Vuelve la puja distributiva en una economía que sube por la cornisa

La economía argentina camina por una cornisa. Por lo que sucede en Europa o Chile, en el Gobierno admiten altas probabilidades de que se desate una segunda ola del coronavirus antes de una vacunación masiva, que ese rebrote lo obligue a adoptar cuarentenas, que a su vez lo fuerce a gastar otra vez en amplias ayudas de emergencia a empresas y personas, y que a su vez se financien con una emisión monetaria que reavive las sedadas cotizaciones de los dólares paralelos. Ese escenario conduciría a la devaluación que busca evitarse por sus impactos en la inflación y en la ya de por sí delicada situación social, pero en el Frente de Todos tampoco lo consideran catastrófico y evalúan en ese caso la alternativa de un auxilio del FMI.

Pero aunque está claro que todo eso puede ocurrir, el Gobierno, las empresas y los sindicatos por ahora proyectan 2021 sobre la ilusión de que las actividades continuarán reabriéndose. Y a partir de ello trazan la agenda. El pasado jueves, por primera vez en un año de gestión, Alberto Fernández participó de una reunión del gabinete económico. Y aunque tras el encuentro el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reseñó que el Presidente les pidió que fueran “muy rigurosos en los controles” para “evitar la especulación”, la discusión puertas adentro se centró en otras cuatro herramientas para el combate a la inflación, que es la prioridad número uno del empoderado jefe del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán, para el año electoral.

Este economista de 38 años que debió aprender a ejercer la función pública en pleno tembladeral y que recién se consolidó en los últimos dos meses domando al dólar descree que los precios se vayan a calmar mandando a intendentes del conurbano a controlar góndolas, como los envió el pasado miércoles el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Apoya el esfuerzo de los inspectores municipales en un territorio que está “picante”, como describe uno de los ministros, pero las cuatro principales políticas que intentará coordinar contra la inflación son otras: el mantenimiento de un tipo de cambio que acompañe la inflación, la fijación de una pauta salarial, el descongelamiento amortiguado y espaciado de las tarifas y la reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro.

Las cuatro principales políticas que intentará coordinar son el mantenimiento de un tipo de cambio, la fijación de una pauta salarial, el descongelamiento amortiguado de las tarifas y la reducción de la asistencia del Banco Central al Tesoro

Guzmán no quiere que se devalúe el peso en términos reales ni que se aprecie, dado que se perdería competitividad, se desalentarían las exportaciones, se incentivarían las importaciones -que de por sí crecerán si hay rebote en 2021- y se crearían tarde o temprano condiciones para una brusca depreciación. En las últimas semanas arreciaron las críticas de economistas que indican que el Gobierno está endeudándose en dólares al 16% para bajar el dólar paralelo. En el equipo de Guzmán sostienen que si ese cálculo estuviese bien hecho, deberían haber entregado más bonos en dólares de los que canjearon por los nominados en pesos. Admiten que sí les incomoda elevar la deuda en divisas, algo que Roberto Lavagna les criticó, pero consideran que no había otra opción para darle salida a fondos de inversión que querían irse del país y que estaban desestabilizando los mercados paralelos. Son los casos de Pimco y Templeton. Incluso en el equipo económico de Juntos por el Cambio, que integran Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Franco Moccia y Martín Lousteau, admiten que había que pagar cierto costo con tal de tranquilizar el dólar. Claro que ellos en sus reuniones periódicas señalan que mientras tanto el Gobierno debía definir una política económica de largo plazo distinta a la que está desplegando. La oposición considera que el sistema jubilatorio seguirá inviable, pese al cambio del índice de movilidad, y cuestionan el pase a planta de 29.000 trabajadores estatales hasta ahora precarizados, el congelamiento de tarifas, el control de precios de los intendentes, el recorte de fondos a la ciudad de Buenos Aires, los impuestos como el aporte solidario de los ricos o la falta de una liberalización comercial al mundo.

El ministro de Economía tiene otra agenda. Aspira a que los salarios le ganen a la inflación en 2021, pero considera que no pueden recuperar en un año todo lo que perdieron en el gobierno de Mauricio Macri y en la pandemia que le tocó a Fernández. Deberán mejorar de a poco, según él. Como tampoco los empresarios de los servicios públicos o de los productos de supermercados pueden aspirar a recomponer márgenes con rapidez. Incluso Guzmán les recuerda que los sueldos están más atrasados que la rentabilidad. Claro que el ministro también mira su caja y por eso propuso una fórmula de movilidad jubilatoria más austera que la que finalmente modificó el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner. Ella apoya a Guzmán, pero habla de economía con Axel Kicillof. No por nada la vicepresidenta eligió asistir al festejo del primer año del gobernador bonaerense en el poder, a diferencia de lo que había sucedido con el aniversario de la administración nacional. En el albertismo rescatan que la celebración de Kicillof juntó otra vez al Presidente y a la vice en otro gesto que no salda sus diferencias pero las encamina hacia una normalización. Admiten que a ninguno de los dos les conviene la ruptura porque se tensarían los planos político y judicial. Al final de cuentas, reconocen que la nueva fórmula jubilatoria -que enfrenta dificultades para ser aprobada el 29 de diciembre en la Cámara de Diputados por la oposición de Lavagna- resultará mejor a la hora de impulsar el alicaído consumo.

En la medida en que se reactivan algunos sectores económicos, comienzan a despertarse las demandas sindicales por una recomposición de salarios. Prueba de ello es la continuidad del paro de los puertos aceiteros, la extensa huelga que esta semana finalizó en la cementera Loma Negra o las tensiones por los reclamos de bonos de fin de año de los petroleros en Vaca Muerta, los peones rurales o los empleados de supermercados en Mar del Plata o Bariloche. La mira está puesta en la paritaria docente de febrero y marzo, cuando se prevé que los chicos vuelvan a clases presenciales después de un año de asistencia virtual para los más pudientes o tareas de vez en cuando por Whatsapp para los más pobres. Habrá que ver cómo el Gobierno impone la pauta salarial mientras se ahondan las diferencias entre la CGT y Camioneros, que en alianza con los mecánicos de Smata analiza disputarle la conducción de la central a Héctor Daer y Carlos Acuña.

Al igual que con la movilidad jubilatoria, Cristina Kirchner también influye en la negociación de las tarifas de luz y gas, cuyo aumento se definirá en los próximos 90 días. Por algo, Fernández decretó este jueves que sean los entes reguladores y no la Secretaría de Energía los que discutan los valores. El secretario de Energía, Darío Martínez, es kirchnerista, pero está cada vez más influido por el autodenominado “pragmático” Guzmán y mantiene una estrecha relación con las petroleras que perforan su provincia, Neuquén. En cambio, en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) está Soledad Manin, abogada especializada en el derecho de los consumidores, y en el del Gas (Enargas), Federico Bernal, el coautor de un libro con Julio De Vido donde reivindica la gestión del ex ministro de Planificación, aquel que mantuvo congeladas las tarifas durante años, con el consiguiente impacto en la inversión. Sin embargo, en el equipo de Guzmán confían en que se pueda avanzar hacia tarifas razonables, intermedias entre lo que fueron en el kirchnerismo y el macrismo: “Bernal acompaña la necesidad de recomponer las tarifas. Pasamos del subsidio a la demanda al subsidio a la oferta, con tarifas de gas más altas que en los 90”. Entre esas subvenciones se encuentran los precios en dólares que el gobierno de Macri les aseguró a las centrales térmicas y renovables que se construyeron en su periodo. El Ministerio de Economía sigue remunerándolas en divisas, para beneficio de empresas como MSU Energy (de Manuel Santos Uribelarrea), Albanesi (de Armando Losón), YPF Luz, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) o Genneia (de los Britos, Delfín Carballo y fondos de inversión), aunque está revisando los contratos para modificarlos sin tener que afrontar después demandas legales.

Además de las tarifas, también se descongelarán los precios de los supermercados. En las huestes de Kulfas reconocen la tensión por la ansiedad de la industria de la alimentación por recomponer rápido los márgenes.

Además de las tarifas, también se descongelarán los precios de los supermercados. En las huestes de Kulfas reconocen la tensión por la ansiedad de la industria de la alimentación por recomponer rápido los márgenes. En el sector privado responden que el Gobierno quiere mantener casi todo en el freezer hasta las elecciones legislativas de medio término. El 6 de enero se renueva el programa voluntario de Precios Ciudados, que incluye 400 productos y prevé sumar más, mientras que el 31 del mes próximo se prorrogará Precios Máximos, de cumplimiento obligatorio y que desde que comenzó la cuarentena ha ido reduciéndose de 100.000 a 92.000 artículos. La renovación de ambos programas implicará remarcaciones y pase de productos de Precios Máximos a Cuidados y otros a valores libres pero auditados. Nada escapa del control de Paula Español, secretaria de Comercio Interior. Claro que un cuarto del índice de precios al consumidor (IPC) está compuesto por alimentos, pero la mitad de esta porción corresponde a los que tienen marca y la otra, a otros como carnes, frutas y verduras. Si los cortes vacunos siguen subiendo, como hasta ahora, pueden agregar un punto de inflación mensual. Por eso, como siempre en la historia argentina, vuelve la tensión sobre el valor del bife y la tensión por cómo la creciente exportación resta oferta y eleva precios del mercado interno. Claro que las restricciones de los envíos al exterior también demostraron ser contraproducentes para controlar los precios locales.

La cuarta pata de la política antiinflacionaria es la emisión monetaria, sobre la que Guzmán también adopta una posición de equilibrio. Cuando Kicillof era ministro de Economía, rechazaba las críticas ortodoxas que le señalaban que darle a la maquinita de imprimir billetes impulsaba los precios. Después vino Cambiemos con presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris, que pensaron que dejando de emitir bajarían la inflación, pero esta superó las marcas del kirchnerismo. Ahora en el Palacio de Hacienda sostienen que, “si bien la emisión no es el único factor que provoca la inflación, incide”. Por eso, a principios de noviembre el ministro anunció que dejaría de pedir adelantos transitorios del Central. Lo que sigue haciendo, dentro de lo previsto, es financiarse con las utilidades de la autoridad monetaria. Sin ella, no le alcanza para financiarse porque el mercado local de deuda es muy pequeño.

La última misión argentina al FMI, que finalizó el 11 de diciembre, analizó cómo ampliar ese pequeño mercado. La delegación fue encabezada por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, que esta semana continuó con los contactos por Zoom. En ambas partes reconocen que la negociación se pondrá ardua, que el Fondo siempre exige condiciones a último momento y que los fondos de inversión (los otros acreedores externos de la Argentina) lo presionan para que ponga exigencias de ajuste como contrapartida a la postergación de vencimientos de deuda. Al menos Guzmán confía en que el vínculo mejorará una vez que el 20 de enero Joe Biden asuma la presidencia de EE. UU., principal accionista del FMI, y nombre como secretaria del Tesoro a Janet Yellen, cuyo tutor de tesis doctoral fue Joseph Stiglitz. El mentor de Guzmán en la Universidad de Columbia compartió además el Nobel de Economía de 2001 con el marido de Yellen, George Akerlof, sobre el uso de la información en los mercados, aunque cada uno lo investigaba por separado. Los vínculos personales podrían mejorar el diálogo.

En el Fondo se asombran de cómo la Argentina llegó a tener una brecha entre el dólar oficial y los paralelos o por qué el Banco Central emite letras, cuando en el resto del mundo lo hace el Tesoro. Pero el organismo ha abandonado posiciones dogmáticas contra los controles de capitales y reconoce que no podrán quitarse de la noche a la mañana sino en un proceso gradual hasta acotarlos a restricciones contra movimientos golondrina. El gobierno actual no aspira a la liberalización de capitales, que tanto daño produjo en el gobierno de Macri, y también se diferencia en la dureza en negociar sobre cuál es la capacidad de pago de la deuda. Guzmán reconoce que un programa con el Fondo supondrá un activo para mostrar al mercado internacional, aquel al que el FMI espera que la Argentina vuelva algún día porque ningún otro país de este tamaño vive sin financiarse allí. Como gesto pro mercado, las provincias avanzan en la renegociación de sus deudas: en las últimas semanas llegaron a acuerdos Mendoza y Río Negro, Córdoba presentó su propuesta y por primera vez en casi un año se mueve el diálogo entre Kicillof y sus acreedores, que cambiaron de asesor y ahora buscan consenso.

En el Gobierno se sienten aliviados porque en los últimos dos meses se domó al dólar, se evitó una devaluación y se redujo la incertidumbre, al tiempo que la economía real empieza a reactivarse por la salida de la cuarentena

En el Gobierno se sienten aliviados porque en los últimos dos meses se domó al dólar, se evitó una devaluación y se redujo la incertidumbre, al tiempo que la economía real empieza a reactivarse por la salida de la cuarentena, aunque algunos sectores ya están mejor que antes de la pandemia. Además termina diciembre sin saqueos, con provincias y municipios pagando sueldos y aguinaldos, gracias la recuperación de la recaudación, y con obras públicas reactivadas. De todos modos, en el Ejecutivo están preocupados por la inflación y la recuperación de reservas del Banco Central.

En el establishment reconocen una mayor tranquilidad que hace dos meses, comienzan a reconocerle méritos a Guzmán, pero advierten que ahora les provocan más incertidumbre los titubeos de Alberto Fernández que la figura de Cristina Kirchner. Tras un año de gobierno del Frente de Todos ya no temen que la Argentina vaya camino a Venezuela, pero tampoco descifran cuál es el destino. Advierten que el escenario sigue complejo y se quejan de los impuestos, de la falta de crédito y de las normas laborales, cuya reforma no está por ahora en la mesa de discusión con el FMI. Amenazan con despidos una vez que se permitan, si es no que se prorroga su prohibición a fines de enero. Algunas de estas cuestiones se trataron esta semana en el Zoom de bienvenida que le dio el Grupo de los Seis (Sociedad Rural, Unión Industrial, Bolsa de Comercio, Cámara de la Construcción, Asociación de Bancos Argentinos -Adeba, que nuclea a los nacionales- y Cámara de Comercio) al nuevo presidente de esta última entidad, Mario Grinman.

También sigue muy activo el Foro de Convergencia Empresarial, que integra a decenas de cámaras pero donde dominan la Rural, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación Cristina de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Cámara de Comercio de EE. UU. en la Argentina (Amcham) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. No solo hacen lobby por los impuestos sino también contra los cambios judiciales por los que aboga la vicepresidenta. Parte del establishment ya se mueve en apoyo a la oposición para impedir que el Frente de Todos aumente sus diputados y senadores en los comicios próximos, en los que Juntos por el Cambio pone muchas más bancas en juego tras su victoria de 2017.

En charlas de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a los extranjeros, advirtieron esta semana que el Gobierno no debería cantar victoria sobre el dólar. No descartan una devaluación en 2021. Se preguntan si, al igual que en otros febreros, en el próximo se terminará la pax cambiaria cuando comience la demanda estacional de dólares. Describen al Gobierno como una empresa con muchos accionistas con diferentes intereses y alertan del impacto que esa incertidumbre provoca en los inversores. De todos modos, admiten que hay fondos que entran al país y lo justifican diciendo que algunos se esperanzan con un Horacio Rodríguez Larreta 2023. Pero también se ha quedado otros como BlackRock, que descarta malvender sus títulos argentinos y espera una recuperación en uno o dos años. Eso sí, en Wall Street no comparten aún con el establishment local el neoentusiasmo por Guzmán.

En charlas de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que agrupa a los extranjeros, advirtieron esta semana que el Gobierno no debería cantar victoria sobre el dólar. No descartan una devaluación en 2021.

Pandemia mediante, la inversión ha caído a niveles paupérrimos, del 12,9% del PBI, según el estudio Ferreres. Hay empresas de remate que se venden a un peso a quien se haga cargo de sus deudas. Sucedió con Walmart Argentina, que quedó en manos de Francisco de Narváez, o Garbarino, que se la llevó el ascendente Carlos Rosales, dueño de la aseguradora Prof, de vertiginoso crecimiento, y aspirante a comprarle Radio Continental al grupo español Prisa. Mindlin negocia la venta de Edenor a Mauricio Filiberti (mayor proveedor de cloro del país), Daniel Vila y José Luis Manzano, que con Cristóbal López y Hugo Sigman fueron de los empresarios que más apoyaron a Fernández en las elecciones de 2019. La española Telefónica dialoga la venta de su filial argentina con Raúl Olmos, dueño del Grupo Olmos al que pertenece el Grupo Crónica. La chilena Falabella hablar de transferir Sodimac a tres fondos locales: Inverlat, de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley; Bercomat, de los Bercovich; o Cono Sur Investments, de José Manuel Ortiz Masllorens. Otras firmas en crisis no encuentran quién las agarre. Pero más allá de las compraventas, al Gobierno le interesa recuperar la inversión real y antes de fin de año reglamentará la ley de economía del conocimiento para dar una señal a ese sector creciente de la Argentina.

Haciendo lo que el mercado quiso, a Macri no le fue bien. Pero contra el mercado tampoco es posible gobernar este país. Apostar solo al crecimiento no funciona porque está demostrado que la teoría del derrame se ha equivocado. Pero la solución tampoco consiste solo en repartir la torta. Es un mito que la Argentina sea rica gracias a sus recursos naturales: en el ranking mundial del PBI per cápita está en el puesto 69°. El desafío radica otra vez en crecer y redistribuir al mismo tiempo. Y crecer sin seguir destruyendo el medio ambiente.

A.R.