El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró en redes sociales un ranking sobre la evolución del empleo privado registrado en las provincias durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. El mandatario destacó que Mendoza aparece entre las jurisdicciones con mejor desempeño relativo y lo atribuyó al rumbo económico nacional. Sin embargo, el propio informe muestra un panorama muy distinto al que difundió: el empleo privado formal cayó en gran parte del país en los primeros meses de la nueva gestión.

El ranking provincial difundido por Cornejo muestra que solo un par de distritos logró sostener o aumentar el empleo. Neuquén y Río Negro son las únicas con saldo positivo: 3,4% y 0,7%, respectivamente. Mendoza aparece tercera, pero con el dígito en negativo: -0,6 por ciento. Son datos de SIPA, el Sistema Integral Previsional Argentino.

“Tras dos años completos de gestión del presidente JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado de todo el país. Solo nos superan Neuquén y Río Negro, provincias impulsadas por el fenómeno de Vaca Muerta. Detrás de ese gran motor energético, Mendoza aparece en el podio del crecimiento del empleo privado en Argentina”, dice el radical Cornejo en su tuit.

El mensaje coincidió con la reglamentación de la reforma laboral, donde fueron clave los votos de los senadores y diputados radicales por Mendoza.

Indirectamente, Cornejo admite la crisis económica que atraviesa el país desde la asunción de Milei. “El dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal”, dice.

Luego apunta contra las demás provincias: “Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece. Es la señal de que hay rumbo, base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo”.

MC

Luego de días atravesados por suspensiones y reacomodamientos de agenda, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó desde este jueves su gira por las provincias, una hoja de ruta clave para el Gobierno en la antesala del tratamiento de la reforma laboral. Las modificaciones estuvieron marcadas por problemas meteorológicos y por la situación en la Patagonia, pero en Balcarce 50 aseguran que el cronograma federal sigue en pie y se intensificará en los próximos días.

El itinerario volvió a tomar ritmo hoy por la mañana, cuando Santilli viajó a Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo. Por la tarde, el ministro también se trasladó a San Juan, donde mantuvo un encuentro con el mandatario provincial Marcelo Orrego. Ambos contactos forman parte de la ronda de conversaciones con gobernadores que el Ejecutivo impulsa antes del debate legislativo de la reforma laboral.

En Mendoza, Santilli fue recibido por Cornejo y por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, con quienes recorrió las obras de ampliación del Metrotranvía y su futura conexión con el Aeropuerto Internacional El Plumerillo. La infraestructura vial ocupó un lugar central en la conversación. “Mañana va a estar el ministro del Interior y vamos a reclamarle las tres grandes rutas que quedan a su cargo”, había señalado el mandatario en la previa, con especial énfasis en la ruta nacional 7, clave para la conexión con Chile. “Entendemos que para marzo debería estar licitada y, si no, mañana intentaremos tener información al respecto”, remarcó.

El gobernador mendocino amplió además sus reclamos a la Nación y pidió avanzar con la finalización del primer tramo de la doble vía a San Juan, entre el aeropuerto y la entrada a Lavalle. A eso sumó la necesidad de obras en la ruta 40, en el sur provincial, vinculadas al desarrollo minero y al petróleo no convencional, en particular el puente desde Bardas Blancas, en Malargüe, hasta el límite con Neuquén, una obra que, según afirmó, permitiría potenciar la logística y la actividad productiva.

Durante la reunión, Santilli y Cornejo coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo conjunta y dialogaron sobre la importancia de darle tratamiento a la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Senado. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en la Argentina”, afirmó el ministro del Interior, al sostener que avanzar en un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país.

Por su parte, el gobernador mendocino subrayó que se trata de una reforma “relevante para que las empresas puedan tomar más empleo y para que más trabajadores se incorporen a la economía formal”. En ese sentido, reconoció que una baja de impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero defendió el enfoque de la ley e incluso reclamó un mayor endurecimiento del proyecto. “La reforma se quedó corta porque creo que en algunos puntos se concedió demasiado al sindicalismo y a la CGT. Yo hubiera avanzado más a fondo”, afirmó recientemente Cornejo en declaraciones a un medio local, una posición que lo ubica entre los gobernadores más alineados con la iniciativa del Ejecutivo.

Horas más tarde, durante su paso por San Juan, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador Marcelo Orrego, quien se mostró predispuesto a “encontrar los consensos necesarios para debatir el proyecto” de reforma laboral y puso el acento en “la importancia de que esa ley apunte a que en la Argentina se genere más empleo privado y crecimiento para todas las provincias”, en sintonía con los objetivos planteados por la Casa Rosada.

Gira federal

Santilli viene de mantener el lunes pasado una reunión en Chaco con el gobernador Leandro Zdero, que funcionó como punto de arranque formal de la ronda federal que el Gobierno activó tras la aprobación del Presupuesto 2026. A ese encuentro se sumó, días después, la primera visita a Chubut, donde el ministro trabajó junto al gobernador Ignacio Torres en la coordinación del despliegue nacional frente a los incendios forestales. En la Casa Rosada leen esa secuencia como parte de una estrategia más amplia: recomponer el vínculo con los mandatarios provinciales, ordenar la agenda territorial y llegar al debate en el Congreso con un mapa político más previsible.

Pero la gira tuvo algunos percances. La primera suspensión formal de la semana fue la reunión prevista para el martes con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, que debió postergarse por una alerta meteorológica en la provincia. Lluvias intensas y caída de granizo impidieron el despegue del avión oficial, en un escenario de alerta amarilla. El encuentro fue reprogramado y quedó confirmado para este viernes a las 14 en la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

También quedó postergada la segunda visita que Santilli tenía prevista a Chubut. El ministro ya había estado allí la semana pasada junto a Torres, coordinando de manera mancomunada el despliegue territorial de las fuerzas nacionales que actúan en la zona. Este miércoles, Santilli se comunicó telefónicamente con el mandatario chubutense, quien le solicitó reprogramar la recorrida debido a los anuncios de lluvias en las áreas afectadas por los incendios. Desde el Gobierno nacional señalaron, además, que se avanzará con el giro de fondos para acompañar a la provincia en el marco de la emergencia.

El viernes, además de concretar finalmente la reunión con Ziliotto en la Casa Rosada, Santilli acompañará al presidente Javier Milei al festival de doma y folklore de Jesús María, en Córdoba, una actividad prevista en la agenda presidencial del fin de semana y leída en el oficialismo como un gesto político hacia el interior del país.

La semana próxima, en tanto, el ministro del Interior volverá a subirse a un avión: el lunes viajará a Salta, donde tiene previsto reunirse con el gobernador Gustavo Sáenz. El encuentro se inscribe en la misma lógica que ordena toda la gira: consolidar el diálogo con las provincias y despejar el terreno político antes de que la reforma laboral llegue al Congreso.

Es esa agenda federal la que cruza la negociación legislativa que el Gobierno busca ordenar antes de febrero. Con las sesiones extraordinarias a la vuelta de la esquina, en la Casa Rosada saben que el margen de éxito dependerá del humor de los gobernadores y del impacto fiscal del proyecto de “modernización laboral”, especialmente en los puntos que afectan la coparticipación. En ese esquema, la gira de Santilli funciona como una instancia previa de alineamiento político: medir resistencias, ofrecer gestos y llegar al Congreso con una mayoría lo más trabajada posible, en un escenario donde cada voto vuelve a contarse con lupa.

PL / NB

Las protestas contra el proyecto PSJ Cobre Mendocino (antes San Jorge) volvieron a hacerse visibles este martes en el microcentro de la ciudad de Mendoza, aunque con una convocatoria sensiblemente menor a la de las históricas movilizaciones de 2019 contra la modificación de la ley 7722.

En ese marco, el gran ganador, sin dudas fue el gobernador Alfredo Cornejo quien destacó que su gobierno avanza sin modificar la ley 7722, a diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando ante la masvidad de las protestas en la víspera de Nochebuena, el Ejecutivo tuvo que volver a la Legislatura la ley que dio pie a lo que se puede denominar como el “último mendozazo”.

Si bien volvió a cuestionar públicamente el artículo 3 de la norma, dejó en claro que no impulsará cambios legislativos en este contexto. El gobernador defendió la minería y el petróleo como ejes estratégicos para el desarrollo provincial y proyectó un escenario de mejora económica a partir de 2026.

“Aspiramos a que sea un año mejor que 2025. Si continúa bajando la tasa de interés y aparece el crédito, la economía puede empezar a crecer”, afirmó, y destacó la “paciencia” de la ciudadanía frente a la situación económica.

“Estamos trabajando para que sectores con mejores niveles salariales vuelvan a traccionar la economía, como el petróleo y la minería”, insistió. En ese marco, precisó que ya existen proyectos en marcha vinculados al cobre y al potasio, con empresas internacionales explorando y perforando en la provincia.

Sobre San Jorge, aseguró que “tiene plazos concretos para comenzar su desarrollo” y lo definió como “el primer proyecto de cobre de la Argentina, en un contexto de enorme demanda mundial”.

Cornejo, además, sostuvo que Mendoza utiliza todas sus herramientas de política económica para impulsar el crecimiento, defendió el manejo “responsable” del presupuesto provincial y remarcó que la provincia ejerce las competencias que le otorga la Constitución sobre los recursos del subsuelo. “La inversión, el crédito y el desarrollo productivo permitirán generar empleo y mejorar los ingresos”, expresó.

Una nueva protesta que inició en el kilómetro 0 y terminó en Casa de Gobierno

Si bien las protestas siguen desarrollándose en la provincia de Mendoza, lejos están de ser las de diciembre de 2019 cuando el por entonces gobernador Rodolfo Suárez tuvo que volver para atrás con la ley sancionada en la Legislatura que modificaba la 7722 permitiendo la utilización de químicos para la extracción minera.

“Esto no es 2019”, le resumió un manifestante durante la marcha al medio local MDZol. Esta frase muestra el diagnóstico de lo que ocurre en Mendoza a diferencia de aquella provincia que se levantó en defensa del agua: las manifestaciones persisten, pero sin la masividad ni la diversidad de actores sociales que marcaron aquel diciembre.

A diferencia de hace seis años, en las marchas actuales están ausentes la mayoría de los gremios estatales y los sectores ligados a la vitivinicultura, que en 2019 tuvieron un rol central. La presencia sindical se limitó a participaciones individuales de trabajadores judiciales y docentes, sin banderas orgánicas. En el plano político, el único espacio con participación visible fue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

“El pueblo está en las calles y ellos están preparando el pinito de Navidad. Es una vergüenza”, declaró mientras marchaba el dirigente de izquierda Lautaro Jiménez, quizás uno de los más combativos contra el gobierno de Alfredo Cornejo

La protesta del 23 de diciembre de 2019, en aquella caldeada víspera de Nochebuena, convocó a más de 50 mil personas que marcharon desde diferentes puntos de la provincia y que terminaron en el Parque Cívico en medio de una represión policial pocas veces vista en la provincia. La de este martes, exactamente a seis años, no llegó a inquietar al Ejecutivo, el cual se mantiene firme en su postura de que la minería es la salvación económica de la provincia.

Como declaró el exlegislador provincial Lautaro Jiménez, esta vez no hubo participación sindical ni del sector vitivinícola. Es por eso que llamó a los sindicatos a realizar un paro masivo en defensa del agua: difícil que suceda en una provincia que parece haber sido anestesiada y que solo tiene actividad militante en este caso de las organizaciones ambientalistas del Valle de Uco, Uspallata y algunos más que aúnan fuerzas para seguir combatiendo.

Los gremios, en estas instancias, priorizan otras agendas, como la oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. En la ciudadanía conviven posturas encontradas: mientras algunos ven en San Jorge una oportunidad laboral para la región, otros rechazan el proyecto por razones ambientales, especialmente por el posible impacto sobre el río Mendoza, o por desconfianza en los controles estatales.

En paralelo a la marcha, el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las protestas y al rumbo económico de la provincia en declaraciones realizadas desde Casa de Gobierno. Sobre las manifestaciones antimineras, afirmó que el derecho a protestar “está plenamente garantizado”, pero subrayó que debe ejercerse “dentro del marco legal”.

“Toda persona tiene derecho a protestar, es un derecho constitucional, pero también tiene obligaciones: no puede cometer actos de vandalismo, no puede agredir a la policía ni impedir la libre circulación de otros ciudadanos”, señaló. En ese sentido, remarcó que la instrucción del Ejecutivo es preservar el orden público y advirtió: “Preferimos ejercer la disuasión, pero vamos a actuar si se viola el Código Contravencional o el Código Penal”.

NC/CRM

Este martes organizaciones vecinales, grupos ambientalistas y autoconvocados de Mendoza vuelven a marchar en la capital provincial en defensa del agua y expresar su rechazo al desarrollo de proyectos de megaminería en la provincia, recientemente aprobados por la Legislatura y el gobernador radical Alfredo Cornejo.

La movilización, que partió en las últimas horas desde Uspallata y otras localidad hacia la Casa de Gobierno provincial, busca volver a poner en el centro de escena el repudio social al proyecto minero San Jorge. Días atrás el Senado de Mendoza sancionó la Declaración de Impacto Ambiental de ese proyecto y otros de megaminería, que contempla la extracción de minerales, principalmente cobre.

La protesta denuncia que la megaminería implica riesgos para los recursos hídricos de la provincia, sobre todo en una provincia donde el agua es un recurso clave, en un contexto de sequía y fragilidad hídrica. Hay alertas científicos sobre los posibles efectos ambientales a largo plazo de la megaminería.

La protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza forma parte de una serie de acciones que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia desde hace al menos 20 días, incluyendo caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este de la provincia. La policía local llegó a reprimir algunas manifestaciones y detuvo a activistas: justo este martes fueron liberados los hermanos Renzo y Facundo Gollan, detenidos por la movilización del 9 de diciembre pasado.

La fecha elegida para la movilización de hoy recuerda a la marcha de 2019, cuando el entonces gobernador Rodolfo Suárez quiso modificar la Ley 7722. Con el aval del gobierno de Javier Milei, Cornejo impulsó una nueva avanzada minera en la provincia. “El agua sí se negocia: hay una cláusula constitucional que establece el derecho al agua ligado a la propiedad de la tierra. Con eso se hicieron millonarios muchos desarrolladores urbanos, con la complicidad de municipios, y después el Estado tuvo que llevar servicios”, dijo días atrás al diario Los Andes para cuestionar la bandera social de “El agua no se negocia”.

Autoridades provinciales justificaron la aprobación del proyecto argumentando potenciales beneficios económicos, aunque también señalaron que el proceso legislativo incluyó evaluaciones técnicas y ambientales según el marco legal vigente. Por su parte, algunos expertos y organizaciones advierten sobre la necesidad de estudios más exhaustivos para comprender los impactos ambientales y sociales de la megaminería.

Las asambleas que organizan las marchas dijeron que seguirán promoviendo actividades públicas y debates comunitarios sobre la gestión del agua y el desarrollo de la minería en Mendoza, con la intención de que estos temas formen parte del diálogo provincial en los próximos meses.

MC

En una sesión considerada histórica, el Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -una actualización del antiguo San Jorge- y habilitó por primera vez en casi dos décadas el avance de una explotación metalífera bajo la vigencia de la Ley 7722. La decisión abre la puerta a una inversión de 560 millones de dólares y coloca al emprendimiento como potencial pionero en la producción de cobre a escala industrial en la Argentina.

La aprobación en ambas cámaras, gracias a la escribanía que mantiene el gobernador Alfredo Cornejo, fue celebrada por el oficialismo, el cual contó con apoyo opositor en ambas sesiones para así llevar adelante el proyecto minero más ambicioso en el cual se ha sumergido la provincia cuyana.

Menudo problema para la gestión radical, esa que en más de una oportunidad se negó a sumarse al debate, puntualmente cuando no era gobierno y las riendas de la provincia estaban en manos del peronismo. Ahora deberá lidiar con el estigma de haber aprobado algo que no cae bien en gran parte de la sociedad mendocina.

Un retroceso en el tiempo: “Estoy en contra de los proyectos megamineros que no reúnan los requisitos ambientales básicos”, decía Alfredo Cornejo cuando como senador provincial, allá por 2003, ampliaba los límites de la reserva de la Laguna del Diamante. Férreo opositor, tiempo después, al Proyecto San Jorge impulsado por Francisco “Paco” Pérez.

Pero los tiempos cambian. Alfredo Cornejo comenzó a ver, de la mano de la minería, que los recursos pueden llegar a una Mendoza que ya no exporta el vino que exportaba y que ya no es uno de los atractivos turísticos de antaño, dos de los principales motores de ingresos para la provincia.

Desde este martes, todo cambió en la “tierra del sol y del buen vino”. El yacimiento, ubicado en la Estancia El Yalguaraz en Uspallata, será explotado mediante flotación, un método que, según el oficialismo, respeta las restricciones químicas que establece la legislación provincial. Desde la sanción de la 7722 en 2007, ningún proyecto de explotación había logrado un aval parlamentario, ya que la norma exige que toda etapa minera cuente con una DIA ratificada por ley.

Qué dijo Cornejo tras la aprobación

El gobernador, que estuvo en Buenos Aires en la mesa del Consejo de Mayo mientras en la Legislatura local se debatía PSJ Cobre Mendocino, hizo su aparición triunfal en su cuenta de X, desde donde, más allá de no contar con el aval de gran parte de la población, sentenció: “Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene. Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”.

En medio de su euforia, el radical metió en el paquete otro “victoria” suya y sus planes mineros para Mendoza: “Sumado a la aprobación del Malargue Distrito Minero Occidental II para seguir explorando nuestro suelo, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, continuamos con un proceso ordenado y con reglas claras para encarar este nuevo camino de desarrollo”.

También tuvo tiempo para reflexionar sobre un hecho puntual. “Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722. Podemos avanzar hacia energías más limpias, a modernizar redes eléctricas, electrificar el transporte, entre otras cosas. Nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios. Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable”, dijo.

En otro tramo de su extenso posteo, Alfredo Cornejo repartió municiones contra parte de la oposición: “Pero como era de esperarse, el kirchnerismo no acompaño este proyecto. Durante años dijeron públicamente que apoyaban la minería, pero cuando llegó el momento de sostenerlo con el voto eligieron retirarse. Prefirieron volver a las consignas vacías y conveniencias políticas”.

Para finalizar, dejó un mensaje para los habitantes de la provincia, muchos de ellos bastante molestos con la aprobación de la DIA: “Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos. Hoy dimos el paso que nos proyecta hacia el futuro que queremos. Demostremos una vez más que sabemos hacer las cosas bien, que el progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia”.

Debate caliente, con voces (en mayoría) a favor y en contra

El debate legislativo estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas. La Unión Mendocina (espacio que se creó luego del alejamiento de Omar De Marchi de Cambia Mendoza) acompañó la aprobación, aunque remarcó que su respaldo no implica un cheque en blanco al Gobierno.

Un sector del peronismo también apoyó la iniciativa, mientras que el PJ y el kirchnerismo más duros, junto con el Partido Verde, se pronunciaron en contra por considerar que la DIA presenta deficiencias técnicas y podría derivar en judicialización.

El antecedente clave: 2019 y el mayor estallido social en defensa del agua

La discusión actual sobre la minería en Mendoza no puede separarse del recuerdo de diciembre de 2019, uno de los momentos más explosivos en la historia ambiental reciente de la provincia. Durante aquellos días, el entonces gobernador Rodolfo Suárez impulsó —con apoyo legislativo exprés— una modificación de la Ley 7722 que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la actividad minera.

Lo que siguió fue un punto de quiebre:

Desde entonces, la defensa del agua se consolidó como una identidad provincial, sintetizada en consignas que se volvieron símbolo: “La 7722 no se toca” y “El agua de Mendoza no se negocia”. Este martes, esas mismas frases volvieron a sonar frente a una Legislatura vallada y rodeada de un importante operativo policial.

Mientras en el recinto se discutía el futuro del proyecto, miles de personas se manifestaron en el centro mendocino. Hubo caravanas provenientes de Uspallata y del Valle de Uco que iniciaron un día antes y que recorrieron, a pie, cientos de kilómetros desde distintos puntos de la provincia, en un reflejo de que el rechazo a la megaminería sigue teniendo un peso significativo en la sociedad local.

La denuncia de censura en el Conicet

En paralelo al debate político, el proyecto quedó envuelto en otra controversia: investigadores y becarios del Conicet Mendoza denunciaron, días antes de que el proyecto llegara a Senadores, que las autoridades del organismo bajaron de la web institucional un documento técnico que cuestionaba la calidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

El informe, elaborado por especialistas de diversos institutos, señalaba fallas metodológicas, riesgos para la cuenca del río Mendoza, afectación de bienes arqueológicos y falta de datos suficientes para una evaluación seria. Tras el retiro del texto, la comunidad científica lanzó un formulario de adhesión pública en defensa de la autonomía técnica del organismo y contra las presiones políticas.

Lo que viene

Tras la ratificación en el Senado, solo falta la promulgación por parte del Ejecutivo. La empresa deberá presentar la factibilidad económica y avanzar en la ingeniería de detalle, paso previo a la construcción de la mina, estimada en 18 a 24 meses. Si los plazos se cumplen, el emprendimiento podría comenzar a operar entre 2027 y 2028.

El avance actual marca un giro profundo respecto del rechazo legislativo de 2011 y vuelve a poner a prueba la relación entre minería, política y sociedad en una provincia donde el recuerdo de 2019 sigue muy presente.

El Senado de Mendoza aprobó este martes el proyecto de megaminería PSJ Cobre Mendocino —conocido históricamente como San Jorge— en una sesión marcada por protestas sociales, cortes de ruta y un fuerte rechazo de organizaciones ambientales que advirtieron por el impacto del emprendimiento sobre las reservas de agua de la provincia.

La iniciativa obtuvo sanción definitiva luego de que la Cámara Alta aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), último paso legislativo que habilita a la empresa a avanzar con la explotación de cobre en la zona de Uspallata. El oficialismo de Alfredo Cornejo, una alianza forjada entre radicales, libertarios y macristas, logró los votos necesarios tras semanas de tensión política interna y presión social en las calles.

Mientras el Senado debatía, afuera de la sede legislativa se desarrollaron fuertes protestas. Luego de una caravana de más de 100 kilómetros que unió este lunes Uspallata con la capital mendocina, asambleas socioambientales, vecinos y organizaciones territoriales se movilizaron contra el proyecto, denunciando que su puesta en marcha amenaza la disponibilidad y calidad del agua en una provincia estructuralmente atravesada por la escasez hídrica.

Los manifestantes sostuvieron carteles con consignas en defensa del agua y recordaron antecedentes de rechazo social a este tipo de proyectos en Mendoza, incluyendo la resistencia masiva que en 2019 frenó una modificación de la Ley 7722.

La discusión en el Senado se dio con el recinto rodeado de seguridad y entre cuestionamientos de legisladores opositores sobre la solidez del Estudio de Impacto Ambiental que avala el emprendimiento. Aunque la discusión técnica había comenzado semanas atrás en comisiones, la sesión de este martes confirmó el respaldo a la minería metalífera en la provincia, en un marco político que el oficialismo definió como “una oportunidad para diversificar la matriz productiva y generar inversiones”.

Además del proyecto PSJ Cobre Mendocino, se aprobó la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se votaron la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras.

La sanción definitiva no modificó el clima en las calles. Tal como reflejó elDiarioAR, los manifestantes consideraron que la aprobación se dio “de espaldas a la sociedad” y alertaron sobre el riesgo de contaminación de ríos y glaciares, además de los efectos sobre la actividad agrícola local.

MC

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión, en medio de expectativas por el texto final de la reforma laboral y tensiones acumuladas tras la filtración de borradores. El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como coordinador político del espacio, tras la salida de Guillermo Francos, y se dará en simultáneo con la búsqueda de votos para el Presupuesto 2026, que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli.

El objetivo oficial es cerrar la etapa técnica antes del 15 de diciembre, fecha límite que se impuso la Casa Rosada para presentar el paquete de reformas en el Congreso. La sesión será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con los siete integrantes habituales del Consejo: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Poder Legislativo), Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), por el sindicalismo.

“Hasta ahora solo hay esquemas generales sin precisión técnica”, advierten desde la CGT, que aún no recibió el texto preliminar. El Ejecutivo promete una versión consolidada para los próximos días, pero se reserva el contenido definitivo, que responderá a la línea política del presidente Javier Milei.

Entre los temas en discusión figuran la descentralización de convenios, el banco de horas, la ultraactividad, las cuotas solidarias y modalidades de contratación, algunos de los cuales ya estaban en el DNU 70/2023, invalidado por la Justicia en su capítulo laboral.

La CGT sigue en alerta, mientras espera una convocatoria formal de Santilli. El ala dialoguista busca negociar límites sin romper el canal de diálogo, pero sectores más duros acusan al oficialismo de intentar desarticular la organización sindical. La conducción central mantiene un equilibrio precario: abrir el juego sin ceder en lo que consideran derechos adquiridos.

Gerardo Martínez expondrá esa postura en la reunión del Consejo, mientras Santilli se posiciona como interlocutor clave del Gobierno. A su cargo está la doble tarea de asegurar los votos del Presupuesto y abrir un puente con los gremios, en un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las apuestas estratégicas del oficialismo.

La última reunión del Consejo de Mayo también incluye en su temario las reformas tributaria y previsional, aunque el núcleo del debate será el capítulo laboral. La Casa Rosada quiere evitar nuevas filtraciones, pero la indefinición sobre qué puntos quedarán dentro del proyecto genera malestar entre los consejeros.

En el Gobierno reconocen que el cierre del Consejo no implicará consenso pleno, sino una base para avanzar en el diseño final del proyecto. El contenido específico se definirá en la Casa Rosada, con margen para ajustes políticos hasta febrero, cuando el oficialismo buscará tratarlo en sesiones extraordinarias.

Los gobernadores aliados se mostraron dispuestos a discutir, pero advirtieron que no avalarán cambios sin conocer los detalles. Por eso, el Gobierno necesita tiempo, acuerdos y precisión técnica para sostener su estrategia de reformas, sin agravar la conflictividad con los gremios ni perder apoyos legislativos.

JJD

En una jornada marcada por el calor dentro y fuera de la Legislatura, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó con 31 votos a favor y 13 en contra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, la iniciativa antes conocida como San Jorge, que busca explotar cobre en Uspallata.

Se trata de un hito político con el que el radicalismo de Alfredo Cornejo y sus aliados vuelven a la carga con la minería tras el rechazo popular de 2019, cuando bajo el mando de Rodolfo Suárez se modificó la 7722, aunque días después de la aprobación del 20 de diciembre, el Ejecutivo decidió marcha atrás luego de la masiva movilización provincial que unió al pueblo mendocino en defensa del agua.

Esta media sanción es el primer aval legislativo a una explotación metalífera desde la sanción de la Ley 7722 (la cual fue modificada en 2019 en una sesión exprés durante la gestión de Suárez y la supervisión de Cornejo), hace casi dos décadas, y la primera vez que un proyecto de este tipo obtiene media sanción tras haber sido rechazado en 2011 en un primer intento por llevar adelante el proyecto San Jorge.

La aprobación se dio en el marco de una sesión extensa y cargada de tensión entre el oficialismo y sus aliados y el peronismo (filo kirchnerista) y los defensores del agua, en la que también avanzaron otras tres iniciativas clave impulsadas por el Ejecutivo: un nuevo régimen de regalías mineras, la creación de un Fondo de Compensación Ambiental y la habilitación de una nueva etapa del Distrito Minero Occidental II de Malargüe, otro de los lugares sobre los que pretende avanzar Alfredo Cornejo para su tercer año de mandato (segunda gobernación).

Todo ese paquete obtuvo media sanción y ahora será tratado en el Senado.

Qué dijo Alfredo Cornejo tras la media sanción

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, se expresó una vez finalizada la votación en la Cámara de Diputados y mostró en cuatro fotografías las aprobaciones del día en el recinto.

“Hoy, la gran mayoría de los diputados de la Legislatura provincial tuvieron un comportamiento sensato y alineado con lo que demanda el mundo y con lo que gran parte de la sociedad mendocina reclama”, dijo el mandatario provincial y apuntó contra la oposición: “Lo llamativo es la falta de acompañamiento de la principal fuerza de la oposición, el PJ/Kirchnerismo, sobre todo porque han manifestado en varias ocasiones su posición favorable hacia el desarrollo de la minería en nuestra provincia (haciendo referencia a 2008 cuando Celso Jaque era gobernador)”.

Y agregó: “Supongo que una decisión tan importante para los mendocinos, no fue sujeta a meras especulaciones electorales, por la cercanía de los comicios en los seis departamentos que desdoblaron. La media sanción de PSJ Cobre Mendocino nos acerca a producir el cobre que exige la transición energética, a ampliar nuestra matriz productiva y a generar más empleo y crecimiento para Mendoza. A esto se suma la media sanción del Malargüe Distrito Minero Occidental II, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, que ratifican la necesidad de seguir avanzando con este proceso serio y ordenado que estamos llevando adelante”.

Para finalizar, dijo: “Celebro estas decisiones y confío en que el Senado continúe en la misma senda de coherencia y responsabilidad”.

Un proyecto que reabre la “era del cobre” en Argentina

El proyecto PSJ Cobre Mendocino prevé una inversión de US$560 millones y apunta a extraer cobre mediante flotación en la zona de Estancia El Yalguaraz, en el distrito de Uspallada del departamento de Las Heras y en pleno corazón de la cordillera. Si avanza, sería el primer proyecto de explotación de cobre del país, lo que marcaría –según los defensores del proyecto, muchos de ellos dentro del actual gobierno provincial– el inicio de la “era del cobre” en Argentina.

Para el oficialismo, la aprobación de la DIA representa un paso estratégico para diversificar la matriz productiva y atraer inversiones. Para buena parte de la oposición y de organizaciones sociales, que este miércoles se reunieron en gran número en Peatonal Sarmiento y Patricias Mendocinas de la Ciudad de Mendoza, implica un retroceso que reabre heridas recientes vinculadas al debate ambiental y a la defensa del agua en la provincia cuyana, que tiene como espejo a San Juan, donde la minería causa estragos ambientales.

Un debate caldeado y posturas irreconciliables

El clima dentro del recinto legislativo reflejó la dureza de un conflicto que atraviesa a Mendoza desde hace casi 20 años. Hubo cruces fuertes, discursos extensos y referencias directas a la historia reciente de la 7722, la ley que prohíbe sustancias contaminantes en la minería y que se convirtió en un símbolo de lucha popular con aquella caravana que nació en el departamento de San Carlos en diciembre de 2019 y que fue sumando miles de voluntades en su peregrinación de más de 120 kilómetros por la Ruta 40.

El paquete minero: regalías, controles y expansión en Malargüe

Además de la DIA, la Cámara de Diputados aprobó tres proyectos que reconfiguran el escenario minero dentro de la provincia de Mendoza:

Nuevo régimen jurídico de regalías

Fondo de Compensación Ambiental

Se trata de una herramienta financiera destinada a afrontar emergencias o daños ambientales, incluso cuando el responsable sea insolvente o no pueda identificarse. Este proyecto aprobado no aplica exclusivamente a la minería.

Segunda etapa del Distrito Minero Occidental II (Malargüe)

La “revancha” de San Jorge, 14 años después

El proyecto San Jorge ya había tenido un recorrido conflictivo en el ábito político y social de la provincia de Mendoza.

Desde 2008, cuando el malargüino Celso Jaque era gobernador de la provincia, acumuló estudios, rechazos, condicionamientos y protestas masivas, hasta su caída en 2011. Este año, con un nuevo plan y una fuerte propaganda del Gobierno de Alfredo Cornejo, volvió a escena.

Informes de la UNCuyo, IANIGLA, IADIZA, Irrigación y otros organismos incorporaron advertencias que la empresa deberá cumplir antes de cualquier obra. Si el Senado ratifica la DIA el próximo 9 de diciembre, comenzará un cronograma que incluye:

El fantasma de la 7722 y la memoria de 2019

Para entender la intensidad del debate actual, es imposible no retroceder a diciembre de 2019, cuando el por entonces gobernador Rodolfo Suárez tuvo que dar marcha atrás con la modificación de la Ley 7722 tras la marcha más grande de la historia en defensa del agua.

Aquel mes dejó hitos imborrables:

La defensa del agua consolidó una identidad colectiva: “la 7722 no se toca” y “el agua de Mendoza, no se negocia”. Para muchas organizaciones, esas consignas sigue vigente y este miércoles, antes, durante y después de la sesión, se hicieron escuchar en la puerta de una Legislatura vallada y con un fuerte operativo policial.

Ahora, la decisión la tendrán los senadores mendocinos, quienes el próximo martes 9 de diciembre votarán si avalan o no los planes de Cornejo. La posibilidad de un nuevo “mendozazo” por el agua de la provincia está más vigente que nunca.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este viernes, en Mendoza, un encuentro con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes se encontraban en la provincia cuyana para participar de una cumbre sobre minería.

Diego Santilli viajó a Mendoza para verse con Alfredo Cornejo, en el marco de los encuentros que activó con los mandatarios provinciales, y luego de esa audiencia compartió una reunión con los cuatro mandatarios provinciales en la residencia del anfitrión.

Cornejo, Orrego, Jalil y Sadir participaron de la Latam & Argentina Critical Minerals Summit, un encuentro que tiene como eje el debate regional sobre los minerales críticos y el desarrollo de la minería del futuro.

Previamente, Diego Santilli había abordado con Cornejo “la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo”, se informó en un comunicado.

En un posteo de redes sociales, fue el propio Alfredo Cornejo quien dio detalles del encuentro con el ministro del Interior en el cuarto piso de la Casa de Gobierno de Mendoza.

“Recibí en Mendoza al ministro del Interior, Diego Santilli, quien acaba de asumir y eligió a Mendoza entre las primeras provincias para visitar. Esto confirma la voluntad política clara del Gobierno Nacional de trabajar con quienes creemos en un rumbo de crecimiento y estabilidad económica”, expresó Alfredo Cornejo.

Y agregó: “Conversamos principalmente sobre la reciente autorización del préstamo de FontPlata por 75 millones de dólares, un financiamiento que llevamos años tramitando y que hoy finalmente tiene luz verde. Es fundamental para seguir ampliando los sistemas de agua potable en la provincia”.

“Mendoza quiere y está aprovechando esta nueva etapa del país. Somos una provincia que puede crecer mucho más si eliminamos las barreras que frenaron nuestro potencial durante años”, cerró el aliado mendocino de Javier Milei.

El radicalismo afrontará un fuerte debate para elegir en diciembre al reemplazante de Martín Lousteau al frente del Comité Nacional de la UCR, donde se perfilan como fuertes candidatos los gobernadores Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, de Corrientes y Mendoza, respectivamente, que ganaron en sus provincias.

La elección de autoridades, que vence el 15 de diciembre, se efectuará en medio de la peor debacle del radicalismo, cuyo bloque en diputados quedará reducido de 14 a 6 diputados, y en el Senado de 13 a 9 legisladores.

Según informaron voceros a la Agencia Noticias Argentinas, debe haber un acuerdo para que se trabaje en forma consensuada entre la conducción de la UCR y los bloques parlamentarias.

Durante la presidencia de Martín Lousteau, en la mayoría de las ocasiones las votaciones del dirigente fueron en forma diferenciada de sus compañeros de bancada, que respondían las directivas de sus gobernadores para respaldar al Gobierno nacional.

Valdes afirmó este jueves que la conducción de Martín Lousteau al frente de la UCR “fue a contrapierna porque la mayoría del radicalismo tenía una visión diferente de la del presidente del partido”.

“Si no tenemos un proyecto nacional, va a ser difícil que nosotros podamos tener nitidez en un electorado que busca claridad. Me parece que el radicalismo tiene que trabajar mucho para recuperar su vocación de poder y recuperar sus principios como partido nacional”, dijo Valdés.

Por ese motivo serán clave las negociaciones para reemplazar a Martín Lousteau, en unas conversaciones que tendrán impacto directo en la Cámara de Diputados, donde se pretende incorporar a los radicales que integran los bloques Democracia para Siempre y la Liga del Interior.

Uno de los puntos que plantean algunos radicales es que debe haber un acuerdo para que los diputados que responden a Valdes y el gobernador jujeño Carlos Sadir vuelvan al redil del bloque radical para alcanzar una bancada de al menos 10 legisladores.

El bloque radical tendrá 6 diputados en diciembre y los radicales “con peluca” de Liga del Interior serán 3: dos jujeños que responden a Sadir y un correntino con línea directa con Valdes.

El bloque de la UCR está conformado por la bonaerense Karina Banfi; los mendocinos Lisandro Nieri y los chaqueños Guillermo César Agüero y Gerardo Cipolini, además del entrerriano Darío Schneider.

Los legisladores jujeños radicales son Jorge Rizzotti y Maria Ines Zigaran, y el correntino Diogenes González, mientras que los diputados de Liga del Interior con mandato vigente son Luis Picat, Mariano Campero y José Tournier.

En esa lista no se incluye a Lousteau; a la porteña Mariela Coletta, que podría ir a Provincias Unidas; ni al bonaerense Pablo Juliano, quien aún no definió qué postura asumirá.

Pero para que haya una reunificación será clave quién conduzca la bancada radical, ya que deberá contener los diferentes perfiles que convivirán en esa bancada.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo.

“Acepto con orgullo el ofrecimiento del presidente Javier Milei para encabezar la lista a diputados nacionales por mi amada Mendoza en las elecciones de octubre”, escribió el ministro en su cuenta de X.

A sus coprovincianos les prometió: “voy a trabajar por una provincia que refuerce su peso en el debate nacional, defender nuestras economías regionales, apoyar a quienes producen y emprenden, y garantizar que el mérito y el esfuerzo serán reconocidos y recompensado”.

Y siguiendo la narrativa libertaria enfatizó: “Hoy debemos lograr las reformas urgentes que traban el crecimiento y la gran pelea está en el Congreso. Es contra los kirchneristas y los adictos al Estado populista que quieren impedir el desarrollo de nuestro país y nuestras provincias”.

Para terminar, cerró su posteo con “no podemos dar un paso atrás” y “necesitamos en el Congreso personas que crean en las ideas de la libertad para sacar al pais adelante”.

Unos minutos antes, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo lo había anticipado por la misma plataforma: “Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, escribió.

Y agregó: “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”.

Luego de conocerse la noticia de la postulación, Karina Milei le dedicó un posteo a Petri, en el que le dio la bienvenida oficial a La Libertad Avanza.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía”, expresó la hermana del presidente Javier Milei.

En su cuenta de la red social X, agregó: “Hoy sella su paso a La Libertad Avanza. Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina”.

La secretaria general de la Presidencia acompañó el posteo con la foto de Petri firmando la afiliación, junto a ella y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Petri, con chances amplias de ser electo diputado nacional, dejaría el cargo en Defensa el 10 de diciembre próximo, tras dos años en funciones.

A su vez, tanto el ministro Petri como el gobernador Cornejo felicitaron también por redes a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por su candidatura a senadora por Ciudad de Buenos Aires, anunciada ayer.

MP

En el marco del debate por el Presupuesto 2025, Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada a los gobernadores radicales. La reunión, que se extendió por más de dos horas, contó con la presencia de Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes calificaron el cónclave como “muy positivo”. Según pudo saber elDiarioAR, la conversación giró en torno a cuestiones económicas, pero el temario no incluyó el financiamiento de las casas de altos estudios.

Tampoco fue un tema de conversación las declaraciones previas de Milei contra la UCR. “Nadie vino acá a pedir unas disculpas”, aclaró Pullaro, en referencia a los recientes dichos del Presidente que tildó de “golpista” a Raúl Alfonsín por la caída de Fernando de la Rúa en 2001 y acusó a Martín Lousteau de auto-provocar el ataque que sufrió la sede partidaria en la calle Alsina. “Venimos a pensar el futuro, no a hablar del pasado”, lanzó, por su parte, el correntino Valdés.

“El Gobierno está de acuerdo en sentarse en una mesa y empezar a resolver los problemas”, apuntó Pullaro en la rueda de prensa posterior al encuentro, donde los radicales hicieron hincapié en las demandas provinciales como la finalización de proyectos de infraestructura o la recomposición de las partidas de Nación destinadas a sus distritos. “Se habló del esfuerzo que hacemos los gobernadores por mantener el equilibrio fiscal”, añadió el santafesino, quien negó que se haya hablado de “la cuestión política” o de temas vinculados a lo electoral, como la eliminación de las PASO.

Los gobernadores expresaron además su apoyo al cumplimiento del programa económico de Milei, aunque marcaron ciertos límites. “Hablamos de cómo colaborar para que la Argentina comience a mover su economía, a tener infraestructura, a tener caminos. Hablamos de hidrovía, de caminos, de rutas, de ferrocarriles, hablamos de Aerolíneas Argentinas”, señaló Valdés, quien junto a Pullaro y Zdero forma parte de la flamante Región Litoral, que también incluye a los gobernadores de Formosa, Misiones y Entre Ríos.

Se trata de una alianza que se conformó para reclamarle al Gobierno por una tarifa energética específica para las zonas de altas temperaturas y por una mayor participación de las provincias en la administración de la hidrovía Paraguay-Paraná. En relación con este último punto, Pullaro comentó que las seis provincias litoraleñas se sumarán “al debate de la licitación de la hidrovía para poder incidir y dejar nuestra mirada”. Y añadió que “la hidrovía debe ser un proyecto de desarrollo de infraestructura productiva”.

Sin embargo, durante el extenso encuentro con Milei, el tema que brilló por su ausencia fue el relacionado con el financiamiento de las casas de altos estudios. Los gobernadores mantienen al respecto una postura cautelosa: desean proteger los fondos provinciales dentro del presupuesto, especialmente ante la intención del Gobierno de reasignar fondos de otras áreas, principalmente aquellas que benefician a sus jurisdicciones, para ser destinados a las universidades, instituciones donde el radicalismo tiene una influencia histórica.

El de este martes no fue el primer encuentro que protagonizó Milei con gobernadores. Hace dos semanas, el Presidente recibió también en Balcarce 50 a los mandatarios provinciales referenciados en el PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Pocos días antes, había sido el turno de los gobernadores dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalaqua (Misiones), que cenaron con Milei en la Quinta de Olivos. Las invitaciones no fueron casuales: los diputados que les responden habían ayudado al oficialismo a mantener el veto a la ley de Financiamiento Universitario.

PL/MG

El viejo chiste en la UCR de que en una reunión de tres radicales hay dos líneas internas quedó en evidencia esta semana con la crisis que generó la voltereta política de cinco diputados que acompañaron el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones. En el bloque de la Cámara baja que encabeza Rodrigo de Loredo hay un cisma irresoluble: así como los rebeldes no se irán con La Libertad Avanza, el grupo de Facundo Manes pide a gritos su expulsión. La polémica tiene un correlato directo a nivel nacional: la Convención radical, que dirige Gastón Manes –hermano del diputado neurólogo–, pidió que el Tribunal de Ética sancione al grupo de Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier y Pablo Cervi. Pero la coyuntura actual de la fuerza es un anticipo de una pelea mucho más profunda. 

En la cúpula del partido hay una pugna que enfrenta a Martín Lousteau –junto a los Manes– con la tribu de gobernadores y caciques de las provincias, liderados por el mendocino Alfredo Cornejo –que tiene ascendencia sobre De Loredo y Campero–. Es una pelea que tiene como horizonte el 2025. Primero porque se tienen que definir alianzas distritales para las legislativas, por lo que dependerá de cada territorio su mayor o menor distancia al oficialismo. Y segundo, porque el centenario partido tiene en diciembre del año que viene sus propias elecciones internas, tanto a nivel de conducción nacional como en los espacios parlamentarios. 

El radicalismo quedó en una posición incómoda desde que se rompió Juntos por el Cambio tras el triunfo libertario. Lo demuestra la Cámara baja, con el PRO aliándose a los libertarios y Miguel Pichetto abrazando a macristas díscolos, peronistas, socialistas y hasta en un primer momento a Elisa Carrió. Pero también está sacudido en el Senado, donde la semana pasada el bloque apoyó junto al kirchnerismo el rechazo al DNU de la SIDE, pero antes había votado con el Gobierno la Boleta Única de Papel. Y aún no está zanjada la discusión sobre qué hacer con el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema.

“De acá nadie se va”, fue una de las máximas que recorrió la tormentosa reunión del bloque de Diputados el martes por la noche. Allí se vieron las caras los tres espacios en pugna, aunque apenas estuvo un rato De Loredo –excusó un vuelo para volver a Córdoba– y también pasó rápido el filolibertario Campero –que terminó en el asado en la quinta de Olivos–. Algunos diputados de Manes, como Pablo Juliano o Fernando Carbajal, se quejaron de los términos en los que sucedió el cónclave, que no llegó a ninguna definición clara. Por eso es que la máxima radical podría traducirse en “de acá nadie se quiere ir”.

Una voz que conoce los secretos del espacio explicó la situación actual así: “Manes no se va ir porque son los buenos de la película y es el sector que en la Convención sancionó a los libertarios. Y los libertarios no se quieren ir porque los respalda Cornejo y se sienten víctimas de Lousteau que tiene pésima imagen en el interior”. ¿Cómo saldría el radicalismo del laberinto? Según la misma fuente, con rosca y tiempo: “Empieza algo así como una guerra interna, a cara descubierta, que debería decantar en un enorme desgaste de la conducción de De Loredo y posiblemente en diciembre con nuevo jefe de bloque”. 

El problema es que en otras tribus del espacio no opinan lo mismo y creen que la resolución llegaría recién luego del recambio legislativo del año que viene. Para desbancar a De Loredo, la oposición de Lousteau-Manes debería juntar una mayoría de 17 diputados, que hoy no tienen. Más allá de los chispazos mediáticos, el reclamo del lado del senador es que en la mesa chica del bloque no hay representantes de Evolución. Señalan que los hilos de Cornejo se extienden a De Loredo, las diputadas Pamela Verasay –también mendocina como el gobernador– y Soledad Carrizo, y el secretario parlamentario del bloque, Alejandro Cacace. Proponen como reemplazo a “alguien ecuménico” al frente de la bancada, como Julio Cobos, Mario Barleta o Atilio Benedetti.

En el Senado hay otra guerra de guerrillas, pero con más sutileza, quizás porque allí Lousteau mismo ocupa una banca. El grupo de 13 legisladores lo conduce en lo formal el correntino Eduardo Vischi, un hombre del gobernador Gustavo Valdés, mandatario que tiene diálogo abierto con la Casa Rosada y ostenta sus propias ambiciones internas: tener ascendencia sobre la UCR en el Nordeste del país. 

La división en el espacio de la Cámara alta quedó en evidencia en la triple sesión del jueves pasado que contempló el DNU de la SIDE, Boleta de Papel y financiamiento universitario. Ante el sensible tema de los fondos para los espías, Vischi sometió en el bloque la cuestión de aceptar la sesión secreta que propuso el Gobierno, pero rápidamente cosechó nueve votos en contra. “Fue una paliza”, interpretó una voz en la bancada. En el recinto no le quedó otra que acompañar al kirchnerismo. 

Ahora la bancada enfrenta otro conflicto importante: tiene que decidir qué hacer con los pliegos de Lijo y de Manuel García-Mansilla para el máximo tribunal. La vieja guardia radical –autoridades como la vice del partido, Inés Brizuela y Doria, o referentes como Ricardo Gil Lavedra– firmaron este miércoles una nota para que los senadores se “abstengan” de votar los pliegos hasta que el Gobierno “nomine mujeres a la Corte”. Días atrás Lousteau abrió la discusión partidaria al respecto, pero no hubo resolución.

Las peleas coyunturales de las bancas parlamentarias grafican en el fondo la pelea “grande” entre los polos de Lousteau y Cornejo. Caracterizada por la distancia o acercamiento hacia Milei, la pulseada tendrá una definición a partir del arrastre electoral que cada facción consiga el año que viene. Un dato lateral en ese sentido es la escalada que tuvo Patricia Bullrich con Omar de Marchi, funcionario de la Rosada pero rival de Cornejo en Mendoza. Con su tuit público la ministra pareció pagarle el favor de los diputados “cornejistas” sobre el veto. A su vez, en cierto modo los legisladores como Campero ya le debían una cuota de lealtad al Gobierno porque llegaron al Congreso a través de la lista bullrichista de JxC.

Luego del borocotazo de los diputados, el presidente del partido los acusó de haber recibido a cambio lugares en las listas para 2025. Sin decirlo, la sospecha principal es que De Loredo estaría cerca de cerrar un acuerdo con el mileísmo en Córdoba. En la otra vereda cargaron contra sus correligionarios: “A los Manes y, principalmente, Lousteau, les jode y les duele no poder ganar una elección. Son seres marginales. Voceros de una facción egocéntrica”. 

Tanto De Loredo como Manes o Lousteau tienen mandatos parlamentarios que finalizan el año que viene. Pero como las legislativas son comicios distritales, el radicalismo tendrá libertad para hacer acuerdos locales. Ahí será clave, entonces, saber qué alianzas arman los distintos radicalismos y qué cantidad de nombres de sus listas terminan dentro del Congreso. Otra vez, como un mantra, se impondrá el chiste partidario.

MC/MG

En medio de tensiones internas dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, volvió a mandar este viernes un mensaje al interior del radicalismo e insistió en que la agenda de reformas económicas que impulsa el gobierno de Javier Milei debe ser apoyada por su partido. En ese marco, cuestionó a los dirigentes que prefieren el statu quo y “los discursos fáciles”.

“Necesitamos dirigentes políticos que quieran asumir el riesgo de esos cambios, pero la mayoría de esos dirigentes tiene una propensión a mantener todo como está y a los discursos fáciles, sin ningún tipo de conflictos. Van a lugares comunes, a los discursos vacíos, y al final no lideran nada, ningún cambio, ninguna transformación”, dijo Cornejo, en lo que pareció ser una alusión directa al presidente del Comité Radical, Martín Lousteau.

En una declaración realizada durante un acto en Agrelo, Mendoza, en la bodega WHT, donde se instaló una pieza de cuatro toneladas e intervenida artítiscamente del Muro de Berlín, Cornejo no dejó lugar a dudas sobre la necesidad “urgente”, según sostuvo, de aplicar cambios profundos en el país. “La Argentina necesita esas reformas económicas y las necesita cuanto antes”, sostuvo.

“Más de uno nos muestra los progresos de varios países asiáticos, de varios países totalitarios. Nosotros necesitamos esas reformas pero en democracia, y en democracia se requiere mucho más esfuerzo. Vemos cómo progresa China y crece sustantivamente, pero es un totalitarismo. En democracia se requiere convencer a las mayorías populares de que los cambios deben hacerse y eso es un tema trabajoso”, aseveró. Cornejo se declaró “convencido” de que deben producirse esas reformas e instó a la dirigencia política a “convencer a la gente de esas reformas”.

El gobernador, uno de los radicales más cercanos a la Casa Rosada y en particular a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió esta semana a marcar abiertamente sus diferencias con la conducción del partido: Martín Lousteau, en el Comité Nacional, y Gastón Manes, en la Convención Nacional. La decisión de la convención de suspender a los diputados de la UCR que apoyaron a La Libertad Avanza en su bloqueo a los dos tercios necesarios para rechazar el veto de Milei a la mejora jubilatoria fue cuestioonada con dureza por algunos dirigentes radicales, que pidieron rever esa decisión; entre ellos, el más vehemente fue Cornejo.

El gobernador, que ya fue presidente del partido en dos oportunidades, expresó que dentro del radicalismo existen “dos posiciones nítidas”: “Un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio, y hay un sector que en realidad tiene la conducción partidaria formal, con Lousteau y Manes, que tienen una posición pública totalmente distinta. Creen que esto está mal hecho, que está colapsando la economía y muchas veces votan separados de los bloques, a menudo junto al kirchnerismo”, desarrolló.

En ese marco hizo hincapié en las divisiones dentro del partido al señalar que, pese a las votaciones en contra de la mayoría, “los diputados que responden a Manes y a Lousteau han votado en contra de lo que la mayoría del bloque votó en la Ley de Bases y el paquete fiscal, y no fueron suspendidos ni expulsados”. En tono irónico, apuntó que “de 13 senadores, 12 votaron a favor de la ley bases, y solo Lousteau votó en contra. Habría que echarlo con el agravante de que es el presidente formal del radicalismo”.

Cornejo fue más allá, afirmando que esas decisiones no reflejan el sentir de la mayoría del radicalismo. Según él, existe “un grupo minoritario” que controla el aparato partidario, mientras que “los simpatizantes están apoyando el rumbo general del país, como lo manifestaron en el balotaje de 2023. De cada 10, 9 y pico votaron a favor de Milei”, argumentó. Para Cornejo, la conducción actual no representa el sentir de los simpatizantes del radicalismo, quienes respaldan el camino de las reformas que propone el gobierno.

El mandatario provincial concluyó que estas dos posiciones en conflicto dentro de la UCR están dañando la imagen del partido. “Son explícitas de cómo pararse ante esta nueva realidad. Una cosa es lo que dice la conducción formal, y otra es lo que la mayoría de los gobernadores, diputados y legisladores no oficialistas están apoyando en cuanto a los cambios estructurales”, finalizó.

JJD

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó este martes la decisión que tomó la dirección de la Unión Cívica Radical de suspender a los diputados del espacio que votaron a favor del veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, y cargó contra el presidente del radicalismo, Martín Lousteau.

“Expulsarlos y suspenderlos es tan ridículo que va a dejar al radicalismo en una posición de ínfima minoría, con correlatos electorales pésimos. Es una decisión tonta, arbitraria, injusta y de doble vara”, definió en declaraciones a radio Mitre. 

Sus dichos llegaron luego de que la Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolviera suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados nacionales que representando al radicalismo cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley que actualizaba los haberes de los jubilados.

Según expuso Cornejo, se trata de una resolución “irracional” por lo que criticó con dureza a la dirección del espacio y abonó a la interna al precisar que hay dos posturas contrapuestas. 

“Hay dos posiciones nítidas: un conjunto de dirigentes que creemos que hay que apoyar al Gobierno en el saneamiento de la economía, que no se puede esperar cuatro años y que hay que aceptar la voluntad popular de cambio, y hay un sector que en realidad tiene la conducción partidaria formal, (Martín) Lousteau, (Facundo) Manes, que conducen los órganos formales y que tienen una posición pública totalmente distinta. Creen que esto está mal hecho, que está colapsando la economía y votan separados de los bloques y muchas de las veces votan con el kirchnerismo”, desarrolló.

Asimismo, remarcó: “Son dos posiciones en confrontación, que le hacen daño a la imagen del partido, pero son explicitas de cómo pararse a esta nueva posición”.

“Si es por votar distinto al bloque, la historia de estos últimos meses, los diputados que responden a Manes y a Losteau han votado en contra de lo que la mayoría del bloque votó en la Ley Bases, el paquete fiscal y no fueron suspendidos ni expulsados. De 13 senadores, 12 votaron a favor de la ley bases, y solo Lousteau votó en contra. Habría que echarlo con el agravante de que es el presidente formal del radicalismo”, ironizó.

Por su parte, aseguró que “esas decisiones no se comprenden” y las atribuyó a “un grupo minoritario” del espacio. “Una cosa es el aparato partidario, y otra los simpatizantes que están apoyando el rumbo general del país. Lo manifestó en el balotaje de 2023. De cada 10, 9 y pico votaron a favor de Milei”, argumentó el mandatario provincia. 

“Es una conducción que no representa a la mayoría de los simpatizantes. Cómo lee el país al dirigente del radicalismo, como lo dice la conducción formal o la mayoría de los gobernadores, los diputados y legisladores que no son oficialistas, no participan del gobierno, pero acompañan la linea gruesa de los cambios que se están proponiendo”, concluyó. 

Tras la publicación de la resolución de la Mesa Directiva, Cornejo expresó a través de sus redes sociales: “La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional”.

“Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”, completó. 

El presidente Javier Milei será el encargado de cerrar esta tarde la 45° edición del encuentro anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se lleva a cabo desde este jueves en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mendoza bajo el lema “Cambiar para integrar: el desafío de construir el sueño argentino”. Está previsto que pronuncie un discurso a las 19, con fuerte acento en el rumbo económico del país. No es el único de su gobierno que participará de la convención.

A las 9 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich habló en un panel sobre integración social y seguridad. Su presentación se dio en el marco de una provincia convulsionada por la inseguridad ya que el fin de semana del 17 y 18 de agosto se cometieron 5 crímenes: dos en el departamento de Las Heras, dos en Godoy Cruz y uno en Ciudad. Entre las víctimas fatales hubo un chico de 15 años. La explicación del Gobierno mendocino fue que solo uno de estos hechos ocurrió por un robo mientras que los otros cuatro se investigan, aunque según fuentes policiales tendrían vinculación con narcomenudeo, ajustes de cuentas y conflictos intrafamiliares. Además, en la misma fecha hubo un tiroteo en el club Godoy Cruz que terminó con dos heridos de bala y fuertes quejas de la dirigencia.

En su alocución, Bullrich confirmó que esta identificada la persona que envió dos paquetes bomba a la Sociedad Rural. Apenas comenzado el panel, la periodista Florencia Donovan consultó a la Ministra sobre el atentado al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Lo definió como “inesperado, feo y violento”, dijo que aún se trabaja en la investigación, pero que una de las principales hipótesis apunta a “grupos anarquistas” y repasó algunos ejemplos históricos.

Además, la funcionaria se refirió a su relación con el expresidente Mauricio Macri, después de los encontronazos por el rumbo del gobierno y la conducción del PRO: “Bien”, definió Bullrich el estado de situación de su vínculo con su exjefe. Rápidamente estallaron las risas y los aplausos. El tono en el que lo dijo sonó a cumplido. Luego explicó: ´Pienso que nosotros tomamos un compromiso, un compromiso de valor, una decisión estratégica. Cuando terminó la elección y había segunda vuelta, inmediatamente junto a Luis Petri y comentándoselo a Mauricio Macri, tomamos la decisión de apoyar a Javier Milei. Estábamos totalmente convencidos de que la Argentina tenía una oportunidad de cambio“.

También dijo que había tenido buena relación con el presidente durante la campaña, aunque reconoció que hubo “roces”, pero priorizó darle una oportunidad al cambio, que “no era con Massa”.

“Estamos tirando del carro, somos parte del gobierno, y creemos que eso es lo que hay que hacer (...) Nosotros somos oficialismo. Ser oficialismo significa empujar el carro. Y ser oposición significa que vos mirás el melón que está en el carro. Y decís, este melón está un poquito más machucado, tiene una línea negra. Y entonces buscás una ley de oposición. Esa es la lógica de la oposición. Bueno, nosotros tenemos la lógica del oficialismo. Estamos empujando el carro. Algún melón se machuca, pero estamos empujando el carro”, explicó.

Al rato, con un auditorio favorable, Patricia Bullrich consiguió el tercer aplauso de la mañana al celebrar la baja de las tasas de homicidio en Rosario por narcotráfico. “Nosotros lo tomamos como un caso de seguridad nacional, donde además todas las ciudades de alrededor del país todos pensaban que Rosario se iba a expandir”, explicó la funcionaria sobre el Plan Bandera, del que confirmó que continuará y repasó: “Hemos logrado aumentar las investigaciones y tenemos en este momento 500 nuevos narcotraficantes presos y hemos enviado al Parlamento una ley antimafia que esperamos que la vote, porque genera una ruptura total de las organizaciones. Estamos hoy, además, abriendo un nuevo programa en las cárceles”, detalló.

Por último, Bullrich celebró lo que llamó “el fin de los piquetes”: “Me dijeron 'no seas ingenua, no se puede terminar con los piquetes'. Sin embargo, se pudo y se puede terminar con los piquetes, y lo hemos demostrado. Del 20 de diciembre en adelante, la Argentina no tiene más piquetes”, dijo, al tiempo que remarcó la baja de los costos operativos y que “todos saben: hay un piquete, todos a la vereda por las buenas. Y si no... No vamos a permitir que vuelvan los piquetes, ni un paso atrás”, concluyó.

MM

Hace 10 días se inició la distribución de alimentos por parte del Ministerio de Capital Humano a través de la CONIN en todo el país.

En el contexto de la polémica que viene rodeando a la distribución de alimentos entre sectores carenciados y comedores, la Fundación liderada por Abel Albino ha levantado una denuncia preocupante: en la provincia de Mendoza la leche destinada a niños necesitados está siendo vendida a través de las redes sociales.

Según informó el sitio MDZ, el gobernador Alfredo Cornejo abordó esta situación de manera directa durante una conferencia de prensa en la localidad mendocina de San Martín, destacando un severo deterioro social y cultural que, según él, no es algo nuevo.

“Hay gente que comercializa cosas que están prohibidas de comercializar. Es parte de los problemas macro que tenemos. La economía en negro permite este tipo de cosas. Se comercializan ruedas usadas porque el precio es más alto en el mercado formal que el informal y alienta el robo de ruedas”, afirmó el mandatario provincial.

Las autoridades de CONIN en Mendoza han realizado una denuncia formal por la venta ilegal de leche en la Oficina Fiscal 6 de Las Heras, bajo la carátula de “averiguación de defraudación en perjuicio de la administración pública”.

“En el caso de la leche es una barbaridad, esperamos que tenga sanción. Nadie puede evitar que las personas que reciben la leche, la comercialicen”, subrayó Alfredo Cornejo.

DM con información del portal MDZ

Luego de la polémica por el aumento de los honorarios del directorio de YPF, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, resolvió que la retribución correspondiente a la representante mendocina en la empresa estatal pase a ser percibida directamente por el Gobierno de Mendoza.

De esta manera, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que es la delegada provincial en la petrolera, volverá a cobrar un sueldo como funcionaria provincial. Latorre había renunciado a su sueldo como funcionaria para cobrar únicamente el de la petrolera.

Cornejo pidió a YPF que transfiera a las arcas provinciales el sueldo de $77 millones que pasó a cobrar la representante de Mendoza en el directorio de la petrolera.

La asamblea de accionistas de YPF, cuyo 51% es del Estado y el 49% cotiza en bolsa (en manos privadas pero también del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, de la Administración Nacional de Seguridad Social, Anses), aprobó por mayoría absoluta que los directores de la petrolera cobren en 2024 un total de honorarios por $10.189 millones, es decir, casi cinco veces más que en 2023. En términos porcentuales, se trata de un 388% de aumento.

El gobernador mendocino pidió a los directores de la empresa que los fondos sean depositados en una cuenta de la Provincia para destinarlos a un programa de fortalecimiento de fiscalización ambiental en industrias extractivas.

De esta forma los fondos que corresponden a la representación de la Provincia en la empresa quedarían en Mendoza, agregaron.

“En virtud de la última actualización de honorarios de directores de YPF S.A. el Gobernador solicitó a la empresa que los fondos, correspondientes al representante de acciones Clase D por Mendoza, sean depositados en una cuenta titularidad del Estado Provincial”, publicó en X la cuenta de la cartera que maneja Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

La semana pasada, legisladores de mandato cumplido denunciaron ante la Oficina de Ética Pública una supuesta incompatibilidad y conflicto de intereses de Jimena Latorre por ser ministra de Energía y Ambiente al mismo tiempo que es directora de YPF.

Según consta en la denuncia, la norma que habría infringido el Gobierno es el artículo 7, inciso 1 de la ley de responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

El mencionado artículo obliga a los funcionarios públicos a “abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados”.

“En virtud de la última actualización de honorarios de directores de YPF S.A. el gobernador @alfredocornejo solicitó a la empresa que los fondos, correspondientes al representante de acciones Clase D por Mendoza, sean depositados en una cuenta titularidad del Estado Provincial”, publicó el ministerio de Gobierno de Mendoza, junto a una carta firmada por el propio Cornejo.

“Estos fondos, que dejará de percibir la representante por la Provincia en forma personal, tendrán como afectación especifica el programa de @MendozaGobierno de fortalecimiento de fiscalización ambiental en industrias extractivas”, indicó el gobierno mendocino. 

CRM

La Unión Cívica Radical (UCR), y fundamentalmente sus dos bloques en el Congreso, sufren cada día su rol de árbitro en las definiciones legislativas. Para los representantes del centenario partido no resulta cómodo estar a la vista de la opinión pública, porque sus eternas disputas internas quedan muy expuestas, y el espacio, lejos de fortalecerse, se debilita cada vez más.

El tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara baja, el del mega-DNU en el Senado y la fallida sesión para abordar una reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria dejaron en evidencia los fraccionamientos internos del radicalismo que las extensas y constantes reuniones de bloque no logran zanjar.

Esa es la realidad en los dos bloques parlamentarias, donde también hacen mella las opiniones de los cinco gobernadores propios, de la Juventud Radical y de intendentes con peso dentro del espacio.

“Estamos trabajando con objetivos comunes”, “las diferencias internas marcan el espíritu democrático del partido” y “se está avanzando en base al diálogo” son algunas de las frases hechas que repiten los actores ante los medios. Con los micrófonos apagados, reconocen las profundas diferencias.

El último capítulo fue la votación del DNU 70/2023 de Javier Milei en el Senado, donde el presidente del partido radical, Martín Lousteau, lo rechazó junto al fueguino Pablo Blanco. El marplatense Maximiliano Abad mutó su voto de negativo a abstención para mantener los buenos términos del acuerdo que tiene en territorio bonaerense con Evolución, el espacio que lidera el exprecandidato a jefe de Gobierno porteño de la ya fantasmal coalición Juntos por el Cambio.

Del otro lado quedaron 10 radicales que junto al eje oficialista que conforman el PRO, La Libertad Avanza y el histórico caudillo salteño Juan Carlos Romero, respaldaron el DNU, más allá de las advertencias de constitucionalistas referenciados en el partido sobre los posibles ribetes de inconstitucionalidad del mismo.

Los radicales, sin ponerse de acuerdo y sin quererlo, tienen poder de decisión

De cara al tratamiento en Diputados, quienes porotean los apoyos y los rechazos al DNU cuentan entre 110 y 115 votos duros, respectivamente. En ese escenario los 30 diputados restantes toman mayor valor a la hora de definir el tema, y la mayoría de ellos son radicales.

La radiografía actualizada a hoy da cuenta de que el bloque UCR de Diputados, con sus 34 integrantes, está dividido en al menos tres grupos bien diferenciados: 18 de ellos están apalancados en los gobernadores (sobre todo en el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Gustavo Valdés), que acompañan las políticas del oficialismo; 6 responden al líder partidario Lousteau y 5, con Facundo Manes como principal figura, se mueven más decididamente en contra de la mayoría de las iniciativas del oficialismo.

Oscilantes, aunque más cercano a este último grupo, hay otros cinco diputados, como el mendocino Julio Cobos el correntino Manuel Aguirre.

El primero de los grupos, con el jefe del bloque Rodrigo de Loredo y los mendocinos al frente, se mostró siempre dispuesto a facilitarle las cosas a La Libertad Avanza. Lo hizo con denodados esfuerzos para que se aprobara la ley ómnibus y negándose, hace una semana, a dar quórum para una sesión en la que el grueso del arco opositor buscó apurar al oficialismo en la agenda parlamentaria a partir de la propuesta de debatir la fórmula de movilidad jubilatoria.

A la oposición, le faltaron 10 diputados sentados para el quórum (129), por lo que las casi 30 ausencias radicales fueron claves. El gesto fue correspondido: este miércoles el mendocino Lisandro Nieri, del cornejismo, asumió como presidente de la estratégica comisión de Legislación Laboral, que históricamente estuvo en manos de los oficialismos y que tendrá a su cargo el debate de la reforma que el gobierno libertario impulsa en la materia (nada menos).

El bloque radical, más precisamente el sector de Lousteau, ya había recibido otra buena señal la semana pasada cuando el oficialismo decidió que la comisión de Previsión quedara en manos de la cordobesa Gabriela Brower de Koenig. Igualmente el gesto no alcanzaría para que los seis integrantes de la facción interna Evolución dejen en off side a su jefe en relación con voto sobre el DNU.  

Sobre la “ley ómnibus 2”, próxima a ingresar a la Cámara baja, el bloque radical esta menos disperso, teniendo en cuenta que se trataría de un texto mucho más acotado que el de la primera versión, aunque algunos matices podrían quedar a la vista en capítulos puntuales como el de privatizaciones o el previsional.

“Existen tres sub-bloques no reconocidos públicamente dentro de los que es la UCR en Diputados”, admitió un histórico correligionario que vio pasar más de 15 gestiones; mientras grafica como vigente “la noche del 5 de diciembre, donde tuvo dos presidentes”, según los comunicados que esa madrugada difundieron desde las oficinas de Manes y de De Loredo, atribuyéndose tal condición.

La cuestión se zanjó un día después con un comunicado de unidad. A la vista de los resultados, fue sólo eso: un comunicado.

LF/JJD

Bajo el título “Queremos un cambio en el país y una UCR moderna”, cuatro gobernadores radicales y los titulares de bloque del espacio en ambas cámaras del Congreso firmaron un comunicado en el que se despegaron indirectamente de la decisión del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, de votar en contra del DNU de desregulación económica de Javier Milei que fue rechazado este jueves en el Senado por 42 votos contra 25. En el texto, los dirigentes sostienen que están a favor de impulsar nuevas reformas en el Estado, aunque reparan en que la gestión de La Libertad Avanza debe llamar al consenso y abandonar el tono de la campaña electoral.

“Respetamos el camino que eligieron los argentinos en las elecciones del año pasado con un claro mandato de cambio y vamos a contribuir con las herramientas justas y necesarias que el Gobierno necesita para avanzar en su plan de gestión”, sentenciaron, luego de introducir que la Argentina necesita “acuerdos y consensos” que permitan sacar al país del “estancamiento y la decadencia” que le endilgan al kirchnerismo. La carta que lleva el sello partidario está firmada por los presidentes de bloque en el Senado y Diputados, Eduardo Vischi y Rodrigo de Loredo, y por cuatro de los cinco gobernadores radicales. Gustavo Valdés, de Corrientes; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Sadir, de Jujuy; y Leandro Zdero, de Chaco, estamparon su rúbrica. No lo hizo así el santafesino Maximiliano Pullaro.

“Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno, que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy la Argentina. Apoyamos el orden de las cuentas públicas para salir de esta debacle y avalamos que esté en el orden de prioridades del Estado nacional la discusión de avanzar para que haya equilibrio fiscal y no vivir con déficit fiscal como ha pasado en los últimos 65 años, lo que achata cada vez más nuestras posibilidades de crecimiento”, sostuvieron los dirigentes radicales.

Con el convencimiento de que se precisan “cambios profundos”, los cuatro gobernadores y los dos legisladores se comprometieron a “contribuir con acciones conducentes” para lograr acuerdos. “Apoyamos la discusión y el impulso de reformas necesarias en el gobierno nacional para sacar a flote a nuestra sociedad, ahogada con la inflación, la presión impositiva y la pobreza a la que nos fue sometiendo el kirchnerismo con un modelo negacionista, discriminador y corrupto”. Sin embargo, señalaron que esas reformas deben ser “fruto del consenso” y que por ese motivo “el Ejecutivo no debe tentarse con prolongar la narrativa electoral”.

“Queremos un cambio cultural, que promueva un Estado inteligente, eficaz y simplificado, que se enfoque en las principales tareas como seguridad, educación, salud, defensa y justicia”, cierra el texto. En la sesión del jueves, a Lousteau se sumó Pablo Blanco en rechazo al mega-DNU de Milei. Fueron los únicos dos senadores de la UCR que lo hicieron. Maximiliano Abad se abstuvo. 

PL/MG