreto, quieren crear un monstruo, un problema que Argentina no tiene”, dice Liguori.

El cambio más significativo que introdujo el decreto se apoya en “solvencia económica” (1.400.000 pesos mensuales, con seis recibos de sueldo y certificado de contador) para acceder a la residencia permanente. En un país con el 43% de los ocupados –9,2 millones de personas– en negro, según el Indec, el piso resulta inalcanzable. Y en los rubros donde se concentra la migración la proporción es mayor. El 78% en el servicio doméstico, 74% en la construcción, más de la mitad en el comercio. Sofía G. limpia casas por día y pertenece a la rama con casi ocho de cada diez trabajadores en negro. El Estado le pide recibos de sueldo que su sector, por definición, no entrega.

La reforma también borró la garantía de que tener un hijo argentino habilita la residencia automática. “Ni siquiera la Ley Videla eliminó la residencia permanente para madres y padres con hijos argentinos”, señala Liguori. “Te dan la opción de separarte de tu hijo, irte del país o seguir viviendo en la irregularidad”, agrega Galoppo.

Con estas normas, las residencias permanentes aprobadas cayeron de 90.000 a 41.000 al año, según datos que CAREF obtuvo por pedido de acceso a la información pública. Quienes ayer eran “regulares” hoy son “irregulares”, perseguidos con lectores biométricos en la vía pública. “¿Qué van a hacer con todos los migrantes irregulares que están generando?”, se pregunta Liguori. “¿Acaso están creando un problema inexistente para después expulsarlos a todos?”

El requisito imposible

Sofía llegó el 16 de diciembre de 2021 con sus tres hijos, después de diez días en micro desde Ecuador. Había salido de Buenaventura, en el Valle del Cauca colombiano, una de las regiones más violentas del país. Está registrada como víctima de desplazamiento forzado y de delitos contra la integridad sexual. Su madre, que vivía en Buenos Aires, murió quince días después de que ella llegara. “Quedé sola con mis hijos y en un limbo burocrático”, resume.

Al llegar, pasó diez meses en un albergue, solicitó refugio, inició trámites, viajó a Uruguay en Buquebus para conseguir un sello migratorio con el que empezar el DNI. Logró arrancar su trámite y el de una de sus hijas. El documento de otro de sus hijos llegó recién en 2025, con dos meses de vigencia porque la espera había sido demasiado larga. Otro nunca llegó. Cuando quiso renovar la documentación, ya regía el decreto.

En CAREF calculan que cerca del 80% de las personas que atienden no llega a acreditar solvencia en los términos que Migraciones solicita. Galoppo apunta a quienes trabajan en Rappi, Uber o PedidoYa. “La falta de acreditación formal de esos ingresos puede dejar a una persona afuera de la posibilidad de regularizarse”, dice. 

“Con el DNI vencido no puedo hacer nada”, dice Sofía G. “Ni siquiera puedo pagar el monotributo”. En la Defensoría del Pueblo le hicieron un informe social que acredita que sus hijos están escolarizados y que ella trabaja para sobrevivir, y presentó la documentación que la certifica como víctima de desplazamiento forzado. “Me dijeron que por ser víctima podían exceptuarme del requisito de solvencia, pero archivaron el informe”.

La otra cara: los operativos

Desde principios de 2026, en barrios de la Ciudad y del Conurbano, la Policía Federal y agentes de Migraciones aparecen sin aviso, cortan calles y piden documentos con un lector de huellas que cruza bases oficiales. Los lugares generalmente son la Feria de los Bolivianos en Liniers, las galerías de Once, las calles comerciales de Flores y Constitución, una feria paraguaya en La Plata.

En el megaoperativo de Once, el 17 de abril, se controló a 2.965 personas y solo 15 estaban de forma irregular, el 0,5%. En Villa Celina, en enero, fueron 16 sobre 385. “Los números muestran que no estamos frente a un problema masivo ni a grandes organizaciones criminales”, dice Galoppo. “Muchas veces ni siquiera se trata de personas con antecedentes, sino de gente que no tenía el documento encima o todavía lo estaba tramitando”.

Más dura que la Ley Videla

Otro aspecto de la reforma migratoria es que el acceso pleno al sistema de salud está garantizado para los residentes permanentes. “Recibimos casos de familias con chicos en tratamiento en el Garrahan o el Posadas que tenían residencia temporaria y no podían demostrar solvencia para la permanente”, cuenta Liguori. “Eso puso en riesgo la continuidad de tratamientos complejos”.

“Durante la dictadura, cualquier persona con DNI podía acceder al sistema público de salud. Este decreto introduce una discriminación explícita por condición económica”, señala Liguori. 

Estar en situación irregular, recuerdan en ambos organismos, no es un delito penal en Argentina sino es una falta administrativa. Pero el decreto habilita la expulsión por esa falta, y quien tiene el DNI vencido ni siquiera puede entrar al sitio de la ARCA para demostrar los ingresos que le exigen. Sofía tiene hoy tres DNI vencidos y un documento que nunca llegó. Gastó casi 200 mil pesos en tasas y trámites. Vive en el Barrio 31, sin gas.

“Te presionan por todos lados y uno entra en desesperación”, dice. Su deseo se redujo a que le devuelvan los documentos o, al menos, “ una ayuda para volverme a mi país, porque estoy en un limbo”.

“Estar así es como si te faltaran los dos pies. Peor. Porque con las manos uno resuelve. Pero con el DNI vencido no se puede hacer nada. No sé qué quieren que haga la gente”, concluye. 

LN/MC

La Casa Blanca insiste en que la seguridad no falló el sábado pasado. Pero nada más ocurrir el ataque en el hotel de la cena de corresponsales, en la que estaba presente el presidente de EE.UU., el propio Donald Trump publicó en sus redes sociales que el incidente demostraba la necesidad del salón de gala que está construyendo en la Casa Blanca sin supervisión alguna.

“Este suceso nunca habría ocurrido si se hubiera contado con el salón de máxima seguridad militar que se está construyendo actualmente en la Casa Blanca”, dijo el presidente de EE.UU. después del ataque frustrado de Cole Thomas Allen en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, este sábado por la noche en el hotel Washington Hilton.

Este lunes, tanto el fiscal general interino, Todd Blanche, como el director del FBI, Kash Patel, defendieron el despliegue de seguridad. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, va a convocar esta semana una reunión para revisar las medidas de protección del presidente de EE.UU., según informó la Casa Blanca.

La fuente afirma que Trump y su equipo consideraban que el Servicio Secreto había realizado un trabajo excelente, pero que Wiles celebraría una reunión en la que también participaría el Departamento de Seguridad Nacional para estudiar opciones de seguridad adicionales para los grandes actos previstos en los próximos meses, como la celebración del 250º aniversario de la independencia estadounidense.

Cuando tantos altos funcionarios se reúnen en un mismo lugar para actos oficiales, como una toma de posesión o el discurso sobre el estado de la Unión, el secretario de Seguridad Nacional suele encargar al Servicio Secreto la coordinación de toda la seguridad mediante una designación formal conocida como “Evento Nacional de Seguridad Especial”.

Sin embargo, no hubo tal designación el sábado por la noche en un acto al que también asistieron miles de periodistas y otros miembros del Gobierno, según publica The Washington Post.

Uno de los principales referentes MAGA, Jack Posbiec, publicaba en X: “Una terrible grieta de seguridad en la cena de los Corresponsales de la Casa Blanca, un fracaso indescriptible. Nadie debería poder acercarse con un arma al presidente, al Gabinete ni a un evento de tal relevancia como este. Los intentos de asesinato se repiten una y otra vez”.

El acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años, escribió una declaración en la que afirmaba que quería atacar a miembros de la Administración Trump y se burlaba de lo que calificaba de laxitud en la seguridad del hotel. Según el texto, agentes iraníes podrían haber introducido fácilmente armas más peligrosas en el recinto.

“Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la sensación de arrogancia, entré con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que pueda ser una amenaza”, escribió: “La seguridad del evento está toda afuera, centrada en los manifestantes y en los que llegan en ese momento, porque al parecer nadie pensó en lo que pasaría si alguien se registraba el día anterior. Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo realmente competente. Es como si, si fuera un agente iraní, en lugar de un ciudadano estadounidense, hubiera podido traer aquí una maldita Ma Deuce [ametralladora] y nadie se hubiera dado cuenta de nada. Es realmente una locura”.

Según Blanche, “las fuerzas de seguridad no fallaron. Hicieron exactamente lo que se les había enseñado. No fue un accidente. Fue el resultado, como ahora sabemos, de una preparación minuciosa, pero los hombres y mujeres que nos protegieron aquella noche eran profesionales bien formados y tenían un compromiso inquebrantable con el Estado de derecho”.

Lo que sí que es cierto es que está habiendo mucho debate en los medios estadounidenses sobre la capacidad de Allen para llegar por unas escaleras hasta el lugar donde se encontraban reunidas miles de personas, entre ellas el presidente, el vicepresidente y otros miembros del gabinete.

Y lo que argumenta el fiscal general es que había cientos de agentes federales entre el sospechoso y el presidente, y que fue detenido en un piso diferente al del salón en el que se celebraba la cena, que estaba en un piso más bajo.

Según las investigaciones, el sospechoso corre a toda velocidad para saltarse el control de seguridad y, entonces, los agentes oyen un disparo, que impacta en un agente con chaleco antibalas, y es ese mismo agente quien saca su arma de servicio y dispara contra el sospechoso. Allen no fue alcanzado, pero parece que en ese momento fue cuando cayó al suelo y fue arrestado.

Este lunes se produjo la vista de cargos para Allen, y la Fiscalía lo está acusando de intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, transporte de un arma de fuego y munición en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave; y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

Reconstrucción de los hechos

En la declaración jurada del FBI registrada este lunes ante el tribunal, se relata que en torno al 6 de abril de 2026, Allen realizó una reserva en el hotel Washington Hilton para tres noches, del 24 al 26 de abril de 2026; que alrededor del 21 de abril, viajó en tren desde su domicilio, cerca de Los Ángeles (California), hasta Chicago (Illinois). Allen llegó a Chicago alrededor del 23 de abril de 2026, y ese mismo día subió a un tren en Chicago, Illinois, que llegó a Washington, D.C. el 24 de abril de 2026, aproximadamente a la 1:00 pm.

Unas horas más tarde, el 24 de abril de 2026, Allen se registró en una habitación del hotel Washington Hilton, situado en el 1919 de Connecticut Avenue, NW, aproximadamente a las 3:00 pm. Allen pasó allí la noche, explica la declaración jurada.

La cena, el 25 de abril, estaba programada para ser retransmitida por la televisión a partir de las 8:00 pm. Trump llegó a la cena aproximadamente a las 8:00 pm, acompañado por la primera dama, Melania Trump. La cena se celebraba en un salón de gala situado en la planta Concourse del hotel Washington Hilton.

Aproximadamente a las 8:40 pm, relata la declaración del FBI, Allen se acercó a un control de seguridad en la planta Terrace del hotel que conducía al lugar de la cena y pasó corriendo por el detector de metales con un arma larga en la mano. “Al hacerlo, el personal del Servicio Secreto de los Estados Unidos asignado al control de seguridad oyó un fuerte disparo”, dice el texto: “El agente V.G. del Servicio Secreto de los Estados Unidos recibió un disparo en el pecho; el agente V.G. llevaba puesto un chaleco antibalas en ese momento. Desenfundó su arma de servicio y disparó varias veces contra Allen, quien cayó al suelo y sufrió heridas leves, pero no resultó herido de bala. Posteriormente, Allen fue detenido”.

En el momento de su detención, Allen llevaba consigo una escopeta del calibre 12 y una pistola Rock Island Armory 1911 del calibre 38, según la declaración jurada: “Como parte de esta investigación, las fuerzas policiales revisaron los registros de transacciones de armas de fuego procedentes de California y de bases de datos federales, que mostraron que, alrededor del 17 de agosto de 2025, Allen compró una escopeta del calibre 12 a un comerciante de armas de fuego en una ciudad de California, y que, alrededor del 6 de octubre de 2023, Allen compró una pistola semiautomática del calibre .38 a un comerciante de armas de fuego en otra ciudad de California”.

“Según los números de serie que figuran en los registros de la base de datos, estas dos armas de fuego son las mismas que Allen poseía y/o disparó en el hotel Washington Hilton de Washington, D.C., el 25 de abril de 2026”, según el documento del FBI.

Allen fue trasladado al Hospital de la Universidad de Howard por heridas leves y, desde entonces, quedó bajo custodia.

Poco antes de las 20:40 horas del 25 de abril, Allen envió un correo electrónico a miembros de su familia y a un antiguo empleador explicando las acciones que estaba a punto de llevar a cabo. El correo electrónico, del que las fuerzas policiales obtuvieron una copia de uno de los destinatarios, decía: “Ojalá hubiera podido decir algo antes, pero hacerlo habría impedido que todo esto fuera posible. Mis más sinceras disculpas por todos los problemas que causé. (envío programado)-Cole”.

Adjunto al correo había un archivo .txt titulado “Disculpa y explicación”, que decía: “¡Hola a todos! Puede que hoy haya dado una sorpresa a mucha gente. Permítanme comenzar pidiendo disculpas a todos aquellos cuya confianza traicioné. Pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para 'Most Wanted'. Pido perdón a mis colegas y alumnos por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente SÍ necesite ir a urgencias, pero difícilmente puedo decir que no sea una situación autoinfligida). Pido perdón a todas las personas con las que viajé, a todos los trabajadores que llevaron mi equipaje y a todas las demás personas no involucradas en el hotel a las que puse en peligro simplemente por estar cerca. Pido perdón a todas las personas que sufrieron abusos o fueron asesinadas antes de esto, a todas aquellas que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todas las que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o mi fracaso”.

Allen continúa. “No espero perdón, pero si hubiera visto alguna otra forma de acercarme tanto, la habría aprovechado. Una vez más, mis sinceras disculpas. Pasando a por qué hice todo esto: soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes se refleja en mí. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. (Bueno, para ser completamente honesto, hace mucho que ya no estaba dispuesto, pero esta es la primera oportunidad real que tuve de hacer algo al respecto). Ya que estoy hablando de esto, también repasaré mis reglas de combate previstas (probablemente en un formato terrible, pero no soy militar, así que qué le vamos a hacer). Funcionarios de la Administración (sin incluir al Sr. Patel): son objetivos, priorizados de mayor a menor rango. Servicio Secreto: son objetivos solo si es necesario, y deben ser neutralizados de forma no letal si es posible (es decir, espero que lleven chalecos antibalas porque un disparo en el centro del cuerpo con escopetas deja fuera de combate a la gente que no. Seguridad del hotel: no son objetivos si es posible (es decir, a menos que me disparen); policía del Capitolio: igual que la seguridad del hotel; Guardia Nacional: igual que la seguridad del hotel; empleados del hotel: no son objetivos en absoluto; huéspedes: no son objetivos en absoluto. Para minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de balas (menor penetración a través de las paredes). Aun así, atravesaría a casi todo el mundo aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente *eligió* asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y, por lo tanto, son cómplices), pero realmente espero que no se llegue a eso”.

Allen firmó su correo electrónico como “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”. Allen utilizó el apodo cold force en varias cuentas suyas online, afirma el FBI.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se celebra cada 28 de abril, una iniciativa impulsada por la Organización Internacional del Trabajo para generar conciencia sobre la importancia de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales en todo el mundo.

La fecha pone el foco en la necesidad de garantizar entornos de trabajo seguros, donde se minimicen los riesgos y se proteja la integridad física y mental de los trabajadores. Desde la industria y la construcción hasta oficinas y servicios, todos los sectores requieren medidas específicas de prevención y control.

Según organismos internacionales, millones de personas sufren cada año accidentes laborales o enfermedades vinculadas a su actividad. Muchas de estas situaciones podrían evitarse mediante políticas adecuadas, capacitación, uso de equipos de protección y cumplimiento de normativas de seguridad.

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo también destaca el rol de empleadores, trabajadores y Estados en la construcción de una cultura preventiva. La formación, la concientización y la responsabilidad compartida son claves para reducir los riesgos laborales.

Cada 28 de abril, la jornada invita a reflexionar sobre la importancia de priorizar la seguridad y el bienestar en el ámbito laboral, promoviendo condiciones de trabajo dignas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

NB

La reunión de Javier Milei con el empresario tecnofascista Peter Thiel, cofundador de Palantir Technologies, se inscribe en un proceso más amplio que atraviesa distintas áreas del Estado: la reorganización del manejo de datos públicos con foco en seguridad, inteligencia y cooperación internacional.

El encuentro entre el mandatario y el magnate está alineado a una fuerte avanzada oficial para ampliar la disponibilidad de información estatal, fortalecer las capacidades de procesamiento y reducir las restricciones para su circulación internacional. Una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno tiene una estrecha relación con el vínculo consanguíneo que Milei adoptó con los Estados Unidos de Donald Trump, de quien Thiel es un cerebro supremacista.

Palantir Technologies es uno de los principales proveedores globales de plataformas de análisis de datos para gobiernos. Sus sistemas permiten integrar información proveniente de distintas agencias, cruzar bases de datos y generar análisis predictivo en áreas como seguridad, inteligencia y defensa. Hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, el FBI y la NSA. Estuvo detrás de los operativos antimigratorios de la ICE. Y también está en Medio Oriente donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza. 

Hasta el momento no hay confirmación oficial de un acuerdo entre el Estado argentino y la empresa. Sin embargo, especialistas advierten que el marco que se está construyendo desde el Estado resulta compatible para el desembarco de la firma del magnate Thiel.

El Estado mileísta y los datos

El 29 de julio de 2024, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), orientada al análisis de grandes volúmenes de información mediante herramientas de inteligencia artificial. La iniciativa formalizó la incorporación de capacidades estatales para procesar datos a escala y generar patrones de comportamiento.

Más adelante, el 2 de enero de 2026, el Gobierno profundizó ese camino con la reforma de la SIDE a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2026. El nuevo marco amplió las obligaciones de los organismos públicos, que desde entonces deben producir y facilitar información al sistema de inteligencia. En términos operativos, la medida implicó una expansión significativa de las bases de datos disponibles para su análisis.

A ese esquema se sumó, en las últimas horas, un cambio en la estructura de control de información dentro del Poder Ejecutivo. Desde ayer Manuel Adorni pasó a tener injerencia sobre el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Es la red de datos más grande del Estado argentino: coordina el intercambio de información entre más de un centenar de organismos nacionales, provinciales y municipales, cruzando datos patrimoniales, tributarios y sociales de todas las personas físicas y jurídicas del país.

En paralelo, el Gobierno avanzó en el plano internacional. En febrero de 2026 se cerró el texto del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, que incluye el compromiso de reconocer a ese país como “jurisdicción adecuada” en materia de protección de datos personales. En la práctica, esto implica habilitar la transferencia de datos sin requerir mecanismos adicionales de resguardo, eliminando una de las principales barreras legales para el flujo de información hacia empresas radicadas en territorio estadounidense.

La agenda bilateral en seguridad también se intensificó en las últimas horas, mientras Thiel entraba a la Casa Rosada. Este mismo jueves el ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, recibió a una delegación encabezada por el subsecretario de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional de EE.UU., Thomas DiNanno, junto al embajador Peter Lamelas. Según la comunicación oficial, ambas partes avanzaron en la ampliación de la cooperación en áreas como ciberdefensa, equipamiento militar y adiestramiento conjunto.

Ayer también la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, puso en marcha el Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), orientado a coordinar el intercambio de datos entre países frente al avance del delito transnacional. La iniciativa busca integrar información vinculada al narcotráfico y otras economías ilegales a escala regional.

La acumulación de estas medidas —mayor disponibilidad de datos, nuevas capacidades de procesamiento, centralización de la información y flexibilización de su transferencia internacional— configura un cambio estructural en la forma en que el Estado argentino gestiona la información.

La mirada de expertos

Los cuestionamientos no son nuevos. En Argentina existen antecedentes recientes sobre el uso de tecnologías de vigilancia sin controles adecuados. El caso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, derivó en una causa judicial impulsada por el CELS y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA). La Cámara de Apelaciones porteña confirmó la inconstitucionalidad del sistema al considerar que fue gestionado por fuera de la normativa vigente y sin mecanismos de control.

Ese antecedente se vincula además con el caso de la empresa Clearview AI, cuestionada por la recolección masiva de imágenes de internet para alimentar sistemas de reconocimiento facial. A partir de ese tipo de experiencias, la red internacional International Network of Civil Liberties Organizations elaboró una serie de principios para regular o restringir estas tecnologías. Entre ellos, la necesidad de una ley específica, evaluaciones de impacto previas y mecanismos de control externo. Según especialistas, ninguno de esos requisitos estuvo plenamente garantizado en las implementaciones locales.

“Con la excusa de la persecución del delito, se montan estructuras que son en realidad de persecución política”, consideró a elDiarioAR Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “Hay una serie de riesgos estructurales que tienen que ver más con los problemas de Argentina en la incorporación de vigilancia. Porque estas tecnologías se adoptan sin ningún tipo de estudio previo ni discusión política más amplia sobre si son necesarias y para qué se van a usar. Nada pasa por el Congreso y son decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Además hay una relación muy asimétrica entre la empresa y el Estado, que compra cajas negras y después no tiene posibilidad de exigir saber cómo funcionan esos sistemas”.

En la misma línea, el abogado y especialista en privacidad Ariel Garbarz advirtió sobre los riesgos de avanzar en esquemas de transferencia y procesamiento de datos sin controles adecuados, en un contexto de creciente injerencia de empresas tecnológicas en áreas sensibles del Estado. “Palantir no vende tornillos ni caramelos. Vende cruce masivo de datos, vigilancia, perfilado y poder. Te lo envuelven en palabritas como 'eficiencia', 'seguridad' e 'innovación', pero es control social sin precedentes con perfume de Silicon Valley”, escribió Garbarz. Y fue más lejos: “En un país saqueado, endeudado y entregado, una herramienta así puede terminar sirviendo para vigilar, clasificar y apretar ciudadanos, opositores, migrantes, pobres y cualquiera que moleste al poder de turno”.

Desde el oficialismo libertario buscan contrarrestar las críticas con una narrativa propia y dando pistas sobre el potencial desembarco de Palantir en la Argentina. Tras reunirse con Thiel días atrás, el asesor Santiago Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó que “Argentina necesita dar un salto cuántico en materia de seguridad nacional, aunque a los zurdos les dé taquicardia”. “El lugar de nuestro país en el nuevo orden mundial, gracias a la oportunidad que nos está dando nuestro Presidente, se definirá por su capacidad de proteger, defender y promover nuestros recursos estratégicos. Quien quiera oír que oiga”, cerró.

Caputo alentaba un mensaje difundido por Nicolás Promanzio, un libertario que tienen en el streaming Carajo un programa especializado en seguridad y defensa. Se llama “Línea roja” y analizó el lunes pasado el fenómeno de Palantir. “Drones = ataque + eficiencia + obtención de grandes volúmenes de información = necesidad de integración en software + implementación de IA para procesar datos = conciencia situacional full + plataforma para tomador de decisión. Todo lo que se desarrolle como tecnología militar tendrá, como lo fue siempre en la historia, un correlato tecnológico para uso civil que permitirá a las sociedades seguir evolucionando. Momento histórico viviremos en los próximos años”, tuiteó Promanzio.

Así, el Gobierno está dando claras señales de su acercamiento a las tecnologías de videovigilancia y cruce de información personal que ofrece el tecnofascista Thiel a través de su plataforma Palantir. Las decisiones adoptadas por la administración de Milei se inscriben en un marcado posicionamiento del Estado libertario para avanzar sobre la privacidad y la vigilancia.

MC

Represión, criminalización de la protesta, mano dura con los migrantes, defensa irrestricta de los agentes de seguridad. La “doctrina Bullrich” que el Gobierno anunció esta semana se reforzará en el segundo tramo de la gestión de Javier Milei. Por eso, aunque cambió de ministra, el Presidente ensayó con Patricia Bullrich y su sucesora, Alejandra Monteoliva, una postal de continuidad: terminó abrazado a ambas en el acto de jura el lunes pasado.

El legado de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a más de 1.300 manifestantes heridos desde que se implementó el protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023. Bullrich se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad. La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme.

Pero la segunda gestión de Bullrich en Seguridad dejó hechos menos visibles e igual de preocupantes. Modificó o derogó leyes orgánicas y realizó reformas sustanciales al borde de la constitucionalidad en todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario–. Difundió noticias falsas o exageradas sobre operativos antidrogas y de control callejero. Permitió trasladar a represores a una cárcel con control militar. Logró hacerse de Migraciones –un área históricamente bajo la tutela del Ministerio del Interior– para endurecer la llegada de personas de otros países. Relajó los controles para que cualquier persona pueda poseer armas. Y hacia futuro, con el nuevo Código Penal, busca bajar la edad de imputabilidad.

La “represión Bullrich”

Desde diciembre de 2023 a noviembre pasado, el protocolo antipiquetes dejó al menos 1.393 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió con elDiarioAR. De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024.

La gravedad de la represión dista mucho de un contraargumento que dio la propia Bullrich en la Cámara de Diputados en una discusión con legisladores: “Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. El dato contradice al archivo de comunicados del ministerio: solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos en distintas manifestaciones, un total de 20 efectivos federales lesionados.

El fotógrafo Grillo cumplió 36 años el domingo pasado y aún sigue internado. Su atacante, el gendarme Héctor Guerrero, está procesado, como el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que en esa misma represión –al otro lado de la plaza del Congreso– atacó con un balazo de goma en el ojo al manifestante Jonathan Navarro. Ambos agentes tienen como abogados a expertos en defender a policías acusados de gatillo fácil. Antes, en febrero de 2024, durante la votación de la primera versión de la ley Bases, la represión que dejó 280 heridos y una bala de goma policial le quitó la visión de un ojo al abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri.

La Federal de Bullrich

En julio de este año se publicó el Decreto 383/2025, que deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) vigente desde 1958 y aprueba un nuevo estatuto para esta fuerza, llegando a crear un “FBI argentino”: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde entonces la fuerza puede detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar pruebas por su cuenta antes de que intervenga la Justicia. Además, el nuevo estatuto amplía sus funciones y le permite realizar tareas de análisis operativo que quedan excluidas del control de la Ley de Inteligencia Nacional.

“Ya no se trata de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, sino de resguardar un orden político que puede identificar como enemigo a quien lo cuestione”, cuestionó en su momento el CELS. “En lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, alertaron en la Correpi.

Bullrich acompañó el reordenamiento organizacional con narrativa. Antes de irse repuso el nombre de Ramón Falcón a la Escuela de Cadetes y el de Alberto Villar, a la de suboficiales. Falcón fue el jefe de la policía en la represión a la huelga de inquilinas de 1907, en la que murió asesinado el adolescente Miguelito Pepe, y como responsable de la masacre en Plaza Lorea, conocida como la Semana Roja. Villar fue el impulsor de la Triple A y responsable de los primeros crímenes de lesa humanidad en la década de 1970. 

Narrativa Bullrich

La gestión de la ministra estuvo marcada por un discurso exagerado y que a veces directamente falso, llegando a justificar operativos sorprendentes. Apenas comenzó el Gobierno, en enero 2024, festejó la detención de una supuesta “célula terrorista”: un peluquero y un profesor de tenis de mesa de origen sirio. Finalmente fueron liberados porque el caso incluía contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados.

“Mucho talco, poco Eficient-e”, festejó la funcionaria en su cuenta de X cuando Gendarmería detuvo a un hombre en Mendoza por llevar, supuestamente, más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. El hombre pasó 21 días preso, hasta que fue liberado por efectivamente era talco lo que transportaba.

Bullrich también festejó en redes la detención en el ingreso a un estadio en Rosario de un presunto prófugo acusado por difundir imágenes de explotación sexual infantil. En realidad se trataba de un periodista deportivo que fue demorado cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha. La orden de captura era para un homónimo.

Otros hitos de la gestión Bullrich fueron la falsa acusación contra una madre y una menor por haber sido gaseadas por un policía, así como llamar “señora patotera” a una jubilada que fue agredida por un agente. Y el anuncio de un “muro” de apenas 200 metros para evitar el paso ilegal en la frontera entre la ciudad salteña de Aguas Blancas y Bolivia. Ella misma enterró el primer pilote de la obra.

Más armas y penas

Entre sus últimas medidas Bullrich autorizó la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas (fusiles, carabinas, armas de asalto calibre superior a .22 LR), mediante un régimen especial que sustituye la prohibición previa. 

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, advirtió que esta flexibilización normativa incrementa riesgos concretos de desvío de armas al mercado ilegal. En su más reciente informe, denunciaron un aumento del fenómeno de “testaferros” o “compradores ficticios”: personas que, siendo “usuarios legítimos” habilitados, compran armas legalmente para luego transferirlas de forma ilícita a terceros no autorizados –posiblemente vinculados a redes criminales–. 

Y ya como senadora Bullrich buscará en el Congreso que se sancione el nuevo Código Penal. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad penal, una medida que implicaría que jóvenes de 13 años puedan ser juzgados con penas de cumplimiento efectivo por delitos graves. Además se extenderá la mano dura: el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva. El proyecto sí mantendrá, pese a amenazas de cambio, la figura del femicidio –mantendrá la pena de reclusión perpetua– y no se revertirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

MC

La convocatoria de grupos negacionistas para este sábado en Plaza de Mayo para exigir la liberación de represores prendió una alerta en el ministerio de Seguridad, que aún conduce Patricia Bullrich. En la cartera están “atentos” a un posible operativo de custodia que contemple evitar que la manifestación se cruce con una marcha de la izquierda por Palestina, que terminará también por la tarde frente a la Casa Rosada.

“Posiblemente estaremos atentos y en comunicación con la Ciudad”, expresaron a elDiarioAR desde el entorno de la ministra saliente, que pronto asumirá una banca en el Senado. Las fuentes consultadas aclararon, sin embargo, que no se contempla “por ahora nada especial”.

Las inmediaciones de Balcarce 50 son de jurisdicción nacional, por lo tanto corresponde a la Policía Federal su custodia. Pero esa fuerza suele tener apoyo en las calles porteñas de la Policía de la Ciudad, que depende de Jorge Macri. 

Ambas fuerzas ya actúan semanalmente en los operativos de cada miércoles frente al Congreso por las rondas de los jubilados: los federales custodian la fachada del Congreso y la policía porteña se suele ubicar en las calles aledañas. La expectativa está en qué alcance tendría un día de fin de semana y con marchas de distinto tono político el afamado protocolo antipiquetes de Bullrich.

De derecha a izquierda

Este sábado el epicentro será la Casa Rosada. La manifestación por los condenados de delitos de lesa humanidad está agendada para el sábado a las 16. Es el mismo horario en que se espera que finalice una marcha de la izquierda en apoyo a Palestina, que está convocada a las 15 desde el Congreso. Detrás de la protesta está el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Como ya adelantó este medio, en los últimos días hubo una discusión entre los organizadores ultraconservadores ante una “sugerencia” del ministerio de Seguridad para cambiar la sede. Se les habría propuesto trasladarse a la Plaza San Martín para no cruzarse con la izquierda. Eso reveló en un texto Orlando “Hormiga” González, represor con prisión domiciliaria que hasta el lunes fue “coordinador” de la actividad.

El debate escaló en cruces en un chat de WhatsApp y también en las redes sociales de los organizadores. Además del “Hormiga” González están detrás de la protesta Asunción Benedit, de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado nacional por Entre Ríos Beltrán Benedit, el legislador que organizó la visita a Alfredo Astiz y otros represores el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas –señalado por realizar torturas a conscriptos– y actual procurador del Poder Judicial tucumano. 

En los audios del grupo organizador del 29N, denominado “Unidos Por La Sangre Derramada”, a los que accedió elDiarioAR las voces exhiben una mezcla de épica militar, victimización y presión interna para sostener la protesta. “Definitivamente no se puede cambiar el lugar. Está todo el país avisado. Si nosotros nos vamos, después no se quejen, porque otra vez vamos a ceder, como siempre”, se escucha en uno de los audios. Según promocionan, habrá participantes de distintos puntos del país, así como delegaciones extranjeras. 

“El Gobierno debería ver que no pase nada. Ahí vamos a ver si están con nosotros o si nos mintió cuando dijo ‘tiemblen zurdos’”, se escucha en otro audio, evidenciando la relación de los negacionistas con la gestión de Javier Milei.

Desde la izquierda ratificaron la movilización del sábado, que coincide con una fecha internacional que conmemora la resolución de la Asamblea General de la ONU de 1947 que propuso la partición del Mandato Británico en dos estados, uno árabe y uno judío. Pero también lanzaron advertencias a los grupos negacionistas.

“Un grupo pro-dictadura llamado ‘pañuelos negros’ quiere movilizarse a Plaza de Mayo el 29/11. Que casualidad, ese mismo día movilizamos junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia y el Comité en Solidaridad con Palestina. Así que mi humilde recomendación es que no lo hagan”, dijo Luca Bonfante, del PTS, que agregó a elDiarioAR: “La Plaza de Mayo es de las Madres. Dudo que prosperen expresiones negacionistas. Hay que ver si la policía los protege o no. Si van, los quiero ver”.

MC

Patricia Bullrich consiguió un viejo anhelo que tenía cuando ingresó al gobierno de Javier Milei: hacerse con el control migratorio desde el ministerio de Seguridad. Y pese al zigzag oficial, también se quedó con el Renaper, la agencia que imprime los pasaportes y DNI. El cambio del organigrama le quitó fierros a Diego Santilli en Interior y abrió una interna entre ambos funcionarios que todavía no se disipó. “Falta que se termine de resolver”, apuntaron cerca del “Colo” sobre la posibilidad de que al menos Renaper vuelva a la cartera que lleva la relación con las provincias. Mientras tanto, la avanzada que consiguió la futura jefa del bloque oficialista en el Senado revela una intención libertaria de dotar de mano dura la cuestión migratoria y despertó alertas en organizaciones civiles y especialistas.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, Bullrich consiguió Migraciones y Renaper después de insistentes pedidos a los dos jefes de Gabinete que ya tuvo Milei: Gustavo Posse y Guillermo Francos. Finalmente lo consiguió tras salir fortalecida en las elecciones legislativas. Le deja así reforzado el ministerio a su sucesora, Alejandro Monteoliva, aunque la flamante senadora seguirá manejando los hilos detrás de escena. 

“Siempre le interesó a Pato lo de Migraciones”, confió un funcionario que conoce el día a día del ministerio del Interior, hasta hace poco comandado por Lisandro Catalán y, más atrás en el tiempo, por el propio Francos. “Migraciones es más importante que el Renaper para la cuestión de la seguridad. Pero en su momento Posse ya nos había dicho que no. Es una buena idea porque permite ir hacia un sistema integral de seguridad”, aseguró una voz que conoce desde adentro la gestión de Bullrich, que agregó sin titubear: “El Renaper ayuda, pero ahí hay muchos contratos también”.

Las nuevas potestades de Seguridad generan preocupación sobre el modo en que el Gobierno gestiona la apertura o cierre de sus fronteras. Voces especializadas consideran que el cambio de perspectiva “profundiza la estigmatización y criminalización” hacia quienes buscan llegar a la Argentina. Está en línea con la modificación de la Ley de Migraciones –hecha hace pocos meses– y la modificación de la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) tras la disolución del INADE.

“Trasladar toda la política migratoria al Ministerio de Seguridad agrava la situación que ya impusieron las reformas de los últimos dos años. Ya no solo implica una gestión con perspectiva de seguridad, como si la cuestión de la migración fuera una amenaza para el Estado, sino que la política migratoria y la de registración de personas van a estar, directamente, a cargo del sistema de seguridad”, apuntó a elDiarioAR Diego Morales, director de litigio del CELS. 

El Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional

Diego Morales — CELS

La organización adelantó que informará los nuevos cambios a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace dos semanas advirtió sobre la afectación de derechos de las personas migrantes y refugiados. “Con esta nueva reforma, el Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional”, concluyó Morales.

“Se pasa de una lógica civil e integradora a otra más vinculada al control y la seguridad nacional; implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración”, advirtió a este medio Fernando Ardanza, abogado y especialista en Derecho Migratorio, socio fundador de Global Mobility Argentina. El especialista remarcó la posibilidad de “tensionar el espíritu” de la Ley 25.871 de Migraciones: “Cuando las decisiones sobre residencia o permanencia dependen de una cartera que gestiona fuerzas federales, el mensaje político cambia. Porque la ley, lejos de concebir la migración como una amenaza, reconoce la migración como un derecho humano y una fuente de desarrollo e integración para el país”.

Implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración

Fernando Ardanza — Abogado y especialista en Derecho Migratorio

¿Lo pidió Trump?

Los cambios en la política migratoria en la gestión Milei-Bullrich van de la mano con la mano dura de Donald Trump. El gobierno republicano lanzó una feroz reforma para expulsar migrantes y en la Casa Rosada no se quedaron atrás: en mayo se firmó el decreto 366/25, que luego fue declarado inconstitucional en una parte. Un juez federal entendió que invocaba “una situación de excepcionalidad” para reformar la ley de Ciudadanía, ya que el decreto trasladaba la facultad de otorgar la nacionalidad de los magistrados a la Dirección Nacional de Migraciones, exigía que los dos años de residencia fueran no solo continuos sino también legales y sin salidas del país, y añadía como causal de naturalización la realización de una “inversión relevante” en Argentina.

El DNU habilitó también la deportación de extranjeros que cometen delitos y el pago de servicios de salud y de educación por parte de las provincias, aunque varios aspectos ya estaban vigentes, por lo que el anuncio solo reforzó la narrativa de mano dura libertaria.

El Gobierno también avanzó en la búsqueda de que EE.UU. elimine para los argentinos la obligatoriedad de una visa. En julio visitó el país la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, y se firmó una “declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas”. Luego se supo que el proceso le llevará más tiempo del que pensaban en la Casa Rosada.

“Hay tendencia de algunos países, como México o Panamá, con problemas migratorios con Estados Unidos y tienen en sus fronteras un servicio policial para que toda esa gente no llegue al norte, pero no es lo que pasa en Argentina, que estamos muy lejos”, señaló a elDiarioAR Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad. En contrapartida, cuestionó la política bullrichista al respecto: “El régimen migratorio argentino es bastante más abierto que cualquiera de la región. La articulación de Migraciones y Seguridad sí puede resolver problemas de gestión como el control de personas con pedido de captura, pero Bullrich es una máquina de acaparar cosas y a la vez tiene dificultades para gestionar”, apuntó la referente del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.

“Tanto los datos del Renaper como de Migraciones son relevantes para la seguridad y dan mucho poder. Roza lo peligroso y profundiza el perfil securitario de la totalidad del gobierno”, alertó el diputado de Unión por la Patria José Glinski, miembro de la comisión de Seguridad Interior y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Si se mantiene el cambio, el tablero de Seguridad ostentaría el manejo de 164 pasos fronterizos (39 aéreos, 73 terrestres y 52 marítimos o fluviales), además de comandar ya la PSA, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. Según datos oficiales, las diez nacionalidades que registran mayor cantidad de tránsitos son: paraguayos, brasileños, uruguayos, chilenos, bolivianos, estadounidenses, peruanos, colombianos, venezolanos y españoles, que representan el 92,6 % de las entradas y salidas de extranjeros.

Por el lado del Renaper, el ministerio de Seguridad deberá lidiar con la polémica por los miles de pasaportes defectuosos que obligaron al Gobierno a que se reimpriman de manera gratuita. Pero detrás de escena la oficina es una importante caja. Un proveedor habitual del Estado en la impresión de los documentos es Unitec Blue SA, propiedad de Eduardo Eurnekian, que en 2023 ganó una licitación con Alberto Fernández para elaborar DNI por US$45.378.416,8 y pasaportes US$11.822.223. Entre 2024 y 2025 –ya en la época Milei–, la empresa obtuvo del Renaper la adjudicación de contratos para insumos clave para la producción de DNI y pasaportes electrónicos por 6,51 millones de dólares.

MC

Una masiva brecha de seguridad en Internet derivó en la filtración de más de 16.000 millones de credenciales de inicio de sesión (es decir, usuario y contraseña), dando acceso a ciberdelincuentes a datos personales que pueden usarse para cometer múltiples delitos.

Estos son los datos de una investigación del portal Cybernews, que asegura que la información filtrada abre la puerta “a prácticamente cualquier servicio en línea imaginable”, como Apple, Facebook, Google, Telegram, GitHub y diversos servicios gubernamentales.

De esta forma, desde enero de 2025, más de 30 conjuntos de datos, que incluían cada uno miles de millones de inicios de sesión en redes sociales, VPN y cuentas de usuario de estas grandes tecnológicas, quedaron expuestos a ladrones de información. A pesar de que los investigadores indicaron que los datos estuvieron expuestos “solo por poco tiempo”, recomiendan a los usuarios que se cambien las contraseñas y se aumente la seguridad de inicio de sesión.

Volodymir Diachenko, uno de los autores de la investigación, aclara en el propio artículo que no hubo una filtración de datos centrada en ninguna de estas empresas tecnológicas, pero las credenciales contenían enlaces de inicio de sesión en dichas plataformas.

Los investigadores califican el caso como “una de las mayores filtraciones de datos de la historia” y afirman que es “combustible” para ciberestafas, robos de cuentas, ataques cibernéticos y fraudes electrónicos en los que los delincuentes se hacen pasar por empresas o entidades de confianza para los usuarios para obtener datos personales.

Además, la filtración es especialmente peligrosa para organizaciones que no disponen de autenticación multifactor o medidas de seguridad para proteger la información relativa al inicio de sesión, como contraseñas o claves.

“No se trata solo de una filtración, sino de un proyecto de explotación masiva. Con más de 16.000 millones de registros de inicio de sesión expuestos, los ciberdelincuentes tienen acceso a credenciales personales que pueden utilizarse para la adquisición de cuentas (bancarias), el robo de identidad y ciberestafas”, apuntan los investigadores.

El equipo detrás del artículo de Cybernews, que se va actualizando diariamente con información nueva, destaca que estos datos estuvieron expuestos durante un breve periodo de tiempo y estaban accesibles mediante servidores de búsqueda como Elasticsearch.

Los datos se han filtrado a través de programas malignos y ataques automatizados para robar credenciales, destaca el portal, que incide en que es “imposible” saber cuántas personas o cuentas estuvieron expuestas durante este periodo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó a sus opositores, a Patricia Bullrich y el gobierno nacional por las cifras de homicidios dolosos difundidas la semana pasada, que indican que en 2024 se registró una tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes y que fueron calificadas oficialmente como “el número más bajo de Sudamérica y del menor índice desde que existen registros estadísticos en el país”.

Lo hizo luego de que sellado el acuerdo electoral entre el PRO y LLA en Casa Rosada, los legisladores Diego Santilli, Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, salieran a criticar sus políticas de seguridad. “No hay un solo ciudadano de la provincia de Buenos Aires que te diga que se siente seguro, que se siente tranquilo, que puede ir a tomar el colectivo sin que le pase nada, ir de la casa al trabajo o de la casa al trabajo sin tener miedo a perder su vida o a que le roben”, afirmó Santilli.

A partir de todo esto, el gobernador Kicillof publicó un duro y extenso comunicado en sus redes: “Hace unas horas el Ministerio de Seguridad nacional comunicó que la tasa de homicidios dolosos está en su nivel más bajo en décadas: en lo que va de 2025, el propio Gobierno Nacional celebra una baja en los homicidios del 9,6% con respecto al año anterior. En la Provincia, ese descenso es aún mayor: 10,2%. Es cierto que los homicidios han bajado pero también es cierto que, cuando ocurre un hecho trágico en la Provincia, desde el Gobierno Nacional se caranchea con el dolor y se explota la angustia de la gente para sacar ventajas políticas”.

“Existe otra contradicción que no puede pasar por alto: frente a cada episodio de inseguridad grave —que lamentablemente siguen ocurriendo, y muchos— el Presidente se desentiende, deserta, y afirma que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores. ¿En qué quedamos? ¿La seguridad es responsabilidad de los gobernadores —como dice Milei cuando se corre del tema— o es mérito del Gobierno Nacional cuando hay ”buenas“ noticias?”, cuestionó.

El descargo del gobernador marcó un fuerte acento en logros de su gestión y profundizó las críticas al presidente Javier Milei. “Es cierto que la tasa de homicidios ha descendido. Pero al licenciado Milei, que le gusta repetir que la provincia 'es un baño de sangre', se le escapa una verdad importante: es matemáticamente imposible que los homicidios bajen a nivel nacional si la Provincia —que representa cerca de la mitad del país— fuera realmente un 'baño de sangre'”, explicó.

“La seguridad no se construye con marketing o frases efectistas y la motosierra no lleva protección ni paz a ningún barrio. Se necesita coordinación, seriedad y responsabilidad. Es, además, una cuestión de múltiples dimensiones, por lo que necesita una política coordinada de todas las áreas y niveles de gobierno y de todos los poderes del Estado. Por eso lamento que el Presidente se haya negado a reunirse conmigo e insista con conductas tan poco adultas”, añadió el mandatario provincial y recalcó que “no se puede 'festejar' la baja de la tasa de homicidios, porque detrás de las estadísticas hay pérdidas y dolores reales”. También pidió que “los funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza se abstengan de hacer una explotación política del miedo y del dolor” porque “se vienen elecciones pero no todo vale por un voto”.

Kicillof, además, reclamó por recursos de coparticipación. “Es indispensable seguir fortaleciendo un Estado sensible, presente y protector. El Gobierno de Milei todavía nos debe los recursos que nos quitaron: fondos que estaban destinados a cuidar a las y los bonaerenses equivalentes a la compra de 10.000 patrulleros. Exigimos nuevamente su devolución”.

El festejo de Bullrich

“Estamos orgullosos de poder decirle a los argentinos y al mundo que la Argentina está bajando homicidios”, señaló la ministra Bullrich el miércoles pasado al celebrar además que en los tres primeros meses de 2025 se registraron 507 homicidios, frente a los 561 del mismo período en 2024, lo que representa una disminución del 9,6 %.

Según el relevamiento de la organización Insight Crime, la tasa de 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes resulta la más baja de Suramérica en 2024, con excepción de Bolivia, que se elevó a 3, aunque el relevamiento aclaró que se trata de una cifra incompleta o que no es confiable.

La cifra anunciada por Bullrich representa también la más baja registrada en Argentina en los últimos 10 años, cuando el país implementó el actual sistema de contabilización. En 2023, la tasa había sido de 4,49, y en 2022 de 4,31.

“Cada homicidio es una vida, y el ideal es no tenerlos. Pero esta baja que vamos produciendo es un orgullo para este Gobierno, para el presidente (Javier) Milei y para toda la tarea que hacemos junto a las provincias”, concluyó Bullrich. 

MM

La familia del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad durante la represión policial a una marcha de jubilados el pasado 12 de marzo frente al Congreso, denunció serias irregularidades en la evidencia aportada por las fuerzas de seguridad en el marco de la investigación judicial.

Representada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, la querella señaló que los videos y archivos de audio entregados por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal presentan “inconsistencias, vacíos temporales y fragmentación”, lo que compromete la integridad del material probatorio.

En el caso de los videos, indicaron que faltan tramos de momentos clave del operativo. Respecto al único archivo de audio entregado por la PFA, advirtieron que su duración es menor al rango horario consignado en el título del archivo, sin explicación sobre el recorte ni transcripción o referencia horaria precisa.

“Estas irregularidades comprometen la confiabilidad del material de prueba”, señaló la querella en un comunicado, y solicitó que se oficie a ambas fuerzas para que aclaren lo sucedido y entreguen documentación complementaria.

Entre las omisiones, destacaron que no se presentó el material captado por una cámara GoPro incorporada al casco de un gendarme que se encontraba junto al cabo Guerrero —identificado como el autor del disparo que hirió a Grillo—. Según las imágenes analizadas, tras lanzar el proyectil en línea recta y en dirección al rostro del fotoperiodista, un compañero le toca el hombro en señal de aprobación. Pero el registro de esa cámara no fue entregado.

En las filmaciones disponibles, además, se observa una escalada en el uso de la fuerza: uso hostil del lenguaje por parte de los efectivos (“no le perdonen”, “hijos de puta”), lanzamiento masivo de gases lacrimógenos —al punto que el gendarme que filma tose, se queja y tiene dificultades para respirar— y disparos horizontales de balas de goma sin identificación de agresores.

Tras el disparo que dejó a Grillo internado, se escucha al gendarme que registra la escena decir: “Estamos excelente, más que bien”.

La querella pidió también que el cabo Guerrero sea citado a declarar como imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, solicitó que se investigue la posible responsabilidad penal de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; del director nacional de Gendarmería, Claudio Brilloni; y de otras autoridades a cargo del diseño, mando y supervisión del operativo.

La familia de Pablo Grillo continúa reclamando acceso pleno a toda la evidencia, clave para determinar las responsabilidades en la represión que terminó con el fotoperiodista en estado crítico.

MM

Prófuga desde hace ocho meses, la brasileña Amanda Alves Ferreira, de 30 años, afirma que el juicio en la Argentina que la condenó a prisión perpetua por homicidio fue manipulado y critica a la Justicia del país: “Si pagás, no vas preso”.

En una entrevista con Folha, asegura que no mató a la también brasileña Eduarda Santos de Almeida, de 27 años, amiga con quien vivía en Bariloche y que había gestado a sus dos hijos mediante inseminación, además de entregarle otra niña para que Amanda la criara.

Sostiene que el homicidio, ocurrido en febrero de 2022, fue cometido por una organización criminal dedicada a la trata de personas. “Tengo mucho que contar. Pero temo por mi vida”, dijo por teléfono “desde algún lugar de América Latina”, el pasado 6 de marzo. “Yo sé muchas cosas, y Eduarda también sabía.”

En agosto del año pasado, Amanda escapó de la cárcel en Bariloche. Ahora dice que “presentará pruebas” para solicitar un nuevo juicio debido a supuestas irregularidades en el proceso.

Miembros del Poder Judicial de Bariloche aseguran que “el cerco se cerró” sobre Amanda y que su paradero ya habría sido descubierto. Hasta el momento, no hay una alerta de Interpol para su captura.

El crimen

En Bariloche, Eduarda gestó dos hijos mediante fertilización in vitro con el semen de Amanda, una mujer trans, y de su esposo, Marcelo Ramírez, quien falleció durante la pandemia de Covid-19. Los gemelos nacieron en 2019.

Luego de una breve estadía en Brasil, Eduarda regresó embarazada a Bariloche y en diciembre de 2021 dio a luz a una niña, que también entregó a Amanda para su crianza. Actualmente, los tres niños están al cuidado de familiares.

Para el fiscal Martín Lozada, “Eduarda se volvió una molestia” para Amanda cuando empezó a poner límites y obstáculos al contacto de la hoy condenada con los menores.

La noche del 16 de febrero de 2022, Amanda condujo hasta el inicio del sendero del lago Escondido, en el Circuito Chico, al oeste de Bariloche. En el auto también estaban Eduarda y los tres niños.

Allí, según reconstruyó la Fiscalía, empuñó y disparó un revólver marca Smith & Wesson, modelo 686, calibre .357 Magnum. Unas horas después, Eduarda fue hallada muerta. Amanda confesó el crimen.

Mensajes de texto previos al asesinato indicaron que todo fue planeado y organizado en detalle. “Tomó todas las precauciones para que la víctima no pudiera defenderse y, actuando con seguridad, realizó al menos nueve disparos que impactaron en su cuerpo”, señaló la Fiscalía.

La condenada, por su parte, declaró que “no planeó nada” y que fue Eduarda quien llevó el arma esa noche, por temor a supuestas amenazas de una banda criminal.

“Disparé una vez, pero no contra Eduarda. No voy a mentir: agarré el arma e hice un disparo al aire. Pero la Fiscalía en un momento dijo que Eduarda tenía seis disparos, en otro nueve, y en el juicio dijeron cuatro. Yo disparé una vez, pero no la maté”, reiteró a Folha.

De hecho, durante la investigación no pudo esclarecerse si el cuerpo de la víctima tenía impactos correspondientes a cuatro, seis o nueve disparos.

¿Y por qué confesó el crimen entonces? “No había comido nada desde el día anterior. Y un policía vino y me dijo: ‘Lo que podés hacer es decir que fuiste vos, asumir la culpa, y te mandan a casa con tus hijos y después respondés en el juicio’. Yo estaba cansada y dije eso”, relató.

Ella dice estar preparando una demanda en la que detallará supuestas irregularidades del proceso, entre ellas: la Fiscalía afirma haber perdido la grabación realizada el día del primer allanamiento en la casa que ambas compartían, pocas horas después del asesinato de Eduarda; el arma fue encontrada cinco días después y no tenía huellas digitales; las cámaras de seguridad de la zona muestran, en el horario del crimen, un vehículo con ambos faros intactos, mientras que el auto en el que se desplazaron tenía uno roto.

El fiscal Lozada rechaza estas acusaciones. Declaró a Folha que “el trabajo de investigación criminal fue muy preciso, rápido y eficaz. Estuvo bien hecho. Se recolectaron muchas pruebas científicas: audios, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, cámaras”.

Transición de género

El anuncio de su identidad como mujer trans, el 14 de abril de 2023, incrementó la repercusión del caso. La transición de género fue debatida en los tribunales, ya que para la Fiscalía se trataba de una estrategia para evitar una pena por femicidio —la ley argentina establece que, para configurarse ese delito, el asesinato debe ser cometido por un hombre. En el juicio, Lozada se refirió a la acusada en masculino.

El 30 de junio de 2023, un jurado compuesto por 12 personas condenó a Amanda por los delitos de “homicidio calificado por haber sido cometido con arma de fuego, con premeditación, y por tenencia ilegal de arma de guerra de uso civil”. Se descartó el femicidio.

“La gente no acepta la paternidad o maternidad de personas trans, bisexuales o gays. Tenían un prejuicio que no sé si las influenció”, dijo. “Todo el mundo me pregunta sobre la transexualidad. Yo viví eso para mí, fue algo personal. Antes de terminar la transición, quería estabilizarme económicamente. Quería tener mi familia, una vida estable, y después empezar con la transición física más visible.”

Amanda cumplía condena en el Establecimiento de Ejecución Penal N.º 3 de Bariloche, una cárcel masculina, donde compartía celda con cinco internos. En prisión, era llamada genéricamente “Brasil”. Llegó a presentar una denuncia por abuso sexual contra uno de los reclusos.

El gobierno de Javier Milei

El 6 de agosto de 2024, alrededor de las 21.30, saltó el cerco perimetral del penal, entró en un auto que la esperaba y logró escapar. Los guardias notaron su ausencia al día siguiente.

“No pensaba en fugarme. Después fui viendo lo que pasaba. La Justicia argentina pide mucho dinero. Entonces, el que tiene plata compra, y el que no tiene, se complica”, afirma.

El caso ha sido utilizado por el gobierno de Javier Milei para impulsar su campaña contra la diversidad sexual o lo que denomina “ideología de género”. En redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en noviembre una recompensa de $5 millones por su captura.

“Para reducir su condena, intentó engañar a la Justicia con un relato woke de género diciendo que se identificaba como mujer”, declaró. “La buscaremos vestida de hombre o de mujer.”

Al margen de ese debate, Amanda reconstruye su vida y prepara una solicitud diplomática para la realización de un nuevo juicio y su ingreso a Brasil.

Consultado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Consulado General de Brasil en Buenos Aires, afirma tener conocimiento del caso, pero que por ley no proporciona información sobre asistencias individuales a ciudadanos brasileños.

SR/DTC

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó en Plaza Italia, en Palermo, el nuevo programa Línea *910 para bloquear celulares robados en todo el país.

“Estamos aquí para anunciar otro paso en nuestra batalla diaria contra el delito. Presentamos el asterisco 910. Es un asterisco para bloquear los celulares robados”, comenzó el discurso Bullrich.

La funcionaria remarcó que la presentación del programa se lleva a cabo en dicho barrio porteño “porque es el barrio con mayor cantidad de robos en la ciudad” ya que “la cercanía del subte, el Metrobús, junto con el alto tránsito de gente, el tren, ayuda a la escapatoria rápida de los delincuentes”.

“Este es un delito muy común, el más se comete en el país y el primer delito de la Ciudad de Buenos Aires. Seguro conocemos a alguien que le han robado el celular, su teléfono. Es plata, es herramienta de trabajo, es propiedad de cada persona que invirtió en su teléfono”, sostuvo.

En la conferencia, Bullrich explicó que este plan permite que, desde ahora, cualquier víctima del robo puede inutilizar su línea y el equipo de forma inmediata, evitando que los delincuentes puedan revender el aparato en el mercado ilegal.

La funcionaria festejó el programa y detalló que la línea ya se encuentra habilitada y funciona las 24 horas, los siete días de la semana.

Para comprender cómo se ejecuta la línea, explicó: “Si el ciudadano está en el subte y le roban, va a llamar al asterisco 910 y su celular va a quedar bloqueado en forma inmediata”.

“De esta forma, el delincuente no puede usar la línea ni vender el teléfono. Esto lo que hace es reducir el mercado informal de teléfonos y reducir las ganas de robar un teléfono porque va a terminar siendo un pedazo de madera, algo que no va a servir”, sumó.

Aunque se trate de una herramienta importante, la funcionaria indicó: “Siempre ayuda a conocer el IMEI, I-M-E-I. Es el código de identificación del celular. Para chequearlo hay que tenerlo”.

“La compañía inmediatamente incorpora ese IMEI en una lista negra y entonces el que quiere vender el teléfono, no lo va a poder hacer”, señaló.

“Esto va a ir acompañado de nuevas tecnologías que vamos a presentar a corto plazo con unas aplicaciones especiales para poder tener resguardo muy fuerte de la información de cada uno.

Acordate, asterisco 910, bloqueas tu teléfono y de esta manera nadie puede usarlo y tampoco tiene valor de reventa“, concluyó.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno buscará, junto a sus aliados en el PRO y el radicalismo, dictaminar este martes una reforma del régimen penal juvenil que baje la edad de punibilidad a los 14 años. Con esta iniciativa, fogoneada por el propio Javier Milei, La Libertad Avanza aspira a recuperar un poco de la centralidad política perdida a manos de la agenda opositora. Atrapado en el escándalo $LIBRA, el oficialismo apuesta a recuperar el control de la agenda apelando al discurso manodurista y securitario de su ministra Patricia Bullrich. 

El debate comenzó hace más de un año en la Cámara de Diputados, pero se aceleró luego de la muerte de Kim Gómez, la niña de siete años asesinada en La Plata por dos adolescentes (uno de ellos de 14 años) en ocasión de un robo. Pese a la resistencia expresada por varios organismos de derechos humanos y la Iglesia Católica, el gobierno de Javier Milei hizo suya la bandera de la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años y trabaja para aprobar, a fines de mayo, un nuevo régimen penal de menores que reemplace la ley sancionada en los 80.

En total, hay presentados unos 15 proyectos. Y a excepción de una iniciativa presentada por Unión por la Patria, que firma la dirigenta cartonera Natalia Zaracho, todos los proyectos coinciden en un punto: la baja de la edad de punibilidad, ya sea a 13 o 14 años. Incluso el massista Ramiro Gutíerrez, en línea con la postura histórica del Frente Renovador frente a temas de Seguridad, propone reducirla a 14, lo que viene generando una fuerte división interna dentro Unión por la Patria.

La bullrichista Laura Rodríguez Machado es quien viene encabezando, desde agosto del año pasado, las negociaciones con los radicalismos, la Coalición Cívica y el pichettismo de Encuentro Federal para consensuar un único dictámen. No fue fácil. Se realizaron ocho reuniones informativas, con decenas de especialistas que opinaron a favor y en contra de la reforma propuesta por el Gobierno. Y todo en el marco de un plenario de comisiones inmenso, compuesto por las comisiones de Legislación Penal, Familia, Justicia y Presupuesto que engloba, en total, a más de 100 diputados. Una Cámara de Diputados en miniatura. 

Qué dice el dictamen de consenso

El borrador de dictamen, que Rodríguez Machado viene negociando con el resto de los aliados opositores, supone una reforma integral del Régimen Penal Juvenil. En primer lugar, propone la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Originalmente, el gobierno libertario quería bajarlo a 13 años, pero accedió a dejarlo en 14 en pos de conseguir las firmas para el dictamen. 

El objetivo es alinear el régimen penal al resto de los países de América Latina, que oscilan entre los 12 y 14 años como límite de edad mínima a partir de la cual una persona se considera responsable penalmente. Paraguay, Chile y Perú tienen como edad límite los 14 años. En Uruguay, Guatemala y Haití es de 13. Y en Brasil, México y Honduras, entre otros, es de 12 años.

El nuevo régimen de menores, entonces, funcionará para todos los adolescentes de 14 y 18 años. Estos podrán ser detenidos y privados de su libertad en institutos especializados o abiertos. Si bien se especifica que no podrán ser detenidos con presos comunes, el dictamen de consenso admite que puedan ser alojados en una “sección apartada” de un establecimiento penitenciario, lo que generó varios cuestionamientos de organismos de derechos humanos. 

Los impulsores de la iniciativa aclaran, sin embargo, que no todos los menores que cometan un delito irán presos. Proponen, en cambio, un conjunto de medidas y sanciones alternativas que reemplacen la prisión. Pero solo en los casos que los delitos imputados prevean penas de menos de 10 años. Algunos ejemplos: prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, prohibición de ir a espectáculos musicales o deportivos, amonestaciones, prohibición de acercarse a la víctima o relacionarse con determinado grupo de personas. 

En el caso de que el delito suponga penas de más de 10 años, el adolescente podrá ir preso. En el dictamen no termina de quedar claro, sin embargo, cuál será el criterio específico para definir qué pena corresponderá. Se pretende que la pena varíe de acuerdo a la edad del imputado y la gravedad del delito —y si derivó, por ejemplo, en la muerte de la víctima—, pero los diputados no terminan de definir un parámetro definido y concreto. Una falencia que, al momento de dictaminar, podrá derivar en que algunos bloques presenten dictámenes de minoría o disidencias parciales.

Se prohíbe, sin embargo, la prisión perpetua para adolescentes. Y establece un límite para la pena máxima, que será de 15 años (el oficialismo, originalmente, quería poder darle hasta 20 años de prisión, pero el radicalismo se opuso). 

Críticas y objeciones

Desde un principio, los organismos de derechos humanos cuestionaron la decisión del Gobierno de bajar la edad de punibilidad. “La única consecuencia concreta que va a tener esta reforma es que vas a tener a más menores, a personas en pleno proceso de crecimiento, privados de su libertad. Porque las medidas alternativas, en el proyecto, son la excepción. Y el encierro en la Argentina no es bueno”, explica Macarena Fernández Hoffman, coordinadora del equipo de Política Criminal del CELS, a elDiarioAR. 

Según explica Fernández Hoffman, el porcentaje de menores que delinquen es menor al 0,2%. “La mayoría son delitos contra la propiedad, hurtos o tentativa de robo. En esa franja etaria no tenes muchos delitos graves”, grafica, cuestionando que el régimen penal propuesto sea casi idéntico al régimen para adultos. “Sostienen penas altísimas. Sostienen la prisión preventiva. Se conmuta de la misma manera los riesgos procesales. No hay una especificidad del régimen juvenil, que había que cambiar. Y de lo que tiene de especificidad repiten el paradigma tutelar, según el cual deja en la arbitrariedad del juez forzar una internación o separarlo de su familia”, desarrolla la especialista del CELS.

Fernández Hoffman cuestiona, además, que el régimen penal juvenil incluya todo tipo de delitos. Esta objeción ha sido planteada, a su vez, por UxP, que viene trabajando en su propuesta de dictamen. El peronismo, sin embargo, se encuentra en una encrucijada: el massismo quiere acompañar la baja de la edad de punibilidad, lo que implicaría que UxP se rompa en una votación delicada y socialmente relevante. 

Este martes a las 11, previo a que se reúna el plenario de comisiones, los diputados del peronismo se reunirán para intentar aunar una postura y presentar un dictamen en minoría unificado. Será una decisión fundamentalmente simbólica de cara a su electorado, ya que Rodríguez Machado contabiliza que tiene las firmas aseguradas para dictaminar e ir al recinto en unas semanas.

MC/JJD

En la provincia de Buenos Aires buscan prohibir que circulen dos personas por moto para “prevenir ilícitos”. Así lo confirmó Javier Alonso, ministro de Seguridad provincial, quien también destacó que esta medida solo será llevada a cabo en algunas zonas.

En conferencia de prensa, Alonso dio a conocer que implementarán una curiosa normativa en la que prohibirán que circulen dos personas por moto en busca de “prevenir delitos”.

El funcionario explicó que el dictamen será por zonas, franjas horarias y con previo pedido de los intendentes.

“Es una medida sensible, por eso creemos que debe ser el intendente el que lo solicite. Hay una ley que nos permite tomar esa medida como Ministerio de Seguridad”, señaló Alonso.

Aunque se estima que se ejecutará sobre todo en el Conurbano, el ministro indicó que regirá para los 135 municipios.

En este marco, Alonso destacó que esta normativa está incluida en la Ley “Antimotochorros” aprobada en 2019. Es en la misma donde se obligar a llevar impresa la patente en el casco y el chaleco, algo que no se respeta.

Aunque continúan las denuncias por los hechos de inseguridad, el ministro enfatizó que el número de homicidios en la provincia bajó un 13% en el primer trimestre del año.

“En enero, febrero y marzo se registraron 234 homicidios, mientras que durante los mismos meses del año pasado se habían registrado 270”, indicó.

“Esto es un avance en materia de política de seguridad y de esfuerzos compartidos. Tiene que ver por el trabajo mancomunado que hacemos con cada uno de los 135 gobiernos locales, con la Justicia federal y la justicia provincial”, remarcó Alonso.

MM con información de la agencia NA.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó este martes a Mauricio Macri en medio de la controversia por la crisis carcelaria en las comisarías porteñas y responsabilizó a la administración de la Ciudad por la falta de infraestructura penitenciaria. Lo hizo luego de que el expresidente posteara en su cuenta de X: “Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos. El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”.

“Los compromisos se cumplen. Al no haberlo hecho, generaron un problema y ahora quieren sacarse la responsabilidad de encima”, lanzó Bullrich. “Tu primo tiene sobre su escritorio un convenio de transferencia que, como se hizo con la Policía de la Ciudad, se puede resolver en pocos días”, agregó.

En su réplica, la ministra recordó que la transferencia de la policía porteña a la órbita local debió haber incluido también el traspaso del sistema judicial y penitenciario. “Al transferir la policía en el gobierno del que fuiste Presidente, debías pasar la Justicia y los presos. No lo hiciste. Es fácil tener policía y dejar que los ciudadanos de todo el país le sigan pagando los presos a la Ciudad”, disparó.

Bullrich también se refirió a un acuerdo firmado en 2018, durante la presidencia de Macri, en el que se establecía que la Ciudad obtendría el terreno de la cárcel de Devoto a cambio de la construcción de un nuevo penal en Marcos Paz. Según la ministra, la administración nacional invirtió 60 millones de dólares en esa obra, mientras que la Ciudad debía aportar otros 70 millones para su finalización. “La Ciudad decidió no cumplir el compromiso y dejó de construir la cárcel que debía entregarse en 2020”, señaló.

La funcionaria también cargó contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y de Jorge Macri, acusándolos de haber mantenido la obra paralizada por cinco años, lo que, según ella, terminó generando un sobrecosto para los porteños. “El año pasado, en lugar de continuarla, decidieron cambiar la empresa y la adjudicaron recién en diciembre de 2024, lo que demuestra que la continuidad de la obra dependió y depende exclusivamente de la Ciudad”, sostuvo.

Bullrich vinculó directamente esta demora con la actual crisis en las comisarías porteñas. “Todo este retraso hizo que en el año 2020 comenzaran a acumularse presos en comisarías y hoy, producto de ese incumplimiento, se llenaron las comisarías de presos”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que desde la administración de Javier Milei se ofrecieron distintas soluciones a la Ciudad para aliviar la situación, como el traslado de detenidos al sur del país o la construcción de módulos penitenciarios en terrenos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero que esas alternativas fueron rechazadas. “Mientras tanto, desde que empezamos la gestión ingresamos más de 6.000 presos de las comisarías de CABA”, destacó.

La ministra reveló que en diciembre pasado el Gobierno firmó una carta de entendimiento para transferir el SPF, los detenidos y los establecimientos a la Ciudad, pero que la administración porteña no avanzó en su implementación. “Está listo para la firma, pero claro, hacerse cargo de la seguridad parecía algo que les daba glamour, por eso le pusieron bordo al uniforme. Pero tener presos es responsabilidad pura, sin rédito alguno”, ironizó.

Finalmente, Bullrich cerró su descargo con una crítica directa a Macri: “Hoy, por cinco años de desidia, se les acumularon más de 2.000 presos, y vos me pedís que me los lleve. ¿Dónde los llevaría si la cárcel donde debían ir la dejaron de construir? Sabés lo que significan 2.000. Una cárcel entera. Firmen la transferencia y dejen de llorar. Las cosas se solucionan, como los piquetes”.

MM con información de la agencia NA.

Dos turistas argentinos fueron baleados este miércoles en un intento de asalto en la playa de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro. Ambos fueron trasladados en helicóptero a hospitales de la ciudad en estado grave, según confirmaron fuentes oficiales.

Uno de ellos permanece en cirugía en el Hospital Municipal Miguel Couto, mientras que el otro se encuentra estabilizado en el Hospital Lourenço Jorge, de acuerdo con la información brindada por el Cuerpo de Bomberos y la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro.

Según testigos citados por medios locales, las víctimas serían hinchas de Racing Club de Avellaneda, que este jueves disputará la final de la Recopa Sudamericana contra Botafogo en el estadio Nilton Santos.

La Policía Civil de Río abrió una investigación para esclarecer el ataque, aunque hasta el momento no hay detenidos.

El hecho ocurrió en plena temporada alta, en un verano con una fuerte afluencia de turistas extranjeros en Brasil. Solo en enero, el país recibió un récord de 1,48 millones de visitantes, de los cuales 870.318 eran argentinos, según datos oficiales.

MM con información de la agencia EFE.