Argentina ardía en 2002 tras aplicar la receta económica dictada por el Consenso de Washington en los 90 y el economista surcoreano pero doctorado y profesor de la Universidad de Londres Ha-Joon Chang publicaba su primer best-seller, Patear la escalera. Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer, en el que explicaba que las naciones ricas se habían desarrollado con políticas industriales que después habían desaconsejado al resto del mundo. En 2010 vendría otro éxito editorial, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Ahora la editorial Granica ha vuelto a publicar Patear la escalera en castellano y su autor, uno de los principales referentes de la heterodoxia económica mundial, dialogó por Zoom con elDiarioAR desde la capital británica, antes de un viaje de visita a su Seúl natal.

–Por qué Patear la escalera, sigue siendo relevante después de más de 20 años?

–Escribí este libro en 2001. Se publicó en 2002. Y ese fue literalmente el punto más alto del neoliberalismo. En los 80, los programas de ajuste estructural empezaron a afectar a casi todos los países en desarrollo. Los obligaron a liberalizar su comercio. Muchos abrieron sus mercados de capitales. Privatizaron empresas estatales y desregularon varios mercados, como el laboral e industrial, y así sucesivamente. Luego vino el colapso del bloque soviético a principios de los 90. Y entonces se declaró el “fin de la historia”, se lanzó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y sí, estas políticas neoliberales estaban arrasando el mundo. Pero yo estaba muy desconcertado porque sabía que muchos de estos países ricos, Estados Unidos, Japón, Corea, que luego promovían el libre comercio, la libre inversión y demás, habían usado altos niveles de proteccionismo, subsidios, regulaciones sobre empresas extranjeras, etc. Y muchos de ellos también usaron empresas estatales de manera muy intensiva para desarrollar sus economías. Y estos países argumentaban que los países en desarrollo no debían hacer lo mismo. Entonces empecé a investigar la historia del capitalismo más a fondo. Y la evidencia no era difícil de encontrar. No es que tuve que hackear alguna base de datos secreta en el sótano del FMI (Fondo Monetario Internacional) o viajar a un monasterio italiano en los Alpes para leer manuscritos del siglo XVIII. La evidencia estaba ahí. De hecho, encontré mucho más de lo que esperaba porque me di cuenta de que Gran Bretaña había sido mucho más proteccionista de lo que pensaba. Estados Unidos fue la economía más protegida del mundo durante 120 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente descubrí que todos los países ricos de hoy, en combinaciones ligeramente diferentes, se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar. Luego encontré un pasaje en el libro del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien decía que los ingleses les pedían a alemanes y estadounidenses adoptar el libre comercio. Pero cuando mirás la historia inglesa, llegaron a donde estaban, esto es mediados del siglo XIX, usando un grado muy alto de proteccionismo, subsidios y otras formas de política industrial. Es como alguien que sube hasta la cima y luego patea la escalera para que otros no puedan seguirlo. Ahora soy un país fuerte que se beneficia del libre comercio, que no necesita proteccionismo. Así que ahora les digo a otros países que no usen estas políticas.

–Pero hoy el mundo vuelve al proteccionismo...

–Hoy esto es aún más relevante, irónicamente, por Donald Trump. Hasta hace poco, los países ricos fingían que se desarrollaron con libre comercio, libre mercado. Y aún intentaban persuadir a los países en desarrollo de no usar proteccionismo ni subsidios. Pero ahora estos países están desesperados porque China los alcanzó mucho. Quiero decir, ahora es competitiva en todas las industrias. En algunas industrias podrías argumentar que incluso están por delante de los países occidentales. Ahora, los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Así que ahora ni siquiera pueden ser hipócritas porque tienen que usar estas políticas. Estamos viviendo un momento muy interesante porque estos países contaron mentiras sobre su propia historia. Probablemente muchas personas de esos países ni siquiera sabían que estaban mintiendo porque siempre creyeron en esa historia mítica en la que todo se hacía por la mano invisible y el libre mercado y libre comercio. Ahora se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos, necesitan estas políticas. Aunque, en mi opinión, la forma en que lo están haciendo no va a tener éxito.

–¿Por qué no van a tener éxito?

–Hay diferentes razones para diferentes países. En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en EE.UU. para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad.

–¿Cuál sería una política industrial adecuada?

–La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona. Tenés que elegir sectores específicos que querés desarrollar y luego brindarles apoyo dirigido. En algunos casos puede ser protección. En otros casos, tal vez no querés esa protección, pero subsidiás directamente a la empresa, directa e indirectamente, invirtiendo más en investigación y desarrollo básico que cree nuevas tecnologías que estas empresas puedan usar. Deberías proveer la infraestructura adecuada para la industria. Si estás invirtiendo en construcción, en lugar de construir apartamentos de lujo, deberías construir carreteras, puertos, etc. para apoyar tus industrias. Deberías invertir en formación de trabajadores, educación, ciencia básica. Necesitás una estrategia coherente. En este momento, la estrategia en EE.UU. es totalmente aleatoria. Protegemos a todos y vemos quién se beneficia. Esto es exactamente el tipo de protección que Estados Unidos criticaba a países como Argentina. Sustitución de importaciones: ponés protección general y esperás que algo pase. Algo pasa, pero no es tan efectivo como una política muy focalizada con condiciones. Si recibís protección, si recibís subsidios con dinero de los contribuyentes, tenés que rendir cuentas. Por eso la política industrial en países como Japón, Corea, China ha sido muy exitosa: no solo proveen protección y dinero, sino que ponen condiciones sobre lo que tenés que hacer.

–Mientras el mundo se vuelve proteccionista, Argentina está abriendo su economía. ¿Cuál es su opinión sobre el experimento libertario de Milei, que todo el mundo está mirando?

–Desgraciadamente, en la historia no hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei. Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona. No existe un país que se haya hecho rico a través de estas políticas liberales. Cuando digo esto, la gente dice: “Pero ¿qué pasa con países como Singapur?”. Bueno, déjenme decirles sobre Singapur. Tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda, y más del 20% del PBI es producido por empresas estatales. Y dicen: “Singapur tiene bajos impuestos”. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Pero también tiene este esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud, educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos. Porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Decime si hay alguna otra economía que haya tenido éxito por esta ruta. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda. Si el bajo impuesto a las ganancias de las empresas fuera tan bueno, ¿por qué no todos van a invertir a Paraguay? Porque allá el impuesto a las ganancias corporativas es del 10%, el impuesto a las ganancias personales también. ¿Por qué no se mudan todas las empresas ricas del mundo allá? El problema es que hay que hablar del valor de los servicios gubernamentales. En Paraguay podés pagar bajos impuestos, pero lo que recibís a cambio no es tan bueno. Infraestructura pobre, seguridad no tan buena, trabajadores no muy bien capacitados. Muchas empresas prefieren pagar 30% de impuesto a las ganancias corporativas y hacer negocios en Alemania. Esta idea de que cuanto menos gobierno, mejor, es absurda. Hay que debatir exactamente qué debería hacer el gobierno. ¿Debería gastar más en investigación y desarrollo o infraestructura? ¿O enfocarse en aumentar la productividad en el sector biotecnológico o ayudar a las pymes exportadoras? Las experiencias históricas son muy claras: el gobierno hace estas cosas, sea una política industrial más agresiva como en Corea o China, o incluso las más pasivas, proporciona todos estos insumos públicos: ciencia, investigación y desarrollo. Durante los 50, 60, hasta los 80, dos tercios de la investigación y desarrollo americana estaba financiada por el gobierno americano

–El libre comercio no funcionó en Argentina en el pasado, pero tampoco una economía muy cerrada...

–Exacto. No estoy a favor de tener el tipo de economía cerrada que tenía Argentina. El punto es que si sos un país en desarrollo, necesitás generar suficientes exportaciones para desarrollar la economía porque necesitás importar máquinas, tecnologías, insumos intermedios inteligentes para crecer y desarrollar tu economía, porque no producís esas cosas. Necesitás divisas. Desgraciadamente, países como Argentina no desarrollaron la capacidad de exportar más allá de commodities primarios, cuya demanda siempre fluctúa y no crece muy rápido a largo plazo. Por eso Argentina sigue teniendo crisis macroeconómicas cada vez que empieza a crecer un poco. Porque una vez que comenzás a crecer, absorbés todos esos insumos. Necesitás máquinas para el sector agrícola, fertilizantes. Si querés construir una industria manufacturera, necesitás importar nuevas máquinas y tecnologías, pagar consultorías técnicas, traer gente para enseñar habilidades avanzadas a tus trabajadores, etc. Y no generás suficientes divisas para pagar esas cosas. Así que apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos. Y para resolverla imponés políticas de austeridad, que pueden bajar la inflación por un tiempo, pero apenas la economía empieza a crecer, tenés el mismo problema.

–Acá en Argentina la gente ahora tiene esperanza en la minería, petróleo y gas de Vaca Muerta, que pueda resolver el problema de falta de divisas y todos los problemas...

-En el corto plazo puede ayudar. Pero acordate que el petróleo va a ser un activo varado. El mundo, guste o no a Argentina, está haciendo una enorme transición hacia energías verdes. Especialmente con la última guerra con Irán. Los países se dieron cuenta de que depender de combustibles fósiles es muy riesgoso, incluso si no creés en el cambio climático. La demanda de petróleo va a bajar. Hay enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías de energías renovables. Petróleo y gas se usan como insumos industriales más que como fuentes de energía. Para hacer fertilizantes artificiales usás gas natural, carbón coque para acero. Pero ahora hay mucha investigación y nuevas tecnologías para hacer estas cosas sin combustibles fósiles. ¿Pensás que para Argentina tener litio es genial? Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar. No podés depender de estas cosas. Y encima estos sectores basados en recursos naturales tienen inherentemente bajo crecimiento de productividad.

–¿Por qué tantos ricos están fascinados con Milei en países desarrollados?

-El neoliberalismo, el libertarianismo son sistemas buenos para los ricos, especialmente los súperricos. En los países ricos, los súperricos quieren instalar el tipo de sistema que está instalando el señor Milei porque se beneficiarían más. Desgraciadamente, en los países ricos hay resistencia a estas cosas porque hay partidos de izquierda, aunque en declive, que todavía son fuertes comparados con los de países en desarrollo. Y hay derechos sociales más establecidos en educación, salud, servicios básicos. Entonces les cuesta implementar estas reformas que quieren. Y ahora hay este hombre que lo está haciendo. Claro que quieren que tenga éxito para decirle a su gente: “Mirá, el señor Milei lo hizo. Deberíamos hacerlo en nuestro país también”. Pero América Latina siempre ha sido el laboratorio experimental para estas políticas. El primer régimen neoliberal se instaló en Chile, luego la dictadura argentina lo siguió, después de experimentar allá lo llevaron a EE.UU., Europa. Están repitiendo lo mismo otra vez.

AR/CRM

Comenzaron las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y durante estos días tendrá lugar una nueva revisión del acuerdo vigente entre Argentina y el organismo, firmado en abril de 2025 bajo el esquema de Servicio Ampliado del Fondo.

La revisión del acuerdo se produce, además, en un marco de tensiones sociales: la desocupación aumentó 1,1% tras la recesión de 2024, la informalidad alcanzó el 43% del empleo y los salarios reales continúan estancados, según datos del INDEC en base al informe del cuarto trimestre del 2025.

Tras ocho años de programas con el FMI (2018–2026), el país no ha logrado estabilizar su economía ni recuperar el acceso a los mercados de capitales. Sin embargo, el acuerdo de 2025, firmado sin los controles y debates previstos por ley, consolida a Argentina como principal deudor del organismo, concentrando más de un tercio de sus créditos vigentes y evidenciando el fracaso de los programas previos (Stand By 2018 y Facilidades Extendidas 2022).

Las políticas aplicadas bajo el acuerdo debilitan la capacidad estatal y profundizan la desigualdad, mientras que los sectores extractivos avanzan sin mayores encadenamientos productivos ni control ambiental consolidando un patrón de crecimiento dependiente de sectores extractivos -energía, minería y agroindustria- con bajo impacto en el empleo y altos costos sociales y ambientales. Al mismo tiempo, se observa un debilitamiento institucional que compromete la efectividad de cualquier política pública.

El presupuesto ambiental cayó cerca de 80% en términos reales desde el 2023 y representa apenas el 0,033% del presupuesto nacional, debilitando la capacidad del Estado para prevenir incendios, proteger los bosques o responder a emergencias climáticas. En paralelo, se impulsan reformas, como la modificación de la Ley de Glaciares, y proyectos bajo el RIGI, vinculados a hidrocarburos y minería, que ponen en riesgo reservas estratégicas de agua y ecosistemas frágiles. Esta combinación de expansión extractiva y retracción estatal profundiza la vulnerabilidad ante la crisis climática y aleja cualquier posibilidad de una transición energética justa.

Pero las tensiones del programa no son solo económicas, sociales o ambientales: también son jurídicas y las reglas internas del FMI. Advertimos que el acuerdo de 2025 fue aprobado por decreto, sin aval del Congreso en incumplimiento de la Ley 27.61. Además, el acuerdo presenta serias dificultades para cumplir con tres de las cuatro condiciones necesarias para acceder a la política de acceso excepcional del propio organismo La deuda no es sostenible, no hay acceso a los mercados y las debilidades institucionales son evidentes. La limitada acumulación de reservas, los elevados vencimientos de deuda y la persistente dependencia de financiamiento excepcional refuerzan este diagnóstico.

El resultado es un programa que busca estabilizar sin transformar: ajusta el gasto social, debilita la capacidad estatal y profundiza la dependencia de sectores que agravan la crisis ambiental. Lejos de corregir desequilibrios estructurales, el esquema parece consolidarlos.

En este contexto, la discusión que se abre en Washington excede el cumplimiento de metas fiscales o la acumulación de reservas. Lo que está en juego es el rumbo del modelo de desarrollo: uno que combina estabilización precaria, dependencia extractiva y retrocesos en materia ambiental y social. Sin una revisión profunda, el riesgo no es solo que el programa no funcione, sino que profundice en las mismas vulnerabilidades que dice querer resolver.

A ocho años de programas con el FMI, Argentina no ha sorteado las restricciones estructurales que originaron la crisis de endeudamiento, sino que ha profundizado desequilibrios económicos, sociales y ambientales que comprometen su sostenibilidad. La combinación de austeridad fiscal, dependencia de sectores extractivos y debilitamiento institucional no ha estabilizado la economía ni mejorado las condiciones de vida, al tiempo que erosiona capacidades estatales y aumenta riesgos para el sistema democrático.

La política de infraestructura siempre busca resolver un problema dual: articular las demandas del presente con una visión estratégica sobre el futuro. La infraestructura pública es causa y consecuencia del desarrollo humano y territorial del país. En Argentina, nuestras principales rutas se construyeron sobre trazados precoloniales que conectaban valles productivos; la red ferroviaria se pensó para ampliar la frontera agrícola y grandes obras hidráulicas permitieron el desarrollo de sus regiones. Mantener y ampliar los servicios que provee la infraestructura es vital para mejorar el bienestar, dar oportunidades de empleo y desarrollar las comunidades. 

A la vez, la transición energética, el cambio climático, la inteligencia artificial, la automatización de la producción y la potencia industrial asiática son condicionantes para un proyecto de país que debe exportar más, disminuir la pobreza, estabilizar la macroeconomía y reducir las brechas de desarrollo regionales. 

Orientar la inversión en infraestructura pública para resolver estos desafíos es una ardua tarea que requiere la participación del estado como planificador y gestor.

En el pasado las gestiones del peronismo y Cambiemos ejecutaron una política de obras públicas que tenía sesgos ideológicos y parcializaciones respecto a los objetivos a cumplir y el nivel de participación pública o privada. Pero ninguna desconoció la importancia de la inversión en infraestructura pública en el desarrollo de sus programas de gobierno. 

Con llegada de Milei al gobierno se implementó una doctrina económica extrema: desconocer al sector público como proveedor de bienes y servicios, asignando al sector privado el rol de planificar, proyectar, financiar, ejecutar y operar infraestructura pública. Bajo esa mirada ideológica se degradaron y desfinanciaron los organismos encargados de ejecutar obras públicas, se paralizaron las obras ya en curso -algunas casi terminadas como la autopista Presidente Perón o la Ruta 3- y se redujeron las transferencias de capital a las provincias. 

De hecho, los escasos fondos disponibles para obras en el presupuesto nacional existen pura y exclusivamente como moneda de cambio con los Gobernadores para breves alianzas legislativas, en lugar de utilizarse como un vector de desarrollo. 

Esta conjunción de inestabilidad política y económica impactó en la inversión. Durante los últimos 20 años, se mantuvo en torno a un promedio del 19,3% del PIB; que aumenta levemente a 19,8% si consideramos sólo los últimos 5 años. Este número se comporta en forma procíclica: se mueve siguiendo el nivel de actividad general, con un mínimo del 16,6% en el año del COVID-19 y máximo de 21% en los años 2021 y 2022. Pero para que el país crezca a un promedio del 3% anual, se necesita una inversión cercana al 25% del PIB. Por eso, la crisis económica de los últimos años explica no sólo la escasa inversión sino también que eso retroalimente un bajo crecimiento de la actividad productiva general. 

Respecto a la composición de la inversión, las construcciones representan un promedio del 8,9% del PBI en los últimos 20 años y 8,3% en los últimos 5 años. La tendencia es efectivamente a la baja: en 2024 y 2025, la construcción representó un 7,2% y 7,3% del PIB respectivamente.

Pero a la par, subió la participación de los otros componentes de la inversión: la adquisición de Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte promedian 10,4% del PIB en los últimos 20 años y del 11,8% en los últimos 5 años. Dentro de ese segmento, el componente que más se eleva es Equipos, Maquinarias y Equipos de Transporte Importados: en promedio representa 6% del PIB, pero en 2025 trepó al 7,5%. 

Esto deja en evidencia la dinámica de inversión en un contexto de atraso cambiario y estancamiento económico. La construcción se reduce a la par del resto de la economía y en particular de la inversión pública y es compensada parcialmente por mayor importación de equipamiento. De este modo se sostiene el total de la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El Estado ha reducido en los últimos años su participación en la inversión en un 1,5% aproximadamente. A enero de 2026, su participación es de apenas 0,4% del PIB: no es casual que, en este mismo lapso, varios insumos y servicios usados en la construcción registren caídas en sus ventas del 25%.

Considerando un PIB de 630 mil millones de dólares, la inversión pública en los períodos 2024/2026 apenas se aproxima a 10 mil millones de dólares, menos de lo requerido para cubrir las necesidades de mantenimiento de la infraestructura existente y menos aún para tener un crecimiento moderado. Esta situación es un desafío que afecta el valor total de la riqueza pública y privada del país, además de un desincentivo para cualquier inversor que esté analizando el mercado argentino. 

Afecta a los negocios y empresas ya instalados dado que sus inversiones, que producen actualmente bienes y servicios, fueron realizadas contando con un nivel dado de servicios de infraestructura que determinan sus costos de producción. Si estos servicios son insostenibles por falta de mantenimiento o aumentan sus costos, la reducción de beneficios disminuirá consecuentemente el valor de sus activos. Un ejemplo intuitivo: el valor de cualquier inmueble se ve afectado por el estado de los caminos de acceso u otros servicios públicos. 

Por esto, en Argentina hoy se da la paradoja de que las promesa de bajar impuestos, sustentadas a costa del abandono de infraestructura pública, provoca simultáneamente una caída en el valor de las empresas y sus activos, en la medida en que producir y llegar a los mercados con infraestructura deteriorada aumenta su costo de producir en el país.

Por el lado de las nuevas inversiones, la reducción de costos de explotación y la ampliación de mercados que produce la disponibilidad de infraestructura de calidad forma parte de la ecuación que determina la factibilidad de un proyecto. Bien es señalado por empresarios de varios sectores que como atractor del capital privado este factor es un incentivo tan poderoso como las facilidades impositivas, aduaneras o cambiarias que hemos visto reflejadas en programas como el RIGI.

Por eso una economía que está reduciendo el valor de sus activos y ganancias empresarias no puede atraer nuevas inversiones, sino que por el contrario favorece la desinversión. En este círculo vicioso de estancamiento está la Argentina de Milei, un equilibrio fiscal simulado a costa de consumir el capital productivo del país. 

Pero, además, la ilusión financiera de que evitar los gastos en mantenimiento se compensa con el rendimiento generado por esos fondos no tiene un correlato en la economía real. El deterioro de la infraestructura no es lineal: el desgaste imperceptible se convierte al poco tiempo en un fallo funcional y posteriormente en un fallo total. La interrupción de ese servicio se convierte en una calamidad que excede cualquier cálculo previo e impacta en una amplitud que excede lo económico. 

Por eso, la disminución de la inversión pública es un déficit para la economía real: los perjudicados somos ciudadanos, inversores, productores y consumidores. Eliminar la obra pública no es solamente un problema ideológico: significa que a futuro como la sociedad tendrá que gastar mucho más para tener rutas por las cuales transitar, redes de telefonía e internet para comunicarnos, puertos por los cuales exportar. Estamos a tiempo de dar marcha atrás con este pasivo oculto que el gobierno de Milei le está plantando a nuestra economía y revertir el estancamiento productivo que genera. 

*El autor es economista del Grupo Paternal y en redes @MarianIntuit

MC

El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR

La última dictadura militar representó un quiebre en muchas dimensiones de la vida social en Argentina. La violación sistemática y planificada de los derechos humanos se dio en el marco de un proceso que llevó adelante fuertes transformaciones en la estructura económica del país. Esto implicó reformar un campo central para entender el presente que vivimos: el de la política fiscal y, muy especialmente, el impositivo. La gestión económica modificó el tablero de tal forma que se aumentó considerablemente la importancia de los impuestos que pagan proporcionalmente más los sectores de menores ingresos y debilitaron los tributos que afectan a las personas de mayor capacidad económica. 

El ejemplo más claro de este movimiento fue la importancia que adquirió el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un tributo que recae desproporcionadamente sobre los sectores de menores ingresos. El gobierno de facto aumentó la alícuota general del 13% al 20%, amplió la cantidad de bienes y servicios alcanzados y movió del 0% al 5% la tasa de alimentos. Este sendero continuó en la transición democrática -en 1986 se unifican las tasas en 18%- y se consolidó en 1995, cuando la alícuota general se llevó al 21% vigente hoy. 

Como resultado, subió considerablemente la importancia de los impuestos al consumo de bienes y servicios en la recaudación total del Estado nacional, pasando de representar el 32% en el período 1973-1975 al 46% en 1976-1983. En las décadas siguientes, a pesar de la inestabilidad económica y los giros de la política, esa proporción nunca bajó del 40%. 

Este aumento se llevó adelante para “compensar” la pérdida de recursos que implicó otra medida muy importante que llevó adelante la gestión de Martinez de Hoz: la eliminación de las contribuciones patronales previsionales por parte de los empresarios. La misma se implementó con el argumento de reducir “impuestos al trabajo”, bajar la carga tributaria de las empresas y estimular la contratación. 

Durante el período se eliminó otro impuesto progresivo: el de la herencia (“Enriquecimiento patrimonial a título gratuito”), que aunque posteriormente reapareció en algunas provincias, sólo existe hoy en la de Buenos Aires. Como resultado, los impuestos patrimoniales (a la riqueza) pasaron de recaudar el equivalente a 0,3% del PBI en 1976 al 0% en 1983, según datos de AFIP. Al mismo tiempo, como parte de la política de apertura comercial, se redujeron inicialmente los tributos al comercio exterior, tanto a las importaciones como las retenciones a las exportaciones. 

Los cambios en el diseño impositivo también alcanzaron la forma en la que el Estado limitaba las prácticas de evasión y elusión impositiva de las grandes firmas. La dictadura alteró los criterios para la determinación de la ganancia de fuente argentina en el caso de las operaciones internacionales realizadas con partes vinculadas de un mismo grupo económico multinacional. Estos cambios habilitaron el uso de determinadas operaciones internacionales (por ejemplo, pago de intereses, regalías y servicios) para reducir artificialmente la ganancia declarada en Argentina, y así pagar menos impuestos. 

Las transformaciones tributarias fueron profundas y transformaron la matriz de recaudación del Estado nacional, volviéndola muy dependiente de los impuestos al consumo, y con menor participación de tributos a los ingresos y al patrimonio. Luego de la caída de los militares no se ha logrado revertir este problema, central para reducir los niveles de desigualdad: es una deuda que la democracia todavía no saldó. En este escenario, creemos que discutir los problemas estructurales de la política fiscal y diseñar alternativas que pongan en el centro los derechos humanos y la equidad es una tarea ineludible. No se trata solo de reparar los efectos de las políticas recientes, sino de transformar un sistema que, desde hace décadas, reproduce desigualdades y limita la capacidad del Estado para garantizar bienestar y cumplir el amplio marco de derechos sociales que nuestra Constitución exige honrar. 

Los autores son integrantes del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

AR

Andrés Wainer es heredero de la dirección del área de economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que antes condujo uno de los economistas que más estudió el plan económico de la última dictadura, Eduardo Basualdo. Como tal, continúa haciendo memoria de lo que ocurrió hace 50 años tras el golpe militar que llevó al poder a Jorge Videla y al Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz.

–¿En qué consistió el plan económico ejecutado a partir del 24 de marzo de 1976?

–Fue un plan que se propuso refundacional del capitalismo argentino. Es decir, no era un plan más de estabilización ante una crisis puntual. Tuvo grandes hitos que hicieron cambios estructurales. En ese momento recién estaba arrancando la ola neoliberal. Tienen que ver con una fuerte disminución del salario real, a través de una muy fuerte devaluación y ajuste. Otros pilares de ese plan fueron la apertura importadora y el cambio completo del juego de las reglas del sector financiero, que va a ser el gran legado que va a dejar la dictadura junto con el proceso de endeudamiento externo muy fuerte, que arranca también en la propia dictadura. Esto va a permitir sostener un esquema de lo que nosotros denominamos acá en el área de economía de Flacso como un modelo de valorización financiera, que después se va a repetir en la historia económica argentina. Antes había un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. La dictadura va a buscar cambiar esto y el eje va a pasar por la valorización financiera, con un esquema de una tablita cambiaria, como se llamaba en ese momento. Va a producir un proceso de desindustrialización muy fuerte... uno puede establecer paralelos después con lo que pasó en los 90 con el menemismo y también con lo que está pasando en la actualidad. También hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado.

–¿Acaso no había deuda externa antes del golpe?

–Tenía US$8.000 millones de deuda externa y va a terminar con 40.000 millones. Es decir, se multiplica por cinco. Y esto tiene que ver no con un financiamiento de un plan de desarrollo de la Argentina, sino fundamentalmente con este esquema de valorización financiera que benefició a estos grandes grupos económicos mayormente que no sólo hicieron diferencias sino que además el Estado les terminó estatizando la deuda privada que habían tomado para hacer esas ganancias. Con un costo casi cero. Y esa deuda quedó a manos de todos nosotros. (N. de la R.: esas empresas fueron Celulosa, Acindar, bancos Río y Galicia, Alto Paraná, Bridas, Alpargatas, Citi, Perez Companc y Siderca, entre otras).

Hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado

–El empeoramiento salarial se dio porque subió la inflación, los salarios se congelaron pero al mismo tiempo desaparecían trabajadores sindicalizados, se prevenía así cualquier tipo de protesta... Hubo casos en Acindar, Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Molinos, Siderca, La Veloz del Norte, Las Marías...

–Ya había habido una primera devaluación muy fuerte con el llamado Rodrigazo de 1975. Ni bien asume la dictadura se produce otra fuerte devaluación y un congelamiento de salarios, que era posible de sostener por el aparato represivo de la dictadura, la intervención de los sindicatos y la desaparición de personas. La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%.

–Y ahí hubo colaboración de las empresas en señalar y hasta entregar a trabajadores, según determinó la Justicia...

–Efectivamente, hubo dos tipos de colaboraciones, sobre todo de las grandes empresas. Por un lado, señalar o colaborar directamente con los grupos de tareas para entregar delegados sindicales. Aprovechaban las empresas para sacarse dirigentes sindicales del medio, que es lo que se conoce como responsabilidad empresarial. Además hay casi una captura del Estado: muchos de estos grandes grupos económicos pusieron funcionarios en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el Banco Nación...

La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%

–Martínez de Hoz venía de Acindar, ¿pero qué otro grupo más?

-En ese momento estaba Garovaglia y Zorraquín. En ese momento se conforman como tales los grupos económicos que conocemos como Macri, Soldati, por ejemplo. Hay un montón que, si bien antes existían, se expanden notablemente.

–La apertura comercial se hizo bajando aranceles y con la apreciación del peso frente al dólar...

–Son procesos que terminaron coincidiendo pero distintos. Primero se hace una rebaja de aranceles. El argumento de la dictadura era que eso iba a permitir aumentar la eficiencia y que los argentinos iban a poder comprar cosas de mejor calidad. Había publicidades en ese momento de una silla nacional que se rompía y una importada que no. Pero la apertura impacta más fuertemente cuando empalma con la tablita de Martínez de Hoz, que se impone a finales de 1978. Se fija una serie de pequeñas devaluaciones en el tiempo que ya se sabían con anticipación. Pero la inflación avanza más rápidamente que esa devaluación pautada. Entonces lo que se produce es una sobrevaluación del peso o un abaratamiento del dólar, que junto con la apertura impacta directamente la producción nacional. Es un poco también lo que está pasando ahora. Por supuesto, una caída en los ingresos retrae el consumo.

–Esa tablita generó el 'deme dos' de los argentinos que viajaban al extranjero y una gran timba de gente que apostaba a la tasa del plazo fijo...

–Exactamente. En ese momento se conocía como la plata dulce. Los que podían, por ejemplo, viajaban a Brasil y traían electrodomésticos. Y esa gran timba fue aprovechada sobre todo por las grandes empresas, pero también por mucha gente, y generó un descalabro importante. Porque la reforma financiera permitía más o menos casi cualquiera que quisiera abriera una entidad financiera. Se multiplicaron. Y por supuesto que no todas eran sustentables. En 1981 no se pudo sostener más el esquema de la tablita, se produjo una gran crisis, una devaluación y eso hizo quebrar un montón de estas entidades financieras. Algunas eran grandes, pero otras más chiquitas. El mayor costo lo terminó asumiendo, por supuesto, el Banco Central.

–Y también se desata la crisis de la deuda externa en toda Latinoamérica...

-–Exactamente. Ahí se ve el límite. Renuncia Martínez de Hoz. La crisis de la deuda se va a producir en toda América Latina porque la dictadura se inserta en un marco no sólo represivo en el Cono Sur, sino también en un marco donde después de la crisis del petróleo de 1979 había muchos dólares dando vueltas buscando rendimientos altos. En los países centrales, las economías crecían poco y entonces esos dólares se les prestaban a los países, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces había abundancia de capital. Pero esto cambia a principios de los 80, cuando cambia la gestión en Estados Unidos, el shock de Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal norteamericana que sube las tasas de interés.

–Ahí comienza el colapso del plan inicial, empiezan las protestas sindicales, intentan salvarse con la Guerra de Malvinas en 1982 y, tras perderla, vuelve la democracia en 1983...

–Sí. Fue un plan económico con muchas similitudes con la dictadura chilena en algunos sentidos, las dos fueron de orientación neoliberal. Pero, aunque con varias crisis y consecuencias sociales muy negativas, en sus propios términos el plan económico de la dictadura chilena funcionó mejor que el de la dictadura argentina, que no pudo sostener ninguno de sus supuestos.

–¿Y por qué?

–Por la insustentabilidad de este esquema de valorización financiera: la Argentina vivía con una tasa de interés real más alta que la internacional. Entonces, los grupos económicos que podían se endeudaban en el exterior a una tasa de interés más baja en dólares y colocaban ese dinero en el sistema financiero local a una tasa más alta. Se jugaba, no era para reinvertir en la economía real, que se estaba achicando. El Banco Central empezó a tomar una serie de medidas como el seguro de cambio sobre todo a partir de 1981. Después vino Domingo Cavallo a la presidencia del Central en 1982 y terminó estatizando la deuda, es decir, que ni siquiera tuvieron que devolver ese capital que habían tomado o lo devolvieron fue a un precio irrisorio. Eso generó un agujero muy fuerte en las cuentas del Estado. Pero además hay otros elementos que tienen que ver con el grado de desarrollo industrial que tenía la Argentina, que era muy superior al de Chile, y con el grado de fortaleza y organización que tenía la clase obrera en la Argentina.

–¿Qué ve de similar entre aquel plan económico y el actual?

-Hay bastantes similitudes. Por un lado, la convicción fundamental de que el mercado lo resuelve todo y que el Estado es todo malo. Siempre estamos hablando de la intervención en la economía y cuando sea a favor de los sectores trabajadores. Porque en ese momento hubo una intervención del Estado en favor del sector empresario. Por otro lado, los dos gobiernos arrancan con una fuerte devaluación y una pérdida de salarios e ingresos muy fuerte. Los dos gobiernos apuntan a una apertura comercial para contener la inflación, para disciplinar los precios. Y los dos fallan en eso también, porque estamos viendo que no se está logrando. En la dictadura pasó algo parecido en cierto sentido: se buscó también contener el tipo de cambio, como ahora, que está más o menos controlado, pero la inflación no se redujo lo suficiente. También porque aumentaban mucho sobre todo los servicios. Se fue destruyendo la actividad industrial, además de quitar buena parte de las medidas de apoyo que había a determinadas industrias estratégicas. Hay una filosofía en común que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem.

Hoy hay una filosofía en común con la dictadura que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem

–También hay una tendencia pro desigualdad en todos estos casos...

–Claro. Desde el punto de vista de los ejecutores del plan económico de la dictadura o de este gobierno, la desigualdad es algo positivo porque permite que tengan más ingreso los más aptos en la economía. Eso no funcionó en ninguna parte del mundo. Es la teoría del derrame. Fue más brutal, una redistribución más regresiva, al inicio de la dictadura, además en un contexto absolutamente distinto en términos represivos. Pero lo que viene sucediendo ahora inclusive puede ser hasta más grave. ¿Por qué? ¿Porque se monta sobre una economía y una estructura social que ya viene muy deteriorada, muy golpeada, que no es la misma con la que se encontró la dictadura. Ahora partimos de niveles de pobreza muchísimo más altos. Hasta mediados de los 70, la pobreza en la Argentina estaba abajo del 6%, la desocupación estaba abajo del 4% y los niveles de desigualdad eran muchísimo menores. Son ciclos que vienen a profundizar el deterioro social, la desigualdad sobre escalones cada vez más bajos: estoy hablando de dictadura, sobre todo el menemismo, el gobierno de Macri, también el actual. Y los pocos ciclos de alza que vienen habiendo no logran volver al estadio anterior, sino que mejoran un poquito, pero ya quedaron en un escalón más bajo. Antes alguien de clase media podía caer un poquito, pero tenía de dónde sostenerse. Después cae un poquito más y ya no tiene más de dónde sostenerse. Vemos el pluriempleo, que no les alcanza con tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes. Esto era impensado antes de la dictadura: la gente tenía más o menos un trabajo que más o menos muchas veces era para toda la vida y con eso se mantenía un hogar, no necesariamente con lujos, pero alcanzaba. Esa desigualdad que genera la dictadura parte de una unidad de una sociedad más justa, con menos diferencia entre capital y trabajo, el empleo en negro prácticamente no existía, no había esa desigualdad entre los trabajadores que hay ahora, entre un obrero que puede trabajar en una fábrica de Acindar, un trabajador de un banco o un repartidor de Rappi.

AR/MG

Creación de 1,7 millones de puestos de trabajo, pleno empleo (5,1%, la menor tasa de paro desde 2012), récord histórico de la capacidad adquisitiva per cápita mensual (3.613 reales, unos 600 euros), crecimiento económico (2,3% en 2025), inflación controlada (3,99%), inversión extranjera directa sólida (15.000 millones de dólares), déficit de las cuentas públicas bajo control (0,4%). Por si fuera poco, la bolsa de San Pablo (Bovespa) registró en enero un récord de capital extranjero: 26.000 millones de dólares, superando la cifra de todo el 2025 (25.000). La economía brasileña toca el cielo en el cuarto año de gobierno de Lula da Silva. El legado del ministro de economía Fernando Haddad, que acaba de dejar su cargo para ser candidato a gobernador de San Pablo en las elecciones de octubre, sorprendió incluso a sus detractores del mercado financiero, que auguraban la hecatombe económica si la izquierda volvía a gobernar.

Sin embargo, el pesimismo económico de los brasileños cotiza en alza. La última encuesta de Datafolha reveló que el 46% de los brasileños consideran que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 24% que piensa que mejoró y el 28% que estima que todo sigue igual.

¿Cómo se explica el aumento del pesimismo de los brasileños si su poder adquisitivo toca techo? André Braz, coordinador de los Índices de Precios del Instituto Brasileiro de Economía (FGV IBRE), explicó en conversación con elDiario.es, que el pesimismo económico de los brasileños está relacionado con el aumento acumulado del precio de los alimentos. “Desde 2020, varios eventos han presionado mucho el precio de los alimentos, que subieron el doble que la inflación. Aunque en 2025, su precio fue estable, no borra lo que ocurrió estos años. Esto explica el malestar de las familias, incluso con indicadores económicos tan buenos”, afirmó Braz.

El experto argumentó, además, que el cambio climático disparó la demanda mundial y afectó directamente al precio del café, del cual Brasil es el principal exportador mundial: “El clima no fue bueno y el grano no creció satisfactoriamente. Tuvimos una reducción de oferta nacional fuerte y eso provocó un aumento del precio”. No es casual que la encuesta de Datafolha muestre que el 33% de los entrevistados consideran que su economía personal empeoró en los últimos meses (en diciembre era apenas un 26%).

Por otro lado, aunque el trabajo informal se redujo a un mínimo histórico (37,2%), todavía 38,7 millones de brasileños no tienen empleo formal. La tasa de informalidad subió hasta un 71,1% entre el sector de entregadores de moto (conocidos en Brasil como motoboys), según un informe de ESG Insights. Al mismo tempo, el 57,3% de los trabajadores y el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años relatan dificultades para encontrar empleo, segundo datos del informe Sondagem do Mercado de Trabalho.

¿Son suficientes estos factores para explicar el pesimismo económico de los brasileños en el momento más dorado de su economía? La letra pequeña de la encuesta de Datafolha sugiere que la principal explicación está en otro lugar: en la polarización política.

La ceguera económica de la polarización

La última encuesta de Datafolha reveló que el 77% de quienes van a votar al candidato de extrema derecha Flávio Bolsonaro en las elecciones de octubre piensa que la economía empeoró en los últimos meses, frente al 14% de los votantes del izquierdista Lula.

Para 35% de los entrevistados, la economía va a empeorar en los próximos meses. En este punto, la polarización también marcó la tendencia perceptiva: el 51% de los electores de Lula prevén una mejora de la economía, frente al 14% dos que pretenden votar a Flávio Bolsonaro.

El pesimismo también predomina entre la derecha tradicional (solo el 16% de los votantes de Romeu Zema (Novo) y 17% entre los de Ratinho Junior confían en una mejora económica). Además, la percepción negativa de la economía es del 57% entre votantes evangelistas (más inclinados a votar a la derecha), frente al 41% de los católicos.

No obstante, ni siquiera en un país en el que el 90% admite haber creído en fake news y en el que la extrema derecha las produce en tamaño industrial, la polarización política no acaba de explicar del todo el pesimismo económico.

El punto de inflexión de la percepción económica ocurrió en julio de 2025, después de que Donald Trump anunció un tarifazo del 50% a Brasil. La encuesta realizada por Datafolha los días 29 y 30 de julio de 2025, tras el anuncio del tarifazo estadounidense, recogió que el 45% de los brasileños consideró que la economía iba a empeorar. Unos días antes, Eduardo Leite, gobernador del estado de Rio Grande do Sul, uno de los más ricos de Brasil, afirmó que las “tarifas del 50% que los Estados Unidos aplicaron a Brasil son el reflejo de una polarización, que solo nos divide”. Leite, del sector de la derecha tradicional, echó la culpa al gobierno Lula: “(la polarización) también es consecuencia de un gobierno brasileño que siempre apostó en la misma polarización”.

A pesar de la percepción económica de la derecha y la extrema derecha, el gobierno Lula consiguió el mejor desempeño de la economía de la última década. El ministro saliente Fernando Haddad realizó la proeza de eximir de pagar impuestos a quienes ganan menos de 5.000 reales al mes (unos 850 euros), de aprobar el Impuesto sobre Operacões Financeiras (IOF) y de aumentar un 10% los impuestos a los más ricos.

La producción metalúrgica registró caídas del 10,3% interanual durante febrero y del 1,9% con relación a enero, según datos del sector.

De esta forma, acumuló en el bimestre una contracción del 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

A su vez, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior.

La tendencia negativa se profundizó en el inicio del año debido a la falta de señales de recuperación en el corto plazo y la retracción del mercado interno, señalaron desde ADIMRA.

La caída fue generalizada en todos los subsectores estratégicos de la industria. Los rubros con mayores retrocesos fueron:

Fundición: -15,0%

Bienes de capital: -14,6%

Autopartes: -12,0%

Equipamiento médico: -11,6%

Equipo eléctrico: -10,2%

En términos geográficos, las principales provincias metalúrgicas presentaron variaciones negativas. Buenos Aires lideró las bajas con un -12,9%, seguida por Córdoba (-11,9%), Mendoza (-10,2%), Entre Ríos (-9,8%) y Santa Fe (-4,3%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre la gravedad del escenario actual: “La actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo”.

Asimismo, Del Re señaló que la baja en el consumo local afecta directamente la rentabilidad: “La fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico”.

En cuanto al mercado laboral, el nivel de empleo en el sector registró una disminución interanual del 1,8%. No obstante, en la comparación con el mes de enero, la cantidad de trabajadores no presentó variaciones.

JJD

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que la Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y afirmó que su gestión apunta a convertir al país en “el más libre del mundo”. Lo dijo durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en el marco del inicio de actividades de la entidad.

Durante su exposición, en la que no hubo mención del caso $LIBRA, el mandatario defendió el rumbo económico de su administración y sostuvo que ya se registran avances en materia de libertad económica. Según afirmó, el país habría escalado 40 posiciones en los índices internacionales que miden ese indicador.

“Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, señaló el jefe de Estado al referirse a los primeros resultados de su gestión.

Milei también anticipó que su presentación apuntaba a explicar la visión de su gobierno sobre el rol de la política y las herramientas elegidas para impulsar las reformas económicas. “Todavía no hemos dado la batalla cultural de lleno”.

“Una persona cuyo único talento es ser hijo de salió a decir que tengo una distorsión de la realidad”, señaló. “Otra persona muy precaria intelectualmente dijo que voy a las provincias para que la gente me dé las gracias. No, no se puede ser tan imbécil. Voy yo a darles las gracias a quienes han decidido acompañar al mejor gobierno de la historia”.

También renovó sus críticas al kirchnerismo al afirmar que “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”.

El mandatario destacó además la medida del levantamiento del cepo cambiario. “Me hubiera resultado mucho más fácil mantenerlo, me hubiera sido mucho más fácil el tránsito del 2025 si me cagaba literalmente en la libertad de ustedes. Pero dijimos que era injusto e inmoral, y abrimos el cepo”, aseveró.

La industria argentina perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023, lo que equivale a 160 empleos menos por día, según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El estudio identificó una caída del 8,3% en la actividad industrial durante el gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) y advirtió que la contracción impactó de manera directa en el empleo y en la capacidad productiva del sector.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL). Los investigadores señalaron que los datos reflejan un deterioro simultáneo de producción, empleo y estructura industrial, con efectos directos sobre las condiciones laborales en el sector manufacturero.

La destrucción de puestos de trabajo aparece como uno de los indicadores más contundentes del proceso. El informe precisó que el sector industrial registró una pérdida acumulada de 100.000 empleos desde noviembre de 2023. En términos diarios, esa reducción se tradujo en un promedio de 160 trabajadores que dejaron de tener empleo en la industria cada día.

La caída del empleo se produjo en un contexto de retracción de la actividad. El trabajo académico indicó que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025 la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria retrocedió 8,3%. Otros sectores productivos también registraron descensos en ese período, entre ellos el comercio (-5,2%), la construcción (-14,1%) y la pesca (-24,6%).

El deterioro de la actividad industrial también se expresó en el uso de la capacidad instalada. El estudio señaló que durante 2024 y 2025 el nivel promedio de utilización de la capacidad productiva se mantuvo por debajo del 60%, lo que implicó una capacidad ociosa superior al 40% en el sector manufacturero.

Para los trabajadores industriales, ese escenario suele traducirse en suspensiones, reducción de turnos o pérdida de puestos de trabajo. La disminución de la actividad reduce la necesidad de mano de obra en las plantas y debilita la estabilidad laboral en los distintos segmentos de la cadena productiva.

El informe también registró un cambio estructural en el peso de la industria dentro de la economía argentina. Según los datos relevados por los investigadores, la participación del sector industrial en el producto total cayó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel de participación se ubica en valores similares a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que para los autores del estudio refleja un proceso de desindustrialización que reconfigura la estructura económica del país.

La contracción no se limitó a algunos segmentos específicos. El trabajo indicó que 22 de los 24 sectores que integran la estructura industrial argentina registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025.

Entre los sectores más afectados aparecieron la metalurgia, el calzado, las curtiembres y las industrias vinculadas a la construcción, con descensos estimados entre 20% y 25%.

En contraste, algunos rubros mostraron una mayor resistencia a la caída generalizada. El informe mencionó entre ellos a la industria alimenticia, las tabacaleras y el sector vinculado al transporte, aunque todos registraron igualmente retrocesos en su actividad.

El deterioro productivo también se reflejó en el comercio exterior industrial. El estudio señaló que las exportaciones manufactureras de mayor valor agregado —con mayor contenido tecnológico y generación de empleo— redujeron su participación dentro del total exportado por el sector.

Según el relevamiento, las llamadas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) representaron 28% de las exportaciones industriales, mientras que en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Ese cambio en la composición exportadora implicó una mayor presencia relativa de productos primarios o vinculados a recursos naturales dentro del comercio exterior del sector manufacturero.

El informe también analizó la situación de la industria de bienes de capital, un segmento clave para el desarrollo productivo porque provee maquinaria y equipamiento al resto de la economía.

En ese rubro, los investigadores detectaron una caída cercana al 25% en la producción local entre 2023 y 2025, mientras que las importaciones de bienes de capital aumentaron 77% en el mismo período.

Ese desplazamiento entre producción nacional e importaciones se tradujo en una menor actividad para las empresas que fabrican maquinaria en el país, con impacto directo en el empleo industrial asociado a ese segmento.

El estudio también advirtió sobre cambios en la política económica que afectan al sector. Los investigadores señalaron que el Presupuesto 2026 registró un recorte del 40% en los recursos destinados a la industria, mientras que el apoyo estatal se concentró en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Según el análisis, ese esquema priorizó proyectos vinculados a energía, minería y siderurgia orientados al capital extranjero, en detrimento de políticas de financiamiento destinadas al entramado industrial local.

Los investigadores también compararon el nivel actual de producción industrial con series históricas y señalaron que el PBI industrial per cápita retrocedió a valores similares a los registrados en 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente cuatro décadas en la capacidad productiva por habitante.

Ese indicador sintetiza el deterioro acumulado de la actividad manufacturera y su impacto sobre el empleo, ya que el sector industrial se caracterizó históricamente por generar puestos de trabajo formales, con mayor nivel de protección laboral y mejores salarios relativos dentro de la economía.

La pérdida de puestos industriales, la caída de la producción y la reducción del peso del sector en la economía configuran un escenario que impacta directamente en quienes trabajan en la actividad manufacturera. El informe concluyó que los datos relevados reflejan una crisis industrial extendida, con efectos simultáneos sobre empleo, inversión y estructura productiva en Argentina.

JJD

Javier Milei reforzó este domingo en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso su regreso al discurso agresivo, pero lo hizo contra una oposición peronista y contra un par de grandes empresarios industriales a los que pegarles le rinde en términos populares. Pero más allá del acierto político del Presidente, incurrió en diversas falsedades o medias verdades a la hora de describir lo que es la materia que en teoría más debería dominar, la economía.

“La tasa de desempleo cayó, aumentaron los puestos de trabajo más que lo que aumentó la oferta”, sostuvo Milei ante los diputados y senadores. Pero el Instituto de Estadística (Indec) informó hace pocos días que la desocupación alcanzó el 6,3% en el tercer trimestre de 2025, el último medido, es decir, casi un punto más que el 5,4% que en el mismo periodo de 2023. Si bien se recupera el empleo, lo que se crean son puestos de trabajo en la economía informal. Y eso que el jefe ultra promete que la reciente reforma laboral viene a solucionar el problema que dejó el gobierno anterior de que la mitad de los trabajadores se empleasen sin registro, sin derechos.

Milei también señaló que en la administración peronista los jóvenes se iban de la Argentina. Es cierto que eso ocurrió bajo la presidencia de Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner como vice y Sergio Massa como último ministro de Economía. Pero ocultó que bajo su gobierno también se emigra. No hay datos oficiales de argentinos en el exterior, pero España -principal destino- mide cuántos compatriotas viven allá: por la crisis de 2001 aumentaron 46% en tres años; en los 12 años de kirchnerismo, otro 41%; en el gobierno de Mauricio Macri, un 36%; en el de los Fernández saltaron 62% y en los primeros dos años de Milei se incrementaron otro 15%.

“Hemos aprobado el primer presupuesto sin déficit fiscal ni default en 100 años”, destacó el jefe de Estado que vino a destruirlo. Recordó que desde el primer mes de gobierno terminó con el rojo de las cuentas públicas y que lo hizo cortando 30% el gasto y sin subir impuestos sino bajándolos 2,5% del PBI. Se olvidó de señalar que la mayoría de esas rebajas tributarias se orientaron a los más ricos, desde la de Bienes Personales a la reciente de los autos de lujo, no al IVA que pagan por igual los que más y menos tienen.

Eso sí, insistió con que “los impuestos son un robo”. La pregunta es entonces por qué aún la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sigue cobrándolos. O con qué dinero se pagaría entonces a los acreedores de la deuda argentina, cómo se abonaría su sueldo de Presidente y los de los demás empleados públicos o cómo se financiaría las fuerzas de seguridad, las armadas o la Secretaría de Inteligencia, áreas a las que ha dado prioridad.

Inflación y crecimiento económico

“Hemos triplicado el salario en dólares”, fue otra de las afirmaciones polémicas del inquilino de la Casa Rosada. Lo que no aclaró es que el costo de vida en moneda norteamericana aumentó aún más que el sueldo y por eso el poder de compra está peor que lo mal que se encontraba en el gobierno anterior. El Presidente destacó que su equipo económico salvó a la Argentina de la hiperinflación, pero tampoco pudo referirse demasiado en el nivel actual del índice de precios al consumidor (IPC), que viene subiendo mes a mes desde mitad de 2025 y apunta a seguir haciéndolo en febrero último.

Milei sostuvo que la economía creció en sus primeros dos años de gobierno porque comparó sólo los meses de diciembre. Pero se olvidó de contar lo que pasó en los otros 11 meses de 2024 y 2025. En 2024 cayó 1,8% y el año pasado se recuperó 4,4%, después de dos de caída, y con evolución dispar de los sectores. Pero al Presidente le interesan sólo algunos, los que nombró este domingo, como minería, energía, las industrias pesadas que dependen de ella –aunque esté enfrentado con sus dueños–, el campo, la agroindustria y los data centers, a los que aspira atraer a la Patagonia más allá de su impacto ambiental.

“Hoy volvemos a mirar el futuro con esperanza. Estamos haciendo cosas que llevábamos décadas pendientes”, apuntó a la flexibilización laboral, aunque ni mencionó nada de una reforma tributaria integral. Sólo una vaga promesa de disminuir las retenciones al campo en la medida en que las cuentas públicas lo permitan. Calificó a la anterior ley de convenios colectivos de trabajo como un “delirio aprobado hace 50 años y dejo a la mitad de los trabajadores en el mercado informal”. Según su opinión, ahora la norma quedó “en línea con la economia con la mayor transformación de la historia”. En eso no mintió, pues el giro del proteccionismo a la apertura es radical.

“No sorprende que haya personas siniestras que, en nombre de la industria nacional, defiendan el proteccionismo desmedido. Esto es abrazar la bandera argentina con la única intención de perjudicar a los argentinos de bien”, disparó Milei después de semanas vapuleando a los dueños del grupo Techint, Paolo Rocca, y de la cerrada fabricante de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Milei negó que haya una “apertura indiscriminada”, acusó a la oposición de defender a los empresarios que “cazaban en el zoológico” porque de ellos cobraban coimas. “Por eso defienden tanto a Piedrita, a Chatarrín de los Tubitos Caros”, volvió contra Rocca.

“¿Acaso les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero US$4.000, cuando se paga 1.400; y que si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? No, ustedes son políticos corruptos que les venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos”, apuntó a Rocca y el peronismo, con el que también se enfrentó.  “¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle, mientras se negocia la protección para el sector del aluminio?”, atacó a Madanes “¿O acaso les parece bien pagar una remera básica 50 dólares, cuando la importada cuesta 5?”, disparó a los textiles, que también cierran fábricas. Lo que está claro es que los millonarios seguirán siéndolo y los que más pierden son los obreros despedidos.

No puso fecha, pero Milei prometió que generalizará las rebajas de impuestos y aranceles a la importación que ya rigen para ciertos sectores del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). La duda es si llegará a tiempo para evitar el colapso de los excluidos de esos beneficios. Y cómo se financiarán educación, salud y otras funciones básicas del Estado si cada vez se cobran menos gravámenes.

En su discurso mencionó algunos logros como el aumento de la asignación universal por hijo (AUH), la reversión del déficit de Aerolíneas y las inversiones por US$25.000 millones en marcha por el RIGI. Aseguró que para crecer se necesita del equilibrio fiscal, la política monetaria restrictiva –calificó a Luis Caputo como “mejor ministro de Economía del mundo” en otra de sus habituales exageraciones–, la desregulación de la economía –celebró a su ministro del área, Federico Sturzenegger, por sus 14.000 reformas, aunque muchas de ellas hayan tenido bajo impacto–, la inversión en capital humano –más allá del ajuste en educación– y la apertura comercial. “Restringir el comercio está mal”, sermoneó Milei, a pesar de su incondicionalidad con Donald Trump, el paladín del proteccionismo, sobre todo contra China, capaz de producir casi todo mejor y más barato en condiciones sindicales jamás vistas en países democráticos.

AR/MG

La construcción profundizó su retroceso en agosto: la actividad cayó 6,7% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La baja afecta tanto a la obra pública como a los emprendimientos privados y acentúa la fragilidad laboral de un sector históricamente volátil y precarizado.

A pesar de un leve repunte mensual de 1,6% en la serie desestacionalizada, el indicador acumuló en los primeros ocho meses del año una caída del 4,9% respecto al mismo período de 2024. El informe también reveló un desplome en la demanda de insumos clave, lo que anticipa una contracción más profunda en los próximos meses.

Los envíos de asfalto cayeron 26,6% interanual y los de hierro redondo y acero para la construcción, 21,6%. También se desplomaron los despachos de cal (-19,3%), cemento portland (-8,7%) y placas de yeso (-8,5%). La única suba relevante fue en mosaicos graníticos y calcáreos, con un alza de 20,1%, posiblemente asociada a obras menores o refacciones.

Según la encuesta cualitativa que acompaña al ISAC, las empresas que se dedican principalmente a obra pública declararon que el principal factor que limita la actividad es la falta de presupuesto oficial. Un 52,6% de ellas lo mencionó como principal obstáculo, seguido por los atrasos en las certificaciones y pagos. En cambio, las empresas del sector privado apuntaron como principales trabas a la caída de la demanda y los costos financieros.

La contracción de la obra pública tiene consecuencias directas sobre el empleo, especialmente en las provincias, donde la construcción es uno de los principales dinamizadores del trabajo informal o temporario. Aunque el informe no incluye cifras actualizadas sobre empleo registrado, los indicadores indirectos muestran que el parate ya afecta a miles de trabajadores de la construcción, muchos de los cuales dependen de contratos breves, subcontrataciones o changas.

En un contexto de alta inflación y escasa inversión, la caída en la actividad pone en riesgo tanto la continuidad de los proyectos como el sustento de las familias trabajadoras que viven del andamio, el cemento y la obra. Mientras tanto, el Gobierno recorta partidas y prioriza el ajuste fiscal, dejando en pausa obras clave en infraestructura, vivienda y caminos.

Los datos de agosto confirman que el freno en la construcción no es solo un dato macroeconómico, sino una alerta sobre el impacto directo en uno de los sectores más intensivos en empleo del país.

JJD

A Matías Kulfas le costó el puesto de ministro su enfrentamiento con la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022. Este economista graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), salió de la cantera de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), donde fue magister en economía política e investigador, ocupó diversos altos cargos durante siete de los 12 años del kirchnerismo y en 2016 publicó un libro que irritó a la expresidenta, Los tres kirchnerismos, distinguiendo etapas mejores y peores.

De la mano de Alberto Fernández, como peronista, exkirchnerista, llegó al Ministerio de Desarrollo Productivo en 2019. Ahora dirige su consultora, Audemus, y el doctorado en economía de la Universidad de San Martín, donde él también se doctoró. Como en 2019, insiste en que el peronismo debe abrazar nuevas ideas.

-¿Cómo analiza la derrota electoral del peronismo este 26 de octubre?

-La gente con con mucha razón se aferró al único logro más o menos tangible que tiene este gobierno, haber bajado la inflación. Veníamos de un 2023 muy malo, donde llegó a haber meses con tres remarcaciones de precios por mes, lo cual hacía imposible la planificación de cosas básicas a nivel familiar. Eso es lo que lo que mucha gente está valorando, a pesar de que funcionan mal un montón de cosas: que el empleo evoluciona negativamente, que los ingresos no se han recuperado. Pero dicho esto, al peronismo no le queda otra más que hacer una reestructuración de su propuesta política que implica replantear muchos de los errores que se han cometido y hacer una propuesta que parta de la base de que el objetivo principal es la estabilización, es decir, que la economía funcione con baja inflación. Y a esto adosarle lo que Milei no tiene ni tendrá: una propuesta productiva de generación de empleo, de tecnología. Pero si no está la base macroeconómica de ordenamiento y estabilización, lo otro no es posible.

-¿Qué no va más en lo económico?

-La idea de subsidiar las tarifas de electricidad y gas en todos los hogares de la ciudad y el Gran Buenos Aires en hogares de clase media y ricos es un disparate. En todo caso, focalizar en hogares pobres, pero nunca otra vez un derroche de recursos fiscales y de dólares para importar energía. La cuestión fiscal necesita tener una regla clara que implique que si tenés acceso a financiamiento, podés tener algún déficit fiscal, pero fundado y hecho con eficiencia y eficacia, orientado a obras públicas, a proyectos de desarrollo en los próximos años. Como no creo que esto sea posible, entonces hay que tener un equilibrio fiscal, obviamente diferente al de Milei. Es decir, no podés vivir sin obra pública, que está poniendo en riesgo la competitividad y la seguridad de los argentinos cuando transitan en ruta, por ejemplo. De ninguna manera se puede seguir con una mirada de que el déficit fiscal puede ser financiable con emisión monetaria. Eso puede ser entendido para una situación grave, puntual, como fue la pandemia, como la crisis de 2002. Y te agrego el vínculo con el mundo financiero y el productivo. Hay sectores del peronismo que tienen una visión muy prejuiciosa, anti sector financiero y la realidad es que es un sector importante para el desarrollo.

Es imposible una política de acceso pleno a la vivienda en un país que no tiene crédito hipotecario porque el ahorro nacional está fuera de la Argentina. En el kirchnerismo hay muchos sectores que tienen una mirada antiempresaria, que se han focalizado en la crítica contra (Marcos) Galperin, que sin duda cuando cuando tuitea dice muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en lo más mínimo, pero el sector de tecnología ha sido muy importante para Argentina y tiene que ser el puntal para digitalizar el sector industrial y el Estado argentino. Del mismo modo que hay sectores que se han embarcado en una cruzada antiminería, antisalmones, antiproductiva en general, cuando la buena práctica productiva es producir cuidando el ambiente, no con actitudes prohibicionistas, ni la cosa de que no importa el ambiente. Y hay que replantear la relación con el sector agropecuario, donde hay una batalla absurda, histórica, que hay que terminar. Hay que cumplir con aquel plan que había propuesto en su momento Julián Domínguez de llegar a 200 millones de toneladas de granos. Seguimos en 140 millones.

-Creo que todo esto ya se lo pregunté en otra entrevista que le hice en 2019... se nota que no se pudo hacer en el gobierno del Frente de Todos.

-Quedó a la vista. No hay ninguna discusión que no haya sido lamentablemente dada a cielo abierto. Fue muy dañino para los resultados de ese gobierno. Primó una mirada internista. Pero estas ideas son las que tiene que discutir el peronismo, que tiene que plantear una propuesta de futuro. No va más convocar al voto con la idea del pasado de la denominada década ganada. La gente está viendo para adelante y hace rato no ve ninguna década ganada. Está viendo que desde 2011 la economía argentina dejó de crecer, que el empleo privado está estancado, que es muy difícil tener un proyecto de futuro. Pero en el peronismo la mayor parte de la dirigencia apela al pasado. La excepción es Juan Grabois, que sí plantea una mirada de futuro, pero muy limitada, no convoca a un proyecto de desarrollo. Él dice que quiere darle a cada argentino un terrenito, como el sector privado no genera empleo y el público no puede seguir tomando gente, y que hagamos cooperativas. No es viable económicamente. Y no convoca tampoco a mucha gente. Respeto su proyecto, no lo comparto. Hay que romper ese estancamiento del empleo privado. Con un régimen laboral pyme podemos blanquear por lo menos el 50% de los 4 millones de puestos de trabajo que hay en negro en empresas micro y pequeñas.

-¿No se siente medio solo con esta voz dentro de tu espacio político?

-No, para nada.

-¿Quiénes están con usted?

-No voy a hacer nombres. Hay un montón de dirigentes con esta mirada. Lo que pasa claramente es que los dirigentes que conducen hoy al peronismo no la tienen. Pero no tengo ninguna duda que un montón de dirigentes están en esta mirada, en adecuar los regímenes laborales sin caer en esta paparruchada de la reforma de este gobierno que no va a solucionar nada, va a generar más problemas. También hay que tener un diálogo mucho más amplio con otros sectores, porque no solo fue derrotado el peronismo, también otras expresiones que tienen algunos puntos en común. Milei es una estabilización fundada en lo financiero y sin impacto productivo y el empleo. Me parece que el país no va a salir adelante.

-Antes de estas elecciones, había un temor de que Donald Trump nos sacara la alfombra y nos cayéramos. Pero cuando ganan Lula o Gabriel Boric, no cunde el pánico en los mercados ni en la población que teme que se dispare el dólar y los precios...

-Dos cosas para aclarar. La primera es que no creo que todo el descalabro financiero que hubo en estos meses previo a las elecciones haya sido culpa del denominado riesgo kuka. Hubo un montón de errores de política económica que fueron todos del gobierno. Cuando dijo que el dólar se iba a ir al piso de la banda, el 'compra campeón' de Luis Caputo, el desarme de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) en plena escalada del tipo de cambio. Y ocurrió en un momento en que el panorama era que el Gobierno iba a tener un buen desempeño electoral. Dicho esto, hay un temor al peronismo porque sigue operando con la misma lógica. El peronismo no tiene un programa antiinflacionario. Lo escuchamos a Máximo Kirchner el domingo en una entrevista de dos horas, con muy pocas definiciones, más de lo mismo, dijo que volvería a subsidiar el costo de la energía en todos los hogares de las ciudades como Buenos Aires, volvió a decir que hay que cuestionar la legitimidad de la deuda sin tener ningún plan razonable de crecimiento. Volvió a señalar que el déficit fiscal no parece un tema importante.

Con todas esas definiciones, es lógico que haya temores de que vamos a volver a tener inflación más alta. El peronismo tiene que ser mucho más explícito y eso también involucra al liderazgo de Axel Kicillof. Hace dos años tuvo una definición muy interesante que invitó a mucha gente a reflexionar cuando dijo hay que empezar a escribir nuevas canciones. Sin embargo, la reacción que tuvo en algunos sectores fue muy negativa y luego nunca terminó de explicitar cuáles eran esas nuevas canciones. En la elección del 7 de septiembre, él fue el gran ganador y hubo una semana que el gobierno estaba grogui y él, en el centro de la escena. Tuvo un montón de entrevistas para empezar justamente a mostrar nuevas canciones y no dijo nada al respecto. Eso no contribuye a construir una nueva visión de futuro para el peronismo. Si el peronismo quiere volver a ser gobierno, tiene que ser confiable, no especialmente para los mercados, para la gente. La gente no quiere que vuelva la inflación, quiere que la inflación siga bajando. Quiere estabilidad, que su moneda sirva, poder ahorrar en su moneda. No estar pensando en si compra qué dólar.

-¿En qué puntos se diferencia de Milei?

-No tiene ningún tipo de mirada sobre el desarrollo. Está convencido de que con ajuste fiscal, que está muy mal hecho, con un daño muy grande, con puentes financieros, está construyendo un esquema, que no conduce a ningún lado. Los sectores productivos beneficiados están contados con los dedos de una mano. La energía está muy vulnerable al impacto del precio internacional. La minería, sin ningún ninguna mirada de desarrollo de cadenas productivas. Es decir, promueve la importación. No hay ninguna política industrial. No hay política agropecuaria. Está golpeado. En lugar de pensar los derechos de exportación para promover más producción, hace puentes financieros beneficiando solamente a las agroexportadoras y no al productor agropecuario. Lo que sí creo es que hay que bajar la inflación. Brasil es un país que está ordenado económicamente y tiene Lula un plan que se llama Nova Industria Brasil, que está funcionando muy bien, que es el programa de política industrial. México, este año con la presidenta (Claudia) Sheinbaum lanzó el Plan México, que es un plan de desarrollo productivo también muy ambicioso. El mundo va para ese lado. El planteo de Milei atrasa por lo menos 30 años. No hay que regalarle la bandera de la estabilización.

-¿Cuál sería su mix para lograr el equilibrio fiscal?

-Es la combinación de ingresos y gastos. Milei ha concentrado casi todo en recortar gastos. Hay muchos recortes de impuestos que me parecen innecesarios. Segunda cuestión, la evasión. Milei premia más la evasión que el cumplimiento. Ahí hay una propuesta que ha formulado Emmanuel Álvarez Agis, que yo la comparto: eliminar el impuesto a los débitos y créditos porque si te movés en un circuito en blanco, pagás impuestos. Debería ser al revés. Como plantea Emmanuel, ir a un esquema donde se penalice impositivamente al que se mueve en efectivo. También un régimen laboral para micro y pequeñas empresas más económico de blanqueo. Y desde el punto de vista del gasto, un esquema de cuenta única ciudadana, que estuvimos trabajando con Fundar. Hay un montón de información que tienen los organismos públicos que permite focalizar lo que es la ayuda en subsidios energéticos, ayuda alimentaria, no estar malgastando recursos. Lo mismo con las empresas públicas: está muy bien que Aerolíneas sea estatal porque somos el octavo país más grande del mundo, es fácil abastecerlo, pero tengamos una empresa equilibrada operativamente. Milei quiere destruir el Estado. El peronismo venía por inercia del Estado presente, no se preocupaba mucho por la eficiencia y la eficacia.

-¿Y el tipo de cambio?

-No creo que tengamos que ir a un tipo de cambio recontra alto. Es insostenible y genera un problema muy grande en el mercado laboral. Pero tampoco el atraso cambiario, porque es un problema para el sistema productivo, dólar barato con apertura, lo de Milei, te da industricidio. Lo dejás regalado al sector industrial con muy poca posibilidad de competir. La otra es dólar barato, pero con cepo y regulaciones, pero es inflacionario. El mejor camino es un dólar intermedio, parecido al dólar histórico promedio, sería aproximadamente un 15% arriba del actual, que los industriales puedan competir, pero tampoco demasiado cómodos, tampoco que pesquen en la pecera, y tengan política industrial para generar competitividad genuina a largo plazo.

AR/CRM

Javier Milei logró uno de los mejores porcentajes de un oficialismo en elecciones intermedias desde el regreso de la democracia, aunque con la salvedad de que nunca votaron tan pocos en 42 años como el pasado domingo. Raúl Alfonsín alcanzó el 43,5% en 1985, pero perdió en 1987, cuando los gobiernos duraban seis años, y el radicalismo dejó el poder en 1989.

Carlos Menem venció con 40,8% en 1991, tras derrotar la hiperinflación, y con el 43,4% en 1993. En 1995 fue reelecto con el llamado voto cuota, el de aquellos que temían que si perdía el entonces presidente peronista neoliberal no iban a poder pagar los préstamos que habían sacado para consumir o comprar vivienda. Después hay que saltar hasta 2017 para volver a ver a un oficialismo ganando elecciones de medio término por más del 40%: Mauricio Macri, con el 41,7%. Dos años después fue el primer presidente de la historia argentina que perdió su reelección.

Ahora Milei triunfó con el 40,3% y la principal fuerza opositora, el peronismo, aparece hundida sin un discurso que proponga algo nuevo para la población sino un regreso a un pasado supuestamente dorado de 2007 a 2015, cuando gobernó Cristina Fernández de Kirchner. Difícilmente puede despegarse por ahora de ese relato el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que fue el ministro de Economía de esos últimos dos años (y en los dos previos, el vice), y que ahora le cuesta ensayar las nuevas canciones que prometía cantar. Implicaría una autocrítica. En la práctica lo está haciendo con unas cuentas públicas bonaerenses ordenadas sin mutilar al Estado, como amputa el Presidente, pero a la hora del discurso tararea una melodía críptica para el gran público cuando, por ejemplo, justificó en un reportaje con el diario Clarín los subsidios energéticos de su gestión, pero da entender que no los repondría en un eventual presidencia suya.

Quizás, a los 54 años, Kicillof pueda seguir el camino del tornero y sindicalista Lula Da Silva, que perdió las elecciones de 1989, 1994 y 1998 con un discurso anticapitalista y socialista y que en 2002, a los 57 años, llegó al poder en alianza con centristas y empresarios tras escribir una Carta al Pueblo Brasileño que prometía: “Queremos un cambio, pero un cambio tranquilo y seguro. El cambio que proponemos no es una ruptura, sino la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que combine crecimiento económico con distribución de ingresos y estabilidad. Cumpliremos todos los contratos y obligaciones del país. El superávit fiscal y el control de la inflación son conquistas del pueblo brasileño y serán preservadas. El objetivo del nuevo gobierno será garantizar la estabilidad, incentivar la inversión privada y ampliar el mercado interno a través del consumo de los más pobres”. Y así lo ha hecho hasta ahora. Incluso para derrotar a Jair Bolsonaro se alió con sus exenemigos de centroderecha.

Algunos economistas progresistas están empezando a componer músicas que se diferencia de la doctrina kirchnerista. El pasado 13 de agosto, casi una semana después de la fugaz victoria peronista en la provincia de Buenos Aires, se presentó en público Futuros Mejores, donde están el exviceministro de Economía del inicio del gobierno de Alberto Fernández, Haroldo Montagu, Mara Pedrazzoli -periodista de Página/12-, Lucía Cirmi –ex subsecretaria de Políticas de Igualdad–, Leandro Mora Alfonsín –exdirector de Política Industrial– y Tomás Lukin –fue vocero de Mercedes Marcó del Pont en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)–, entre otros profesionales, no sólo economistas. Está claro que critican al gobierno de Milei, pero también a lo que sucedió en los dos últimos gobiernos peronistas (2011-2015 y 2019-2023).

“El modelo de tipo de cambio alto (se refiere al paralelo), restricciones a la demanda sobre el dólar y protección para la industria, genera empleo, o al menos no lo destruye, pero provoca una dinámica inflacionaria y de arbitraje sobre los distintos precios del dólar que termina erosionando el día a día de la producción, sin terminar de lograr hasta ahora la tan mentada diversificación productiva”, dice el documento inicial de Futuros Mejores. “Proponemos un programa alternativo y actualizado para lo que necesita nuestro país, sin desatender la vinculación de la política macro con otros objetivos de la política pública (algo que suele ocurrir en las filas más ortodoxas) pero sin desentendernos de su importancia y especialmente de la necesidad de proponer caminos sostenibles (algo vacante en filas ortodoxas y heterodoxas)”, apunta el informe de estos economistas.

Uno de ellos lo simplifica: “No es posible sostener el déficit fiscal con emisión monetaria porque impacta. Esos pesos se van al dólar y el dólar se va a la inflación, pero tampoco obsesionarse con un superávit fiscal que impacta en lo social y no resuelve la macro, como ahora que faltan dólares”. Se autoperciben del “campo nacional y popular”, en el universo PJ, pero no responden a un dirigente determinado. También están preocupados por el 43% del trabajo en la informalidad.

Tres días después de aquella presentación en sociedad el llamado Grupo Paternal publicó su propio documento, “Por una Argentina desarrollada. Lineamientos estratégicos alternativos”. En ese barrio porteño, intelectuales de la autodenominada “izquierda democrática” vienen reuniéndose desde 2024 en busca una alternativa política. Entre ellos hay economistas, como el investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet) y reciente candidato a diputado del Movimiento Ciudadano del socialista Estebán Paulón, Juan Martín Graña, el consultor Martín Kalos, Diana García, Pedro Gaite –nieto y discípulo del exministro de Economía Aldo Ferrer y economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que preside Marcó del Pont–, el asesor financiero Adrián Rojze, Nicolás Bertholet y Ricardo Martín, entre otros.

“Argentina enfrenta una situación complicada. Acumula años de estancamiento, de deterioro del entramado productivo, de creciente precariedad laboral y social. La estabilización es necesaria, de la mano de un programa económico que siente las bases para un desarrollo futuro”, reza el documento del Grupo Paternal. “Pero hoy el Gobierno de Milei prefiere buscar éxitos políticos de corto plazo, mientras profundiza problemáticas estructurales como el bimonetarismo, la heterogeneidad productiva y el deterioro del mercado laboral. El de Milei no es el único Gobierno que, frente al dilema de desarrollar la economía o ganar elecciones, prioriza su autoconstrucción partidaria. Pero cada oportunidad dilapidada, cada apuesta (seria o delirante), tiene un costo mayor que la anterior para nuestra sociedad e hipoteca más años de nuestro futuro. Este documento es un aporte del Grupo Paternal al debate público. Es la tarjeta de invitación hacia quienes buscan una alternativa a la actualidad y a los errores del pasado”, rezaba la profesión de fe del colectivo, en el que quedan asuntos por debatir pero hay consenso sobre evitar déficits fiscales ante desbordes macroeconómicos o en años de crecimiento. Quedan por debatir cuestiones dentro del progresismo sobre qué hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cepo cambiario o las retenciones a la exportación.

Las ideas alternativas progresistas también se incuban en la fundación Fundar, que fundó y preside Sebastián Ceria, un empresario tecnológico –accionista de la alemana Qontigo, que le compró su firma Axioma, y dueño del Racing de Santander– que se diferencia en el pensamiento de colegas suyos como los oficialistas Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant) o Martín Varsavsky. En su área de economía está al frente Guido Zack –execonomista jefe del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)–; en la de planificación productiva, Daniel Schteingart –exdirector del Centro de Estudios de la Producción (CEP) en el gobierno anterior–; en la de estrategia, Ingrid Bleynat; y en la de integración socioproductiva, la politóloga y exministra de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, María Migliore.

En Fundar se diferencia del kirchnerismo en que defiende la estabilidad macroeconómica, aun a costa de pagar costos de corto plazo como no se hizo ni en 2011, en el inicio del segundo gobierno de Cristina Kirchner, ni en 2022, cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía. Allí también consideran que se necesita superávit fiscal en estos tiempos en que no hay acceso a los mercados internacionales de deuda. Descartan la vía de financiar déficit emitiendo moneda. Rechazan el cepo o la sobreprotección de industrias como la textil o la electrónica fueguina y defienden la búsqueda de eficiencia en el gasto público.

De Martín Guzman a Rodríguez Larreta

Uno de los primeros en buscar un giro es el exministro de Economía Martín Guzmán, pero su intento quedó frustrado por el rechazo de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el insuficiente respaldo de un débil presidente como era Alberto Fernández. El año pasado, vinculados por el papa Francisco, Guzmán y el ahora diputado electo Juan Grabois ensayaron una alianza, pero este último se terminó encolumnando en las últimas elecciones dentro de la lista ordenada por la expresidenta y aún jefa del PJ más allá de su condena judicial.

Por experiencia propia, Guzmán es de los que cree que hay cada vez más consenso de los economistas progresistas en que es necesaria una consistencia macroeconómica para bajar la inflación como método de justicia social y con un Estado que mejore la productividad de la economía, no como empresario, pero advierte que falta el respaldo político a estas ideas en la cúpula del peronismo. El exministro, que se mantuvo al margen de la campaña, mantiene diálogo con gobernadores y sindicalistas, pero considera que esos ganadores del domingo –los de Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa– deben unirse y plantarse en una disputa una interna con Cristina Kirchner para vencerla y presentar en 2027 al electorado una propuesta superadora a Milei, un presidente que la mayoría elige pese a las penurias porque no quiere volver al pasado y también por temor a que si Donald Trump retiraba el rescate por el resultado electoral se avecinaba un lunes catastrófico para el dólar y la inflación.

Guzmán, ahora consultor y profesor en las universidades de Columbia y La Plata, confía en que pueda ser Kicillof quien encabece esa movida, pero para eso deberá diferenciarse más de su rival interna y de su propio pasado. Mientras, este experto en deuda ya calcula que un futuro gobierno deberá suspender pagos al FMI con apoyo de Europa y Asia, posicionarse como Lula ante Trump, sin romper pero negociando firme, y canjear bonos con los inversores para alargar plazos.

Al tiempo que algunos economistas del campo nacional y popular o la izquierda democrática ensayan nuevas canciones, el legislador porteño electo Rodríguez Larreta viene corriéndose del centroderecha que abrazó desde joven, cuando comenzó a militar en el menemismo, al desarrollismo de su padre, dirigente histórico del antiguo Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Tras alejarse del PRO, fundó el año pasado el Movimiento al Desarrollo (MAD), que viene difundiendo diversos artículos que muestran un cambio en su discurso.

En agosto pasado, tras el decreto que restringió la migración, el legislador Claudio Romero escribió en su contra una nota titulada “Migrantes: otra grieta”. En septiembre, después de las insistencias del ministro de Economía, Luis Caputo, de poner como modelo a Perú, el sociólogo Tomás Delgado se preguntaba “Argentina: ¿Noruega, Perú o ninguna?”, mientas que el equipo de MAD escribía “Desregular no es desarrollar. La verdadera desburocratización no es eliminar normas al azar, sino darle a la ciudadanía un Estado confiable, cercano y previsible”. Mensaje para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Gabriel Delgado, que iba a ser pero no fue secretario de Agricultura del gobierno anterior, publicó después en el MAD su visión de este sector. Después vino otro artículo que difundió el movimiento de Larreta sobre el rescate norteamericano: “Si el apoyo financiero de la administración Trump al gobierno nacional ayuda a acelerar el desarrollo, amplía la autonomía futura. Pero si se usa como especulación financiera, nos ata”. Este martes, el director ejecutivo de MAD, Francisco Resnicoff, agregó: “Un paso adelante en la dirección equivocada. El apoyo de Estados Unidos nos mete en la disputa del poder global, cuando nuestra política exterior debería estar asociada explícitamente al imperativo categórico del desarrollo”. Son tiempos de reseteo.

AR/MG

Entre los economistas argentinos hay una constante: la idea de que la política y la economía van de la mano. No pueden separarse, están trabadas en una relación simbiótica, pero ésta—-a diferencia de las relaciones biológicas—-no es beneficiosa. Por el contrario, la política hace lo suyo y la economía sufre. Más que una relación simbiótica, es una relación parasitaria.

La enfermedad ha sido diagnosticada hasta el hartazgo, y se conoce—-en la literatura económica—-como el problema de los “ciclos electorales”. De manera simplificada puede presentarse así: la democracia y sus elecciones generan incentivos en los actores políticos para alcanzar logros de corto plazo con el objeto de ganar elecciones. Ello los empuja a buscar que las buenas noticias se concentren en el período electoral (dólar barato, acceso al crédito, inflación a la baja) y que las malas noticias ocurran justo luego de la elección (un ajuste aquí y allá, la corrección del tipo de cambio, aumento de tasas o tarifas, etcétera). En este cálculo, los políticos muchas veces postergan decisiones difíciles con el objeto de navegar el ciclo de un modo que les resulte beneficioso (es decir, de un modo que les permita conservar el poder que ganaron o acrecentarlo). Esa postergación, en ocasiones, empeora los problemas iniciales.

El economista italiano Alberto Alesina encontró a fines de los ochenta que de 18 gobiernos de la OCDE—-sean conservadores o progresistas—-la política fiscal tiende a flexibilizarse antes de las elecciones. Un puñado de años después encontró que la política monetaria sigue un patrón similar (expansiva en años electorales). David Bizer y Steven Durlouf, por su parte, encontraron que los impuestos tienden a reducirse dos años antes de la reelección exitosa de un presidente en ejercicio. William Keech y Kyoungsan Pak, que los beneficios a los veteranos de guerra de Estados Unidos aumentaban en años electorales. No hay nada demasiado nuevo bajo el sol, entonces, en el intento familiar del gobierno argentino de un dólar barato antes de las elecciones, la pretensión de bajar la inflación a todo costo (antes de las elecciones), o la postergación de decisiones difíciles (flotación cambiaria, ajuste del tipo de cambio) para después de las elecciones. 

La política, consciente de sus efectos negativos sobre la economía de una sociedad compleja, procuró lidiar con algunas de estas cuestiones como—-por ejemplo—-limitar la oferta de base monetaria mediante reglas estrictas de expansión regulada (como propusiera Friedman) o nuestra famosa convertibilidad (establecida por ley del Congreso). En algunos estados de EEUU, los presupuestos con déficits están prohibidos por sus constituciones. Hace algunos años Warren Buffet, siguiendo intuiciones parecidas, propuso que no puedan ser reelectos los legisladores que aprueben presupuestos no balanceados. Incluso habría que pensar, en esta tradición de restricciones auto impuestas a lo Ulises, a la dolarización que nuestro presidente imaginó cuando era candidato. Se tratan todos estos ejemplos de reglas, ataduras, restricciones, para frenar los incentivos perjudiciales que generan los ciclos electorales.

El siglo XX produjo, sin embargo, un invento aún mejor que estas reglas: los Bancos Centrales independientes. Son el mecanismo que, hasta el momento, mejor ha permitido luchar contra al menos algunos de los incentivos que la política genera y que pueden afectar de manera negativa a la estabilidad macroeconómica de un país. Otra vez, el tema ha sido ampliamente estudiado. La independencia de los bancos centrales depende de normas formales e informales (estas últimas, quizás, sean más importantes que las primeras). Y permite separar a la política monetaria de la política en general, lo que suele generar dinámicas interesantes en las que los políticos “culpan” al Banco Central de malos desempeños, de economías frías, de tasas altas (que controlan la inflación), de aumentos del desempleo, etcétera. En Argentina, lamentablemente, nuestro Banco Central no es independiente. Nunca lo fue, pero desde que su presidente fue echado por decreto en 2010 la máscara—-si es que alguna vez estuvo allí—-se cayó. Y desde entonces, gobierne la izquierda o la derecha, conservadores o progresistas, libertarios o liberales, el Banco Central es una pieza central de la política económica del gobierno que turno. Por estos días, el Ministro de Economía y el presidente del BCRA streamean juntos.

¿Qué podemos hacer frente a este escenario? Poco. La creación de un Banco Central independiente, estructuralmente separado de la política y de sus incentivos, requiere no sólo de reformas legales profundas sino—-quizás—-de reformas constitucionales, prácticamente imposibles de imaginar. También requiere de acuerdos y consensos políticos aún más quiméricos. Por otro lado, los Bancos Centrales independientes son un juguete del siglo XX crecientemente rechazado. Vivimos en una era de desconfianza hacia las instituciones, y los Bancos Centrales son instituciones de confianza. La iniciativa sería, al menos, anticlimática. El problema es tan serio que algunos piensan que hay que eliminar el problema de raíz: las elecciones. No he visto a nadie proponer un sistema sin elecciones (al menos en público), pero Cristina Fernández—-creo que equivocada en la solución pero acertada en el diagnóstico—-sostuvo hace poco que deberíamos votar cada cuatro años y no cada dos. Es decir: propuso extender el ciclo electoral para reducir los incentivos perversos que generan elecciones tan seguidas.

Menos democracia y más estabilidad económica parece un pacto fáustico. ¿No podemos tener las dos cosas? El dilema no es tan complejo: de lo que se trata es de desencajar ciertas decisiones de alto impacto sobre la macroeconomía de los incentivos que tienen los políticos para mantenerse en el poder. El problema de nuestra economía no es, entonces, económico: es institucional. Un episodio más de la crisis del sistema representativo, de la distancia irresoluble entre gobernados y gobernantes que Pierre Rosanvallon diagnosticara hace más treinta años. 

Eso nos pone, necesariamente, en una línea de innovación democrática que—-en otros países, con menos urgencias—-se están explorando, como las asambleas ciudadanas de Finlandia, Irlanda, y Francia y el regreso de instituciones basadas en el sorteo. Algo de eso, quizás, esté en el fondo como solución a la tensión irresoluble que las elecciones generan sobre los procesos económicos, especialmente en países como la Argentina. Todo parece, sin embargo, muy lejano. Pero quizás son opciones que ameriten reflexiones adicionales, tal vez después de las elecciones.

*El autor es profesor de derecho constitucional de la UBA.

AR

Juan Martín Graña, licenciador y doctor en economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), busca presentar una alternativa progresista a la polarización que buscan La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet) en la Universidad de San Martín, profesor de la UBA, especialista en cuestiones laborales, está 11° en la lista a diputados por la ciudad de Buenos Aires del nuevo Movimiento Ciudadano, que encabeza Alejandro Katz y que promueve a Esteban Paulón como senador. Se presenta como de “izquierda democrática” e integra el llamado Grupo Paternal con otros economistas como Martín Kalos, Diana García, Pedro Gaite, Adrián Rojze, Nicolás Bertholet y Ricardo Martín.

–¿En qué se diferencian ustedes de de los libertarios y de Fuerza Patria?

–Nos reivindicamos como una fuerza de izquierda democrática y en ese sentido, evidentemente para el público en general seríamos progresistas y, por ende, estamos bastante en contra de los planteos económicos de (Javier) Milei. Esta idea de reducir al mínimo el Estado, donde el mercado tiene que tener todo. Pero también nos diferenciamos de la otra oferta progresista que sería Fuerza Patria porque pensamos que en la gestión económica tiene que haber ciertas variables razonables. Frente a Milei, decimos que el dólar no puede estar donde vos quieras, No podés hacer una estrategia de apreciación del peso porque efectivamente te lleva a estas corridas cambiarias. Pero, por el otro lado, en una economía donde hemos perdido la moneda por sucesivas devaluaciones, inflación, no podemos tener un Estado que no sea solvente. Entonces no hay que decir que hay que buscar un superávit fiscal, como dice Milei, pero sí tener en cuenta las restricciones de gasto que tiene el Estado para hacer todo lo que creemos que tiene que hacer, que se parece mucho más a un Estado presente que a lo que está construyendo Milei. En esta discusión actual del Congreso, Paulón, que es diputado actualmente, ha votado a favor de la ley en emergencia de discapacidad, en las universidades, en el Garrahan. Creemos en que haya obra pública. Pero evidentemente hay que buscarle la vuelta para que eso no implique que el Estado no sea solvente.

–Paulón votó también en contra de la ley Bases...

–Sí, y obviamente está dispuesto a votar en contra del decreto 70/23, que fue rechazado en el Senado, pero en Diputados no se votó. También votó contra la rebaja de Bienes Personales. Es parte de cómo hace el Estado para financiar lo que tiene que financiar. Nosotros planteamos que es necesario una reforma tributaria que vuelva a poner la carga en los que más posibilidades. Hay que recuperar el impuesto a los bienes personales, que necesita reforma porque está mal diseñado, pero tiene que ser un pilar central. En estos días, Katz hizo un hilo de X discutiendo los regímenes especiales de Tierra del Fuego, de la industria automotriz, de la farmacéutica, de la economía del conocimiento, donde hay un gasto (desgravación) tributario gigante para los resultados económicos que se obtienen. Hay 3,5% del PBI en gasto tributario. Serían impuestos que el Estado deja de recaudar. Es mucho más que el superávit que dice Milei que tiene y que el gasto que de todas estas iniciativas legislativas que el Gobierno veta. Hay que subir impuestos a los más ricos y perseguir la evasión. El Gobierno no está fiscalizando, no está buscando los evasores, los alaba y mismo hemos tenido discursos de la UIA (Unión Industrial Argentina) diciendo que la Aduana es un colador. Ahí hay fuentes de financiamiento muy grandes que el Estado tiene que cumplir y que Milei abiertamente no cumple.

–¿Pero qué pasaría con los trabajadores de la industria de Tierra del Fuego? Sin esa industria, todo sería importado 100% y habría más déficit comercial...

–En el caso particular de Tierra del Fuego hay dos cuestiones. Obviamente hay que buscar una transformación del régimen como para no afectar a los trabajadores, que han ido a vivir a la provincia amparados en ese esquema. Hay que mantener cierta inversión del régimen para transformar la estructura productiva de esa provincia. Pero pensemos en el caso de las divisas: gran parte del régimen es para la compra de kits desarmados afuera y los arman en la provincia. Tampoco es que habría un gasto en divisas muy superior si el régimen se transforma. La pregunta es qué hace Tierra del Fuego. Hay que discutirlo en el Congreso. También hay que discutir los beneficios que se están llevando Mercado Libre, Globant y otras empresas grandes del régimen de economía del conocimiento, cuando efectivamente ya no los necesitan.

–Una diputada de La Cámpora, Luciana Potenza, presentó un proyecto en ese sentido...

–Efectivamente. Y si lo pensamos también con Tierra del Fuego, tenés dos empresas que se apropian de esos beneficios, una vinculada al ministro de Economía (N. de la R.: Luis Caputo, en referencia a su primo Nicolás Caputo, socio de Mirgor). La política económica tiene que apoyar a empresas y sectores para desarrollarse en una lógica público-privada, no de enemigos, sino de cooperación, pero tiene que haber condicionalidad y temporalidad. Yo te doy beneficios para que cumplas ciertos objetivos. No los cumplís, los perdés. Los cumplís, también los perdés, porque si no, se generan rentas y jugadores que se mantienen en situaciones privilegiadas sin aportar al desarrollo económico.

–El sindicato de informáticos presentó una denuncia ante el Ministerio de Economía diciendo que había 21 empresas que incumplían el requisito de mantener el personal para recibir la desgravación...

–Efectivamente. No sé si recordás que el año pasado Caputo y (Federico) Sturzenegger (ministro de Desregulación) festejaban la desaparición de fondos fiduciarios. Uno de los más conocidos es el de integración sociourbana, de construcción en los asentamientos. Otros eran de dirección de estos emprendimientos (N. de la R.: había uno para la reconversión de la industria fueguina). El problema actual de la Argentina no requiere de grandes reformas ni de grandes consensos. Necesitamos una política económica sostenible consistente. Este Gobierno ya lleva tres crisis cambiarias porque insiste e insiste en apreciar la moneda y no lo puede sostener. Tuvimos un blanqueo, un salvataje del Fondo (Monetario Internacional, FMI) y ahora el del Tesoro de Estados Unidos: está mostrando que esta política económica no cierra. Lo que necesita la Argentina es crecer de manera sostenible y continuar un proceso de estabilización sostenible. No apostar a una elección y si sale mal, que reviente todo, que es la lógica de las últimas presidencias.

–¿Rescata algún ministro de Economía de lo que fueron los 17 años que gobernó el peronismo en este siglo?

–Con el estado actual de la economía argentina no habría que destacar a ningún economista que haya ocupado el ministerio. Los últimos 50 años han sido muy lamentables. Pero la lógica más correcta fueron los primeros años del kirchnerismo, cuando se reconstruyó un Estado. Hay un gran déficit del progresismo, sobre todo en cabeza del kirchnerismo: reconstruir las capacidades de un Estado para llevar a cabo la política pública. No se ha reformado la ley de empleo público, no se han generado mecanismos meritocráticos de ingreso y permanencia. Las condiciones salariales en el Estado siempre han sido malas, con mucha precariedad. Cuando viene (Mauricio) Macri, y luego Milei, empiezan a echar y desbaratan el Estado. El kirchnerismo en algún momento perdió la brújula y tanto como Cristina (Fernández de Kirchner), como Macri, después Alberto (Fernández) y ahora Milei, todos buscaron una baja de la inflación abaratando tarifas y el dólar, que son dos cosas insustentables. Tenemos que plantear una política progresista, de transformación estructural, de crecimiento y desarrollo, pero conservando un equilibrio macroeconómico razonable, que es lo que tienen nuestros vecinos, el Frente Amplio en Uruguay, Lula (Da Silva) en Brasil, la Concertación y ahora (Gabriel) Boric en Chile. El kirchnerismo ha pifiado en buscar soluciones de corto plazo a un problema del desarrollo que es necesariamente a largo plazo. Hay que generar una macro que te permita un proceso de crecimiento a largo plazo porque si no, no hay cambio estructural, inversiones, aumento de la productividad que te permita mejorar las condiciones de vida de la población sin entrar en crisis constantemente.

–¿Cómo ve la situación económica a partir del próximo lunes?

–La magnitud de recursos y promesas que ha hecho Estados Unidos respecto al Gobierno y que la crisis continúa muestran que lo que está en debate es el valor del dólar en la Argentina, que se pueda generar crecimiento económico en los próximos dos años. Lamentablemente, después de dos años de jugar a atrasar el dólar, va a haber una corrección cambiaria. Veremos de qué tamaño en función del apoyo de Estados Unidos y el resultado político. Lo que más me preocupa es que va a ser otra devaluación como la de diciembre de 2023, sin compensaciones, y entonces nos vamos a meter en una crisis social aún peor... si no hacen aumentos de jubilaciones, salarios. Las jubilaciones están al mismo nivel que a fin del gobierno de Alberto Fernández. El bono está congelado desde el año pasado. Los salarios de empleados públicos nacionales están 35% abajo. No están en condiciones de sobrevivir una nueva devaluación. No va a ser como la de 2023. No va a haber una aceleración inflacionaria tan fuerte, pero la situación social ya hoy muestra una fatiga, el no llegar a fin de mes está afectando políticamente al gobierno y un nuevo golpe a la economía de las familias va a ser demoledor.

–¿Se evaporará entonces la reducción de la pobreza del 40% en el primer semestre de 2023 al 31% en el mismo periodo de 2025, una estadística que a su vez es cuestionada porque no tiene en cuenta el impacto de la suba de tarifas y alquileres?

–Exacto. Igual el dato de las estadísticas siempre hay que tomarlas con pinzas, no solo en este gobierno. Es muy posible que la canasta básica haya evolucionado mucho menos que la inflación general. Y eso hace que estadísticamente los hogares salgan de la pobreza. Pero efectivamente la situación de no llego a fin de mes es generalizada. Entonces, un pequeño salto de los precios, aunque no sea una cosa exorbitante, va a generar que esos indicadores empiecen a mostrar otra cosa. Si se pierde la esperanza de que esto mejore, que es gran parte lo que ha sostenido el voto de Milei, se va a poner muy complicado.

AR/MG

Los economistas Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt han sido galardonados con el Nobel de Economía en 2025 “por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.

Los tres académicos pertenecen a ambos lados del atlántico. Joel Mokyr está en la Universidad Northwestern (en el estado de Illinois, Estados Unidos); Aghion, en la London School of Economics y el INSEAD de París, y Howitt en la Universidad Brow (Rhode Island, EEUU).

Una mitad del premio, de 11 millones de coronas suecas (cerca de un millón de euros), ha sido concedido a Mokyr por “haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico”.

La otra mitad corresponde a Aghion y Howitt de forma conjunta, por “la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”. “Todavía estoy sin palabras”, declaró Aghion en la conferencia de prensa telefónica, en una primera reacción tras recibir el premio.

Según la Real Academia Sueca de Ciencias, Mokyr ha usado fuentes históricas para revelar el motivo por el que en los últimos siglos el crecimiento económico se convirtió en la nueva norma, frente al estancamiento de periodos anteriores. Así, ha demostrado que, antes de la revolución industrial, a menudo faltaban las explicaciones científicas sobre por qué una nueva innovación funcionaba de forma exitosa y, sin ese conocimiento, era difícil que los inventos se sucediesen los unos a los otros en un proceso con impulso propio.

Además, ha enfatizado la importancia de que la sociedad esté abierta al cambio y a las nuevas ideas.

Por otro lado, Aghion y Howitt construyeron en un artículo de 1992 un modelo matemático de la denominada destrucción creativa, que se refiere al fenómeno de que, cuando un producto nuevo y mejor entra al mercado, las empresas que venden el producto viejo sufren pérdidas.

Los dos laureados mostraron de diferentes maneras que esta destrucción creativa origina conflictos que deben ser gestionados de manera constructiva, ya que de lo contrario las empresas ya establecidas y grupos de interés bloquearán las innovaciones para no verse perjudicados.

“El trabajo de los laureados muestra que el crecimiento económico no se puede dar por supuesto. Debemos apoyar los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no volver a caer en el estancamiento”, ha afirmado John Hassler, presidente del Comité que otorga el Nobel de Economía.

Las mujeres, eclipsadas

El Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

Desde su creación, ha sido otorgado en 57 ocasiones a 99 galardonados entre 1969 y 2025. Fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen, mientras que el premio del año pasado recayó en tres economistas –Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson– quienes estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres y han documentado que las sociedades más libres y abiertas tienen mayores probabilidades de prosperar.

Otros galardonados famosos incluyen a Joseph Stiglitz o al expresidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, quien compartió el premio en 2022 con Douglas Diamond y Philip Dybvig por su investigación sobre la banca y las crisis financieras. Un año después, Claudia Goldin recibió el galardón por su investigación sobre las brechas salariales de género.

A pesar del reciente triunfo de Goldin, los Premios Nobel son notoriamente desiguales, lo que refleja cómo las mujeres han sido eclipsadas por los hombres en la ciencia durante siglos. Solo tres mujeres han recibido el premio de economía, lo que convierte a su lista de galardonados en la segunda con mayor predominio masculino, después del premio de física.

El diputado Itai Hagman nació en 1983 en Jerusalén, adonde se habían exiliado durante la dictadura sus padres argentinos de tradición judía. Pero este economista graduado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que fue presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), después militó en el Movimiento Marea Popular y finalmente se sumó al Frente Patria Grande junto a Juan Grabois, aliados del peronismo desde 2017, repudia tanto el ataque terrorista de Hamas en 2023 como lo que él llama “genocidio” en la Franja de Gaza. Ahora encabeza la lista de candidatos a diputados de Fuerza Patria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

—¿Qué opina sobre lo que está ocurriendo en Gaza?

—Lo que está haciendo el gobierno de Israel es un genocidio. A esta altura me parece inocultable una masacre humanitaria sin precedentes. Si bien han pasado cosas terribles en esos territorios, creo que lo que está pasando ahora supera cualquier límite. Más allá de la discusión de fondo sobre el conflicto, la solución de los dos estados, más allá de las atrocidades que implicaron el ataque de Hamas el 7 de octubre (de 2023) y de los rehenes, que por supuesto son víctimas y merecen la lucha por su libertad, nada de eso ni justifica ni puede explicar la masacre que están llevando adelante. La posición de la Argentina debería ser acorde a lo que siempre fue: una posición a favor de la paz, por la solución de los dos estados. Y la acción solidaria de esta flotilla tiene toda mi solidaridad.

—¿Qué opina del caso de José Luis Espert?

—Nosotros venimos trabajando bastante toda la investigación de este proceso desde hace varios años. Además, el dato novedoso de la última semana fue la aparición de esta evidencia nueva, que son los US$200.000. Durante todos estos días intentó esquivarla y que finalmente este jueves la tuvo que asumir. Ahora, el video que publicó lo sigue incriminando porque sigue mintiendo. Está demostrado que no fue un solo viaje el que hizo en el avión de Fred Machado. Hay por lo menos 35 viajes más. La excusa de que fue un pago por una consultoría con una minera de Guatemala lo incrimina aún más. Está probado que Machado utilizaba empresas mineras, en particular en Guatemala y también en Argentina, para lavar dinero, con lo cual eso lo sigue llevando a la ruta del dinero del narcotráfico. Por supuesto, es absolutamente inverosímil. Yo estuve preguntando a gente que labura en consultoría internacional y me dijo que no existe que te den US$200.000 por adelantado y encima después no hagas la consultoría y te quedes con la guita. ¿Debería renunciar? Debería La Libertad Avanza correrlo de la lista (de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires) porque si no, son cómplices de una denuncia muy grave y con evidencia muy contundente. Le suma un escándalo de corrupción más al gobierno.

—Ya la boleta única de papel está impresa. Si se baja la candidatura, su cara va a seguir apareciendo... ¿o hay posibilidad de reimprimirlas?

—Es un buen punto. La verdad es que no lo había pensado. Será una cuestión de la justicia electoral cómo se resuelve esto.

—Al peronismo se le reprocha cómo va a hablar de corrupción si en sus gobiernos también la hubo, y hasta la presidenta de su partido, Cristina Fernández de Kirchner, está condenada...

—Todos los gobiernos han tenido casos de corrupción, pero como este gobierno no hay antecedentes, no solamente por la magnitud de los escándalos, sino porque todos van a la intimidad del presidente. No estamos hablando de funcionarios de segunda o tercera línea que pueden haber robado. Estamos hablando de la estafa que involucra directamente al presidente de la Nación y a su hermana, el escándalo de la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) que involucra directamente a la hermana del presidente y además a Espert, porque (Diego) Spagnuolo era un íntimo amigo de Espert, además de ser el hombre con más entradas a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada en este año y medio de gobierno. Y el escándalo del narcotráfico, que también involucra a Milei, que comparte abogado con los narcos. Me parece que no son casos comparables. Y el caso de Cristina es emblemático porque no le pudieron probar hechos concretos. En todo caso, que no pudo no saber que determinado funcionario pudo haber robado, lo cual jurídicamente me parece muy débil. Y la Corte Suprema, que tardó días en dejar firme su condena, tiene hace casi cuatro años el expediente de Machado y no lo extradita, con lo cual la doble vara es muy evidente.

—Usted y Mariano Recalde como candidato a senador tienen el desafío de hacer un buen desempeño en la capital, que es muy hostil hacia el peronismo o el progresismo desde la victoria de Aníbal Ibarra a jefe de gobierno en 2003... ¿Cómo piensa conquistar un electorado que pareciera que ya lo condena al segundo puesto?

—Me parece que hay un cambio de situación en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver no tanto con la coyuntura nacional, sino con el declive de una fuerza política que fue hegemónica durante muchos años, el PRO. Esa hegemonía ya no existe más. La Libertad Avanza tomó su lugar, pero no es una fuerza con las mismas características. Y esto nos da una gran oportunidad para esta elección en particular, por lo que está en juego a nivel nacional con Milei. Y también nos da una gran oportunidad pensando en 2027 para disputar la ciudad.

—Su candidatura viene a renovar este espacio, Recalde es una figura más repetida...

—Y te agrego a (Leandro) Santoro, que fue nuestro candidato en mayo y es la figura que proyectamos para disputar la ciudad en 2027. Es una buena lista, que combina gente que ya venía protagonizando listas con gente que no, como es mi caso. No es un fenómeno solamente de la ciudad. La lista de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe es encabezada por Caren Tepp, que también representa algo novedoso, no porque sea nueva ella, somos todas personas que militamos desde hace más de 20 años, pero es novedad que nos toca protagonizar listas. También en la lista Provincia de Buenos Aires hay componentes novedosos e importantes como el caso de Juan (Grabois) y la propia candidatura de (Jorge) Taiana en su medida. Puedo poner más ejemplos del resto del país, pero me parece que el peronismo está dando cuenta de que requiere cierta oxigenación, que nunca es absoluta, siempre es una combinación.

—¿La atomización de la tercera fuerza en la capital puede favorecerlos en el reparto de bancas o no necesariamente?

—Eso depende. El sistema es muy difícil: depende de cuántos votos saque uno, te puede terminar beneficiando o perjudicando. Lo que sí te puedo decir es que la atomización de ese espacio no tiene que ver con una cuestión electoral. Tiene que ver con la falta de identidad de un espacio que no se pudo posicionar con claridad frente al proceso que está viviendo la Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. Tenemos un espacio que ha tenido un comportamiento muy especulativo. Por momentos ha sido muy funcional al gobierno de Milei, que le ha habilitado las leyes más importantes bajo su gestión, la ley Bases, la vigencia del DNU (decreto de necesidad y urgencia) 70, y por momentos ha tenido posiciones más contrarias.

—¿Cómo ve la situación económica de acá hasta las elecciones y después?

—Muy delicada. Acá hay un esquema macroeconómico que se demostró no sustentable, que requiere cada seis meses un salvataje extraordinario. Evidentemente no funciona. Esto no tiene que ver con el contexto preelectoral. Ya el año pasado, después del primer semestre de ajuste y recesión, la macroeconomía empezó a manifestar su desequilibrio a través de la suba de los dólares, y el Gobierno necesitó un blanqueo extraordinario de inyección de divisas para estabilizar la economía. Luego, en el verano de 2025 otra vez pasó lo mismo y el Gobierno fue al Fondo Monetario. Le pidió US$20.000 millones adicionales a los que ya le debía la Argentina. Y ahora nuevamente va directamente a los Estados Unidos, combinando esta baja de retenciones para tener dólares frescos con las gestualidades del secretario del Tesoro norteamericano. Este esquema tiende a explotar y encima el costo social que le hicieron pagar al pueblo argentino ha sido totalmente inútil. Eso es lo que más bronca da. Es un proceso donde la economía real, la productiva, las industrias, están en una crisis muy grave. Estuve recorriendo bastantes fábricas y comercios en esta campaña y todo el mundo me transmite que es la peor situación en mucho tiempo, peor que con (Mauricio) Macri, peor que en los 90, porque la combinación de caída del consumo y apertura importadora los tiene al borde del precipicio. Hemos perdido más de 150.000 puestos de trabajo registrados en Argentina este año y medio. Más de 15.000 empresas cerraron. El salario se ha transformado en un ancla para la frágil estabilidad macroeconómica, con lo cual no hay ninguna perspectiva de recuperación hacia adelante. Y a rigidez fiscal del Gobierno garantiza que estemos en esta lógica de achicamiento y ajuste perpetuo.

—¿Vamos a una crisis como la de diciembre de 2001?

—Si no frenamos esto, si el proceso continúa, nos lleva lamentablemente a una nueva crisis de esas magnitudes. Yo trabajo para evitarlo. No quiero que pase eso porque los que terminan pagándolo con su sacrificio y muchas veces con sus vidas son los sectores populares. Estas elecciones legislativas son una oportunidad. Si logramos ganar las elecciones y construir una mayoría en el Congreso, podemos frenar este proceso de destrucción que se puede llevar puesto a instituciones muy importantes para la Argentina como el hospital Garraham o las universidades públicas, que nos llevaron muchas décadas construirlas. Si este gobierno las destruye, nos va a costar mucho revertirlo. Lo mismo que la privatización de empresas estratégicas como NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA). Y además agrego un elemento adicional que apareció esta última semana, que es la absoluta delegación en una potencia extranjera de la gestión política del país. Hoy vemos que los actores del poder económico y político están más atentos a las declaraciones de Scott Bessent (secretario del Tesoro de EE UU) que a las declaraciones de (Luis) Toto Caputo (ministro de Economía). Hoy también tenemos un problema de soberanía y de democracia, porque nadie votó a Bessent para que gobierne los destinos de este país. Votar a Fuerza Patria es evitar que el país que quede totalmente subordinado a los intereses de un país extranjero.

—¿Qué se puede hacer para evitar esa crisis de 2001?

—Construir una mayoría parlamentaria que le imponga al Gobierno un camino distinto, que le impida seguir tomando más deuda externa. Acá hubo un mensaje muy contundente en las urnas el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno no escucha ese mensaje, no asume que la economía no está andando bien. Para que este gobierno realmente se dé cuenta de que la sociedad está rechazando estos proyectos de destrucción, tiene que haber un nuevo mensaje muy contundente en las urnas el 26 de octubre. Soy optimista respecto a que si logramos que ese mensaje, vamos a revertir esta situación.

—¿Valora algo de lo que se hizo en estos dos años? Por ejemplo, la reducción del déficit fiscal, aunque claro que fue hecha a costa de ajustar lo que ustedes rechazan ajustar, como universidades, Garrahan, jubilados, discapacidad. O la baja de la inflación, si bien corre riesgo si hay devaluación...

—Si el Gobierno realmente tenía voluntad de ir hacia el equilibrio fiscal, consensuando con el Congreso, había caminos alternativos que le implicaban al pueblo argentino mucho menos sacrificio. Por ejemplo, el costo fiscal de la ley de emergencia pediátrica, la de discapacidad y la de financiamiento universitario sumadas representa menos de lo que perdió el Estado por recaudar al bajar el impuesto a los bienes personales, que paga un porcentaje muy chico de la población, los que tienen mayor patrimonio, un impuesto a la riqueza. El Gobierno decidió no transitar ese camino por razones ideológicas y seguramente por algunos tongos. Y que la inflación bajó es un dato. Ahora la pregunta es: ¿a la gente le cuesta más o menos llegar a fin de mes? Le cuesta más porque aumentaron las tarifas una barbaridad, porque el alquiler aumenta permanentemente. Encima no es sustentable por la fragilidad macroeconómica que estamos viendo día a día. Me parece muy interesante que discutamos transversalmente en la política argentina qué necesitamos en términos fiscales y cómo hacemos para garantizar un equilibrio macroeconómico que a su vez sea compatible con la justicia social. Pero no lo veo al Gobierno embarcado en esa discusión, sino en una cruzada ideológica para beneficiar a un pequeño sector de la población y destruyendo a su paso las condiciones de vida de la población y el entramado productivo del país.

—Si gana Fuerza Patria, va a ser un duro golpe para este gobierno, que ya de por sí es débil y va a quedar más debilitado todavía.. ¿no habrá mayor inestabilidad económica?

—La inestabilidad la genera el propio gobierno. Hace una semana me vino a ver un grupo de fondos de inversión. Hicieron un recorrido por distintos sectores políticos de la Argentina y estaban de acuerdo conmigo cuando les decía que el principal factor de inestabilidad macroeconómica tiene que ver con que el Gobierno no logró acumular reservas y mostrar un horizonte de pago para los acreedores. Esa idea del riesgo kuka es un invento que no se creen ni siquiera...

—Yo no digo el riesgo kuka, pero el mercado se pregunta cómo va a gobernar los próximos dos años un Milei que ya de por sí arrancó con pocos diputados y senadores...

—Pero contó con otras cosas: el nivel de apoyo del poder económico y geopolítico con el que otros gobiernos no contaron. Pero si el Gobierno pierde las elecciones, lo que tiene que hacer es cambiar. Si no, efectivamente va a entrar en una situación de ingobernabilidad y de debilidad extrema. Tiene que escuchar el mensaje de las urnas y dar cuenta de lo que la sociedad le está pidiendo. No te estoy diciendo asumir el programa económico de Fuerza Patria, pero tiene que incorporar cosas. Esto de estar vetando las leyes que buscan aliviar la situación de la gente, incluso no aplicarlas, violando la ley y la Constitución, cuando el Congreso insiste, es un camino que la sociedad le está marcando que no va.

AR/CRM

Es posible que el presidente Javier Milei no cante como La Mosca “hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana”, pero ahora economistas y brokers prevén que la economía llegará peor a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre que como arribó a las bonaerenses del pasado día. Él y la inmensa mayoría de los encuestadores creían que su proyecto político era muy popular, pero los recientes comicios, en los que votaba el 37% de los argentinos, demostraron que sólo satisfacía a un tercio de la población. ¿El mismo tercio más rico que venía impulsando el consumo desigual?  

“Veo a la economía tratando de sacarse de encima ciertas incertidumbres, pero no resulta fácil”, observa el exviceministro de Economía Daniel Marx, de la consultora Quantum Finanzas. Su colega Francisco Eggers, profesor de la Universidad de La Plata, la describe como “complicada”.

“El gran tema es la cuestión cambiaria: ¿aguanta el techo de la banda, o no?”, se pregunta Eggers mientras el mercado ya está a punto probar a ver si el Banco Central empieza a gastar los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para contener la moneda norteamericana en el mercado mayorista en el máximo de $1.472. Hoy está a $1.460. El minorista, a $1.475. “Depende de la presión que tenga, y también de que sea verdad que el FMI autorizó al Gobierno a usar los fondos del programa para sostener el tipo de cambio. La verdad, para mí, ambas cosas son una incógnita”, continúa.

“Por lo demás, el crecimiento del nivel de actividad en el segundo semestre del año pasado se transformó en meseta en el primer semestre de este año, y no me extrañaría que tienda a nuevo declive en este segundo semestre”, continúa el profesor de La Plata. “La situación real de la gente no va a cambiar mucho en estas semanas, salvo que haya una devaluación fuerte, que tendría impacto en la inflación. Puede haber un aumento de la incertidumbre, que repercute en términos de malestar.”

“De la acumulación de reservas de acá al 26 de octubre, olvidate, lo mejor que puede pasar es que no se pierdan demasiado”, apunta Eggers a una de las demandas del mercado que explican la desconfianza en el peso. El temor a que el plan económico y hasta el propio gobierno de Milei naufrague también influye. 

“El Gobierno perdió una gran oportunidad al comprar muy pocas reservas durante la temporada alta de liquidación de la cosecha, y ahora se encuentra con que le va a resultar difícil volver a tomar endeudamiento externo”, apunta el ex funcionario de la Secretaría de Finanzas. Es que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, soñaban con una secuencia que no se dio: que un triunfo electoral permitiera bajar el riesgo país, refinanciar los futuros pagos de la deuda y emprender reformas tributaria, laboral y jubilatoria que atraigan inversiones y crecimiento duradero. 

“La apuesta era que todo se calmara con las victorias oficialistas. Eso, para mí, era no entender la cuestión de fondo, que el esquema cambiario no es sostenible más allá de lo político”, reflexiona Eggers. “Pero la derrota en provincia acelera las cosas. El riesgo país está muy alto, impide emitir bonos en dólares, y los inversores internacionales que compraron Bonte 2030 hasta ahora perdieron feo, lo que hace poco probable colocarles nuevamente bonos en pesos”, se refiere al título que colocó Caputo a quienes convertían sus dólares a moneda nacional a cambio de tasas altas.

La consultora británica Oxford Economics tampoco lo ve bien. “El Gobierno se enfrentará a una disyuntiva política crucial a pesar de los resultados de mitad de mandato. En nuestro escenario base, la administración de Milei pasa de priorizar el control de la inflación a centrarse en la acumulación de reservas y aborda la sobrevaluación del 20% del peso argentino para fomentar una entrada constante de dólares. Sin embargo, este cambio podría acarrear costos políticos en las elecciones de 2027”, plantea un mal futuro político para el libertario el informe de Oxford, que redactó Mauricio Monge. 

“En el escenario alternativo, Milei mantiene su enfoque en controlar la inflación mediante la intervención continua en el mercado cambiario”, plantea la consultora europea. “Sin embargo, este enfoque se basaría en tasas de interés reales elevadas, que lastran la actividad económica. Este escenario supone que Milei conservará el respaldo de los inversores internacionales, una suposición cada vez más incierta a medida que aumentan las críticas a su gestión del tipo de cambio porque se percibe ampliamente como una estrategia electoral en lugar de un enfoque político sostenible”, añade Monge dudas sobre el plan económico de Milei y Caputo.

En la sociedad bursátil GMA Capital, Franco Borchi y Leandro Otero pronostican el estado económico para las próximas elecciones. “Preveo la misma volatilidad que para las pasadas, la actividad muy golpeada y la desconfianza, con más vetos de Milei volteados en el Congreso, podría empeorar todavía. Por ahora es un aguantar hasta las elecciones, después vemos”, analiza Borchi.

“Si el Gobierno vuelve a tener una derrota y el mercado no lo descontó antes, como pasó en provincia, entonces vamos a volver a tener un lunes peor que el 8 de septiembre, y claramente un mercado cayendo es peor para todos”, conjetura Borchi. De todos modos, aún confía en que la esperanza del estabilshment de emprender reformas estructurales no se cae: “Si pierden en octubre, va a ser más difícil, pero van a tener que negociar mucho con otros partidos. Habrá un escenario de mayor ajuste en caso de que no puedan pasar sus reformas”.

“La economía llegará a la elección con poco margen de maniobra en lo financiero y lo que es peor, en lo económico”, avizora Otero. “Habría buenas perspectivas si lograra apoyo para efectuar reformas que el país necesita, como las impositivas y laborales, pero en un contexto de disociación acelerada entre la administración nacional, las provincias, la oposición y los actores sociales, veo un futuro más que desafiante. Si las elecciones no son favorables a esta administración, dudo sobre cómo lo va a tomar emocionalmente y qué podría detonar, mientras su votante de 2023, el 55%, podría impacientarse”, concluye Otero.

El analista político Ignacio Labaqui opina que el resultado electoral bonaerense abrió cuatro incertidumbres. La primera, cómo le irá a La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre. La segunda, la gobernabilidad después de ese comicio si este gobierno en “hiperminoría” parlamentaria le obtiene un porcentaje mediocre (30%) en las urnas. 

La tercera incertidumbre, el pago de la deuda, dado que el riesgo país se explica por la falta de acumulación de reservas y por las dudas sobre “cómo va a gobernar en los próximos dos años, con menos espacio para sostener el ajuste fiscal y sin espacio para reformas estructurales, que requerían de un resultado contundente”. La cuarta, quién ganará en 2027. 

El sueño reeleccionista de Milei se oscurece. En el peronismo asciende la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que no sólo salió airoso de la apuesta de adelantar sus elecciones, pese a la oposición de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sino que también a la semana de su victoria abrió un antes y un después concediéndole una entrevista a Clarín, diario que maltratado a ambos históricamente. ¿Acaso Héctor Magnetto, accionista del grupo, ven en Kicillof un Lula da Silva, que pasó de ser un iracundo gremialista de izquierda a un presidente socialdemócrata respetuoso de la sustentabilidad fiscal para emprender sus políticas productivas y sociales?

¿O será acertada la versión de al menos dos operadores políticos de que Magnetto, Paolo Rocca, al frente del grupo Techint, y otros socios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) tejen en las sombras un plan B por si otra derrota electoral en octubre termina con el gobierno de Milei? ¿Impulsarían al futuro diputado y exgobernador cordobés Juan Schiaretti como presidente nombrado en asamblea legislativa, como Eduardo Duhalde en 2002? ¿O son el expresidente Mauricio Macri y consulto político Guillermo Seita quienes lo impulsan, tal como indican otros analistas politicos? Imposible de confirmar, pero hasta el periodista Joaquín Morales Solá habló la semana pasada de la hipótesis Schiaretti presidente. La idea es sostener el giro económico liberal de Milei, pero con un presidente cuerdo, con un gobierno más sólido de coalición de gobernadores y sin el festival de importaciones con el que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, descansó en la cara a Rocca.

Pero volvamos a la economía. Dos académicos de la materia especulan sobre lo que acontecerá, pero bajo la condición de anonimato. Son tiempos sensibles. “El golpe político que recibió el plan fue tan duro que se va a necesitar una reformulación profunda”, confiesa uno de ellos. “Por ejemplo, probablemente van a tener que flotar sin bandas. Ello es así porque tienen que acumular reservas sí o sí y eso necesita un dólar que por ahí está ariba de la banda superior. Pero la reformulación sólo la pueden hacer después del 26 de octubre, antes no tienen cómo generar apoyo político suficiente. Por lo tanto de aquí a octubre van a empujar con la panza como puedan. La volatilidad va a seguir, sobre todo en bonos y acciones. El dólar puede ser que no se les vaya porque el FMI, aparentemente, los dejó que vendan parte de lo que nos prestó para sostener la banda. Pero dependerá del día a día porque cuanto más vendan ahora más difícil después al reformular. El nivel de actividad va a tener sesgo más recesivo y la oposición se envalentonó y pueden impulsar protestas”, finaliza el primero de los académicos. 

“Con salarios no pasa nada y se paró el crédito privado, que fue un motor clave de la reactivación”, advierte sobre el bolsillo de la gente. “El plan del Gobierno no se cayó por el resultado bonaerense porque nunca estuvo erguido… Todo lo que hizo fue apostar a bajar la inflación manipulando el tipo de cambio. En planes anteriores en que se hizo esto pasó lo mismo: mientras bajaba la inflación, la gente feliz. Pero, cuando los mercados ven que atrasás el tipo de cambio y no tenés reservas, tarde o temprano te lo hacen notar. Se lo advirtieron muchos economistas, pero la respuesta fue ‘comprá campeón’”, recuerda la frase de Caputo cuando el dólar valía $1.220 hace dos meses nada más.

El otro académico complementa: “La economía ya está sufriendo esta transición de medio término. Las perspectivas ya son malas, pero hay algo por encima de todo que es prioritario y es la estabilidad del sistema financiero. Mientras el sistema esté firme, la tormenta se va a poder campear y lo que quedan son efectos reales, que ya los hemos visto, en la actividad y nominales en el dólar. Yo no creo que la inflación repunte en este contexto, pero el votante va a llegar a las urnas mal o peor”. La preocupación por la salud de los bancos comenzó a cundir en el mercado por las tasas altas y volátiles y los elevados encajes bancarios para frenar el dólar, pero el Gobierno empezó a desandar esa receta la semana pasada por presión del FMI. “La combinación de dolarización inducida y secado de la plaza en pesos es una pinza que puede llevar a un contexto de fragilidad financiera, que abre otro capítulo”, advierte el académico, que espera esta política monetaria haya cesado.

AR/MC

Así como alguna vez Tolstoi escribió que “si quieres ser universal, habla de tu aldea”, para contar cómo está la economía de la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Axel Kicillof y vota el 37% de los argentinos, se puede visitar el pueblo de 12.000 habitantes que hace dos años votó casi igual que el resto de los argentinos: acá ganó en primera vuelta Sergio Massa con el 38% y en la segunda, Javier Milei con el 54%. Hay quienes vienen los fines de semana a Suipacha –su nombre proviene de la batalla por la independencia que libró el general Antonio Balcarce al lado de un río boliviano que en quechua significa “tierra del diablo”– para conocer la Ruta del Queso, pero su principal fábrica es de leche, La Suipachense, que está paralizada desde hace una semana por el retraso del pago de salarios de julio –debe el 30%– y agosto y el despido de nueve de los 143 empleados. La firma tenía el 3% del mercado nacional de leche.

La empresa, propiedad de unos hermanos venezolanos antichavistas que la compraron en 2012, Manuel y Carlos Fernández, del grupo Maralac, aduce tres problemas. Primero, los precios bajos de la leche, fruto del éxito de Milei en la reducción de la inflación. Segundo, el alto costo de producción, vía sobrevaluación del peso, algo que por ahora festejan los tamberos como el presidente de la Sociedad Rural de Suipacha, Marcelo Lizziero, porque pasaron de recibir US$0,25 por litro a 0,40, pero ahora están como sus colegas uruguayos y eso explica que entre leche de su país, Conaprole, más cara que La Suipachense y las marcas de supermercados, pero más barata que La Serenísima, Las Tres Niñas, Milkaut, Tregar o Verónica –otra láctea en crisis, como Sancor–.

Por último, las altas tasas de interés, con las que Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, buscan sostener el peso, afectan a todas las empresas, incluida la láctea del pueblo. No es casualidad que en ese contexto La Suipachense haya emitido 300 cheques rechazados por $3.000 millones. Además deben cientos de millones de pesos a los empleados y alrededor de $100 millones tanto a la cooperativa de luz y gas Coesa como a la estación de servicio, que le dejó de vender combustible.

“Las empresas que realmente tratan de hacer las cosas prolijas están yendo muy bien, pero esta empresa está manejada por gente que no tiene absolutamente nada de idea de industria láctea, cada vez produce menos”, ataca el secretario general de la seccional Chivilcoy de la confrontativa Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), Cristian Fenoglio, tras una reunión de mediación del Ministerio de Trabajo bonaerense con la empresa, que propuso reactivar la planta con la mitad del personal. El gremio rechaza la propuesta y pide la reincorporación de los nueve acusados por la patronal de tomar las oficinas en plena protesta y hasta de “secuestrar” a los gerentes.

Huele a choripán. Los obreros mantienen un tinglado de protesta al lado de la planta, en las afuera del pueblo, y ahí instalaron una parrilla. Uno de ellos comenta que ahí la gran mayoría son peronistas, pero algunos votaron por Milei. ¿Están arrepentidos? “Los estamos convenciendo”, responden sus compañeros.

“Pero lo que tenga que ver con la parte de importación viene a pelearte también el mercado interno”, admite Fenoglio. Sin embargo, descarta que la importación de leche uruguaya sea la razón de la crisis de La Suipachense. No es lo mismo lo que sucede acá que en industrias como la de la moda.

A Suipacha se llega desde la ciudad de Buenos Aires tras 129 kilómetros de camino, incluida la ruta 5, donde quedó a medio hacer la autopista. Al costado del peligroso camino de un carril de ida y otro de vuelta, lleno de camiones, está alisado el terreno para ampliarlo y algunas máquinas paradas. Se trata de otra de las obras públicas que Milei detuvo apenas comenzó su gobierno. Habrá que confiar en su proyecto de concesiones privadas, con peajes que cuadripliquen los actuales, para esperar a que se reactive el sueño de transitar por una ruta con menos accidentes.

A los costados, campos con vacas, algunas con destino de faena, otras para la lechería. Este mes se siembra maíz; el próximo, soja. La producción agropecuaria inyecta dinero al pueblo, acá no se vive del Estado, pero el empleo viene de fábricas de leche y quesos, el comercio y la municipalidad. Al llegar se entra por la calle Padre Brady, asfaltada como todas las del centro del pueblo, pero a los costados hay otras de tierra y barro, según llueva. Casas bajas de un solo piso, muchas pick ups, plateados camiones cisterna de transporte de leche. Un viejo Volkswagen Polo rojo con megáfono da la vuelta a la plaza principal, la Balcarce, donde están el municipio y la iglesia, llama a votar por Fuerza Patria.

El intendente, Juan Luis Mancini, es un camporista que fue seminarista. Sin plata, pocas obras pudo hacer en estos dos años, según algunos vecinos. Sin embargo, ahora la provincia puso en marcha la remodelación de la plaza Belgrano. Ahí, como en otros rincones de Suipacha, hay carteles de Fuerza Patria, otros con el lema “Kirchnerismo nunca más” de La Libertad Avanza (LLA,. su lista de candidatos a concejales despierta poca confianza por sus curriculum y sus apoyos con pasado narco) y los de Potencia, de Ricardo López Murphy, donde se enrolaron los radicales suipachenses, que se ilusionan con vencer al menos en la elección municipal (temen el corte de boleta a favor de LLA para legisladores provinciales).

En las manzanas alrededor de la Balcarce están los comercios clásicos de las pequeñas ciudades del interior, como la heladería Grido y la casa de electrodomésticos Márquez. Una talabartería, tradición de campo, y un local de tatoo, como para dar actualidad. Sonidos de pájaros y bicicletas. En uno de los dos restaurantes que funcionan en días de semana, el del Club de Comercio, jubilados juegan cartas al fondo. Ahí ya se siente que los empleados de La Suipachense no van a comer más ni piden más viandas. Los sábados y domingos abren otros comedores para turistas que vienen a pasar el día.

“Para Suipacha, el cierre de La Suipachense lamentablemente va a ser un impacto muy duro porque en un pueblo donde hay 7.000 personas activas con sueldos relativamente bajos que 140 sueldos no se paguen, y son sueldos importantes, los más altos del pueblo, va a repercutir en toda la cadena económica del pueblo”, advierte el gerente general de la cooperativa Coesa y productor agropecuario, José Luis Kelly. “Todas las personas que tienen cuotas en comercio... Los proveedores como nosotros vamos a sufrir el problema del no cobro de factura”, lamenta Kelly, que espera un “renacimiento, a la medida que tiene que ser, de esta fábrica”.

En la puerta de una pañalera céntrica está pegado un cartel de solidaridad con los trabajadores de La Suipachense. En la misma cuadra la láctea tiene local propio con otro papel colgado: “Cerrado hasta nuevo aviso”. Enfrente, sentado junto a Kelly en la oficina Coesa, el presidente de la Rural local no prevé un impacto en los tamberos de la zona, que hace años dejaron de proveer a La Suipachense, que arrastra problemas de pago de larga data. “El que se quema con leche...”, bromea Lizziero. La firma se abastece de productores de otros partidos, como 9 de Julio. Por eso, los ganaderos suipachenses anda bien, según el dirigente.

“Con la carne y la leche estamos mucho mejor que en los últimos 20 años”, apunta Lizziero al kirchnerismo, “pero todavía está complicada la producción de cereales porque los márgenes son muy chicos, pese a la baja de retenciones, hay esperanza de que bajen más”. En cuanto al ingreso de leche uruguaya, el ruralista lo atribuye a “cierto atraso cambiario”, pero considera que no es ese problema sino otros que se arrastran de hace años lo que explica la crisis varias industrias lácteas.

La Suipachense nació como cooperativa de tamberos hace 78 años. En los 90, en la oleada de inversiones extranjeras, la chilena Santa Carolina la compró. Más tarde llegarían los venezolanos Fernández, que armaron una láctea llamada ARSA, con conflictos también en sus otras plantas, una en Monte Cristo (Córdoba) y otra en Arenaza (provincia de Buenos Aires).

Frente a la fábrica, en un taller de reparación y soldadura de camiones cisterna de leche miran con preocupación a su vecina. “Esto influye en el transporte: si no hay movimiento de leche, me pega. Tenemos que trabajar con el transporte de afuera, no el de esta empresa”, comenta el mecánico Alejandro Aguilera.

“En Suipacha, el comercio está muy variado, como en todos lados, algunos mal y otros mejor, pero lo de la Suipachense nos va golpear mal”, advierte el presidente del Centro Económico del pueblo, Pablo Braghi. “Las pymes están peleándola, quizás la inflación nos tapaba problemas que teníamos y hoy en día debemos cuidarnos de cualquier gasto”, agrega.

En uno de esos comercios de Suipacha, una empleada reconoce que las ventas andan flojas. Que ha perdido la esperanza en la Argentina. Que sueña con que sus hijos emigren. Votó a Milei en 2023. Prevé votar a LLA el domingo porque considera que hay que darle más tiempo al presidente. Otro vecino lo califica como “lo menos malo”. ¿Acaso ya no queda nada bueno?

Pero más allá de las elecciones, a los suipachenses les inquieta el futuro de su principal empresa. En un pueblo tan chico no hay Uber que vaya a generarle unos mangos a los eventuales desempleados. Su vida tranquila puede alterarse si se aquieta aún más.

AR/MG