El Gobierno convierte la crisis de los audios de Karina en una causa de seguridad nacional y apunta a medios y periodistas

La noche del viernes en la Casa Rosada tuvo aire de intriga cortesana. Minutos después de que el streaming Carnaval difundiera los primeros audios atribuidos a Karina Milei, los despachos de Balcarce 50 se convirtieron en un escenario febril. La hermana del Presidente permanecía en el lugar, pero no en la sala donde se tramaba la respuesta: allí, en el despacho de Santiago Caputo, se reunían su mano derecha, Manuel Vidal, junto al vocero Manuel Adorni; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y, sobre todo, Santiago Viola. El apoderado de La Libertad Avanza se movía de un lado a otro como emisario permanente entre el asesor estrella y la Secretaria General de la Presidencia. Esa imagen, la de Viola entrando y saliendo, condensaba el estado de alarma de un poder que se sabe vigilado.

La decisión política fue inmediata, pero la acción judicial se concretó recién este lunes: el Gobierno presentó dos denuncias. Una, civil y comercial, que derivó en una cautelar firmada por el juez Alejandro Maraniello ordenando frenar la difusión de los audios. Y otra, penal, en el juzgado federal 12 a cargo de Julián Ercolini, por supuesto espionaje ilegal. En el escrito de 20 páginas, redactado por el Ministerio de Seguridad y rubricado por Fernando Soto, se describió una “operación de inteligencia clandestina” con patrones “rusos y chavistas”, destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña. La medida cautelar de Maraniello incluso involucró al ENACOM para que frenara la circulación de las grabaciones.

Pasado el mediodía, el vocero Adorni fue el encargado de anunciar la novedad. Publicó en X la frase que sintetizó la estrategia oficial. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, escribió, antes de precisar que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. Y remató: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

En la denuncia presentada en Comodoro Py, el Gobierno identificó como responsables de la supuesta operación a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial; al dirigente Pablo Toviggino, y al operador Franco Bindi. No se trata de una enumeración inocente: cada nombre carga con un trasfondo distinto. Federico y Rial, comunicadores con larga trayectoria en medios; Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dueños del canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones; y Bindi, abogado y empresario de medios, actual pareja de la diputada Marcela Pagano. La mención conjunta de estos actores funcionó como un gesto político: marcar un mapa oficial de sospechosos que vincula a periodistas, dirigentes del fútbol y operadores judiciales con el escándalo. A su vez, en la denuncia, la cartera que comanda Patricia Bullrich también llama a allanar los domicilios particulares de los involucrados.

En el caso de Toviggino, además, pesa el antecedente inmediato de su enfrentamiento con Guillermo Francos. Apenas un mes atrás, el jefe de Gabinete lo acusó de “jugar un rol político” junto a Claudio “Chiqui” Tapia por la decisión de la AFA de habilitar el regreso del público visitante a los estadios, a lo que Toviggino respondió en X llamándolo “hombrecito de dientes amarillos”. El cruce se reeditó ahora con los audios: la semana pasada, Francos lo señaló como “una expresión del kirchnerismo”, al tiempo que en la Casa Rosada se reforzaba la hipótesis de que Carnaval no solo había sido la plataforma de difusión, sino también parte de la operación.

Otra sombra que sobrevuela Balcarce 50 es la de Marcela Pagano. La diputada, recién escindida de La Libertad Avanza, irrumpió el miércoles en el Congreso con un discurso explosivo contra el propio Francos en el que buscó instalar a José Luis Vila, actual secretario de Estrategia Nacional, como responsable de las filtraciones de Spagnuolo.

Fue una intervención que sonó más a alegato judicial que a interpelación parlamentaria, y que obligó al jefe de Gabinete a defender a Vila públicamente como “uno de los especialistas más importantes en inteligencia”. La jugada, leída como un movimiento de Pagano para reposicionarse desde afuera del oficialismo, reforzó en el Gobierno la sospecha de que la diputada y Bindi, figura de fuertes vinculaciones con el submundo de la inteligencia, podían estar detrás de la operación.

A fondo

El clima interno en el Gobierno es de cierre de filas. Las propias rencillas libertarias quedaron en suspenso, al menos por unas horas, ante lo que todos calificaron como “gravísimo”. La voz de Karina, grabada supuestamente dentro de la Casa de Gobierno, convirtió el episodio en algo más que una filtración: un asunto de seguridad nacional. “Si eso ocurrió, no tiene precedentes”, reconoció Guillermo Francos, que descartó la hipótesis de fuego amigo pero abonó la idea de una “gran operación opositora”. Esa reacción contrastó con lo ocurrido días antes en el caso Spagnuolo, donde la administración libertaria había mostrado desorientación y falta de reflejos. Con Karina en la mira, en cambio, la respuesta fue inmediata y coordinada: de la parálisis a la contraofensiva.

Puertas adentro, mientras tanto, el operativo de urgencia reveló también el desconcierto. Nadie sabía qué otros materiales podían difundirse, ni de qué época eran las grabaciones. Algunos colaboradores especulaban con micrófonos ocultos, otros con funcionarios infieles en la periferia de Karina. La hipótesis que predomina es que no se trató de una pinchadura sofisticada, sino de un celular de alguien presente en la reunión, lo que multiplica las sospechas y erosiona la confianza en el primer anillo del poder.

Así y todo, en Balcarce 50 interpretan que quienes difundieron los audios “hicieron una de más”: al involucrar a Karina con un material sin peso sustancial, la “operación” habría quedado al desnudo como un golpe mediático antes que judicial. La preocupación, sin embargo, excedía lo electoral: en el mismo ámbito donde se cree que se hicieron las grabaciones pasaron delegaciones internacionales y jefes de Estado. Por eso, en paralelo, se evalúan nuevos protocolos de seguridad a cargo de Casa Militar, conscientes de que la filtración golpea no solo a la hermana del Presidente sino a la investidura presidencial en su conjunto.

Durante el fin de semana, el eco de los audios resonaron como una advertencia: la vulnerabilidad estaba dentro. Y al calor de la campaña, el Gobierno ensaya un relato de victimización que le permite unificar tropa, poner nombres propios en la mira y denunciar que detrás de los audios opera un dispositivo clandestino destinado a erosionar al oficialismo en las elecciones legislativas. Pero debajo de esa unidad forzada persiste la tensión: los servicios de inteligencia, con sus facciones y sus fantasmas, vuelven a ser el escenario donde se define la política.

PL/MC