En 2020, en el momento más álgido de la paralización de la actividad por la pandemia de Covid-19, el Gobierno lanzó el programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) mediante el que se hizo cargo de los salarios de las empresas más afectadas por la situación. Tres años después, la AFIP está recuperando los fondos que, según una fiscalización posterior, el Estado entregó a compañías que no los necesitaban pero manipularon sus cuentas para obtenerlos.

Según informó el organismo que conduce Carlos Castagneto, ya se recuperaron $130 millones de parte de empresas que cobraron “de manera fraudulenta” el ATP y se enviaron intimaciones para la devolución de otros $80 millones. Se trata de firmas que fraguaron su nivel de ingreso o manipularon sus ventas declaradas para recibir los aportes estatales. 

Los principales rubros donde se detectaron las mayores irregularidades fueron el transporte, el petrolero y el alimenticio. Concretamente, el sector de transporte reembolsó hasta el momento $40 millones; el petrolero, $37 millones y el alimenticio, más de $30 millones. Según pudo saber elDiarioAR, se exige la devolución de los montos de la ayuda oficial sumado a intereses. 

El programa ATP fue lanzado en 2020 para atenuar el impacto negativo sobre la economía del período de aislamiento social más estricto. La iniciativa contemplaba desembolsos al sector privado para hacer frente al pago de sueldos en las actividades en crisis o afectadas por el coronavirus. Para obtenerlo, era necesario demostrar el efecto negativo de la pandemia en los números de la compañía. 

Los cruces de información posteriores, que surgieron de las bases de datos de AFIP, permitieron iniciar fiscalizaciones con el fin de identificar firmas que pudieron haber abultado o detraído sus ingresos de forma artificial y así acceder al apoyo estatal.

Si bien AFIP evitó difundir el dato de las empresas intimadas, este medio pudo confirmar que algunas de las incluidas son la tecnológica Worldsys S.A, la firma de cosmética y productos de limpieza La Farmaco Argentina Ind Y Com S.A, la hotelera Ferrol SRL y Berlitz Argentina S.A. Además, el 29 de noviembre pasado había emitido un comunicado en el que informó la inhibición general de bienes de la empresa Buquebus por más de $123 millones ante la falta de reintegro de fondos del ATP. 

 La Resolución 2022-127-E de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP declaró la caducidad de los beneficios de “Salarios Complementarios”, al constatar que la firma Los Cipreses S.A –controlante de Buquebus– operó en el mercado de valores mediante la adquisición de títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera, inmediatamente después de recibir $63,6 millones del Estado entre mayo y diciembre de 2020. 

Ante la falta de respuesta a la demanda realizada por AFIP en junio de 2022, la justicia determinó que al monto reclamado originalmente se le sume el pago de otros $48,9 millones en concepto de intereses y costas, lo que suma un total de $123,6 millones.  

En la causa interviene el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, que ordenó la ejecución de los montos exigidos y notificó al Registro Nacional de Buques, al Registro Nacional la Propiedad del Automotor, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

La familia de Novak Djokovic aseguró este jueves que el tenista no violó ninguna ley ni norma de Australia en su intento de entrar en ese país y jugar el Grand Slam, y que la situación que encara es “el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia”.

El padre del tenista, Srdjan Djokovic, describió a su hijo como “un ídolo, la luz al fondo de un túnel que no apagará la oligarquía política” occidental que “se cree que el mundo es suyo”.

Comparó al tenista con “Jesucristo, a quien crucificaron”, y dijo que algunos intentan ahora “crucificar, humillar y echar de rodillas” a su hijo.

“Es una lucha política que no tiene nada que ver con el deporte”, insistió el padre en una rueda de prensa en Belgrado, tildando al primer ministro australiano, Scott Morrison, de “descarado” que ataca al “orgullo” del mundo libre.

El hermano del deportista, Djordje Djokovic, señaló que Novak no desea regresar hasta la decisión, previsiblemente el lunes, de un tribunal australiano sobre su visado, que las autoridades de Australia le revocaron anoche.

“No quiere porque quiere justicia y es tratado como un criminal y no como deportista que no ha cometido ninguna infracción legal”, dijo Djordje Djokovic, quien insistió en que su hermano ha sido privado de todas sus pertenencias mientras espera la decisión.

Indica que su eventual retorno sin el fallo supondría la prohibición de entrada en Australia por tres años, algo que el tenista no desea.

Explicó que Djokovic, a quien consideró como “el mejor deportista de todos los tiempos”, junto con los organizadores del Abierto de Australia y la federación tenista de ese país, cumplió todos los protocolos necesarios para su participación en el torneo, del 17 al 30 de enero.

Aseguró que los demás tenistas que al igual que Djokovic recibieron la exención médica de la vacunación para poder participar entraron en Australia con los mismos documentos y que sólo le fue negada la entrada al número uno del mundo.

Denunció que Djokovic fue privado de sus maletas, portamonedas y todas las pertenencias excepto del teléfono móvil, al que tampoco pudo acceder durante varias horas en “la detención en el aeropuerto” ayer cuando no pudo comunicarse ni con su familia.

Djordje Djokovic aseguró que el jugador “no puede ni cambiarse la ropa” en ese hotel de solicitantes de asilo en Melbourne donde lo instalaron las autoridades australianas, que calificó de “sucio”, y dijo que las pertenencias le serán devueltas sólo a su regreso a Europa.

El tenista recurrió la revocación del visado y un tribunal australiano analizará el lunes el recurso.

“Novak es una personalidad fuerte y emotiva, y lucha no sólo por sí mismo sino por todos en este mundo que defienden sus convicciones éticas y morales”, dijo el portavoz familiar en referencia a la oposición del deportista a la vacuna contra la covid.

Poco después de la rueda de prensa de la familia, decenas de personas se concentraron en el centro de Belgrado, frente al edificio del Parlamento serbio, en apoyo a Djokovic.

“Gracias porque mostráis el amor a Nole”, dijo Srdjan Djokovic a los manifestantes, utilizando el apodo con el que se conoce en Serbia al tenista.

Los concentrados, entre los que había gente de todas las edades, gritaban “Nole, Nole”, “Nole, te queremos” y “Nole, serbio, Serbia está contigo”.

Con información de EFE.

IG

La Fiesta Abasto Abierto se llevará a cabo mañana, sábado 23 de octubre, de 12 a 23 con entrada gratuita, en los distintos espacios culturales que forman parte del Abasto, barrio que le da el nombre al evento.

El encuentro cultural tendrá lugar en espacios abiertos, al aire libre, y está pensando para que asista toda la familia, con espectáculos tanto para grandes como para chicos.

Las propuestas de la Fiesta se distribuirán en seis escenarios:

Para incentivar las actividades en movimiento, los escenarios estarán unidos por un circuito peatonal, incluyendo algunos shows en esquinas importantes del barrio.

Al mismo tiempo, se realizará a un recorrido en bicicleta por el Abasto, con cinco postas señalizadas donde distintos guías explicarán sobre el patrimonio cultural del barrio. El recorrido en bicicleta inicia en el Bar Roma (Anchorena 806) donde se les entregará un mapa a los ciclistas y un pasaporte que les permitirá ganar premios al completarlo.

Si bien todas las actividades son gratuitas, hay algunas que cuentan con un cupo limitado de participantes, tales como:

Para asegurarse el lugar, se debe enviar un correo a: patrimonioba@buenosaires.gob.ar

Es posible acceder a la programación completa de la Fiesta Abasto Abierto en la página oficial del Gobierno de la Ciudad.

MGF

Por medio de la Resolución General 5035/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció el mecanismo para que las empresas que hayan incumplido las condiciones previstas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) restituyan los fondos correspondientes al salario complementario.

Esta sanción determinó el proceso para que empleadores que no cumplieran con el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP y sus protocolos restituyan los fondos correspondientes al salario complementario.

Aquellas firmas que deban hacerlo recibirán una notificación de AFIP ante la cual tendrán un plazo de 15 días hábiles para reintegrar las sumas percibidas por los salarios devengados entre los meses de abril y diciembre de 2020, mediante un plan de pagos a través del servicio virtual de AFIP Mis Facilidades.

Cómo restituir el ATP percibido

El plan de financiación incluye un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada y hasta cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a excepción de la primera, que incluirá los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento. La tasa efectiva mensual será del 2%.

Las firmas serán notificadas por el organismo para reintegrar los recursos, y podrán hacerlo a través de un plan de pagos.

La caducidad del plan de facilidades de pago operará sin que medie intervención alguna por parte de la AFIP, cuando se produzca la falta de cancelación de dos cuotas, consecutivas o alternadas, a los SESENTA (60) días corridos posteriores a la fecha de vencimiento.

Podrán adherirse a este régimen de pagos:

-Quienes realicen el reintegro voluntario del beneficio del total del importe.

-Quienes realicen el reintegro en consecuencia de la notificación de los incumplimientos detectados, en cuyo caso la adhesión al régimen podrá realizarse hasta los 15 días hábiles administrativos, inclusive.

Qué se contempla como incumplimiento del ATP

La imposibilidad para la distribución de dividendo y la recompra de acciones fueron algunas de las condiciones que, por un determinado período de tiempo, debían cumplir los empleadores beneficiados.

La normativa del Comité de Evaluación y Monitoreo también establecía que los beneficiarios no podían adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, y tampoco realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.

MGF

En 2020, cuando el Gobierno nacional liberó $220.000 millones para financiar parte de los salarios de las empresas golpeadas por la pandemia, impuso algunas condiciones para recibirlo, como no destinarlo a la compra de dólares por la vía financiera. Tras un procedimiento de control realizado sobre información provista por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identificó a alrededor de 2.000 empleadores que incumplieron los términos, por lo que deberán devolver la ayuda. 

Según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial, la AFIP dispuso un mecanismo para que las empresas que quedaron excluidas del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) restituyan los fondos correspondientes al salario complementario. Las firmas que deban hacerlo serán notificadas por el organismo y podrán hacer el reintegro con un plan de cuotas. El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont no informó el monto de dinero que el Estado busca recuperar. 

Según detalló la Resolución General 5035, los criterios para acceder y conservar los beneficios previstos en el Programa ATP fueron establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo que encabezó la Jefatura de Gabinete junto con la AFIP y los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo. La imposibilidad para la distribución de dividendo y la recompra de acciones fueron algunas de las condiciones que, por un determinado período de tiempo, debían cumplir los empleadores beneficiados.

La normativa también establecía que los beneficiarios no podían adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior y tampoco realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.

Identificados ya los empleadores que incumplieron, se definió el procedimiento de devolución de los fondos. De acuerdo con el texto de la resolución publicada este miércoles, tendrán un plazo de 15 días hábiles para reintegrar las sumas percibidas mediante un plan de pagos a través del servicio “Mis Facilidades”. La financiación contempla un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada y hasta cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a excepción de la primera, que incluirá los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento. La tasa efectiva mensual será del 2%.

DT

La pandemia de coronavirus y el clima de urgencia que impuso para tomar decisiones y articular políticas profundizaron una falencia ya estructuralmente asociada a la gestión del Estado argentino. Durante 2020, el Gobierno movilizó 7 puntos del PBI en medidas vinculadas a paliar la crisis provocada por el Covid-19, pero de acuerdo con una evaluación global elaborada por International Budget Partnership (IBP) la rendición de cuentas de los dos principales gastos fue “limitada” y arrojó los peores puntajes en algunos ítems clave como fuentes de financiamiento, adquisiciones y auditorías. 

“En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos”, apuntó Julieta Izcurdia, coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ONG que estuvo a cargo del relevamiento en la Argentina. Según su modo de ver, los vacíos más grandes aparecen en el origen de los presupuestos (cuánto se asigna, por qué y de dónde salen esos fondos) y en la rendición de cuentas posterior, donde se contempla también el análisis del impacto de las políticas instrumentadas. La ejecución es, de algún modo, la etapa sobre la que hay mayor registro. 

La encuesta se realizó a 120 países y en la Argentina tomó como referencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (ATP) por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. Según se argumentó, el IFE representó el 75% del total de gasto social, mientras que el ATP significó el 63% del gasto en el sector privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario.

La urgencia de la pandemia no alcanza para explicar la falta de transparencia en la gestión de recursos en la Argentina, sino que remite a algo más estructural. De hecho, el país ha recibido puntajes similares en la encuesta general que la organización realiza cada dos años. Además, la organización señala que “la acción urgente no tiene que proceder a expensas de la rendición de cuentas” y retoma un mensaje que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también transmitió a los gobiernos un año atrás: “Hagan lo que sea necesario, pero guarden los recibos”.

La transparencia fue especialmente débil a la hora de informar el impacto del IFE y el ATP en las personas y empresas beneficiarias, y la participación ciudadana en la formulación y ejecución de dichas políticas fue prácticamente inexistente, lo que excluye a la población afectada de tener voz en la toma de decisiones sobre las prioridades durante la pandemia y quita a los gobiernos la oportunidad de contar con contribuciones que podrían mejorar la efectividad de sus acciones. 

Izcurdia señaló que, por el tiempo que tardó en adaptarse el funcionamiento en el Congreso y la urgencia de las decisiones, la mayoría de las medidas fueron tomadas por la vía del Ejecutivo, sin que el Poder Legislativo ejerciera su rol de vigilancia. Asimismo, el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la participación ciudadana fue considerada “muy limitada”. Para la especialista, dar respuesta de manera abierta y responsable no es solo una manera de reducir los riesgos de corrupción, sino también una oportunidad para asegurar resultados más equitativos y efectivos.

Control interno

La AGN aún no auditó cómo el Ejecutivo gestionó ambos programas sociales pero tiene pendiente hacerlo en su plan de acción de 2021. Aún así, el organismo de control no medirá el impacto de estas políticas, confirmó una fuente de la AGN ante la consulta. 

La Oficina Anticorrupción (OA) sí presentó un proyecto ante los ministerio de Desarrollo Social y Trabajo con recomendaciones para mejorar la transparencia en la gestión del IFE, el ATP y otros planes de asistencia social, pero aún no han avanzado en los cambios, explicó una fuente del Ejecutivo. La OA también viene trabajando un proyecto similar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con mayores avances, afirmó la misma fuente.

“Es muy difícil medir el impacto de estas políticas sociales —sostuvo uno de los funcionarios que trabaja para incrementar la transparencia—, pero se puede al menos mitigar el riesgo de posibles irregularidades o desvíos de fondos”. Tarde o temprano, aseguró, el Estado deberá reforzar la transparencia en las políticas sociales para evitar que una denuncia estalle de la noche a la mañana sin que las alarmas hayan dado aviso.

En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos.

Julieta Izcurdia — Coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Entre las recomendaciones, la OA sostiene que los propios ministerios deben auditar estos programas sociales; crear su propia área de transparencia; desarrollar protocolos para la distribución de los programas; garantizar la trazabilidad de los fondos; abrir más datos a la ciudadanía; y cumplir una correcta rendición de cuentas.

Antecedentes

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se creó en marzo de 2020 y consistió en tres rondas de $10.000 que alcanzó en cada una a más de 9 millones de trabajadoras y trabajadores desocupados, de casas particulares, informales y cuentapropistas de menores ingresos en cada ronda. El presupuesto total fue de $263.000 millones y en el Gobierno aseguran que se trata de la política de mayor alcance en la historia argentina, un poco de casualidad. La estimación oficial del alcance era mucho menor, de alrededor de 3 millones de beneficiarios, y terminó captando a un universo mucho más grande. Por eso también en 2021 se decidió no continuar con esa política y hacer una puntería más fina con otros instrumentos como el Repro II y la Tarjeta Alimentar. 

Anses hizo un análisis de impacto detallado sobre la primera ronda del IFE, que arrojó que el 62% de la ayuda fue para trabajadores informales y que más de la mitad (56%) lo recibieron mujeres. 

Por otra parte, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se creó en abril de 2020 y, a través de él, el Estado se hizo cargo del pago de parte de la masa salarial de las empresas privadas que evidenciaran una afectación considerable por la pandemia. Implicó un desembolso de $236.377 millones que, según datos oficiales, alcanzaron al 60% de las empresas empleadoras y a casi tres millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado registrado.

El ATP se extendió hasta diciembre de 2020 y tuvo diferentes etapas. Durante los últimos dos meses de 2020 se reintrodujo una versión del Programa de Recuperación Productiva (Repro) —un instrumento que se había usado en el país frente a la crisis financiera internacional de 2008/2009— para poder seguir atendiendo a las empresas de los sectores no críticos que aún necesitaran asistencia pero que ya no estaban incluidas en las dos últimas rondas del ATP. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer cuatrimestre ya se ejecutó el 97,4% del presupuesto previsto para el Repro II, previo a la última ampliación presupuestaria dispuesta a principios de mayo.

Durante el primer cuatrimestre del año el presupuesto inicial aprobado aumentó $47.904 millones. Entre las partidas que tuvieron mayores subas con relación a su crédito inicial se encuentran la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y servicio de logística y distribución ($29.215 millones) y el Programa Repro II ($22.198 millones).

Otros países

La calificación de IBP es el resultado de una evaluación complementaria que el organismo internacional sumó a la Encuesta de Presupuesto Abierto que realiza cada dos años. Se trató de una medición rápida de la rendición de cuentas en los paquetes de política fiscal de emergencia implementados por los gobiernos entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020.  

En líneas generales, IBP observó que los gobiernos no lograron gestionar sus respuestas fiscales a la crisis de manera transparente. Sólo 4 países de los 120 evaluados tuvieron niveles adecuados de rendición de cuentas (Australia, Filipinas, Noruega y Perú), otros 29 registraron “algún” nivel de transparencia (entre los que están Brasil, Chile, Costa Rica y Estados Unidos), en 55 países “limitado” (donde se ubica la Argentina) y en 32 “mínimo”. El informe revela que más de la mitad de los países pasó por alto al Poder Legislativo a la hora de aprobar estas medidas de emergencia. A su vez, más de dos tercios no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia ni sobre el uso de procedimientos de adquisición simplificados, lo que dificulta evaluar si los gobiernos obtienen una buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios. 

ED/DT

El Gobierno analiza usar parte del dinero proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) ante la necesidad de abonar planes de apoyo y contención de la economía real en el caso de que haya que aplicar restricciones por la segunda ola de coronavirus.

Los DEG están habilitados desde el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) entre fin de este mes y comienzos de junio, con lo que el Gobierno debería ese dinero autorizado para contabilizarlo dentro de las reservas del Banco Central, según publica Ámbito.

Por otra parte, el Ejecutivo no piensa recrear los Programas de Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), eventualmente y para casos de sectores puntuales en crisis rediseñaría los Repro II, pero sí se tiene en mente un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE ). A esto se le puede sumar algún plan extraordinario de créditos directos y direccionados, como los recientemente lanzados por el Anses.

El problema que tiene la administración de Alberto Fernández es que no hay partidas importantes que figuren en el Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2021 para poder reactivar los planes de ayuda y sostenimiento de la economía.

Ante el complicado escenario financiero del país, el FMI podría salir al rescate con los DEG que la propia Kristalina Georgieva anunció hace 10 días, cuando confirmó que el organismo habilitará unos U$S 650.000 millones que serán exclusivamente a los países en desarrollo que tengan su cuota al día con el organismo. Como Argentina cumple con la condición de hacer sus liquidaciones mensuales, y como al país le correspondencias unos 0,7% por sus acciones en el directorio del FMI, en total le correspondencias unos U$S 4.354 millones.

Guzmán quería destinar este dinero para reforzar las reservas, como para enfrentar eventuales turbulencias, y garantizar un segundo semestre cambiario tranquilo. Para esto había elaborado una estrategia de liberar los pagos con el Club de París de mayo y los dos vencimientos de septiembre y diciembre con el FMI, las tres obligaciones financieras en divisas que deben enfrentar Argentina este año. De estos, si se lograra un acuerdo con el Club de París y con el Fondo después de octubre, sólo sería prioritario pagarle el primer vencimiento a este organismo por unos U$S1.800 millones. Si esto sucediera así, quedarían de los DEG unos U$S 2.500 millones liberados para ser utilizados para el financiamiento de un nuevo IFE.

Ya estamos haciendo alguna suerte de ATP e IFE focalizados que, de algún modo, donde vemos problemas vamos en auxilio desde el estado con diferentes planes sobre esas empresas y sobre esa gente

Alberto Fernández — Presidente de la Nación

Ese programa tuvo un costo máximo a noviembre de 2020 por unos 265.000 millones de pesos, equivalentes a 0,8% del PBI; en ese momento unos 2.500 / 2.600 millones de dólares. En el Gobierno se hacen cálculos y sería el mismo monto que lo que quedaría disponible de las DEG, luego del eventual pago de septiembre. Sin embargo la situación sería ahora mucho más holgada, ya que ese cálculo de los DEG a noviembre del año pasado, incluye las peores etapas de la cuarentena completa del segundo y tercer trimestre del 2020, situación a la que no debería llegarse este año. 

En diálogo con AM 750, Alberto Fernández fue consultado por un posible regreso del IFE, a lo que respondió: “Si nosotros necesitamos auxiliar a sectores, los vamos a auxiliar, nuestro margen es menor, pero los vamos a auxiliar”. El presidente resaltó que, “de ser necesario” el IFE podría volver a aplicarse ya que su prioridad es que “la gente no padezca más”.

“Nosotros ya estamos haciendo alguna suerte de ATP e IFE focalizados que, de algún modo, donde vemos problemas vamos en auxilio desde el estado con diferentes planes sobre esas empresas y sobre esa gente”, manifestó el presidente.

NB

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) iniciará las acciones de control de cumplimiento de los requisitos de acceso y condicionalidades previstas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Así lo indica un informe sobre Incumplimientos Condicionalidades del Programa ATP de AFIP, al que tuvo acceso Télam, y que da cuenta de las acciones para proceder a la caducidad del beneficio del salario complementario y la devolución de los fondos.

Al mismo tiempo, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont emitió la disposición 48/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que estableció que la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, que encabeza Carlos Castagnetto, estará a cargo de determinar la caducidad del salario complementario y obtener la devolución de los fondos tanto en forma voluntaria como judicialmente.

También determinó que esta Dirección deberá analizar los incumplimientos e inconsistencias detectados por el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Dirección General Impositiva (DGI), la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP y otras áreas del sector público.

Entre las condicionalidades establecidas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP que debían cumplir los empleadores beneficiados por el salario complementario y sobre las que podrían existir irregularidades figuran que no pueden distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019; y que tampoco pueden recomprar sus acciones directa o indirectamente.

Además, no pueden adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, siempre que el monto total de las operaciones durante el período de vigencia de la condición de caducidad en trato supere los U$S 500.

Del mismo modo, no pueden realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.

Esta condición se aplica a aquellos casos en que se verifiquen las erogaciones aludidas en el marco de operaciones de naturaleza financiera, cualesquiera sean los sujetos involucrados, en tanto el monto total de las erogaciones realizadas por el concepto indicado durante la vigencia de esta condición supere los U$S 5.000.

Asimismo, los empleadores beneficiados no pueden incrementar los honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración más de un 5% en términos nominales de su valor en pesos.

Este recaudo se extiende a pagos adicionales, bonificaciones u honorarios extraordinarios vinculados con el cumplimiento de determinados resultados.

De acuerdo con el informe de la AFIP, una vez detectados los incumplimientos la Dirección que conduce Castagnetto formulará el cargo contra el empleador beneficiario del Programa, a quien notificará en el Domicilio Fiscal Electrónico, a fin de que pueda presentar su descargo y ofrecer las pruebas de que intente valerse.

La Dirección analizará las presentaciones y previo dictamen jurídico correspondiente, dictará la resolución que, según corresponda, determine la caducidad del beneficio con la consecuente intimación de pago, o bien, el archivo de las actuaciones.

La AFIP pondrá a disposición de los beneficiarios un mecanismo voluntario para la devolución de los fondos con los intereses correspondientes y, en caso que no se acceda al mismo, se iniciarán las acciones legales correspondientes para el recupero judicial de dichos importes.

Los fondos recuperados serán remitidos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Agencia Télam.

IG

Si en la Argentina termina de consolidarse un rebrote de contagios de coronavirus, todo indica que puede seguir el mismo camino de Europa o Chile, con nuevos aislamientos por la segunda o la tercera ola. En ese caso, diversas actividades corren riesgos de volver a paralizarse. El Estado debería repartir más ayudas a personas y empresas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP, el subsidio al salario) y, como la Argentina carece de acceso a los mercados internacionales de deuda, debería financiarlas con un aumento de la emisión monetaria, que puede revivir la tensión con los dólares paralelos de hace dos meses. ´

“Si hay segunda ola, vamos a volver a la gestión del principio de la pandemia, pero confiamos en poder controlarla antes”, afirmó una alta fuente del Gobierno. Eso incluye ayudas económicas a personas y empresas. “No hay excepcionalidad en lo que le pasa al país. Si el mundo vuelve a ese esquema, lo mismo va a pasar a la Argentina”, agrega. Cuando se le pregunta por el impacto de la emisión monetaria en el mercado cambiario, destaca que por ahora refuerzan las reservas del Banco Central: la autoridad monetaria compró ayer US$ 125 millones, la mayor adquisición en medio año. “Vamos minuto a minuto”, explica el método de gestión de la crisis sanitaria-económica.

Igual, en el Central están tranquilos: “La epidemiología no es nuestro campo, pero la mayoría de las vacunas cubre la nueva cepa”. Precisamente, esa variante del virus aparecida en Reino Unido, más contagiosa que la original, derribó ayer las bolsas del mundo.

En una reciente entrevista con elDiarioAR, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ya había anticipado que en caso de segunda ola, volverían las ayudas eliminadas del presupuesto 2021, es decir, el IFE y la ATP: “El presupuesto de 2021 está desarrollado sobre la base de no contemplar la pandemia. En el caso de que haya un rebrote, va a haber políticas compensatorias”.

“No se habla de plan B, se sigue trabajando día a día”, responden cerca de uno de los ministros que integran el gabinete económico. “Nadie lo sabe”, comenta otro. Uno de los máximos referentes del Frente de Todos admite que un rebrote pondría a la economía en una situación aún más difícil y reconoce que carece de información sobre cómo reaccionaría el Gobierno.

A.R.