Cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. La fecha busca concientizar sobre la situación de las víctimas, promover su protección y exigir justicia frente a un delito que afecta a millones de personas en todos los continentes.

Según los últimos informes de Naciones Unidas, 1 de cada 4 víctimas de trata en el mundo tiene menos de 18 años (el 18% niñas y el 17% niños). Y hablamos de víctimas detectadas y reconocidas oficialmente, lo que deja fuera de nuestro radar otras muchas situaciones escondidas o toleradas.

Ya sea por grupos criminales organizados o por individuos particulares, la explotación de mujeres, hombres, niños y niñas es un negocio muy lucrativo, que presenta menor riesgo que otras actividades criminales como el tráfico de drogas. Además, una misma persona se puede comprar y vender varias veces, enriqueciendo a intermediarios que captan, transportan, controlan o median entre el explotador y la víctima.

Así, mientras haya demanda de cuerpos, órganos o mano de obra, siempre habrá alguien dispuesto a conseguirlos.

Vivimos un escenario donde las crisis mundiales, los conflictos y el cambio climático están agitando el mundo, creando un escenario perfecto para que la oscuridad de la trata aumente.

Millones de personas en todo el mundo se ven afectadas por desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas, quedando vulnerables a las garras de los traficantes de personas. Son aquellos que no tienen un estatus legal seguro, que viven en la pobreza y carecen de acceso a educación, atención médica y empleo digno. Además, aquellos que enfrentan discriminación, violencia y abusos, o provienen de comunidades marginadas, también se encuentran en la mira de estos criminales.

Y mientras el mundo se enfrenta a estas amenazas, la lucha contra la trata parece estar decayendo. Las medidas nacionales, especialmente en países en desarrollo, parecen estar desvaneciéndose. Las tasas de detección se han reducido en un 11% y las condenas han sufrido una reducción del 27% en el año 2020, mostrando una clara desaceleración en la respuesta de la justicia penal.

Pero no todo está perdido, porque aquí hay héroes en la historia. ¡Un 41% de las víctimas logran liberarse de su horrorosa realidad y enfrentar valientemente a sus opresores!

Así que, en esta épica batalla entre la luz y la oscuridad, el mundo debe unirse para enfrentar a los traficantes y proteger a las víctimas.

¿En qué consiste la trata de personas?

La trata de personas es considerada uno de los más graves delitos de violación a los derechos humanos, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas son privadas de su libertad y derechos por parte de terceras personas.

Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las mujeres y niñas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad.

Esto sin contar aquellos casos relacionados con los comerciantes de órganos del mercado negro, o que se vinculan con otros hechos delictivos como el tráfico de drogas.

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de ellas se encuentran en Iberoamérica.

Unido a ello se resalta el gran peligro potencial que ha originado Internet y las redes sociales, donde las traficantes tienden puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red de contrabando humano.

Grupos susceptibles de ser víctimas de la Trata de Personas

Según informes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, los grupos humanos que tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación.

Allí, donde hay grandes corrientes migratorias es donde la ONU ha orientado los mayores esfuerzos para luchar contra la trata de personas, realizando los más grandes eventos cada 30 de julio.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos exponen a ser víctimas de las trata de personas?

Campaña “Corazón Azul”

La Campaña “Corazón Azul” es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas creada en el año 2008 en Viena (Austria), orientada a sensibilizar y crear conciencia en la población mundial acerca de la lucha contra la trata de personas y su impacto en la sociedad.

El corazón azul se ha convertido en el símbolo internacional de la lucha contra la trata de personas, representando la tristeza de las víctimas que son objeto de la trata de personas. Igualmente manifiesta la insensibilidad de aquellos que compran y venden a otros seres humanos.

Con esta campaña se pretende obtener una masiva y activa participación en la defensa de esta causa, a fin de erradicar esta forma moderna de esclavitud. Otras finalidades de esta campaña son las siguientes:

Qué dice el Informe Mundial 2024 sobre Trata de Personas de la ONU

La trata de niños y niñas y con fines de trabajo forzoso, así como la criminalidad forzada, están aumentando a medida que la pobreza, los conflictos y el cambio climático dejan a más personas vulnerables a la explotación, reveló el Informe Mundial sobre Trata de Personas 2024 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Informe registra un aumento del 25% en el número de víctimas de trata detectadas en el mundo en 2022, en comparación con cifras anteriores a la pandemia de 2019. Entre 2019 y 2022, el número de víctimas detectadas en el mundo por trata con fines de trabajo forzoso aumentó un 47%.

El número de víctimas infantiles detectadas en el mundo aumentó un 31% en 2022 en comparación con 2019, con un aumento del 38% en el caso de las niñas. Se han detectado más víctimas varones en zonas donde se había registrado un número creciente de personas menores de edad no acompañadas y separadas de sus familias. La trata de niñas y niños también está aumentando en los países de ingresos altos, y a menudo se refiere a niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.

“A medida que los conflictos, los desastres climáticos y las crisis mundiales agravan las vulnerabilidades en todo el mundo, vemos un aumento de las víctimas de trata de personas detectadas, en particular de niñas y niños, que ahora representan el 38% de las víctimas identificadas”, declaró la Sra. Ghada Waly, Directora Ejecutiva de UNODC. “Los delincuentes recurren cada vez más a la trata de personas para someterlas a trabajos forzados, incluso para obligarlas a realizar sofisticadas estafas en línea y delitos cibernéticos, mientras que las mujeres y las niñas se enfrentan al riesgo de la explotación sexual y la violencia de género. Tenemos que intensificar las respuestas de la justicia penal para hacer rendir cuentas a quienes lideran la cadena delictiva, cruzar fronteras para rescatar a las víctimas y garantizar que las y los sobrevivientes reciban el apoyo que necesitan”.

El Informe concluye que las mujeres y las niñas siguen representando la mayoría de las víctimas detectadas en todo el mundo (61% en 2022). La mayoría de las niñas víctimas (60%) detectadas siguen siendo víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Alrededor del 45% de los niños detectados son víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso y el 47% son explotados con otros fines, como la criminalidad forzosa y la mendicidad.

La trata con fines de criminalidad forzada, incluida las estafas en línea, ocupa el tercer lugar en el número de víctimas detectadas, y ha pasado de representar el 1% del total de víctimas en 2016 al 8% en 2022.

El Informe 2024 incluye un capítulo especial sobre África, una región que a menudo se ha dejado de lado en los estudios sobre la trata debido a las dificultades para obtener datos.

UNODC realizó grandes esfuerzos para recopilar datos de todas las regiones de África con ayuda de sus oficinas sobre el terreno e iniciativas conjuntas con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto de Estadística de la Unión Africana (STATAFRIC), la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), así como con autoridades nacionales de muchos países africanos.

Como resultado, este Informe ofrece la imagen más detallada hasta la fecha de las pautas, flujos y tendencias de la trata en África.

Según el Informe, las víctimas de trata provenientes de África son quienes llegan a más destinos. En total, personas de al menos 162 nacionalidades fueron víctimas de trata en 128 países de destino en 2022. De los flujos transfronterizos detectados, el 31% involucra a personas provenientes de países africanos.

La mayoría de las víctimas africanas son objeto de trata dentro del continente, donde los desplazamientos, la inseguridad y el cambio climático están exacerbando las vulnerabilidades. La trata de niñas y niños se detecta con más frecuencia que la de personas adultas en la mayor parte del continente, sobre todo para trabajos forzados, explotación sexual y mendicidad forzosa. Un factor que contribuye al aumento global de víctimas infantiles detectadas es el incremento general del número de casos detectados en el África subsahariana.

El Informe ofrece recomendaciones políticas para responder a todas las formas de trata de personas, incluida la mejora de la identificación y protección de las víctimas.

La edición 2024 del Informe mundial abarcó 156 países de todas las regiones y subregiones del mundo, la mayor cobertura de países del Informe Mundial sobre Trata de Personas de UNODC desde su primera edición en 2009.

El Gobierno dispuso el cierre de otros cinco fondos fiduciarios tras detectar debilidades en una auditoría, aduciendo mal uso de recursos, falta de controles y resultados, mediante el Decreto 1048/24 publicado este martes en el Boletín Oficial.

La decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

El Ministerio de Economía avanzó con la medida, en el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos, considerando que los cinco fondos “registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados”, en base a un informe de auditoría realizado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En este sentido, remarcó que eran necesarias las disoluciones “con el objetivo de resolver las ineficiencias o desvíos encontrados en desmedro del cuidado que debe preservarse en la asignación y administración de los recursos estatales”.

Los argumentos que dio el Gobierno para dar de baja los fondos 

El FONDCE se dio de baja ya que en la auditoría se reveló que “tiene debilidades en la gestión de inversiones y su recupero, falta de manuales operativos y de procedimientos, debilidades en las rendiciones de cuentas y falta de indicadores de gestión”, según se expresó en el texto oficial.

Desde Economía recordaron que había sido creado en 2017 con el propósito de financiar emprendimientos, utilizando recursos anuales asignados a través del Presupuesto Nacional o por otras leyes y señalaron que “si bien partió de una finalidad que podía considerarse loable, su implementación ha mostrado serias deficiencias y una progresiva desvinculación de los resultados esperados con el financiamiento comprometido”.

Al respecto, indicaron que “uno de los principales problemas radica en el alto nivel de morosidad de las convocatorias reembolsables”, precisando que “al 31 de diciembre de 2023, la morosidad alcanzaba los $70 millones y el 58% de los deudores no había abonado ninguna cuota”.

Sobre este aspecto, la cartera económica puntualizó que “este incumplimiento por parte de los beneficiarios comprometía la estabilidad financiera del Fondo y la correcta asignación de los recursos fiduciarios”. 

En cuanto al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, desde el Palacio de Hacienda precisaron que “se debió a que los recursos colocados en el Fondo excedían siempre sus necesidades operativas” y revelaron que “la SIGEN detectó en su auditoría que las bases de datos no estaban actualizadas y sus registros no tenían soporte confiable, lo cual impedía determinar un universo confiable de deudores y la situación vigente”.

Por otra parte, también se cerró el PROINE, que había sido creado en 2020 dentro de la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para fomentar la generación de empleo y el desarrollo económico. 

Economía, fundamentó la eliminación expresando que “tras 4 años desde su creación, no se registraron ingresos de bienes fideicomitidos y tampoco se realizaron operaciones fiduciarias”. De esta manera, el Decreto consideró que “ante la falta de funcionamiento, no hay motivos que justifiquen su permanencia”.

Por “múltiples falencias”, el Gobierno también eliminó el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, que tenía el objetivo de administrar los bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación de personas, y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos. 

Desde la cartera que conduce Luis Caputo, explicaron que entre las irregularidades “se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”.

Ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.

Las disoluciones se completaron con el cierre del PROICSA, que había sido creado en 2012 para promover la competitividad de la industria azucarera del NOA. Este programa contó con la participación del BICE y CAF, cuyo financiamiento concluyó en septiembre de 2020. 

En relación al citado Fondo, se consideró que “luego de haber funcionado durante más de una década para atender las acciones que fueron valoradas en su origen, y dado que el financiamiento de la CAF fue agotado hace 4 años, resultó conveniente disolver este Fondo, ahorrando costos y pasando su administración al Ministerio de Economía”.

Además, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que “en este caso, se repiten las graves falencias observadas en otros Fondos como ausencia de controles y rendiciones de cuentas que impiden verificar resultados acordes a los objetivos comprometidos” y señalaron que “también, se mantenía una administración costosa y una discrecionalidad en los créditos o financiamiento otorgados”.

Con información de NA.

IG

Jardines de infantes. Colegios privados puros, privados concertados. Mixtos, solo de chicos o solo de chicas. Universidades propias y de grupos cercanos. Decenas de miles de alumnos y cientos de millones de euros de ingresos cada año. El Opus Dei tiene un pequeño imperio educativo en España.

Un pequeño imperio que factura cerca de mil millones al año en conjunto –la mayor parte a través de la Universidad de Navarra– y que abarca todo el periplo educativo, desde el que la Obra trata de expandir su influencia social y su manera de entender el mundo, explican sociólogos que han estudiado a la institución que fundó Josémaría Escrivá de Balaguer. Ni siquiera hace falta ser un experto en estos centros, toda la información está recogida en las webs de las cuatro principales empresas que alimentan la red educativa del Opus: Fomento de Centros de Enseñanza, Attendis, COAS y la Institució Familiar d'Educació.

“Estas familias [fundadoras] han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació”. La fórmula, con pequeñas varianzas, se lee en las páginas de cada una de estas empresas. Lo mismo sucede con la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), que pertenece a la Fundación Familiar Catalana y que especifica en su web que “la atención de la Capellanía ha sido encomendada por la Universidad a la Prelatura del Opus Dei”.

La Obra expande su palabra a través de unos 80 centros en los cuatro grandes grupos mencionados más otros colegios individuales, como el Colegio Guadalviar, concertado en València, o el Tajamar, también privado subvencionado. Con dinero público, cientos de millones de euros cada año, se financian decenas de centros del Opus a través de los conciertos educativos. Con dinero público se imparte formación religiosa estándar –esto es conocido–, pero también las preceptuaciones –esto ya no tanto–, una suerte de coaching familiar vinculado a las escuelas con el que un tutor personal intenta “sacar lo mejor de cada alumno” y de su familia, según cuentan miembros y exmiembros de la Obra. Una “buena idea”, dicen estas fuentes, que también puede utilizarse de manera perversa para hacer proselitismo y reclutar nuevos miembros, admiten.

Cuatro grupos, 74 colegios

El Opus articula su oferta educativa en torno a varios grupos empresariales, más directa o indirectamente vinculados con la Obra: con 74 colegios entre los cuatro grupos, según sus propias webs, acaparan la mayoría de los centros que todavía separan por sexo a su alumnado y que estos meses se debaten entre seguir haciéndolo a costa de perder sus conciertos educativos –la ley prohíbe financiar con dinero público centros segregadores– o mantener su identidad y pasar a ser privados puros sostenidos por las familias. Sumando centros ajenos a estos grupos, hay 89 colegios por todo el Estado que se mueven en torno a la Obra, según la web Opus-info.

De las cuatro empresas principales, la más cercana al Opus es Fomento de Centros de Enseñanza, una organización con 52 años de historia a sus espaldas impulsada por familias “que arrancó de una sugerencia de san Josemaría Escrivá, el fundador del Opus Dei, (quien) hablaba a padres y madres de su responsabilidad como primeros educadores de los hijos”, según explica la Obra en su web.

Fomento, como se conoce a la empresa, es dueña de 35 colegios por toda España, desde A Coruña hasta Murcia, y ha bajado su facturación en los últimos tres años: ha pasado de 63 millones de euros en 2021 a los 44 millones de 2023, según reflejan las cuentas de la compañía que recoge Insightview, buena parte de ellos públicos a través de conciertos educativos. El grupo cubre todo el periplo educativo, desde la educación infantil hasta la superior gracias a la Universidad Villanueva, un antiguo centro adscrito a la Complutense al que el PP ha permitido convertirse en universidad en los últimos años dentro de la ola privatizadora que vive Madrid.

Fomento era el titular de buena parte de los centros segregadores por sexo en España, con o sin conciertos. Algunos de estos últimos, por ejemplo el Miravalles-El Redin, en Pamplona, han decidido en los últimos meses, tras consultarlo con las familias, empezar a mezclar alumnado para no perder el concierto educativo –y con él la subvención pública–.

Entre Fomento de Centros de Enseñanzas, COAS, Attendis y la Institució Familiar d'Educació, los cuatro grandes educativos en torno a la Obra, facturan más de 100 millones de euros al año, buena parte de ellos públicos a través de los conciertos

El Grupo Attendis –formalmente Centros Familiares de Enseñanza, S.A.– se autodefine como “la mayor institución educativa privada del sur de España”. Cuenta con 20 colegios y 13 centros de infantil (los llaman Preschool en su web) en siete provincias andaluzas (solo falta Córdoba) y Badajoz. “Todos los colegios de Attendis surgieron por la iniciativa de grupos de padres y madres, inspirados por las enseñanzas de san Josemaría [Escrivá de Balaguer] sobre la educación y la familia”, relatan su relación con el Opus Dei. Facturan hoy 45 millones de euros anuales con algo menos de uno de beneficio cada 12 meses.

El grupo no oculta que su estructura organizativa gira en torno a la “educación diferenciada” –otros grupos, como Fomento, no lo especifican en su web, parecen jugar al equívoco–. Su relación con el Opus también aparece directamente mencionada en la página: “Los colegios Attendis recogen muchas de las enseñanzas de san Josemaría, fundador del Opus Dei, sobre la familia, el amor al trabajo bien hecho y la preocupación por los demás. La Prelatura del Opus Dei asesora a nuestros colegios en su labor de formación cristiana”, explican.

Institució Familiar d'Educació se mueve en el entorno de Catalunya y Baleares, donde cuenta con 13 escuelas que atienden a unos 8.000 estudiantes. Como en casos anteriores, este grupo resalta que las familias fundadoras “han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació”.

La empresa fue noticia hace unos años cuando la Generalitat amenazó con retirarle los conciertos educativos si seguían practicando la educación diferenciada y ocho de sus centros anunciaron que dejarían de segregar. A diferencia de Fomento o Attendis, este grupo está en crecimiento, al menos entre 2020 y 2022, periodo en el que pasaron de facturar 19,5 millones a 24,5 millones de euros anuales. Sin embargo, como en casos anteriores, el beneficio principal en este grupo no parece el ecónomico: no llega al millón de euros en tres ejercicios.

La joya de la corona del Opus es la Universidad de Navarra, fundada por el propio Escrivá de Balager. El centro factura más de 600 millones de euros anuales y posee el IESE, una de las escuelas de negocios más elitistas del país. Su MBA cuesta hoy 110.000 euros.

Por último está COAS, la más pequeña (al menos en número de colegios) de las cuatro principales empresas educativas que orbitan en torno a la Obra. El grupo educativo tiene 11 centros en Euskadi y La Rioja, algunos de ellos concertados. Cinco de los seis colegios que el Opus maneja en el País Vasco pertenecen a Coas y se han tenido que pasar al modelo mixto para mantener la financiación pública. Es sexto es el ínclito Gaztelueta, en Bizkaia, protagonista en prensa en los últimos años por un caso de agresión sexual a un estudiante y la gestión que hizo el centro de la misma.

La oferta educativa del Opus llega hasta la universidad. Además de la Villanueva (Fomento), la Fundació Familiar Catalana posee la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), un centro que facturó 58 millones de euros en 2022, con una amplia oferta de grados.

Pero la joya de la corona del Opus es la Universidad de Navarra (Unav). El centro universitario fue fundado directamente por Escrivá de Balaguer en 1952 y su máximo responsable es el Gran Canciller, Fernando Ocáriz, quien “desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura”. La Unav cuenta con casi 14.000 estudiantes y un colectivo de alumni (antiguos alumnos) de más de 200.000 personas, según destaca en sus memorias académicas. La Universidad ingresó hace dos cursos 663 millones de euros y tuvo unos gastos de explotación de 638 millones, lo que deja unos beneficios antes de impuestos de 25 millones de euros.

A su vez, la joya de la corona de la joya de la corona es IESE Business School, una de las principales escuelas de negocio del país que pertenece a la Unav. Una investigación de La Marea reveló que por este centro han pasado uno de cada seis directivos del Ibex-35 en España. El prestigioso Master in Business Administration (MBA) cuesta hoy 110.000 euros en dos años.

La preceptuación, ¿acompañamiento familiar o proselitismo?

Una de las peculiaridades probablemente más desconocidas en la práctica totalidad de colegios y centros educativos dependientes del Opus Dei (o propiedad de asociaciones vinculadas a la Obra) está en la preceptuación, un concepto muy extendido en la comunidad educativa del movimiento fundado por Escrivá de Balaguer.

La preceptuación hunde sus raíces en un libro, Educación Personalizada, escrito por uno de los tres primeros miembros supernumerarios del Opus Dei, Víctor García Hoz. En el mismo, García defiende una filosofía educativa, basada en la “educación personalizada” o “preceptuación”, una herramienta que, según confirman a elDiario.es miembros de la Obra, “es algo similar a un coaching familiar dentro de las escuelas”.

“La idea es muy interesante, incluso positiva” añaden estas fuentes, que apuntan a que responde a un planteamiento “sencillo”. García Hoz planteaba que la escuela no podía entender la educación de los chicos como algo meramente académico, sino de una manera integral, vinculando también a la familia y las relaciones de amistad. De este modo surge la figura del preceptor, un profesor (aunque en algunos centros la figura está institucionalizada y no siempre es un docente) que busca “sacar lo mejor de cada alumno, en todos los aspectos”. ¿Cuáles? “Que sea buena persona, un buen cristiano, un buen hijo, buen hermano, buen amigo”, cuentan. Una especie de “director espiritual” pero en el ámbito académico, pues la Obra ya cuenta con responsables de la formación estrictamente religiosa.

Oficialmente, la preceptuación se ofrece en buena parte de los centros vinculados a la Obra. En el de Fuenllana (Madrid) se define la preceptuación como un “acompañamiento que recibe cada alumno y cada familia desde que comienzan su vida a Fuenllana hasta que culminan su paso por el centro”. Desde la Escuela Infantil, cada alumno cuenta con un preceptor personal, que se encarga “de manera directa de ayudar, aconsejar y acompañar tanto al alumno como a su familia en el proceso de su desarrollo personal a lo largo de su etapa escolar”.

El preceptuador ofrece acompañamiento personalizado, apoyo emocional, seguimiento del rendimiento académico, orientación académica y profesional y comunicación con padres y docentes. Entre sus funciones está “acompañar a su preceptuado y a sus padres en el modo en que este va creciendo en el ámbito académico-intelectual; el fortalecimiento de su voluntad; desarrollo afectivo-relacional; habilidades sociales; y crecimiento espiritual”.

“No se dan recetas ni consejos estandarizados. Tampoco es una relación impositiva, sino que se pretende ayudar al alumno a tomar sus propias decisiones en el ejercicio de su libertad”, señalan las fuentes. En el centro, cada alumno debe tener “al menos una conversación mensual con su preceptor”, y al menos una vez por trimestre con los padres.

“Es una idea muy buena, pero que a lo largo de los años, llevada al extremo, puede utilizarse de manera perversa, terminando en abusos de poder y psicológicos”, recalcan algunos ex miembros del Opus Dei, que añaden que la preceptuación es, también un modo de “enganchar” a los alumnos, y a sus familias (especialmente en el caso de las que no formaran parte del Opus, pero sí quisieran que sus hijos estudiasen en estos centros) a través de clubs de bachilleres y otras fórmulas que, explican, “puede convertirse en proselitismo” o, al menos en “posiciones de superioridad moral” que llevan a que los alumnos se sientan obligados a tomar una opción más allá de lo educativo.

Tratando describir al Opus Dei tal como se lo representa hoy, después de años de investigación periodística que la llevaron, entre otras cosas, a publicar su primer libro, Paula Bistagnino recurre a las palabras de una ex numeraria para afirmar que “es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”.

En “Te serviré” que acaba de ser publicado por Editorial Planeta, Bistagnino toma como hilo conductor a una de los clanes más poderosos del Cono Sur para describir los mecanismos de enriquecimiento no siempre legales utilizados por esta organización ultraortodoxa católica con un patrimonio que el periodista especializado John Allen estimó en 2.800 millones de dólares, para hacerse con algunas fortunas familiares.

Presente en 68 países esta organización acusada de elitista y sectaria, tiene cerca de 95 mil miembros en todo el mundo, el 98% de ellos laicos que hacen votos de pobreza, obediencia y castidad.

Fundada en 1928 en España por Josemaría Escrivá Balaguer –quien fuera canonizado en 2002 por Juan Pablo II a sólo 28 años de su muerte–, la organización enfrenta por estos días una causa por “reducción a la servidumbre y trata de personas” en la justicia federal argentina que tiene como imputados a cuatro sacerdotes y ex autoridades de La Obra para quienes la Fiscalía y la Procuraduría Antitrata (PROTEX) acaban de pedir la indagatoria, acusados de haber explotado a 44 mujeres durante décadas, desde que eran niñas o adolescentes.

Pero no es el único requerimiento judicial que tiene a mal traer a La Obra en Sudamérica, porque desde 2016 hay una demanda abierta en la justicia uruguaya por “abuso patrimonial” y “donaciones prohibidas de los bienes de una incapaz” en beneficio de organizaciones del Opus Dei, que hasta el 2021 tenía como acusada a la numeraria Elina Gianoli Gainza y que, fallecida ésta, ahora apunta de lleno a la organización.

Sobre esta historia a la que dedica las páginas de su primer libro –y al que seguramente se le agregarán más capítulos– conversó Bistagnino con eldiarioAR.

–¿Cómo conceptualizas hoy al Opus Dei después de todo este recorrido?

–Después de tantos testimonios y documentación pero también de no respuestas o respuestas negadoras del Opus Dei pienso –tal como como muchas personas que estuvieron adentro– que es una institución por lo menos opaca, por no decir que directamente que oculta cuáles son sus fines y de qué manera funcionan. 

Y también, a partir de mi abordaje teórico, pienso que es una matriz de funcionamiento que somete a las personas a través de, en muchos casos, la manipulación espiritual y psicológica.

–¿Qué particularidades o diferenciales tiene la implantación del Opus Dei en la Argentina en relación a otros

–Una ex numeraria me dijo que el Opus Dei “es una mezcla de secta, con partido político, con multinacional”, y lo de multinacional tiene que ver con que es una organización jerárquica que intenta replicarse cual la franquicia en todos los países, sin importar su cultura y hasta con bastante desinterés por sus leyes.

Ellos funcionan en una determinada manera y así quieren hacerlo en todos los lugares donde se instalan, por eso hay una similitud o una continuidad que a mí me hizo encontrar muchísimas historias en espejo; personas que vos encontrás relatando lo mismo acá, en Kenia, en Filipinas o en México.

Después, a diferencia de otros países de América Latina donde hay una diferencia de clases mucho mayor y el Opus Dei se dedicó a una elite bien marcada, en este caso hay mucho de la clase media argentina que ha accedido a pertenecer, si bien la búsqueda de miembros siempre es dentro de las clases medias altas profesionales. En Argentina, con esa elite no tan definida, hay una expansión un poco más hacia abajo (en la escala social).

–El Opus Dei es una prelatura personal, un status único dentro de la Iglesia Católica que le otorga una gran autonomía, pero en los últimos dos años hubo un rebajamiento de privilegios dispuesto por el Papa Francisco. ¿Crees que esto tuvo que ver con las denuncias de reducción a la servidumbre de 44 mujeres?

–El Opus Dei se creó en 1928 y si bien vía el franquismo tuvo mucha capacidad lobby; no fue hasta 1982 que el Papa Juan Pablo II le otorgó esa figura única de prelatura personal que les permitió moverse de la manera como lo hicieron, implantando su estructura a cada país donde iban con gran autonomía.

En cambio, a partir de 2022, el Papa Francisco les rebajó de alguna manera esta categoría sin quitársela, sino vaciándola de contenido al eliminar los privilegios que implicaba. Además los mandó a cambiar sus estatutos de funcionamiento, que deberían haber estado listos en marzo de este año, pero cuyos borradores aún no fueron aprobados porque el Papa no está para nada conforme con lo que están proponiendo.

Y eso ocurrió no casualmente después de la denuncia pública de 44 mujeres en la Argentina que además hicieron una presentación ante el Vaticano revelando que habían sido sometidas a servidumbre durante años sin que se les pagara y vía engaño, porque las llevaban de muy chiquitas a una supuesta Escuela de Hotelería que resultaba ser después un lugar en el que se las manipulaba y coaccionaba para que se convirtieran en numerarias auxiliares del Opus Dei, la última categoría (de membresía) que implica ser una sirvienta de la organización para el resto de tu vida.

No les pagaban, no tenían horarios laborales, no tenían descanso, no tenían posibilidad de elegir dónde o en qué trabajar, se las trasladaba de provincia o país y demás cuestiones que la Justicia argentina acaba de decir que puede configurar trata de personas y explotación laboral. 

No les pagaban, no tenían horarios laborales, no tenían descanso, no tenían posibilidad de elegir dónde o en qué trabajar, se las trasladaba de provincia o país y demás cuestiones que la Justicia argentina acaba de decir que puede configurar trata de personas y explotación laboral

–¿Hubo alguna respuesta concreta del Vaticano a esa presentación realizada hace tres años?

–No hubo todavía ninguna respuesta pero, sin embargo, mi lectura y también la de muchas de las denunciantes es que estas decisiones posteriores del Papa, tienen que ver con eso y se toman como como una respuesta. 

–Cómo se gestó éste, tu primer libro, donde volvés sobre el tema del Opus Dei pero a partir de contar la historia de una familia multimillonaria, una parte de cuya herencia habría terminado en las arcas de la organización a partir de manipular la voluntad de integrantes no miembros?

–Yo ya había publicado un artículo larguísimo sobre el Opus Dei con muchísimos testimonios en una revista uruguaya muy piola, pero con la deuda como periodista de documentar eso.

Y fue muy loco porque lo publiqué en 2018 y unos meses después me contactaron los abogados de un estudio uruguayo muy importante para decirme “Paula todo lo que vos contás en ese artículo, nosotros lo tenemos documentado en una causa judicial”.

Con el “todo” se referían al modus operandi económico, cómo funciona estructuralmente a través de asociaciones civiles y una red de escribanos y abogados…o sea, todo lo que tiene que ver con la matriz económico-jurídica del Opus Dei.

Se trataba de una demanda contra una numeraria, Elina Gianoli Gainza, de parte de sus sobrinos que la acusaban de haber manipulado la herencia, o sea el patrimonio y la voluntad, de una hermana (sin hijos), o sea, la tía de estos sobrinos, para así desheredarlos y que esa herencia terminada en manos del Opus Dei.

Fui a Montevideo a ver la causa, volví, entrevisté a los sobrinos y fue la primera vez que yo sentí que tenía una historia que podía convertirse en un libro porque a partir la historia de una familia tenía la historia del Opus Dei en el Cono Sur –porque esta familia había ingresado justo cuando La Obra llegaba a Chile pero además tenía una ramificación en Uruguay y otra en Argentina– pero además una denuncia documentada con una causa judicial en el marco de una disputa por una herencia, con un montón de nombres propios.

Además de hacer voto de castidad (y por lo tanto, de no tener hijos), sus numerarios y sus numerarias tienen la obligación de firmar un testamento en favor de una asociación civil (vinculada al Opus Dei) cuando entran a la organización y ése es un ingreso que ellos se aseguran que van a tener si esas personas permanecen en la organización

–¿Sobre qué bases se construyó y se mantiene la potencia económica que tiene la organización?

–Por un lado, además de hacer voto de castidad (y por lo tanto, de no tener hijos), sus numerarios y sus numerarias tienen la obligación de firmar un testamento en favor de una asociación civil (vinculada al Opus Dei) cuando entran a la organización y ése es un ingreso que ellos se aseguran que van a tener si esas personas permanecen en la organización. 

Por otro lado, el compromiso de pobreza implica la entrega del salario o trabajar gratis, entonces también ahí también hay una construcción económica.

Además existe una presión constante sobre los miembros para que consigan más cosas, nuevos miembros o dinero por medio de una campaña para abrir un centro nuevo, para viajar a Roma porque están por beatificar al fundador del Opus Dei, para comprar un auto… Y siempre con esta mediación de la religión, de “¿qué estás ofreciendo vos?” “¡tenés que ofrecer más!”.

Hasta acá es cómo funciona la institución y, siempre que se trate de personas adultas que se comprometen a esto de manera voluntaria, no hay nada para decir al respecto, porque cada uno puede hacer lo que quiera.

Muy distintos son los casos como el que evidencia esta demanda judicial (de los sobrinos Gianoli Gainza) o como la presentada en Argentina por los familiares de Francisco Noreiko (fallecido en 2001), donde lo que aparece es que personas que no pertenecían al Opus Dei como miembros célibes, es decir, que en principio no habían aceptado estas condiciones que la organización impone a sus fieles, igualmente le habían donado sus bienes, incluso habían firmado un poder para eso estando en su lecho de muerte, como en el caso de Noreiko en Salta.

Esos casos se convirtieron en denuncias judiciales, no es que yo estoy diciendo que “me parece que eso está mal firmado”. No, son sus propias familias diciendo “esa persona no quería donar al Opus Dei, no era del Opus Dei”.

Y son muchos los relatos –aparte de esas causas judiciales– acerca de las presiones que el Opus Dei ejercía, a través de sus miembros, para ir encontrando personas sin herederos y convencerlas de alguna manera de que terminaran testando a su favor.

Si claramente lo que se ve es una búsqueda de dinero constante porque es la forma en la que ellos tenían de reproducirse porque necesitan más casas, más presencia …

–Una búsqueda de dinero y de colonizar los espacios de poder o decisión más importante en una sociedad porque una cosa replica la otra…

–Absolutamente, van de la mano: el dinero te permite acceder al poder y acceder al poder te trae más dinero, así que hay algo ahí que se retroalimenta.

–Si bien al Opus Dei le toca actualmente lidiar con un Papa jesuita que ha tomado estas decisiones de reducción de privilegios, por otro lado, este momento histórico también es de crecimiento de las ultraderechas en todo el mundo, que tienen puntos de contacto ideológicos con La Obra…

–La ultraderecha reúne a muchas de estas instituciones ultraconservadoras; pero además uno también puede encontrarse con personas con nombre y apellido que están vinculadas con el Opus Dei, por un lado, y que después aparecen dentro de estos armados (político partidarios) de ultraderecha.

En el caso del actual gobierno de Javier Milei en la Argentina, yo no puedo decir si alguien es o no es del Opus Dei porque la organización no publica la identidad de sus miembros y entonces solamente se puede saber si alguien pertenece cuando ellos mismos lo dicen.

Lo que sí se pueden rastrear vínculos entre el gobierno de Javier Milei y miembros del Opus Dei, como de tantas otras organizaciones de este tipo.

–¿Opera una especie de doble vara en la opinión pública, que dificulta pensar al Opus Dei como secta cuando se pondera la reiteración de denuncias públicas que hablan de una organización coercitiva que separa a sus miembros de sus familias y tiene normas super estrictas que parecen enfocadas en querer doblegar la voluntad?

–Absolutamente: el hecho de que sea una institución que pertenece a la Iglesia Católica, la más legítima y popular en nuestro país, en toda la región y en buena parte del mundo, impide ver esto como una secta

Sin duda que hay algo del poder de la Iglesia Católica que hacen esto más asimilable a la ortodoxia católica, que a una secta.

Muchas de las personas que pasaron por el Opus Dei, cuando salen dicen ‘bueno, yo estuve en una secta’, eso definitivamente pasa. Yo como periodista puedo reponer esos testimonios, pero es como con la denuncia de trata de personas: hace falta que la justicia lo diga porque además estos delitos tienen definiciones muy precisas.

–El Opus Dei sacó un comunicado sobre tu libro…

–Exactamente y tiene que ver con una novedad judicial que hubo tras el cierre del libro. Ellos toman algo que es una novedad judicial de la causa que yo seguí y que ellos también desconocían para, a partir de eso, intentar anular el libro en su totalidad, cuando en realidad atañe a una parte muy chiquita que está al final y que va a tener su nuevo epílogo.

Mientras tanto, para que no quede justamente como que esto no se dijo en el libro, voy a escribir un artículo contando este nuevo episodio 

–¿En qué consiste esa novedad en la demanda iniciada por los sobrinos de Elina Gianoli Gainza antes de su muerte en 2021? ¿Sigue activa esa causa?

–La causa sigue abierta y ahora apareció una revocatoria del testamento de la tía (de los denunciantes y hermana de Elina) María Luisa Gianoli Gainza que se incorporó a la causa judicial, lo cual implicaría que la familia podría recibir su herencia, en principio, y no el Opus Dei, tal como se conocía cuando yo cerré el libro. 

Claro que eso no anula la causa judicial, que es por la manipulación del patrimonio de esta mujer –una tía sin hijos que había tenido problemas psiquiátricos desde muy joven–, porque en el camino hubo muchas donaciones (en beneficio de asociaciones del Opus Dei) y versiones diferentes del testamento.

Tampoco anula todo lo que el libro cuenta en sus 220 páginas acerca de la vida dentro del Opus Dei y de cómo la institución se benefició de la fortuna de ésta y otras familias.

MAA/MG

No es The Handmaid's Tale, la famosa novela de Margaret Atwood convertida en serie, con la actriz Elisabeth Moss en el papel de June Osborne, en que las mujeres fértiles, conocidas como “criadas”, son forzadas a gestar hijos para las élites en un régimen teocrático y totalitario, tratándolas como meros instrumentos reproductivos. Pero es algo muy parecido y real. Y pasó en la Argentina.

A pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, encabezada por Alejandra Mángano, y con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se realizaron una serie de allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos en Buenos Aires y Santa Fe, con el objetivo de desarticular una red trasnacional dedicada a la explotación de mujeres mediante la subrogación de vientres, con la posterior comercialización de los bebés nacidos.

Según publicó Fiscales, el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal, los procedimientos, ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, fueron llevados a cabo el miércoles pasado por la Policía Federal Argentina (PFA), a través de sus divisiones de Trata de Personas y Ciberdelito.

La investigación, iniciada en enero, reveló que personas y empresas extranjeras involucradas ofrecían un “servicio” de subrogación de vientres a parejas que no podían concebir, con un costo aproximado de US$50.000. Según el dictamen de la fiscal Mángano, las empresas reclutaban mujeres vulnerables a través de redes sociales, ofreciéndoles US$10.000 por llevar adelante la gestación, sumando un adicional en caso de parto por cesárea.

Sin embargo, si el embarazo se interrumpía, los pagos se suspendían, dejando a las mujeres expuestas a las consecuencias físicas y emocionales del proceso sin compensación justa. El esquema, según la fiscalía, sometía a las gestantes a una explotación comparable a la reducción a la servidumbre, violando el artículo 145 bis del Código Penal.

El negocio incluía la inscripción de los bebés en registros civiles y su entrega a parejas, en muchos casos extranjeras, sin vínculo genético o cultural. Se identificaron 147 legajos de nacimientos por subrogación entre 2018 y 2023, de los cuales al menos 49 casos presentan irregularidades.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en centros de fertilidad de Buenos Aires y Rosario, donde se buscó obtener historias clínicas y registros de pagos. También se allanaron escribanías y estudios jurídicos involucrados en la firma de consentimientos y la representación de las partes. La fiscalía continúa investigando la magnitud de esta red criminal que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres gestantes para obtener cuantiosas ganancias.

Las calificaciones penales

El Ministerio Público Fiscal consideró que el caso encuadra dentro del figura penal contemplada en el artículo 145 bis del Código Penal (CP) para el delito de trata en tanto que las personas investigadas habrían desplegado con habitualidad “un negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, muchas de ellas vulnerables y en condiciones de carencia económica, con la finalidad de ser sometidas a una explotación equiparable a la reducción a la servidumbre”, delito previsto en el artículo 140 del CP y en el inciso “a” del artículo 2 de la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, mediante la práctica de gestación por sustitución, a cambio de una contraprestación económica y en algunos casos poniendo en riesgo su salud, todo ello con el propósito de obtener cuantiosas ganancias económicas.

También postuló que entra en juego esa figura penal en lo que respecta a la comercialización de los niños y las niñas en tanto este trato implica su reducción a una situación equivalente a la esclavitud (artículo 140 del CP).

Además, en el dictamen se señaló que la compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional inserto en su artículo 15 donde los constituyentes previeron expresamente que “todo contrato de compra venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que lo autorice”.

A estas hipótesis se agregaría, a su vez, la comisión de delitos contra la fe pública por hacer insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas (artículo 293 del CP), lo que se materializa en los supuestos acuerdos entre la persona gestante y los comitentes presentados por los escribanos públicos ante el Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El inicio de la investigación

El caso se inició el 25 de enero del año en curso, a raíz de la presentación efectuada por la titular de la Dirección de Contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, ante la sala de sorteos de la Cámara Federal.

El Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bonn de la República Federal de Alemania fue contactado por personal de la Dirección Provincial de Menores del Estado Federado de Sarre, que informó que una mujer alemana de 58 años se había presentado en el hospital de la localidad donde reside y solicitó la atención médica para una niña de tres meses nacida en Argentina, acreditando su filiación con una partida de nacimiento emitida por el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y un pasaporte argentino.

La funcionaria alemana advirtió que la niña se encontraba en pésimas condiciones de salud y que la mujer que la llevó a la guardia no se encontraba en condiciones de brindarle la atención necesaria, circunstancia por la cual dio aviso a la policía local y le quitó en forma provisoria la custodia de la bebé y la entregó al cuidado de una familia sustituta.

La investigación permitió determinar, por un lado, que el nacimiento de la menor fue inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de la Disposición 122/DGRC/20.

También se estableció que el proceso de fertilización fue realizado en una institución médica privada ubicada en la Capital Federal esta ciudad, donde se llevó a cabo el tratamiento de gestación por sustitución y se identificó a la gestante.

“El suceso por el que se inició la causa no resulta ser aislado, por el contrario quedó al descubierto que se trataría de una mecánica empresarial, desarrollada a nivel nacional e internacional, específicamente dedicada a llevar a cabo tratamientos de ‘gestación por sustitución’”, remarcó Mángano en su dictamen.

JJD

Una estructura que reclutó al menos a 44 mujeres pobres, la mayoría de ellas cuando eran niñas y adolescentes, para ser sometidas a “condiciones de vida equiparables a la servidumbre”. Así define la justicia federal el accionar desplegado por la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en el país durante más de cuatro décadas, entre 1972 y 2015, en una acusación por trata de personas dirigida a seis religiosos de máxima jerarquía de la organización. Nunca antes fueron citados los responsables de una región del Opus Dei a indagatoria por delitos tan graves.

La investigación se inició en septiembre de 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX). En junio de 2023, ese organismo especializado elevó una denuncia a la justicia federal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, y que ahora conduce al pedido conjunto de citación a indagatoria de cinco imputados: los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario que dirigió durante casi todas estas décadas la rama femenina de la organización, Gabriel Dondo.

Hay un quinto exvicario regional, Mariano Fazio, que no figura en la acusación, pero al que la querella solicitó que también se lo incluya, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014. En la actualidad, Fazio forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma. Algunos aventuraron que sería un posible candidato a suceder a la máxima autoridad de la organización, el Prelado. También está fuera del país Urrestarazu, el último de los exvicarios acusados, al que removieron de su cargo cuando estalló el escándalo por la denuncia de las exauxiliares ante el Vaticano, en 2021. Desde entonces está en Paraguay. 

La investigación entregada al juez Daniel Rafecas, que es quien cursa los pedidos de indagatorias, habla de 44 casos de explotación, pero evalúa que solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la gran mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha. De los cuatro casos que toman la Fiscalía y PROTEX para acusar al Opus Dei, hay tres cuya prescripción podría estar en juego, porque están en el límite o superan los 12 años desde que ocurrieron los hechos denunciados, que es el tiempo que establece la ley. De esta manera, sólo quedaría una mujer. Se trata de M.I.E.

El caso de M.I.E., 31 años sometida al Opus Dei

M.I.E. “conoció” el Opus Dei en un ómnibus. Tenía 17 años, era 1984 y viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. En la capital argentina estaba una tía esperándolas y la oportunidad de estudiar. Ninguna de las dos había hecho más que la escuela primaria y su deseo era poder cursar allí la secundaria. Eso fue lo que le contaron a la mujer que se les acercó durante el viaje y enseguida les dijo que ella conocía un lugar al que podían ir a vivir y estudiar.  Lo mismo le dijeron a la tía de las adolescentes cuando las acompañó a conocer el lugar, una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”. Y con esa promesa ingresaron, pero nunca ocurrió. 

En cambio, las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa, confesarse y conversar con directoras. Ellas insistían en que querían “estudiar, estudiar y estudiar”, contó M.I.E. en su declaración. El primer intento de irse fue al año de estar allí. Lograron salir, pero volvieron a buscarlas y las llevaron a otra residencia, llamada “La Ciudadela”, en el barrio porteño de Recoleta. Otra vez pasó lo mismo, mientras se intensificó la persecución espiritual: les decían que tenían vocación de ser numerarias auxiliares –la categoría más baja de la organización, que es la del servicio doméstico–, que dios las quería para la Obra. Ellas decían que no, pero su voluntad no servía de argumento. Al tiempo, las dos terminaron asumiendo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. De allí las mandaron a Laya, una residencia pegada a la sede central del Opus Dei en la Argentina, donde vive la jerarquía religiosa y de miembros laicos de la organización. 

Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei

En los siguientes años, las hermanas siguieron caminos distintos. A cada una la fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar irse en varias ocasiones, pero las volvían a buscar una y otra vez. En una oportunidad, M.I.E. fue autorizada a visitar a su familia en Bolivia, y una vez allí decidió quedarse y no regresar. Pero fueron a buscarla hasta ese país. En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional de la Prelatura bajo las mismas condiciones de precariedad, sin pago ni seguro médico, sin comunicación con su familia. Volvió en 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Para el año siguiente, su hermana logró irse definitivamente, pero ella no. No lo consiguió hasta 2015, cuando tenía ya 47 años y una década de depresión que el Opus Dei atendió con una psiquiatra propia y con una montaña de pastillas. 

El caso de M.I.E. podría ser el primero en el mundo que reúna las condiciones para que el Opus Dei tenga que enfrentar a la justicia de un país acusado por trata de personas para servidumbre. Con esa historia se podría avanzar en la investigación de lo que decenas de mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia denunciaron en 2021, primero en la prensa argentina y después en una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que aún no tuvo respuesta.

El 'modus operandi'

PROTEX y la Fiscalía describen la existencia de un sistema de captación engañoso, planificado y deliberado, dirigido a proveer a los miembros varones de un servicio doméstico equiparable al de una servidumbre, ya que no contemplaba ningún pago por la tarea ni derechos laborales básicos. El modus operandi del Opus Dei para someter a las mujeres, según la acusación, consistía en un plan de varias etapas: captación de niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años mediante una selección engañosa, que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”.

Además de la dinámica de ingreso al Opus Dei, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el sistema de creencias, el “control disciplinario mediante elementos de castigo” y una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas. Por todo eso pasaron las 44 mujeres incluidas en la denuncia. Todo eso se pudo probar en los cuatro casos analizados. Todo eso se pudo probar en el caso de M.I.E.

Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras provincias y pudieron certificar que hay mujeres allí que aún cumplen el rol de auxiliares. Además, la justicia trabajó con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, se han tomado en cuenta los datos contenidos en una serie de artículos periodísticos publicados por la autora que firma esta información, que también brindó declaración testimonial en la causa, que se suman a documentos internos de la organización aportados por el abogado de las denunciantes y al relato de familiares de las víctimas y de varias exnumerarias del Opus Dei –mujeres miembro de mayor jerarquía– que conocieron y convivieron con la mayoría de ellas.

Escuelas de mucamas, en más de 50 países 

Desde que explotó en los medios de comunicación la denuncia de 43 mujeres en la Argentina, la organización negó una y otra vez las acusaciones e intentó reducir a “malas experiencias” lo vivido por las denunciantes. Incluso, el Opus Dei puso en línea un sitio web en el que cuenta la historia del Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), la llamada “escuela de mucamas” por la que –según la información oficial– pasaron más de 1.000 adolescentes entre 1972 y 2017 y de donde salió la mayor parte de ese ejército de mujeres sirvientas.

“El Opus Dei hizo esto en forma sistemática en los países en los que está presente. Esta es sólo la primera de las muchas denuncias que empiezan a gestarse en el mundo”, dijo a eldiario.es una fuente allegada a la investigación. A partir de la denuncia pionera de Argentina, ya se inició una demanda en Irlanda y se esperan denuncias en distintos países de Europa y América Latina.

En 2023 se conoció por primera vez la historia de una exauxiliar en España, en el podcast Un tema al día de elDiario.es. La realidad de las mujeres esclavizadas como servidumbre en el país puede ser refrendada por Agustina López de los Mozos, periodista, exnumeraria y creadora de OpusLibros.org, donde desde hace más de dos décadas reúne testimonios de exmiembros de la Obra de todo el mundo.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1.941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que advierte que la tendencia de los últimos años “destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales” como streamings, redes sociales y plataformas con webcam.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe que publica Fisclaes.gob.ar abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Le siguen las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming –el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico– (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

En sus estadísticas, la PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

La motosierra y la advertencia de la Iglesia

Los datos de este informe coinciden con las advertencias que tanto la Iglesia como distintas organizaciones vienen realizando sobre los recortes en el Estado desde el Gobierno nacional. Como informó elDiarioAR, entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros.

Además, el pasado 22 de julio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Una nueva modalidad de explotación sexual: los medios digitales

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda en su informe que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, el organismo señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

Captación mediante ofertas laborales engañosas

Del universo de las 1.941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

Víctimas

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulnerados/as sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

Las denuncias por jurisdicción

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Un caso actual: rescataron a 20 víctimas de explotación laboral en Chubut

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron más de 5.000 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

También los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El organismo fue aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

Qué es la Línea 145 y qué se puede denunciar

Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Quienes tengan información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), pueden contactarse a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año

En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Además, se pueden realizar denuncias a través del correo electrónico institucional oficinarescate@jus.gov.ar , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 ). Los datos de los denunciantes quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales.

Ante una EMERGENCIA, hay que comunicarse a través de la Línea Telefónica 145.

¿Qué se puede denunciar?

Consejos de prevención del Ministerio de Seguridad

1. Si estás buscando trabajo, prestá atención si:

2. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que:

3. Si viajás por trabajo:

4. Si tenés hijos/as menores:

5. Si usás internet:

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar

IG/MG

La Justicia federal intenta establecer si existió una supuesta red de trata de personas con fines sexuales que tiene a empresarios de la salud en el centro de un expediente. La causa fue eje de algunas de las preguntas que los senadores realizaron al juez del caso, Ariel Lijo, el miércoles último durante la audiencia para tratar la candidatura del magistrado a la Corte Suprema. 

En mayo último, el juez Lijo archivó el expediente ante la falta de pruebas, tras dos años de investigación, según el escrito consultado por elDiarioAR, pero la Cámara Federal de Apelaciones porteña revocó el archivo por prematuro y ordenó seguir investigando, como reveló este medio el domingo.  

Tras la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, el juez delegó el expediente en el fiscal Ramiro González, quien solicitó la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

Tras analizar la causa, los fiscales de la Protex solicitaron escuchar a un testigo en cámara gesell, un método utilizado para las testimoniales de presuntas víctimas de abusos que serán llevadas adelante por psicólogos y especialistas mientras los abogados y fiscales puedan observar la testimonial detrás de un vidrio sin intervenir directamente para preservar al testigo.

Para avanzar sobre la hipótesis de trata de personas, la Justicia debe determinar la existencia de intermediarios que hayan reclutado personas –ya sean mayores o menores de edad– para beneficiarse de su explotación sexual. Hasta el momento, el juez determinó que no hay pruebas de que eso haya sucedido ni de la participación de menores. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó que se investigara la denuncia de una ONG sobre dos jóvenes que habrían sostenido su participación en presuntas fiestas con algunos de los investigados.

El testigo en cuestión es un hombre adulto, que realizó una presentación por escrito ante la Justicia pero que hasta el momento no había sido escuchado, explicó una fuente del caso a elDiarioAR. Su caso consta de uno de los tres legajos de identidad reservada en la causa. “Nos interesa escuchar a los testigos porque Alejandro Roemmers está convencido de su inocencia y quiere que la Justicia así lo determine”, dijo Juan Manuel Novello, abogado del empresario mencionado en la causa.  

El caos salió a la luz tras declaraciones de su denunciante, Roberto Mazzoni, en un encuentro sobre trata de personas en el Senado. Sus dichos generaron la publicación de un comunicado del empresario, escritor y filántropo Alejandro Roemmers, heredero de uno de los laboratorios más poderosos del país, quien rechazó las acusaciones y aseguró ser objeto de una extorsión por parte del denunciante.

El caso generó impacto en las redes sociales luego de que el denunciante, Mazzoni, afirmara que su denuncia es contra “la red de trata más grande de la Argentina” y mencionara a dos de los denunciados: Roemmers y el empresario Matías Barreiro, dueño del sanatorio Colegiales, además de vocal de River Plate. “Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos”, aseguró Mazzoni en el Senado. “Ya no sé a quién acudir porque estamos hablando de la gente más poderosa”, agregó.

Además, Mazzoni hizo especial énfasis en el rol del juez Lijo, en medio de las oposiciones y críticas de ciertos sectores por su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Tras la difusión de videos del testimonio de Mazzoni en las redes sociales, Alejandro Roemmers publicó un comunicado rechazando los dichos del denunciante “ante la difamación y falsas denuncias de que es objeto” el empresario. Roemmers definió a Mazzoni como “un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público” y habló de supuesta “difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada” por parte del denunciante. “Roemmers no se ofreció al chantaje porque está convencido de su inocencia”, dijo su abogado ante la consulta de elDiarioAR.

Según Roemmers, “la Justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trató” con Roemmers. “Reiteramos: no existe ni una sola persona ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del señor Alejandro Roemmers”, dice el comunicado.

“Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar”, agregó el empresario en el comunicado.

El abogado Roberto Herrera representa junto a su socio, Mariano Di Giusseppe, al empresario Barreiro y dijo a este medio que realizará una presentación ante la Justicia en los próximos días en donde afirmará que su cliente fue también objeto de una supuesta extorsión por parte del denunciante Mazzoni, quien, además, acusó a Barreiro de supuesto abuso sexual en su contra. “Barreiro es inocente de estas acusaciones, jamás estuvo con Mazzoni y pediremos una pericia psicológica del denunciante”, aseguró ante la consulta.

ED/MG

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó hoy su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei, las políticas públicas de lucha contra ese delito fueron desfinanciadas o desmanteladas.

En referencia a la crisis económica que atraviesa el país, los obispos señalaron: “El desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo constituyen un caldo de cultivo para la Trata y Explotación de Personas. El trabajo digno es la prevención más eficaz contra de este delito y en particular, permite superar la prostitución, uno de los hechos más degradantes de la persona”.

“Queremos expresar nuestra preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”, sostiene el documento. “Con todo el pueblo argentino, manifestamos nuestro dolor y preocupación por la desaparición de Loan y de otros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos sumidos en situaciones de empobrecimiento y vulneración de derechos”.

“Cuando son niños y niñas quienes desaparecen ante nuestros ojos a causa de este flagelo la herida nos duele hasta el infinito. Algunos años antes de la sanción de la normativa vigente sobre esta materia en el país, la Iglesia ha abordado el combate de la Trata y Explotación de Personas, iluminados por el Papa Francisco en el grito de NO A LA TRATA. En el mensaje del pasado 8 de febrero, el Papa nos anima a ”abrir los ojos y los oídos, para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz; para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación“”, añade. 

La Conferencia Episcopal insistió en “afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención”.

“Nos unimos al Papa Francisco que ha privilegiado afrontar este tema tan doloroso en su magisterio, para pedir que este día sea ”una llamada a no quedarnos paralizados, a movilizar todos nuestros recursos en la lucha contra la Trata y por la restitución de la plena dignidad a quienes han sido sus víctimas. Si cerramos nuestros ojos y oídos, si permanecemos inertes, seremos cómplices“, añade el texto firmado por Monseñor Oscar V. Ojea, Obispo de San Isidro, Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo de Mendoza, Monseñor Carlos Azpiroz Costa, OP, Arzobispo de Bahía Blanca, y Monseñor Alberto G. Bochatey, OSA, Obispo Auxiliar de La Plata.

La desaparición de Loan, el nene de 5 años que salió de su casa el jueves 13 de junio del Paraje Algarrobal, en Corrientes, tiene como principal línea de investigación la trata de personas. El caso puso en evidencia la manera en que el Gobierno Nacional dejó de combatir la trata.

Entre marzo y abril fueron despedidos los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

CRM

La desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que salió de su casa el jueves 13 de junio del Paraje Algarrobal, en Corrientes, tiene como principal línea de investigación la trata de personas. Este caso pone foco en las políticas públicas de lucha contra este delito que fueron desfinanciadas o desmanteladas durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei. Si bien en los últimos días surgió una nueva hipótesis tras la declaración Laudelina Peña, tía de Loan, que sostiene que el nene fue atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, el caso puso en evidencia la manera en que el Gobierno Nacional dejó de combatir la trata. Entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de  Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de  Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros. “Lamentablemente, la motosierra lo que hizo fue desmantelar todo el trabajo. Además, atacan a las políticas públicas de asistencia que habíamos generado, vinculadas al horizonte de vida de las víctimas”, explica a eldiarioAR José María Serbin, exdelegado de la región Noreste del Consejo.

Serbin vive en Corrientes, donde está el foco de la investigación sobre Loan. Hasta hace pocos meses era el referente del Estado nacional en la provincia para casos de trata de personas. “Se despidieron a todos los delegados de las provincias y ahora hay una nueva directora que se subsume a una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No hay una representación federal, que es clave porque estás en el terreno, no hay articulación. Nosotros habíamos generado 36 mesas interinstitucionales y eso desapareció”, agrega Serbin, que también trabaja en la  Fundación La Alameda.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio  y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo 13 despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Las otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

“El caso Loan es un ejemplo de todo el desmantelamiento que se hizo”, afirma Gabriela Burgos, psicóloga social y exdelegada del Comite Federal en Jujuy. “Si el organismo hubiese seguido funcionando, el equipo de Corrientes podría haber intervenido y presentado la denuncia a la Protex (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas), que automáticamente hubiese tomado el caso y no la Justicia provincial. Ya estaban aceitados los canales, se activaban todos los dispositivos. Nosotros hemos rescatado menores de edad, gracias a estas intervenciones, por ejemplo, con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) y Migraciones. Si hoy pasara algo con una víctima extranjera, ¿quién te firma un papel, quién hace el protocolo?”, le dice Burgos a este diario. 

Además de actuar en la persecución del delito de trata, los comités de cada provincia trabajaban con las víctimas. Hacían convenios con otros organismos del Estado nacional para, por ejemplo, solucionar la cuestión habitacional o de salud de las personas rescatadas. “Al vaciar los centros de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), los Centros de Desarrollo Social. ¿A quién recurrís?, ¿A quién le pedís mercadería?. Teníamos muchísimos casos de explotación laboral rural intraprovincial y hacíamos un trabajo coordinado con AFIP,  Migraciones, etcétera”, agrega Burgos. 

Pero también los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos  que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el  Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la  película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente  de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Según informó Somos Télam, el organismo fue  aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

CDB/JJD

Un total de 5.075 víctimas de trata fueron rescatadas en la Argentina entre 2020 y octubre de 2023, quienes recibieron distintas formas de asistencia con el objetivo de restituir sus derechos durante la actual gestión del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas, se informó hoy oficialmente.

De acuerdo a la información estadística que provee el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia, 933 personas fueron rescatadas durante 2020, 1.404 en 2021, 1.186 en 2022 y 1.552 en lo que va del presente año.

El Comité bajo la dirección operativa de Gustavo Vera destacó las políticas públicas de asistencia a las víctimas como el Programa Acompañar del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en articulación con la Anses, que tiene el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento.

Durante el periodo que va desde noviembre de 2020 al 30 de septiembre de 2023, 3.244 mujeres y LGBTI+ víctimas de trata fueron destinatarias del Programa Acompañar.

Del total, 794 personas fueron víctimas de explotación con fines laborales y 1.494 fueron víctimas con fines de explotación sexual, mientras que 956 fueron víctimas de otros fines de explotación.

También el Programa Restituir, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que promueve el proceso de autonomía de las víctimas para el diseño de su proyecto de vida, mediante una prestación económica específica que permita cubrir necesidades básicas durante el proceso de fortalecimiento de dicha autonomía.

Así, durante 2023 se tramitaron 101 Potenciar Trabajo y 28 Ayuda Urgente y en el período 2020-2022 se otorgaron 330 Potenciar Trabajo y 25 Ayuda Urgente.

Actualmente la Nación cuenta con un Refugio que depende de la Senaf que puede alojar hasta 45 personas, remarcaron.

Por otra parte, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) aprobó mediante la Resolución 100/2020 el otorgamiento de una Prestación Extraordinaria a trabajadores rurales que sean detectados como víctimas de trata de personas, explotación laboral o explotación infantil.

Más de 1.300 trabajadores/as rurales rescatados fueron beneficiarios con esta prestación desde el inicio de esta gestión.

Por otra parte, a través del Programa Restituir, de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social se tramitaron en este año 101 Potenciar Trabajo y 28 Ayuda Urgente, y durante el período 2020-2022 se otorgaron 330 Potenciar Trabajo y 25 Ayuda Urgente.

Desde el Comité destacaron que por primera vez el Estado Nacional “comenzó a dar pasos hacia una política habitacional de largo plazo para las víctimas de trata”

En la actualidad son 8 las soluciones habitacionales que se concretaron en Santiago del Estero, Catamarca, Formosa, Misiones y Tucumán y están avanzados aproximadamente 50 casos en decenas de provincias prontos a resolverse, señalaron.

Además, el programa contempla acompañamiento terapéutico a través del Ministerio de Salud; patrocinio jurídico brindado por el Ministerio Público de la Defensa; formación e inserción laboral y el Fondo de Asistencia que tiene como objetivo la administración de los bienes decomisados desde el cual se realizaron 55 restituciones económicas por un total de $11.917.815,48.

CRM con información de la agencia Télam

La Justicia las considera “víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual” pero ellas dicen que no: que no son víctimas, que nunca fueron explotadas sexualmente y que no “las reducían a la servidumbre” en la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Mientras la investigación por asociación ilícita, lavado de activos y explotación de personas avanza, nueve mujeres que integraban la organización denunciaron a los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, ambos integrantes de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), por haber vulnerado su intimidad, por espionaje ilegal y porque, insisten, “es absolutamente falsa y arbitraria” la calificación que les han impuesto, la de haber sido cooptadas para que tuvieran encuentros con hombres poderosos que financiaran a la Escuela.

Las mujeres aseguran que los fiscales Colombo y Mángano abusaron de su autoridad e incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos. Formalizaron la demanda a principios de mes y la analizó el fiscal Federico Delgado, quien determinó que no existía delito alguno. Así que el juez Ariel Lijo, al frente de la causa madre, la desestimó esta semana. Las mujeres no se darán por vencidas: irán a la Cámara de Apelaciones. elDiarioAR se comunicó con los fiscales denunciados pero ni Colombo ni Mángano atendieron los llamados o respondieron los mensajes. Hicieron saber que no harán declaraciones sobre el asunto.

“Espionaje ilegal, propio de las épocas más oscuras de nuestra historia”

A casi nueve meses de los allanamientos que terminaron en una veintena de detenidos, la Justicia busca probar que la Escuela de Yoga de Buenos Aires era una organización con fines de lucro que se aprovechaba de la actividad sexual ajena y con cuyas ganancias lavaba activos. elDiarioAR accedió a documentación que confirma el seguimiento que le hacían a los empresarios, la mayoría extranjeros, cuánto dinero aportaban y la proyección económica de cada uno. Más simple: en la Escuela calculaban cuánto dinero podían obtener de ellos en un lapso determinado. ¿Qué les ofrecían? Tratamientos médicos en CMI - Abasto, una clínica de su propiedad, y el servicio de “Novia”, es decir, la exclusividad de alguna de las integrantes de la trinchera Botánico.

Los imputados, 19 en total, están libres. La Sala 2 de la Cámara de Casación Penal indicó en noviembre que no había pruebas suficientes para mantener las preventivas. Hubo arrestos domiciliarios y sobreseimientos, y muy pocas novedades respecto del avance de la investigación. En ese contexto, las mujeres que figuran como víctimas denuncian que los fiscales Colombo y Mángano violaron su intimidad. Aseguran que dieron a conocer sus nombres completos y que acompañaron sus nombres con la calificación de víctimas, calificación que rechazan desde el principio. 

“El accionar de los denunciados promueve, a nuestro entender, una clara acción de espionaje ilegal, propio de las épocas más oscuras de nuestra historia”, dicen las denunciantes. El pedido de informes a los Estados Unidos, por ejemplo, hizo que les cancelen las visas a tres de ellas.

También denuncian robos durante los allanamientos

“Me apuntaron en la cabeza, me hicieron tirar al piso de una piña, me tuvieron maniatada, sentada en una silla con las manos atadas, durante nueve horas vi cómo me tiraron la casa abajo”: es lo que declaró en Cámara Gesell una de las integrantes de la Escuela de Yoga, a la que la Protex señaló como víctima de trata para explotación sexual. La misma mujer denuncia que esa noche, la de los allanamientos en la sede central de EYBA, el personal a cargo del operativo le robó “4 mil dólares, la alianza de matrimonio de su padre, una medalla que había ganado en una campeonato de natación, un anillo de oro y platino” y sigue la lista.

“Al día de hoy” -sigue la denuncia firmada por nueve mujeres- ninguna de las personas que fueron mencionadas como víctimas para lograr los allanamientos se ha manifestado como tal. En diálogo con elDiarioAR, una de las mujeres sostiene que la denuncia contra EYBA es “un invento de Pablo Salum (N. de la R.: quien denunció a la organización en la Protex) que tiene un interés económico, por ejemplo, vender esta historia inventada a productoras audiovisuales internacionales”.

VDM/MG

El Anteproyecto de Ley contra la Trata de Seres Humanos redactado por el Ministerio de Justicia español–Igualdad tiene otro– incluye castigar con penas de prisión que van de uno a cuatro años a los clientes que paguen por mantener relaciones sexuales con víctimas obligadas por terceros a prostituirse, según el texto al que tuvo acceso elDiario.es. 

De acuerdo al borrador del departamento que dirige Pilar Llop, la Ley introduciría un cambio en el artículo 177 del Código Penal pasando este a castigar a “quien, sin haber intervenido como autor o partícipe (del delito de trata), haga uso de los servicios, prestaciones o actividades de la víctima”. A la condena de entre uno y cuatro años cárcel se sumará una inhabilitación de entre tres y seis más que afectarán al ejercicio de “profesión, oficio, industria o comercio”.

La pena se rebaja en el caso de comisión del delito en su modalidad de “imprudencia grave”, entre seis meses y dos años y medio de cárcel. La diferencia radica, según fuentes jurídicas, en que la noma establece que en el primer caso, el cliente es consciente de que la mujer está obligada a prostituirse y, en el segundo, el de la imprudencia grave, alude al hecho de que pudiendo conocerlo ha decidido ignorarlo. 

El citado artículo del Código Penal recogería un tercer punto para que quede “exento de pena” aquel que “habiendo utilizado ocasionalmente los servicios, actividades o prestaciones de una víctima denunciare el hecho a la autoridad”.

De incorporarse a la redacción definitiva de la ley sería la primera vez que se castiga en España al cliente de la prostitución y no sólo al proxeneta. La propuesta devuelve a un primer plano el debate en el seno de la izquierda y el feminismo sobre la abolición de la prostitución.

Este Anteproyecto de Ley contra la Trata se suma a la propuesta del Grupo Socialista en el Congreso para endurecer el castigo a los proxenetas, que sigue en estos momentos el trámite parlamentario, y que incluye multas a los clientes de prostitución, con independencia de si la persona que cobra por los servicios sexuales está siendo obligada a ello.

El impulso de una ley contra la trata lleva tiempo coleando en el seno del Gobierno y ha pasado por distintas fases. El Ministerio de Igualdad inició los trabajos para la elaboración de una norma circunscrita a la explotación sexual. Después Unidas Podemos y el PSOE anunciaron un acuerdo para llevarla por vía parlamentaria. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo volvió a asumir el mandato y Justicia anunció que encargaría a un comité de expertos el impulso de una ley integral. Según el departamento dirigido por Irene Montero, el texto de Igualdad fue remitido a Pilar Llop el pasado enero.

La futura Ley de Trata que prepara Justicia también prevé penalizar el “el alquiler o puesta a disposición de locales de negocio, establecimientos comerciales o de lugares de alojamiento de las víctimas” obligadas a ejercer la prostitución o cualquier otra forma de explotación. Según el borrador, los dueños de esos locales o viviendas se enfrentarían a penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de hasta seis más, alberguen prostitución o cualquier otra forma de explotación.

Como ocurre con la represión de los clientes de prostitución, haber actuado con “imprudencia grave” rebaja el castigo. Por su parte, la propuesta del PSOE que admitió a trámite el Congreso el pasado junio es más dura para estos propietarios, incluso si las personas prostituidas lo eran con su consentimiento: la condena de cárcel oscilaría entre los dos y los cuatro años. 

Un delito específico de esclavitud

El espíritu de la nueva Ley contra la Trata del Ministerio de Justicia está en dejar de combatir únicamente el proceso por el que esas personas son llevadas a régimen de esclavitud y que se aborde también el periodo en el que ésta se ejerce. A partir de ahí, se introduciría en el Código Penal, como tal, el delito de esclavitud, con penas que superan a las ahora existentes relacionadas con la trata y que llegarían hasta los 12 años de cárcel. 

Tal delito sería aplicable a quien “someta o mantenga a una persona en una situación de absoluta disponibilidad sobre ella y sus esferas de libertad personal” y estaría castigado con entre ocho y doce años de prisión. Se impondría en el grado más alto cuando las condiciones de la víctima sean “particularmente degradantes o vejatorias”, si es sometida a “agresiones sexuales reiteradas”, es especialmente vulnerable o quien comete el delito es autoridad o funcionario público. 

Permiso de residencia

El Ministerio de Justicia ha trabajado en los últimos meses contrarreloj para que la Ley pueda ser aprobada en esta legislatura. Solo habían trascendido unas pocas novedades, tales como la suspensión automática de los procesos de expulsión del país a las personas que sean rescatadas o huyan de las redes de trata. 

Finalmente, esta cuestión queda redactada en el Anteproyecto de Ley de la siguiente forma: “En el caso de las víctimas en situación administrativa irregular en España se garantizará la no incoación de un procedimiento de expulsión, la suspensión del que ya existiera y la no ejecución de la expulsión anteriormente acordada desde el momento de la detección y hasta que finalice el proceso de identificación”. Ese proceso de identificación no podrá producirse en un plazo inferior a 30 días.

Una vez identificadas, las víctimas tendrán derecho a obtener “un permiso de residencia por circunstancias excepcionales” y su tramitación tendrá carácter “preferente”. En ello no influirá de forma negativa que carezcan de un pasaporte u otro documento válido. La ley establece las ayudas que se otorgan a la población vulnerable, incluidas soluciones de habitabilidad.

Además, para ser considerado víctima de trata no será necesario que ésta colabore en las investigaciones contra las mafias que negocian con seres humanos, ni que haya una investigación penal en marcha. En el caso, por ejemplo, de las mujeres que llegan engañadas de otros países y son obligadas a prostituirse no será “en ningún caso” necesario que colaboren con la Policía para que sean consideradas víctimas de trata. 

El Anteproyecto de Ley aborda el fenómeno de la trata desde varias perspectivas: la sensibilización de la sociedad, que hace especial incidencia en el plano educativo y en los medios de comunicación, la formación de funcionarios y la asistencia a las víctimas, así como el citado reproche penal o punitivo.

Un relator y un mecanismo de detección

El borrador también establece la creación de dos órganos relevantes. Por una parte, el Mecanismo Nacional de Derivación, que canalizará el fenómeno de la trata desde su detección hacia la asistencia social para las víctimas y la investigación por parte de la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

La creación del Mecanismo Nacional de Derivación parte del hecho de que cualquier ciudadano o entidad debe denunciar el régimen de explotación o esclavitud de terceros a este nuevo organismo, que lo primero que hará será derivar a una “entidad de primera acogida” de las comunidades autónomas, que atenderán las primeras necesidades médicas, psicológicas o legales, incluido un alojamiento de emergencia.

Otro de los organismos que pretende crear la futura Ley es la de un relator, con categoría de secretario de Estado o subsecretario, que se encargará de vigilar la evolución del fenómeno de la trata en España, de hacer seguimiento de la implantación de la ley, así como de formular mejoras legales o de atención a las víctimas, entre otros cometidos.

El fiscal Carlos Stornelli, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, y Alejandra Mangano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), se presentaron en la causa 7962/2021 caratulada “N.N s/infracción art. 145 bis - conforme ley 26.842, infracción art. 145 ter - conforme art. 26 Ley 26.842 e infracción art. 303”, del registro de la Secretaría N°8 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, donde solicitaron estas medidas procesales.

Las personas sobre las que recayó el pedido de procesamiento son el líder de la organización Juan Percowicz, Susana Mendelievich, Mariano Krawczky, Marcela Alejandra Sorkin, María Susana Barneix, Ruth Viviana London, Mario Alberto Leonardo, Gustavo Aníbal Rena, Carlos Walter Barragán, Georgina Ivonne Hirschfeld, Marcela Argüello, María del Carmen Giorgi, Daniel Eloy Aguilar, Alicia Arata, Silvia Alicia Herrero, Luis Romero, Horacio Vesce, Daniel Gustavo Trepat Fryd, Federico David Sisrro y Jorge Alberto Novas.

Dicha solicitud recayó sobre los imputados luego de haber realizado su declaración indagatoria “y en atención a las pruebas colectadas”, según explicaron los peticionantes. Para la fiscalía, operaban en la organización Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), fundada en la década de los 80, “que funcionaría en este país pero que también contaría con sedes en los Estados Unidos -Chicago, Nueva York y Las Vegas-”, explicaron en la solicitud elevada a la justicia.

Se está investigando para confirmar si la EYBA se dedicaba “a captar personas en posible situación de vulnerabilidad y/ o a través de engaños para, en algunos casos, incorporarlos a la organización y reducirlos a una situación de servidumbre y/o explotación sexual, y en otros, ofrecerles tratamientos médicos que realizarían en sus clínicas con el objetivo de obtener dinero, influencias y/o coberturas para sus líderes”.

La investigación realizada por la Protex comenzó a raíz de la denuncia que recibió por una persona que resultó ser víctima de la organización. El fiscal y la titular de la procraduría sostuvieron que “de la denuncia surge que, al menos desde el año 2004, EYBA sometió a los 'alumnos' a la servidumbre y otras prácticas bajo las órdenes emanadas por sus líderes”. Agregaron que “la servidumbre consistía en un proceso de 'despersonalización' y en el aislamiento social de los 'alumnos' de la organización, quienes perdían todo vínculo con sus familias y allegados”

En el texto, afirmaron que “sus vidas comenzaban a organizarse alrededor de las directivas de Juan Percowicz -jefe máximo de la organización- y otros líderes, siendo una de las manifestaciones más extrema la esclavitud sexual a la que eran sometidas algunas de las alumnas, quienes eran obligadas a mantener relaciones sexuales con personas de elevado poder económico para obtener dinero para la organización”.

De acuerdo con la investigación, para disciplinar a los alumnos y captar nuevos, se creó una clínica llamada “CMI Abasto” en Guardia Vieja al 4072, con anexos en Avenida Coronel Díaz 1450 y Paraguay 930, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, surgió de la denuncia que contarían también con varios emprendimientos económicos, tales como “BA Group”, inmobiliarias como “Aznares Propiedades”, “Salum Propiedades”, “Argen S.A.” y/o “Brufi S.A.”, así como fundaciones en los Estados Unidos.

La organización contaba con una estructura jerárquica y piramidal, formada por aproximadamente 179 alumnos a quienes “se les exigía un pago mensual mínimo de 200 dólares como aporte para la organización” y que podía “llegar hasta la suma de 10.000 dólares, según el alumno”.

El documento sostiene que los encuentros sexuales y los ingresos al edificio de la avenida Estado de Israel eran filmados, y sus grabaciones se guardaban en los domicilios de Castro Barros 1127, Bulnes 1455 piso 13 “B”, y en Amenábar 1572 piso 5to. A, todo en la Capital.

En “CMI Abasto” se llevaban a cabo las “curas de sueño”, utilizadas por la organización para disciplinar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o bien para tranquilizar a aquellos alterados o deprimidos. Las mismas debían ser costeadas por el alumno al que se le impusiera.

Entre el 12 y 17 de agosto, se realizaron allanamientos donde fueron detenidas 19 personas, se secuestraron un millón cien mil dólares, un millón de pesos, 129 monedas de oro, chequeras de bancos estadounidenses, joyas, computadoras, celulares, pendrives, pasaportes, fotografías de mujeres semidesnudas, historias clínicas, medicamentos, preservativos, videos con contenido sexual, juguetes sexuales, planillas con descripción de rangos, documentación bancaria y contable de la organización y de los investigados.

Las planillas incautadas “daban cuenta de los pagos mensuales realizados por cada uno de los 'alumnos' como 'aportes' a la EYBA que rondaban los 100.000 dólares”, indica el pedido de procesamiento. Además de la exigencia mensual, se sumaban los sobres reunidos en ocasión de los cumpleaños del líder, que alcanzaban la suma aproximada de 65.000 dólares.

La “clínica” que formó parte del proceso de servidumbre de los “alumnos”, los investigadores sostuvieron que “corresponde agregar que las prácticas que tenían lugar allí también resultarían encuadrables en el delito de ejercicio ilegal de la medicina”. Este lugar también era utilizado para supuestos “tratamientos” contra las drogas de personas de origen extranjero, en especial estadounidense.

El pasado 16 de agosto, el juez federal Ariel Lijo había rechazado la excarcelación de los imputados, y dispuso la inhibición general de bienes y el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles.

LC con información de agencia Télam

Una denuncia presentada hace un año y medio contra la Escuela de Yoga de Buenos Aires generó seis meses de escuchas telefónicas, 14 legajos con transcripciones de audios y más de 50 allanamientos en los que incautaron más de dos mil VHSs -divididos en tres: películas infantiles, charlas espirituales, material porno-, fotos, papeles, vibradores y preservativos. Hay 19 detenidos y ocho prófugos, todos con la misma imputación: ser parte de “una organización dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para reducirlos a la servidumbre y/o explotarlos sexualmente, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la Argentina y los Estados Unidos, lavar dinero y obtener influencias y/o cobertura para sus líderes”.

Hay un denunciante y cuatro testigos de identidad reservada que dieron su testimonio a la Protex -Procuraduría de Trata y Explotación de Personas- en la investigación preliminar que terminó en la formalización de la causa ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Ariel Lijo. Pero hasta ahora, a 21 días de los allanamientos y arrestos, no hay personas que se hayan presentado como víctimas de la organización. En un informe preliminar, la Protex aclara que nadie quedó bajo el resguardo del Programa de Rescate. También indican que las mujeres que se identificaron como alumnas de la Escuela fueron muy reticentes a hablar con el equipo de psicólogas del Programa. La causa no tuvo mayores avances, salvo que por primera vez cuatro imputados pidieron declarar.

El Mago

En la Escuela de Yoga de Buenos Aires a Carlos Barragán lo llamaban El Mago. Tiene con qué: hijo de payaso, en 1997 obtuvo el primer premio en un concurso organizado por la Federación Internacional de Sociedades mágicas, con sede en Dresde, Alemania. Ese año, Barragán se consagró Campeón Mundial de Magia en la categoría “Grandes Ilusiones”. El Mago declaró el viernes y rechazó la imputación que hizo la Justicia sobre él y los otros 18 acusados. Barragán dijo que entró en la Escuela porque allí encontró cierta paz, un enfoque con el que logra “desarrollarse a niveles altísimos” en su carrera como ilusionista. Sufre de un enfermedad autoinmune y pidió que le aseguren la medicación que debe tomar mientras esté detenido.

El coach

Federico Sisrro también rechazó los cargos. Integrante de BA Group, una consultora que ofrece cursos de coaching, se define como “facilitador de éxito” y “conferencista motivador e inspiracional”. Aseguró que es proveedor de servicios a la organización, dando clases de “desarrollo personal”. De acuerdo al expediente, Sisrro y Marcela “La Leona” Sorkin manejaban BA Group, la entidad que le daba “apariencia lícita a los fondos provenientes de la explotación de los alumnos”. Sisrro dijo ante el secretario del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°4, que investiga la causa, que en la Escuela “encontró un lugar de contención”. Terminó la declaración a los gritos: “Pido la excarcelación, yo no hice nada”. Sisrro empezó a escribir una novela en la cárcel.

El mejor oboísta del mundo

“No ha nacido, todavía, un oboísta mejor con él”, coinciden todos profesionales de la música clásica consultados por elDiarioAR. Se refieren a Mariano Krawczyk, quien usa el apellido artístico Krauz. Krawczyk logró ingresar a la Orquesta del Teatro Colón a principios de los ochenta. Al Colón se entra por concurso internacional. Hay que tocar detrás de un biombo frente a un jurado compuesto por el concertino, el solista del instrumento que concursa, un invitado internacional, un par de solistas de instrumentos afines -en ese caso clarinete y fagot-, el director de la orquesta y un veedor del sindicato que no tiene voz ni voto. Para los noventa, el oboísta pidió una licencia en el Colón y se fue a estudiar a Holanda. A su regreso, decidió dedicarse de lleno a la Escuela, a la que se había acercado por su novia y su suegro, Adriana y Rubén González, músicos como él.

Krauz fue el último en declarar el viernes: “Entré en la Escuela en 1991 por una cuestión emocional. Me sentía vacío aunque mi carrera como músico era muy próspera. El tango no me gustaba para nada, pero en la Escuela pude componer en ese estilo”, dijo. El músico negó la imputación y contó que en la alcaidía de Madariaga, donde está detenido, mata el tiempo componiendo un obra inspirada en “esta persecución” porque “de un momento malo siempre surge lo bueno”. Avisó, además, que quiere presentar la obra en el Colón cuando “termine todo esto”. De acuerdo a los investigadores, Krauz y Susana Medelievich, alias “Mendy”, generaban los contactos con personal del Poder a través de la explotación sexual de las alumnas. El músico también se despegó de eso: “Con Plácido Domingo sólo hablé de trabajo, de componer piezas”. Lo que es público es que el oboísta impartía las charlas que se ofrecían cada martes y jueves en la sede central de la Escuela, el edificio de Estado de Israel al 4400, Almagro. 

El psicoanalista

“¿Cuál es el punto acá?”, preguntó el psicoanalista Horacio Vesce antes de empezar su declaración. Vesce contó que se acercó a la Escuela cuando “no le encontraba la vuelta a la carrera”. Vesce estudiaba Psicología pero necesitaba llevar la teoría a la práctica. Dijo que en la Escuela encontró el espacio para unir ambas cosas. En el expediente, el psicoanalista figura como una de las tres personas que regenteaba los Consultorios de Medicina Integral Abasto, una clínica propiedad de la organización, donde hacían “curas de sueño”, una práctica que consistía en inducir al sueño durante tres días a miembros de la Escuela o personas ajenas a la organización. El lugar estaría habilitado para atención ambulatoria, pero no para internación.

Vesce pasó de víctima a victimario. Fue víctima cuando denunciaron a la Escuela en 1993, causa que tomó el ex juez Mariano Bergés y de la que se apartó luego de denunciar presiones dos años después. Ahora Vesce está imputado por ejercicio ilegal de la medicina, además del resto de los delitos que atañen a los otros 18 detenidos. La Policía detuvo al psicoanalista en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cuando estaba a punto de volar a los Estados Unidos, junto a otras dos personas, también integrantes de la Escuela. En sus valijas encontraron 730 comprimidos, frascos y goteros, todo de venta bajo receta den la Argentina, pero prohibidas en los Estados Unidos. En el expediente, esta sería una modalidad común de la Escuela y una prueba de la conexión con el exterior. En un escrito presentado en el Juzgado, su defensa aseguró que era medicación para uso personal, dado que la estadía afuera de la Argentina sería de 60 días.

VDM/SH

La tercera en dos días. Susana Mendelievich, alias “Mendy”, consiguió esta tarde el beneficio de prisión domiciliaria. De los 19 detenidos, todos miembros de alto rango de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, 16 permanecen en dependencia policial. Los varones en la alcaldía de Madariaga y las mujeres, en la de la calle Cavia. Ser mayor de 70 años es uno de los requisitos para acceder al derechos. Mendelievich tiene 75 años y se rehabilita de dos operaciones recientes: una cirugía de ojos y otra de cadera.

De acuerdo a la causa, la organización contaba con distintos grupos de mujeres que eran obligadas a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero. Uno de ellos era el denominado “Geishado Vip”, cuya encargada era Susana Mendelievich. El Geishado VIP consistía en seleccionar y controlar a las alumnas que eran explotadas sexualmente. En la investigación preliminar, comprobaron que al menos siete mujeres “fueron sexualmente explotadas e incorporadas a la organización por sus familias cuando aún eran niñas o adolescentes”. 

En las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Ariel Lijo, que investiga a la organización por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina -entre otros delitos- fue identificada la voz de Mendy. En los audios, la mujer habla con el líder de la organización, Juan Percowicz, y le avisa que alguien llamado Plácido los visitará: “Plácido dijo que podía venir a visitarnos, es decir, que va a venir a visitarme. Porque él va a casa en Nueva York y lo recordó ayer”.

En un segundo audio se oye a un hombre que dice: “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”. Quien habla sería el tenor y director de orquesta, Plácido Domingo. Los líderes de la organización habrían habilitado el “Museo” para coordinar un encuentro, la sede principal de la comunidad y el lugar donde se habrían hecho las orgías. Domingo no está imputado en la causa. Por lo pronto es sólo una persona que solicitó los servicios sexuales que la organización ofrecería.

Una vez consumado el encuentro, Mendy y Percowicz hablan por teléfono. Aquí las transcripción de la charla:

Mendy: Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta.

Percowicz: Qué degenerada que sos.

Mendy: Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena, yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda, nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto.

Percowicz: Sí, pero bien emocionado.

Mendy: Claro, porque seguís haciendo milagros todo el tiempo, son enormes milagros porque realmente no estaba escrito para nosotros tener esta vida tan abundante, Juan.

Percowicz: Yo estoy leyendo las primeras clases de cuando empezó la escuela y en un momento dado empieza a haber vídeos y en los vídeos se ve a la gente con una ropa mucho más pobre.

Mendy: Y éramos todos mucho más pobres que ahora. Yo tenía dos pesos en la cartera cuando te conocí. Ha habido una o dos personas que tenían plata, pero los demás éramos todos muy pobres. A todos nos diste un bienestar que nunca hubiéramos logrado sin vos.

Esta y una gran cantidad de escuchas fueron tomadas entre febrero y julio, lo que indica que el contacto entre Plácido Domingo y la Escuela habría sido este año. El tenor se presentó en Buenos Aires en abril, después de dos décadas de no pisar suelo argentino.

VDM/SH

Luego de otorgarle el derecho del arresto domiciliario al líder y fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, Juan Percowicz, el juez Ariel Lijo le concedió el beneficio hoy a Silvia Herrero. La mujer está acusada de administrar una clínica -propiedad de la organización- donde se ejercía la medicina de manera ilegal, como la práctica de inducir al sueño por tres días consecutivos a miembros de la organización. Susana Mendelievich, la mujer que habría coordinado encuentros sexuales entre alumnas y personas ajenas a la organización, también tramita la prisión domiciliaria, pero su pedido está demorado.

Herrero administraba la Clínica Medicina Integral, ubicada en Abasto. Allí se hacían las “curas de sueño” eran utilizadas, según el expediente, por la organización para “disciplinar y aleccionar a los alumnos que se negaban a cumplir con las órdenes, o tranquilizar a quienes se encontraban alterados o deprimidos y debía ser costeado por el alumno al que se le impusiera”. Personas ajenas a la organización también solicitaban el procedimiento. La mayoría de ellas es norteamericana y se enteraban del “tratamiento” por la difusión que hacían en los Estados Unidos las distintas filiales que la Escuela tenía en el país. Herrero tiene 71 años, por eso pide la prisión domiciliaria.

Susana Mendelievich, según la causa, regenteaba el Geisheado VIP, es decir, estaba a cargo de la selección de “alumnas” de la Escuela para ofrecerlas en servicios sexuales. En un audio difundido, Mendelievich coordina un encuentro sexual con un hombre que sería Plácido Domingo. El tenor se despegó hace unos días de la secta. Sin embargo elDiarioAR pudo comprobar que está relacionado con la organización desde hace, al menos, 26 años.

De los 19 detenidos, hay 17 en dependencias policiales. Los varones permaneces en la alcaidia de Madariaga y las mujeres, en la de la calle Cavia, en Palermo. El arresto domiciliario es un beneficio al que puede acceder un imputado que se encuentra detenido en una causa penal. Esto aplica tanto a detenidos que se encuentran procesados con prisión preventiva como a personas con sentencia firme que están cumpliendo su condena en prisión. Se trata de una medida excepcional que está en manos de los jueces de Ejecución Penal. Desde su reforma de 2008, la Ley 24.660 contempla seis supuestos en los que se puede basar el juez para conceder una prisión domiciliaria: cuando la permanencia en un establecimiento del servicio penitenciario le impida al detenido tratar adecuadamente una enfermedad y cuando un detenido supere los 70 años de edad, por ejemplo.

VDM/MG

El día que Marcela (nombre ficticio) viajó desde su Brasil natal hasta el norte de Portugal tenía 500 euros, una reserva de hotel de una semana, el pasaporte y la promesa de seis meses de trabajo cuidando a niños o limpiando hogares. Estaba equivocada: llegaba a Europa para ser esclava, para ser prostituida.

“Después de una semana de turismo en Portugal, nos encerraron y nos contaron la verdad. Teníamos una deuda inicial de 5.800 euros, más añadidos”, explica a Efe Marcela, superviviente de explotación sexual y trata en Portugal y España.

La esclavitud moderna “no es más que la esclavitud de la antigüedad llevada al mundo contemporáneo”, según Carolina Rudnick, presidenta de la fundación chilena Libera, contra la trata de personas y la esclavitud, y añade que dentro de ella se encuentran los delitos como trabajo forzado, servidumbre por deuda, proxenetismo o venta de niños y niñas.

Diecisiete años después, Marcela trabaja en España como mediadora social-lingüística en la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), y asegura que lo más importante es “el proceso de recuperación de cada mujer o niña”, que tiene que empezar siempre “desde dentro y hacia fuera”.

Naciones Unidas, en el último informe global sobre trata de personas de 2020, estima que 40 millones de personas se encuentran en situación de esclavitud.

EL CASO DE AMÉRICA LATINA: ENTRE EL HAMBRE Y LA ESCLAVITUD

Rudnick explica que, en Latinoamérica, no sólo existe una “criminalidad organizada”, también cuenta con “una gran masa de trabajadores irregulares”, fáciles de captar por los explotadores.

“Los captan a través de ofertas de trabajo. El migrante va a decir que sí, a pesar que sea menos del salario mínimo y con unas condiciones de vida degradantes porque, entre el hambre y la esclavitud el migrante siempre elegirá la esclavitud”, apunta.

La migración irregular transformó al migrante “en un delincuente a ojos de la sociedad”, según la directora de Libera, quien añade que, por este estigma, muchos de ellos “nunca se atreven a denunciar” y sólo cuando son abandonados logran ser detectados a través de las ONG con las que trabajan en la fundación.

LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ESPAÑA

Según datos de Naciones Unidas, España encabeza el “ranking” de prostitución europeo y es el tercer país a nivel mundial y, como remarca Rocío Mora, directora de APRAMP, “dentro de la explotación sexual en el país, la violencia más brutal se ejerce a mujeres y niñas”, ya que el 64 % de los casos que denunciaron en 2021, comenzaron siendo menores de edad.

“Cuando una mujer te dice que desarrolla unos 40 ‘servicios sexuales’ al día te das cuenta de que es algo abusivo. Siempre lo comparo con la extracción de órganos, ¿por qué yo no puedo pagar porque tú me des un pulmón pero sí vemos que una mujer sea penetrada, y que hagan con su cuerpo lo que quieran a cambio de dinero?”, plantea.

APRAMP es la primera organización que cuenta con una escuela de formación para supervivientes de la trata, que atienden a 59 nacionalidades, y les “sorprende” la entrada masiva de mujeres colombianas, venezolanas y hondureñas, según Mora.

LA ESCLAVITUD, UN NEGOCIO RENTABLE

La esclavitud es “un negocio super lucrativo”, afirma Carolina Rudnick, con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hablan de que el mercado de la trata ronda los 150 billones de dólares al año.

Marcela reconoce que ha generado “mucho dinero a la mafia” pero que ella “no ha ganado nada”, pasando una semana con un putero llegó a producir 14.000 euros a los proxenetas e insiste en que “la prostitución no es el oficio más antigüo del mundo, lo es el seguir mirando hacia otro lado”.

“Cuando había redadas de la policía teníamos que mentir y decir que habíamos venido con nuestro propio dinero. Mis proxenetas llegaron a amenazarme con que me picarían en trocitos, me meterían en una maleta y me tirarían al río Guadalquivir (Sevilla), porque detrás de mí vendrían otras diez”, remarca.

Por Paula Urrutia, para la agencia EFE.

IG

Cuando se piensa en femicidas, se piensa en los novios, maridos o familiares de las víctimas. Cuando se piensa en el lugar del crimen, las estadísticas arrojan que el hogar o la vía pública son los principales escenarios de los asesinatos. Pero, ¿qué sucede con los femicidios en trata y prostitución? ¿Quiénes las matan, por qué, dónde? Esas preguntas guiaron a las investigadoras del Programa de Estudio, Formación e Investigación sobre Trata y Explotación (PEFITE) de la Secretaría Académica de La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) , quienes plantearon como la prostitución, al ser una forma de violencia sexista distinta a las del ámbito doméstico o conyugal, aguiza el riesgo de femicidio.

La prostitución, al ser una forma de violencia sexista distinta a las del ámbito doméstico o conyugal, aguiza el riesgo de femicidio

La investigación hecha luz a un fenómeno poco investigado en la región y en el mundo: los asesinatos cometidos contra las mujeres en situación de prostitución y trata.El estudio fue presentado en la Feria del Libro 2022 por PEFITE en el stand de la Defensoría del Pueblo. Mediante un minucioso relevamiento de los 38 femicidios (identificados en medios impresos y digitales, locales y nacionales) cometidos en la Argentina en el periodo 2015-2020, las investigadoras analizaron los puntos en común y la cobertura mediática que recibieron; dos ejes clave para comprender no solo quiénes las mataron, cómo, dónde y por qué, sino cómo sus historias fueron contadas por los medios de comunicación.

Desarrollada durante el 2020 y 2021, la investigación fue dirigida por la directora del PEFITE, Alika Kinan (la primera sobreviviente del delito de trata con fines de explotación sexual que impulsó y ganó un juicio contra sus proxenetas y el Estado), y coordinada y redactada por la doctora Esther Pineda, socióloga e investigadora en materia de femicidios. Fue integrada, además, por un grupo multidisciplinario de jóvenes de entre 21 y 24 años -Candela Fernández Casabat, Lucía Rennella, María Flores, Sofía Becce, Sol Tobía y Victoria Pinillo- comprometidas con la lucha contra la trata y prostitución.

Mediante el proceso de relevamiento y sistematización de los casos, las profesionales se aproximaron a la problemática y caracterizaron el fenómeno a partir de información clave sobre las víctimas, sus agresores, las modalidades, motivaciones y el sitio del crimen y el estatus procesal de los casos.

En el transcurso de la investigación identificaron 38 víctimas de femicidio directo por trata y prostitución entre los años 2015 a 2020. 3 de estos casos identificados fueron cometidos durante el año 2015, 10 de ellos en 2016, 5 en el año 2017, 10 a lo largo de 2018, 5 en 2019 y 5 en el año 2020.

En los registros oficiales de Argentina, la cifra de mujeres en situación de prostitución y trata víctimas de femicidio alcanza el 3,6% (del 2017 a 2019). Para las investigadoras, sin embargo, existe un sub registro de estos crímenes porque en oportunidades no son reconocidos como femicidios por las autoridades y las investigaciones se cierran rápidamente, lo que provoca que las víctimas sean revictimizadas.

14 de los casos fueron perpetrados en la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, dato que denotaría cómo en el ámbito urbano las mujeres tienen más riesgo de ser víctimas de femicidio en el contexto de la trata y prostitución. Le siguieron las Provincias de Santa Fe, Chaco y Neuquén, las cuales, según índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), alcanzan altos índices de pobreza, particularmente las ciudades de Resistencia con 52%, Neuquén con 33,5% y Gran Santa Fe con 38,6%. “Esta situación de existencia de mayores índices de precariedad en determinadas localidades podría estar favoreciendo que las mujeres sean captadas por las redes de trata, incrementando el riesgo de que sean víctimas de diversas formas de vulnerabilidad, violencia sexista y del delito de femicidio”, ilustra la investigación.

De las 38 víctimas, 35 estaban en trata -lo que equivale al 92%-, y solo en 3 de los casos existió la agravante de secuestro -lo que corresponde al 7,8% de los casos-. Este dato rompe con uno de los imaginarios más comunes de la trata de personas con fines de explotación sexual: que las víctimas son captadas únicamente mediante el secuestro y que únicamente las mujeres que son captadas de esta manera son las “verdaderas” víctimas. Para las investigadoras, existe una gran diversidad de métodos de captación y situaciones de vulnerabilidad que ponen a las mujeres en riesgo de ser víctimas de las redes de trata o que las llevan a estar en situación de prostitución.

“Para el imaginario social, la única forma en que una mujer puede ser captada por una red de trata es mediante el secuestro en una Traffic blanca”, dijo Alika Kinan a elDiarioAR. “Este imaginario tranquiliza a la sociedad: sus hijas y mujeres no correrían peligro. Pero nosotras luchamos contra esta teoría, porque los métodos de captación son cada vez más diversos e inimaginables. Los tratantes hacen uso del enamoramiento y/o de la condición previa de vulnerabilidad de las mujeres, como la pobreza”. En países donde hay un contexto económico hostil sobre las mujeres, dijo Kinan, el secuestro ni siquiera es necesario: las mujeres ‘acceden’ a la prostitución para poder sobrevivir; “no hay una iniciativa o voluntad libre, sino que son empujadas por la pobreza, la cultura, y la falta de oportunidades”.

Otro dato interesante arrojado por la investigación es que la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres de nacionalidad argentina, una tendencia en aumento en los últimos años. Según las estadísticas del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata del Ministerio de Justicia, entre el 2017 a 2021, 78% de las víctimas de trata sexual identificadas -en los llamados recibidos en la línea 147- fueron de nacionalidad argentina. En el 2021, el número de las víctimas argentinas alcanzó el 92% del total. Según el PEFITE, estos datos permiten desmontar el imaginario de que la mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras trasladadas a otros países para ser explotadas, al mismo tiempo que pone de manifiesto la gran magnitud y gravedad que esta problemática alcanzó en Argentina.

La edad promedio de las víctimas de femicidio total de Argentina en el 2020 fue de 38 años, siendo el grupo etario con la tasa más alta el de 35 a 44 años (Corte Suprema de la Justicia de la Nación). En lo que respecta al grupo etario de las víctimas de trata y prostitución, las investigadoras identificaron que la edad promedio es de 31 años. El que la mayoría de las víctimas se encontraran en edad reproductiva dio indicios de que la expectativa de vida de las mujeres es baja, o que, en concordancia con los cánones y expectativas de belleza instalados en la sociedad, la industria de la explotación sexual se sostiene principalmente en la explotación de las niñas y mujeres jóvenes, por lo cual sus cuerpos dejan de ser considerados rentables y explotables cuando superan los 45 o 50 años.

Según la investigación, 18 de los crímenes fueron perpetrados por un varón “cliente” prostituyente, en 10 de los casos el agresor fue el tratante, proxeneta o explotador sexual; en 3 de los casos el femicidio fue cometido por el secuestrador que privaba de su libertad a las mujeres para explotarlas sexualmente, 1 de los casos fue perpetrado por la pareja o expareja de la víctima y no existe información para los 6 casos restantes.

El grupo etario de los agresores va desde los 17 años hasta los 70, teniendo como edad promedio los 40 años, dato que contribuye a desmitificar los estereotipos construidos en torno a los hombres prostituyentes, quienes: “Siguen siendo asociados a hombres de avanzada edad y pertenecientes a los estratos más pobres de la población”. Al mismo tiempo, el dato mostró como la cosificación de las mujeres y la socialización de los varones para el ejercicio de la violencia sexista se inicia a muy temprana edad.

Con el fin de presionar su legalización, el discurso más fuerte frente a estos femicidios (proveniente, por ejemplo, de los sindicatos de mujeres prostituidas) tiende a mostrarlos como una consecuencia directa de la falta de regulación en las condiciones del “ejercicio” de la prostitución. Sin embargo, para el PEFITE, ya sea en hoteles, departamentos o la vía pública, las mujeres en situación de prostitución se encuentran en riesgo de ser víctimas de femicidio con independencia del lugar donde estén siendo explotadas.

“Ante la ocurrencia de estas agresiones sexistas contra las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, pocas veces se imputa o juzga por el delito de femicidio”, aclara el informe hacia el final. La mayoría de los condenados lo fueron bajo la tipificación de homicidio simple o por homicidio agravado, y solo dos de ellos fueron condenados a cadena perpetua, lo que pone de manifiesto que si bien los crímenes cometidos contra las mujeres son en menor medida perseguidos y sancionados: “Este desinterés, negligencia e impunidad se profundiza cuando la víctima es una mujer que se encontraba en situación de trata y explotación sexual”.

Motivaciones de los agresores para la comisión del delito de femicidio de mujeres víctimas de trata y explotación sexual

Por último, las investigadoras identificaron las motivaciones para la comisión del delito que sirven para comprender más a fondo esta problemática.

“En oportunidades, los crímenes son perpetrados durante los encuentros sexuales,  ante la resistencia de estas mujeres a realizar algún tipo de práctica sexual o ante el desacuerdo en las condiciones establecidas para el encuentro sexual”, dice el informe. Ante esta situación, el agresor arremete contra la mujer con violencia letal. Otras veces, sucede tras la consumación del acto sexual y el surgimiento del temor a ser descubiertos por su entorno familiar, laboral o comunitario, es decir, cuando ven amenazados su contexto de vida tradicional, status y privilegios.

Algunas víctimas con frecuencia son asesinadas por sus tratantes y proxenetas como mecanismo para afirmar su autoridad cuando las mujeres intentan o desean salir de la explotación sexual, para evitar saldar deudas con las mujeres prostituidas, o cuando estas dejan de ser consideradas útiles y rentables por estos explotadores sexuales. Así mismo, otras víctimas son asesinadas en el contexto de la trata con fines de explotación sexual con agravante por secuestro: “Estos casos con frecuencia tienen lugar cuando la desaparición ha sido denunciada y la víctima es buscada, lo cual se realiza como último acto de agresión contra la mujer y como un medio para evadir la justicia”.

Para Alika Kinan, los femicidios en trata y prostitución desenmascaran una cruda realidad: los varones se consideran dueños de las mujeres por haberlas pagado. “Los prostituyentes no pagan por sexo, pagan por la impunidad de violar”, explicó la sobreviviente a elDiarioAR. “El femicidio es la última instancia de un cúmulo de violencias que se practican previamente sobre la mujer en situación de trata o prostitución: violencia económica, patrimonial, sexual, psicológica y simbólica”.

LR

Entre los años 2001 y 2012, una banda de proxenetas sometió a 25 mujeres de bajos recursos, quienes fueron explotadas laboral y sexualmente en lapsos de un día hasta los seis años. Los delincuentes, dos varones y cinco mujeres, gracias a un acuerdo firmado con la Justicia federal de Córdoba, fueron sentenciados hoy a penas de hasta cuatro años de prisión y -lo novedoso- deberán indemnizar a sus víctimas con una suma de $ 31 millones.

Hace una semana, el fiscal federal Carlos Gonella acordó que los siete acusados aceptaran el monto de las penas que la jueza Noel Costa del Tribunal Oral Federal N° 2 les impuso esta mañana en un juicio abreviado -reconocieron su culpabilidad en la explotación de las 25 mujeres, y del lavado de activos provenientes del delito de trata de personas con el fin de su explotación sexual-; además de ofrecer diversos bienes como propiedades y vehículos de alta gama para ser rematados y cubrir el monto de las indemnizaciones. 

En plena crisis de 2001, con el país incendiado y sin horizonte a la vista, mujeres jóvenes cayeron ante la tentación de dinero rápido: trabajar como coperas, un eufemismo con que los proxenetas llamaron a las prostitutas que contrataron para sus whiskerías Faraón, Macarena, Play Man, Candela y un quinto local sin nombre de fantasía, todos ubicados en las inmediaciones de las calles La Rioja y Tucumán, en pleno centro de esta Capital.

Aprovechando la crisis que atravesaba el país, Fabio Ricardo Barey (49) -conocido en Córdoba como “El zar de la prostitución”- y su hermano Daniel Alejandro Barey (42); montaron esta red de trata y explotación sexual que funcionaba a plena luz del día, con locales públicos y a la calle. La banda, además estaba integrada por la madre de los Barey; Mafalda Edith Ceballos (73); una tía, Selva del Valle Ceballos (81); María Cristina Andino (48); Marcela Elizabeth Guzmán (47) y Graciela Mabel González.

Dos décadas después de haber iniciado esta empresa de explotación sexual, los sospechosos fueron condenados y deberán indemnizar a las 25 mujeres con montos que llegan a más de $ 5 millones. De las 25 víctimas explotadas entre 2001 y 2012, hay cuatro que sólo trabajaron un día en los departamentos y whiskerías comandadas por los hermanos Fabio Ricardo Barey y Daniel Alejandro Barey; mientras que hay otras dos víctimas que fueron explotadas durante seis años, siendo las que mayor período pasaron bajo las órdenes de esta organización. Las cuatro primeras mujeres serán indemnizadas con $ 2.614; mientras que las últimas dos, que pasaron la mayor cantidad de tiempo ejerciendo la prostitución en los locales del centro cordobés, serán resarcidas con $ 5.777.046.

La semana pasada, el fiscal Carlos Gonella, la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano; y especialistas de la Dirección Nacional de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación; acordaron con los defensores de los imputados, el mecanismo de indemnización a las víctimas, como parte de su reparación integral.  

“Acá hay que destacar la labor del fiscal Enrique Senestrari, que fue un adelantado y ya en 2014 había planteado reparar económicamente a las 25 víctimas con dinero secuestrado a sus explotadores. La reparación económica es un primer paso; a estas mujeres vulnerables y vulneradas hay que devolverles la dignidad, y para eso hay que hacer un abordaje integral que incluye asistencia psicológica, financiera, acceso a la vivienda y a un empleo; contención a las víctimas y a sus hijos, entre otras medidas tendientes a que estas mujeres lleven una vida digna”, señaló el fiscal Gonella a elDiarioAR.

Para pagarles a las 25 víctimas del clan Barey un desembolso total de $ 31 millones, la Justicia rematará un chalé en calle Carlos Becú al 2700 de barrio Jardín, cerca de la Ciudad Universitaria; un departamento en calle Roma al 1.100 de barrio General Paz y los locales donde funcionaron las whiskerías en calle La Rioja, pleno centro de esta Capital. Además se subastarán cinco vehículos: un Audi A4, un Audi A3, un BMW, un Suzuki Swift y una Suzuki Vitara.

Vulnerables

En una prolija investigación iniciada en marzo de 2012 con el allanamiento a las whiskerías del centro cordobés, el fiscal federal de instrucción Enrique Senestrari determinó que los hermanos Barey “dispusieron, sostuvieron y administraron cinco ‘prostíbulos’ o ‘casas de tolerancia’”; que en todos esos lugares “fueron explotadas sexualmente 25 mujeres, todas ellas de nulos recursos económicos, instrucción incompleta, sin trabajo, residentes en viviendas prestadas y/o muy precarias, casi todas madres solteras o separadas con numerosos hijos a cargo, varias de ellas víctimas de violencia familiar y/o en condiciones de indefensión por diversas circunstancias sociales”.

Senestrari logró demostrar que “para darles trabajo”, los hermanos Barey entrevistaron a las víctimas personalmente o “por expresas instrucciones suyas a través de Brenda Artaza, Adolfo Cordero, José Baracat y Agustín Cabrera Reimondi, quienes eran los encargados de los locales. Como conocían las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, los procesados les ofrecieron desempeñarse en los bares atendiendo y/o tomando tragos con los clientes para luego prestar los servicios sexuales a los clientes/prostituyentes que así lo pidieran”.

El fiscal investigador señaló además que los proxenetas “les exigían la entrega del 50% del dinero que produjeran y haciéndoles pagar de sus propios bolsillos los gastos de vestimenta, alimentos, medicamentos, carnets sanitarios, etc. Estas exigencias eran aceptadas por las víctimas dado que por su vulnerabilidad no veían otra alternativa que someterse a los designios de los encartados para poder subsistir”.

Absueltos

Con la abundante prueba colectada, el clan Barey fue a juicio; y en octubre de 2014 el Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará absolvió en un polémico fallo a todos los imputados. Sólo fueron condenados los hermanos Barey, por violación a la Ley de Profilaxis, y debieron pagar una multa de $ 50 mil.

Esa vez, hace siete años, los jueces federales Falcucci, Díaz Gavier y Muscará accedieron al planteo del entonces abogado defensor de los Barey, Marcelo Brito, quien pidió que se giren los antecedentes de la causa para que se investigue al fiscal Enrique Senestrari durante la instrucción, al considerar que supuestamente dio la orden de distribuir las recaudaciones de los locales entre las 25 víctimas. Brito había sido fiscal General del gobierno de José de la Sota y estaba abiertamente enfrentado con el fiscal Senestrari, a quién acusó, además de “actuar bajo el amparo de la procuradora general (Alejandra) Gils Carbó”, por solicitar ante el juez que el dinero secuestrado fuera dividido entre las víctimas.

El propio Senestrari había explicado que “yo no determiné nada, quién determinó que se distribuya ese dinero fue el juez de la causa; además, cuando la Justicia actúa en estos centros, no hay capital del explotador o patrón, todo el capital lo generaron las víctimas; por lo que los diversos tratados internacionales sobre los delitos de trata, establecen que el dinero secuestrado debe repartirse entre las víctimas”. El fiscal también aclaró que “las víctimas son rescatadas con lo puesto y muchas veces ese dinero que se les entrega sólo les alcanza para pagarse el pasaje de regreso a sus lugares de origen y para comprar un kilo de carne o un litro de leche a sus hijos”.

En ese juicio de octubre de 2014, el fiscal de Cámara, Maximiliano Hairabedian, había solicitado la pena de 5 años de prisión para los hermanos Barey; además había solicitado la condena en suspenso para la encargada de uno de los locales y la absolución de los otros cuatro imputados.

Un año después, en octubre de 2015, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que se realice un nuevo juicio a dos hermanos Barey, aunque en un nuevo tribunal. Senestrari ya había iniciado, además, otra investigación por el delito de lavado de activos. La Cámara, al ordenar un nuevo juicio contra los proxenetas, fustigó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 al señalar que “analizó superficialmente el concepto de vulnerabilidad” de las 25 víctimas.

Entre los allanamientos de marzo de 2012 y la sentencia de hoy del Tribunal Oral Federal N°2, los hermanos Barey pasaron en prisión 2 años y siete meses; y ya no se dedican más a la explotación de mujeres, porque en mayo de 2012, dos meses después de ser allanados, el gobernador José de la Sota envió a la Legislatura la Ley 10.060 que prohíbe en todo el territorio provincial la explotación de comercios destinados a la prostitución; además de crear la Secretaría de Lucha contra la Trata. Los hermanos Barey llegaron al juicio en libertad y seguirán libres porque ya cumplieron parte de la pena.

Para pagar su deuda con la sociedad y sobre todo con sus víctimas, Fabio y Daniel Barey cambiaron de abogado defensor y de estrategia penal. La defensa de Brito, quién planteó que los proxenetas no eran explotadores, estuvo cargada de un simbolismo político que no surtió efecto legal y los volvieron a acusar. Esta vez, los hermanos y su madre Mafalda Ceballos admitieron haber comandado una banda de tratantes y explotadores sexuales y accedieron a reparar, en parte, el daño causado; siguiendo los consejos del defensor oficial Rodrigo Altamira. El otro defensor oficial, Julio Aliaga, asesoró en el mismo sentido a la tía de los Barey, Selva Ceballos y a María Cristina Andino, una de las encargadas de los locales. Y los penalistas Luis Obregón y Enrique Pérez Aragón también coincidieron en que sus defendidas Marcela Guzmán y Graciela González debían aceptar el acuerdo propuesto por el fiscal Gonella y la Protex.

Beneplácito

El abogado magister José D’Antona, especialista en el combate contra la trata de personas, representante de Susana Trimarco, mamá de Marita Verón y titular de la Fundación María de los Angeles se mostró “muy conforme” con el fallo de hoy: “La verdad que este fallo es una grata noticia. Hay que rescatar efectivamente, por un lado, el minucioso, exhaustivo y muy pormenorizado trabajo del doctor Senestrari en orden a la consecución de los bienes y toda la tarea realizada; estamos ante lo que se llama un juicio de reenvío; el fiscal Gonella, siguiendo la tarea del doctor Senestrari pudo darle forma a tratar de que esto vuelva, no del modo clásico y tradicional con las clásicas condenas; sino que en definitiva haya para las víctimas lo que uno suele tener en perspectiva que, más allá de la punición, la sanción penal; qué más, que va en sintonía con los reclamos de los distintos sectores como la Fundación María de los Angeles, se viene propiciando una reforma de la ley justamente en este sentido, de reparación de las víctimas. Por eso, justamente este fallo de la doctora Noel Costa, que también recogió favorablemente el trabajo de los fiscales, va en exacta y perfecta sintonía con lo que estamos reclamando desde distintos sectores, en orden a una reforma de la ley que, entre otras cuestiones, haga mucho foco en las víctimas y en la cuestión de determinadas situaciones patrimoniales. La verdad es que celebramos este fallo”.

Por su parte, María Amelia Chiofalo, primera secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la Provincia de Córdoba, también aplaudió la investigación de los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella y el fallo de la jueza federal Noel Costa: “Ya en 2013, Alfredo Palacios, reconocido diputado socialista, sostuvo que estos delitos de trata y explotación sexual debían incorporarse en el Código Penal y denunció el tráfico que se practicaba con mujeres de aldeas de Rusia: ”Jóvenes incautas que traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas“. Eso mismo pasó con estas 25 víctimas que apenas hace una década eran sometidas en pleno centro de la ciudad de Córdoba y a la vista de todos, con carteles luminosos invitando al mal llamado cliente/prostituyente a someterlas. Un siglo después de los dichos de Palacios denunciando lo sucedido con las jóvenes traídas del Este de Europa; pasó lo mismo en nuestra provincia y en todo el país; donde las víctimas son paraguayas, dominicanas, mujeres de otras provincias y de Córdoba, explotadas aquí, en otras regiones o en el extranjero”.

La ex funcionaria le dijo a elDiarioAR que “cuando asumió su tercer gobierno en diciembre de 2011, el gobernador De la Sota tomó la decisión de cortar de raíz este flagelo, y seis meses después, en mayo de 2012, la Legislatura, a instancias del Gobierno de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial 10.060 y su decreto reglamentario 582 con la que se prohibieron los prostíbulos encubiertos como las llamadas whiskerías, cabarés o departamentos privados; lugares de explotación sexual, destino por excelencia de las víctimas de trata de personas”. 

Chiofalo destacó que “el fallo de la doctora Costa y las sucesivas acciones de los fiscales Senestrari, Hairabedian y Gonella le han puesto voz a las voces de estas 25 víctimas, que representan a las miles de víctimas que hoy a lo largo del país y en el mundo sufren el flagelo de la explotación. Todos los días vemos que a fuerza de engaños, amenazas, miedo, abusos, explotación, golpes, violaciones, secuestros y muertes; siguen sumándose víctimas a este sistema explotador. Este fallo, que repara en parte el daño sufrido por estas 25 víctimas, es la voz de miles de mujeres desaparecidas, tratadas y explotadas, despojadas de su humanidad para alimentar la perversa maquinaria de la trata de personas que tritura sus vidas para alimentar la explotación sexual. Es un fallo para sentar precedente y avanzar en más derechos para las víctimas”.

GM