Durante años, Paraguay fue presentado como la excepción de la región: estabilidad macroeconómica, inflación baja, deuda moderada y un paraíso fiscal para la inversión. La intervención de Ueno Bank, el mayor banco digital del país, cambió el tono de la conversación. El 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) abrió el procedimiento de resolución de la entidad, que tiene unos 3 millones de clientes y administra cerca de US$850 millones en fondos públicos. El presidente Santiago Peña fue socio del grupo dueño del banco hasta marzo de 2025, y la oposición anunció que impulsará su juicio político.

“La mirada del milagro económico paraguayo, así como se da a nivel internacional y como se habla aquí también, es solamente macroeconómica”, dice la economista Verónica Serafini, investigadora del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP). Alhelí Cáceres, economista y presidenta de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), va más lejos: “Yo no hablaría de un milagro económico, sino más bien de un modelo de acumulación de capital”. Y Salomón Ramírez Santa Cruz, empresario paraguayo radicado en la Argentina, donde fabrica calzado, lo resume a su manera: “El modelo paraguayo ya explotó”.

Crecimiento

Para Cáceres, el producto puede crecer por tres vías: por la presión de los precios internacionales, por una ampliación real de las capacidades productivas o por aumentos de productividad y competitividad. “En el caso paraguayo no estamos hablando de ninguno de esos”, sostiene. “No hay una transformación de la matriz productiva ni mayores niveles de productividad. Es un crecimiento que se sostuvo en el peso que siempre tuvo el sector primario exportador, con precios internacionales bastante volátiles”. Entre 2001 y 2025 creció al 3,5% anual promedio, incluso un 6,6% el último año.

Según la investigadora, Paraguay creció más que otras economías de la región, pero “fundamentalmente anclado a la variación de los precios de las materias primas” que exporta. Al desagregar el PIB aparece otra cara: los servicios y la intermediación son el sector que más empleo genera y el de mayor participación en el producto. El agro, además, sirvió históricamente para apalancar otras actividades, como la logística y la intermediación financiera.

Serafini recuerda que los economistas no ortodoxos advierten sobre el modelo desde hace años, incluso durante el auge de las materias primas. “Señalamos que no tenía un efecto multiplicador importante”, dice. Por eso, explica, Paraguay figura en los indicadores de desarrollo entre los niveles más bajos de América Latina: “Más cerca de Centroamérica que del promedio latinoamericano, y muy lejos del Cono Sur”. El índice de desarrollo humano (IDH) de la ONU ubica a Paraguay en el puesto 13 de los 19 países latinoamericanos, por detrás de Argelia y Cuba, apenas encima de Egipto y Líbano, en la posición 99 de los 193 de todo el mundo.

“Si hablamos de desarrollo, de un milagro, no solamente tenemos que ver las condiciones para las grandes inversiones o para la inversión extranjera directa, sino a la población en general”, plantea Serafini. La economista ubica un punto de quiebre. Los indicadores sociales mejoraron entre 2003 y 2013, pero empezaron a deteriorarse desde 2014. “No hemos hecho reformas en los sistemas de salud ni en los educativos”, afirma. Ramírez Santa Cruz pone el contraste en cifras propias: Paraguay “produce alimento para más de 100 millones de personas”, pero una parte de su población todavía pasa hambre. Cáceres agrega un factor que, dice, “no puede perderse de vista cuando uno analiza la economía paraguaya en su conjunto”: el costo socioambiental del modelo de acumulación basado en el agronegocio.

Inflación, déficit y deuda

La baja inflación, uno de los pilares del relato, “es bastante discutible”, según Cáceres. El primer problema es institucional: en Paraguay no hay un organismo independiente del Banco Central que mida los precios. “En la Argentina tenés el Indec. En Paraguay, el Instituto Nacional de Estadística no mide la inflación; solo lo hace el BCP, que es el mismo rector de la política monetaria”, explica. “La misma institución que debe regular la variación de precios establece los mecanismos para medirla.”

El segundo problema es la canasta. La investigadora señala que los alimentos subieron con fuerza mientras la inflación mensual oficial rondaba el 0%. Los datos del propio BCP lo muestran: en 2025 los alimentos aumentaron 7,1%, más del doble que la inflación general (3,1%), y desde agosto de 2023 acumulan una suba de 23%. En agosto de este año, en cambio, la inflación mensual fue de 0%. “Es relativo este tema de la inflación”, resume.

Serafini advierte que, si se miran los indicadores de manera desagregada, “aun a nivel macro ya muestran deterioro, incluso el nivel de deuda”. Coincide en que la estabilidad se fue deteriorando por dos vías: el déficit público y la inflación de alimentos. También advierte sobre la deuda del Estado. El ratio del pasivo sobre PIB (34%) puede parecer bajo frente a otros países, dice, pero con una presión tributaria de 11% del PBI (en Argentina es 27%) “lo que tenemos de ingresos tributarios no es suficiente para pagar la deuda”. Su recaudación es de las más bajas de Latinoamérica. “Por eso necesitamos endeudarnos para pagar deudas anteriores”. Cáceres agrega que el país arrastra “un déficit fiscal estructural desde hace décadas”, que se expresa en “un deterioro persistente de las condiciones de vida de la población”.

Impuestos e inversiones

El bajo nivel de impuestos está en el centro del problema. “Prácticamente no existen impuestos al capital. La mayor parte del peso recae sobre impuestos indirectos que gravan el consumo, como el IVA”, explica Cáceres.

Para la investigadora, el sistema es regresivo: carga el sostenimiento del Estado sobre los trabajadores, que son quienes más aportan a la recaudación vía IVA. “Los capitales más concentrados prácticamente no pagan impuestos. El sector financiero no paga impuestos sobre las ganancias, el sector agroexportador no paga impuestos por las exportaciones de soja o de carne”, afirma. Ramírez Santa Cruz lo dice con menos vueltas: hay “poco impuesto para los ricos”.

Serafini conecta la baja tributación con la calidad de la inversión. “Con eso es imposible financiar un país, una política productiva, una política industrial, una política energética”, dice. Eso, agrega, impide recibir inversión extranjera de calidad: llegan las inversiones que es posible desarrollar “con este bajo capital humano, con baja calidad de la infraestructura y de los servicios públicos”. “Aspiramos a inversiones de mayor calidad, pero para eso necesitamos invertir más. Y para invertir más necesitamos más recursos tributarios y mayor fortaleza institucional, y que no pase lo que está pasando hoy”, dice en referencia a Ueno.

Cáceres identifica tres imanes para el capital. El primero es regulatorio. El régimen de la ley 60/90, que promovía la inversión, fue reemplazado el año pasado por la ley 7548/2025, que amplió sus beneficios. A partir de inversiones de US$13 millones el Estado garantiza la repatriación total de las utilidades, sin exigir infraestructura u otra contrapartida que quede en el país. Esos proyectos quedan exentos del impuesto a los dividendos y utilidades durante diez años, y también del impuesto sobre los intereses de los préstamos que se remiten al exterior. Los incentivos tienen un tope de 20 años, que en grandes iniciativas puede extenderse.

El segundo imán es la mano de obra barata: “El grado de precarización de los trabajadores y de sus salarios es uno de los principales motivos de atracción”, según Cáceres. El tercero es la baja carga impositiva. “Mientras más baja sea la presión tributaria, más límites va a tener el Estado para maniobrar en política fiscal, social y de gasto público”, advierte. “Se construye una narrativa de estabilidad macroeconómica, baja inflación, casi un paraíso para las inversiones. Pero eso tiene un costo, y ese costo lo pagamos los trabajadores con condiciones precarias de vida.”

Pobreza, empleo y jubilaciones

Serafini admite que la pobreza bajó, pero aclara que “la población sigue viviendo en condiciones de mucha vulnerabilidad”. Según el INE, la pobreza monetaria bajó de 19,6% en 2024 a 16,0% en 2025, y la extrema, de 3,7% a 2,4%. El propio instituto estima que, sin las transferencias del Estado, la pobreza total habría sido de 19,9%. No se puede hablar de un milagro cuando el 70% de la población gana menos del salario mínimo y no cuenta con condiciones laborales mínimas, como la seguridad social“, dice. Para ella, los déficits más graves están en la protección social y la calidad del empleo.

Cáceres pone el foco en cómo se construyen las cifras. “Los datos se construyen para legitimar determinados relatos”, afirma. Según la investigadora, el INE cambió aspectos metodológicos que terminan reduciendo en las estadísticas la informalidad laboral, la desocupación y la pobreza. Por ejemplo, empezó a contabilizar en la medición de la pobreza el impacto en las familias del programa Hambre Cero. Ramírez Santa Cruz lo explica así: “Es una fantasía grande, en la que unos pocos se reparten y administran toda la riqueza del Paraguay, y hay gente que no participa en eso”.

Según Cáceres, la economía es “estructuralmente incapaz de incorporar todo el excedente de fuerza de trabajo que va generando la expansión del agronegocio”. La informalidad se ubicó en 60,1% en 2025, según el INE. “Eso significa que la gran mayoría nunca se va a jubilar, percibe salarios por debajo del mínimo legal y no tiene acceso a la seguridad social”, describe. “Esa es la economía paraguaya y así vive la población”. Paraguay también tiene uno de los niveles de sindicalización más bajos de la región, agrega.

Cáceres calcula que menos del 20% de los trabajadores aporta al sistema previsional. Serafini aporta los datos del otro extremo: solo el 10% de la población mayor tiene una jubilación contributiva, que en promedio ronda un salario mínimo. El 90% restante depende de la pensión no contributiva. Ha habido una ampliación de esas pensiones, un avance, reconoce Serafini, pero el monto equivale al 25% del salario mínimo. “Es totalmente insuficiente para una persona mayor, que necesita cuidados, medicamentos, alimentación especial, adaptar su vivienda para moverse con libertad”, enumera. “Una persona mayor necesita más que un salario mínimo, y la pensión es del 25%”. A eso se suma que “no tenemos políticas de cuidado en un país que está envejeciendo”.

Salud y educación

“No tenemos un sistema de salud”, afirma Serafini. Casi la mitad del gasto en salud sale del bolsillo de las familias. “Eso significa que si no tienen ingresos no pueden acceder al sistema, o acceden parcialmente, sin medicamentos ni los tratamientos que requieren”.

Cáceres describe un Estado “incapaz de garantizar en términos estructurales el acceso a servicios públicos elementales”. Recuerda que hace unos meses hubo una crisis sanitaria: los hospitales públicos no tenían medicamentos ni insumos, y la infraestructura era muy deficiente. Eso derivó en una huelga de médicos que duró dos semanas. “Paraguay no tiene salud, no tiene educación”, dice Ramírez Santa Cruz.

Serafini señala que el país invierte en educación entre 3% y 3,5% del PIB, “la mitad de lo que recomienda como mínimo” la Unesco, que es 6% o más. “En términos de capital humano y capacidades educativas estamos muy mal respecto del promedio de la región”, dice. Eso ubica a Paraguay entre los peores resultados latinoamericanos de las pruebas PISA, sólo mejor que Guatemala y en lectura por encima de República Dominicana. Cáceres enumera los déficits: faltan docentes, infraestructura y formación docente.

El caso Ueno: instituciones y poder

Para Serafini, el problema más grave que deja ueno es la debilidad de la gobernanza. Faltan normas que prohíban y penalicen la puerta giratoria de funcionarios que van y vienen del sector privado, el uso de información privilegiada y los conflictos de intereses. “Si hubieran existido esas normas se podría haber prevenido un poco más, aunque igual se pueden violar”, dice. La otra pata es la impunidad: “Cuando hay una sensación de impunidad porque el sistema judicial no funciona bien, se generan incentivos para violar las normas”.

El daño, advierte, va más allá de los ahorristas. Alcanza a la cadena de pagos, a la intermediación financiera y, a largo plazo, a los sistemas jubilatorios. Y golpea “la credibilidad y la confianza que tardamos décadas en construir después de la crisis bancaria de 1995”. Lo coyuntural, dice, se resolverá con la devolución de los recursos, al menos a los pequeños ahorristas, a los trabajadores y a las micro y pequeñas empresas, que son el 90% de los afectados. Reclama que se castigue a los culpables “para que no vuelva a pasar”.

Cáceres aclara que no se trata de un recambio de los grupos empresariales que dirigen la economía y la política del país. Lo nuevo, dice, es que el sector financiero especulativo “no tenía un peso tan relevante como el que está empezando a tener hoy”. Lee el caso como un síntoma político. A su juicio, Ueno expresa “una reconfiguración de las relaciones de fuerza y de poder, tanto político como económico”, en la que emerge “una nueva oligarquía financiera especulativa”. La describe como “una disputa intraoligárquica”. De un lado, la oligarquía tradicional, agroexportadora, comerciante, importadora y también vinculada al negocio financiero. Del otro, una oligarquía financiera liderada por Peña, que a través de Ueno y de “negociados con el Estado y con la plata pública” construyó “una espalda financiera para disputarle el poder político al expresidente paraguayo Horacio Cartes, líder del Partido Colorado”.

La investigadora recuerda la trayectoria de Peña. Viene del modelo inaugurado por Cartes en 2013. Trabajó en el BCP y en el Fondo Monetario Internacional, integró el directorio del Banco Central desde 2012 y fue ministro de Hacienda de Cartes entre 2015 y 2017. Desde 2018 fue director del Banco Basa, del grupo Cartes. Con esa experiencia en el sector privado llegó a la presidencia de la mano de Cartes y del Partido Colorado, y “empezó a jugar en su beneficio”. Por eso Cáceres no cree que una eventual destitución por juicio político cambie el rumbo económico. “Es la continuidad de un proyecto político económico de saqueo que no se inicia con Peña, pero que se consolida, se profundiza y se expande con su gobierno”, afirma.

Cáceres suma otro déficit del modelo: el debilitamiento de las capacidades técnicas del Estado. Describe una estructura productiva “anclada históricamente en aprovechar negociados con el Estado”, que no se diversifica ni desarrolla un tejido industrial.

Ramírez Santa Cruz habla de “una gran estafa”. Dice que el presidente está involucrado, fue accionista y facilitó fondos públicos para el banco. Según él, también están involucrados los funcionarios que responden a ese interés, y “más de la mitad de la población” resultó estafada. Efectivamente, son 3 millones de paraguayos, el 60% de la población adulta. El empresario atribuye el poder en Paraguay a grupos que califica de mafiosos y que “manejan la política”.

Peña fue socio del grupo dueño del banco hasta marzo de 2025. Desde que asumió, los depósitos del Estado en Ueno se dispararon hasta unos US$ 869 millones. La Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la entidad, y quien renunció fue el presidente del BCP, Carlos Carvallo.

Migración y remesas

Ramírez Santa Cruz es uno de los más de un millón de paraguayos que, según dice, viven fuera del país “buscando oportunidades”. Zapatero oriundo de Avaí, en Caazapá, llegó a la Argentina a principios de los años 70, con 17 años. Es vicepresidente del club Deportivo Paraguayo y en 2023 fue candidato a concejal suplente de La Matanza por Unión por la Patria. Como fabricante de calzado, cuenta que fabricantes, trabajadores y proveedores del calzado “se están fundiendo” por la crisis del sector, y que se están organizando para enfrentarla. Para él, las remesas son las que sostienen el país: sumaron unos US$ 1.300 millones, el 2,5% del PIB, según sus cálculos. Aunque entre enero y mayo de este año cayeron 6%. “Es lo que mantiene a la familia humilde de Paraguay”, cuenta.

También tiene una advertencia para la Argentina, donde, dice, “siempre hay voces gritando que hay que imitar al Paraguay”. Cuando le preguntan si allá está todo perfecto, responde que no: “Nada es perfecto”. Y agrega: “El que recomendó que imitemos a Paraguay está haciendo lo mismo que en Paraguay se hace desde la dictadura en adelante”.

AR

Falta un año para las elecciones presidenciales y Luis Caputo ya las usa para explicar los problemas de hoy. En el coloquio de IDEA -y cuando puede- el ministro atribuyó la suba del riesgo país al contexto internacional y al temor de los inversores a una derrota de Javier Milei en 2027. El argumento convierte las dificultades de la gestión en razones para pedir su continuidad. La responsabilidad siempre queda afuera y el objeto de la ocurrencia de las fallas del modelo pueden ser la herencia recibida, la oposición golpista y/o antidemocrática, el “riesgo kuka” o una elección que todavía no ocurrió y a la cual no sabemos cómo se llegará.

Dicho esto, a pesar de que en 2026 no hay elecciones nacionales, el programa económico lleva casi tres años de implementación y sus decisiones ya tuvieron tiempo de producir resultados. Si el empleo formal sigue cayendo, la actividad pierde impulso y vuelve a encarecerse el financiamiento para millones de familias endeudadas por comprar artículos básicos, hace falta revisar qué está haciendo el Gobierno.

El riesgo país supera los 700 puntos básicos y es una señal incómoda para una administración que busco la confianza financiera del mercado como medida de su éxito. Los bonistas –y el FMI- necesitan que el país consiga dólares y pueda refinanciar sus vencimientos, que se garantice el pago de las obligaciones y que esto se sostenga en el tiempo. No alcanza con declamaciones acerca de la disciplina fiscal y la obtención de un supuesto superávit acompañado de fraseos pro mercado, sino que hay que ejecutar un programa económico integral que permita un crecimiento robusto con mejores condiciones de empleo que garantice su sostenibilidad. Como eso no se produce la duda sobre el destino y alcance temporal de la economía local es lo que está presionando a la gestión de Caputo a enfrentar una sobretasa y un riesgo país tocando techo en el año.

Evidentemente las condiciones internacionales influyen, por ejemplo, con una tasa más alta en Estados Unidos que encarece el financiamiento en mercados internacionales. Pero cuando ese impacto mundial afecta de manera específica a la Argentina es claro que el programa financiero basado en una “avalancha de dólares” comerciales pero sin efectos domésticos es el que tiene problemas, una economía que está dependiendo de la buena voluntad de actores externos como el Tesoro de Estados Unidos o el FMI. Allí el programa se tensiona generando muchísimos costos económicos y sociales en una situación ya crítica. Mientras tanto tiempo se insiste con las mismas recetas: haber usado extendidamente el tipo de cambio bajo, y la propia recesión como anclas inflacionarias. Ello explica lo demás: una notoria inflación en dólares que ejerce presión sobre la rentabilidad del sector productivo, vuelve caro al sector servicios y afecta a la actividad industrial destruyendo empleo de calidad. Si a eso sumamos una inflación amesetada en torno al 2%, la situación es muy preocupante.

Asimismo, tenemos una particular situación de peligro en el horizonte cercano a la cual prestarle atención. Abultados vencimientos están a la vuelta de la esquina en 2027, hay que pagar intereses y capital, sobre todo al FMI. Si la actividad no acompaña, por más cosecha récord que se pueda llegar a lograr, se torna complejo que se sostenga el acompañamiento de la sociedad y el empresariado afín a una estrategia económica basada primordialmente en la primarización de la economía.

El Gobierno eligió privilegiar el resultado inmediato sobre un modelo de crecimiento. Es cierto que bajó la inflación pero para ello, extrajo cuantiosos recursos de los sectores medios y bajos y los transfirió a los sectores más concentrados, reduciendo el impuesto a los bienes personales, pero incrementando servicios públicos un 860% frente a una inflación del 261% desde 2023, dicho desde otra perspectiva: en el último año, el peso de las tarifas en el ingreso familiar pasó de alrededor del 10,8% al 12,9% y desde 2023 casi que se cuadruplicó.

En el trabajo registrado, el retroceso tiene más historia. El informe oficial del SIPA contabilizó en julio 134.500 asalariados privados menos que un año antes, profundizando la contundente caída de casi 370 mil puestos de trabajo formales perdidos en la gestión y cuestionando la promesa de que el retiro del Estado y la disciplina fiscal bastarían para que el sector privado se expandiera, aún con la reforma laboral regresiva y la ley Bases. Contratar depende de cuánto se espera vender y de la posibilidad de financiarse. Reducir el costo laboral tampoco crea los clientes que faltan. El ajuste termina afectando al sector privado al que prometía liberar. Esto sumado a la problemática de la mora que hemos hablado en el anterior artículo y del cual el gobierno jamás se hará cargo, sea por incapacidad, por ideología o por preferencia moral.

Esa dinámica negativa encuentra nuevas fuerzas en el proyecto de Presupuesto 2027. Allí el gobierno propone quitar la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares, intentando que el ajuste lo sigan pagando los sectores de menos recursos mientras siguen sin aparecer las supuestas bondades del programa económico del gobierno.

Cuando la actividad se debilita, recaudar se vuelve más difícil. Responder con nuevos recortes para preservar a cualquier costo el objetivo fiscal puede prolongar el estancamiento y exigir un esfuerzo mayor para conseguir el mismo resultado. El ajuste debilita la base productiva de la que el Estado necesita gravar, sobre todo a nivel provincial donde el deterioro de las cuentas fiscales se nota con mayor preocupación. Sostener el superávit se vuelve más trabajoso porque la economía no crece.

La lectura política del riesgo país también merece darse vuelta. Si los inversores temen una derrota oficialista por el deterioro del empleo y de las condiciones de vida, están mirando las consecuencias del programa. Culpar a la eventual respuesta de los votantes permite omitir lo que viven antes de entrar al cuarto oscuro. La incertidumbre sobre la continuidad de Milei es , en parte, una expresión del costo social de sus decisiones.

Todo esto no implica que el esquema esté a punto de colapsar, conserva capacidad de maniobra y ya sobrevivió a tensiones fuertes. Una nueva asistencia o una mejora externa pueden darle aire. Corresponde discutir cuánto cuesta económica, productiva y socialmente cada prórroga y qué deja a los argentinos. La estabilidad financiera puede coexistir durante bastante tiempo con el deterioro de la vida cotidiana. El deterioro social puede continuar a costa de mantener el rumbo económico establecido aun cuando no haya una crisis abierta, algo que conocemos bien de anteriores modelos similares. Esperar el derrumbe para discutir el rumbo es una irresponsabilidad de la dirigencia opositora supone aceptar mientras tanto ese costo.

El Gobierno pide paciencia como si las dificultades fueran producto de una demora ajena a sus decisiones. La estrategia que subordinó la actividad y los ingresos al superávit y la calma financiera encuentra obstáculos incluso para sostener esas prioridades. En un año sin elecciones nacionales, la explicación electoral ya no alcanza. Después de casi tres años, el programa debe responder por la economía que genera y por las condiciones en las que deja vivir a quienes tienen que sostenerlo. Creemos que la respuesta está en otro modelo, que no cargue los costos en los mismos de siempre y permita crecer.

El autor es economista y docente (UBA), socio en Nómika Consultores.

AR

Netflix despedirá al 6% de su personal global, equivalente a unos 1.000 puestos de trabajo, en su mayor ronda de despidos desde 2022, según informaciones publicadas por medios estadounidenses que tuvieron acceso a una comunicación interna de la empresa.

La medida afectará principalmente a los departamentos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, en un contexto de desaceleración del crecimiento y preocupación por la evolución de la interacción de los usuarios con la plataforma, informan este miércoles The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena CNBC, dice EFE.

En un memorando enviado a los empleados esta mañana, los codirectores ejecutivos de la compañía, Ted Sarandos y Greg Peters, justificaron la decisión por la necesidad de priorizar recursos: “Nuestra misión -entretener al mundo- es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, señalaron los directivos, según recogen los citados medios.

Pese a las salidas, la cúpula de Netflix aseguró que el negocio “sigue fuerte” y en camino de cumplir sus previsiones financieras para el conjunto del año, y adelantó que continuarán “invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto”.

La empresa informó que tenía unos 16.000 empleados a tiempo completo a finales de 2025 y el anuncio se produce una semana antes de que la multinacional con sede en Los Gatos (California) presente sus resultados financieros del último trimestre, el 20 de octubre.

Aunque Netflix mantiene una de las tasas de bajas de clientes más reducidas de la industria (ligeramente superior al 2% en Estados Unidos), sus acciones acumulan una caída de más del 40% en los últimos doce meses.

El gigante del streaming no es el único que ha optado por adelgazar su estructura en los últimos meses: otros grandes grupos del entretenimiento y la tecnología, como Disney y Amazon, también han acometido recortes de personal en los últimos años.

El presidente Javier Milei ratificó este lunes a Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y rechazó las versiones sobre una posible salida del funcionario. Además, aseguró que el Gobierno cuenta con US$125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante el proceso electoral.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa. Yo tengo una relación simbiótica con Caputo”, afirmó Milei en una entrevista con Radio Mitre. También calificó de “disparate total” la posibilidad de reemplazarlo por el economista Alberto Ades, con quien se reunió la semana pasada.

“Nos entendemos de memoria, literalmente. Siempre tenemos la visión alineada”, sostuvo el mandatario, quien negó que existan diferencias entre el ministro y la mesa política del oficialismo. “Nadie cuestiona a ‘Toto’ Caputo. Porque es mi política”, agregó.

Los rumores sobre una posible salida del titular de Economía volvieron a circular en los últimos días, luego de su ausencia en una reunión de Gabinete en la que participó Ades. El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también había descartado un relevo en el Ministerio de Economía.

“No hay ninguna duda en la continuidad de Toto”, sostuvo Menem en una entrevista televisiva. El legislador atribuyó las versiones a operadores que, según dijo, buscan debilitar al Gobierno.

Los dólares para enfrentar una corrida

Milei aseguró que no espera una corrida cambiaria, pero que el Gobierno está preparado para enfrentarla. “Tengo 125.000 millones de dólares en la billetera para enfrentar una corrida el año que viene”, afirmó.

Para fundamentar esa cifra, mencionó vencimientos de deuda en manos de tenedores locales, acuerdos de refinanciación con organismos internacionales y otros países, compras de divisas del Banco Central, acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos y operaciones de dólar futuro. También incluyó el superávit comercial y los posibles ingresos de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“No espero una corrida, pero me preparo”, insistió el Presidente, quien agregó que “los dólares nos salen por las orejas”.

Milei negó una recesión y habló de la reelección

Durante la entrevista, el mandatario rechazó las interpretaciones que describen un estancamiento de la economía y sostuvo que la situación varía según los sectores y las provincias. En ese sentido, destacó el desempeño de los distritos que adhirieron al RIGI y cuestionó a los gobiernos de Buenos Aires, La Rioja y Formosa por no haberlo hecho.

“Hay personas a las que les va bien y otras a las que no les va tan bien y mucho depende de la zona en la que están”, señaló.

Milei también negó que exista un problema de empleo y celebró lo que definió como una “explosión del empleo informal”. A la vez, cuestionó los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), al sostener que no reflejan los cambios estructurales de la economía. No anunció modificaciones concretas en las mediciones oficiales.

En el plano político, confirmó su intención de competir por un segundo mandato en 2027. También anticipó que buscará acuerdos electorales con gobernadores que compartan su programa de desregulación y ratificó su intención de eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Es falso, hay algunos malintencionados que hacen circular eso”, dijo sobre las versiones de diferencias internas en torno a la estrategia electoral. Y concluyó: “No queda ninguna duda de que el candidato en el 2027 es el Presidente. El Presidente va por la reelección”.

La pobreza y la indigencia del semestre enero-junio del 2026 que anunció el INDEC fueron de 32,3% y 7,5% respectivamente, lo cual es un aumento de 4,1 y 1,2 puntos respecto a diciembre de 2025. Cualquier conversación que comience dentro del ecosistema opositor con esa exclamación puede desatar una tempestad de protestas o de incredulidades. Eso se debe a que el aumento parece poco frente a una serie de afirmaciones que repetimos, o escuchamos, quienes nos encontramos en la vereda de enfrente del actual gobierno nacional:

Desarrollemos esos postulados para poder hacer un cuadro un poco más completo de la situación social, económica y política que se está configurando de aquí hacia la elección presidencial del 2027.

Actividad y empleo

El empleo registrado privado es el síntoma más importante de lo que podemos entender como una crisis, en el sentido más estricto de la palabra. En el siguiente gráfico se ve con claridad cómo se comportó esta variable en los primeros 30 meses de gobierno de las últimas 4 administraciones.

Algo que tienen en común el segundo mandato de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernandez es la creación de puestos de trabajo formales en el sector privado, al menos al principio, dado que Macri terminó en números netos negativos tras la espiralización de la crisis financiera autoinflingida.

La experiencia libertaria de Javier Milei, por el contrario, está en niveles record sin contar aún los datos desde el mes 30 hasta el final de mandato. Ese proceso viene siendo acompañado con un consecuente incremento tanto de subempleo como de las famosas changas. Es decir, lo que en las estadísticas oficiales se conoce como cuentapropismo y asalariados informales.

Los últimos datos del SIPA publicados no hacen más que confirmarlo. En junio de 2026 el empleo asalariado registrado del sector privado volvió a caer, y ya son trece meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo: la racha negativa más larga de la serie desestacionalizada, que comienza en 2009. Ni la recesión de 2018-2019 ni la pandemia habían encadenado tantos meses seguidos en baja. En ese lapso se perdieron 141.324 empleos privados formales, casi 11.000 por mes, y el nivel actual, de 6,13 millones de asalariados, es el más bajo desde abril de 2022.

Si se amplía la mirada al conjunto del trabajo registrado, la foto es aún más nítida. Desde noviembre de 2023 se perdieron 246.312 empleos asalariados privados, 87.629 públicos y 20.187 en casas particulares: en total, 354.128 puestos en relación de dependencia. En el mismo período, los trabajadores cuya ocupación principal es el monotributo aumentaron en 169.026. La sustitución es visible pero no alcanza a compensar: aun sumando a los independientes, el trabajo registrado cayó en 184.643 personas. Y lo que se gana no equivale a lo que se pierde. Un empleo con aportes, obra social, aguinaldo, vacaciones pagas y convenio colectivo se reemplaza, en el mejor de los casos, por una categoría en la que el trabajador paga su propia cobertura, no tiene paritarias ni representación sindical, y queda a merced de la facturación de cada mes

Este proceso se correlaciona perfecto con el fenómeno más novedoso de la experiencia de LLA en el gobierno: el divorcio entre creación de empleo y crecimiento de la actividad.

Como se aprecia en el gráfico, el año 2025 fue el primer de la serie desde 1996 en los que el Producto Bruto Interno crece y eso no tiene una correlación con el empleo. Esta anomalia libertaria es consecuencia de un modelo económico que intenta generar una “destrucción creativa” que no termina de iniciar.

Este concepto muy utilizado últimamente por los defensores del modelo actual, implica que los nuevos sectores de la economía con alto valor agregado o elevada competitividad van a derramar y generar riqueza tal que compense los que se destruyen. Sin embargo, esto no se ve en la práctica.

Esto es posible gracias a que los sectores que han crecido de manera constante a lo largo del 2026, 2025 y parte del 2024 (post devaluación y contracción fiscal-monetaria inicial) son solo 4: agroindustria, minería y energía, pesca e intermediación financiera.

Cuando uno mira el mapa sectorial del empleo cae de suyo hasta qué punto ese crecimiento no derrama. De los cuatro sectores que traccionan la actividad, solo el agro (+11.822) y la pesca (+1.300) sumaron asalariados desde noviembre de 2023. La minería y la intermediación financiera, que crecen en producto, pero perdieron 7.676 y 8.513 puestos respectivamente. En la vereda opuesta, industria, construcción y comercio, que explican el 44% del empleo asalariado privado registrado y el 29% del PBI, concentran la sangría. La industria perdió 88.496 puestos y acumula veinte meses consecutivos de caída, hasta su nivel más bajo desde el 03/2021. La construcción perdió 62.700 y el comercio 15.200. Entre los tres suman 166.396 empleos, dos de cada tres de los perdidos en el sector privado.

No se trata de un problema de productividad de algunas empresas: la actividad de esos sectores sigue lejos de sus niveles previos. La construcción cayó 24,5% según el ISAC, con desplomes en el despacho de asfalto (−37,6%), ladrillos (−29,8%) y hormigón (−25,4%), por citar algunos ejemplos. El índice de producción industrial manufacturero retrocedió 9%, con textiles (−33,2%) y maquinaria y equipo (−32,2%) a la cabeza. Las ventas en supermercados mayoristas cayeron 21,8% y en shoppings 7,4% [verificar todo el párrafo]. Son los sectores que más dependen del mercado interno y del poder adquisitivo del salario, precisamente las dos variables que el programa económico decidió comprimir.

La crisis tampoco reconoce fronteras. 22 de las 24 jurisdicciones perdieron empleo privado registrado desde noviembre de 2023. En cantidad, Buenos Aires (−90.103) y la Ciudad de Buenos Aires (−44.955) concentran más de la mitad de la caída, seguidas por Córdoba y Santa Fe, provincias con fuerte presencia industrial y de la construcción. En términos relativos, el golpe es más duro se lo lleva Tierra del Fuego que perdió el 17,9% de sus asalariados privados y Santa Cruz el 16,1%, mientras que La Rioja, Formosa, Misiones, Catamarca y Chaco perdieron más del 10%. Las únicas excepciones son Neuquén (+8,7%) y Río Negro (+3,3%), es decir, la geografía de Vaca Muerta. Es el mismo divorcio entre sectores ganadores y perdedores, ahora trazado sobre el mapa.

Todo esto puede sintetizarse en 2 frases que se popularizaron en las redes en los últimos meses y días, respectivamente: cada 75 minutos cierra una empresa en nuestro suelo y cada 3 minutos un argentino pierde su trabajo.

Los ingresos reales, el ¿síntoma? más raro

Dentro del panorama desarrollado, tenemos que incorporar una descripción más detallada de una variable central para explicar la evolución de la calidad de vida: los ingresos reales. En el cuadro que presentamos aquí debajo podemos ver la progresión de los salarios, distinguiendo entre registrados y no registrados, en relación a la inflación y a la canasta específica que marca el umbral de la línea de pobreza.

Como podemos observar, en los primeros 6 meses del año 2026, ha habido inflación acumulada, según el Indice de Precios al Consumidor del INDEC, de 16,9%. Dicho avance es casi idéntico al de la Canasta Básica Total, que ha crecido en su valor un 17%. En ese contexto general, el salario se ha desplazado nominalmente un 18,3% hacia arriba, lo cual nos deja frente a un escenario paradójico. Los sectores empleo-intensivos de la economía caen, consecuentemente las empresas cierran y los puestos de trabajo formales se destruyen a ritmos nunca vistos (privados por el mencionado ritmo de clausuras y públicos por el ajuste del gasto al que obliga la meta fiscal en contexto de caída recaudatoria). Así y todo, las remuneraciones laborales aumentan sobre la inflación. Poco común.

Si hacemos el ejercicio de bucear hacia adentro del dato de salarios, podremos apreciar que los que en lenguaje coloquial son conocidos como “en blanco” corren de atrás a los precios; su crecimiento del 15,4% indica una pérdida de poder adquisitivo. Ese comportamiento va completamente a contrarreloj de lo que algunos comentaristas han popularizado como el sub-mundo “barrani” de la masa salarial, dado que estos ingresos han aumentado un 29,3% en la misma cantidad de meses del 2026. Es decir, casi el doble.

Sin embargo, ocurre un problema con la medición de los salarios no registrados. Cuando uno ve la evolución intermensual de este tipo de ingresos, en una economía en recesión y con una gran destrucción de puestos de trabajo, parece difícil que ocurran esos aumentos.

A fines del 2023 se realizó un cambio en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que buscaba captar mejor los ingresos no laborales de las personas. Sin embargo, esto generó que problemas con la serie como señala el panorama semanal del 1° de abril de 2026 de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia:

“A fines de 2023, la EPH actualizó su cuestionario individual, buscando mejorar su captación de ingresos no laborales y programas sociales. Previo a este cambio metodológico, el relevamiento incluía únicamente dos preguntas en este punto: i) monto de ingresos por jubilaciones y pensiones y ii) monto percibido por subsidios o ayudas sociales en dinero provenientes del gobierno, iglesias u otras fuentes. Desde 2024, la pregunta sobre jubilaciones se desagrega en nueve subpreguntas, distinguiendo, por ejemplo, entre jubilaciones contributivas, por moratoria y otras pensiones no contributivas (como la de madre de siete hijos). En paralelo, la pregunta sobre subsidios se amplía a tres ítems, incorporando explícitamente la percepción de AUH, AUE y Tarjeta Alimentar, otros programas sociales y ayudas provenientes de entidades no gubernamentales. Esta mayor desagregación podría estar contribuyendo a una mejor captación de los ingresos de jubilados y beneficiarios de programas sociales. Las series históricas, entonces, no son estrictamente comparables entre sí.”

Es dable mencionar, de cualquier manera, que los ingresos por programas sociales como la Asignación Universal por Hijo crecieron fuertemente durante este período de gobierno. No obstante, analizar este indicador del INDEC como una variable central genera problemas.

Pobreza e indigencia: ¿qué ocurre?

Recapitulando, la etapa que estamos viviendo del programa económico implica la coexistencia de fenómenos que hasta aquí no veíamos. Entre ellas se encuentran:

Si uno piensa que la secuencia actual del proceso económico es la destrucción de empresas, la mutación sociológica del trabajador va en dirección hacia la desprotección y los empleos formales pierden en la carrera de precios y salarios, el reflejo más rápido es suponer que la pobreza y la indigencia suben. Esto último adquiere más validez si se toma por cierto el consenso de los consultores de opinión pública sobre el acentuado deterioro en la imagen del Presidente y de la gestión. El asunto es que la magnitud de la suba puede no ser la que se esperaba en ciertos segmentos de la opinión pública, es decir quedarse corta.

Sin embargo, los procesos de alta inflación, cambios estructurales y variación abrupta en los distintos sectores generan problemas estadísticos en las series, cuando se las analiza sin una revisión posterior. Es por ello, que el dato de salarios informales acumulados entre enero y junio 2026 puede generar confusiones y preanunciar otros resultados a futuro.

* Delgado es Lic. en Sociología. Integrante de Generación para el Desarrollo

** Battista es Lic. en Economía. Director del ICiudad.

Dos nuevos relevamientos de opinión pública muestran un escenario adverso para el presidente Javier Milei, atravesado por el deterioro de su imagen, una evaluación mayoritariamente negativa de la situación económica y un creciente malestar social. Aunque las mediciones de AtlasIntel/Bloomberg y QSocial utilizan metodologías y muestras diferentes, ambas coinciden en registrar niveles elevados de desaprobación del Gobierno. Y la primera incluye un dato revelador, la diputada de izquierda Myriam Bregman es la dirigente con mejor imagen, seguida por Cristina Fernández de Kirchner.

El último Latam Pulse de AtlasIntel y Bloomberg ubicó la imagen negativa de Milei en el 62%, mientras que su valoración positiva cayó al 35%. Se trata del nivel más bajo de imagen favorable del mandatario desde que comenzó la serie, en octubre de 2024. La principal preocupación: la corrupción, precisamente uno de los ejes de campaña del Presidente quien llevó la lucha contra la “casta” como bandera.

El otro dato relevante de la encuesta es que entre todos los políticos, quien aparece con mejor imagen es Myriam Bregman. La diputada de izquierda tiene 43% de imagen positiva y 51 de negativa. La sigue Cristina Fernández de Kirchner con 39% de imagen positiva y 55 de negativa. Recién en el tercer lugar figura una representante del oficialismo. Se trata de Patricia Bullrich con 38% de imagen positiva y el mismo porcentaje que la expresidenta en la negativa. Así, tres mujeres se ubican en el podio. Recién entonces aparece el primer hombre, Axel Kicillof con 36% de positiva y también 55 de negativa. Javier Milei figura en el quinto lugar con 35% de positiva y 62% de negativa. Su hermana Karina no tuvo mejor suerte. Está en el puesto 13 con una imagen negativa del 71%. La Secretaria General de la Presidencia tiene apenas 17% de imagen positiva y queda en la lista por debajo de Martín Menem, Santiago Caputo y Victoria Villarruel.

La brecha entre ambas variables alcanzó así los 27 puntos porcentuales, la mayor de toda la serie. En enero de 2025, Milei registraba un 55% de imagen positiva y un 41% de negativa. El escenario actual muestra prácticamente la situación inversa.

El deterioro también aparece en la evaluación de su desempeño: el 58% de los encuestados por AtlasIntel desaprueba la actuación de Milei como presidente, frente al 38,1% que la aprueba.

La evaluación general del Gobierno sigue la misma dirección: el 52,7% lo considera malo o muy malo, mientras que el 31,5% lo califica como bueno o excelente y el 15,8% como regular.

El peor clima social de la serie

El QMonitor de QSocial Big Data ofrece otra fotografía del escenario político y social. Según el estudio, la evaluación negativa de la situación actual del país llegó al 55%, seis puntos más que en la medición anterior y el registro más alto de su serie. A la vez, el 59% considera que la Argentina está peor que cuando asumió Milei, también un máximo para ese indicador.

En ese contexto, QSocial registra una señal algo más favorable para el oficialismo: la aprobación de la gestión se ubicó en el 35%, un punto por encima de la medición anterior, mientras que la desaprobación descendió cinco puntos en dos meses y quedó en el 59%. Para la consultora, la variación se explica por un nuevo acercamiento de votantes del PRO y de independientes.

La estabilización, sin embargo, se produce después de un proceso de deterioro. El propio informe muestra que la desaprobación continúa superando ampliamente a la aprobación.

También aparece una recuperación en la percepción sobre la capacidad del Gobierno para resolver los principales problemas del país, que subió seis puntos y alcanzó el 38%. La tolerancia al ajuste, entendida como la aceptación de un sacrificio actual a cambio de un beneficio futuro, llegó al 35%, contra el 31% registrado en junio.

Tres de cada diez votantes de Milei ya no aprueban su gestión

Uno de los datos más significativos del QMonitor aparece al analizar el comportamiento de quienes apoyaron a Milei en las elecciones de 2023. Según el estudio, el 31% de quienes lo votaron en la primera vuelta hoy desaprueba su gestión. Ese grupo, al que la consultora denomina “arrepentidos libertarios”, representa aproximadamente el 12% del electorado argentino.

QSocial sostiene además que el alejamiento se explica más por los resultados del Gobierno que por el estilo confrontativo del Presidente. Entre esos antiguos votantes, el 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables y el 89% cree que el ajuste “no valió la pena”. Asimismo, el 62% de los denominados “arrepentidos libertarios” considera que un nuevo triunfo de Milei sería peor para el país que una victoria del peronismo.

La medición de imagen de QSocial también arroja un saldo negativo para el mandatario, aunque con porcentajes diferentes a los de AtlasIntel: Milei tiene 30% de valoración positiva, 15% regular y 54% negativa. Patricia Bullrich iguala al Presidente en imagen positiva, con 30%, mientras que Axel Kicillof registra 28%.

Las diferencias entre los números de las dos consultoras no implican necesariamente una contradicción, ya que se trata de estudios con diseños, períodos de trabajo de campo y metodologías distintos. Sin embargo, ambos ubican la valoración negativa de Milei claramente por encima de la positiva.

El bolsillo, en el centro del malestar

La situación económica aparece como uno de los principales factores detrás del clima social. Según QSocial, el 75% de los hogares tuvo que recortar gastos para poder llegar a fin de mes y seis de cada diez no tienen capacidad de ahorro. Además, el 44% sostiene que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. El 63% considera que con el rumbo económico actual “gente como uno” sale perdiendo, mientras que el 47% espera que la inflación aumente en los próximos meses y el 36% considera probable perder su empleo durante el próximo semestre.

El relevamiento detecta, no obstante, algunas señales menos negativas en el plano individual. La evaluación desfavorable de la economía personal cayó del 45% al 38%, mientras que la proporción de personas que conocen a alguien de su círculo cercano que perdió el trabajo descendió del 70% al 61% en tres meses. También mejoró levemente la expectativa sobre el futuro del país: las respuestas positivas pasaron del 24% al 28%.

AtlasIntel registra una percepción económica todavía más crítica. En ese estudio, el 63% califica como mala la situación económica actual del país y apenas el 24% la considera buena. La evaluación del mercado laboral es aún peor: siete de cada diez encuestados creen que su situación es mala. Las expectativas tampoco muestran una reversión clara: el 49% de los consultados por AtlasIntel cree que la economía argentina empeorará durante los próximos seis meses, contra un 37% que espera una mejora. En materia de empleo, el 50% prevé un deterioro y el 34% una recuperación.

La corrupción se instala entre las principales preocupaciones

Otro dato relevante del estudio de AtlasIntel es el crecimiento de la corrupción como preocupación social. El 44,4% la señaló entre los principales problemas de la Argentina, convirtiéndola en la opción más elegida, apenas por encima del desempleo, con 43,9%. Le siguen la situación económica, con 33,1%; la inflación y los altos precios, con 28,8%; la impunidad y el sistema judicial, con 27,9%; y el debilitamiento de la democracia y las instituciones, con 23,8%.

QSocial también mide específicamente la percepción sobre corrupción dentro del Gobierno y su serie muestra que una mayoría de los consultados considera que la mayoría de los funcionarios son corruptos, frente a porcentajes considerablemente menores que creen que lo son solo algunos o ninguno.

Milei conserva competitividad hacia 2027

El deterioro de las evaluaciones sobre la actualidad no se traduce de manera lineal en las expectativas electorales. QSocial detecta incluso una recuperación de Milei cuando la mirada se proyecta hacia 2027. La proporción que prefiere que el Presidente sea reelegido pasó del 30% en julio al 34% en agosto. Sin embargo, un 57% sostiene que preferiría que no obtenga un segundo mandato.

En los escenarios de primera vuelta elaborados por la consultora, Milei aparece primero con entre 31% y 32% de intención de voto. Pero los resultados se revierten en las simulaciones de balotaje: frente a Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtiene 42% contra 40% de Milei; frente a Sergio Massa, el exministro de Economía alcanza 44% y el Presidente, 38%.

El estudio muestra además un electorado fuertemente atravesado por el rechazo: el 50% afirma que podría votar a un candidato no por simpatía sino para impedir el triunfo de otro dirigente.

En conjunto, las dos mediciones describen un escenario en el que el Gobierno mantiene un núcleo de apoyo importante y Milei conserva competitividad electoral, pero enfrenta un marcado predominio de las evaluaciones negativas sobre su figura, su gestión y la marcha de la economía.

El estudio de AtlasIntel y Bloomberg fue realizado entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre sobre 2.193 adultos de todo el país y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales. El QMonitor de QSocial, por su parte, se basó en una encuesta online realizada entre el 7 y el 26 de agosto, con una muestra probabilística y estratificada de 1.645 casos efectivos y un margen de error de ±2,4 puntos porcentuales.

CRM

En la Argentina de Javier Milei, la inflación bajó del 12% mensual heredado al 2% en el que se estabilizó entre mayo y julio, y para el mes pasado economistas afines al Gobierno prevén entre el 1,9% y el 2,1%, según las mediciones de C&T Asesores Económicos y la Fundación Libertad y Progreso. En el mismo país también desacelera la actividad económica, tanto que la ortodoxa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) está recalculando su pronóstico de crecimiento del 3% anual en 2026 para apuntar a un 2%, y sin esperanza de un repunte significativo en el 2027 electoral, porque la inversión no despega pese a la fuerte movilización de recursos de la minería y los hidrocarburos. En esta nación, ahora, como también sucedía antes, una parte importante de la población va a pedir ayuda a las iglesias.

En los últimos 12 meses, el 35,5% de los argentinos acudió a los templos de diversas religiones a buscar ayuda o contención, según el Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que elabora el Observatorio de las Creencias (Ocrear) del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reporte se difunde este viernes, el día de la marcha de las centrales sindicales y organizaciones sociales por pan y empleo al santuario de San Cayetano, el patrono del trabajo. De ese tercio que fue a las iglesias, el 61% lo hizo para buscar apoyo espiritual, el 29% por problemas de salud, pero el 45% para pedir ayuda económica o alimentaria, capacitación laboral o un empleo. El 15% asistió para actividades educativas y el 8% porque sufría violencia familiar.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, explica Gabriela Irrazábal, investigadora participante del estudio. Se acercan más cuanto más bajo sean los recursos económicos, sociales y educativos. Son más proclives los mayores de 50 años, seguidos por los jóvenes y sólo después aparecen los de 30 a 49 años. Así es la tierra que visitará en noviembre próximo León XIV, el primer papa en venir a la Argentina en 39 años y después del legado del porteño Francisco al frente del Vaticano.

“La demanda es igual que siempre”, comentan en la pastoral social de la iglesia católica platense. 'Está difícil para todo, especialmente para los trabajadores de la construcción“, agregan. En Caritas Córdoba admiten que los pedidos en los templos se elevaron algo, pero lo que creció de manera exponencial es la gente en situación de calle y sus necesidades. En la provincia donde más votos obtuvo Milei en la elección presidencial 2023, la segunda más poblada de la Argentina, en el gobierno local del peronista cordobés Martín Llaryora admiten una economía dual con localidades agropecuarias exportadoras en expansión y grandes centros urbanos en ”situación crítica“ por el mal momento del comercio, la industria, la construcción y el turismo.

En la ciudad de Buenos Aires, cuarto distrito en población del país, detrás de Santa Fe, en la capital donde gobierna todavía el PRO con Jorge Macri a la cabeza, se repite el mismo cuadro que en las urbes cordobesas. En el oficialismo porteño analizan que la única apuesta económica y política de Milei radica en cumplir su promesa de baja la inflación para que así se reactive el consumo, pero no descenderá a menos del 1% este agosto, como había vaticinado el presidente. Ahora busca apuntalar su meta con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que centrará el mandato de la entidad en reducir la inflación, como lo hace la mayoría de las autoridades monetarias en el mundo, con pocas excepciones como EE UU, donde también se apunta a disminuir el desempleo. El equipo de Santiago Bausili alega que el mandato dual en la Argentina fracasó y que otros organismos públicos pueden ocuparse de la desocupación... aunque por ahora brillen por su ausencia.

El índice de precios al consumidor (IPC) descendió al 2% -una cifra aún considerable, como la que hubo en la mayoría de los años del kirchnerismo- y el Banco Central ha empezado a intervenir para evitar que el dólar suba más allá de $1.500 e impacte en el bolsillo. Claro que un peso sobrevaluado daña a la industria, el turismo y la construcción, que se encarecen en dólares. Las manufacturas también se perjudican por la apertura importadora y la merma del consumo, que a su vez responde salarios deteriorados, empeoramiento de la calidad del empleo -el formal se reemplaza por el informal, que remunera un tercio menos- y el mayor endeudamiento familiar en dos décadas.

Con esos panoramas en distritos afines a Milei, las encuestas de opinión, que han fallado muchas veces, en esta oportunidad muestran que nunca en estos dos años y medio de gobierno el Presidente estuvo peor, pero jamás en este periodo la oposición peronista ha estado tan mal. Por ahora el economista antiestatal lidera los sondeos presidenciales y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo secunda, pero el electorado se muestra interesado en que aparezca una tercera opción política a libertarios y peronistas, según revela el analista de opinión política Raúl Timerman. La duda es si surgirá esa alternativa y un candidato que la encarne. Hay quienes fantasean con otro outsider como fue Milei, Daniel Hadad, dueño de Infobae, que sería un defensor de muchas de las reformas actuales, pero sin los malos modales que han llevado, por ejemplo, a rebajar la relación diplomática con Brasil al nivel de encargado de negocios.

Pero quizás ni Hadad quiera dar el salto a la política -ya se descarta que lo haga Jorge Brito, propietario del Banco Macro- ni la población quiera un presidente empresario. Con esa ilusión de crear una tercera vía la exministra de Desarrollo Humano porteña María Migliore lanzó esta semana una campaña en redes para convertir en partido político el colectivo del que participa en redes sociales, Popurrí, junto a un militante de la Villa 1-11-14, Nicolás Torres, y dos cofundadores de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo. Sintonizan más con el discurso nacionalista que expresó la mayoría de la sociedad contra la reforma de la ley que restringe la propiedad extranjera de la tierra, campaña en la que se embanderó hasta Tini Stoessel y Emilia Mernes. Así como los jugadores de la selección explicitaron el sentimiento antipolítica en 2022 al convertirse en los primeros campeones mundiales que no saludaban al presidente de su país tras la consagración, habrá que ver si ahora expresan un matiz soberanista a partir de la bandera “Las Malvinas son argentinas” que puso en crisis al día siguiente la avanzada del capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que permitía la extranjerización irrestricta. ¿Surgirá un candidato así que bajo el sentimiento albiceleste reúna desde ciudadanas como Tini y Mernes hasta otras más peronistas como Lali Espósito?

Por lo pronto está claro que no fue la mejor semana para el Coloso, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es cierto que el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad, que dificulta que a futuro el Estado expropie y permite que los inquilinos morosos sean desalojados en diez días, ya no en hasta dos años. Una de las desregulaciones emblemáticas de Milei y Sturzenegger, la eliminación de toda regla para los alquileres, ha llevado a que este rubro sea uno de los que más se ha encarecido en el gobierno libertario, lejos de la promesa oficialista de que la mayor oferta iba a hacerlos abaratar. Por algo se acumulan las deudas de inquilinos con propietarios, las mudanzas y ahora también puede que aumenten los desahucios, si es que la Cámara de Diputados sanciona la iniciativa. Pero igualmente Sturzenegger perdió en estos días cuando se cayeron dos capítulos de la norma, el de extranjerización y el que permitía vender tierras incendiadas, así como cuando Milei le echó para atrás su desregulación del servicio de prácticos ante el paro que estos guías en la navegación de los ríos iniciaron el lunes y el martes y dejaron varados a todos los buques que llevan y traen las exportaciones y las importaciones del país.

El presidente está de acuerdo en todo con el ministro de Desregulación, pero a un año de las eventuales primarias presidenciales no quiere sumar ruido a su aspiración reeleccionista y por eso ahora se descarta que se avance con otras liberalizaciones. Entre ellas figura la eliminación del precio único de los libros, a la que se oponen las librerías independientes; el permiso para que los medicamentos se vendan fuera de las farmacias; la autorización para que cualquiera pueda ser agente inmobiliario, sin ser martillero público ni matricularse; las liberalizaciones de los mercados de garrafas y de los arrendamientos rurales y la supresión de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, entre otras normas.

Quizás otras reformas persisten en agenda, como la que permitiría que barcos extranjeros ofrezcan transporte fluvial interno. Es una de las medidas reclamadas por las grandes cerealeras. Con el ánimo de bajar sus costos logísticos, son las mismas que apuntan contra el club de los prácticos y esperan unirse para ganar la futura privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que une el noroeste del país con los puertos. En este negocio deberán competir con la minera británica Rio Tinto y con Grupo México, que hizo un fuerte lobby para influir en la confección de los pliegos de acuerdo con sus expectativas. Veremos qué dice finalmente la letra chica de la subasta. Las cerealeras también despliegan sus agentes para influir: en el Senado empujan una reforma de la ley de biocombustibles para que el negocio no quede sólo en manos de pymes y apuntan contra empresarios como el bahiense Juan Carlos Bojanovich.

Sturzenegger suele invocar el argumento de bajar los costos para tornarlos más competitivos y así mejorar la economía y beneficiar a los consumidores. Pero hasta economistas ortodoxos advierten que si bien la Argentina estaba excedida en reglas, la eliminación de todas ellas puede terminar saliendo mal para aquellos a los que se pretende defender. En la Universidad Di Tella, el profesor y politólogo Sebastian Etchemendy está comenzando una investigación sobre todas las desregulaciones del Coloso. Está apenas en sus inicios, pero ya identifica algunas hipótesis de trabajo. Algunas liberalizaciones enfrentan al capital y el resto de la sociedad, otras favorecen al capital extranjero frente al nacional y están las que contraponen a grandes empresas contra pymes. Cita como emblemáticas las reformas laboral y de alquileres, los cambios en la normativa ambiental con la ley de glaciares y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la derogación del compre nacional y el proyecto de eliminación del precio único de los libros. “Es menos el gobierno de las corporaciones empresarias que el de (Mauricio) Macri. El fanatismo es el modo, no cree en la mediación social y se choca con la realidad”, describe Etchemendy en referencia al paro de los prácticos, que finalmente se sentarán a negociar su estatus.

AR/MC

La economía argentina muestra señales que el Gobierno presenta como ordenamiento, desaceleración de la inflación o recomposición gradual. Pero cuando se mira desde el bolsillo de los trabajadores, la foto es menos compra en supermercados, menos venta en mayoristas, que los centros de compras siguen en baja real, que la industria retrocede en ramas intensivas en empleo y que el mercado laboral todavía no ofrece suficiente trabajo de calidad.

El último INDEC Informa, la publicación mensual que compila datos de coyuntura de distintos sectores, permite unir esas piezas. Los ingresos no alcanzan para recomponer el consumo, la producción manufacturera sigue floja y tener empleo no siempre alcanza para dejar de buscar otro trabajo o más horas.

El primer dato aparece en el consumo cotidiano. En abril, las ventas de supermercados a precios constantes cayeron 3,7% frente al mismo mes del año anterior y acumularon una baja de 3,3% en los primeros cuatro meses de 2026. A precios corrientes, en cambio, la facturación subió 21,5%. La diferencia dice mucho: se gastaron más pesos, pero se compró menos en términos reales.

Ese dato vuelve a mostrar el efecto directo de la pérdida de poder adquisitivo. El supermercado es uno de los termómetros más sensibles de la economía familiar porque registra compras básicas, alimentos, bebidas, limpieza, perfumería y productos de uso cotidiano. Cuando las ventas reales caen allí, el ajuste no habla sólo de consumos postergables. Habla de hogares que recortan cantidades, cambian marcas, reducen frecuencia de compra o reemplazan productos.

La caída también apareció en los autoservicios mayoristas, un canal que muchas familias usan para intentar ahorrar, comprar por volumen o estirar el ingreso mensual. En abril, las ventas reales bajaron 5% interanual y acumularon una caída de 3,2% en el año. La facturación nominal subió 19,7%, pero el volumen vendido siguió por debajo del año anterior.

Ese movimiento es especialmente relevante para trabajadores y hogares de ingresos medios y bajos. El mayorista suele funcionar como estrategia defensiva frente a precios altos: comprar paquetes grandes, buscar ofertas, organizar compras familiares o repartir gastos. Si también cae ese canal, la señal es que el problema no está sólo en el consumo aspiracional, sino en la capacidad de sostener compras básicas aun buscando precios más convenientes.

Los centros de compras completan el cuadro. Las ventas a precios constantes cayeron 5,9% interanual en abril, aunque la facturación nominal aumentó 12,6%. El retroceso real fue mayor fuera del Gran Buenos Aires, donde la baja llegó al 6,2%, frente al 5,7% en GBA. Es otro tipo de consumo, más asociado a indumentaria, tecnología, comida fuera del hogar y esparcimiento, pero marca el mismo límite: la mejora nominal no alcanza para recuperar cantidades.

La lectura conjunta es más fuerte que cada dato por separado. Supermercados, mayoristas y shoppings muestran caídas reales al mismo tiempo. Eso impide hablar de una recuperación clara del consumo de los hogares. Puede haber sectores o rubros con mejoras puntuales, pero el cuadro general sigue atravesado por salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra y por familias que reorganizan gastos con menos margen.

La industria muestra otro costado del mismo problema. El índice de producción industrial manufacturero cayó 2,8% interanual en abril y acumuló una baja de 2,4% en el año. El dato general ya marca debilidad, pero la apertura por ramas muestra golpes más profundos en sectores con fuerte impacto laboral.

La producción textil cayó 22,2% frente a abril de 2025 y acumuló una baja de 25,5% en el año. Prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 15,9% interanual. Maquinaria y equipo bajó 20,2%. Otros equipos, aparatos e instrumentos cayó 11,4%. Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes retrocedió 10,7%. Industrias metálicas básicas bajó 11,2%.

No todas las ramas cayeron. Sustancias y productos químicos creció 16,7%, refinación de petróleo subió 5,6%, madera, papel, edición e impresión avanzó 4,1% y productos de tabaco aumentó 6,5%. Pero esa heterogeneidad no borra el problema: varias ramas vinculadas al consumo interno, a bienes durables y a cadenas industriales con empleo asalariado siguen en rojo.

El dato de capacidad instalada también ayuda a medir la temperatura. La utilización general de la industria llegó a 59,9% en abril, pero algunos bloques operaron muy por debajo de ese nivel: productos textiles usó 42,4% de su capacidad, productos de caucho y plástico 42,4%, industria automotriz 46,5% y metalmecánica excluida automotriz 42,7%. Menos producción y capacidad ociosa no son conceptos abstractos: implican turnos que no se abren, horas que no se trabajan, proveedores con menos pedidos y trabajadores con menor poder de negociación.

Ahí se conecta el consumo con la actividad productiva. Cuando los hogares compran menos, las empresas venden menos. Cuando venden menos, producen menos. Y cuando producen menos, el empleo se vuelve más frágil. Esa cadena no funciona de manera mecánica ni inmediata, pero sí marca el terreno sobre el que se mueven los trabajadores: menos demanda, más incertidumbre y más presión para aceptar peores condiciones.

El capítulo laboral del mismo informe completa esa fotografía. En el primer trimestre de 2026, la desocupación abierta fue de 7,8%, con una tasa de empleo de 44,8% y una tasa de actividad de 48,6%. El desempleo no explotó, pero mirar sólo ese número deja afuera una parte importante del problema.

La presión sobre el mercado de trabajo alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa. Ese indicador incluye a los desocupados, a los ocupados que buscan otro empleo y a quienes no buscan activamente otro puesto pero están disponibles para trabajar más horas. En otras palabras: casi tres de cada diez personas activas no están plenamente resueltas en su situación laboral.

El informe también muestra que el 15,8% de la PEA corresponde a ocupados demandantes de empleo y que la subocupación llegó al 11,1%. Son trabajadores que tienen una ocupación, pero necesitan otra, más horas o mejores ingresos. Esa es una de las claves del momento laboral: el problema no se agota en conseguir trabajo, sino en conseguir un empleo que alcance para vivir.

La informalidad agrega otra capa. El informe de mercado laboral del INDEC mostró que el 44,2% de los ocupados trabaja en condiciones informales. Esa estructura vuelve más débil cualquier recuperación porque una parte enorme del empleo queda sin protección plena, con ingresos más inestables y menor capacidad de negociar salarios.

La suma de los datos deja una conclusión menos optimista que el relato oficial. La inflación desaceleró, pero eso no implica automáticamente una mejora del poder de compra. El consumo real sigue flojo en canales básicos y comerciales. La industria cae en sectores sensibles. El mercado laboral no muestra una crisis abierta de desempleo masivo, pero sí una presión persistente de trabajadores que buscan más o mejor empleo.

La recuperación, si existe, todavía no ordena la vida material de quienes viven de su trabajo. Para un hogar asalariado, la economía no se mide sólo por la variación mensual del IPC o por un promedio general de actividad. Se mide en la compra del supermercado, en la posibilidad de pagar deudas, en las horas de trabajo disponibles, en la estabilidad del empleo y en el margen que queda después de cubrir gastos básicos.

El INDEC Informa de junio permite ver esa trama completa. No muestra una economía paralizada, pero tampoco una recuperación sólida para los trabajadores. Muestra un país donde se factura más porque los precios subieron, pero se compra menos en términos reales; donde algunas ramas industriales crecen, pero varias intensivas en empleo siguen golpeadas; y donde millones de personas tienen trabajo, aunque no siempre el trabajo que necesitan.

JJD

Aunque no lo parezca, esta semana en las redes y medios de Argentina, se habló mucho sobre desigualdad. En los diarios, los nuevos requerimientos del FMI para que la Argentina “recaude más” incluyeron la idea de subir impuestos a los trabajadores -pero no a otros sectores-, aún cuando la mayor parte de ellos no le ganó a la inflación y, aun cuando su menor consumo es lo que explica la caída en la recaudación. Las redes por su parte, hablaron bastante de un fenómeno, no nuevo, pero sí magnificado en los últimos años, que es la presencia en medios, en política y en todos los espacios de poder de los “nepobabys”, los “hijos de”. Si siempre fue más fácil para ellos hacerse camino, ahora pareciera que son casi los únicos que pueden caminar y de paso, opinar e incidir desde un lugar que puede -peligrosamente- considerar su experiencia y oportunidades previas como si hubieran sido las de todos. Por último, Galperín habló de cómo un impuesto a los más ricos no alcanzaría para engrosar las arcas del Estado, y también abrió debate. Pero en esta nota quiero compartirles lo que está exactamente del otro lado del fenómeno de la desigualdad, algo que discutimos esta semana en el corazón del Barrio Mugica, ex villa 31.

Fui muchas veces a la 31, pero esta vez como el destino estaba bien dentro del barrio, me tocó tomar por primera vez un colectivo informal que es la única forma de ir 30 cuadras para adentro y que sale más caro que un colectivo normal. ¿Qué paradoja no? Sale de Retiro, que debe ser el lugar más conectado en transporte público -tren subte y colectivo- de toda la ciudad. Pero no hay ninguno de los colectivos oficiales que pueda hacer ese tramo. De eso fuimos a hablar, de cómo las herramientas para transformar la desigualdad están ahí nomás de nuestras manos, pero toca repensarlas - y usarlas-, aprendiendo de la experiencia. 

En Futuros Mejores, un espacio en el que trabajamos en construir agenda alternativa a este presente gris en distintos temas, nos preguntamos cuál debería ser hacia adelante la mejor política social para revertir la desigualdad. Mientras que las políticas universales para infancias van ganando consenso —y hasta los gobiernos de derecha las tienen que sostener—, las políticas sociales para las personas en edad de trabajar son siempre materia de discusión social y mediática. ¿Quiénes merecen recibir esas políticas? ¿Quiénes las gestionan? ¿Se les pide algo a cambio? Son algunas de las preguntas que encienden el debate. Pero, desde nuestra perspectiva, es mejor empezar por preguntarnos: ¿quiénes son y qué están haciendo las personas pobres en edad de trabajar en Argentina?

La sociedad repite “No quieren trabajar” “No consiguen trabajo porque no tienen educación”, se imagina a un señor tomando mate y mirando el techo todo el día. Pero cuando miramos las estadísticas oficiales encontramos que sólo el 7,9% de las personas pobres en edad de trabajar están desempleadas. El 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen trabajo —en construcción, en comercio y en industria— y aun así son pobres. Otro 18% son amas de casa: mujeres que tienen el tiempo ocupado cuidando. El 60% de las trabajadoras de casas particulares laburan y son pobres y el 60% de los hogares monomarentales también. La gente “pobre” con infinito tiempo disponible es la excepción, no la norma. De hecho, las personas pobres trabajan un promedio de horas semanales superior al de las personas no pobres (41,8 horas y 40,2 respectivamente). ¿Y entonces que es lo que hace la diferencia? Uno de los factores parece ser la informalidad: entre los trabajadores pobres, la formalización es sólo del 41%, mientras que entre los no pobres es del 82%. Aunque los derechos parezcan “viejos”, todavía te transforman la vida, para ser o no ser pobre.

Frente a este panorama, en Argentina en los últimos 30 años la política social para personas en edad de trabajar se reversionó 10 veces, con distintas metodologías y coberturas y hoy el gobierno plantea eliminar el Volver al Trabajo y el acompañamiento social. Y no es sólo el gobierno. Muchos en el país, de un lado u otro de la grieta, creen que en un futuro mejor estas políticas van a desaparecer, creen que si el país “se desarrolla” no se van a necesitar. Sin embargo, la automatización del trabajo y el reconocimiento de la economía del cuidado traen todavía más cuestionamientos a la idea de que la sociedad entera puede resolverse en el mercado de trabajo. Por eso, los países con elevado nivel de desarrollo combinan políticas de ingreso universal, empleo, formación y remuneración de cuidados para las personas pobres en edad de trabajar.

Mirando los datos y contemplando lo que hace el resto del mundo desde Futuros Mejores escribimos una propuesta de 6 “mandamientos” :

Pero nuestras propuestas son en realidad una excusa para discutir con el resto de la sociedad, para salir del modo resignación y pasar al de imaginación. Eso hicimos en la 31 con La Poderosa, y otras 20 organizaciones sociales, académicas y políticas. Entre las organizaciones e instituciones presentes hubo acuerdo en que horas de trabajo y esfuerzo sobran pero lo que falta es empleo de calidad. Hubo acuerdo en la necesidad de, hacia adelante, eliminar los cupos sino planear políticas universales en su aplicación. La ley de salario social y de integración socio urbana son dos antecedentes que no debieran abandonarse sino ser puntos de partida.

Se planteó que una política social integral a futuro también ofrece servicios públicos, no sólo ingresos, esos servicios crean comunidad más que las transferencias. En esos servicios está también el transporte y las instituciones de cercanía. “Viajando perdemos 11 años de vida” decía una de las presentes. Se planteó también que si se quiere reconocer mejor a la economía popular se necesitan nuevas figuras cooperativas y nuevas figuras tributarias que superen el monotributo.

Otro acuerdo fue el de revisar las políticas de riqueza, y que se hace con ese excedente, a la par de pensar la pobreza. Si la mayor parte de la pobreza ya está trabajando, entonces la principal política social tiene que ser lograr que ganen mejor por eso que ya hacen, una política de distribución. Si el FMI quiere aumentar la recaudación de la Argentina…quizás debería empezar por pedir eso…más y mejor distribución.

*La autora es referenta de Futuros Mejores

Argentina ardía en 2002 tras aplicar la receta económica dictada por el Consenso de Washington en los 90 y el economista surcoreano pero doctorado y profesor de la Universidad de Londres Ha-Joon Chang publicaba su primer best-seller, Patear la escalera. Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer, en el que explicaba que las naciones ricas se habían desarrollado con políticas industriales que después habían desaconsejado al resto del mundo. En 2010 vendría otro éxito editorial, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Ahora la editorial Granica ha vuelto a publicar Patear la escalera en castellano y su autor, uno de los principales referentes de la heterodoxia económica mundial, dialogó por Zoom con elDiarioAR desde la capital británica, antes de un viaje de visita a su Seúl natal.

–Por qué Patear la escalera, sigue siendo relevante después de más de 20 años?

–Escribí este libro en 2001. Se publicó en 2002. Y ese fue literalmente el punto más alto del neoliberalismo. En los 80, los programas de ajuste estructural empezaron a afectar a casi todos los países en desarrollo. Los obligaron a liberalizar su comercio. Muchos abrieron sus mercados de capitales. Privatizaron empresas estatales y desregularon varios mercados, como el laboral e industrial, y así sucesivamente. Luego vino el colapso del bloque soviético a principios de los 90. Y entonces se declaró el “fin de la historia”, se lanzó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y sí, estas políticas neoliberales estaban arrasando el mundo. Pero yo estaba muy desconcertado porque sabía que muchos de estos países ricos, Estados Unidos, Japón, Corea, que luego promovían el libre comercio, la libre inversión y demás, habían usado altos niveles de proteccionismo, subsidios, regulaciones sobre empresas extranjeras, etc. Y muchos de ellos también usaron empresas estatales de manera muy intensiva para desarrollar sus economías. Y estos países argumentaban que los países en desarrollo no debían hacer lo mismo. Entonces empecé a investigar la historia del capitalismo más a fondo. Y la evidencia no era difícil de encontrar. No es que tuve que hackear alguna base de datos secreta en el sótano del FMI (Fondo Monetario Internacional) o viajar a un monasterio italiano en los Alpes para leer manuscritos del siglo XVIII. La evidencia estaba ahí. De hecho, encontré mucho más de lo que esperaba porque me di cuenta de que Gran Bretaña había sido mucho más proteccionista de lo que pensaba. Estados Unidos fue la economía más protegida del mundo durante 120 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente descubrí que todos los países ricos de hoy, en combinaciones ligeramente diferentes, se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar. Luego encontré un pasaje en el libro del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien decía que los ingleses les pedían a alemanes y estadounidenses adoptar el libre comercio. Pero cuando mirás la historia inglesa, llegaron a donde estaban, esto es mediados del siglo XIX, usando un grado muy alto de proteccionismo, subsidios y otras formas de política industrial. Es como alguien que sube hasta la cima y luego patea la escalera para que otros no puedan seguirlo. Ahora soy un país fuerte que se beneficia del libre comercio, que no necesita proteccionismo. Así que ahora les digo a otros países que no usen estas políticas.

–Pero hoy el mundo vuelve al proteccionismo...

–Hoy esto es aún más relevante, irónicamente, por Donald Trump. Hasta hace poco, los países ricos fingían que se desarrollaron con libre comercio, libre mercado. Y aún intentaban persuadir a los países en desarrollo de no usar proteccionismo ni subsidios. Pero ahora estos países están desesperados porque China los alcanzó mucho. Quiero decir, ahora es competitiva en todas las industrias. En algunas industrias podrías argumentar que incluso están por delante de los países occidentales. Ahora, los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Así que ahora ni siquiera pueden ser hipócritas porque tienen que usar estas políticas. Estamos viviendo un momento muy interesante porque estos países contaron mentiras sobre su propia historia. Probablemente muchas personas de esos países ni siquiera sabían que estaban mintiendo porque siempre creyeron en esa historia mítica en la que todo se hacía por la mano invisible y el libre mercado y libre comercio. Ahora se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos, necesitan estas políticas. Aunque, en mi opinión, la forma en que lo están haciendo no va a tener éxito.

–¿Por qué no van a tener éxito?

–Hay diferentes razones para diferentes países. En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en EE.UU. para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad.

–¿Cuál sería una política industrial adecuada?

–La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona. Tenés que elegir sectores específicos que querés desarrollar y luego brindarles apoyo dirigido. En algunos casos puede ser protección. En otros casos, tal vez no querés esa protección, pero subsidiás directamente a la empresa, directa e indirectamente, invirtiendo más en investigación y desarrollo básico que cree nuevas tecnologías que estas empresas puedan usar. Deberías proveer la infraestructura adecuada para la industria. Si estás invirtiendo en construcción, en lugar de construir apartamentos de lujo, deberías construir carreteras, puertos, etc. para apoyar tus industrias. Deberías invertir en formación de trabajadores, educación, ciencia básica. Necesitás una estrategia coherente. En este momento, la estrategia en EE.UU. es totalmente aleatoria. Protegemos a todos y vemos quién se beneficia. Esto es exactamente el tipo de protección que Estados Unidos criticaba a países como Argentina. Sustitución de importaciones: ponés protección general y esperás que algo pase. Algo pasa, pero no es tan efectivo como una política muy focalizada con condiciones. Si recibís protección, si recibís subsidios con dinero de los contribuyentes, tenés que rendir cuentas. Por eso la política industrial en países como Japón, Corea, China ha sido muy exitosa: no solo proveen protección y dinero, sino que ponen condiciones sobre lo que tenés que hacer.

–Mientras el mundo se vuelve proteccionista, Argentina está abriendo su economía. ¿Cuál es su opinión sobre el experimento libertario de Milei, que todo el mundo está mirando?

–Desgraciadamente, en la historia no hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei. Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona. No existe un país que se haya hecho rico a través de estas políticas liberales. Cuando digo esto, la gente dice: “Pero ¿qué pasa con países como Singapur?”. Bueno, déjenme decirles sobre Singapur. Tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda, y más del 20% del PBI es producido por empresas estatales. Y dicen: “Singapur tiene bajos impuestos”. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Pero también tiene este esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud, educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos. Porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Decime si hay alguna otra economía que haya tenido éxito por esta ruta. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda. Si el bajo impuesto a las ganancias de las empresas fuera tan bueno, ¿por qué no todos van a invertir a Paraguay? Porque allá el impuesto a las ganancias corporativas es del 10%, el impuesto a las ganancias personales también. ¿Por qué no se mudan todas las empresas ricas del mundo allá? El problema es que hay que hablar del valor de los servicios gubernamentales. En Paraguay podés pagar bajos impuestos, pero lo que recibís a cambio no es tan bueno. Infraestructura pobre, seguridad no tan buena, trabajadores no muy bien capacitados. Muchas empresas prefieren pagar 30% de impuesto a las ganancias corporativas y hacer negocios en Alemania. Esta idea de que cuanto menos gobierno, mejor, es absurda. Hay que debatir exactamente qué debería hacer el gobierno. ¿Debería gastar más en investigación y desarrollo o infraestructura? ¿O enfocarse en aumentar la productividad en el sector biotecnológico o ayudar a las pymes exportadoras? Las experiencias históricas son muy claras: el gobierno hace estas cosas, sea una política industrial más agresiva como en Corea o China, o incluso las más pasivas, proporciona todos estos insumos públicos: ciencia, investigación y desarrollo. Durante los 50, 60, hasta los 80, dos tercios de la investigación y desarrollo americana estaba financiada por el gobierno americano

–El libre comercio no funcionó en Argentina en el pasado, pero tampoco una economía muy cerrada...

–Exacto. No estoy a favor de tener el tipo de economía cerrada que tenía Argentina. El punto es que si sos un país en desarrollo, necesitás generar suficientes exportaciones para desarrollar la economía porque necesitás importar máquinas, tecnologías, insumos intermedios inteligentes para crecer y desarrollar tu economía, porque no producís esas cosas. Necesitás divisas. Desgraciadamente, países como Argentina no desarrollaron la capacidad de exportar más allá de commodities primarios, cuya demanda siempre fluctúa y no crece muy rápido a largo plazo. Por eso Argentina sigue teniendo crisis macroeconómicas cada vez que empieza a crecer un poco. Porque una vez que comenzás a crecer, absorbés todos esos insumos. Necesitás máquinas para el sector agrícola, fertilizantes. Si querés construir una industria manufacturera, necesitás importar nuevas máquinas y tecnologías, pagar consultorías técnicas, traer gente para enseñar habilidades avanzadas a tus trabajadores, etc. Y no generás suficientes divisas para pagar esas cosas. Así que apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos. Y para resolverla imponés políticas de austeridad, que pueden bajar la inflación por un tiempo, pero apenas la economía empieza a crecer, tenés el mismo problema.

–Acá en Argentina la gente ahora tiene esperanza en la minería, petróleo y gas de Vaca Muerta, que pueda resolver el problema de falta de divisas y todos los problemas...

-En el corto plazo puede ayudar. Pero acordate que el petróleo va a ser un activo varado. El mundo, guste o no a Argentina, está haciendo una enorme transición hacia energías verdes. Especialmente con la última guerra con Irán. Los países se dieron cuenta de que depender de combustibles fósiles es muy riesgoso, incluso si no creés en el cambio climático. La demanda de petróleo va a bajar. Hay enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías de energías renovables. Petróleo y gas se usan como insumos industriales más que como fuentes de energía. Para hacer fertilizantes artificiales usás gas natural, carbón coque para acero. Pero ahora hay mucha investigación y nuevas tecnologías para hacer estas cosas sin combustibles fósiles. ¿Pensás que para Argentina tener litio es genial? Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar. No podés depender de estas cosas. Y encima estos sectores basados en recursos naturales tienen inherentemente bajo crecimiento de productividad.

–¿Por qué tantos ricos están fascinados con Milei en países desarrollados?

-El neoliberalismo, el libertarianismo son sistemas buenos para los ricos, especialmente los súperricos. En los países ricos, los súperricos quieren instalar el tipo de sistema que está instalando el señor Milei porque se beneficiarían más. Desgraciadamente, en los países ricos hay resistencia a estas cosas porque hay partidos de izquierda, aunque en declive, que todavía son fuertes comparados con los de países en desarrollo. Y hay derechos sociales más establecidos en educación, salud, servicios básicos. Entonces les cuesta implementar estas reformas que quieren. Y ahora hay este hombre que lo está haciendo. Claro que quieren que tenga éxito para decirle a su gente: “Mirá, el señor Milei lo hizo. Deberíamos hacerlo en nuestro país también”. Pero América Latina siempre ha sido el laboratorio experimental para estas políticas. El primer régimen neoliberal se instaló en Chile, luego la dictadura argentina lo siguió, después de experimentar allá lo llevaron a EE.UU., Europa. Están repitiendo lo mismo otra vez.

AR/CRM

Comenzaron las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante estos días tendrá lugar una nueva revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el organismo, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo.

La revisión del acuerdo se produce, además, en un marco de tensiones sociales: la desocupación aumentó 1,1% tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del INDEC en base al informe del cuarto trimestre del 2025.

Tras ocho años de programas con el FMI (2018–2026), el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales. Sin embargo, el acuerdo de 2025, firmado sin los controles y debates previstos por ley, consolida a Argentina como principal deudor del organismo, concentrando más de un tercio de sus créditos vigentes y evidenciando el fracaso de los programas previos (Stand By 2018 y Facilidades Extendidas 2022).

Las políticas aplicadas bajo el acuerdo debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras que los sectores extractivos avanzan sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental consolidando un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos -energía, minería y agroindustria- con bajo impacto en el empleo y altos costos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento institucional que compromete la efectividad de cualquier política pública.

El presupuesto ambiental cayó cerca de 80% en términos reales desde el 2023 y representa apenas el 0,033% del presupuesto nacional, debilitando la capacidad del Estado para prevenir incendios, proteger los bosques o responder a emergencias climáticas. En paralelo, se impulsan reformas, como la modificación de la Ley de Glaciares, y proyectos bajo el RIGI, vinculados a hidrocarburos y minería, que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas frágiles. Esta combinación de expansión extractiva y retracción estatal profundiza la vulnerabilidad ante la crisis climática y aleja cualquier posibilidad de una transición energética justa.

Pero las tensiones del programa no son solo económicas, sociales o ambientales: también son jurídicas y las reglas internas del FMI. Advertimos que el acuerdo de 2025 fue aprobado por decreto, sin aval del Congreso en incumplimiento de la Ley 27.61. Además, el acuerdo presenta serias dificultades para cumplir con tres de las cuatro condiciones necesarias para acceder a la política de acceso excepcional del propio organismo La deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes. La limitada acumulación de reservas, los elevados vencimientos de deuda y la persistente dependencia de financiamiento excepcional refuerzan este diagnóstico.

El resultado es un programa que busca estabilizar sin transformar: ajusta el gasto social, debilita la capacidad estatal y profundiza la dependencia de sectores que agravan la crisis ambiental. Lejos de corregir desequilibrios estructurales, el esquema parece consolidarlos.

En este contexto, la discusión que se abre en Washington excede el cumplimiento de metas fiscales o la acumulación de reservas. Lo que está en juego es el rumbo del modelo de desarrollo: uno que combina estabilización precaria, dependencia extractiva y retrocesos en materia ambiental y social. Sin una revisión profunda, el riesgo no es solo que el programa no funcione, sino que profundice en las mismas vulnerabilidades que dice querer resolver.

A ocho años de programas con el FMI, Argentina no ha sorteado las restricciones estructurales que originaron la crisis de endeudamiento, sino que ha profundizado desequilibrios económicos, sociales y ambientales que comprometen su sostenibilidad. La combinación de austeridad fiscal, dependencia de sectores extractivos y debilitamiento institucional no ha estabilizado la economía ni mejorado las condiciones de vida, al tiempo que erosiona capacidades estatales y aumenta riesgos para el sistema democrático.

La política de infraestructura siempre busca resolver un problema dual: articular las demandas del presente con una visión estratégica sobre el futuro. La infraestructura pública es causa y consecuencia del desarrollo humano y territorial del país. En Argentina, nuestras principales rutas se construyeron sobre trazados precoloniales que conectaban valles productivos; la red ferroviaria se pensó para ampliar la frontera agrícola y grandes obras hidráulicas permitieron el desarrollo de sus regiones. Mantener y ampliar los servicios que provee la infraestructura es vital para mejorar el bienestar, dar oportunidades de empleo y desarrollar las comunidades. 

A la vez, la transición energética, el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización de la producción y la potencia industrial asiática son condicionantes para un proyecto de país que debe exportar más, disminuir la pobreza, estabilizar la macroeconomía y reducir las brechas de desarrollo regionales. 

Orientar la inversión en infraestructura pública para resolver estos desafíos es una ardua tarea que requiere la participación del estado como planificador y gestor.

En el pasado las gestiones del peronismo y Cambiemos ejecutaron una política de obras públicas que tenía sesgos ideológicos y parcializaciones respecto a los objetivos a cumplir y el nivel de participación pública o privada. Pero ninguna desconoció la importancia de la inversión en infraestructura pública en el desarrollo de sus programas de gobierno. 

Con llegada de Milei al gobierno se implementó una doctrina económica extrema: desconocer al sector público como proveedor de bienes y servicios, asignando al sector privado el rol de planificar, proyectar, financiar, ejecutar y operar infraestructura pública. Bajo esa mirada ideológica se degradaron y desfinanciaron los organismos encargados de ejecutar obras públicas, se paralizaron las obras ya en curso -algunas casi terminadas como la autopista Presidente Perón o la Ruta 3- y se redujeron las transferencias de capital a las provincias. 

De hecho, los escasos fondos disponibles para obras en el presupuesto nacional existen pura y exclusivamente como moneda de cambio con los Gobernadores para breves alianzas legislativas, en lugar de utilizarse como un vector de desarrollo. 

Esta conjunción de inestabilidad política y económica impactó en la inversión. Durante los últimos 20 años, se mantuvo en torno a un promedio del 19,3% del PIB; que aumenta levemente a 19,8% si consideramos sólo los últimos 5 años. Este número se comporta en forma procíclica: se mueve siguiendo el nivel de actividad general, con un mínimo del 16,6% en el año del COVID-19 y máximo de 21% en los años 2021 y 2022. Pero para que el país crezca a un promedio del 3% anual, se necesita una inversión cercana al 25% del PIB. Por eso, la crisis económica de los últimos años explica no sólo la escasa inversión sino también que eso retroalimente un bajo crecimiento de la actividad productiva general. 

Respecto a la composición de la inversión, las construcciones representan un promedio del 8,9% del PBI en los últimos 20 años y 8,3% en los últimos 5 años. La tendencia es efectivamente a la baja: en 2024 y 2025, la construcción representó un 7,2% y 7,3% del PIB respectivamente.

Pero a la par, subió la participación de los otros componentes de la inversión: la adquisición de Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte promedian 10,4% del PIB en los últimos 20 años y del 11,8% en los últimos 5 años. Dentro de ese segmento, el componente que más se eleva es Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte Importados: en promedio representa 6% del PIB, pero en 2025 trepó al 7,5%. 

Esto deja en evidencia la dinámica de inversión en un contexto de atraso cambiario y estancamiento económico. La construcción se reduce a la par del resto de la economía y en particular de la inversión pública y es compensada parcialmente por mayor importación de equipamiento. De este modo se sostiene el total de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El Estado ha reducido en los últimos años su participación en la inversión en un 1,5% aproximadamente. A enero de 2026, su participación es de apenas 0,4% del PIB: no es casual que, en este mismo lapso, varios insumos y servicios usados en la construcción registren caídas en sus ventas del 25%.

Considerando un PIB de 630 mil millones de dólares, la inversión pública en los períodos 2024/2026 apenas se aproxima a 10 mil millones de dólares, menos de lo requerido para cubrir las necesidades de mantenimiento de la infraestructura existente y menos aún para tener un crecimiento moderado. Esta situación es un desafío que afecta el valor total de la riqueza pública y privada del país, además de un desincentivo para cualquier inversor que esté analizando el mercado argentino. 

Afecta a los negocios y empresas ya instalados dado que sus inversiones, que producen actualmente bienes y servicios, fueron realizadas contando con un nivel dado de servicios de infraestructura que determinan sus costos de producción. Si estos servicios son insostenibles por falta de mantenimiento o aumentan sus costos, la reducción de beneficios disminuirá consecuentemente el valor de sus activos. Un ejemplo intuitivo: el valor de cualquier inmueble se ve afectado por el estado de los caminos de acceso u otros servicios públicos. 

Por esto, en Argentina hoy se da la paradoja de que las promesa de bajar impuestos, sustentadas a costa del abandono de infraestructura pública, provoca simultáneamente una caída en el valor de las empresas y sus activos, en la medida en que producir y llegar a los mercados con infraestructura deteriorada aumenta su costo de producir en el país.

Por el lado de las nuevas inversiones, la reducción de costos de explotación y la ampliación de mercados que produce la disponibilidad de infraestructura de calidad forma parte de la ecuación que determina la factibilidad de un proyecto. Bien es señalado por empresarios de varios sectores que como atractor del capital privado este factor es un incentivo tan poderoso como las facilidades impositivas, aduaneras o cambiarias que hemos visto reflejadas en programas como el RIGI.

Por eso una economía que está reduciendo el valor de sus activos y ganancias empresarias no puede atraer nuevas inversiones, sino que por el contrario favorece la desinversión. En este círculo vicioso de estancamiento está la Argentina de Milei, un equilibrio fiscal simulado a costa de consumir el capital productivo del país. 

Pero, además, la ilusión financiera de que evitar los gastos en mantenimiento se compensa con el rendimiento generado por esos fondos no tiene un correlato en la economía real. El deterioro de la infraestructura no es lineal: el desgaste imperceptible se convierte al poco tiempo en un fallo funcional y posteriormente en un fallo total. La interrupción de ese servicio se convierte en una calamidad que excede cualquier cálculo previo e impacta en una amplitud que excede lo económico. 

Por eso, la disminución de la inversión pública es un déficit para la economía real: los perjudicados somos ciudadanos, inversores, productores y consumidores. Eliminar la obra pública no es solamente un problema ideológico: significa que a futuro como la sociedad tendrá que gastar mucho más para tener rutas por las cuales transitar, redes de telefonía e internet para comunicarnos, puertos por los cuales exportar. Estamos a tiempo de dar marcha atrás con este pasivo oculto que el gobierno de Milei le está plantando a nuestra economía y revertir el estancamiento productivo que genera. 

*El autor es economista del Grupo Paternal y en redes @MarianIntuit

MC

El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR

La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

Andrés Wainer es heredero de la dirección del área de economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que antes condujo uno de los economistas que más estudió el plan económico de la última dictadura, Eduardo Basualdo. Como tal, continúa haciendo memoria de lo que ocurrió hace 50 años tras el golpe militar que llevó al poder a Jorge Videla y al Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz.

–¿En qué consistió el plan económico ejecutado a partir del 24 de marzo de 1976?

–Fue un plan que se propuso refundacional del capitalismo argentino. Es decir, no era un plan más de estabilización ante una crisis puntual. Tuvo grandes hitos que hicieron cambios estructurales. En ese momento recién estaba arrancando la ola neoliberal. Tienen que ver con una fuerte disminución del salario real, a través de una muy fuerte devaluación y ajuste. Otros pilares de ese plan fueron la apertura importadora y el cambio completo del juego de las reglas del sector financiero, que va a ser el gran legado que va a dejar la dictadura junto con el proceso de endeudamiento externo muy fuerte, que arranca también en la propia dictadura. Esto va a permitir sostener un esquema de lo que nosotros denominamos acá en el área de economía de Flacso como un modelo de valorización financiera, que después se va a repetir en la historia económica argentina. Antes había un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. La dictadura va a buscar cambiar esto y el eje va a pasar por la valorización financiera, con un esquema de una tablita cambiaria, como se llamaba en ese momento. Va a producir un proceso de desindustrialización muy fuerte... uno puede establecer paralelos después con lo que pasó en los 90 con el menemismo y también con lo que está pasando en la actualidad. También hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado.

–¿Acaso no había deuda externa antes del golpe?

–Tenía US$8.000 millones de deuda externa y va a terminar con 40.000 millones. Es decir, se multiplica por cinco. Y esto tiene que ver no con un financiamiento de un plan de desarrollo de la Argentina, sino fundamentalmente con este esquema de valorización financiera que benefició a estos grandes grupos económicos mayormente que no sólo hicieron diferencias sino que además el Estado les terminó estatizando la deuda privada que habían tomado para hacer esas ganancias. Con un costo casi cero. Y esa deuda quedó a manos de todos nosotros. (N. de la R.: esas empresas fueron Celulosa, Acindar, bancos Río y Galicia, Alto Paraná, Bridas, Alpargatas, Citi, Perez Companc y Siderca, entre otras).

Hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado

–El empeoramiento salarial se dio porque subió la inflación, los salarios se congelaron pero al mismo tiempo desaparecían trabajadores sindicalizados, se prevenía así cualquier tipo de protesta... Hubo casos en Acindar, Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Molinos, Siderca, La Veloz del Norte, Las Marías...

–Ya había habido una primera devaluación muy fuerte con el llamado Rodrigazo de 1975. Ni bien asume la dictadura se produce otra fuerte devaluación y un congelamiento de salarios, que era posible de sostener por el aparato represivo de la dictadura, la intervención de los sindicatos y la desaparición de personas. La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%.

–Y ahí hubo colaboración de las empresas en señalar y hasta entregar a trabajadores, según determinó la Justicia...

–Efectivamente, hubo dos tipos de colaboraciones, sobre todo de las grandes empresas. Por un lado, señalar o colaborar directamente con los grupos de tareas para entregar delegados sindicales. Aprovechaban las empresas para sacarse dirigentes sindicales del medio, que es lo que se conoce como responsabilidad empresarial. Además hay casi una captura del Estado: muchos de estos grandes grupos económicos pusieron funcionarios en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el Banco Nación...

La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%

–Martínez de Hoz venía de Acindar, ¿pero qué otro grupo más?

-En ese momento estaba Garovaglia y Zorraquín. En ese momento se conforman como tales los grupos económicos que conocemos como Macri, Soldati, por ejemplo. Hay un montón que, si bien antes existían, se expanden notablemente.

–La apertura comercial se hizo bajando aranceles y con la apreciación del peso frente al dólar...

–Son procesos que terminaron coincidiendo pero distintos. Primero se hace una rebaja de aranceles. El argumento de la dictadura era que eso iba a permitir aumentar la eficiencia y que los argentinos iban a poder comprar cosas de mejor calidad. Había publicidades en ese momento de una silla nacional que se rompía y una importada que no. Pero la apertura impacta más fuertemente cuando empalma con la tablita de Martínez de Hoz, que se impone a finales de 1978. Se fija una serie de pequeñas devaluaciones en el tiempo que ya se sabían con anticipación. Pero la inflación avanza más rápidamente que esa devaluación pautada. Entonces lo que se produce es una sobrevaluación del peso o un abaratamiento del dólar, que junto con la apertura impacta directamente la producción nacional. Es un poco también lo que está pasando ahora. Por supuesto, una caída en los ingresos retrae el consumo.

–Esa tablita generó el 'deme dos' de los argentinos que viajaban al extranjero y una gran timba de gente que apostaba a la tasa del plazo fijo...

–Exactamente. En ese momento se conocía como la plata dulce. Los que podían, por ejemplo, viajaban a Brasil y traían electrodomésticos. Y esa gran timba fue aprovechada sobre todo por las grandes empresas, pero también por mucha gente, y generó un descalabro importante. Porque la reforma financiera permitía más o menos casi cualquiera que quisiera abriera una entidad financiera. Se multiplicaron. Y por supuesto que no todas eran sustentables. En 1981 no se pudo sostener más el esquema de la tablita, se produjo una gran crisis, una devaluación y eso hizo quebrar un montón de estas entidades financieras. Algunas eran grandes, pero otras más chiquitas. El mayor costo lo terminó asumiendo, por supuesto, el Banco Central.

–Y también se desata la crisis de la deuda externa en toda Latinoamérica...

-–Exactamente. Ahí se ve el límite. Renuncia Martínez de Hoz. La crisis de la deuda se va a producir en toda América Latina porque la dictadura se inserta en un marco no sólo represivo en el Cono Sur, sino también en un marco donde después de la crisis del petróleo de 1979 había muchos dólares dando vueltas buscando rendimientos altos. En los países centrales, las economías crecían poco y entonces esos dólares se les prestaban a los países, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces había abundancia de capital. Pero esto cambia a principios de los 80, cuando cambia la gestión en Estados Unidos, el shock de Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal norteamericana que sube las tasas de interés.

–Ahí comienza el colapso del plan inicial, empiezan las protestas sindicales, intentan salvarse con la Guerra de Malvinas en 1982 y, tras perderla, vuelve la democracia en 1983...

–Sí. Fue un plan económico con muchas similitudes con la dictadura chilena en algunos sentidos, las dos fueron de orientación neoliberal. Pero, aunque con varias crisis y consecuencias sociales muy negativas, en sus propios términos el plan económico de la dictadura chilena funcionó mejor que el de la dictadura argentina, que no pudo sostener ninguno de sus supuestos.

–¿Y por qué?

–Por la insustentabilidad de este esquema de valorización financiera: la Argentina vivía con una tasa de interés real más alta que la internacional. Entonces, los grupos económicos que podían se endeudaban en el exterior a una tasa de interés más baja en dólares y colocaban ese dinero en el sistema financiero local a una tasa más alta. Se jugaba, no era para reinvertir en la economía real, que se estaba achicando. El Banco Central empezó a tomar una serie de medidas como el seguro de cambio sobre todo a partir de 1981. Después vino Domingo Cavallo a la presidencia del Central en 1982 y terminó estatizando la deuda, es decir, que ni siquiera tuvieron que devolver ese capital que habían tomado o lo devolvieron fue a un precio irrisorio. Eso generó un agujero muy fuerte en las cuentas del Estado. Pero además hay otros elementos que tienen que ver con el grado de desarrollo industrial que tenía la Argentina, que era muy superior al de Chile, y con el grado de fortaleza y organización que tenía la clase obrera en la Argentina.

–¿Qué ve de similar entre aquel plan económico y el actual?

-Hay bastantes similitudes. Por un lado, la convicción fundamental de que el mercado lo resuelve todo y que el Estado es todo malo. Siempre estamos hablando de la intervención en la economía y cuando sea a favor de los sectores trabajadores. Porque en ese momento hubo una intervención del Estado en favor del sector empresario. Por otro lado, los dos gobiernos arrancan con una fuerte devaluación y una pérdida de salarios e ingresos muy fuerte. Los dos gobiernos apuntan a una apertura comercial para contener la inflación, para disciplinar los precios. Y los dos fallan en eso también, porque estamos viendo que no se está logrando. En la dictadura pasó algo parecido en cierto sentido: se buscó también contener el tipo de cambio, como ahora, que está más o menos controlado, pero la inflación no se redujo lo suficiente. También porque aumentaban mucho sobre todo los servicios. Se fue destruyendo la actividad industrial, además de quitar buena parte de las medidas de apoyo que había a determinadas industrias estratégicas. Hay una filosofía en común que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem.

Hoy hay una filosofía en común con la dictadura que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem

–También hay una tendencia pro desigualdad en todos estos casos...

–Claro. Desde el punto de vista de los ejecutores del plan económico de la dictadura o de este gobierno, la desigualdad es algo positivo porque permite que tengan más ingreso los más aptos en la economía. Eso no funcionó en ninguna parte del mundo. Es la teoría del derrame. Fue más brutal, una redistribución más regresiva, al inicio de la dictadura, además en un contexto absolutamente distinto en términos represivos. Pero lo que viene sucediendo ahora inclusive puede ser hasta más grave. ¿Por qué? ¿Porque se monta sobre una economía y una estructura social que ya viene muy deteriorada, muy golpeada, que no es la misma con la que se encontró la dictadura. Ahora partimos de niveles de pobreza muchísimo más altos. Hasta mediados de los 70, la pobreza en la Argentina estaba abajo del 6%, la desocupación estaba abajo del 4% y los niveles de desigualdad eran muchísimo menores. Son ciclos que vienen a profundizar el deterioro social, la desigualdad sobre escalones cada vez más bajos: estoy hablando de dictadura, sobre todo el menemismo, el gobierno de Macri, también el actual. Y los pocos ciclos de alza que vienen habiendo no logran volver al estadio anterior, sino que mejoran un poquito, pero ya quedaron en un escalón más bajo. Antes alguien de clase media podía caer un poquito, pero tenía de dónde sostenerse. Después cae un poquito más y ya no tiene más de dónde sostenerse. Vemos el pluriempleo, que no les alcanza con tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes. Esto era impensado antes de la dictadura: la gente tenía más o menos un trabajo que más o menos muchas veces era para toda la vida y con eso se mantenía un hogar, no necesariamente con lujos, pero alcanzaba. Esa desigualdad que genera la dictadura parte de una unidad de una sociedad más justa, con menos diferencia entre capital y trabajo, el empleo en negro prácticamente no existía, no había esa desigualdad entre los trabajadores que hay ahora, entre un obrero que puede trabajar en una fábrica de Acindar, un trabajador de un banco o un repartidor de Rappi.

AR/MG

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de San Pablo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de San Pablo en las elecciones de octubre, sorprendió incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza en alza. La última encuesta de Datafolha reveló que el 46% de los brasileños consideran que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 24% que piensa que mejoró y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explicó en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirmó Braz.

El experto argumentó, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se redujo a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad subió hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo datos del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha reveló que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marcó la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunció un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogió que el 45% de los brasileños consideró que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmó que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula consiguió el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad realizó la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y afirmó que su gestión apunta a convertir al país en “el más libre del mundo”. Lo dijo durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del inicio de actividades de la entidad.

Durante su exposición, en la que no hubo mención del caso $LIBRA, el mandatario defendió el rumbo económico de su administración y sostuvo que ya se registran avances en materia de libertad económica. Según afirmó, el país habría escalado 40 posiciones en los índices internacionales que miden ese indicador.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, señaló el jefe de Estado al referirse a los primeros resultados de su gestión.

Milei también anticipó que su presentación apuntaba a explicar la visión de su gobierno sobre el rol de la política y las herramientas elegidas para impulsar las reformas económicas. “Todavía no hemos dado la batalla cultural de lleno”.

“Una persona cuyo único talento es ser hijo de salió a decir que tengo una distorsión de la realidad”, señaló. “Otra persona muy precaria intelectualmente dijo que voy a las provincias para que la gente me dé las gracias. No, no se puede ser tan imbécil. Voy yo a darles las gracias a quienes han decidido acompañar al mejor gobierno de la historia”.

También renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

El mandatario destacó además la medida del levantamiento del cepo cambiario. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, aseveró.

La industria argentina perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que equivale a 160 empleos menos por día, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El estudio identificó una caída del 8,3% en la actividad industrial durante el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) y advirtió que la contracción impactó de manera directa en el empleo y en la capacidad productiva del sector.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL). Los investigadores señalaron que los datos reflejan un deterioro simultáneo de producción, empleo y estructura industrial, con efectos directos sobre las condiciones laborales en el sector manufacturero.

La destrucción de puestos de trabajo aparece como uno de los indicadores más contundentes del proceso. El informe precisó que el sector industrial registró una pérdida acumulada de 100.000 empleos desde noviembre de 2023. En términos diarios, esa reducción se tradujo en un promedio de 160 trabajadores que dejaron de tener empleo en la industria cada día.

La caída del empleo se produjo en un contexto de retracción de la actividad. El trabajo académico indicó que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria retrocedió 8,3%. Otros sectores productivos también registraron descensos en ese período, entre ellos el comercio (-5,2%), la construcción (-14,1%) y la pesca (-24,6%).

El deterioro de la actividad industrial también se expresó en el uso de la capacidad instalada. El estudio señaló que durante 2024 y 2025 el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva se mantuvo por debajo del 60%, lo que implicó una capacidad ociosa superior al 40% en el sector manufacturero.

Para los trabajadores industriales, ese escenario suele traducirse en suspensiones, reducción de turnos o pérdida de puestos de trabajo. La disminución de la actividad reduce la necesidad de mano de obra en las plantas y debilita la estabilidad laboral en los distintos segmentos de la cadena productiva.

El informe también registró un cambio estructural en el peso de la industria dentro de la economía argentina. Según los datos relevados por los investigadores, la participación del sector industrial en el producto total cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel de participación se ubica en valores similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que para los autores del estudio refleja un proceso de desindustrialización que reconfigura la estructura económica del país.

La contracción no se limitó a algunos segmentos específicos. El trabajo indicó que 22 de los 24 sectores que integran la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Entre los sectores más afectados aparecieron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción, con descensos estimados entre 20% y 25%.

En contraste, algunos rubros mostraron una mayor resistencia a la caída generalizada. El informe mencionó entre ellos a la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector vinculado al transporte, aunque todos registraron igualmente retrocesos en su actividad.

El deterioro productivo también se reflejó en el comercio exterior industrial. El estudio señaló que las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —con mayor contenido tecnológico y generación de empleo— redujeron su participación dentro del total exportado por el sector.

Según el relevamiento, las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron 28% de las exportaciones industriales, mientras que en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Ese cambio en la composición exportadora implicó una mayor presencia relativa de productos primarios o vinculados a recursos naturales dentro del comercio exterior del sector manufacturero.

El informe también analizó la situación de la industria de bienes de capital, un segmento clave para el desarrollo productivo porque provee maquinaria y equipamiento al resto de la economía.

En ese rubro, los investigadores detectaron una caída cercana al 25% en la producción local entre 2023 y 2025, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentaron 77% en el mismo período.

Ese desplazamiento entre producción nacional e importaciones se tradujo en una menor actividad para las empresas que fabrican maquinaria en el país, con impacto directo en el empleo industrial asociado a ese segmento.

El estudio también advirtió sobre cambios en la política económica que afectan al sector. Los investigadores señalaron que el Presupuesto 2026 registró un recorte del 40% en los recursos destinados a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según el análisis, ese esquema priorizó proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia orientados al capital extranjero, en detrimento de políticas de financiamiento destinadas al entramado industrial local.

Los investigadores también compararon el nivel actual de producción industrial con series históricas y señalaron que el PBI industrial per cápita retrocedió a valores similares a los registrados en 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en la capacidad productiva por habitante.

Ese indicador sintetiza el deterioro acumulado de la actividad manufacturera y su impacto sobre el empleo, ya que el sector industrial se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajo formales, con mayor nivel de protección laboral y mejores salarios relativos dentro de la economía.

La pérdida de puestos industriales, la caída de la producción y la reducción del peso del sector en la economía configuran un escenario que impacta directamente en quienes trabajan en la actividad manufacturera. El informe concluyó que los datos relevados reflejan una crisis industrial extendida, con efectos simultáneos sobre empleo, inversión y estructura productiva en Argentina.

JJD

Javier Milei reforzó este domingo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso su regreso al discurso agresivo, pero lo hizo contra una oposición peronista y contra un par de grandes empresarios industriales a los que pegarles le rinde en términos populares. Pero más allá del acierto político del Presidente, incurrió en diversas falsedades o medias verdades a la hora de describir lo que es la materia que en teoría más debería dominar, la economía.

“La tasa de desempleo cayó, aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta”, sostuvo Milei ante los diputados y senadores. Pero el Instituto de Estadística (Indec) informó hace pocos días que la desocupación alcanzó el 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último medido, es decir, casi un punto más que el 5,4% que en el mismo periodo de 2023. Si bien se recupera el empleo, lo que se crean son puestos de trabajo en la economía informal. Y eso que el jefe ultra promete que la reciente reforma laboral viene a solucionar el problema que dejó el gobierno anterior de que la mitad de los trabajadores se empleasen sin registro, sin derechos.

Milei también señaló que en la administración peronista los jóvenes se iban de la Argentina. Es cierto que eso ocurrió bajo la presidencia de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vice y Sergio Massa como último ministro de Economía. Pero ocultó que bajo su gobierno también se emigra. No hay datos oficiales de argentinos en el exterior, pero España -principal destino- mide cuántos compatriotas viven allá: por la crisis de 2001 aumentaron 46% en tres años; en los 12 años de kirchnerismo, otro 41%; en el gobierno de Mauricio Macri, un 36%; en el de los Fernández saltaron 62% y en los primeros dos años de Milei se incrementaron otro 15%.

“Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal ni default en 100 años”, destacó el jefe de Estado que vino a destruirlo. Recordó que desde el primer mes de gobierno terminó con el rojo de las cuentas públicas y que lo hizo cortando 30% el gasto y sin subir impuestos sino bajándolos 2,5% del PBI. Se olvidó de señalar que la mayoría de esas rebajas tributarias se orientaron a los más ricos, desde la de Bienes Personales a la reciente de los autos de lujo, no al IVA que pagan por igual los que más y menos tienen.

Eso sí, insistió con que “los impuestos son un robo”. La pregunta es entonces por qué aún la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sigue cobrándolos. O con qué dinero se pagaría entonces a los acreedores de la deuda argentina, cómo se abonaría su sueldo de Presidente y los de los demás empleados públicos o cómo se financiaría las fuerzas de seguridad, las armadas o la Secretaría de Inteligencia, áreas a las que ha dado prioridad.

Inflación y crecimiento económico

“Hemos triplicado el salario en dólares”, fue otra de las afirmaciones polémicas del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no aclaró es que el costo de vida en moneda norteamericana aumentó aún más que el sueldo y por eso el poder de compra está peor que lo mal que se encontraba en el gobierno anterior. El Presidente destacó que su equipo económico salvó a la Argentina de la hiperinflación, pero tampoco pudo referirse demasiado en el nivel actual del índice de precios al consumidor (IPC), que viene subiendo mes a mes desde mitad de 2025 y apunta a seguir haciéndolo en febrero último.

Milei sostuvo que la economía creció en sus primeros dos años de gobierno porque comparó sólo los meses de diciembre. Pero se olvidó de contar lo que pasó en los otros 11 meses de 2024 y 2025. En 2024 cayó 1,8% y el año pasado se recuperó 4,4%, después de dos de caída, y con evolución dispar de los sectores. Pero al Presidente le interesan sólo algunos, los que nombró este domingo, como minería, energía, las industrias pesadas que dependen de ella –aunque esté enfrentado con sus dueños–, el campo, la agroindustria y los data centers, a los que aspira atraer a la Patagonia más allá de su impacto ambiental.

“Hoy volvemos a mirar el futuro con esperanza. Estamos haciendo cosas que llevábamos décadas pendientes”, apuntó a la flexibilización laboral, aunque ni mencionó nada de una reforma tributaria integral. Sólo una vaga promesa de disminuir las retenciones al campo en la medida en que las cuentas públicas lo permitan. Calificó a la anterior ley de convenios colectivos de trabajo como un “delirio aprobado hace 50 años y dejo a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Según su opinión, ahora la norma quedó “en línea con la economia con la mayor transformación de la historia”. En eso no mintió, pues el giro del proteccionismo a la apertura es radical.

“No sorprende que haya personas siniestras que, en nombre de la industria nacional, defiendan el proteccionismo desmedido. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de perjudicar a los argentinos de bien”, disparó Milei después de semanas vapuleando a los dueños del grupo Techint, Paolo Rocca, y de la cerrada fabricante de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Milei negó que haya una “apertura indiscriminada”, acusó a la oposición de defender a los empresarios que “cazaban en el zoológico” porque de ellos cobraban coimas. “Por eso defienden tanto a Piedrita, a Chatarrín de los Tubitos Caros”, volvió contra Rocca.

“¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero US$4.000, cuando se paga 1.400; y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? No, ustedes son políticos corruptos que les venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”, apuntó a Rocca y el peronismo, con el que también se enfrentó.  “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, atacó a Madanes “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica 50 dólares, cuando la importada cuesta 5?”, disparó a los textiles, que también cierran fábricas. Lo que está claro es que los millonarios seguirán siéndolo y los que más pierden son los obreros despedidos.

No puso fecha, pero Milei prometió que generalizará las rebajas de impuestos y aranceles a la importación que ya rigen para ciertos sectores del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La duda es si llegará a tiempo para evitar el colapso de los excluidos de esos beneficios. Y cómo se financiarán educación, salud y otras funciones básicas del Estado si cada vez se cobran menos gravámenes.

En su discurso mencionó algunos logros como el aumento de la asignación universal por hijo (AUH), la reversión del déficit de Aerolíneas y las inversiones por US$25.000 millones en marcha por el RIGI. Aseguró que para crecer se necesita del equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva –calificó a Luis Caputo como “mejor ministro de Economía del mundo” en otra de sus habituales exageraciones–, la desregulación de la economía –celebró a su ministro del área, Federico Sturzenegger, por sus 14.000 reformas, aunque muchas de ellas hayan tenido bajo impacto–, la inversión en capital humano –más allá del ajuste en educación– y la apertura comercial. “Restringir el comercio está mal”, sermoneó Milei, a pesar de su incondicionalidad con Donald Trump, el paladín del proteccionismo, sobre todo contra China, capaz de producir casi todo mejor y más barato en condiciones sindicales jamás vistas en países democráticos.

AR/MG