Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron este jueves al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso de más de 140 inmuebles de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez, incluido el departamento de San José 1111 donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24″, señalaron los fiscales.

 “Las personas condenadas —intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública— todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

De acuerdo al planteo de los fiscales, tanto Cristina Kirchner como Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”.

“La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”, apuntaron.

Noticia en desarrollo

La Corte Suprema de Justicia inició formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

En un oficio dirigido al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, notificó que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por subastas, además de la inscripción registral de los inmuebles bajo titularidad de la Corte Suprema.

Según la sentencia dictada por el TOF en abril de 2021, y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan un total de USD 61.130.860,86, además de $4.174.697, cifra esta última ajustable según el índice de precios del consumidor del INDEC.

En ese marco, Romero solicitó al TOF 4 la transferencia del dinero a dos cuentas del máximo tribunal y la remisión de toda la documentación relacionada con las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14.

El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró inadmisibles los recursos de la defensa, dejando firmes las condenas y los decomisos, lo que habilitó la ejecución efectiva de los bienes.

En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado por decreto el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Pero en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó su aplicación, por considerar que la norma afecta la independencia judicial.

El fallo del magistrado consideró que el decreto “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito” e impacta directamente en la estructura del Poder Judicial, vulnerando su autonomía y la autarquía presupuestaria.

Con información de la agencia NA

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez en la causa Vialidad será el encargado de llevar adelante el multimillonario decomiso establecido en esa sentencia, al rechazar recursos de las defensas de ambos, que habían planteado la incompetencia.

Los jueces del máximo tribunal penal federal del país Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron los recursos de Casación de las defensas y confirmaron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio Vialidad en una tarea conjunta con la fiscalía llevar adelante el decomiso fijado en la sentencia y que, actualizado, asciende a 684.990.350.139,86 millones de pesos.

En la resolución, se advirtió que el decomiso del producto de un hecho delictivo “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”.

“En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, sostuvo en su voto el juez Hornos.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple arresto domiciliario luego que el fallo quedó firme en la Corte Suprema.

Báez, en tanto, tiene una condena unificada a 15 años de prisión por la causa Vialidad y “la ruta del dinero”.

La defensa de Cristina Kirchner planteó la incompetencia del TOF 2 que llevó adelante el juicio para concretar el decomiso en lo referido a su persona y postuló que el tema correspondía a otro fuero, el comercial federal.

Báez, por su parte, postuló que en su caso sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la “ruta del dinero”, donde tiene una condena firme por lavado de activos.

Casación rechazó los argumentos y confirmó que el decomiso establecido en Vialidad y que deben cumplir de manera solidaria todos los condenados será ejecutado por los jueces del Tribunal Oral Federal 2 con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

“Cada tribunal conserva competencia natural para pronunciarse sobre el decomiso derivado de los hechos que juzgó, sin que la unificación de penas implique la pérdida de esa potestad”, agregó por su parte el juez Borinsky en relación al planteo de la defensa de Báez.

En cuanto al planteo de Cristina Kirchner, Borinsky remarcó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias”.

“Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar”, concluyó.

La expresidenta está con prisión domiciliaria condenada a seis años de prisión en esta causa por administración fraudulenta, a raíz del direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz a empresas del también condenado Báez entre 2003 y 2015.

Con información de la agencia NA

“Incluso hablan de mi pareja que anda dando vueltas por ahí. Un 'espía' que sostiene una cartera y cuida un bebé todo el día”. La mención, soltada como una estocada, no pasó desapercibida para los panelistas de Duro de Domar. Era el prime time de C5N y Marcela Pagano había decidido salir en defensa del padre de su hijo, Franco Bindi. Lo describió con ironía (“iraní”, “castro-chavista”), en contraste con las acusaciones que circulan por estas horas en la Casa Rosada: que es un operador con vínculos con los servicios de inteligencia extranjeros. El responsable de haber grabado y difundido los audios de Diego Spagnuolo que comprometen a Karina Milei.

Bindi estaba allí mismo, parado detrás de cámara, como una sombra inevitable en la escena. Invisibilizado para el televidente pero central en la trama, encarnó ese cruce entre lo íntimo y lo político que hoy rodea a Pagano, la diputada díscola que acaba de escindirse del bloque de La Libertad Avanza para formar su propia bancada, y que la semana pasada debutó con un discurso explosivo contra Guillermo Francos: lo acusó de tener una estructura de “espías” propia en la Jefatura de Gabinete y de ser quien estuvo detrás de las filtraciones de Spagnuolo.

Hace rato que a Bindi lo tienen marcado en la Casa Rosada. Abogado de 40 años y hombre habituado a moverse en los pasillos de la política y la justicia, Bindi es para el oficialismo el verdadero responsable del escándalo que tiene al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) envuelto en una trama de coimas millonarias que supuestamente engordaban los bolsillos de la hermana del Presidente. No solo lo acusan de manejar la logística de las escuchas a espaldas del funcionario, sino también de haber sido el que las hizo circular en el ecosistema mediático, aprovechando sus propios contactos, como quedó plasmado en la polémica denuncia judicial, realizada este lunes por el Ministerio de Seguridad.

“No importa de qué tema se hable, tarde o temprano su nombre termina en la conversación”, admite en voz baja un funcionario de la administración libertaria que dice conocerlo. El señalamiento no es casual: Bindi es un nombre que despierta recelo en casi todos los espacios. En Comodoro Py lo conocen desde hace años, lo mismo que en el submundo de la inteligencia y en ciertos despachos kirchneristas. En 2013 estuvo prófugo, con una alerta roja de Interpol encima, por una causa de sustracción de menores que lo obligó a refugiarse en Brasil. Meses después, ya con la carátula suavizada a “impedimento de contacto”, reapareció como si nada y fue contratado por el gobierno de Santiago del Estero para asesorar en representación de la provincia en la ciudad de Buenos Aires. “Tiene una capacidad camaleónica que desconcierta”, lo describe un operador judicial que lo trató de cerca.

La lista de cambios de piel es larga y variopinta: trabajó en el Ministerio de Planificación de Julio de Vido durante el gobierno de Néstor Kirchner. Años después, fue abogado de Leonardo Fariña, aunque terminó enemistado con él luego de que lo acusara de “defender los intereses” de Lázaro Báez. Bindi también quedó vinculado con el “caso D’Alessio”: defendió a Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que denunció al falso abogado Marcelo D'Alessio y al fiscal Carlos Stornelli por una presunta extorsión para no involucrarlo en la “Causa de los cuadernos”.

Pero sin duda el costado más pintoresco de Bindi, y también más político, es su relación con el expresidente de Bolivia Evo Morales. Durante su exilio en la Argentina, lo alojó casi un año en su casa de Martínez, siguiéndolo en giras por todo el país. Hasta lo fotografió en la Bombonera, a modo de custodio, como si fuera un guardaespaldas. Ese vínculo lo consolidó como un operador con llegada directa a líderes regionales.

Sobre el final del gobierno de Alberto Fernández, Bindi incluso incursionó en el mundo de los medios de comunicación. Su proyecto parecía un capricho millonario: desde un canal de televisión (Canal 4 Extra) hasta una señal de radio (Radio Extra), pasando por un portal de noticias económicas. En ese ecosistema desembarcaron Víctor Hugo Morales y Tomás Méndez, dos voces de peso en el universo kirchnerista, que le dieron a Bindi chapa de “empresario de medios” y, a la vez, combustible para que crecieran los rumores de operaciones políticas. ¿De dónde salía el dinero para sostener semejante estructura sin pauta ni sponsors de peso? Nadie lo sabe con certeza, pero todos lo sospechan.

Dúo dinámico

La historia de amor entre Pagano y Bindi recién se volvió pública en junio pasado, cuando la diputada blanqueó al operador todoterreno como su pareja. Esa revelación tardía, hijo de por medio, reforzó la idea de que su vínculo no era solamente sentimental sino también político. Hacía más de un año que las pistas abundaban.

Todo comenzó cuando ella salió despedida de América TV, acusada de maltratar a sus compañeros, y recaló en los estudios que él había montado para Extra. La dupla fue creciendo en lo profesional y lo personal. En abril de 2024, todo comenzó a destaparse: Bindi apareció en el Congreso, parado detrás de la diputada, cuando se discutía la comisión de Juicio Político, como reveló por entonces el periodista Camilo Cagnacci en el sitio Sección País. Fue el primer indicio de que no era un simple acompañante: su presencia se volvió un símbolo de la incomodidad que despertaba la diputada dentro del bloque libertario.

Hacía rato que los leales a Milei tildaban a Pagano de “infiltrada del massismo”, acusándola de ser una de las artífices del desplante que sufriera el libertario en manos de Luis Barrionuevo, despues de que en 2023 el dirigente sindical le prometiera una ayuda en la fiscalización que nunca llegó.

Otro dato alimentaba esa sospecha: Pagano se quedó con el despacho que había pertenecido a Graciela Camaño, histórica referente peronista, y en los pasillos del Congreso repetían que lo había recibido “llave en mano” de parte de la propia dirigente. “Lo heredó”, bromeaban por entonces en Diputados.

En agosto de 2024, pocos meses después del fallido intento de Pagano por hacerse con la presidencia de la comisión de Juicio Político, un episodio había colocado a Bindi en el centro de las sospechas palaciegas. Con el escándalo por la visita de diputados libertarios a genocidas en Ezeiza, varias fuentes señalaron a Bindi como el que acercó chats y fotos a medios opositores y como el artífice de contactos con el titular del bloque del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y Cecilia Moreau, para que las diputadas arrepentidas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta pudieran despegarse del bochorno.

De esa trama también surgió la versión de que Pagano y Bindi intentaron construir un canal de diálogo con el peronismo, incluso con gestos protocolares como la frustrada ofrenda floral en la embajada de Francia a modo de desagravio a las monjas Alice Domon y Léonie Duquet, desaparecidas por la última dictadura.

Es que la ligazón de Bindi con el kirchnerismo se mantiene a través de los años. Una fuente conocedora del mundo parlamentario asegura a elDiarioAR que el abogado estuvo contratado como asesor en la Bicameral de Inteligencia durante el gobierno del Frente de Todos. En esa misma voz en off aparece, sin embargo, una caracterización que lo define: Bindi no sería un soldado de una estructura sino un operador que “lleva y trae” según su conveniencia. “Esta gente no opera en forma orgánica, sino siempre a dos puntas”, sintetiza.

Ahora, con la filtración de los audios de Spagnuolo, Bindi volvió al centro de la tormenta. En el Gobierno lo llaman “espía” y lo describen como un conspirador profesional. Es que su biografía acumula demasiados capítulos brumosos y demasiadas conexiones con el poder como para pasar desapercibido. Una presa fácil para que, cada vez que se necesite explicar una interna política, su nombre aparezca como culpable inmediato. Le alcanza con estar detrás de cámara para que todos se pregunten si no es él, otra vez, el que mueve los hilos de la historia.

PL/MC

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó el decomiso y transferencia al Estado argentino de tres millones de euros y un millón de dólares que Lázaro Báez tenía en cuentas en Bahamas y Suiza, en el marco de la condena por lavado de dinero en la causa que investiga corrupción en la obra pública.

Además, dispuso el remate de 56 propiedades de Báez y su hijo Martín —también condenado—, incluyendo 10 estancias, quintas y chacras ubicadas en Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. El objetivo es recuperar parte de los 55 millones de dólares que Báez debe pagar, más una multa equivalente a tres veces ese monto.

La decisión se tomó antes de que venza, este miércoles 13 de agosto, el plazo para que los condenados en la causa Vialidad —entre ellos Cristina Fernández de Kirchner— depositen 350 millones de dólares (equivalentes a 684.990 millones de pesos). Si no pagan, la Justicia avanzará con el remate de los bienes embargados.

Entre los bienes decomisados figuran:

En paralelo, la quiebra de Austral Construcciones, empresa insignia de Báez, avanza desde 2017. El gobierno de Santa Cruz ofertó U$S 2 millones para comprar el obrador central de la firma y transformarlo en un polo productivo.

Si los acusados no cumplen con el pago, la ejecución de bienes será un proceso largo y complejo, que podría incluir remates masivos de propiedades, vehículos, sociedades y dinero en efectivo. En total, la Justicia tiene bajo la lupa 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades, además de cuentas y activos de otros condenados como José López.

JJD

El Tribunal Oral Federal 2 intimó hoy los condenados en la causa Vialidad, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al pago de la suma de más de 600 mil millones en el plazo de “10 días hábiles” en concepto “del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción”. Así lo determinó el TOF 2 en una resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

“Corresponde proceder de conformidad con lo resuelto en el punto XI de la sentencia dictada en autos el 6 de diciembre de 2022 y, en tal sentido, intímase a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación del presente”, establecieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Tomás Cisneros.

Los magistrados justificaron esa medida “de acuerdo con el decomiso dispuesto a consecuencia del proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público que, como contrapartida, fue considerado como provecho de un gravísimo hecho de corrupción; y que además se habrá de disponer bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”.

El monto había sido establecido el 11 de julio último por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia y a pedido del TOF 2.

Además de la exmandataria, también fueron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta el empresario Lázaro Báez; el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exsecretario de Obra Pública del kirchnerismo José López.

La cifra actualizada tomó como base los 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 había fijado como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, y que en junio pasado quedó firme por decisión de la Corte.

Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el gobierno del kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez.

Ahora los condenados tienen diez días hábiles para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda y, si eso no se cumpliera, se avanzará con ejecución de embargos.

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas a Lázaro Báez y una veintena de personas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al rechazar los recursos presentados por las defensas por considerarlos “inadmisibles”, en lo que representa un hito judicial en la lucha contra el lavado de activos derivados de la corrupción.

Con el fallo del máximo tribunal se torna definitiva la sentencia que impuso diez años de prisión al empresario Lázaro Báez por maniobras de lavado por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de una estructura financiera y societaria que incluyó operaciones en el país y el exterior, y que cobró notoriedad pública tras la difusión en 2016 del video de “La Rosadita”, donde se lo veía a su hijo contando fajos de billetes.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar planteos sin necesidad de fundamentarlos. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al entender que correspondía la intervención de la Procuración General.

El fallo también ratificó las condenas de otros imputados como Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (seis años cada uno), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, fueron 22 personas condenadas, aunque las hijas de Báez resultaron absueltas por falta de prueba de su participación en los hechos.

El Tribunal Oral Federal 4, que juzgó la causa entre 2018 y 2021, deberá ahora computar las penas efectivamente cumplidas y decidir sobre arrestos pendientes o penas en suspenso. Además, se ratificaron multas multimillonarias de hasta U$D 328 millones y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

La investigación se inició en 2013 a raíz de un informe periodístico televisivo, y se consolidó en 2016 con la difusión del video que mostraba la operatoria en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

La Justicia determinó que las maniobras de lavado estaban precedidas por evasión fiscal y uso de facturas apócrifas, vinculadas al manejo de Austral Construcciones, firma insignia del empresario ligado al kirchnerismo.

Por su parte, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en esta causa sigue en etapa de instrucción.

Aunque el juez Sebastián Casanello había dictado su sobreseimiento, la Cámara Federal lo revocó tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también desestimó los recursos presentados por su defensa por cuestiones formales.

Con esta decisión, la causa “ruta del dinero K” se convierte en uno de los expedientes judiciales por corrupción más avanzados de los últimos años, con condenas firmes y decomisos históricos.

Con información de la agencia NA

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa del empresario Lázaro Báez en su intento por obtener la libertad en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

El planteo había sido presentado en un desprendimiento del expediente principal, en el cual Báez fue condenado por lavado de activos agravado. 

Su defensa argumentó que la decisión judicial que mantenía su arresto domiciliario equivalía a una sentencia definitiva y que implicaba extender su prisión preventiva más allá de los plazos legales.

El Tribunal Oral Federal número 4 había dispuesto que Báez continuara en arresto domiciliario bajo el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica. 

La decisión fue apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal, cuya Sala IV rechazó el pedido. Ante esto, la defensa acudió a la Corte Suprema, que desestimó el recurso al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento del máximo tribunal.

Además, la Corte intimó a la defensa de Báez a realizar un depósito estipulado en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial, bajo apercibimiento de ejecución.

Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello y permaneció en la cárcel de Ezeiza hasta julio de 2020, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria. 

En 2021, fue condenado a doce años de prisión por lavado de dinero, pena que luego fue reducida a diez años por la Cámara de Casación.

El empresario también recibió condenas en 2022 por corrupción en la obra pública y en 2024 por apropiación indebida de aportes de empleados y por lavado de dinero vinculado a la compra de un campo en Uruguay.

MM con información de la agencia NA.

A partir de este miércoles 13 de noviembre, la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su futuro político están en manos de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que atraviesa una de sus crisis más profundas. Crisis cuya resolución depende de las decisiones políticas del gobierno de Javier Milei y del Senado.

La Cámara Federal de Casación confirmó esta mañana la sentencia a Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, por la que la exmandataria está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública fue dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre de 2022 y fue revisada por la Sala IV de la Casación, máximo tribunal penal del país.

A partir de ahora, tanto la defensa de CFK como los fiscales que intervienen en el expediente acudirán a la Corte para pedir modificaciones en la sentencia. Los abogados de la exmandataria plantearán su absolución mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pedirá agravar su pena y condenarla también por asociación ilícita.

La sentencia de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fue dividida en dos puntos del fallo. Si bien los tres jueces confirmaron por unanimidad las condenas y absoluciones dictadas hace casi dos años por el tribunal oral, no estuvieron de acuerdo en torno a un punto central para Fernández de Kirchner: su absolución por el delito de asociación ilícita.

Argumentos

Los jueces estimaron que entre 2003 y 2015 los condenados colaboraron en la sustracción de más de $ 84.835 millones de las arcas del Estado a través del direccionamiento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, socio y amigo de la familia Kirchner.

Además de confirmar la condena a CFK, los jueces confirmaron las penas contra Báez, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, todos por el mismo delito: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Las penas oscilan entre los seis años de prisión –pena máxima para ese delito- y tres años y seis meses.

En la sentencia sostuvieron que se había comprobado “un aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares”.  

“Se determinó que la excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”, afirmaron los jueces de Casación.

En la sentencia se le dedicó un apartado al “lawfare”. “Sólo surgiría como una nueva teoría conspirativa”, “cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada”, aseguraron los magistrados.

La Sala IV de Casación también resaltó la conexión entre las licitaciones públicas otorgadas a Báez y la conexión del flujo de dinero con las empresas de la familia Kirchner. “Los incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó la defraudación juzgada, ya que parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta”, sostuvo el tribunal en un comunicado.

“Todo lo que se toma y se gestiona del Estado como si fuera propio, son fondos que no se asignan donde corresponderían. Son necesidades sin subsanar, derechos sin atender. Hablamos de una tragedia de la que no dimensionamos su real magnitud. Nunca sabremos cuántas personas habrán muerto por todas aquellas rutas y caminos que jamás se arreglaron ni se hicieron pero algo que nos deja la presente investigación es que el dinero correspondiente para arreglarlas o construirlas sí existió, pero no fue utilizado para sus fines específicos”, dice la sentencia. 

Los jueces plantearon: “Este es el real daño ocasionado con la inusitada maniobra criminal cometida por ex Presidentes de la República Argentina y algunos de sus funcionarios”. 

Asociación ilícita

Cuando se dictó la sentencia de primera instancia en diciembre de 2022, los tres jueces del tribunal oral votaron en unanimidad por la condena por administración fraudulenta pero existió una disidencia con respecto a la absolución por asociación ilícita.

Entonces, el juez Andrés Basso había sostenido que cuatro de los imputados, entre ellos Fernández de Kirchner, debían ser condenados por este segundo delito, de penas más graves, de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la exmandataria fue absuelta por asociación ilícita por decisión de los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Los fiscales Diego Luciani y Mario Villar se presentaron ante la Casación para plantear que se revierta esta absolución parcial. Sólo el juez Hornos les dio la razón este miércoles, por lo que la situación judicial de CFK quedó igual.

Hornos sostuvo que la expresidenta, Báez, López y Periotti debían ser condenados por el delito de asociación ilícita y votó, también en minoría, disponer el aumento de la pena de decomiso.

El juez Hornos escribió un voto aparte por este punto de la sentencia y sostuvo que “el modelo de corrupción no se limitó a la manipulación de unas pocas licitaciones irregulares, sino que constituyó una asociación ilícita con una estructura organizada y jerárquica que operó durante más de 12 años con una clara estrategia de saquear los recursos del Estado”, de acuerdo a un comunicado al que accedió elDiarioAR. 

Además, el magistrado afirmó que “la figura de asociación ilícita es esencial para hacer frente a este tipo de crímenes complejos, que requieren una respuesta judicial clara y contundente, sin el riesgo de impunidad que conlleva el desconocimiento de la magnitud de la estructura criminal que se desarrolló bajo los mandatos de los Kirchner”.

“Besitos”

La expresidenta no estuvo presente en la lectura del fallo. Minutos antes de las 11, publicó un video y un post en la red social X en la que anunció que mientras el tribunal se preparaba para la lectura de la sentencia, ella se dirigía a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres. Finalizó enviando “besitos”.

El martes por la tarde, Fernández de Kirchner publicó un texto de cinco páginas, titulado “Los Copitos de Comodoro Py”, en el que daba por hecho que su condena sería confirmada por la Casación y criticaba al Poder Judicial.

Tanto las defensas como la fiscalía tienen un plazo de diez días para presentarse ante la Corte Suprema con sus planteos. El máximo tribunal del país no tiene plazos para expedirse, pero deberá decidir sobre al menos tres puntos: si confirma la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los involucrados, si los absuelve o si agrava la pena contra la expresidenta ampliando la condena por asociación ilícita.

ED/MG

La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, dará a conocer este miércoles si confirma la sentencia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el caso Vialidad. El fallo llega casi dos años después de que la exmandataria fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública.

La sentencia se leerá en los tribunales de Comodoro Py 2002 y se trasmitirá por YouTube. No se espera la presencia de Fernández de Kirchner en el edificio de Retiro, ya que no es obligatoria su presencialidad, explicaron a elDiarioAR fuentes directas del caso y de la defensa de la exmandataria.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revisaron la sentencia del Tribunal Oral Federal número 2, dictada el 6 de diciembre de 2022. El expediente de Vialidad tuvo a Fernández de Kirchner como la principal acusada por favorecer al empresario Lázaro Báez —también condenado— en el reparto de la obra pública de la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos. 

Tras la sentencia, tanto la defensa de Fernández de Kirchner como el Ministerio Público Fiscal (MPF) llevaron el caso ante la Casación para solicitar la revisión de las decisiones del tribunal oral. Los abogados de la exmandataria solicitaron su absolución mientras que los fiscales Diego Luciani y Mario Villar reclamaron que CFK sea también condenada por el delito de asociación ilícita, cargo del que resultó absuelta por dos votos contra uno durante el juicio oral y público. 

La decisión de Casación, que se conocerá a partir de las 11 de la mañana, no es sentencia firme, por lo que Fernández de Kirchner no debería quedar detenida ni inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema decida sobre su caso. Entonces, la sentencia sí quedará firme. 

Esto último se debe a que en el nuevo Código Procesal Penal, votado por gran parte de las fuerzas políticas en el Congreso, existen seis artículos que el kirchnerismo hizo entrar en vigencia de manera anticipada en febrero de 2021. Fernández de Kirchner estaba siendo juzgada por este caso desde mayo de 2019. 

Los artículos plantean que es necesario que la Corte Suprema revise y decida sobre una sentencia para que se considere sentencia firme y la pena de prisión se haga efectiva, siempre y cuando las partes recurran al máximo tribunal. Una Corte que, además, podría cambiar su composición en el corto plazo.

Escenarios

La intervención de la Corte Suprema está cantada, explicaron fuentes directas del caso a elDiarioAR: cualquier sea la decisión de Casación, el expediente se elevaría al máximo tribunal. Si se confirmara la sentencia de seis años contra Fernández de Kirchner, tanto la defensa como la fiscalía recurrirán a la Corte. La primera, para insistir con su absolución. La segunda, para seguir planteando su condena por asociación ilícita.

La Corte Suprema no tiene plazos para revisar los eventuales planteos de la fiscalía o de la defensa.

Además, la causa tiene otros ocho condenados y algunos absueltos, como el exministro Julio De Vido —decisión apelada por la fiscalía—.   

Fernández de Kirchner ya tiene más de 70 años de edad, por lo que eventualmente, de ser confirmada su sentencia en la Corte Suprema, tendría prisión domiciliaria. Si la Corte se demorara y fuera electa para un cargo legislativo en 2025, podría sumar fueros que también la protejan de quedar detenida. En ese caso, debería ser desaforada.

Los jueces de la Casación pueden fallar en distintos escenarios. Un fallo posible es que confirmen la condena del tribunal oral federal y rechacen el planteo de los fiscales de condenar a la expresidenta por asociación ilícita. En este escenario, CFK debería recurrir a la Corte Suprema para insistir con su absolución total. 

Una segunda posibilidad es que los jueces absuelvan a Fernández de Kirchner y un tercer escenario es que agraven la situación de la condenada y que además de confirmar su sentencia por administración fraudulenta sumen otra por asociación ilícita. En este caso, Casación ordenaría al tribunal oral que dicte una nueva sentencia, más grave para la expresidenta. 

ED/JJD

El Tribunal Oral Federal y Criminal N° 4 condenó hoy al empresario Lázaro Báez a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de dinero a raíz de la compra de un campo en Uruguay conocido como “El Entrevero”.

En la misma causa, el empresario Leonardo Fariña, quien fuera testaferro de Báez, recibió una condena inicial de dos años y seis meses, que será unificada con otras penas anteriores y resultará en una sentencia final de cuatro años de prisión, informaron fuentes judiciales. La causa forma parte de la investigación conocida como “La ruta del dinero K”.

El campo, ubicado entre los balnearios José Ignacio y La Barra, en Punta del Este, fue adquirido por 14 millones de dólares a través de una compleja red de sociedades y testaferros que buscaban ocultar a los propietarios.

El fallo incluyó una multa adicional para Báez equivalente a tres veces el monto de las operaciones involucradas, junto con accesorios legales y costas, por su responsabilidad en el lavado de activos en dos hechos vinculados a la compra de “El Entrevero” y otro terreno en El Faro, de José Ignacio.

Además de Báez y Fariña, el tribunal también dictó penas para otros implicados como Maximiliano Goff Dávila, que fue condenado a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadín y Santiago Carradori, que recibirán penas de cuatro años y seis meses y cuatro años, respectivamente.

En tanto, Jorge Chueco fue sentenciado a seis años y seis meses, y Osvaldo Guthux a tres años con cumplimiento en suspenso.

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP actuaron como querellantes en la causa.

La condena contra Báez se suma a las ya existentes por otros casos relacionados, lo que incluye una pena de 10 años reducida a 6 años por el caso Vialidad.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara Federal porteña revisará el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el supuesto lavado de activos donde se condenó al empresario Lázaro Báez. Fue después de aceptar este jueves como querellante a una asociación civil vinculada a la oposición.

La decisión fue por mayoría de los jueces del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con el desacuerdo del tercer integrante Eduardo Farah, según la resolución. Farah advirtió que la causa ya lleva diez años de trámite, y la referida Asociación Civil “Bases” pidió ser querellante sólo tras del sobreseimiento de la expresidenta.

Por dos votos a uno, la Cámara aceptó a la asociación como querellante y habilitó la apelación, con lo cual revisará el sobreseimiento dictado por el juez federal Sebastián Casanello. La decisión se tomó el 5 de junio pasado a pedido del fiscal del caso Guillermo Marijuan, por entender que no existen pruebas en su contra. El magistrado también consultó a las partes querellantes, AFIP y UIF, que también pidieron la desvinculación definitiva de Fernández de Kirchner.

La titular del Senado tenía dictada falta de mérito en la causa que investigó a Báez, sus hijos y otros acusados por multimillonarias maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, a través de la empresa “Austral Construcciones”.

Apenas se conoció la noticia del sobreseimiento, la asociación integrada por Valeria Viola como presidenta y Pablo Nocetti pidió ser querellante. “Bases” es presidida por Viola, hija de la ex funcionaria menemista Adelina D'Alessio de Viola, y estuvo vinculada al Gobierno de Cambiemos por un cargo en el Ministerio del Interior. Actualmente trabaja en el Gobierno porteño.

Nocetti fue exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich.

Báez fue condenado a doce años de prisión tras un juicio oral y la Cámara Federal de Casación confirmó la condena pero redujo la pena a diez años. Ahora, esa sentencia está bajo revisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Casanello sobreseyó a la exmandataria y rechazó tener como querellante a Bases, pero la Asociación apeló y ahora logró que se le adjudique ese rol de parte en la causa. Además, la Cámara Federal porteña aceptó el recurso de queja de la Asociación, declaró “mal denegada” el rechazo de la apelación y la concedió.

La “labor aislada de la asociación” es la “última ocasión que tienen los habitantes de la República para verificar el alcance que tiene esta denuncia”, consideró el camarista Llorens en su voto al recordar que las querellas ya existentes en la causa consintieron el sobreseimiento.

En disidencia, Farah advirtió que “Bases” se presentó en la causa “a más de diez años de iniciada” y “cuando los acusadores legitimados habían pedido la definición de la última situación pendiente, instando al sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, luego decretado por el magistrado”. En minoría, remarcó: “Lo central pasa porque no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante”.

LC con información de agencia Télam

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF) excarceló a Martín Báez, hijo mayor del empresario Lázaro Báez, en la causa en la que está condenado a 6 años y 6 meses de prisión por lavado de activos. La decisión se tomó luego de un pedido de la defensa, al haberse cumplido el plazo para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Martín Báez, el mayor de los cuatro hermanos, estaba bajo arresto domiciliario desde 2021 en su casa de Río Gallegos, y ahora recuperará su libertad bajo monitoreo electrónico supervisado por el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, según la resolución de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel, y María Gabriela López Iñiguez.

Se informó que la supervisión será “mediante el dispositivo de monitoreo electrónico GPS, con un radio de 100 km a la redonda de su domicilio, debiendo comunicar a este Tribunal, en forma inmediata, cualquier modificación de su lugar de residencia, como así también toda circunstancia en virtud de la cual deba ausentarse por más de 24 horas del mismo”.

El 7 de junio pasado, se cumplieron los dos tercios de la pena impuesta, al ser condenado por maniobras de lavado de activos a través de las empresas del grupo Báez. Martín Báez quedó detenido el 7 de febrero de 2019 en la causa que instruyó el juez federal porteño Sebastián Casanello.

El 26 de abril de 2021, el mayor de los hermanos Báez fue condenado a 9 años de prisión por lavado de activos agravado, al término de un juicio en el cual su padre Lázaro Báez recibió una pena de 12 años. En cuanto a su padre, la Cámara Federal de Casación confirmó este año la condena pero modificó el monto de la pena y la redujo a seis años y seis meses de cárcel, por lo que quedó en condiciones de pedir la libertad condicional.

LC con información de agencia Télam

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó este lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez, confirmó una fuente directa del caso a elDiarioAR.

Casanello dispuso decretar el sobreseimiento “declarando que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor” de la Vicepresidenta, según la resolución, de tres carillas, a la que tuvo acceso Télam, y en la que el juez se remitió al dictamen del fiscal del caso Guillermo Marijuan y a la postura coincidente de las querellas de la UIF y la AFIP, que se pronunciaron por el sobreseimiento

“Frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hayan satisfechos”, concluyó el magistrado.

El fiscal federal Guillermo Marijuan había pedido el pasado miércoles el sobreseimiento de la Vicepresidenta en la causa que investiga si tuvo alguna relación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal había dejado asentada su posición en un dictamen de 46 páginas, presentado al juez federal Sebastián Casanello, donde remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la expresidenta y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo Marijuan.

“A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, destacó el fiscal.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, remarcó.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron divididos al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, sostuvo Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal federal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y sumó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Algunos párrafos más abajo, sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que manifestó que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Luego de todo su análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Marijuan recordó que la vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, detalló el fiscal.

Además, Marijuan sostuvo que Fariña, en su declaración, le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, ya que eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

Con información de agencias.

IG

El fiscal federal Guillermo Marijuan aseguró, en una entrevista televisiva para C5N, que no existen pruebas directas para asociar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado Lázaro Báez. Además, acusó a ex funcionarios macristas de querer evitar el sobreseimiento de la ex mandataria.

“Se cuestionó que se sacaron del país sesenta millones de dólares que llegaron a Suiza y parte de ese dinero volvió a Argentina como aportes de capitales para Austral Construcciones. Lo que hay que demostrar es que la expresidenta tuvo algún tipo de relación con esa maniobra”, explicó el fiscal para justificar por qué pidió el sobreseimiento de la ex presidenta después de 10 años de investigación.

Durante la entrevista en C5N, Marijuan también se refirió al pedido que presentó hoy la Asociación Civil Bases Republicanas ante el juez federal Sebastián Casanello para ser querellantes y exigir que se continúe con la investigación a Cristina Fernández de Kirchner. “Están planteando la posibilidad de ser querellantes. Intentar, si se les reconoce esa condición, apelar lo que eventualmente se decida o plantear la nulidad de mi pedido de sobreseimiento respecto de la expresidenta. Si no lo logran, tratarán de hacerlo en la Cámara Federal”, indicó.

El consejo directivo de la agrupación está a cargo del ex secretario de Legal y Técnica del Gobierno de Mauricio Macri, Pablo Clausellas y, como presidenta en uso de licencia, a la consejera de la magistratura, ex subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP y jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF), Jimena de La Torre. En este contexto, el fiscal acusó también a los ex miembros de la UIF, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, de escudarse detrás de la asociación para “aplicar una chicana procesal”.

“Van a tener que explicar cómo las maniobras de Lázaro los perjudicaba a ellos si pretenden ser tenidos por querellantes. Las pruebas que yo digo que no existen no lo van a poder revertir. No hay una prueba directa que se pueda citar respecto del manejo que le pudo haber cabido eventualmente a la expresidenta de este dinero. Corresponde su sobreseimiento”, concluyó.

ACM con información de agencias.

Pasadas las tres y media de la tarde del 25 de Mayo, una mujer, 70 años, 50 de militancia política, electa por voto popular para todos los cargos que ofrece la Constitución, se paró en medio del escenario, de espaldas a dos de sus nietos y unos 200 dirigentes, y frente a una multitud que parecía amar el rigor de la lluvia. Enésimo acto de una comunión de la razón y la pasión entre Cristina Fernández de Kirchner y decenas o cientos de miles de argentinos allí presentes, y varios millones que la siguieron a distancia. Habrá más.

La mirada entre negadora y despectiva de ese encuentro —apelaciones al chori, los micros que arrean, el fanatismo, el pobre engañado o comprado— no hace más que demostrar la estatura intelectual y ética de quienes la sostienen. Es, además, una torpeza política. La aventura de transferencia de ingresos de pobres a ricos, palos y cárcel que prometen las derechas va a encontrar resistencia popular. En el país por excelencia del pueblo en las calles, Cristina tiene quién la escuche. La reacción conservadora debería tenerlo en cuenta.

Eso sí. La épica no asigna razón ni exime a la líder de la profunda incoherencia ni de la elusión de responsabilidad en un momento crítico de la historia.

Con una capacidad retórica única en el sistema político argentino, sus diálogos con la multitud, sus pausas, sus bajadas al llano, sus frases destinadas a ser remera, Cristina transitó los argumentos que viene ensayando en cartas y discursos. Apuntó a los responsables de la deuda externa y a “los cuatro vivos” que se llevan el crecimiento. Regresó a la letanía acrítica sobre los números macroeconómicos de 2015. Creció la potencia de su voz al llamar a la Corte Suprema por su nombre: “verdadero mamarracho. Indigno”.

En el país por excelencia del pueblo en las calles, Cristina tiene quién la escuche. La reacción conservadora debería tenerlo en cuenta

Esta vez, la vicepresidenta se privó de someter a la audiencia a las planillas de excel utilizadas en sus “clases magistrales” para explicar que el déficit fiscal es público y gratuito, sin consecuencias inflacionarias.

Una centralidad estable

A falta de nuevos ejes argumentales y de definiciones electorales, el cuadro del jueves en Plaza de Mayo tuvo un sentido para reafirmar lo que ya habitaba la mente del mundo político. A Alberto Fernández y a muchos más gobernadores, ministros, intendentes y diputados de los que lo admiten en público no les resultará fácil superar la centralidad de Cristina y su lógica endogámica de decisiones. Los rebeldes deberán encontrar lealtades, planificación y arrojo para dar vuelta la página.

Alberto Fernández no fue el único ausente en el escenario montado en Plaza de Mayo. Sólo estuvieron presentes tres gobernadores, dos de ellos, Axel Kicillof (Buenos Aires) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), pertenecientes a la galaxia pura de la vicepresidenta. El tercero, Ricardo Quintela (La Rioja), es tan albertista como cristinista, eslabón perdido de un tiempo efímero y cercano. La ausencia de rostros e ideas que desorientaran lo previsible —al contrario de lo ocurrido durante la gira de presentación del libro Sinceramente en la previa electoral de 2019— denota el poco margen de maniobra que tiene Cristina para superar su tercio, tanto para ganar como para alcanzar los “acuerdos básicos” con otros sectores políticos para superar lo que define como “economía bimonetaria”.

El encuadre de la cámara eligió al supuesto trío de presidenciables del cristinismo. Kicillof, Eduardo de Pedro y Sergio Massa. El foco en este último ratifica que a Cristina y Máximo Kirchner no los guía el rencor por batallas pasadas, por cruentas que hayan sido. El driver del Instituto Patria parece ser un mecanismo tan personalista como enigmático que administra indultos y condenas, y no percibe necesario abundar en explicaciones comprensibles. La decisión de subir o bajar gente del escenario se ancla en un motivo estelar: porque sí.

Hay que reconocer que De Pedro no acercó al estrado a su padrino sindical, el —entre otras cosas— ultramenemista Luis Barrionuevo. Por ahora.

El viaje de Massa

Mientras el dedo que De Pedro ansía y Kicillof teme se toma su tiempo, algunos creyeron ver en el lugar de Massa en el escenario y en el viaje que éste emprenderá a China junto a Máximo Kirchner una señal para su candidatura presidencial. Es probable, pero la especulación choca con estas frases de la vicepresidenta:

Massa no parece estar apuntando a “dejar de lado” el préstamo con el FMI, más bien todo lo contrario. Es, a su vez, el ejecutor de la botonera que permite que, a criterio de Cristina, “los cuatro vivos se la sigan llevando”. Podría argumentarse que asumió el ministerio en condiciones de volatilidad extrema y no le quedó margen como plantarse ante el FMI o ante los extorsionadores de la soja que acumulan en silobolsas para lograr una devaluación; cuatro vivos por excelencia. Ocurre que poco y nada en Massa hace pensar que alberga la biblioteca macroeconómica de la vicepresidenta. ¿El ministro de Economía encaró hacia La Quiaca con el fin subalterno de llegar a Ushuaia? ¿Martín Guzmán, con una pandemia seguida de guerra, tuvo margen para impulsar el salariazo con revolución productiva que reclama el kirchnerismo duro?

Vía “la papa caliente” o pinceladas de inspiración larroquista “Massa es un compañero”, el cristinismo da por satisfechas las dudas. La fraseología precaria, sin repreguntas de muchos de los presentes en la Plaza —unos cuantos, de verba inflamada—, Cristina, la estratega a la que se atribuye dar vuelta el tablero con una jugada magistral, se permite pasar por alto que ella propuso en 2019 a Alberto Fernández como candidato presidencial —no a Kicillof— y que, recién ante la inminencia del default con el FMI, en el verano de 2022, y tras seguir paso a paso las negociaciones durante dos años, se dio cuenta de que el acuerdo acercado por Guzmán era idéntico al que había firmado Mauricio Macri. Si el texto del acuerdo dice otra cosa, es un detalle irrelevante.

Vía alusiones a “la papa caliente” o pinceladas de inspiración larroquista “Massa es un compañero”, el cristinismo da por satisfechas las dudas

Del giro de Cristina se desprende la propuesta de acumular fortaleza política para obligar al FMI a retroceder. La vicepresidenta insta a la “unidad nacional” para la gesta. Semejante hito necesitaría una articulación gubernamental sin fisuras, técnica quirúrgica para enfrentar a “los cuatro vivos” y una dinámica por todo lo alto, con diplomacia y belicosidad, en estrados internacionales. Si esa era su intención, no avisó cuando debía, hace cuatro años. No con alguna frase deslizada en un acto político, sino con acción política coherente.

¿Qué país piensa la líder que ahora reclama “unidad nacional” contra el FMI y describe que la elección que viene se jugará entre tres tercios: el que ella lidera, el de la derecha que cree que el Primer Tiempo de Mauricio Macri fue tibio y el de la ultraderecha que propone dolarizar la economía?

“La ruta del dinero K”: un bluff

El nombre de Lázaro Báez sobrevoló las horas previas y posteriores al acto en Plaza de Mayo. Si ciertos políticos como Elisa Carrió y grupos mediáticos como Clarín no estuvieran tan seguros de la impunidad de su palabra, se habrían ahorrado la sugerencia de que el pedido de sobreseimiento de Cristina en la causa propalada como “ruta del dinero K” se debió a un favor del fiscal federal Guillermo Marijuan a Massa. Por una razón muy simple: si ahora uno de los alfiles más notorios de Comodoro Py entierra una acusación por obediencia a su aparente jefe político, habría que deducir que una década atrás, cuando ese mismo fiscal activó un baile procaz de excavadoras, arrepentidos y cámaras ocultas, también actuó bajo el mismo mandato.

Lo inválido del razonamiento que sacaron a relucir los enemigos de Cristina no es la hipótesis de que un fiscal federal actúe con motivaciones políticas. Eso es moneda corriente. En efecto, Massa auguraba años atrás que varios kirchneristas terminarían presos y que “los ñoquis de La Cámpora” serían barridos, lo que está lejos de transformarlo en autor intelectual de las decisiones de Marijuan. Quienes lo sostienen deberían probarlo.

Que el show denigrante con excavadoras buscando bóvedas en la estepa patagónica, al que la campera inflable azul de Marijuan se prestó solícita, haya ocurrido en los días posteriores a la revelación de las sociedades fantasma de Macri en Panamá, en abril de 2016, es una mera coincidencia que las voces cínicas de defensa de los valores republicanos no explicarán.

La “ruta del dinero K” incluyó la actuación de Leonardo Fariña, un personaje estrafalario que se dejó arrepentir frente a una cámara oculta de Jorge Lanata. Fariña encandiló con su solvencia a Marijuan, a su colega de Comodoro Py Carlos Stornelli y al ministro de Justicia de Cambiemos y actual asesor de Macri, Germán Garavano, al punto de que éste acordó pagarle la compensación por el arrepentimiento (vivienda con amplias comodidades, traslados en autos de alta gama y Osde) con la plata del contribuyente.

Que el show denigrante con excavadoras en la estepa patagónica, al que la campera inflable azul de Marijuan se prestó solícita, haya ocurrido en los días posteriores a la revelación de las sociedades fantasma de Macri en Panamá, es una mera coincidencia

La presión ejercida sobre el juez federal Sebastián Casanello, “tortuga”, fue menos pintoresca, pero más sórdida. Con los mismos altoparlantes que hicieron famoso a Fariña, dos testigos aportados por el sistema de Inteligencia mintieron para afirmar que Casanello había visitado a Cristina en la quinta presidencial de Olivos. Martín Irurzun, el camarista de la doctrina del “poder residual”, dio aire judicial a la versión. La historia terminó con los falsos testigos condenados a tres años de prisión y con Santiago Viola —abogado de Báez, presunto autor intelectual de la maniobra y hoy apoderado del partido de Javier Milei— sobreseído por la Cámara Federal de Casación.

Marijuan llegó esta semana a la misma conclusión a la que podría haber arribado cuando las excavadoras no encontraron más que tierra en los campos de Santa Cruz, a falta de un mínimo indicio de que los fondos de los Báez se conectaban en algún punto con la familia Kirchner. El fiscal escribió en su dictamen de 46 páginas que la relación entre el empresario y la líder política está probada —algo obvio—, pero no hay indicios que unan a la vicepresidenta con el dinero lavado.

Pregunta, respuesta y ofensa

Hablar de Báez es hablar de un amigo de Néstor Kirchner devenido contratista de obra pública que fue condenado a 10 años de prisión por lavar US$ 55 millones producto de la evasión impositiva. Su incremento patrimonial y sus cuentas en Suiza quedaron a la vista: una verdadera ruta de la corrupción.

Para el tándem macrismo-servicios-medios, abordar las causas de Báez constituye el desafío árido de tener que explicar a Fariña, jueces acomodados o barridos, pádel en Olivos, fútbol en Los Abrojos y primicias fraudulentas. El expediente también resulta inconveniente para los peronistas “racionales” que en algún momento se ilusionaron con el fin del kirchnerismo por la vía judicial.

Alberto Fernández habló de Lázaro Báez y el cristinismo regresó a un lugar que frecuenta: se ofendió.

En entrevista con este diario publicada el domingo pasado, el presidente dijo: “Cristina no es corrupta, yo la conozco… Alguna gente puede decir que fue una imprudencia ética muy grave haber firmado acuerdos con alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública”.

El mandatario reiteró conceptos que ya había expresado, aunque con más énfasis y en el contexto sensible de su ruptura definitiva con la vicepresidenta y la antesala de unas elecciones que pintan complicadas. Eligió texto y tono para destacar que él no tiene socios empresarios porque, “para mí, en la gestión del Gobierno, la transparencia, la decencia y la honestidad son temas centrales en una Argentina devastada en esos términos”. En su línea divisoria entre el delito penal (“no es corrupta”) y probables falencias éticas (“muy graves”), el Presidente queda interpelado en su relación con Néstor Kirchner, a quien considera referente, amigo y verdadero líder. La “imprudencia” que cabe a Cristina apunta también, con bastante mayor claridad, a su marido fallecido.

Alberto no “salió a cuestionar a” sino que respondió una pregunta en una entrevista a agenda abierta con un medio crítico. Esto, un abecé de la democracia, es terreno poco explorado por sus principales enemigos de Juntos por el Cambio y el cristinismo

La interpretación generalizada de que Alberto eligió apelar a Báez como munición en la interna del Frente de Todos incluye un equívoco. No estaba en su ánimo ni, seguramente, en su presunción que el tema sería abordado. El mandatario no “salió a cuestionar a” sino que respondió una pregunta en una entrevista a agenda abierta con un medio sin intereses ocultos. Esto, un abecé de la democracia, es terreno poco explorado por sus principales enemigos de Juntos por el Cambio y el cristinismo, que suelen elegir con cuidado quirúrgico el dominio de la pregunta, objetivo al que ayudan la adhesión política de los medios, la pauta o la participación accionaria.

La ofensa es, para Cristina y los suyos, un derecho de su uso exclusivo. El derecho es a ofender, no a ser ofendidos. Quizás, algún día, la vicepresidenta se deje preguntar y repreguntar, en una entrevista serena, a agenda abierta, sobre casos de presunta corrupción en su gobierno y el de su marido. Sobre los contratos con Báez, el Grupo Macri y el Grupo Roggio.

Al fin y al cabo, la bandera de la transparencia fue sostenida en el discurso de asunción presidencial de Néstor Kirchner, hace veinte años.

SL 

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga si tuvo alguna relación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas, presentado al juez federal Sebastián Casanello, donde remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la expresidenta y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

“Aún con la claridad de esa vinculación de Lázaro Báez con Cristina Fernández, habiendo transcurrido más de diez años, desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha que permitió” interrogarla, sostuvo Marijuan.

“A esa debilidad probatoria para sostener una posible orden de Cristina Fernández y/o cualquier otro tipo de acción, ya sea, coactuar, participar y/o instigar el movimiento ilícito de los fondos llevados a Suiza, se suman los desacertados y erróneos fundamentos del reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -al voto mayoritario me refiero-, en punto al delito precedente del lavado de dinero al que vengo aludiendo”, destacó el fiscal.

“Ello pues, como abordaré en adelante, no hace más que centrar la escena en la actividad ilícita en cabeza de Lázaro A. Báez y la evasión fiscal de su 'patrimonio', que yo llamaría botín, dejando a un lado, el vínculo del lavado de activos con la obra pública vial y con ello al poder político de turno en ese momento”, remarcó.

En el fallo invocado por Marijuan, los jueces del máximo tribunal penal confirmaron que existieron las maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares, aunque votaron divididos al expedirse sobre el origen de esos fondos: los camaristas Ángela Ledesma y Mariano Borinsky lo vincularon con maniobras de evasión impositiva, mientras que Javier Carbajo avaló la hipótesis de que pudieran provenir de delitos vinculados a la Obra Pública.

“Resulta inconducente ingresar al tratamiento de los cuestionamientos impetrados por las defensas contra el razonamiento seguido por el voto mayoritario del tribunal a quo (el Tribunal Oral Federal 4) sobre el origen ilegal de los fondos, eventualmente provenientes de delitos contra la administración pública y su compatibilidad, o no, con la comisión de delitos tributarios”, sostuvo Borinsky en su voto.

El fiscal Marijuan sostuvo en su dictamen de este miércoles que el voto mayoritario de los jueces de la Sala IV de Casación “resulta a todas luces desacertado” porque implica “anular” como delito precedente “la asignación irregular de obra pública”, lo que a su criterio implica “esconder una realidad innegable”.

El fiscal federal resaltó es su dictamen que no tiene “duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Fernández y Lázaro Antonio Báez” y sumó: “La reciente prueba incorporada a esta causa a instancia del suscripto, en punto al estudio del entrecruzamiento de llamadas entre teléfonos de Lázaro Báez y Cristina Fernández y/o sus secretarios y colaboradores, demuestran que el primero tuvo al menos 372 contactos telefónicos en un período de poco más de dos años”.

Algunos párrafos más abajo, sostuvo que “de esas comunicaciones, 4 se registraron entre líneas a nombre de Cristina Fernández y teléfonos registrados como de Lázaro Báez”, por lo que manifestó que eran “algo más que simples conocidos de Santa Cruz y tenían un contacto fluido”.

Luego de todo su análisis, Marijuan concluyó que en los 10 años de investigación no se pudo probar que la vicepresidenta fuera coautora o tuviere una participación “en esa concreta y puntual maniobra de lavado de dinero”.

Marijuan recordó que la vicepresidenta “fue imputada formalmente por esta parte el 8 de abril de 2016 con motivo de la ampliación del requerimiento fiscal realizado en el presente sumario luego de la declaración indagatoria prestada por Jorge L. Fariña, en su carácter de imputado colaborador”.

“En aquella oportunidad y en su extensa declaración, Jorge Leonardo Fariña confesó haber llevado adelante maniobras de lavado de dinero por orden y cuenta de Lázaro Antonio Báez entre los meses finales de 2010 y mitad de 2011, a través de la aplicación de fondos de origen espurio en bienes en el país y cuentas bancarias en Suiza titularidad de sociedades off shore, armadas para la actividad ilícita desplegada”, detalló el fiscal.

Además, Marijuan sostuvo que Fariña, en su declaración, le había dicho que Báez había hablado con la entonces presidenta Fernández de Kirchner y que ella le habría preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, ya que eso le habrían comunicado desde la Embajada de Estados Unidos.

LC con información de agencia Télam

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

A lo largo de 1.616 páginas, los jueces que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner por el manejo de la obra pública consideraron que su política de adjudicación representó un “caballo de Troya” destinado su beneficio económico y el de su familia“. Así, lo afirmaron los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes el pasado 6 de diciembre condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo al Tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”

Para los jueces no hubo duda de que se trató del delito de administración fraudulenta y así lo consideraron de manera unánime luego de analizar la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los magistrados sobre la figura de asociación ilícita, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y que no se pudo probar la “pluralidad de planes delictivos indeterminados. En disidencia votó Basso.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcan los jueces. 

Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se reunió con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo fue desmantelar las operaciones. “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, dijeron los jueces.

Para Gorini, Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, “tras haber examinado los hechos en toda su extensión -´la película completa´, apelando a la metáfora-, la política pública que su gobierno (NdR: el gobierno de Cristina Kirchner) pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, al tiempo que agregan: “Nuestro convencimiento se cimenta en las pruebas reseñadas que revelan con certeza que en el transcurso de la semana que siguió a las elecciones del domingo 22 de noviembre de 2015, Cristina Fernández de Kirchner se involucró personalmente en los intereses empresarios de Austral Construcciones SA y en el cese de su actividad comercial -y delictiva- en el ámbito de la obra pública vial en Santa Cruz, rubro que supo ser la fuente del lucro indebido obtenido por el empresario durante años y del cual se benefició económicamente la ex Presidenta y su núcleo familiar”.

El TOF 2 explica que  la evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”. Y agrega: “Aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), en virtud de facultades delegadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y, ocasionalmente, por este último organismo en forma directa”. 

Los fundamentos para la sentencia a CFK

Hacia el final del documento, los jueces se centran en la figura de la entonces presidenta Cristina Kirchner para explicar “la atribución de responsabilidad a la ex Presidenta de la Nación en orden al delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, en calidad de autora”. Y agregan: “La comprobación de un interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado materialmente en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV) fue dirimente”.

Además, argumentan que “pese a que dentro del Poder Ejecutivo Nacional la administración general del país desde la reforma constitucional de 1994 es ejercida por el jefe de gabinete, el Presidente de la Nación es asimismo 'responsable político de la administración general del país'. Esto importa una responsabilidad jurídica y política, con proyecciones civiles y penales”. Para los jueces, “la resolución presidencial exteriorizada a través del Decreto nro. 54/2009 relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados”.

Los magistrados dicen que Cristina Kirchner quiso “proveer al beneficio económico de las empresas que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales ubicadas en jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, o lo que es lo mismo, de las sociedades comerciales controladas por Lázaro Báez. O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”. 

Qué dijeron sobre el “lawfare”

“Nada que no se haya visto ni oído antes: especulación electoral, persecución política, operación mediática, guerra jurídica, causa armada, intento de proscripción, falsa denuncia, conspiración, derecho penal del enemigo, complot, cacería judicial. Podríamos seguir con la larga lista de subterfugios habituales con los que se responde ante una investigación, proceso o sentencia judicial. Ahora parece más sofisticado hablar de lawfare (como si las cosas al ser descriptas en inglés tuvieran más valor) para definir algo que en la realidad aparece sólo como una nueva teoría conspirativa - tan antigua como el propio Estado de Derecho-. Y cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción o por otros relacionados al mal desempeño en el ejercicio de la función pública”, argumentaron los jueces en contra de los reproches de las defensas durante las audiencias.  

Los fundamentos completos

La expresidenta fue condenada por el Tribunal Oral Federal número 2 por la adjudicación irregular de 51 obras viales a su exsocio Lázaro Báez. Los magistrados Gorini y Giméz Uriburu también explicaron por qué la absolvieron por el delito de asociación ilícita, al igual que a los otros doce acusados por la fiscalía, de acuerdo con el escrito publicado este jueves por la mañana en el sitio web del Centro de Información Judicial (CIJ).

A partir de la publicación de los fundamentos, las defensas de los condenados y la fiscalía acusadora podrán presentar los recursos para soliictar la revisión de las condenas y absoluciones.

El juez Basso argumentó en un voto aparte sus fundamentos para disentir con sus colegas y considerar que Fernández de Kirchner debería haber sido condenada también por este segundo delito. Su voto será clave para el recurso que prepara el fiscal Diego Luciani ante la Cámara Federal de Casación para solicitar que se revea esta absolución y se dicte una nueva condena, como adelantó el funcionario acusador en un escrito publicado el día de la sentencia.

Así fue la sentencia

Las sentencias, textuales del fallo del TOF 2

“De conformidad con las prescripciones del art. 398 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, es que el Tribunal; RESUELVE:

I.- NO HACER LUGAR a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final.

II.- CONDENAR a LÁZARO ANTONIO BÁEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5°- en función Poder Judicial de la Nación TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2 CFP 5048/2016/TO1 1613 del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

III.- CONDENAR a MAURICIO COLLAREDA a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IV.- CONDENAR a RAÚL OSVALDO DARUICH a la PENA DE TRES (3) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

V.- CONDENAR a CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VI.- CONDENAR a JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VII.- CONDENAR a RAÚL GILBERTO PAVESI a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

VIII.- CONDENAR a NELSON GUILLERMO PERIOTTI a la PENA DE SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

IX.- CONDENAR a JOSÉ RAÚL SANTIBÁÑEZ a la PENA DE CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

X.- CONDENAR a JUAN CARLOS VILLAFAÑE a la PENA DE CINCO (5) AÑOS DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PERPETUA PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS, ACCESORIAS LEGALES Y LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (arts. 12, 19, 20, 29 –inc. 3°-, 40, 41, 45 y 174 –inc. 5° y último párrafo- en función del 173 –inc. 7°- del Código Penal de la Nación; y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XI.- DISPONER EL DECOMISO de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04), los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente (art. 23 del Código Penal, art. 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y art. 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

XII.- Por mayoría, ABSOLVER a LÁZARO ANTONIO BÁEZ, CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ y NELSON GUILLERMO PERIOTTI, en orden al delito calificado por los Sres. Fiscales de Juicio como constitutivo del tipo normado por el art. 210 del Código Penal.

XIII.- ABSOLVER a JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO en relación a los hechos por los que fueron acusados, SIN COSTAS (art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación).

XIV.- DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN con relación al hecho imputado a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER y, en consecuencia, SOBRESEERLO en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los Sres. Fiscales Generales; y ABSOLVERLO respecto al delito de asociación ilícita por el que fuera requerida la elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, SIN COSTAS (arts. 59 –inc. 3°- y 62 –inc. 2°- del Código Penal y 336 –inc. 1°-, 361, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).

XV.- DISPONER EL CESE de las medidas cautelares ordenadas en este proceso con relación a CARLOS SANTIAGO KIRCHNER, JULIO MIGUEL DE VIDO, ABEL CLAUDIO FATALA y HÉCTOR RENÉ JESÚS GARRO, debiendo procederse según corresponda en los incidentes respectivos (art. 402 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación).

XVI.- NO HACER LUGAR a la solicitud de extracción de testimonios formulada por la defensa de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, PONER A DISPOSICIÓN de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente.

Con información de agencias.

ED/IG

El Tribunal Oral Federal número dos de la Ciudad de Buenos Aires da a conocer hoy los fundamentos del fallo que condenó a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a otra docena de imputados en la causa conocida como “Vialidad”.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso difundirán la sentencia mediante el sistema informático Lex 100, por el cual tramitan los expedientes y entregarán copias en formato digital a las partes.

El documento se insinúa extenso, de un millar de páginas, y describirá minuciosamente lo que los jueces creen que quedó probado a lo largo de un juicio que se extendió durante tres años.

En diciembre pasado, cuando dieron a conocer las condenas –que incluyen la pena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner- los magistrados distribuyeron una suerte de adelanto de fundamentos.

En ese resumen, colocaron a la vicepresidenta como la principal responsable y beneficiaria de un sistema de corrupción que consistió en adjudicar 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, quien creció exponencialmente su patrimonio a la sombra de esas irregularidades.

Los jueces creen que existió “un beneficio ilegítimo a favor de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez”, también un “interés manifiesto sobre el plan criminal” por parte de la vicepresidenta, quien participó “en los beneficios económicos producto del delito”.

La condena se limitó al delito de administración fraudulenta y excluyó la figura de la asociación ilícita (el juez Basso se había inclinado por condenar también por esa figura, lo que hubiera significado una pena mayor).

El fallo insistirá en que hubo una maniobra fraudulenta para favorecer a Báez y, a través suyo, a la vicepresidenta.

La “maniobra fraudulenta” –según los jueces, en coincidencia con los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- “perjudicó los intereses de la administración pública”.

Toda la estructura del aparato estatal se confabuló para favorecer a las empresas del Grupo Báez, sobre quien el fiscal Luciani dijo reiteradamente: “Báez era Cristina Fernández de Kirchner”.

Además de describir las irregularidades detectadas en cada uno de los hechos, el fallo subrayará que para concretar el delito todos los intervinientes “desoyeron deliberadamente las alarmas” administrativas, judiciales y mediáticas.

El fallo es apelable ante la Cámara Federal de Casación Penal y, eventualmente, también ante la Corte Suprema de Justicia, de modo tal que la decisión que será fundamentada hoy aún no tiene fuerza de cosa juzgada.

Así fue la sentencia

Con información de NA.

IG