El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Salud, Mario Russo, publicaron este miércoles el decreto que define cómo se desregula la cobertura de salud, después de que en diciembre el decreto de necesidad y urgencia (DNU) permitiera que las prepagas actuaran como obras sociales. Hasta ahora, el trabajador formal y su empleador debían derivar aportes a una obra social, en general sindical, y a su vez esta podía acordar que la prestación fuera dada por una empresa de medicina privada. Ahora ya no será necesaria esa intermediación: el empleado, el autónomo o el monotributista, según el caso, podrá optar por una obra social o una prepaga. También se permite que sigan en vigencia los convenios entre unas y otras.

Pero en las prepagas advierten que es falso que el aporte directo a ellas vaya a reducir el valor de la cuota por la desintermediación, tal como pregonan los libertarios. El asunto es así. El trabajador debe derivar el 9% de su salario bruto a la obra social, que ahora puede reemplazarse por una firma privada. A su vez, el empleador aporta otro 6%. De ese 15%, las obras sociales que tienen acuerdos con prepagas hasta ahora les transferían 12% o 13%. Se quedaban con un peaje del 2% o 3%. Supuestamente, eso es lo que ahora podría abaratarse la prepaga. ¿Cómo? El aporte obligatorio seguiría siendo el mismo, pero sucede que no alcanza para cubrir la cuota de la compañía privada, que por eso suele exigir un pago aparte de bolsillo. Este extra suele ser de un monto equivalente al 15% de contribución total empleado y patrón, aunque depende de la cobertura. O sea que en teoría este 15% de cuota podría reducirse a 12% o 13% si se elimina el peaje de la obra social. “Falso”, insisten en la Unión Argentina de la Salud (UAS).

¿Por qué? Porque la retención de la obra social es utilizado para coberturas que no dan las prepagas. Veamos. Hasta ahora, las obras sociales sindicales aportaban un 15% del aporte del 15% del trabajador a un llamado Fondo Solidario de Redistribución, que asiste tratamientos crónicos o prolongados, incluidos los de drogadicción, alcoholismo y discapacidad. Con la nueva reglamentación, las prepagas deberán enviar un 20% del aporte a ese fondo. Como era un gasto que no estaba en su presupuesto hasta ahora, deberán elevar la cuota, según reconocen. “La desregulación de la salud aparece como una medida contra los gremios, pero es un reclamo histórico de ellos que se eliminen los sellos de goma y que las prepagas pongan ese 20% porque las grandes obras sociales sindicales son las principales usuarios del Fondo de Redistribución”, explican en el sector privado.

En el mundo privado reconocen que algunas de las obras sociales con las que mantienen convenios son sólo “sellos de goma”, pero otras más serias se quedan con 8% o 10% del aporte a cambio de ofrecer ciertos servicios como asumir parte o todo el riesgo de ciertos tratamientos muy caros, que incluyen remedios moleculares nuevos como los que se usan para las afecciones de la espina dorsal, por ejemplo. Si ahora el trabajador aporta directamente a la prepaga, esta deberá hacerse cargo de esos medicamentos costosos y demás, con lo que no necesariamente podrá ofrecer una rebaja en la cuota, según admiten en la UAS.

En las prepagas admiten que no competirán contras las grandes obras sociales sindicales, como las de docentes, peones rurales, obreros de la construcción, empleados estatales, camioneros o petroleros. ¿Por qué? Porque ellas cuentan con redes de salud que trabajan a costos muy bajos, instaladas en lugares del país donde otros no llegan, porque hay clínicas privadas que les cobran más a las prepagas que a las obras sociales y porque los sindicatos ofrecen a sus afiliados servicios que OSDE, Swiss Medical, Medifé, Galeno, Sancor Salud, Medicus o los hospitales Italiano, Alemán o Británico no prestan, desde turismo y recreación hasta útiles escolares.

El Gobierno afirma que la reglamentación de la desregulación de la salud apunta a “darle libertad de elección a los beneficiarios e impulsar la libre competencia entre obras sociales y empresas de medicina prepaga”. “Esta medida incluye un universo de 14 millones de trabajadores en relación de dependencia tanto del sector público como privado, los monotributistas, las empleadas domésticas y los jubilados y pensionados nacionales”, explica un resumen del Ministerio de Salud.

“Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo”, destacan en el Ejecutivo. “Podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral”, añaden.

“Aquellos beneficiarios que cuentan con cobertura de salud a través de una obra social con convenio a una prepaga podrán continuar con esta modalidad de prestaciones de salud”, aclaran en el Gobierno. También ratifican la liberalización de precios que estableció el DNU y que provocó fuertes saltos en las cuotas y la reacción de afiliados rebajándose de plan, recurriendo a la Justicia o renunciando a la prepaga para ir al hospital público: “El Gobierno no regulará los precios de las cuotas ni intervendrá en los modelos de contratos entre las prepagas y los prestadores. Tampoco se fijarán aranceles mínimos obligatorios a los prestadores públicos y privados”. Dos millones de personas son afiliadas directas de la medicina privada y otras 4 millones hasta ahora tenían esta cobertura pero con la intermediación de obras sociales. “En caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga, la Superintendencia de Servicios de Salud no transferirá la cobertura de salud de sus afiliados a otros prestadores”, aclaran en el Ejecutivo.

AR/MG

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el decreto que desregula las obras sociales para los trabajadores que están en relación de dependencia tanto del sector público como del privado, sindicalizados, monotributistas, entre otros, con su publicación en el Boletín Oficial.

El Decreto 170/2024 lleva la firma del presidente Javier Milei; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y del responsable de la cartera sanitaria, Mario Antonio Russo.

La norma establece “el derecho a la libre elección podrá ser ejercido por los afiliados titulares de los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660, entre cualesquiera de las entidades incluidas en dicha norma, con la excepción prevista en el artículo 9°”.

La libre elección podrá ejercerse por el pazo que determine la autoridad de aplicación y se hará efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud, dice el decreto.

Además, especifica: “El plazo mínimo de permanencia no resultará aplicable para aquellos beneficiarios que, encontrándose afiliados a un Agente del Seguro de Salud, hayan elegido a una entidad de medicina prepaga como prestadora de su cobertura médica y esta se encuentre inscripta en los Registros establecidos en el inciso b) del artículo 5° de la Ley Nº 26.682 y en el artículo 6° de la Ley Nº 23.660. En este último supuesto podrán ejercer el derecho a la libre elección hacia esa misma entidad de medicina prepaga”.

El decreto instruye a la Administración de Federal de Ingresos Públicos y a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar las medidas complementarias y deroga los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 9 del 7 de enero de 1993, el Decreto 638 del 11 de julio de 1997 y la Resolución Conjunta 170 del exministerio de Salud y Acción Social, así como el Decreto 334 del exministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, y el 241 del exministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 18 de marzo de 1998.

“El presente decreto comenzará a regir el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial”, concluye la norma.

Otro de los puntos a resaltar que se indican en el decreto es que los beneficiarios podrán elegir una vez al año su obra social, en el momento que lo desee, desde que haya comenzado su relación laboral.

Con información de agencias.

IG

“Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de su contratación”, anunció este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “Durante décadas esto no pudo ser así ya que muchos estaban obligados a mantener la obra social que les obligaba tener el sindicato al que pertenecían”, remarcó el funcionario, al tiempo que destacó que la medida, que forma parte del DNU 70, “va a ser reglamentada en los próximos días”, “les va a dar mucha más libertad en virtud de que cada uno va a poder optar por la obra social que consideren mejor, con mejores servicios o donde encuentren la mejor atención”.

Esta opción había sido modificada por decreto durante la anterior gestión que estableció que los trabajadores y trabajadoras debían permanecer al menos un año en la obra social que les correspondía de acuerdo al sector que se desempeñaran. Ahora, Javier Milei lo revirtió y volvió a habilitar que se puedan derivar los aportes a la obra social que se elija “desde el inicio de la contratación”. El DNU 70 de desregulación de la economía que el Presidente firmó en diciembre pasado determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, “funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.

Horas atrás, el Secretario de Acción Social de la CGT y titular del sindicato de Sanidad (SGBATOS), José Luis Lingeri había advertido que la desregulación de las obras sociales “viene desde la década de los 90, con el Gobierno de Menem y Cavallo. Lo de la libre elección excluye que el trabajador tenga que permanecer un año en su obras social de origen y ahora lo podría hacer sin cumplir con ese período en la nueva actividad a la que ingrese. Por otra parte se incorpora la medicina prepaga en forma voluntaria, para eso, el trabajador se deberá inscribir en el registro de obras sociales de la Superintendencia de Servicios de Salud y tendrá que aportar el 20% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR)”, explicó el dirigente.

Y agregó: “se eliminará la triangulación que se hacía entre las obras sociales y las prepagas. Este fue un tema largamente pedido por la CGT. Ahora el trabajador podrá hacer directamente el aporte a la prepaga en caso de que opte por esta y, una vez hecha la opción, deberá permanecer un año en la misma. Lo que no está resuelto en estos cambios son los medicamentos de alto precio. Tampoco qué pasará con los monotributistas y los jubilados que opten por la obra social de la actividad. En ese caso, el PAMI debería transferir la parte que les retiene por estos beneficios”, analizó el titular del SGBATOS.

Asimismo, el dirigente sindical consideró que si el Gobierno “cree que el problema de salud se soluciona dejando que esos 6.000.000 opten por un prepago, no han dimensionado el estado actual de los temas que mencioné anteriormente: monotributo, jubilados, discapacidad y medicamentos de alto costo”. Y concluyó: “Somos 46.000.000 de argentinos, y el problema de la salud no se soluciona permitiendo que esos 6.000.000 que pueden pagar un prepago no tengan que ir obligatoriamente a una obra social”.

Qué había cambiado en el gobierno de Alberto Fernández

El Gobierno de Alberto Fernández había atendido en julio de 2021 un antiguo reclamo de los sindicatos y estableció en aquel entonces por decreto que los trabajadores y trabajadoras debían permanecer al menos un año en la obra social que les correspondía de acuerdo al sector que se desempeñaran. Así, se revertía la posibilidad que existía hasta ese momento de optar por cualquier cobertura independientemente de la actividad laboral, algo que desde los '90 había generado un proceso de desfinanciación de las obras sociales sindicales más chicas.

El decreto 438/2021 modificaba al 504 del 12 de mayo de 1998 y establecía que “los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral deberán permanecer un (1) año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.

El texto que ahora revirtió el gobierno de Javier Milei había sido firmado por Fernández; el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la exministra de Salud, Carla Vizzotti, y establecía además que la opción de cambio podía ejercerse solo una vez al año y se hacía efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud. 

Aquella decisión buscaba matizar un fenómeno conocido como el “descreme” de las obras sociales, que se inició en la década de 1990 cuando se permitió a los afiliados optar por una cobertura u otra. En los planes, un trabajador de un supermercado podía optar por afiliarse a la obra social de árbitros de fútbol, y todas las variantes posibles. Eso se tradujo en una tendencia de la población asalariada de mayores ingresos a buscar cobertura de prepagas a partir de la derivación de sus aportes de obras sociales y, en algunos casos, el pago de una diferencia.

En concreto, y según las voces del sector sindical, hasta julio 2021 los trabajadores de sueldos altos iban a las prepagas y en las obras sociales quedaban los de menores aportes, con los grupos familiares más numerosos.

La decisión plasmada en ese decreto fue una promesa hecha por expresidente de la gestión del Frente de Todos a los dirigentes de la CGT, que buscaban proteger sus cajas y estaban en una posición defensiva desde que la pandemia ubicó al sistema de salud en el centro del debate y miraban con fuerte preocupación la iniciativa alentada por la entonces vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de avanzar con una reforma del sistema de salud. 

Los sindicatos temían que una decisión de ese tipo buscara reorganizar el universo de las obras sociales, que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población. 

Qué dice el DNU 70 con respecto a obras sociales y prepagas

Uno de los beneficios que pueden obtener las prepagas desde que el gobierno de Javier Milei dio a conocer el DNU 70 de desregulación de la economía a fines de diciembre pasado, tiene que ver con la modificación de la Ley N° 23.660 de regulación de las obras sociales que les permite el ingreso a ese sistema. Esto implica que ahora las empresas tienen capacidad de afiliar directamente a los trabajadores sin la intermediación de una obra social. El decreto desregulatorio modifica la ley de Obras Sociales N° 23.660 y determina que las obras sociales sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, "funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa”.

Hasta el momento, las y los trabajadores en relación de dependencia derivan una parte de su sueldo a la obra social y pagaban un dinero extra para tener una prepaga. Esto implica un impacto directo a los sindicatos que poseen obras sociales por lo que será uno de los temas a tratar por la cúpula de la CGT. 

“Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales”, afirmó en diciembre Edgardo Knopoff, director de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la Asociación de Médicos Municipales. “Atenta directamente contra las obras sociales. Contra todas, las buenas, las malas, sin discriminación. Va a permitir que las prepagas, que tienen mucha más espalda comercial, se vayan comiendo a los pequeños competidores. Es bastante probable que una empresa salga con planes subsidiados al principio para lograr eliminar la competencia”, dijo en diálogo con elDiarioAR. 

Las empresas de medicina prepaga y los laboratorios integran el sector de los grandes ganadores del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dictó el presidente Javier Milei y que incluye un total de 366 medidas sin pasar por el control del Congreso.

A través de la modificación de diversas leyes, las empresas de salud privada consiguieron beneficios que les permiten aumentar las cuotas sin ningún tipo de control e ingresar al régimen de las obras sociales para ampliar su mercado.

Esto tendrá impacto directo en el bolsillo de los afiliados y, con el tiempo, también en el sistema público de salud, que recibirá a las personas que ya no puedan pagar sus cuotas. Además, el DNU suspende la producción pública de medicamentos, una industria que ofrecía productos más baratos o completaba aquellos que no eran realizados por las compañías farmacéuticas privadas.

El DNU libera las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga, al derogar el decreto 743 de 2022, que aunque indexó las subas significaba un límite, para que no pudieran subir la cuota lo que quisieran y, así, perjudicar a los afiliados.

Además, elimina artículos de la Ley N° 26.682 como el que habilitaba a la Superintendencia de Servicios de Salud a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. También quita el artículo 25 que establece que la autoridad de aplicación debe fijar los aranceles mínimos obligatorios que aseguren el desempeño eficiente de los prestadores públicos y privados. Y agrega uno nuevo que da lugar a las prepagas a establecer precios diferenciales según franjas etarias con una variación máxima de tres veces entre el precio de la primera y la última franja etaria. En resumen, las prepagas pueden hacer lo que quieran con los precios de las cuotas.

El dueño de Swiss Medical dijo que las cuotas pueden aumentar un 50% extra

El dueño de Swiss Medical Group y presidente de la Unión Argentina de Entidades de la Salud (UAS), Claudio Belocopitt, confirmó que habrá incrementos en las cuotas que pueden llegar al 50%. Aunque advirtió que no se debe al DNU sino a la actualización decretada por el gobierno anterior.

Representantes de distintas prepagas nucleadas en UAS mantuvieron una reunión para analizar con detalle la normativa y la evaluaron como “un gran paso a la libertad de comercio y competencia en un escenario muy grave” que viene padeciendo el sector desde hace 10 años cuando se incluyeron prestaciones en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Ahora evalúan cómo serán los aumentos. Según sus cálculos, hay un 70% de desfasaje entre el 130% de aumento anual de la medicina prepaga y el 200% de inflación. Además, plantean un 80% de incremento mensual entre medicamentos e insumos. En ese contexto, estiman que en enero las empresas incrementarán entre un 35% y 42% sus cuotas y delinearán un aumento gradual de la cuota para que no se caiga la cartera de afiliados.

“El DNU se basa en los principios de la desregulación del mercado en el ámbito de la salud”, sostuvo el abogado y Magíster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona Oscar Ernesto Garay. “No se explica en qué consiste la crisis del sistema de salud que argumenta las modificaciones. Busca lograr reducciones contundentes en los costos de las prestaciones y es contradictoria con la libertad que se le otorga a la medicina prepaga para liberar las restricciones de precios, para que puedan incrementar las cuotas de acuerdo a su libre albedrío”, agregó el especialista en Prepagas y Obras sociales.

Otro de los beneficios para las prepagas tiene que ver con la modificación de la Ley N° 23.660 de regulación de las obras sociales que les permite el ingreso a ese sistema. Esto implica que ahora las empresas tienen capacidad de afiliar directamente a los trabajadores sin la intermediación de una obra social.

Hasta el momento, las y los trabajadores en relación de dependencia derivan una parte de su sueldo a la obra social y pagaban un dinero extra para tener una prepaga. Esto implica un impacto directo a los sindicatos que poseen obras sociales por lo que será uno de los temas a tratar por la cúpula de la CGT. elDiarioAR consultó con distintos gremios sobre las consecuencias de esta medida y los pasos a seguir pero indicaron que van a analizar en profundidad el texto antes de dar declaraciones. 

“Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales”, afirmó Edgardo Knopoff, director de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires y vocero de la Asociación de Médicos Municipales. “Atenta directamente contra las obras sociales. Contra todas, las buenas, las malas, sin discriminación. Va a permitir que las prepagas, que tienen mucha más espalda comercial, se vayan comiendo a los pequeños competidores. Es bastante probable que una empresa salga con planes subsidiados al principio para lograr eliminar la competencia”, dijo en diálogo con elDiarioAr. 

Esto habilita a que las prepagas fundan a las pequeñas obras sociales

Edgardo Knopoff — director de Salud Pública de la UBA y vocero de la Asociación de Médicos Municipales

En el sistema actual, las obras sociales que no pueden dar alguna prestación médica realizan convenios con prepagas para brindar esa cobertura a sus afiliados. Algo que podría terminar con la asociación directa. Esta medida, que afecta directamente al sustento económico de los sindicatos, debe ser leída en diálogo con otras disposiciones del DNU que atentan contra la base de los gremios a través de la reforma laboral. 

Producción pública de medicamentos

Otro de los puntos centrales del apartado salud tiene que ver con la eliminación de la producción pública de medicamentos. El DNU derogó la Ley N° 27.113 que declaraba “de interés nacional y estratégica” la actividad de los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos y materias primas para la producción de remedios, vacunas, insumos y productos médicos.

Esto es considerado como una medida en favor de los grandes laboratorios privados  ya que elimina la competencia. De esta manera, por ejemplo, se dejará de producir Fierritas, un complemento nutricional de hierro, zinc y vitamina A para niñas y niños entre los 6 y 24 meses con anemia, en escasez no solo en Argentina sino en el mundo. Como no existía empresa que lo realizara en nuestro país, el Estado Nacional ordenó la producción a través del laboratorio PROFRASE.

La disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, que hasta ayer coordinaba y promovía la producción pública de medicamentos, también impactará, por ejemplo, en la fabricación de misoprostol para garantizar el aborto legal o la en productos para enfermedades desatendidas por el mercado porque no son rentables como jarabes especiales para niños y niñas con VIH. “Son cosas puntuales que van a estar afectadas y vamos a tener que buscarlas afuera”, explicó la exsecretaria de Acceso a la Salud de la Nación Sandra Tirado a este diario. “Hay un tema de intereses de algunos laboratorios porque está muy especificado en querer sacar la producción pública, de quitar el apoyo del Estado y así sacás a un competidor que es grande o chico, pero que es un competidor”, agregó.

La exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández también explicó el impacto comercial que esta medida tendrá. “Actualmente hay un grupo de becarios trabajando en varios proyectos. Hay producciones de medicamentos a partir del Remediar (el programa que da cobertura de medicamentos esenciales de manera directa en centros de salud). Eso se hizo a través de convenios intra administrativos logrando muy buenos precios, se consiguieron productos de producción pública comprados al 18% precios del valor del mercado. Eso ya no va a existir”, agregó Tirado. 

Otro de los puntos polémicos tiene que ver con la comercialización de medicamentos de venta libre en comercios que no sean farmacias. Algo que generó el rechazo del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), que ya anticipó que hará presentaciones legales para frenar la medida.

Ahora, los remedios se podrán ofrecer en góndola y las farmacias podrán funcionar sin profesionales farmacéuticos. También se habilita la venta directa de las droguerías al público. “En la práctica, se fomentaría así la venta desde los laboratorios elaboradores a través de determinadas droguerías, lo que causaría distorsiones en la distribución, a la vez que no permitiría la libre elección por parte de los pacientes para acceder a sus medicamentos”, indicaron desde Ceprofar a través de un comunicado. “Esto genera el riesgo de la dispensa, el farmacéutico no es solo quien cobra el medicamento, a veces explica la forma de administración y los efectos colaterales. Es un acto que forma parte del acto médico”, explicó Tirado. 

Entre las normas modificadas también está la Ley N° 26.906 de Trazabilidad y Verificación de Aptitud Técnica de Productos Médicos Activos de Salud, que el gobierno modificó “para reducir la burocracia asociada a la implementación de equipamiento médico”. En los hechos esto significa menor control de los equipos que se utilizan para hacer estudios, una desregulación total del control de calidad de la maquinaria que ingresa al país para controles médicos. 

Los médicos podrán recetar remedios en papel hasta julio, después tiene que ser digital

Por último, cambia las leyes 27.553, de Recetas electrónicas o digitales, y 25.649, de Utilización de medicamentos por su nombre genérico. En estas, las modificaciones no son tan gravosas. La primera establece que la prescripción de medicamentos solo puede ser redactada y firmada a través de plataformas electrónicas. Es decir, se elimina la receta de puño y letra. “El Poder Ejecutivo Nacional establece los plazos necesarios para alcanzar la digitalización total en prescripción y dispensación de medicamentos y toda otra prescripción, el cual no podrá superar el 1° de julio de 2024”, dice el DNU.

En la segunda, le da continuidad a la venta de medicamentos genéricos, pero cambia el diseño de la receta. Hasta ahora, el médico indicaba el nombre de la droga y una marca comercial en caso de que el paciente quisiera comprarla. Con la nueva ley ya no se pone la recomendación de la marca comercial.

Algunos especialistas alertan sobre el impacto que estas medidas tendrán en el sistema de salud público que recibirá las demandas de la población que ya no pueda acceder al sistema privado. “ Va a caer la actividad laboral en relación de dependencia, con lo cual gran parte de la gente que hoy se atiende por sistema de seguridad social va a volcarse al hospital público. Y nadie está pensando en aumentar los recursos del sistema público, si no que parece que será lo contrario, con lo cual va aumentar la carga de trabajo y la demanda en lugares que no tienen suficiente oferta”, explicó Knopoff, que también es jefe del área programática del Hospital Piñero. 

Esta tarde, los directivos de todos los hospitales porteños se reunieron para evaluar las repercusiones que estas medidas pueden tener en sus trabajos. “Los dos aspectos más críticos del sistema público de salud es la falta de recurso humano, que está pasando, y la falta de tecnología. Con esto, ni vamos a actualizar tecnología y, si al mismo recurso que tenemos le agregamos más demanda, va a hacer mucho más ineficaz el servicio”, alertó el médico.

Por último, también las asociaciones de consumidores llamaron la atención sobre el impacto económico de estas disposiciones y anticiparon que harán presentaciones judiciales. El presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, afirmó que el DNU viola el artículo 42 de la de la Constitución Nacional. “Esto busca reventar a todos los consumidores y empujarlos a la salud pública. Es lo peor que pueden haber hecho porque destruyen la salud. Todo el sistema va a confluir en una libertad que va a perjudicar al consumidor negándole salud y atención médica. Va a significar un golpe al bolsillo y a la salud pública porque las personas que no los puedan pagar van a terminar en los hospitales”, explicó Bassano.

CDB/JJD

Unas 33 asociaciones y sociedades médicas de diversas especialidades, incluidas las de traumatología, obstetricia y cirugía, anunciaron este jueves por una solicitada que sus integrantes comenzarán a cobrar $6.000 por consulta. Otras rechazaron sumarse a la medida. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría. En la Unión Argentina de la Salud (UAS), que reúne a prepagas, clínicas e institutos de diagnóstico, explican que por ahora sólo una minoría de los médicos está cobrando ese bono, sobre todo en el interior, y cuentan que la mayoría de las prepagas lo reintegran, siempre y cuando se presente la factura. Por ejemplo, Swiss Medica, Galeno y Medifé lo retornan, pero OSDE no.

En la UAS señalan que el atraso de los aranceles de las prepagas comenzó en 2020, cuando el Gobierno admitió un alza del 10% pese a la inflación superior al 30%, continuó en los últimos años y desde entonces se vienen desactualizando las remuneraciones que las prepagas abonan a los médicos. Históricamente, les pagaban el equivalente a medio tanque de nafta. Ahora llegan a un cuarto, unos $ 3.500. Las prepagas reconocen que los honorarios médicos caen y lo atribuyen a un “fuerte desfinanciamiento”. Citan un trabajo encargado a la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, que indica que en los últimos 12 meses las cuotas de las prepagas subieron 98%; las de los afiliados con menos ingresos que acceden a un tope en el aumento, 84%; los medicamentos se encarecieron entre 144% y 156%, según quien lo media; y los salarios de la salud privada, 125%.

En las prepagas reconocen que les pagan a los médicos 60 días después del turno, entre papeleo lógico y retrasos por el desfinanciamiento. La demora daña el bolsillo de los profesionales en tiempos en que la inflación salta al 12% mensual.

Por contrato con las prepagas, los médicos no pueden cobrar adicionales a los afiliados, salvo a los que tienen planes con copagos. Pero en el contexto actual las empresas de medicina privada están tolerando que los profesionales de su cartilla pidan el aporte, no los dan de baja. “Tienen razón y en este marco es imposible que las prepagas y obras sociales pueden resolverles el problema. Igualmente, algunos médicos, la minoría, cobran, sobre todo en el interior, y otros no. Y la mayoría de las prepapas va a devolver el 100% de la plata al socio”, sostiene un alto directivo de la UAS.

elDiarioAR consultó a 12 médicos que atienden por prepagas y obras sociales y cinco de ellos cobran copago y siete no. Todos los interrogados en el interior, en provincias como Santa Fe, Mendoza y Misiones, piden paga extra a sus pacientes. En cambio, en las clínicas no están exigiendo complementos. El Hospital Austral había anunciado que lo haría, pero a los pocos días dejó de cobrarlo. Fuentes del sector comentan que el presidente de la UAS y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, llamó al Austral para advertirle que si cobraban lo iba a quitar de la cartilla de su prepaga.

Por su parte, Ana María Salvati, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina, defendió la decisión de cobrar un bono. En declaraciones a Radio con Vos, dijo: “No me cabe duda que a la gente esto no le cae bien y no crea que no los comprendemos, pero también, las sociedades científicas tenemos que proteger a todos los miembros de la comunidad médica porque los honorarios se han ido pauperizando”. También aclaró que los médicos tienen la obligación de entregar una factura para que los pacientes puedan hacer el reclamo en sus prepagas y pedir un reintegro.

AR/MG

Más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses.

“Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”, advirtieron.

Ese adicional, que representará un dolor de cabeza extra para millones de argentinos, podría tener un piso de 6.000 pesos por consulta.

La decisión la comunicaron 33 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades de todo el país, con seis más que se solidarizaron.

Lo llaman “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.

El anuncio lo hicieron a través de un comunicado enmarcado en el “Día de la Sanidad”.

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, alertaron.

“La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente”, sigue el documento.

“Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo”, argumentaron.

Además, advirtieron que “en los últimos años, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región”, al tiempo que explicaron que a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses”, lo cual, advierten, es “insostenible para los profesionales de la salud con el alto nivel inflacionario existente”.

Asimismo, dijeron que “a partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”.

De acuerdo al comunicado, “para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención”, implementarán a partir de la presente, un “valor ético mínimo de la consulta médica, y el ´honorario medico ético mínimo´ al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de 6.000 pesos”.

“La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas) como valor de consulta y dicho ´honorario médico ético mínimo´, deberá ser abonado por el paciente en la consulta”, señalaron.

Ese valor, anticiparon, “será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional”.

“No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un bono complementario no reintegrable”, aseguraron, lo que sugiere que tampoco pretenden facturarlo.

El texto lleva las adhesiones de 33 entidades, como la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Urología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Además, otras seis entidades, entre las que se cuentan el Consejo Argentino de Oftalmología y la Federación Argentina de Cardiología, también expresaron su implementación.

El comunicado completo y todos los adherentes

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia.

La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente. Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos los profesionales determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo.

En los últimos años, el valor de la consulta médica en nuestro país ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región. En los últimos meses, esta situación se ha agravado, sumándole el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses después de prestar nuestros servicios. Insostenible para los profesionales de la salud en la actualidad con el alto nivel inflacionario existente.

Hoy, los médicos decimos: ¡basta!

Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo. A partir de este momento, el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan.

Para seguir manteniendo la calidad y excelencia en nuestra atención, por medio de la presente comunicamos a las autoridades Gubernamentales, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, a todos los financiadores y gerenciadores de salud, incluyendo obras sociales, prepagas, seguros, Sanatorios, Clínicas, consultorios, etc, incluyendo asimismo todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras consultas y prácticas médicas, y a toda la población argentina que:

Se difunde esta decisión conjunta, firme e irrevocable, ya que no forma parte de ningún convenio grupal o individual, a todos los colegas del país y se implementa con el apoyo de todas las Asociaciones, Cámaras, Consejos, Federaciones y Sociedades Médicas Autoconvocadas que suscriben.

Es la mejor manera posible de dar atención adecuada a nuestros pacientes.

Muchas gracias.

Muy atte.“

AGREMIACIONES, ASOCIACIONES, CÁMARAS, COLEGIOS, FEDERACIONES Y SOCIEDADES ASCCFS

 ADHIEREN:

1) AGREMIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (A.AOT) y ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (AAOT)

2) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA

3) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO. (AACCYC)

4) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONTROVERSIAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA (AACOG)

5) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA

6) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MENOPAUSIA ANDROPAUSIA (AAMA)

7) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA

8) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA

9) ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA EL ESTUDIO DEL CLIMATERIO (AAPEC)

10) ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA (ACACIP)

11) ASOCIACIÓN DE OTORRINONARINGOLOGÍA DE BUENOS AIRES

12) ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SANTA ISABEL (APROSI)

13) ASOCIACIÓN MÉDICA ARGENTINA DE ANTICONCEPCIÓN (AMADA)

14) ASOCIACIÓN UROGINECOLÓGICA ARGENTINA (AUGA)

15) COLEGIO ARGENTINO DE CARDIOLOGÍA

16) FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. (FASGO)

17) FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE OTORRINONARINGOLOGÍA (FASO)

18) FEDERACIÓN NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (FNNC)

19) SOCIEDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA)

20) SOCIEDAD ARGENTINA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SOGBA)

21) SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA (SACPER)

22) SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA Y REPRODUCTIVA (SAEGRE)

23) SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (SAC)

24) SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA (SAD)

25) SOCIEDAD ARGENTINA DE ELECTOFISIOLOGÍA CARDIACA (SADEC)

26) SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDOMETRIOSIS (SAR)

27) SOCIEDAD ARGENTINA DE GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL (SAGIJ)

28) SOCIEDAD ARGENTINA DE MASTOLOGÍA (SAM)

29) SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA REPRODUCTIVA (SAMER)

30) SOCIEDAD ARGENTINA DE PATOLOGÍAS DE URGENCIAS Y EMERGENTOLOGÍA (SAPUE)

31) SOCIEDAD ARGENTINA DE REUMATOLOGÍA (SAR)

32) SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGÍA (SAU)

33) SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA (SACIG)

SOLIDARIZAN

1) CONSEJO ARGENTINO DE OFTALMOLOGÍA (CAO)

2) FEDERACION ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (FAARDIT)

3) FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA

4) SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR)

5) SOCIEDAD ARGENTINA DE ULTRASONOGRAFÍA EN MEDICINA Y BIOLOGÍA (SAUMB)

6) SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA INTERNA GENERAL (SAMIG)

Con información de NA.

IG

El Día Internacional de la Cobertura Universal de Salud es celebrado cada 12 de diciembre tras ser declarado en 2012 por las Naciones Unidas (ONU) para instar a los países a “acelerar los progresos hacia la consecución de la Cobertura Sanitaria Universal” para que “todas las personas” puedan acceder a servicios de salud de calidad y asequibles.

Al igual que años anteriores, la ONU propuso un lema para conmemorar esta fecha. “Construir el mundo que queremos: un futuro saludable para todos”, es la frase que regirá este año en las campañas internacionales sobre la temática.

¿Qué implica una Cobertura Universal de Salud?

-Es importante que las personas dispongan de centros de salud y hospitales cercanos y accesibles, a los que puedan acudir ante cualquier problema o síntoma.

-Que en los centros de salud y en los hospitales existan profesionales de la salud suficientes para atender la demanda de pacientes, con unos horarios y condiciones de trabajo dignos.

-Que las personas puedan acceder a los medicamentos que necesiten, para sanar o curar las enfermedades.

MB

Este lunes la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2023, que ahora deberá ser ratificado por el Senado para convertirse en ley. La iniciativa, que incluyó una catarata de modificaciones en su instancia de debate en comisiones, obtuvo apoyo en general, pero luego se votó en particular una serie de artículos en los que radicaban las discusiones más candentes. 

En total, hubo 15 votaciones nominales de artículos en particular. Es decir, que fueron efectuadas mediante la botonera de las bancas y cuyo resultado se proyectó en las pantallas. Tres de esas votaciones arrojaron un resultado negativo y, por lo tanto, dejaron fuera del texto final artículos propuestos por el Ejecutivo. A estas votaciones se sumaron otras 43 a “mano alzada”, que resultaron todas afirmativas. 

Las votaciones nominales (método que debe solicitar algún legislador o legisladora, en vistas de que se tratan cuestiones que pueden estar reñidas), arrojaron el siguiente saldo: 

Lo que quedó fuera del Presupuesto 2023

-Artículo 100. Disponía el pago de Ganancias para magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias, independientemente de la fecha de su nombramiento. No contó con el apoyo de la oposición, pero tampoco con legisladores de las propias filas del Frente de Todos como Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Claudia Ormaechea.

-Artículo 101. Establecía el pago de Ganancias sobre las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios derivados del trabajo de consejeros de las sociedades cooperativas y de asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la Ley 24.018. 

Se trata de un privilegio vigente al que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner renunció en marzo de 2021, a través de una carta dirigida al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello. 

-Artículo 127. Proponía crear en el ámbito del Ministerio de Salud el Fondo Nacional de Tecnología Sanitaria de Muy Alto Precio, con el fin de “centralizar el financiamiento, la cobertura y la compra en forma completa de la tecnología sanitaria para patologías de mayor impacto financiero”. La oposición lo bloqueó, al considerar que se crea un nuevo “subsidio” para obras sociales y prepagas. 

Además, el Frente de Todos accedió a eliminar voluntariamente (sin que llegue a la instancia de votación) el artículo que proponía que el Poder Ejecutivo recupere la facultad de fijar las alícuotas en las retenciones agropecuarias. 

Lo que se votó afirmativamente y quedó dentro del Presupuesto 2023 

-Artículo 67. Faculta al poder ejecutivo a incrementar, dentro de la Ley de Ganancias, el importe mínimo de salario a partir del cual se retiene el gravamen. Tal como lo había anticipado el ministro Sergio Massa, el  nuevo piso queda en $330.000 brutos a partir de noviembre. 

-Artículos 71 y 72. Dispone un blanqueo para fondos sin registrar, tanto en la Argentina como en el exterior, que estará abierto por un año. Esos fondos deberán afectarse únicamente al giro de divisas por el pago de importaciones para consumo, incluidos servicios, destinados a procesos productivos.

Por otro lado, habilita a quienes declaren fondos irregulares a destinarlos a la adquisición de un inmueble usado para utilizarlo como casa habitación propia o para ponerlo en alquiler como vivienda por un plazo no inferior a 10 años. 

-Artículo 89. La redacción original de este artículo planteaba la posibilidad de que las deudas que las provincias tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) sean saldadas con fondos de la coparticipación. Finalmente, y ante el pedido de la oposición, se modificó el texto y se acordó que la Secretaría de Energía establezca un plan de regularización de deuda de hasta 96 cuotas mensuales.

-Artículo 90: Prorroga a partir de su vencimiento y por 10 años el plazo de concesión que tiene la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Aysa S.A) para “asegurar la continuidad” del plan de inversiones de expansión y mejoras en el servicio, apalancados por los financiamientos de largo plazo por parte de organismos multilaterales y bilaterales de crédito. 

-Artículo 97: Aumenta los impuestos internos a los productos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego. Para los productos que se fabriquen en la isla, la alícuota pasará del 6,5% al 10%; para los importados, del 17 al 19%.

-Artículo 104: Eleva las exenciones de Ganancias para las “actividades de transporte terrestre de larga distancia”, lo que redundará en un aumento efectivo del salario de bolsillo de Camioneros. 

-Artículo 118: Dispone un aumento del aporte a obras sociales por parte de los monotributistas de las categorías más elevadas, de la D a la K. Los aportes arrancarán en  $3.638,26 para la categoría D a $10.505,29. 

-Artículos 120 y 121: Crea la Tasa de Seguridad de la Aviación que se destinará a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que, según los argumentos oficiales, es el único organismo de la comunidad aeroportuaria que presta servicios en todos los aeropuertos del sistema nacional y no cuenta con financiamiento proveniente de la venta de pasajes aéreos.

Se aplicará tanto a boletos internacionales como de cabotaje e Inicialmente tendrá un valor de $250, pero se irá actualizando ya que tiene como referencia el 0,25% del sueldo básico del grado jerárquico de Oficial Principal del Personal Policial de la PSA.

Se aprobó por la diferencia de un voto (123 afirmativos versus 122 negativos) por lo que legisladores de Juntos por el Cambio hicieron cargo a los diputados liberales que abandonaron el recinto antes de tratar este artículo. Entre los 11 ausentes se contaron Javier Milei, Victoria Villarruel (ambos de La Libertad Avanza) y Carolina Píparo (Avanza Libertad), aunque también diputados y diputadas de otras fuerzas opositoras como Gustavo Santos (PRO), Manuel Aguirre (UCR), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) o María Victoria Tejeda (Evolución Radical). 

-Artículo 126. Faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Economía, pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero. 

Las empresas prestadoras de salud decidieron dar marcha atrás con el cobro de un copago del 9% a partir del 1 de enero a los pacientes de las prepagas, luego de una reunión realizada esta mañana con funcionarios de la cartera que conduce Carla Vizzotti.

De acuerdo con un comunicado de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), entidad que nuclea a hospitales privados, clínicas, sanatorios, servicios de emergencia médica y geriátricos, “las autoridades nacionales ratificaron a los representantes de la FAPS la plena vigencia del incremento vigente del 9% a partir del 1 de enero de 2022 y garantizaron al sector que arbitrarán las medidas para que se cumpla con el traslado del 9% correspondiente a enero por parte de las empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección”.

“Los representantes de la FAPS informaron una vez más a las autoridades nacionales la crítica situación económica de las empresas del sector prestador y la necesidad de implementar medidas de fondo que permitan sortear esta situación y construir las bases para un sistema sostenible”, indicaron.

El último domingo, los prestadores habían anunciado el cobro de un copago del 9% para los usuarios de las prepagas, debido a que estas últimas les habían comunicado la imposibilidad de cumplir con el incremento del valor de sus servicios, pese al aumento de las cuotas de sus afiliados (de un 9% en enero).

El encuentro entre el Gobierno y los prestadores, inicialmente previsto para ayer a la tarde, se llevó a cabo esta mañana y duró poco más de una hora, según informaron fuentes del Ministerio de Salud. Por parte de la cartera sanitaria, participaron de la reunión el superintendente de servicios de Salud, Daniel López; el secretario administrativo del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo; la jefa de Gabinete Sonia Terragona, y el secretario de Equidad en Salud, Víctor Urbani.

En tanto, representando a los prestadores, dieron su presencia José Sánchez, presidente de la FAPS, Mario Lugones, (Fundación Sanatorio Güemes), José Luis Sánchez Rivas (Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales), José Cherro (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Republica Argentina) y Marcelo Kaufman (Cámara de Entidades de Diagnostico y Tratamiento Ambulatorio).

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, manifestó esta mañana que, con el cobro del copago, las empresas de medicina prepaga “no están cumpliendo el acuerdo y la resolución ministerial” que dispone que los aumentos en las cuotas de las prepagas se tienen que trasladar a los prestadores.

“Nosotros hicimos desde el Estado un acuerdo con las empresas de medicina prepaga donde se definió un número de aumentos en el cual, el último es ahora en enero del 9%”, manifestó Vizzotti refiriéndose al incremento del 41,14% en las cuotas de las prepagas, con una aplicación escalonada en cuatro tramos del 9% cada uno, autorizado en junio pasado.

“Se firmó un acuerdo y la resolución ministerial que autoriza este ultimo aumento (del 9% en enero entrante) se define que ese aumento se debe trasladar a los prestadores”, agregó la titular de la cartera de Salud en diálogo con radio Urbana Play.

“Lo que sucede es que de esa manera no se está cumpliendo el acuerdo y la resolución ministerial y, además, a la gente le cobran el copago junto al 9% de aumento en la prepaga”, apuntó Vizzotti.

Desde las prepagas el presidente y propietario de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, pidió ayer en declaraciones radiales revisar los aumentos de pactados con el Gobierno debido a que “todos los números se corrieron” en el “segundo semestre”. En ese sentido, Vizzotti señaló hoy que su cartera y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) “no desconocen las dificultades del financiamiento del sistema de salud” y “propondrán una mesa para trabajar en ese sentido”.

Con información de Télam

La Superintendencia de Servicios de Salud aprobó este lunes un giro de $4.500 millones a las obras sociales, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR), que se financia con un porcentaje de aportes y contribuciones de los asalariados y se redistribuye entre obras sociales para financiar el gasto en tratamientos prolongados y costosos. 

En lo que va del año los adelantos autorizados a través del programa SUR suman $30.364 millones, un 27% más que en 2020, en el que esas transferencias fueron de $23.855 millones. 

Según se desprende del anexo de la resolución 2163/2021, las obras sociales que percibieron mayores montos en esta última partida son: 

Según se argumenta en el texto publicado, que lleva la firma del titular del superintendente Daniel Alejandro López, “la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. 

El adelanto de fondos se da en el mismo momento en que La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó que, a partir del 1 de enero, los prestadores de salud (hospitales, clínicas sanatorios, servicios de emergencias médicas, geriátricos, psiquiátricos, centros de atención odontológica, etcétera) cobrarán un copago de 9% del valor de cada prestación médica a los pacientes de empresas de medicina prepaga y obras sociales de dirección, como consecuencia de la crítica situación financiera del sector.

Según explica la resolución, debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad del organismo de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos.

En este marco, se considera oportuno que la SSS “continúe adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud”. 

MT

El Gobierno atendió un viejo reclamo de los sindicatos y estableció por decreto que los trabajadores y trabajadoras deberán permanecer al menos un año en la obra social que les corresponde de acuerdo al sector que se desempeñen. Así, se revierte la posibilidad que existía hasta hoy de optar por cualquier cobertura independientemente de la actividad laboral, algo que desde los '90 generó un proceso de desfinanciación de las obras sociales sindicales más chicas.

El decreto 438/2021 modifica al 504 del 12 de mayo de 1998 y establece que “los trabajadores y las trabajadoras que inicien una relación laboral deberán permanecer un (1) año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”.

El texto, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, establece además que la opción de cambio podrá ejercerse solo una vez al año y se hará efectiva a partir del primer día del mes siguiente a la formalización de la solicitud. 

Esta decisión busca matizar un fenómeno conocido como el “descreme” de las obras sociales, que se inició en la década de 1990 cuando se permitió a los afiliados optar por una cobertura u otra. En los planes, un trabajador de un supermercado podía optar por afiliarse a la obra social de árbitros de fútbol, y todas las variantes posibles. Eso se tradujo en una tendencia de la población asalariada de mayores ingresos a buscar cobertura de prepagas a partir de la derivación de sus aportes de obras sociales y, en algunos casos, el pago de una diferencia.

En concreto, y según las voces del sector sindical, los trabajadores de sueldos altos van a las prepagas y en las obras sociales quedan los de menores aportes, con los grupos familiares más numerosos.

La decisión plasmada en el decreto es una promesa hecha por Fernández a los dirigentes de la CGT, que buscan proteger sus cajas y están en una posición defensiva desde que la pandemia ubicó al sistema de salud en el centro del debate. De hecho, miran con fuerte preocupación la iniciativa alentada por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de avanzar con una reforma del sistema de salud. 

Los sindicatos temen que una decisión de ese tipo busque reorganizar el universo de las obras sociales, que cuenta con aproximadamente 27,6 millones de afiliados y cubre al 62% de la población. Hoy está conformado por alrededor de 300 obras sociales, pero sólo 20 dan cobertura al 50% de los afiliados, y las brechas de recursos disponibles entre obras sociales de altos y bajos ingresos es de 5 a 1.  

DT