Regulación de la IA en América Latina: entre la urgencia y la capacidad real

En las últimas elecciones de la ciudad de Buenos Aires circularon audios sintéticos que simulaban voces de candidatos. En Brasil, el gobierno protagonizó hace poco enfrentamiento con Meta por la falta de transparencia algorítmica. En Colombia, los sistemas de inteligencia artificial ya influyen en decisiones crediticias que afectan a millones.

Según un índice del FMI, América Latina rezaga a los países desarrollados y a China en su preparación para la adopción de la IA. No solo en infraestructura o capital humano, también en algo más fundamental: la capacidad institucional para regular efectivamente. No se trata solo de redactar leyes, sino de contar con la capacidad técnica para implementarlas, supervisarlas y adaptarlas conforme la tecnología evoluciona.

El trilema de la regulación de la IA

América Latina, como otros países, enfrenta un trilema que requiere balancear prioridades en tensión. Primero, proteger derechos fundamentales contra algoritmos sesgados en sociedades donde la IA podría amplificar desigualdades existentes en crédito, empleo y servicios públicos. Segundo, fomentar la innovación sin desalentar a PYMEs y startups locales que carecen de los recursos para cumplir con exigencias regulatorias complejas. Tercero, mantener la soberanía sobre datos sensibles sin fragmentar un mercado regional de 650 millones de personas.

El panorama global muestra hoy tres enfoques dominantes, cada uno de ellos con preferencias por uno de los tres vértices del trilema: la UE prioriza la protección; EEUU la innovación; China la soberanía y seguridad nacional. El Reino Unido, por su parte, presenta un modelo atractivo de equilibrio en el centro del trilema, con un enfoque experimental y adaptativo.

El modelo europeo ofrece protección, pero exige recursos institucionales que la región no tiene –tanto que la misma UE acaba de suavizar su enfoque inicial para no asfixiar el desarrollo. El estadounidense precisa de reguladores sectoriales sólidos que muchos países de la región están apenas construyendo. El chino es consistente con una economía centralizada y dictatorial, lejos de la situación de la mayoría de nuestros países. Y el británico, aunque atractivo, demanda capacidades técnicas que llevaría años desarrollar.

Para América Latina, ningún modelo es directamente aplicable. Copiar y pegar puede ser contraproducente.

La trampa de la regulación aspiracional

Aquí radica la paradoja central. La ausencia de marcos regulatorios genera incertidumbre y desalienta la inversión responsable. Basta pensar qué habría sido de industrias como la farmacéutica o la aerocomercial, ambas con riesgos catastróficos probabilísticos, si no hubieran existido reguladores que definieran y limitaran su responsabilidad civil y comercial.

Pero adoptar regulaciones sofisticadas sin contar con instituciones capaces de hacerlas cumplir es poner el carro delante del caballo. 

Una regulación que exige auditorías algorítmicas, evaluaciones de riesgo detalladas y certificaciones técnicas suena impecable en el papel. Pero si los países no cuentan con agencias con personal capacitado, sistemas de datos interoperables o recursos para monitorear, esa regulación se convierte en letra muerta—o, peor aún, en una barrera paralizante que solo las grandes corporaciones podrían solventar.

Las cifras son elocuentes: según el Índice de Gobierno Digital 2023 de la OCDE y el BID, los países de América Latina ranquean muy por debajo del promedio de la OCDE en “monitoreo”—crucial para regulación basada en riesgos—, estrategia y gobernanza de datos—la materia de la que se nutre la experimentación y supervisión. 

Sin inventarios y interoperabilidad de datos, los enfoques basados en riesgo que usa la Unión Europea son imposibles de monitorear, la coordinación sectorial estadounidense no funciona y hasta los requisitos más básicos de transparencia no pueden verificarse.

Fortalecer la gobernanza de datos no es opcional: es la precondición para cualquier marco regulatorio serio, lo que requiere designar—o reforzar—una autoridad coordinadora creíble, establecer inventarios exhaustivos y expandir progresivamente la interoperabilidad comenzando con registros prioritarios como identidad, salud y tributación.

La respuesta no es abandonar la regulación o importarla de terceros países, sino diseñarla con una secuencia realista—mientras atacamos lo déficits de capacidad mencionados. 

Una “regulación habilitante” reconoce explícitamente las limitaciones de capacidad y construye gradualmente, partiendo de registros de sistemas de IA, cláusulas de adquisición pública que exijan transparencia, mecanismos básicos de reporte de incidentes. Medidas de mediano plazo que requieren mayor capacidad incluyen regímenes de certificación, auditoría algorítmica, unidades especializadas de evaluación.

En otras palabras, escalar, a medida que se va construyendo capacidad institucional para asegurar su cumplimiento.

La ventana crítica

El panorama global se polariza rápidamente. A principios de 2025, Estados Unidos giró hacia la desregulación mientras Europa avanza con su regulación restrictiva—y los países de la región se miran en el espejo de enfoques contrapuestos, divergiendo. Esta polarización importada refuerza la necesidad de marcos regionales que ofrezcan un camino para innovar localmente y coordinarse colectivamente, sin perder de vista qué se puede hacer y qué no en cada país.

América Latina tiene una ventana estrecha—los próximos 18 meses son críticos—para definir su propio enfoque. La región no debería transformarse en un eco regulatorio de Silicon Valley o Bruselas. Y tampoco puede redactar regulaciones aspiracionales que inmediatamente vuelvan innavegable el ecosistema IA local.

La regulación inteligente de IA no es un obstáculo a la innovación sino su fundamento, siempre que sea una regulación que los países efectivamente puedan implementar. Entre la parálisis regulatoria y la ausencia de reglas, existe un camino intermedio: construir gradualmente, priorizar pragmáticamente y, sobre todo, reconocer que, sin instituciones capaces de supervisar, los marcos regulatorios más sofisticados del mundo no pasan de ser expresiones de deseos.