En medio del rechazo general en el que coincidió todo el arco político y de la indignación de allegados y opositores tras conocerse las fotos de Fabiola Yañez con las que acusa de violencia de género a Alberto Fernández, Luis D'Elía fue más allá y, a través de un posteo en redes sociales, le pidió al exmandatario que “si tiene dignidad”, después de pedirles perdón a su exmujer, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino, debe “pegarse un tiro en la cabeza”.

Tras el posteo del dirigente peronista, de acuerdo a la información que publica el diario La Nación, Fernández se comunicó con D'Elía a través de WhatsApp y le aseguró no haber “hecho eso”. “Luis. Yo no hice eso. No entiendo como podés creer que hice eso”, le habría dicho el expresidente. Ante la falta de respuesta, insistió: “Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro”, le habría pedido Fernández a D'Elía.

Este jueves, a las 21.44, el dirigente social posteó las imágenes de Yañez con moretones en su brazo y en su ojo y escribió: Si Alberto Fernández tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza“.

El expresidente Alberto Fernández sostuvo este martes que es “falsa” la denuncia por violencia de género radicada en su contra por la ex primera dama Fabiola Yañez, y anticipó que presentará ante la Justicia “pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

“Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Sólo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa”, afirmó Fernández en un breve comunicado publicado en redes sociales.  

El exmandatario expresó: “Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Además, Fernández se refirió a los rumores sobre su salud tras la denuncia y en medio de versiones cruzadas sobre su estado, aseguró en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que va a “sobrellevar” la situación.

“Gracias por preocuparse. Lo vamos a sobrellevar”, respondió el exmandatario a NA al ser consultado sobre la información que circuló este miércoles, que habló de una situación por la cual habría sido atendido por personal de salud en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Los rumores surgieron luego de que este martes su expareja Fabiola Yañez lo denunciara por violencia física y psicológica ante el juzgado del magistrado Julián Ercolini.

El juez dictó una orden de restricción contra Fernández y también le impuso una prohibición de salir del país, ya que Yañez por estos días reside en España.

La denuncia se concretó luego de que trascendieran mensajes que estaban en el celular de la secretaria de Alberto Fernández y que llegaron a manos de la Justicia en el marco de otra causa.

Violencia física y “terrorismo psicológico”, la denuncia de Fabiola Yañez

La ex primera dama Fabiola Yañez denunció al expresidente Alberto Fernández por “violencia física y ”terrorismo psicológico“, según la presentación que hizo ante la Justicia.

La denuncia fue realizada a través de zoom ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini, luego de que se conocieran chats y fotos que estaban en el celular de la secretaria de Fernández.

Según el relato de Yañez, en el marco de su relación con el exmandatario nacional sufrió “terrorismo psicológico” de su parte.

También habló de mensajes telefónicos que tenían el objetivo de amedrentarla, lo que llevaron a cortar la comunicación con Fernández, y que ahora solo mantenía contacto a través de su madre, a los fines de que no romper el vínculo con el hijo que comparten. 

“El día 6 de agosto de 2024, Fabiola Andrea Yañez se contactó con el juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con el magistrado, la que fue celebrada en la misma fecha”, indicó la orden de restricción contra Fernández.

Y agregó: “Manifestó estar padeciendo lo que definió como ´terrorismo psicológico´ por parte de la persona denunciada, así como acoso telefónico, de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, amedrentándola psicológicamente”.

“Ante ello, fue interrogada acerca de si, en esta oportunidad, deseaba instar la acción penal, a lo que la compareciente manifestó expresamente que, a raíz de lo ocurrido, sí deseaba hacerlo”, subrayó la orden.

Yañez también reclamó a la justicia un cambio de custodia, ya que -según dijo- tenía asignada una “persona de confianza” del expresidente.

Con información de NA

IG

Organizaciones sociales lideradas por los dirigentes Luis D´Elía y Juan Carlos Alderete cortan este jueves la ruta nacional 3, a la altura de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, en oposición al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei.

La protesta está programada entre la 10 y las 14 en el tramo de la ruta llamado Brigadier General Juan Manuel de Rosas, en el cruce con las vías del tren Belgrano Sur, y entre otras organizaciones se encontraban la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), que tiene al frente a D´Elía y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Alderete.

También participan de la protesta el Movimiento Barrios de Pie, el Frente Barrial de la CTA, el Sindicato de los Canillitas y agrupaciones de jubilados y pensionados de La Matanza.

La protesta, que ocasionará serios inconvenientes en el tránsito de la zona, pondría a prueba el protocolo que implementó el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ya que, si bien se realiza en la provincia de Buenos Aires, se trata del corte de una ruta nacional.

“Vamos a cortar la ruta 3 en La Matanza, que es un lugar histórico de los piquetes en el país, porque estamos frontalmente en contra del decreto ómnibus de (el presidente Javier) Milei que consagra para todos los tiempos el modelo neoliberal conservador en la Argentina”, sostuvo D' Elía.

En este sentido, afirmó que “el modelo económico y social de (Javier) Milei consiste en un altísimo grado a la consagración de la entrega del país a los sectores concentrados de la economía y del privilegio, tanto de los poderosos locales como extranjeros”.

“Anunciamos esta nueva movilización y recordamos que la Gendarmería tiene solo jurisdicción sobre la ruta 3 y que nuestro acto cuenta con autorización municipal sobre la calle Germán Abdala”, remarcó.

Con información de agencias.

IG

El líder de MILES, Luis D´Elía, ratificó su apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras ser condenada en la causa Vialidad y consideró que esta situación “no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle”.

“Alterar la paz pública no sirve absolutamente para nada, pero hay que tomar consciencia que esto no se resuelve con leguleyería barata, con debates de intelectuales, sino con el pueblo en la calle”, sostuvo el dirigente social.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que condujo esta jornada Ari Paluch por Radio Rivadavia, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social cuestionó el fallo del Tribunal Oral Federal número 2 y señaló que “está muy cuestionada la independencia de la Justicia”.

El referente kirchnerista reconoció que durante la gestión del Frente para la Victoria “hubo corrupción”, pero afirmó que el entonces secretario de Obras Públicas “José López, muerto Néstor Kirchner, pactó con (Ángelo) Calcaterra, (Eduardo) Gutiérrez y (Nicolás) Caputo, tres conocidos empresarios macristas”.

“De eso no hay nada que la vincule a Cristina. En la causa, el que tenía vinculación era Néstor, pero uno no le puede endosar esto a Cristina. Yo creo absolutamente en su inocencia”, remarcó D ´Elía.

Además, el líder de MILES reiteró sus cuestionamientos hacia La Cámpora por no haber movilizado a los Tribunales Federales de Comodoro Py el pasado martes cuando se dio a conocer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la titular del Senado: “La Cámpora se pasó dos años cantando `si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar´ y ayer la tocaron a Cristina y se quedaron en su casa”.

Por otra parte, el dirigente social se refirió a la decisión de la vicepresidenta de no presentarse a ninguna candidatura en las elecciones de 2023 y aseguró que “hay tres o cuatro compañeros que pueden ser candidatos”.

Con información de NA.

IG

El dirigente social Luis D'Elía tildó a Cristina Fernández de Kirchner de “flojita de memoria y de agradecimiento”, y consideró que le “declaró la guerra a todos los movimientos sociales y a los kirchneristas” al referirse al discurso de cierre de la vicepresidenta en el plenario de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que tuvo lugar esta tarde en la localidad bonaerense de Avellaneda.

“Flojita de memoria y de agradecimiento. Nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular, mientras la CTA de Hugo Yasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández. Horrible”, publicó D'Elia en su cuenta oficial de Twitter apenas horas después del acto realizando durante el Día de la Bandera conmemorado este 20 de junio.

Desde el kirchnerismo habían anticipado que sería un discurso fuerte y centrado en la economía. Y así lo fue. Lo que comenzó como una clase en la que fue desentrañando las causas que llevaron al país a uno de sus peores índices de inflación, Fernández de Kirchner fue señalando uno a uno a los que considera responsables: “Tenemos una inflación única en el mundo, por el deficit fiscal no es”.

En ese sentido, la ex presidenta cuestionó la inacción por parte del Gobierno para poner freno al sector empresario y controlar las importaciones pero también criticó que el Estado haya delegado en los movimientos piqueteros el reparto de los planes sociales. “Es como el perro que volteó la olla y mira para otro lado”, dijo.

Aseguró también que “el Estado nacional debe tomar el control de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas” y que consideró que “los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los '90, no nacieron con ningún gobierno populista, son producto de la falta de oportunidades”.

Las críticas desde la oposición

D'Elía no fue el único que cuestionó las declaraciones de la ex presidenta. La diputada nacional de Juntos por el Cambio y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, utilizó su cuenta de Twitter para ironizar sobre las palabras de Fernández de Kirchner: “1hs 9min de clase de economía de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Les resumo? Todo es culpa de Macri, el capitalismo, los jueces y los que producen. Nada es culpa del déficit, la emisión, ni de ella que eligió, militó y formó este gobierno”.

El diputado nacional porteño por el Frente de Todos, Leandro Santoro, fue quien le respondió a la legisladora y señaló que el discurso Fernández Kirchner “defendió a los que producen” y “criticó a los que especulan”, a diferencia del gobierno de Mauricio Macri que fomentó “la evasión, la deuda y la fuga” de capitales, causantes de “la inflación” actual.

MB

 Luis D'Elía sorprende de arranque.

—Cristina nos conduce a un suicidio político —tira el latigazo.

El dirigente piquetero está tan enojado con la vicepresidenta que la etiquetó como la oficialista más funcional al macrismo.

—Se cree que boicoteando a Alberto se beneficia ella. Y no se da cuenta que está tendiendo la alfombra para el regreso de la derecha a la Casa Rosada —dice, evidenciando un inesperado quiebre del vínculo con quien fuera su indiscutida jefa política.

—¿Qué pasó?

—Mire, la lucha distributiva en la Argentina tiene 70 años. En el `52 Perón tenía 63 por ciento de inflación. Hizo la ley contra el agio y la especulación. Transformó en delito el aumento injustificado de los precios. En tres años bajó la inflación a cero. ¿Y cómo terminó? Con un golpe de Estado y el exilio del peronismo por 18 años. La lucha distributiva generó golpes de Estado. Está en la base del genocidio del `76. El gran desafío del país es cómo crece y cómo distribuye sin matarnos entre los argentinos.

—Veo que ahora hace un elogio a la moderación. Sin embargo, Máximo Kirchner cree que Guzmán, y por extensión el presidente, producto de esa moderación no confronta con el poder económico.

—Lo que dijo Máximo es una berretada por dónde se la mire. Cristina, hace unos años, dio una conferencia con (el premio Nobel de economía, Joseph) Stiglitz y se enamoró de él. Guzmán es el resultado de esa mirada económica.

—Se habrá desenamorado entonces del maestro de Guzmán.

—Yo escuchaba a un tipo importante del pensamiento en materia económica como el periodista Alfredo Zaiat. Y él decía que el proyecto de Guzmán es muy bueno pero tiene dos problemas: necesita tiempo y necesita dólares.

—Dólares no hay.

—Estamos complicados. Para colmo hay una puja con algunos sectores que han retenido 8 mil millones de dólares de la última cosecha. Pero es un buen proyecto. Argentina va a exportar este año 100 mil millones de dólares, y tienen que quedar entre 20 mil millones y 22 mil millones en el Estado. El año pasado recaudó 76 mil millones. El precio de los commodities en las nubes. Los indicadores de desarrollo humano están muy bien. Bajó 6 puntos la pobreza, la desocupación está en 7 por ciento, el crecimiento del PBI probablemente sea de nuevo entre 8 y 10 puntos. Todos los salarios convocados a paritarias. Se entregó el primer bono de tres o cuatro que se pueden entregar.

—¿Compra a ciegas el plan Guzmán?

—Es inobjetable lo que está haciendo Guzmán. No lo veo ajustar, no lo veo privatizar, no lo veo cercenar derechos.

—Me dijo que el otro problema es el tiempo. Y en efecto hay urgencias que atender ante una inflación galopante. En eso se apoya, por ejemplo, el proyecto que Máximo Kirchner y otros legisladores presentaron para adelantar a julio la totalidad de los aumentos del salario mínimo, vital y móvil pautados para este año.

—Me parece mal querer vanguardizar al presidente. El que tiene que tomar esa decisión es el presidente. Y el que maneja todas la variables es el presidente.

—¿Está mal ese proyecto?

—No. Pero Máximo no puede vanguardizarlo de manera infantil. Qué se yo. Si es por eso a mí me gustaría hacer la reforma agraria.

—Adelantar a julio los aumentos escalonados del salario mínimo, vital y móvil previstos de acá hasta fin de año tampoco es una medida revolucionaria. No se patea el tablero con eso.

—Pero hay que ver cómo está el superávit primario….los tiempos.

—¿Tampoco aprueba que desde distintos sectores, incluso del propio oficialismo, surjan voces pidiendo un salario universal?

—El tema es el momento. Si lo quiero ahora no sé si se puede hacer. En cambio, así como vamos, entre 8 meses y un año lo hacemos.

—Hay 17 millones de pobres. ¿Se puede esperar?

—Hay 20 millones de protegidos.

—Pobres.

—Pero una cosa es tener 23 por ciento de desocupación, como teníamos hace 20 años, y un solo plan. Ahora tenemos 20 millones de protegidos, de los cuales 13 millones reciben entre tres y cuatro cosas.

—Hay gente que cobra salario formal, en blanco, y está por debajo del umbral de la pobreza.

—Pero demos contexto: venimos de la pandemia, donde el Estado tuvo que pagar hasta los salarios de las empresas. ¡Fue terrible!. Al Grupo Clarín le pagamos nosotros el salario de sus empresas. Venimos de una tragedia económica. ¿Qué está haciendo Guzmán? Ordenando todas las variables macro y ponernos en un proceso de crecimiento y distribución, que es rápido y alto.

—¿Por eso usted dijo que Cristina va a ser víctima de lo que hace en el marco de la interna?

—Claro, porque todas las transformaciones las puede hacer una persona. El Poder Ejecutivo en la Argentina lo compone un solo ser humano: el presidente de la República. Si ella daña la investidura presidencial la que se va a poner el sombrero en la historia es Cristina.

—¿Usted dice que a ella le van a adjudicar la responsabilidad de una eventual derrota electoral?

—Ella es funcional al macrismo. Todo lo que deteriore a Alberto…. Mire, no hay 20 propuestas. La única propuesta desde el progresismo nacional y popular es esta.

—Usted dice que le tiende la alfombra roja al macrismo.

—Claaaaro. En la medida que lo vanguardiza y lo trata como lo trata a Alberto, sí. ¿Sabe por qué Alberto no reacciona?

—¿Por qué?

—Porque no quiere pagar el costo de la ruptura. Él no va a hacer nada que lo ponga a él de ser culpable del divorcio. Si te querés ir, andate.

—¿Y de que se está más cerca? ¿De que se doble y no se parta o de que se parta y no se doble?

—Que se doble y no se rompa. A ninguno de los dos le conviene romper.

—¿Cristina no es la jefa ella?

—(Hace un largo y profundo silencio) Ella ha renunciado a ser la jefa de un movimiento nacional y popular para ser la jefa de La Cámpora. Y para mí es un error estratégico.

—¿No es Máximo el jefe de La Cámpora?

—No es Máximo el jefe de La Cámpora. Es ella. Además, hay un discurso de ella donde dice “los quiero fanáticos”. Parece un discurso contra-revolucionario. Un fanático nunca es un revolucionario. Ella, post fallecimiento de Néstor, decidió cambiar la transversalidad kirchnerista por La Cámpora. Es el primer error que comete.

—Para muchos la defensa que usted hace de Alberto Fernández es inesperada.

—Yo defiendo lo que siempre defendí. Yo defiendo el kirchenrismo, los que se fueron fueron ellos.

—Usted decía de Alberto que era, y lo digo textual,  “el peor de la derecha reaccionaria, entreguista y cipaya”.

—Jajaja. Eso era en el 2006. ¡Me mandó Néstor a decir eso! Jajaja.

—¿No lo pensaba?

—Sí. Yo con Alberto vengo de profundas diferencias, aún ahora. Cuando arrancamos Alberto tenía en la cabeza la Concertación chilena. Ominami, Michelle Bachelet. Todo eso se lo llevó el huracán de la historia. Y la vida de las personas no es una foto.

—También decía que Alberto era el Caballo de Troya de Clarín y los ruralistas en la Casa Rosada.

—Sí, así es. Pero cambió mucho. El otro día le hicieron un tractorazo porque es exitoso en la lucha contra el contrabando. Cambió la carta de porte, que no son más de papel, son digitales.

—El intendente kirchnerista de Pehuajó, Pablo Zurro, dice que la defensa que usted hace de Alberto es porque “tiene contratos en la cabeza”.

—Yo le contesté en tuiter. Me saqué una foto con Manuelita (tomá el teléfono y exhibe ese retrato) y le escribí esto: “le pregunto al querido intendente de Pahuajó, Zurro, si realmente cree que la crítica dura y pura de CFK a Alberto construye la victoria popular en el 2023 o le abre el camino de regreso a las bestias macristas. No tomaré en cuenta los agravios gratuitos recibidos”. Jaja. Jajaj. Un tipo que no tiene nada en este gobierno soy yo.

—¿Sería un suicidio político la ruptura?

—Sí, definitivamente. Mire, Máximo sueña con una alianza con Myriam Bregman.

—¿En serio me lo dice?

—Es el mentor del trotsko-kirchnerismo. Vaya a los registros y vea la cantidad de fotos que tiene con Myriam Bregman, con alguien con quien yo también me llevo muy bien, eh.

—¿En serio cree que tener fotos con alguien constituye una alianza? Bregman es crítica del kirchnerismo.

—Pero el pibe la trotskea todo el tiempo.

—Volvamos al tema de la ruptura. ¿Quién es responsable de la ruptura? Cristina puede endilgarle eso a Alberto porque, según ella, no honró el contrato electoral.

—Schurman… (toma aire profundo mirando un punto fijo) … le voy a decir algo….

—...

—Me pongo en el balcón y lo grito: ¡Tengo una gran honestidad intelectual! Yo cambio porque Alberto cambió. Se parece más a Néstor Kirchner de los primeros cuatro años que Cristina. Ella y Máximo dicen que no al FMI y Guzmán firmó los mismos acuerdos que Néstor. Hasta, y me reía, con auditorías cada 90 días. Hasta que consiguió el crédito swap con los chinos y le pagó al Fondo. Pero tuvo dos años con los mismos contratos que tiene Guzmán hoy.

—¿Máximo debió tragarse lo que a su entender, el entender de Máximo, era un sapo y aceptar el acuerdo con el FMI?

—Pensó más en sus expectativas electorales de cara al futuro que en el pueblo argentino. Le faltó rodaje, madurez política. Pero le voy a contar una historia. Salgo de estar preso el 24 de marzo de 2018. Cuatro meses, Momorándum con Irán, causa que se anuló. Cuatro meses preso gratis. Salgo con Zannini y me voy a juntar con el tipo que más diferencias he tenido. Y en la casa del “Negro” Carlos Montero, albertista de toda la vida, hablé seis horas con Alberto. Después trabajé todo el año por la unidad. Yo pensé que la fórmula iba a ser Cristina-Alberto o Cristina-Massa. Yo voy nuevamente en cana un año después, exactamente un 25 de febrero. Y en mayo me entero de la fórmula, un sábado a la mañana. Agarré a patadas las paredes del pabellón. Dije “¡¿cómo esta mujer hace esto?!”. “¡¿Cómo?!” Tenemos la suerte de que Alberto cambió mucho, ideológica y políticamente. Está haciendo un camino muy viable. Alberto apuesta a algo que está piola, ojalá que podamos construir un modelo de crecimiento y desarrollo con justicia social donde haya paz y progreso.

—¿D`Elía no cambió?

—¿Yo? ¿Por?

—Por ser un piquetero que denosta a los piqueteros.

—Pero esos son unos delincuentes.

—¿Por estar en la calle, como usted supo estar?

—¿Qué tiene que ver eso? Yo no le pido 4 mil pesos a mi gente. ¿Usted sabe qué hacen estos? Al más puro estilo de La Forestal, capanga, se quedan con la tarjeta de la gente.

—¿Quiénes?

—Los trotskos. La mayoría. Y hacen una marcha, cada tres días. Un colectivo desde Jujuy hasta Buenos Aires vale 500 lucas. Están en pedo. El trotskismo entiende que su enemigo es el gobierno y no los sectores concentrados de la economía.

—Me acuerdo del D`Elía que se peleaba con los de arriba, no con los de abajo. Con los poderosos, no con los débiles.

—Yo defiendo a los de abajo contra los de arriba. Pero eso es una casta. Ayer me paró un grupo de cartoneros, que paran en la esquina de Saavedra y Rivadavia, y uno me dijo: “muy bien D`Elía lo que le dijo a Belliboni, es un hijo de puta”.

—Ud dijo que hace un show off.

—Sí, un show-sobre.

—Es grave esa acusación.

—Eso es sacarle a los pobres para financiar un partido. ¡Son delincuentes! ¡Yo soy nieto de José María Crespo, anarquista, de la FORA!

—El dirigente social Raúl Castells dijo el otro día que, producto del hambre, en provincia de Buenos Aires se estaban comiendo gatos y, en Formosa, osos hormigueros.

—Mentiiiiiiiiiiiiraaaaaaaaaa. Hay explosión de trabajo informal. Y hay coberturas.

—¿No hay urgencias?

—Las de siempre. Hambre en La Matanza, siempre. Pero vos antes te parabas todas las mañana en la ruta 3 y estaban todos los colectivos vacíos. Andá hoy a las seis de la mañana en la ruta 3 y van todos hasta el cogote. La gente tiene el ingreso por derecha y tiene la changa.

—Pero no es sólo la oposición la que critica, Cristina y Máximo ven una realidad distinta.

—Cristina vive en Recoleta (susurra) ¡Re-co-le-ta! (marca las sílabas, ahora levantando la voz y poniéndose las manos al costado de la boca). En vez de irse a vivir a La Matanza….y no digo que viva en los asentamientos, pero viví en San Justo. Pero bueno, mal hecho, loco. Yo le dije varias veces que venga a vivir a La Matanza.

—¿Cómo se resuelven estas diferencias internas? ¿Con una PASO?

—Máximo no quiere PASO. Máximo quiere birome, aparato, plata.

—¿Birome de quién?

—De él. ¿La lista quién la hizo la última vez? Él. Pero Alberto prometió PASO. Yo creo que nadie va a elegir perder. Tan tarados no somos.

—¿Su candidato al 2023?

—Lo mejor sería que reelija Alberto. Porque la imagen que das es que te fue bien, como movimiento.

—¿Es posible en este contexto, donde, por ejemplo, Larroque dice que el Frente de Todos es “rehen” de Guzmán, y que al ministro “no lo votó nadie”?

—¿Y a vos quién te votó, Cuervo? ¿Qué otro mérito tenés, además de ser amigo de Máximo? Yo tengo 40 años de lucha y no te vi nunca en ninguna trinchera. Y no es un pibito, debe tener 45 años. No vivió nunca en el conurbano. La única vez que intervino en un conflicto, en Guernica, sentí vergüenza ajena. Lo que hicieron entre él y Berni….4 mil policías a los tiros contra los pobres.

—Ya que lo mencionó ¿Qué opinión tiene de Berni?

—Un invento de Cristina. Ella creía que podía tener un candidato facho, de derecha, que podía manejarlo, y con eso comerle votos a la derecha.

—En privado, Alberto Fernández calificó alguna vez a Berni como “Patricia Bullrich sin pollera”.

—Patricia alguna vez fue buena. Fue Montonera, estuvo en la guerrilla. Berni no hizo nada bueno. Fue un facho toda la vida. Jaja.

—El otro día Redrado dijo que en la guerra contra la inflación vamos perdiendo 7 a 0.

—¿Cómo hacemos para dar la pelea contra la inflación sin agarrarnos a tiros entre nosotros? ¿Nosotros cómo manejábamos la inflación? Es hora de sincerar. La manejábamos con Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa.

—Él sigue negando que ponía un revolver sobre la mesa.

—Él contó eso. Ahora, si quiere, que lo niegue, pero manejábamos la inflación así, poniendo un mentiroso en el Indec y uno con una 9 milímetros.

—¿Por qué lo admite ahora, después de tanto tiempo?

—Bueno, porque hay que hacer la perestroika del kirchnerismo. Revisar para atrás las cosas que hicimos mal. El desafío es ver cómo se sanciona, vía multas, a través de la Ley de Abastecimiento, a los formadores de precios que no puedan justificar sus costos.

—Pero la Ley de Abastecimiento no se aplica.

—Yo sé que a dos formadores de precios grandes le metieron multas. Averigüelo. Tomando café con (Amado) Boudou, como hacíamos en el pabellón cuando estábamos presos, él me dijo que habría que sacar algún instrumento, que al tipo que no pudiera justificar costos en los precios habría que intervenirle la empresa por seis meses o un año. Habría que preguntarle a los países que lograron contener la inflación cómo lo hicieron.

—Esa es una crítica que le hacen al presidente, que se queda en la amenaza.

—No, no. La lucha contra el contrabando va bárbaro. No lo veo arrugando a Alberto. No le debe encontrar el agujero al mate con la inflación. Y pregunto ¿La Ley de Abastecimiento alcanza? Si intervenimos empresas, como propone Boudou, nadie más jode.

—¿Le llevaron esa idea al presidente?

—No, eso es una idea de Amado y mía. Pero nunca se lo comenté a Alberto. Hay siete formadores de precios. Son sólo siete. Coto, Arcor, Ledesma…etc.

—Antes me mencionó los tractorazos ¿cuál es su ida sobre las retenciones?

–Que hay que cobrarlas. Cuando me dicen que haya más retenciones yo digo que no, sí digo que hay que cobrar las que existen.

—¿Y la renta inesperada?.

—Tenemos que hacer un impuesto a la riqueza permanente, además de la renta inesperada. Ahí estoy de acuerdo con Cristina: con la renta inesperada y con gravar los 4 mil palos que están afuera. Pero el gran kilombo, que frustra estas iniciativas, es la justicia, que es de ellos.

—¿De ellos de quién?

—Del poder oligárquico.

—¿Y entonces?

—Hay que cambiar la justicia.

—Hasta ahora fue imposible.

—Nosotros hicimos, con Ramos Padilla, el 1 F. Pensamos que iba a haber 5 mil personas. Fueron 100 mil.

—La asunción de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte, como titular del Consejo de la Magistratura, no muestra un paso adelante en las intenciones del gobierno, más bien todo lo contrario.

—Hay que ver. La reforma de la justicia ha entrado mucho en la clase media independiente. Es raro que un piquetero y un juez encabecemos este kilombo en todo el país.

—¿Y qué reforma imagina?

—Me gusta mucho el proyecto de Zaffaroni de ampliar y federalizar la Corte. Que cada provincia ponga un ministro, respetando la identidad de género.

—Le tiro un par de nombres propios. Defínamelo en pocas palabras.

—Vamos.

—Elisa Carrió

—Lilita Carrió…. (hace un silencio larguísimo) Ella marchaba conmigo cuando hicimos Liniers-San Cayetano, hace 20 años, después cambió. Nada más.

—¿Larreta?

—Mezcla rara de Musetta y de Mimí. Fue compañero mío en el Frepaso. Él estaba con Fernández Meijide. Es la versión de recambio más seria que tiene la derecha. El único que no se vende como un extremista de derecha. Es un Macri educado.

—¿Macri?

—Una bestia de ultraderecha. No creo que pueda volver a ser presidente. A diferencia de Cristina, que puede ser candidata pero no creo que llegue. 

 —¿Y a dónde la ve a Cristina?

—Primera candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

—El ex mandatario español, Felipe González, decía que los expresidentes son como los jarrones chinos en departamentos pequeños. Tienen mucho valor pero nadie sabe dónde ponerlos. ¿Usted considera a Cristina un jarrón chino?

 —Sí, puede ser un jarrón chino.

—¿Descarta entonces una reconciliación con Alberto y que compartan nuevamente una fórmula?

—Creo que van a resolver así. Alberto va a buscar la reelección, Cristina pondrá una mujer vice y ella será candidata en provincia.

—Vuelvo con los nombres ¿Milei?

—Un invento de Blackrock, fundación Libertad, Network, millones de dólares construyéndolo, el regreso del neoliberalismo salvaje. Cada vez que dice que admira a Cavallo….

—¿Bregman?

—La política más talentosa de la izquierda trotskista. Mucho más arriba que todos los demás. El trotskismo es muy raro en la Argentina, es muy argentino. Estuvo en contra de Fidel Castro, del Che Guevara, de Chávez, de Lula, de Evo. Acá, cuando votan, termina votando igual que la derecha. El trotskismo es como el dulce de leche, muy argentino.

—Ultima pregunta ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo?

—Sí. Me está pasando algo curioso, vinculado a los cambios. Me invitaron a una radio de Recoleta, que es radio Cultura, para hacer un programa los viernes. Y… ¿se acuerda de la piña que le pegué a Graham? (por Alejandro Graham, productor agropecuario, a quien D´Elía le pegó durante un acto de protesta del campo). Bueno, me arrepiento. Él me fue a visitar a la cárcel todos los meses cuando estuve detenido. Y el programa de radio lo voy a hacer con él. Creo que es la edad también. Argentina puede construir un país para todos sin kilombo interno. 

DS

Con los tribunales federales de Comodoro Py corridos del centro de la escena, el Gobierno, sectores del kirchnerismo y aliados rotaron el eje del conflicto con el Poder Judicial hacia la Corte Suprema de Justicia, cabeza del sistema, que será este martes el foco de la marcha del 1F, según reconocen oficialistas, opositores y judiciales a elDiarioAR.

Los ministros de la Corte esperan “un año difícil”, confió una fuente del máximo tribunal. Con el diario de hoy, todo indica que serán el “enemigo elegido para la confrontación”, el foco de las críticas y denuncias contra la Justicia. 

A los cortesanos también les llegará la hora de decidir sobre los sobreseimientos anticipados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que salieron de los tribunales federales de Retiro en 2021: los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, y una serie de recursos anteriores que pueden modificar el destino del único juicio que comenzó en su contra: Vialidad, la causa por presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Las críticas al llamado lawfare (guerra judicial); los reclamos por la falta de “democratización” de la Justicia; los tiempos y formas de los fallos del máximo tribunal -por ejemplo ante la confirmación de la sentencia contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone-; una nueva mayoría en la Corte que se desmarcó del kirchnerismo; y la elección del nuevo presidente de la Corte, Horacio Rosatti, integran la lista de quejas de los organizadores de la marcha convocada para este martes a las 18. La movilización partirá del Obelisco hacia la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, donde los organizadores leerán un documento único, confirmó a elDiarioAR la jueza Martina Forns, representante de Justicia Legítima en la marcha.

Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado.

Marcelo Gallo Tagle. — Juez civil y presidente de la Asociación de Magistrados.

El máximo tribunal venía siendo blanco del oficialismo durante los últimos dos años. Se habló de modificar la integración de la Corte y de ampliar el número de jueces en el marco de la reforma judicial de Alberto Fernández, pero finalmente la intención quedó descartada, aunque se reedita cada tanto en algunos discursos del oficialismo. 

“En Comodoro Py ya no están en juego algunos puntos centrales para el kirchnerismo”, dice un juez acostumbrado a las contiendas mudas con el Gobierno. “El conflicto por completar la Cámara Federal (los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) se pospuso; ya quedan pocos frentes judiciales contra la vicepresidenta; no tienen el consenso para nombrar las vacantes en los juzgados de (Claudio) Bonadio, (Rodolfo) Canicoba Corral y (Sergio) Torres, ni la vacante que dejó (Liliana) Catucci en Casación. Por ahora no hay frentes acá”, resumió el magistrado. Los principales expedientes políticos en Retiro giran en torno a las causas por presunto espionaje ilegal contra exfuncionarios de Mauricio Macri.

El último punto de máxima tensión con la Corte fue en diciembre, cuando los jueces declararon la inconstitucionalidad del sistema de integración, quórum y mayorías que rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación, un organismo complejo y poco atractivo para las crónicas periodísticas pero que encierra el núcleo del conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia: se encarga de la selección de los jueces nacionales y federales y del control de su desempeño.

Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo.

Martina Forns. — Jueza federal y secretaria de Justicia Legítima.

Trasfondo

La decisión de la Corte en diciembre revirtió la ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a los jueces, abogados con matrícula federal y académicos. El fallo también exige al Congreso sancionar una nueva ley; ordena a los consejeros nombrar siete nuevos integrantes del organismo antes de abril; y establece que el presidente de la Corte presidirá el nuevo Consejo —como lo establecía la ley original de 1997— hasta que los legisladores voten la ley.

La elección de Rosatti como presidente de la Corte también impactó en el conflicto, según apuntan en Comodoro Py y el Palacio de Talcahuano. El magistrado conformó una mayoría con sus colegas Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz que le permitió juntar los tres votos -argumentando que podía votarse a sí mismo en base a antecedentes del tribunal- para ganarle la presidencia a Ricardo Lorenzetti, quien ahora mantiene buenas relaciones con el oficialismo.

La elección desencadenó la renuncia de Highton de Nolasco, aliada de Alberto Fernández. Desde entonces, las fuerzas en el tribunal se reacomodaron. Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz conforman ahora el nuevo “bloque de tres”: una alianza a la hora de tomar las decisiones más políticas de la Corte.

Tras el fallo por el Consejo de la Magistratura, a principios de enero, el dirigente Luis D’Elía convocó a una marcha para “echar” a los jueces de la Corte, a quienes calificó de “miserables”. El máximo tribunal rechazó en 2020 un recurso presentado por el dirigente piquetero y ordenó que D’Elía debía cumplir su condena por la toma de la comisaría de La Boca en 2004.  

Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos.

Margarita Stolbizer. — Diputada nacional (GEN).

Con el paso de los días se sumaron Hebe de Bonafini (presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo), el sindicalista Pablo Moyano (Camioneros) -quien también es investigado en un proceso penal- y el juez Juan María Ramos Padilla. Luego la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y pronto una lista de organizaciones políticas, sindicales, sociales, judiciales y organismos de derechos humanos. 

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo la semana última que “el Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social”. “No son temas sobre los que tenga que opinar el gobierno”, sostuvo. Sin embargo, cuatro miembros del Ejecutivo se manifestaron a favor de la movilización contra la Corte y algunos ya confirmaron su asistencia. 

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, confirmó su asistencia para el martes en declaraciones a la prensa y dijo: “Se vienen viendo las mesas judiciales, que las sabíamos, la persecución de los últimos años, un método que el macrismo ha tomado desde su creación y se ha consolidado como un proceso”.

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, afirmó que le “parece sano y necesario que la gente se pronuncie” y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, líder de Justicia Legítima, sostuvo que la movilización es “necesaria” y que “la va a hacer el pueblo, la gente, a la que la Justicia habitualmente le da la espalda”.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien tiene bajo su cartera a la Policía Federal, encargada de la seguridad del Palacio de Justicia, también se manifestó a favor de la marcha: “Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa”, ya que “la Corte sin prestigio no es una Corte”. Ante la consulta de este medio, una fuente del ministerio confirmó que la Federal está a cargo de la garantizar la seguridad en la sede de la Corte, en la calle Talcahuano. En la cartera porteña agregaron que la policía de la Ciudad se encargará del operativo en las inmediaciones del edificio y que coordinará con la Federal.

Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa. La Corte sin prestigio no es una Corte.

Aníbal Fernández — Ministro de Seguridad

Distintas asociaciones del ámbito judicial emitieron comunicados contra la marcha del 1F.  Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones que representa a los jueces del país, dijo a elDiarioAR que el texto que la entidad distribuyó “no es una oposición a la manifestación popular”. “Acá, lo novedoso es que la movilización sea incentivada y difundida por un poder del Estado”. “La realización de la marcha es legítima y debiera ser en forma pacífica, para expresar una idea. Pero que un poder del Estado promocione la movilización es lo que generó nuestra crítica desde la Asociación de Magistrados”, afirmó Gallo Tagle. 

Este martes, cuando la Justicia retome la actividad tras la feria de verano, el funcionamiento de los tribunales y el Palacio de Justicia será “normal”, a pesar de la movilización de la tarde, aseguró el juez del fuero civil. 

La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada.

Martina Forns. — Jueza federal y secretaria de Justicia Legítima.

En la Corte, responden que muchas de las críticas del kirchnerismo y del Ejecutivo al funcionamiento del tribunal son problemas generados por el propio gobierno. Mencionan tres de los puntos que les achacan: la Corte no tiene mujeres entre sus miembros desde la renuncia de Highton de Nolasco porque el oficialismo no activa el nombramiento de su sucesora en el cargo; los tiempos del tribunal -agregan- están directamente relacionados con el colapso de recursos presentados por el Estado nacional contra los fallos a favor de los jubilados por recomposición de haberes y reclamos a la ANSeS en su contra; y el Poder Judicial tiene un 30% de vacantes porque el poder político no se pone de acuerdo para avanzar con los concursos en el Consejo de la Magistratura.

Pedidos de renuncia

“Todos sabemos que no van a renunciar, es un pedido simbólico, una manifestación de hartazgo, como cuando fue el 2x1 y la sociedad experimentó que ese fallo se podía revertir”, respondió la jueza Martina Forns, ante la consulta de este medio. La magistrada es secretaria de Justicia Legítima y quien llevará la representación de la organización judicial en la marcha del martes. 

Forns trabajó en la Corte Suprema entre 1983 y 1987 y en esos años denunció al entonces ministro del máximo tribunal Carlos Fayt por presunto abuso sexual a sus secretarias privadas, según ratificó a elDiarioAR. El fallecido juez negó entonces las acusaciones y la investigación interna en su contra jamás avanzó. Forns fue trasladada a la Cámara de San Martín, concursó años más tarde y actualmente es jueza federal en esa jurisdicción.

“Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte, y la prueba que no los tienen es que no han hecho nada para removerlos de sus cargos”, aseguró Gallo Tagle. “El apoyo del Ejecutivo a la marcha es otra muestra de falta de idoneidad de la política para cumplir con las funciones de la política, la incapacidad para la virtud de los consensos -remarca Gallo Tagle-. Esto no arranca ahora. No están pudiendo designar un Procurador General de la Nación desde la época de (Mauricio) Macri”.

Piden las renuncias de los jueces de la Corte porque no tienen la capacidad de generar los resortes institucionales ni los elementos para promover la remoción de los ministros de la Corte

Marcelo Gallo Tagle — Presidente de la Asociación de Magistrados

Forns respondió: “No todos los que vamos a la marcha tenemos las mismas consignas, pero hay consenso y se han dejado de lado los personalismos, se va con unidad. Las más extremas llevan el pedido de renuncia de los jueces pero también reclaman basta de lawfare, basta de jueces patriarcales y elitistas, reclaman contra el espionaje ilegal y bregan por que haya una Justicia más parecida a la gente”. “Justicia Legítima viene reclamando desde años una reforma y democratización de la Justicia, y en ese marco, una reformulación de la composición de la Corte, un tribunal patriarcal, elitista, sin transparencia en el manejo de fondos ni perspectivas de género”, sostuvo la jueza de San Martín.

“La postura de Justicia Legítima es ir por los caminos legales y democráticos. Suena muy fuerte el pedido de renunciar pero lo que se pide es una reformulación del poder Judicial. Somos profesores de la facultad, jueces y fiscales, jamás vamos a pedir algo que no esté conforme con la ley pero acompañamos los reclamos populares aunque sean fuertes”, aseguró Forns en defensa de quienes irán a reclamar la renuncia de los cuatro jueces de la Corte.

La jueza agregó: “Yo invito a mis colegas a escuchar esta vez a la sociedad, hace bien estar al lado del pueblo y del reclamo de Justicia. Va a ser un antes y un después”.

En los tribunales de Comodoro Py 2002, uno de los jueces referentes de los federales sostiene que “el kirchnerismo necesita buscar con quien confrontar porque la base de su acción política es la confrontación y los jueces no podemos responderles”. Por eso, dice, son un enemigo conveniente. “Están perdiendo terreno, en la calle, en la economía”, dijo el juez consultado. “La marcha coincide con el regreso de la actividad judicial -tras la feria de verano- pero también es posterior a la fecha en la que debían acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si no acordaban y el lunes los mercados se derrumbaban, tenían la marcha para intentar tapar”, analizó uno de los jueces alineados con la Asociación de Magistrados. “Pero incluso habiendo acordado, la necesidad de la señora (sic) de resolver sus problemas judiciales va a seguir existiendo  el Presidente ese problema no se lo puede resolver”. Se refiere a Fernández de Kirchner.

¿Por qué la Corte y por qué ahora? 

El martes 7 de diciembre, la Corte Suprema recibió por primera vez al ministro de Justicia, Martín Soria, tras unos nueve meses de desencuentro. La reunión, de alrededor de 30 minutos, no sólo reavivó el foco de conflicto entre ambos poderes sino que tuvo como fin reeditar la confrontación, sostiene una fuente del Palacio de Justicia. “El Gobierno sabía que se venía el fallo adverso por la ley del Consejo de la Magistratura y por eso Soria pidió la reunión”, opinó un juez con aceitado diálogo con funcionarios de Alberto Fernández. 

Soria salió ese día de la reunión y criticó a los integrantes de la Corte en su cuenta de Twitter. “Mantuve una reunión con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Expresé mi preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia en los últimos 5 años, consecuencia directa de la Mesa Judicial que conformó el gobierno anterior para presionar jueces”.

Forns explicó a elDiarioAR: “El palacio de Justicia - sede de la Corte- es emblemático, es el símbolo de la suma del poder pero creo que, además, es por ida de Highton, por ver cuatro integrantes varones que se autonombran o autovotan, sobre quienes no sabemos muy bien qué opinan. La marcha es contra el sistema y la Corte tiene el poder de decisión no solo de las causas sino la superintendencia de todos los jueces del país”.

“La marcha es a la Corte porque el tribunal acaba de decretar la inconstitucional de la ley del Consejo de la Magistratura. Siempre hay una reacción cuando hay un fallo adverso, y vienen los ataque a la Justicia, con promesas de reestructuraciones y sanciones”, retrucó Gallo Tagle.

“La Corte omite resolver causa en tiempo y forma y resuelve las causas que les interesan de un día para otro. Un ejemplo es la forma en que resolvieron a fines de diciembre y después de 15 años el fallo de inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y determinaron que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo”, afirmó Forns. “La Corte también es responsables de las acciones y omisiones que permitieron una Justicia federal en Comodoro Py absolutamente manipulada”, añadió la jueza.

Forns adelantó que la marcha se replicará en distintas provincias, donde los manifestantes marcharán a la sede de los poderes judiciales locales. 

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) también cree que el principal punto débil del Poder Judicial es su descrédito y que la Corte no ha tomado cartas en el asunto para restaurar una sana relación con la sociedad. Pero Stolbizer sostiene que el máximo tribunal es ahora foco de conflicto con el Ejecutivo porque “sigue sintiéndose fuerte frente al Gobierno y prefiere mirar para otro lado frente a los ataques”. “Los jueces de la Corte saben que tienen la lapicera en la mano para condicionar al Gobierno con sus fallos”, afirmó la diputada a elDiarioAR.

El Gobierno no toma postura sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ningún sector político ni social.

Gabriela Cerruti. — Portavoz de Presidencia.

Además de los fallos que pueden eventualmente revocar los sobreseimientos de la vicepresidenta y ordenar la realización de los juicios en su contra, la Corte interviene en cuestiones de Estado que implican miles de millones de pesos en juego. El tribunal ya dictó dos fallos sobre la coparticipación y tiene pendiente fallar sobre un reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra Nación.

En 2021, los ministros de la Corte determinaron que el Estado nacional debía pagarle $86.000 millones a Santa Fe por una quita de la coparticipación federal. En un fallo anterior había beneficiado también a San Luis por $26.000 millones. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta reclama ante el tribunal que Nación restituya el porcentaje de coparticipación que había recibido durante la gestión de Mauricio Macri para el financiamiento de la policía de la Ciudad y que le fueron quitados por el presidente Fernández. 

“Esta marcha es un comienzo. Hay un hartazgo y el único camino posible es comenzar, es importante que se ponga en agenda el tema de la justicia. Distintas organizaciones van a pesar de sus diferentes consignas a constituirse en una marea, en una masa crítica. Va a ser muy concurrida y va a desbordar la plaza de Tribunales. Esa importancia que va a tener se refleja en los ataques”, concluyó Forns.

Este artículo fue modificado el 31 de enero a las 12:09. La norma que establecía que el presidente de la Corte Suprema debía presidir el Consejo de la Magistratura era la ley original sancionada en 1997, tras la reforma constitucional de 1994.

ED

El fiscal federal Marcelo Colombo rechazó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 8 el pedido de las defensas para hacer caer por inexistencia de delito la causa del Memorándum con Irán por la que están acusados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el procurador de Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; el ministro de Desarrollo de la comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli; el actual embajador en Rusia y exvicecanciller, Eduardo Zuaín; Jorge Khalil; Fernando Esteche y Luis D'Elia.

Según manifestó Colombo al inicio de la audiencia de este miércoles, “a diferencia de la causa dólar futuro, la instrucción suplementaria había determinado que existía un estudio pericial que dijo que no existía un perjuicio económico para el Estado, uno de los puntos que configuran la administración fraudulenta. Allí Casación aplicó esa regla porque la prueba nueva permitía demostrar que la figura no estaba configurada. Eso no ocurrió aquí, así que vamos a solicitar el rechazo de las nuevas incidencias de la excepción de falta de acción”, comenzó.

Asimismo, el fiscal consideró que el Ministerio Público “no puede en esta instancia determinar si existió delito ya que esa evaluación deberá tomarse de lo que surja del debate oral”, al tiempo que recordó que en agosto de 2018 todas las partes ofrecieron pruebas y testigos y, tras dos años de análisis, los jueces del TOF decidieron habilitar la convocatoria de 300 testigos. Para Colombo, “algunos declararon en instrucción y otros 50 eran testigos nuevos. Mal podemos saber lo que esos testigos tengan para aportar”, reflexionó.

Además, sostuvo que la prueba nueva introducida al debate por las defensas sobre las alertas rojas de Interpol, en parte ya estaban en rigor en la causa o surgían de decisiones de primera instancia en la causa residual que, para el Ministerio Público, no podían generar impacto en esta instancia de debate oral, por lo que ratificó el rechazo a las nulidades solicitadas a raíz de las visitas que los dos jueces de Casación, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hicieron al ex presidente Mauricio Macri en la residencia de Olivos y la Casa de Gobierno, cuestión que deberá ser resuelta por los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. “Las cuestiones novedosas que presentan las defensas para nosotros no lo son”, aseveró el funcionario judicial.

Para el fiscal Colombo, si el tribunal considera que esas visitas a la residencia presidencial y a la Casa Rosada por parte de Hornos y Borinsky estaban vinculadas a la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman o “violaron el principio del juez natural o imparcial, entonces la discusión sobre si el Memorándum fue o no delito no tendrá importancias porque la causa de por sí quedaría en la nada”.

Al término de la exposición de Colombo, comenzó la del abogado Tomás Farini Duggan, en representación de la querella de familiares de las víctimas, quien por primera vez se presentó en la audiencia.

Farini Duggan reclamó el “rechazo” de todos los planteos porque “son propios” del juicio oral y “deben ser resueltos en la etapa del debate”. El abogado reclamó al Tribunal que “fije fecha de inicio al juicio”.

La audiencia

El Tribunal Oral Federal 8 había convocado para este miércoles a una nueva audiencia en el marco de la causa por el Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, luego de que los jueces decidieran incorporar planteos por “inexistencia de delito” en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que podría derivar o no en el cierre del caso con sobreseimientos y sin juicio oral.

De esta manera, los jueces del tribunal que resolverá sobre la nulidad de la reapertura de la causa -María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado- escuchan las posturas del fiscal Marcelo Colombo y de las querellas de DAIA y dos familiares de las víctimas del atentado.

Hasta el momento estas dos querellas no se presentaron a las cinco jornadas por Zoom que lleva la audiencia en la que se debate la posible nulidad de la causa, a raíz de las visitas al entonces presidente Mauricio Macri por parte de dos de los jueces que la reabrieron en diciembre de 2016, los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky

Al finalizar la audiencia del miércoles último y tras un cuarto intermedio que se anunció para revisar la grabación y se extendió por más de 40 minutos, los magistrados anunciaron su decisión de incorporar en esta instancia del debate los planteos de inexistencia de delito.

Los jueces aludieron a razones de “economía procesal” después de escuchar a las defensas repetir que “no hubo delito” y fundamentar al respecto, al reclamar sobreseimientos para todos los imputados.

Además de dar sus razones de manera oral, algunos abogados presentaron escritos vinculados a este eje de la cuestión, antes y durante el desarrollo de la audiencia que comenzó el 16 de julio último con la exposición de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Ante esto, la causa en la que fue enviada a juicio junto a parte del que fue su Gabinete durante su gestión presidencial, podría ser cerrada por dos motivos: la nulidad generada a raíz de la conducta de los camaristas Borinsky y Hornos y la consiguiente violación de la garantía constitucional de juez natural e independencia judicial o por inexistencia de delito.

La denuncia de Nisman por supuesto “encubrimiento agravado” a raíz del tratado firmado en 2013 y que, según sostuvo, habría buscado el cese de las alertas rojas de captura internacional contra ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994, fue cerrada por “inexistencia de delito” en febrero de 2015 por el juez federal Daniel Rafecas. En ese momento, el magistrado de primera instancia argumentó que “el presunto delito nunca se cometió”.

Rafecas sostuvo que las evidencias “inhiben el inicio de un proceso penal” al descartar los delitos de “encubrimiento” y/o “entorpecimiento de la investigación” del atentado que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633.

Esa decisión del juez de primera instancia fue confirmada después por la Cámara Federal porteña y, en mayo de 2016, por Casación, porque el fiscal ante esa instancia, Javier De Luca, no mantuvo la apelación y también evaluó que “no hubo delito”

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2019, el máximo tribunal penal federal del país con los votos de Borinsky, Hornos y Ana María Figueroa reabrió la causa tras analizar la supuesta aparición de nueva prueba.

De esta manera, la denuncia de Nisman quedó reabierta, Rafecas fue apartado y quedó unificada con otra que llevaba el fallecido juez Claudio Bonadio por supuesta “traición a la Patria”, un delito que luego quedó descartado.

La intervención completa de la Vicepresidenta en la audiencia del 16 de julio de 2021

Con información de agencias.

IG

El dirigente social Luis D´Elía quedó hoy en libertad condicional en la causa en la que fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría del barrio porteño de La Boca, en 2004, y encabezó un acto en la sede de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) en el partido bonaerense de La Matanza.

Voceros del partido Miles informaron que agrupaciones y organizaciones sociales y políticas se concentraron a las 14 en la ruta 3 (a la altura del kilómetro 23) y la calle Marconi, y desde allí se dirigieron hasta la casa de D'Elía, en Isidro Casanova.

El dirigente, desde la terraza de su vivienda, anunció que realizaría “un acto simbólico” y se quitó la “pulsera que tengo en el pie derecho, adelante de todos ustedes”, mientras los manifestantes lo acompañaron cantando “libertad, libertad a los presos por luchar”.

Desde ese domicilio donde cumplió prisión domiciliaria, marcharon junto a D´Elía hasta la sede de la FTV Miles, ubicada en Tres Cruces 4151 de La Matanza, donde se hizo un acto y un festival artístico, “respetando todos los protocolos vigentes ante la pandemia” de coronavirus, aclararon los organizadores.

La semana pasada la Justicia concedió la libertad condicional desde hoy a D'Elía, por decisión de la jueza del Tribunal Oral Federal 6 Sabrina Namer. D'Elía estaba con prisión domiciliaria bajo control de tobillera electrónica y obtuvo el beneficio porque alcanzó el requisito temporal para acceder a él.

El titular del partido Miles quedó detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consideró firme y la pena vencerá el 24 de noviembre de 2022.

Del encuentro de hoy participó en forma telefónica desde Jujuy la secretaria general de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala.

También fueron invitados el titular del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el intendente de Ensenada, Mario Secco, y el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo “Cachorro” Godoy, entre otros.

DA

El dirigente piquetero Luis D´Elía será beneficiado con la libertad condicional a partir del próximo martes 24 de agosto, tras considerar la Justicia que cumplió las dos terceras partes de su condena.

D´Elía se encuentra bajo arresto domiciliario desde 2020 tras ser condenado por tomar a la fuerza una comisaría en el barrio porteño de La Boca, en 2004.

“El 24 empieza a correr la libertad condicional tras cumplir mil días preso. Voy a seguir siendo un dirigente social, político, voy a hacer lo que hice toda mi vida: trabajar fundamentalmente por los pobres, por la problemática que hay particularmente en el segundo y tercer cordón del conurbano. No queremos asistencialismo, es más, el martes haremos una marcha desde mi casa hasta 10 cuadras, donde vamos a inaugurar una fábrica que gestionamos desde la prisión”, aseguró el dirigente social en declaraciones a Radio con Vos.

La resolución, firmada por la jueza Sabrina Namer, determina: “Del cómputo de la pena practicado con fecha 26 de febrero de 2019, surge que Luis Ángel D’Elia fue detenido y comenzó a cumplir pena el 25 de febrero del mismo año, con lo que la pena impuesta vencerá el 24 de noviembre de 2022 a las 24 horas, mientras que la caducidad registral operará el mismo día del año 2032, también a las 24 horas”.

El fallo sostiene además que, por la pandemia, el dirigente estará eximido de “comparecer ante los estrados para labrar el acta respectiva”. Deberá cumplir con una serie de medidas, como residir en su domicilio de Isidro Casanova, La Matanza, “abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas o consumir sustancias estupefacientes”. Tampoco podrá “cometer nuevos delitos” y tendrá que “someterse al cuidado de la Dirección Nacional de Control y Asistencia de la Ejecución Penal”.

El caso

El 25 de junio de 2004, D'Elía y un grupo de militantes y vecinos ocuparon las instalaciones de la comisaría 24 del barrio porteño de La Boca, como protesta frente al asesinato del dirigente comunitario Martín “Oso” Cisneros. El entonces subsecretario de Tierras para el Hábitat Social del gobierno de Néstor Kirchner (cargo que ejerció entre 2003 y 2006) y sus seguidores aseguraron que el asesino de Cisneros contaba con protección policial. La titular del Juzgado de Instrucción n.º 1, María Angélica Crotto, ordenó el inmediato desalojo de la comisaría.

En noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), de la Justicia Federal, condenó a D´Elía a una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, a una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante ocho años y a una prohibición de salir del país sin autorización del tribunal por la comisión de los delitos de atentado a la autoridad agravado, lesiones leves, instigación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad, usurpación y daños durante la toma de la Comisaría 24.

D'Elía apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal, recurso que fue rechazado en noviembre de 2018, pero se le redujo a condena en tres años y nueve meses de prisión. 

El titular del partido Miles quedó detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena se consideró firme y la pena vencerá el 24 de noviembre de 2022. El 4 de abril de 2020 se le concedió arresto domiciliario.

Con información de agencias.

IG

En medio de los cruces entre miembros del oficialismo y sectores del “kirchnerismo duro” que reclaman al gobierno de Alberto Fernández una “solución” para los condenados o procesados en casos de corrupción o presunta corrupción, un relevamiento de elDiarioAR arrojó que en el último año y medio, las condiciones de detención se vieron alivianadas para la mayoría de los exfuncionarios y empresarios cuyos casos han tenido alto perfil mediático. Algunos de ellos fueron excarcelados, como el exministro Julio De Vido. Pero hay al menos cuatro excepciones, hasta el momento: los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; y Martín Báez, hijo mayor de Lázaro, quienes continúan presos en la cárcel de Ezeiza. Allí también se encuentra el exdueño de TBA, Claudio Cirigliano, condenado por la Tragedia de Once, en la que murieron 51 personas y una por nacer, y quedaron heridos 789 pasajeros.

Aún así, el reclamo de una “solución” para los acusados de casos de corrupción o presunta corrupción, llamados “presos políticos” por un amplio sector del kirchnerismo, se centra en que los procesamientos, juicios pendientes, condenas y detenciones domiciliarias siguen vigentes en varios de los casos; y en que algunos de los liberados o beneficiados con el arresto domiciliario podrían regresar a prisión, como De Vido (luego de que Casación confirmó su condena por el caso Once) o el exvicepresidente Amado Boudou (con condena firme en el caso Ciccone), quienes niegan los cargos en su contra.

Las propuestas para “la solución” incluyen desde la revisión de condenadas y procesamientos hasta indultos y amnistías, según han manifestado públicamente dirigentes, abogados defensores y el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están.

“El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo”, dijo a este medio una fuente gubernamental que interviene en materia judicial.

“No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo”, dijo al elDiarioAR el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, uno de los principales críticos dentro del oficialismo del accionar de jueces y fiscales que avanzaron con detenciones y procesamientos de exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner, en especial durante el gobierno de Mauricio Macri. La revisión de esos fallos en los que el oficialismo sostiene que supuestamente se violaron derechos procesales de los acusados “la tiene que hacer la Corte, en lugar de rechazar los recursos” de las defensas, agregó Valdés. “La Corte podría abocarse a analizar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal (en las decisiones judiciales). Espero que repudie lo que no se ajustaba a derecho”, afirmó el diputado. 

Tras las presentaciones de las defensas, distintos tribunales comenzaron a alivianar la situación de varios de los presos por delitos de presunta corrupción durante el segundo semestre de 2019, luego de las elecciones primarias que anunciaron un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. Entre octubre y diciembre de ese año, por ejemplo, José López (quien además integra el programa de protección de testigos y fue reubicado) y Roberto Baratta tuvieron fallos a favor en torno a su libertad, al igual que los empresarios Gerardo Ferreira, Cristóbal López y Fabián De Sousa, en torno a sus prisiones preventivas por el caso de los cuadernos de la corrupción, expediente en el que han negado los cargos. 

El indulto no es una vía que se esté evaluando, nadie lo pidió formalmente y esto es algo que debe resolver el poder Judicial, no el Ejecutivo.

Durante 2020, tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández, esa tendencia se expandió a otros detenidos. Un relevamiento por las noticias y fallos del último año, arroja que el exministro Julio De Vido recuperó su libertad en marzo último; el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente Luis D’Elía obtuvieron la domiciliaria en abril; y el empresario Lázaro Báez accedió al mismo beneficio en septiembre último. Son algunos de los que obtuvieron una morigeración de su detención o incluso la libertad. “Que estén detenidos en su domicilio no quiere decir que no estén presos. Lo están”, dijo Valdés. 

En las cárceles federales también se desmanteló el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”, conocido como IRIC, que el gobierno de Cambiemos había dispuesto con el objetivo de agudizar el monitoreo de los presos por causas de corrupción o presunta corrupción. Implicaba, por ejemplo, la vigilancia con cámaras de video las 24 horas, régimen diferencial de visitas y restricciones de las comunicaciones. La Justicia federal de Lomas de Zamora investiga el presunto espionaje ilegal a los detenidos y sus abogados. El exdirector del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, negó ante la Justicia que se tratara de actividades que violaran la Ley de Inteligencia.  

Nuevas condiciones

La decisión de dar de baja al programa IRIC fue oficializada por la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios (que depende del ministerio de Justicia), a cargo de la exjueza María Laura Garrigós de Rébori, confirmó una fuente oficial de la cartera que dirige Marcela Losardo. “El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas”, agregó la fuente ante la consulta.

Del grupo original de presos IRIC sólo quedan dos exfuncionarios de “alto rango” en la cárcel federal de Ezeiza: Jaime y Schiavi, informaron fuentes del ministerio de Justicia. A excepción de un juicio abreviado en el que Jaime reconoció haber recibido dádiva de empresarios de transporte, ambos niegan los cargos en su contra.

De los más resonantes del ámbito empresarial, Claudio Cirigliano también permanece en el penal, según confirmaron las mismas fuentes y una persona de su entorno. Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, es el único de los imputados en el juicio por el caso de presunto lavado de activos que permanece en la cárcel, confirmaron una fuente del tribunal y su abogada, Elizabeth Gasaro. Tanto los Báez como Cirigliano rechazan las acusaciones judiciales.

No quiero ni amnistía ni indulto, quiero juicio justo.

Las situaciones procesales de los cuatro detenidos en la cárcel son diferentes. Schiavi y Cirigliano tienen una condena firme por la Tragedia de Once; Jaime tiene tres condenas acumuladas, además de procesos en curso con prisión preventiva; Martín Báez cumple prisión preventiva por el juicio por presunto lavado de activos de la corrupción. También son distintas sus situaciones de salud, de acuerdo a las consultas realizadas.

Schiavi tiene una condena de 5 años y medio de cárcel por la Tragedia de Once (confirmada por la Corte Suprema). Era secretario de Transporte de Fernández de Kirchner cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén en la estación ferroviaria, en febrero de 2012. El caso desató una investigación por el estado de los trenes, los subsidios a las concesionarias y la falta de control que derivaron, según la sentencia, en el estrago. Schiavi fue sentenciado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado. El exfuncionario también tiene una prisión preventiva en el marco de una causa que investiga subsidios al transporte, uno de los expedientes del caso de los cuadernos.

“Juan Pablo está alojado en la misma unidad con Jaime y Martín Báez, pero en distintos pabellones. Ya no se encuentran en un pabellón especialmente asignado a exfuncionarios. Fueron trasladados a otra unidad de Ezeiza, más pequeña y menos burocrática, pero convive con detenidos por lesa humanidad y eso es complejo para él”, dijo la esposa de Schiavi, la médica psiquiatra Verónica Mora Dubuc.

Mora Dubuc también dijo a este medio que el Tribunal Oral Federal número dos rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Schiavi en 2020. La defensa apeló ante la Cámara Federal de Casación para intentar revertir la decisión pero el máximo tribunal penal federal le denegó el recurso porque los peritos médicos oficiales que lo entrevistaron en la cárcel sostuvieron que sus patologías pueden atenderse en prisión, según informó Télam el 30 de diciembre último. “La mera pertenencia a un grupo de riesgo frente al Covid-19 no justifica per se la concesión del arresto domiciliario”, afirmaron los camaristas.

“La situación de Juan Pablo fue analizada por una junta médica, en la que participé como perito de parte y en la que una cardióloga y un neuropsiquiatra confirmaron que Juan Pablo tiene un cuadro grave de hipertensión, que se agravó con una cardiopatía y sufre un compromiso en el metabolismo cerebral, que le provoca mareos, desmayos y deterioro cognitivo que requiere rehabilitación y control sistemático”, dijo Mora Dubuc. “El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída”, agregó. 

Su esposa contó que en noviembre de 2019, Schiavi sufrió “un síncope” en el penal de Ezeiza, seguido de un infarto que complicó aún más su cuadro de salud. “Han sido particularmente lentos en su caso. El Cuerpo Médico Forense dijo que su tratamiento está incompleto y que es de alto riesgo, pero que se podría hacer dentro del sistema hospitalario del Servicio Penitenciario”, afirmó Mora Dubuc. 

El objetivo es luchar contra la corrupción en su totalidad y no orientada a espacios o personas específicas.

“Juan Pablo no tiene riesgo de fuga y ha estado ajustado a derecho, siempre. Se ha dado la prisión domiciliaria en otros casos similares. La negativa es llamativa, hay un cuadro clínico complejo y tiene más de 60 años. Por eso digo que Juan Pablo es un preso político. Creo que hay una influencia de intereses políticos y presiones mediáticas que hacen que las decisiones judiciales no se ajusten a derecho”, aseguró Mora Dubuc.

Jaime quedó detenido por primera vez los primeros días de abril de 2016 por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en 2005. 

En 2015, había sido condenado por la Tragedia de Once (la Casación fijó la pena en ocho años de prisión por el delito de administración fraudulenta y estrago culposo agravado) y acumula otras dos condenas firmes por casos: un juicio abreviado en el que admitió haber recibido dádivas de empresarios a los que debía controlar y otra causa por haber intentado robar pruebas en un allanamiento en su casa de Córdoba.  

El encierro en la celda no ayuda en absoluto a su hipoxia nocturna y (Schiavi) requiere una bomba de oxígeno que, aún hoy, no le fue proveída.

Luego de que Casación confirmó su sentencia en Once, volvió a ser detenido en octubre de 2018. En septiembre de 2020, el Tribunal Oral Federal 2 que lo condenó en 2015 ordenó su libertad, ya que la Corte Suprema dejó el resto de las condenas del caso firmes a excepción de la de Jaime, confirmaron fuentes de su defensa. El máximo tribunal aún debe tratar un recurso del exfuncionario. Jaime continúa detenido por prisiones preventivas en dos casos: presunto enriquecimiento ilícito y cuadernos, confirmó uno de sus abogados.

Por el presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos de corrupción que se acumularon al proceso, Jaime atraviesa actualmente un juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal número 6. Al solicitar la prisión domiciliaria, su defensa argumentó que la madre de Jaime es de edad avanzada y que el exfuncionario cumpliría el arresto en su casa para cuidarla; y que el exsecretario de Estado corre riesgo por la pandemia. En abril, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había acompañado un pedido de los abogados para que la Justicia le concediera el arresto domiciliario. A finales de diciembre último, su última solicitud fue rechazado por el tribunal, informó Infobae, al considerar que había peligro de fuga y de entorpecimiento de la Justicia.  

Según Infobae, debería permanecer preso hasta octubre de 2026; podría acceder a salidas transitorias a partir de finales de 2022 y solicitar la libertad condicional en 2024. 

elDiarioAR también se comunicó con el abogado de Claudio Cirigliano, quien manifestó que a pedido de la esposa del empresario la defensa no responde consultas de los medios. El exdueño de TBA tiene una condena confirmada por la Corte a siete años de prisión como coautor de los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo agravado en el marco de la Tragedia de Once. En abril de 2020, la Justicia le denegó la prisión domiciliaria, según informó Télam.

Caso Martín Báez 

Es uno de los 22 acusados en el juicio oral y público por presunto lavado de activos de la corrupción en la obra pública. El hijo mayor de Lázaro Báez tenía un rol ejecutivo en Austral Construcciones y habría participado en el supuesto blanqueo de más de US$50 millones que se giraron a cuentas en Suiza y paraísos fiscales. 

El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto retomar las audiencias finales en febrero y se espera el veredicto para el 10. Martín Báez es el único imputado del caso que permanece detenido en la cárcel. Su padre accedió al arresto domiciliario en septiembre último. El contador Daniel Pérez Gadín obtuvo la domiciliaria en abril y el abogado Jorge Chueco fue excarcelado con monitoreo electrónico dos meses más tarde, según informaron los medios en esas fechas. 

La abogada de Martín Báez, Elizabeth Gasaro, dijo a este medio que desde que se canceló el programa IRIC su defendido tuvo más acceso a la comunicación con el exterior, aunque la mejora se vio restringida por la pandemia. “Ahora tiene posibilidad de tener una notebook, tienen más contacto con sus familiares y más llamados. Está menos monitoreado”, explicó.

Las visitas recién se retomaron días antes de las fiestas de diciembre último, debido a las restricciones por el Covid-19. “Durante la pandemia, se les permitía realizar un zoom una vez por semana con familiares, pero los turnos estaban limitados a la disponibilidad de internet. Ya no tienen posibilidad de estudiar por la pandemia ni de realizar actividades culturales”, agregó su defensora.

“Está resignado. Pedimos las mismas condiciones de detención que vimos en otros casos con fallos a favor. Llegamos al tribunal (oral) y a Casación y ambos lo rechazaron porque sostienen que Martín podría evadir la Justicia al estar próximo a la condena. Incluso presentamos un informe de la Defensoría de Menores, como realizaron los abogados de Boudou, ya que Martín también tiene dos hijos menores”. Casación entendió que los niños “no se encuentran desprotegido” por la detención de su padre y que el caso de Martín Báez no encuadra en las excepciones legales para un arresto en su domicilio, según el fallo del 30 de diciembre último.

Reclamos internos

El debate en sectores del oficialismo se viene planteando por distintas vías. En el caso del exvicepresidente Amado Boudou, una solicitada juntó en enero al menos 13.000 firmas pidiendo su libertad, luego de que la Corte confirmara su condena por el caso Ciccone a 5 años y 10 meses de prisión. La principal crítica de los defensores de Boudou al máximo tribunal fue que el fallo sobre un caso de relevancia política e institucional se resolviera en apenas media carilla, sin pronunciarse sobre la valoración del proceso o de la prueba. Sus abogados acudirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitar que la Corte del organismo analice el caso, confirmaron a este medio. 

Días después, un grupo de dirigentes publicó una carta solicitando la liberación de la dirigente de Tupac Amaru y diputada electa del Parlasur, Milagro Sala, quien tiene prisión domiciliaria, un planteo pendiente ante la Corte y niega los cargos en su contra.

De Vido y D’Elía reaccionaron este lunes a declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, rechazando la posibilidad de un perdón oficial a los acusados. “Una amnistía para los casos de corrupción sería absurdo y un gran error”, había dicho el exjefe de Gabinete de Fernández de Kirchner en una nota publicada el domingo por Infobae.

De Vido le respondió por Twitter: “Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor”.

El exministro de la Corte Suprema y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Eugenio Raúl Zaffaroni encabezó el 15 de enero último un debate virtual con Sala y D’Elía (éste último con condena firme a casi cuatro años de prisión por la toma de una comisaría de La Boca en 2004, cumpliendo prisión domiciliaria. Siempre ha negado las acusaciones en su contra). 

“La solución legal inmediata es el indulto”, dijo Zaffaroni en el encuentro, según reflejó Infobae. “Alberto contesta y dice que es un resabio monárquico y no se puede indultar a un procesado. Hay media biblioteca que dice una cosa y media que dice la otra. Yo leo media biblioteca y él lee la otra”, agregó. “Es una cuestión de costo político no jurídica”, agregó el magistrado.

*Este artículo se modificó a las 15:12 del 27 de enero de 2021 para actualizar información aportada por una fuente de la defensa de Ricardo Jaime.

ED