Una fila de cadáveres sobre el asfalto, frente a una guardería pública, colocados unos junto a otros en una sucesión que parece interminable, que se pierde en el punto de fuga de la foto. La imagen del megaoperativo policial de esta semana en Río de Janeiro es la de los muertos recuperados y trasladados por sus propios familiares a esa especie de fosa común callejera. Una imagen que cristaliza la idea que la ultraderecha intenta instalar como nueva norma: la seguridad como derecho justifica incluso saltarse otros, en concreto, los derechos humanos. 

El gobernador bolsonarista Claudio Castro aseguró que la operación policial –que tenía como objetivo un centenar de detenciones en dos favelas– fue un “éxito”, pese a ser la más letal de la historia de la ciudad brasileña, con más de 130 muertos. “Exceptuando la vida de los (cuatro) policías fallecidos, el resto fue un éxito”, afirmó Castro, que aseguró que si hay “errores en la clasificación” de los asesinados, serán “residuales”.

Esta misma semana, Estados Unidos perpetró otro ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, matando a cuatro personas. Es el último de los bombardeos contra pequeñas embarcaciones que, sostiene el Gobierno de Donald Trump sin aportar ninguna prueba, transportan droga para supuestas organizaciones criminales. Este tipo de operaciones realizadas en jurisdicción de otros países, como Venezuela o Colombia y sin orden judicial, dejaron ya más de 60 muertos. 

Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona. Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica

Sonia Andolz — Universidad de Barcelona

También esta semana, el presidente de El Salvador Nayib Bukele celebraba en sus redes que un periódico húngaro convirtiera su apellido en verbo. The European Conservative, un medio en inglés alineado con el líder ultra Viktor Orban, hablaba de bukelear como “solucionar un problema que los liberales consideran ‘demasiado complicado’, simplemente ignorando sus excusas prolijas y haciendo lo obvio”.

Excusas prolijas como un proceso o un juicio justo, el respeto por el orden institucional e incluso la soberanía de los países. “Hay una progresiva normalización de las ideas de extrema derecha, una maximización de temas, lemas y discursos cada vez más radicales. En buena medida porque partidos de la derecha mainstream compran parcialmente estos relatos”, explica Steven Forti, historiador especialista en extremas derechas. 

La guerra contra ‘los otros’

La idea de la seguridad como bien a defender sobre todas las cosas no es nueva. “El 11S se aprovechó para iniciar lo que Bush llamó la guerra global contra el terror”, analiza Sonia Andolz, profesora asociada de Política Internacional en la Universidad de Barcelona. “En cambio, en la última década el discurso de las ultraderechas está más vinculado con la seguridad policial y la mano dura”.

Este discurso apela a sectores de la población muy claros: “A los que saben que la desigualdad es muy grande y entonces sienten que necesitan proteger sus bienes y a los más desfavorecidos, que sienten que lo poco que tienen también está en peligro”, desarrolla Andolz.

En Estados Unidos, la supuesta preocupación por los índices de criminalidad –desmentidos por las estadísticas oficiales– justificóa otra de las grandes políticas de seguridad de Trump: la militarización de varias ciudades –casualmente, demócratas–. En total ya son cinco las urbes en las que el presidente intentó imponer la intervención de las fuerzas federales: además de la capital, Washington, desplegó tropas en Los Ángeles, Chicago, Portland y Memphis. Desplegó una fuerza militar (ICE) para perseguir a personas migrantes, que terminan en centros de detención en los que están ilocalizables y muchas veces no saben ni siquiera de qué se les acusa. 

“El de la seguridad es un caballo de batalla de la extrema derecha desde siempre, como mínimo desde los años 80, con partidos como el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen en Francia, que lo vinculaba directamente a la inmigración”, apunta Forti.

El problema se agrava cuando lo replican otras fuerzas y termina instalándose en el discurso como una realidad. “La verdad es que cuando un partido bombardea con un tema constantemente, tarde o temprano le empieza a ser rentable. Y desde ahí se copia y se expande. Basta ver lo que sucede con Vox y el PP”, remacha el historiador. 

Bukele como referente (y como verbo)

¿Y de qué hablan los medios ultras cuando dicen bukelear? Tras el 'milagro' de la reducción de los niveles de criminalidad en El Salvador, el presidente se convirtió en un verdadero referente de la persecución del delito, incluso cuando es señalado por llevar sus políticas al límite de la legalidad e incluso atravesando de las líneas rojas de los derechos humanos. 

Un informe de Amnistía Internacional recoge que desde el comienzo del estado de excepción en El Salvador en 2022 hasta el final de 2024 se habían registrado 83.900 detenidos, acusados de delitos relacionados con las pandillas. Pero según las organizaciones locales de derechos humanos, un tercio de esas personas no pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes penales. Un informe especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el estado de excepción había dado lugar a detenciones arbitrarias masivas, violaciones sistemáticas de derechos humanos y restricciones sobre el derecho a la defensa. 

Entre marzo de 2022 y marzo de 2023, la Sala de lo Constitucional admitió solo el 1,6% de las peticiones de hábeas corpus presentadas en el estado de excepción y sólo el 0,4% de los casos se resolvió favorablemente. Además, las organizaciones destacan los niveles de hacinamiento críticos del sistema penitenciario, con un índice de ocupación del 350%, según las ONG locales. 

Pero el que se autodefine como “el dictador más cool del mundo” en su perfil de redes sociales introdujo un elemento que se volvió fundamental para este relato de las nuevas ultraderechas: el espectáculo. 

La foto de los cadáveres o de parte del operativo tomada con drones en Río de Janeiro, los videos de bombardeos a las lanchas que la propia administración Trump difunde en redes, son una forma de generar más impacto en la población y fijar el mensaje. Y tuvieron su punto más disruptivo cuando Bukele hizo posar a los detenidos con las cabezas gachas en filas interminables, vestidos solo con ropa interior y dejando ver sus característicos tatuajes. 

“La ‘espectacularización rebelde’ es la manera en que la extrema derecha está comunicando estos discursos”, confirma Forti. “Hay un tipo de política ahora mismo de machos alfas, de personas narcisistas que realmente lo hacen girar todo en torno a su persona”, agrega Andolz. “Venden la idea de que son garantes de esa seguridad, prometen una estabilidad y una calma que encuentra mucho eco en momentos de incertidumbre social y económica”, explica. 

El señalamiento del otro como enemigo, la espectacularización del castigo y la exhibición de fuerza y poderío transmiten la idea de que hay alguien al mando para protegerte del peligro que sentís. Una sensación amplificada por el discurso en las redes, y “alimentada por la circulación de fake news, que mueven pasiones tristes y emociones negativas como el miedo y el odio”. Y así la rueda sigue girando.

Thiago Correa, el nene de 7 años que había sido herido por una bala perdida durante un tiroteo en Villa Madero, murió en las últimas horas de este viernes y su familia confirmó la noticia entre lágrimas con un conmovedor pedido de justicia.

“Primero que nada quiero informarles que tuvimos el fallecimiento de Thiago. Es muy doloroso para todos, más para nosotros. Ella es la mamá de Thiago. Más que nada pido disculpas… y muchas gracias por estar”, expresó el padre del niño ante la prensa, visiblemente conmocionado.

Entre sollozos, su madre agregó: “Necesito justicia. Justicia por Thiago, por favor. Esto se tiene que pagar como tiene que ser”.

El menor había sido herido en la cabeza el miércoles a la noche, cuando un policía federal se enfrentó con tres delincuentes que intentaron asaltarlo en el cruce de las calles Crovara y Madrid. Durante el tiroteo, una de las balas disparadas por el efectivo rebotó en el suelo e impactó en el cráneo del pequeño, que esperaba el colectivo con su familia.

La causa, que investiga la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, está caratulada como “homicidio y lesiones graves, en el marco de tentativa de robo en lugar poblado y en banda con arma de fuego cuya aptitud no pudo acreditarse”. El agente continúa detenido por “exceso en la legítima defensa”.

MM con información de la agencia NA.

Jeremías Sosa sufría ataques de pánico. En la noche del 22 de febrero, cuando visitaba a su hermana en Olivera, partido de Luján, se asustó por el ruido de una moto y empezó a correr. Un vecino dio el alerta y la voz corrió de boca en boca: era un ladrón. Perseguido y acorralado, entre seis y diez personas lo golpearon hasta provocarle la muerte mientras otras azuzaban a los agresores. Tenía 31 años, era padre de dos hijos y trabajaba como albañil.

El asesinato de Jeremías Sosa representa un caso extremo pero no aislado de un nuevo tipo de violencia: el que ejercen vecinos contra personas a las que acusan por delitos reales o imaginarios. “Las tentativas de linchamientos, las detenciones vecinales, las quemas intencionadas de viviendas con la expulsión de habitantes de un barrio, forman parte de repertorios securitarios a disposición de la vecinocracia”, reflexiona Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

Vecinocracia “es el gobierno de los vecinos vigilantes”, según Rodríguez Alzueta, autor de un libro que enuncia la categoría desde el título: Vecinocracia. Olfato social y linchamientos (2019). Las acciones directas contra presuntos delincuentes “son maneras que tienen los vecinos de reponer umbrales de seguridad y certidumbre en el barrio y de gestionar una sanción moral que compense la falta de justicia y la desconfianza hacia la policía”, agrega el también director del Laboratorio de Estudios Criminales.

Según distintas versiones, los vecinos acusaron a Jeremías Sosa por los robos en general en la localidad de Olivera o por haber intentado un robo o por un robo del que nadie aportó detalles. Cuatro de los agresores están detenidos y otras cuatro personas tienen pedido de captura y permanecen prófugas. La fiscal María Laura Cordiviola investiga el hecho como homicidio agravado por alevosía, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Un devenir delincuente

“Hay cambios en las prácticas de vigilancia vecinal”, observa Manuel Tufró. El punto de referencia son los años 90, cuando la figura del vecino comenzó a erigirse en una autoridad sobre políticas de seguridad. “En ese momento y en los primeros 2000, los grupos de clase media tenían contacto con algún tipo de estatalidad para reclamar, interpelar o colaborar con la policía. En los últimos años, a medida que las lógicas de violencia y de degradación del tejido comunitario fueron avanzando, empezaron a aparecer prácticas muy distintas en los barrios populares, desde pasacalles que advierten sobre represalias contra delincuentes hasta acciones difundidas en redes sociales con carácter ejemplificador y disciplinante. En el fondo, es un devenir delincuente de los propios grupos”, agrega Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y autor de La patria chica. Genealogía política de la figura del vecino (2018).

En la mañana del 28 de febrero, un empleado de seguridad privada de 62 años iba en moto a su trabajo en General Rodríguez. De pronto observó que otro motociclista se ponía a la par, los vehículos se rozaron y ambos cayeron al asfalto. El vigilante extrajo un arma de fuego y ejecutó al desconocido porque tuvo miedo de que fuera un ladrón. La víctima, de 31 años, se llamaba Raúl Ricardo Kapelinski, carecía de antecedentes delictivos, estaba desarmado y trabajaba como jardinero.

“El temor por el delito era más de la clase media hacia la clase baja –sigue Tufró-. Ahora hay una preocupación extendida en barrios de sectores populares que están a la intemperie en cuestiones de seguridad. El cambio es el pasaje a la acción directa, porque los grupos de clase media del ciclo anterior apuntaron a generar reclamos a las autoridades, a la policía o a los medios de comunicación”.

Las agresiones vecinales se perpetran en grupo y definen además un nuevo motivo para el periodismo, el linchamiento que generalmente no se concreta por la intervención policial o de personas menos violentas. El título se repite: “Vecinos de Berisso casi linchan a un joven delincuente”, “Vecinos casi linchan a un delincuente en Luis Guillón”, “Casi linchan a un motochorro en Ramos Mejía”. Otros casos terminan en asesinatos, como el de Sosa, o el de David Moreira, de 18 años, apaleado por una decena de vecinos de barrio Azcuénaga, en Rosario, que además organizaron marchas de protesta cuando la Justicia intentó una investigación.

La figura del vecino, expone Tufró, es tan significativa por lo que define como por lo que excluye: trabajadoras sexuales, travestis, migrantes y hasta “los manteros de Once” según la prédica actual de la organización Buenos Vecinos: “Sigue siendo una forma de marcar diferencias desde un lugar moral, no solo con delincuentes sino con otras figuras que en el imaginario se asocian al delito pero que en realidad tienen que ver con usos del espacio público que van en contra de cierta mirada de clase media. Por otro lado, también sirve para diferenciarse de los políticos como una forma de organización supuestamente apolítica y por eso más legítima”, afirma el investigador.

Rodríguez Alzueta describe una especie de pedagogía de los medios de comunicación: “El vecino es aquella persona replegada en la esfera privada, abocado a su familia, es decir, alguien sin empatía, que tiene muchas dificultades para pensar sus problemas con las dificultades que tiene el otro. Ese vecino antipático solo está dispuesto a salir de su zona de confort para acceder al espacio público cuando es víctima de algún hecho. Aprendió viendo la TV que esa es la única forma de que su voz tenga quórum o legitimidad”.

La retroalimentación del fenómeno por parte de los medios de comunicación es una constante desde el doble crimen perpetrado el 16 de junio de 1990 por el ingeniero Horacio Santos contra los ladrones del estéreo de su auto. “La responsabilidad de los medios está en cómo crean la cotidianeidad en la que se insertan estos episodios, en cómo construyen de manera sostenida la idea del peligro y el miedo al delito. También existe una diferencia en ese sentido: si hace 25 años había una amplificación, una exageración de situaciones, ahora muchos casos dialogan con la experiencia real de los sectores populares. También hay medios que se colocan en el lugar de los linchadores, hablan desde ese punto de vista”, destaca el director de Seguridad y Justicia del CELS.

Tufró señala que la categoría del vecino fue central en la argumentación macrista en la era de la grieta y la confrontación con el kirchnerismo pero cayó en desuso con el discurso libertario. Rodríguez Alzueta observa otra articulación con la coyuntura política: “Milei no solo supo interpretar el descontento que la política fue acumulando en las últimas décadas, sino que le puso un megáfono al resentimiento y el odio que surcaban gran parte de la sociedad. La Libertad Avanza fue una puesta en valor de las pasiones bajas y también una interpelación. Sobre todo para los vecinos o grupos y grupetes de personas que se sienten llamados o empoderados alrededor de determinados temas como la seguridad”.

En el nombre del bien

En Rosario, el intendente Pablo Javkin sostiene sus discursos sobre los problemas de seguridad en la distinción entre buenos y malos vecinos. Sin mayores precisiones y como si los actores vivieran en universos separados, Javkin reproduce así los discursos de mano dura habituales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

Buenos Vecinos es el nombre del grupo de “vecinas y vecinos organizados, trabajando por el bien común desde 2012” que en abril denunció a una migrante peruana que vendía medias en la calle. Su cuenta de Instagram es una vocería de prensa de la Policía de la Ciudad y del gobierno de Jorge Macri, aunque también presume de hacer investigaciones y gestionar políticas por su cuenta, como el “plan antinarcos en la ciudad” para el que recolectan firmas en la calle.

“Ya en los 90 había grupos de clase media que intervenían para ejercer un control del espacio público y generaban vínculos con la policía en un sentido de colaboración. En realidad, amplificar la mirada y el discurso de la policía hacia el resto de la sociedad. Son funcionales a sus intereses. Buenos Vecinos sigue esa línea pero en un contexto en el que el discurso de La Libertad Avanza ofrece una nueva plataforma para desplegar racismo y discriminación explícitos; además encuentran eco en prácticas del gobierno de Jorge Macri en relación con el espacio público”, dice Tufró.

Hasta principios de los 2000, recuerda el director del CELS, “había un discurso sobre la necesidad de controlar a la policía y de la participación ciudadana como una forma de ejercer ese control; eso ha desaparecido”, apunta. Y concluye: “También el peronismo adoptó una política de Estado donde la policía es el principal y único instrumento de la seguridad”.

Rodríguez Alzueta confirma “la concepción policialista de la seguridad” como una especie de dogma instalado e insta a la creatividad política: “Siempre les digo a los funcionarios que faltan palabras para pensar los temas. Si convocás a los vecinos alrededor de la palabra seguridad, los invitás a pedir más policías, más camaritas de vigilancia, más patrulleros. Y además dejás a gente afuera, porque es muy difícil que los jóvenes se sientan convocados. En cambio, cuando los interpelás alrededor de la 'tranquilidad' estás procurando que los vecinos lean un problema al lado del otro, los conflictos urbanos al lado de la pobreza, la desigualdad social, la falta de infraestructura urbana. Pero los políticos son muy perezosos y les sale más barato, electoralmente hablando, tapar agujeros y patear los problemas para delante”.

Buenos Vecinos presume de haber logrado “importantes avances” en la Comuna 3 y en la Ciudad respecto a dos problemáticas clave: “la venta ilegal y el narcomenudeo”. Y sostiene un programa: “Todavía queda mucho por hacer, y no vamos a parar hasta que toda la Ciudad esté ordenada para todos”.

Rodríguez Alzueta no cree que alcancen esa utopía represiva: “Por el contrario, pueden recrear las condiciones para que los vecinos se sientan más inseguros, toda vez que estas estrategias securitarias contribuyen a fragilizar las relaciones entre los vecinos y a reproducir las distancias entre las distintas generaciones, y porque la policía ahora se hará presente de manera más violenta”.

Según Manuel Tufró, “estos grupos ejercen cierto poder, a veces simbólico, a veces con consecuencias directas sobre los cuerpos y las libertades de otros, pero al mismo tiempo son sectores subordinados, utilizados por la policía para sus propios fines; su poder surge de la clase social que representan y de cómo eligen sus blancos, siempre en sectores populares”. Como Jeremías Sosa, la noche en que cayó en manos de una horda de vecinos honrados. 

MC

Lucía Uberti dormía con su novio en una casa del barrio Acindar cuando la detuvieron a fines de 2018. Tenía 24 años y la acusaron de ser la instigadora de balaceras contra edificios de la Justicia y casas de jueces de Rosario. Tres años después, la condenaron a 20 años de prisión. Al novio también. Cientos de mensajes y audios de WhatsApp probaron que los dos respondían a las órdenes que les mandaban desde la cárcel Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos, y Daniel “Teletubi” Delgado, uno de los condenados por el triple crimen de Villa Moreno. 

Cuando entró a la cárcel de mujeres de Rosario, Lucía Uberti estaba embarazada y tenía un hijo chiquito. Las mujeres con niños y niñas menores de 5 años pueden reclamar la prisión domiciliaria, pero a ella se la negaron porque consideraron que era peligrosa. Tenían como argumento no solo la condena por balaceras: ya en la cárcel Uberti sumó otra causa en la Justicia Federal por un delito de narcotráfico.

Estando presa quiso estudiar. Se acercó a las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que trabajan en la cárcel e hizo los trámites para empezar la licenciatura en Trabajo Social. No pudo. El Servicio Penitenciario y la Justicia le rechazaron todos los pedidos para salir al aula universitaria de la cárcel. 

Tampoco le permiten aprender oficios, ni trabajar. Las visitas de sus familiares son restringidas, sin contacto físico con nadie, ni siquiera con sus hijos. Solo puede verlos a través de un blindex media hora a la semana. Desde enero, tanto ella como las otras presas de la cárcel de mujeres de Rosario calificadas como las más peligrosas están en celdas individuales y la única salida es al patio. Sus días, las 24 horas de todos los días de 20 años de condena, los pasa en una celda aislada sin hacer nada. 

—Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana —dice José Nanni, su abogado defensor y quien tiene como clientes a otros presos en la misma condición— Se terminan volviendo locos. Lucía está en una habitación de tres por dos sin contacto con el exterior y sin posibilidades de hacer nada, llega un momento en que la cabeza te explota. No favorece una reinserción social.

Esto repercute en el estado de ánimo de cualquier preso porque es una situación absolutamente degradante e inhumana. Se terminan volviendo locos

José Nanni — Abogado defensor de Lucía Uberti

Uberti tiene ahora 30 años y es una de las 73 mujeres presas bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Se empezó a usar en 2015 como una clasificación dentro del Sistema Penitenciario y se legitimó apenas asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro con la nueva Ley de Ejecución Penal. En total hay 587 internos bajo esa condición y representan apenas el 5% de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos. 

La categoría de preso alto perfil se instaló con la premisa de que varios de los jefes de las bandas narcos de Rosario seguían operando desde la cárcel, algo que se comprobó en varias causas judiciales. Poco se dice, sin embargo, de la presunta complicidad o colaboración del personal del sistema penitenciario con esos delitos. Si bien el número de presos de alto perfil es bajo, sobre ellos se montó toda una estrategia de comunicación y una política de seguridad de mano dura que en marzo de 2024 tuvo una de sus imágenes más recordadas. 

Un video con fotos de unos veinte presos en cuero, sin zapatillas, sentados uno detrás del otro en fila con la cabeza rapada y entre las piernas. Alrededor, la misma cantidad de policías con uniformes azules camuflados, pasamontañas, cascos y armas largas. Una estética y una forma de comunicación que calcaba la política de seguridad de Nayib Bukele. 

En total hay 587 internos bajo el régimen de alto perfil, una categoría made in Santa Fe. Representan apenas el 5 por ciento de la población carcelaria, que en 2025 llegó a 10.834 internos.

Lo que siguió también es conocido. Cuatro homicidios al hilo. Cuatro trabajadores elegidos al azar pero con oficios que paralizaban la ciudad: un colectivero, dos taxistas y un playero de una estación de servicio. Rosario estuvo en silencio y sin movimiento durante varios días, casi como en pandemia pero sin barbijos ni alcohol en gel.

Nanni fue uno de los abogados que en 2024 presentó habeas corpus por las requisas a lo Bukele. Varios abogados y la Defensoría Pública denunciaron que en esos procedimientos hubo torturas y maltratos. Todos los recursos fueron rechazados por la Justicia. 

—Con argumentos infantiles. Los abogados del servicio penitenciario negaban todas las torturas y golpizas cuando estaban los informes forenses del médico de Gendarmería que demostraban que había gente picaneada, con quemaduras y golpes. Lo peor es que la Justicia avala todo eso. Hoy no hay un juez provincial que se le atreva al Servicio Penitenciario cuando son los que tienen que garantizar el Estado de Derecho. Y el Servicio Penitenciario hace lo que quiere. 

Cárceles por todos lados 

En los primeros tres meses del gobierno de Pullaro, la Legislatura aprobó un paquete de leyes para implementar la política de seguridad que había anunciado en campaña. El gobernador tenía mayoría en las dos cámaras y no tuvo grandes trabas para que se declarara la emergencia en seguridad con más presupuesto para aumentar salarios policiales, incorporar uniformados retirados, construir cárceles y comprar equipamiento. 

También obtuvo la ley de Inteligencia, con la que Santa Fe se convirtió en la primera provincia argentina en tener una. Y adhirió a la ley nacional de microtráfico de drogas, una normativa que habilita a la Justicia provincial a perseguir el narcomenudeo, el eslabón más bajo de la cadena de venta de drogas. En relación a las cárceles, la Legislatura sancionó una nueva ley de ejecución penal donde apareció por primera vez un capítulo sobre presos de alto perfil. 

Los define bajo cuatro circunstancias bastante amplias. Uno: un preso puede ser de alto perfil si participó o tuvo algún contacto con organizaciones criminales complejas o ligadas al narcotráfico. Dos: si hay indicios de que participó en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos o en hechos de violencia por medio de allegados y organizaciones criminales. Tres: Si tiene antecedentes de resistencia a la autoridad o si participó en un motín o tumulto. Y cuatro: si tiene recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hagan presumir alguna de las circunstancias anteriores. 

Uno de los puntos más criticados de la ley es que no es el Poder Judicial el que determina quien es un preso o presa de alto perfil si no el Ejecutivo. Y lo hace a través del Sistema Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. 

Un artículo escrito por Mauricio Manchado, doctor en comunicación social que trabaja desde hace años en las cárceles de Rosario en los espacios universitarios, explica que la categoría de alto perfil se convirtió “en el argumento central para fortalecer la lógica de la cárcel depósito y la negación o restricción del ejercicio de los derechos humanos bajo el argumento de la peligrosidad”. Dice que hay discrecionalidad a la hora de definir qué es un preso de alto perfil: conviven jóvenes tiratiros que entran por primera vez al sistema penal con líderes de organizaciones criminales y todos son tratados por igual. 

Los presos de alto perfil se clasifican en tres categorías y la más alta es la que tiene más restricciones. Van desde usar uniformes naranjas como en las cárceles norteamericanas hasta requisas sorpresivas y aleatorias. Tienen prohibido salir del pabellón o la celda salvo en dos momentos del día, tienen restringidas las llamadas telefónicas y el uso del celular, no pueden salir a aulas universitarias y no participar de otras instancias educativas o de trabajo. 

Una de las restricciones más duras es con las visitas. Son de media hora y solo se pueden recibir dos familiares directos y por separado. Recién a los seis meses pueden cambiar de familiar. Solo pueden verse a través de un blindex, sin tocarse. En el caso de las mujeres, se les permite una vez por mes una visita con contacto físico con los hijos e hijas de hasta seis años. Si son más grandes, toca verlos a través del vidrio. Las madres tienen prohibido vivir con sus hijos chiquitos, con excepción de bebés que estén tomando la teta hasta los seis meses. 

La ley dice también que los presos de alto perfil tienen que estar en una celda con patio individual enrejado o mallado, inhibición de señal celular, de internet y personal de custodia permanente. Pero la realidad es que en la cárcel no hay lugar para eso. Ahí es cuando las condiciones de detención de varones y mujeres de alto perfil son distintas. En el caso del Nivel 1, los varones en Piñero, por ejemplo, están en un pabellón común donde pueden tener una vida un poco más comunitaria, tomar mate, hacer algunas actividades. Las mujeres no. Están completamente aisladas en celdas individuales. 

La política del alto perfil choca con una realidad: las cárceles santafesinas están superpobladas, con un 40 más de su capacidad. Esto se traduce en hacinamiento, presos que duermen de a tres en una celda, déficit en la atención médica y otros problemas. Según el Observatorio de Seguridad Pública, la población carcelaria casi se triplicó entre 2008 y 2025: pasó de 3800 a 10.834 reclusos. La tasa de presos por cada cien mil habitantes se duplicó. El 96% son varones jóvenes de menos de 30 años, en su mayoría de sectores populares. 

Hasta 2023 la tasa de homicidios de Rosario fue la más alta del país. El gran cambio fue en 2024, cuando Pullaro se anotó el triunfo político de bajar un 65 por ciento los homicidios. Entre las causas que da el Ejecutivo está la política carcelaria. Desde otros sectores se habla de que es imposible controlar el delito sin un pacto entre policías y bandas. 

En su discurso, Pullaro habla de que llegó para terminar con los privilegios de los presos y planea construir seis cárceles nuevas. La que más marketing tiene en la comunicación gubernamental es El Infierno, una cárcel de alta seguridad que ya desde el nombre promete ser una tortura para quienes estén ahí alojados. Costará $109.000 millones y tendrá capacidad para 1.152 internos, el doble de los que hay hoy. Desde el gobierno aseguran que los presos de alto perfil crecen en un 20% por año. Estarán repartidos en cuatro módulos, uno de ellos para mujeres. 

Cárceles sin aulas

María Chiponi trabaja desde hace más de 15 años en las cárceles de Rosario. Entró por una política pública nacional y hoy coordina el Programa de Educación en Cárceles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Cuando salió la nueva ley de ejecución penal santafesina algo le llamó la atención. 

–Todo el capítulo destinado a la educación desapareció, lo borraron. Lo que vemos es que esta lógica de encarcelamiento del alto perfil derrama sobre el resto, que es el 95 de la población carcelaria. 

El derecho a la educación es universal y está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es fundamental no solo para la reinserción social sino para un tránsito por el encierro menos doloroso. En todos los años en la cárcel, Chiponi vio pasar distintas gestiones y sabe que los derechos no son letra muerta. Se construyen en un tira y afloja, en un diálogo que no siempre es fácil. 

La educación en las cárceles es fruto de esa construcción, de un ensayo y error. Desde la universidad lograron tener aulas equipadas y desarrollaron un dispositivo pedagógico para acompañar a quienes quieren estudiar una carrera. Tienen libros y diccionarios, material digitalizado, computadoras, acceso a aulas virtuales, exámenes con docentes por videollamada y un aprendizaje en grupo con otros compañeros y compañeras.

Los presos y presas de alto perfil no pueden acceder a nada de eso. Tienen prohibido salir a las salas universitarias. Una de las cuestiones que plantean desde el Sistema Penitenciario es que no pueden tener acceso a internet pero Chiponi explica que hay recursos de seguridad informática que se podrían implementar.

Desde el Ministerio de Seguridad dicen que la educación depende también de la capacidad de las cárceles y que hay lugar para que apenas el 4% vaya a las aulas universitarias. Pero lo cierto es que tampoco son tantos los que llegan a estudiar. Por ejemplo, en Piñero son siete presos y en la de mujeres nueve. 

En el caso de alto perfil, desde el Ministerio aseguran que acceso a la educación se garantiza bajo la modalidad a distancia. Los presos y presas reciben el material de estudio en el pabellón o en la celda y hacen los exámenes en boxes de visita con blindex de por medio. Pero lo que dice la teoría es imposible de aplicar en la práctica. 

Chiponi explica que lo intentaron durante años. Docentes iban a la puerta del pabellón a leer los textos con cada uno de los estudiantes pero el sistema no funcionó. Estaban con chalecos de seguridad puestos, rodeados de fuerzas de seguridad, materiales rotos, en una escena que era difícil para el estudio y para el acompañamiento pedagógico. 

–Es imposible tener una persona que vaya todas las semanas a la puerta de cada pabellón con un estudiante cuando tenemos aulas donde el proceso de aprendizaje funciona. Tampoco podemos sostener una ficción de solo llevarles el material. El estudio en soledad no funciona, lo sabemos porque probamos muchos métodos y por eso dotamos a las salas de recursos y materiales. 

A eso se suma que la universidad está en un momento de recorte y congelamiento de salarios. No tienen docentes de sobra para mandar a la cárcel a tomar examen a través de un blindex. Pero además, Chiponi defiende un método de trabajo, un aprendizaje adquirido. 

–Cuando insistimos con la salida a la Sala Universitaria no es caprichoso o arbitrario. Ahí están dadas las condiciones pedagógicas para que suceda el proceso educativo. 

No importan las explicaciones. El Sistema Penitenciario responde siempre que no. Y la Justicia lo apoya. Cada vez que presentan un habeas corpus los jueces lo rechazan bajo el argumento de que “hay proteger a la sociedad del delito”. Chiponi cree que detrás hay una idea de la cárcel como un lugar de sufrimiento, no de reinserción. 

–Es muy fuerte ver a esas mujeres que no pueden abrazar a sus hijos salvo que tengan menos de siete años. Lo mismo con la cárcel El Infierno, ¿a qué remite? ¿a un espacio donde las personas se quemen y ardan? Pareciera que la respuesta al reclamo de seguridad de la sociedad es con la expansión del dolor y el sufrimiento. 

AB/MG

Seis líneas de colectivos de la empresa Almafuerte no prestan servicio en reclamo por un nuevo ataque a un colectivero en el Conurbano en medio de un hecho de inseguridad. Frente a este escenario presentado, los choferes exigieron medidas y manifiestan estar “cansados de reclamar”.

Decenas de colectiveros se reunieron delante de la municipalidad de La Matanza y le reclamaron al intendente Fernando Espinoza.

Las líneas 218, 284, 325, 378, 622 y 628 no realizan su recorrido habitual desde este lunes como medida de protesta por los diversos hechos delictivos y ataques que reciben durante el servicio.

El paro que se realiza en estos momentos es en repudio a la agresión que sufrió un conductor de la línea 378 cuando un sujeto vestido con ropa similar a la de un conductor, abordó la unidad y al finalizar el trayecto, sacó un objeto cortante y atacó al chofer provocándole múltiples heridas en el rostro.

En medio de la medida de fuerza, varios choferes se acercaron hasta la terminal de la empresa donde reclaman medidas y más seguridad: “Seguimos trabajando así, no tenemos custodia policial, habían prometido desde el municipio, pero sigue todo igual. Están las garitas policiales, pero se quedan adentro, no hay operativos. Hay una ordenanza por las cabinas, pero nunca se implementó”.

“Día a día nos da miedo trabajar, cada vez más. No está la seguridad. No hay patrulleros, no hay móviles. estamos a la buena de Dios. Yo fui a siete reuniones, nunca se busca una solución. Cámaras, cabinas, botones antipánico, nunca nada”, reclamó uno de los delegados en diálogo con C5N.

Asimismo, otro conductor sostuvo que algunas de las medidas implementadas no son eficientes: “Es lo mismo de siempre. Ningún colectivo tiene cabina. A algunos les ponen cámaras de seguridad, con un handy. Si te golpearon o te asaltaron cómo haces para responder. Si un chorro me apunta con un arma, ¿tengo que decir 'atento policía, venga a salvarme'? Estamos todos locos”.

“Hoy hay pocos compañeros hoy porque están cansados de reclamar, perder el día y que nadie haga nada”, expresó.

Con información de la agencia NA

El Gobierno oficializó este miércoles un plan de seguridad dirigido por la ministra Patricia Bullrich, en medio de la campaña electoral, que prioriza principalmente a municipios aliados al oficialismo de Javier Milei. El programa busca reducir la tasa de homicios y lleva el nombre de “Plan 90/10”, a partir de que según establece la resolución “focaliza la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país, territorios que concentran el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios intencionales”. La resolución se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Sin embargo, de los municipios elegidos por la lapicera de Bullrich no hay ninguno del conurbano que esté relacionado al kirchnerismo. No están, por ejemplo, La Matanza, el territorio más poblado del AMBA, o La Plata, donde generó conmoción en febrero el crimen de la menor Kim Gómez, por el que el Gobierno denunció “un baño de sangre” y hasta el Presidente pidió intervenir la provincia y correr a Axel Kicillof. Sí hay intendencias estrechamente ligadas a La Libertad Avanza, como así también de extracción radical o que son de un peronismo más alejado de la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

Además de algunos puntos en Buenos Aires, destacan localidades de Mendoza (donde gobierna el radical aliado de Milei y de Bullrich, Alfredo Cornejo), Santa Fe (que tiene en frente a Maximiliano Pullaro, otra figura de la UCR que tiene diálogo frecuente con la Casa Rosada), Córdoba (el peronista no-kirchnerista Martín Llaryora), y Tucumán (de Osvaldo Jaldo, estrecho aliado al oficialismo en el Congreso).

Un propio comunicado de Bullrich reveló que las jurisdicciones priorizadas son Rosario, donde el Gobierno envió fuerzas federales como la Gendarmería para ponerle un coto a la violencia narco, y Santa Fe. También aparece San Miguel de Tucumán y las mendocinas Godoy Cruz y Las Heras. Además está Córdoba Capital. Y solo tres municipios bonaerenses: Tres de Febrero, a cargo de Diego Valenzuela, amigo personal de Milei y quien saltó del PRO a la La Libertad Avanza hace pocos meses; General Pueyrredón, con Guillermo Montenegro, también del PRO y que estuvo en la Casa Rosada la semana pasada, y Esteban Echeverría, el único punto peronista del conurbano, cuyo intendente, Fernando Gray, está históricamente enemistado con el kirchnerismo.

“El plan asegura que ningún territorio quede desatendido, poniendo énfasis en garantizar la seguridad en cada barrio, pueblo y ciudad, para devolver la tranquilidad y el control de las calles a los ciudadanos”, comunicó el ministerio.

En el documento oficial se argumenta: “La priorización de territorios a intervenir se realizó a partir de un diagnóstico centrado en una serie de indicadores de actividad criminal, sociodemográficos y otros de relevancia estratégica. En ciertos casos, el listado de municipios priorizados fue completado con otros municipios colindantes por integrar conglomerados urbanos que no pueden ser disociados desde el punto de vista de la estrategia de prevención. Por último, se atendieron demandas específicas de inclusión realizadas por los gobiernos provinciales a partir de evidencia empírica que surge de fuentes de datos provinciales”.

Y agrega: “Es bien sabido que los delitos y la violencia, incluida la violencia letal, no se distribuyen aleatoriamente en el territorio sino que tienden a concentrarse en determinados lugares en función de ciertas características demográficas, sociales y de dinámicas delictivas. Priorizar los territorios a intervenir permite optimizar los recursos y desarrollar intervenciones más eficientes”.

Bullrich aún no detallo de qué manera se ejecutará el plan y qué alcance de recursos y efectivos policiales se dispondrá en cada punto del mapa. En el documento formal se plantea que habrá una “coordinación entre Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales de distintos niveles (federal, provincial y municipal), garantizando una acción conjunta y coherente en los territorios”.

MC

Como una sombra ubicua, el camino de Axel Kicillof hasta las elecciones de medio término y más allá estará acompañado por cantos de sirena sobre la “crisis de la inseguridad”, el “baño de sangre” y “los progres cómplices de los delincuentes”. Rostros desgarrados por el dolor serán empujados por sus entrevistadores a asociar al gobernador a quienes aprietan el gatillo en una esquina del conurbano.

En su hora política más desafiante, bajo fuego de los hermanos Milei mientras tramita su emancipación de los Kirchner, Kicillof enfrenta una paradoja. Durante su primer mandato en La Plata, eligió como ministro de Seguridad a Sergio Berni, un exteniente coronel que integra el club de la demagogia punitivista junto a quienes ahora forman fila para disparar contra el “inútil” y le piden la renuncia.

Los adversarios del mandatario bonaerense tienen con qué caldear el ambiente. Por empezar, un elenco de dispuesto a lanzar llamaradas a favor de meter bala a niños de 14 años desde la pantalla televisiva y posteos de Twitter escritos con mayúsculas. Insultos a repetición recrudecerán la indignación. Javier Milei suma el taladro a la motosierra y le da duro. Sus probables candidatos —José Luis Espert, Manuel Adorni, Daniel Parisini, Patricia Bullrich— y los aspirantes a recibir un dedazo de Karina —Diego Santilli, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro— se pasean lanzallamas en mano.   

El “combate a la delincuencia” es un tema en el que la derecha se siente a sus anchas y un progresismo acomplejado alterna entre la omisión y una imitación culposa de las proclamas de mano dura, invariablemente inútil. La lección nunca aprendida indica que bajar la cabeza ante los argumentos y las prácticas del enemigo es un pésimo negocio.

El 'combate a la delincuencia' es un tema en el que la derecha se siente a sus anchas y un progresismo acomplejado alterna entre la omisión y una imitación culposa de las proclamas de mano dura, invariablemente inútil.

De Morena a Kim

Las primarias presidenciales de 2023, aquellas que para sorpresa del mundo ganó el ultra y lo pusieron camino a la Casa Rosada, se llevaron a cabo bajo la conmoción del asesinato de Morena Domínguez, una niña de 11 años ultimada cuando entraba a la escuela en Villa Diamante, Lanús, Gran Buenos Aires.

Ese crimen, cometido cuatro días antes de la votación, desató un festival de operaciones, arrestos ilegales y miserabilidades que tuvo a la cabeza al entonces interino y candidato a intendente de ese partido, Diego Kravetz. Este karateka armado fracasó en el intento municipal, pero logró ubicarse dos años más tarde como el hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia del Estado bajo la gestión Milei.

Los aliados-rivales Milei-Macri están pertrechados para avivar las llamas. No en vano se construyó el tándem de canales de noticias LN+, del Grupo La Nación; TN, del Grupo Clarín, y A24, de Vila-Manzano. Agitan la agenda y generan imitadores. Al cálculo polítco se suma el instinto, imperante hace décadas, de una televisión capaz de dedicar un noticiero completo a una transmisión en vivo de las reacciones ante un homicidio. Así, con esa impronta de cadena nacional privada, con ese alcance, con esa escasez de enfoques y creatividad, ocurre en pocos países del mundo, si es que en alguno.

Los aliados-rivales Milei-Macri están pertrechados para avivar las llamas. No en vano se construyó el tándem de canales de noticias LN+, del Grupo La Nación; TN, del Grupo Clarín, y A24, de Vila-Manzano

La muerte de una niña de siete años, Kim, arrastrada durante varias cuadras por dos adolescentes no mucho mayores que ella, es noticia relevante por donde se la mire. No por ser tema ineludible para un medio de comunicación que pretenda conectar con los intereses de su audiencia, cualquier recurso periodístico es “natural”.

Aunque parezca mentira, hay medios del mundo que por práctica profesional se privan de recabar el testimonio en caliente de familiares directos de una víctima de un asesinato. Primero, para proteger la intimidad de familias atravesadas por un dolor inenarrable, y segundo, bajo el entendimiento de que la conmoción puede dar lugar a mensajes públicos que multipliquen la violencia y disparen ideas y acusaciones que esas mismas personas no dirían en una situación más calma. Ciencia ficción para la topadora mediática argentina.

Fobia a la estadística

En ciertos asuntos, el debate público argentino se vuelve impermeable a la cita de una estadística fundamentada.

Ante un número constatado por fuentes validadas, la discusión pierde su eje, se termina de obnubilar, apela a explicaciones meramente emocionales, o terraplanistas, o fraudulentas.

No es sólo cuestión de los oportunistas que medran en el dolor. Existe una lógica en políticos y periodistas que no abrevan en “el que mata tiene que morir” de la diva Giménez ni reclaman pena de muerte para adolescentes, pero no se atreven a asomarse a números estadísticos bajo la lógica de que “el asesinato de una hija es el 100% para una familia”. “Andá a explicárselo los padres de Kim”. Los padres de Kim merecen otras explicaciones, lo que no excluye la posibilidad de razonar y proveer el contexto adecuado, para evitar quedar tildados en una frase y pormenores atroces.

Por motivos que los expertos no terminan de explicar, la tasa de homicidios en Argentina cayó a casi la mitad en la última década. La baja en uno de los períodos económicos más sombríos que se recuerden es gradual y marcha a contramano de lo ocurrido en Chile y Uruguay, dos de los países social y culturalmente más parecidos. Hoy, Argentina es el país con menos homicidios por cantidad de habitantes de Sudamérica y uno de los mejor posicionados en América. No es algo nuevo. Desde siempre se ubicó en una zona privilegiada de la tabla.

Un descenso tan pronunciado en el orden nacional no podría darse si no fuera acompañado en la Provincia de Buenos Aires, donde viven 37% de los habitantes en el país.

Los números provinciales marcan un pico histórico de asesinatos en 2002 (2.492), plena debacle económica y social. A ese récord le siguió un pronunciado descenso en los años inmediatos, para volver a subir. En 2014, los casos dolosos fueron 1.478, según datos de la Procuración General, organismo autárquico dirigido por Julio Conte-Grand, hombre del PRO designado durante el mandato de María Eugenia Vidal.

El descenso abarcó el último año en La Plata de Daniel Scioli, los cuatro de Vidal y los cinco que lleva Kicillof. El último registro de la Procuración, que comenzó bajo el mismo método en 2013, constatado en expedientes judiciales y otras estadísticas públicas, corresponde a 2023, cuando tocó 852 víctimas fatales. En 2024, según datos preliminares que maneja el Gobierno provincial, habrían sido 811. El indicador de enero pasado confirma la tendencia interanual a la baja.

Esos números, que ubican a la provincia de Buenos Aires mejor que Santa Fe, Salta o Tucumán, son indispensables a la hora de abordar la inseguridad, pero están lejos de explicar la foto completa y de garantizar su continuidad. No es lineal, pero el resquebrajamiento de la cohesión social y la dificultad para cubrir la mesa de los hogares, combinados con el desmantelamiento negligente del Estado que arbitran los hermanos Milei, pueden tener una consecuencia lógica en el aumento del delito.

En 2024, la “sensación” expresada en diálogos cotidianos y los medios tuvo un correlato en la cantidad de asaltos y robos. El registro del Ministerio de Seguridad de la Provincia muestra un ascenso interanual en todos los tipos delictivos, del orden del 8%, menos los homicidios, que decrecieron. La cantidad de hechos reportados es abrumadora, 570.588, en una provincia con seis millones de hogares, con el agravante de que muchos delitos no engrosan la estadística porque ni siquiera se denuncian ni hay actuación de oficio de organismos estatales, a diferencia de los asesinatos.

No entra una incoherencia más

Como gobernante y eventual candidato, Kicillof está obligado a elaborar una respuesta a uno de los problemas que encabezan las preocupaciones de los bonaerenses.

Razonablemente, su entorno asume como un hecho que la ofensiva orquestada por la Casa Rosada y sus satélites tendrá próximos capítulos. Va más allá de los hechos. El primer bimestre de 2025 marcó un recrudecimiento de la violencia narco en Rosario, con dos triples crímenes, y se sumaron varios hechos aberrantes en Mendoza. Sus gobernadores, semialiados de Milei y Macri, gozan del beneficio de no estar apuntados por el foco mediático oficialista.

La respuesta de Kicillof podrá ser garantista, clásica o manodurista. El menú no debería incluir la incoherencia en un peronismo que en su última década abrumó a la sociedad con la consumación de hechos y políticas tan distanciados del discurso que vaciaron las palabras.

La impronta de Berni en la misma línea de Bullrich y Victoria Villarruel —“las quiero en mi equipo”— no se limita a fuegos artificiales y alguna línea precaria dictada por un asesor que cobra fortunas por transmitir tonterías.

Las estadísticas de violencia policial, carcelaria e institucional de la Provincia de Buenos Aires reportadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional no difieren demasiado de otros distritos cuyos gobiernos se muestran más despectivos de la agenda de derechos humanos.

El asesinato en Mar del Plata de Matías Paredes, el albañil de 26 años ultimado en febrero por lobos policiales que salieron de caza, guarda muchas similitudes con el del futbolista Lucas González en Barracas, en 2021, o el de Blas Correas en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Córdoba, en 2020.

Un distrito es gobernado por un peronista de centroizquierda, otro por un conservador y el tercero, por un provincialista. Ninguno de los tres casos citados, entre cientos, se limita a una patrulla perdida, sino que hablan de ausencia de protocolos policiales elementales, deficiencias de formación, falta de controles internos, complicidad jerárquica y el aliento de ministros de Seguridad con lenguaje malevo.

Allí se anota la trama de Berni, a quien en el entorno de Kicillof explican con argumentos pueriles, mientras exhiben agendas de asistencia a las víctimas y desarticulación de sórdidas tramas policiales. En el segundo mandato, Berni legó el puesto a uno de sus hombres, Javier Alonso, menos afecto a la provocación y la riña callejera.

Ninguno de los tres casos —en Mar del Plata, CABA y Córdoba— se limita a una patrulla perdida, sino que hablan de ausencia de protocolos elementales, falta de controles internos, complicidad jerárquica y el aliento de ministros con lenguaje malevo

El desarrollo de políticas simultáneas que marchan a contramano lastró el Gobierno de Alberto Fernández. Un ministro trataba de ahorrar en subsidios favorables a los ricos, el otro los multiplicaba; uno promulgaba restricciones a la circulación por la pandemia, el otro negociaba aperturas. Kicillof aportó lo suyo cuando toleró que Berni provocara y hasta apelara a la violencia física contra el segundo de su colega de Nación Sabina Frederic, quien, en los papeles, tiene una cosmovisión sobre la seguridad más próxima al mundo del gobernador que un exmilitar carapintada.

La agenda de seguridad encuentra a Kicillof en un punto en que debe desanudar sus propias contradicciones y profundizar políticas en las que ha demostrado un rumbo autónomo, separado de prácticas tóxicas asentadas en capas geológicas del movimiento. En ése y otros ejes se juega el destino del único intérprete potencial de nuevas melodías que asoma en el peronismo.

Kicillof también supone una incógnita para enemigos y adversarios, con el antecedente de dos elecciones para gobernador provincial en las que obtuvo un apoyo muy superior al previsto.

En las últimas semanas, Milei viró su mira desde Cristina al mandatario bonaerense. Algunas miradas arriesgan que el Presidente, con su advertencia de intervención provincial, pagó el costo de unir al peronismo, hipótesis que sectores próximos a Kicillof y los Kirchner se ocupaban de desmerecer con el transcuroso de las horas. Esa mentada unión difícilmente pase la prueba de fuego si a alguien se le ocurre disputarle a La Cámpora un lugar en la lista de concejales de Carlos Casares.

Sobre la expresidenta, podría decirse que la derecha conoce su techo. Con Kicillof, deberá probarlo. 

SL/DTC

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por haber criticado a su gestión por la ola de inseguridad, pedir su renuncia y solicitar que se avenga a la intervención federal del distrito, como consecuencia del crimen de la niña de siete años Kim Gómez en un hecho delictivo. El mandatario peronista culpó a la Justicia por este asesinato y dijo que el jefe de Estado “es el principal responsable del narcotráfico”.

“El incremento de la violencia y el crimen está hoy asociado al narcotráfico. La provincia de Buenos Aires, como se sabe, no produce droga. Para llegar a nuestros barrios tiene que recorrer 1.500 kilómetros y tiene que atravesar fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del Gobierno nacional. Y aunque nosotros, para que se entienda bien, busquemos, desbaratemos, ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico, vuelven a instalarse esos puntos de venta. Por tanto, lo digo con total claridad: Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera. Esta mañana, muy temprano, el Presidente decidió responder a esa invitación. Pero no lo hizo ni con una convocatoria, ni con una propuesta concreta, sino que respondió con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas”, dijo Kicillof en una conferencia de prensa que brindó esta tarde.

Sobre el crimen de Kim, perpetrado en La Plata, Kicillof destacó que el asesino, un joven de 17 años, fue capturado en tres horas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero que debía haber estado preso y sin embargo estaba libre. “Desde el primer momento acompañamos en su dolor a la familia y acompañamos también el pedido de justicia. Dije también que en una actitud miserable y oportunista, Milei y los dirigentes de la Libertad Avanza decidieron utilizar la tragedia con fines políticos y electorales y en lugar de mostrar respeto por el dolor de la familia y de la sociedad armaron una operación de agresión y provocación organizada”, afirmó.

El mandatario provincial también criticó la falta de fondos para la seguridad que, según él, el Gobierno nacional les robó y que “son fundamentales para reforzar nuestra política de seguridad y a nuestra policía”, dijo.

Kicillof también se refirió a la amenaza de Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires. “En su mensaje amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hace? Miren, ha habido durante el día de hoy varias especulaciones. Algunos lo asocian con un intento de tapar y ocultar el escándalo de la estafa de corrupción internacional con criptomonedas de la que es protagonista”, señaló.

El gobernador también leyó el tuit de Milei en el que el Presidente lo acusa de tener una “doctrina pro delincuentes” y lo insta a renunciar. “Primero, habla de doctrina judicial y de leyes. No sé si lo sabe, pero son leyes nacionales. La provincia de Buenos Aires no tiene un código penal ni juvenil ni en general bonaerense, no hay, no existe. Son leyes nacionales que determina el Congreso de la Nación y que además, esas leyes atañen a las decisiones de fiscales y de jueces. Poner preso a una persona, darle la libertad, es algo que no decide y no resuelve un gobernador, el Poder Ejecutivo”, explicó Kicillof.

En relación con el apuro del oficialismo por sancionar en el Congreso una ley que baje la edad imputabilidad, Kicillof sostuvo: “En este caso, el asesino es alguien de 17 años. Por su edad es completamente punible. Por tanto, la verdad es que el problema acá no es de las leyes, que no determina el Poder Ejecutivo. Es de la Justicia y cómo se imparte y cómo se aplican esas leyes, que tampoco corresponden al Poder Ejecutivo. Nuestra Policía lo había apresado. No decidimos ahí si queda preso o no queda preso. Tenía que estar preso. Estaba libre y asesinó. Y eso es lo que tenemos que discutir para que no vuelva a ocurrir”.

Kicillof cuestionó también a Milei por haber señalado que “podría solucionar rápidamente la cuestión de la inseguridad”. “Hay una frontera de 200 kilómetros en Orán, en Salta. No pudo controlar el contrabando. No puede controlar el contrabando en 200 kilómetros y dice que va a resolver los graves, complejos y multicausales problemas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, planteó y dijo después: “Me parece que Milei debería tener muy en claro que más allá de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas democráticas de la Argentina, hay consensos que no se tocan. La democracia, el federalismo y la constitución”.

“Los gobernadores y los intendentes no son empleados del Presidente”

Acompañado sólo por la vicegobernadora, Verónica Magario, el mandatario provincial continuó con sus críticas a Milei, de quien dijo: “Parece no entender algo fundamental: él efectivamente es presidente de la Nación, pero no gobierna ninguna de las 23 provincias”.

“Los gobernadores y los intendentes no son empleados del Presidente. Fueron elegidos por sus pueblos, tienen mandato y tienen la obligación de defender los intereses, en caso de los gobernadores, de sus provincias, y en caso de los intendentes, de sus municipios, y los derechos de sus habitantes”, afirmó Kicillof con firmeza.

El gobernador bonaerense subrayó que la defensa de los derechos de los ciudadanos es una prioridad y que no permitirá que estos sean avasallados. “Esto se trata de defender los derechos que quieren aplastar. Por eso digo con claridad que la provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni extorsiones. No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos de los caprichos, prepotencias o el resentimiento de un presidente que sigue sin asumir sus responsabilidades, que no respeta la democracia y que sigue sin comportarse como presidente”, expresó.

Un mensaje político para enfrentar al oficialismo en octubre

Kicillof también agradeció el apoyo recibido de diversos sectores políticos y sociales, y lanzó un mensaje que se interpetró en clave político-electoral. “He recibido hoy muchísimos mensajes, además de las expresiones públicas, a todos los que se han sumado a este repudio, porque va a hacer falta la unidad para defender la democracia”, sostuvo.

También anunció acciones legales contra las declaraciones de Milei. “Por último, quiero informar que instruí al asesor de Gobierno para que, conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia, formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia”, aseveró.

A pesar de la tensión, el mandatario provincial reiteró su disposición al diálogo. “Ahora que pusimos las cosas en claro y pese a todo lo que dije, le reitero al Presidente la invitación. Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo”, concluyó Kicillof.

JJD

El asesinato de Kim Gómez, una niña de 7 años, en un hecho de inseguridad en la Provincia de Buenos Aires, y la crítica del presidente Javier Milei, quien pidió la renuncia del gobernador Axel Kicillof y que permita la intervención federal del distrito, hizo que el peronismo cerrara filas en apoyo al mandatario provincial. Sergio Massa, líder del Frente Renovador y candidato presidencial de Unión por la Patria, salió al cruce del jefe de Estado y calificó la propuesta de acción desesperada ante el escándalo de presunta estafa que lo involucra directamente, según publicó el diario The New York Times.

“Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos”, escribió Massa en su cuenta de X (ex Twitter). “La propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa, no es una respuesta a las víctimas de inseguridad”, sentenció el exministro de Economía del gobierno del Frente de Todos.

El tigrense no dejó pasar la oportunidad para criticar la actitud del gobierno de Milei, asegurando que la semana pasada fue “la más autoritaria de los últimos años”, por “el cierre del Congreso a la prensa, la designación de jueces por decreto (¡con jura a escondidas!) y el recorte de derechos sin participación legislativa”. “No son caminos para salir de la crisis. Solo la profundizan y la agravan”, dijo.

El también expresidente de la Cámara de Diputados cuestionó duramente la iniciativa del Gobierno nacional, asegurando que “ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país”. En ese marco, convocó a los legisladores e intendentes del Frente Renovador a respaldar a Kicillof y rechazar cualquier intento de intervención.

Massa también se refirió al desempeño de la Justicia en este caso, apuntando contra la fiscal que había pedido la liberación de un sospechoso vinculado al crimen. “Vemos en el dolor de la familia de Kim el fracaso del sistema judicial. Por eso, pedí el juicio político a la fiscal que pidió su liberación”, aseguró, y ordenó a los legisladores del Frente Renovador que impulsen la iniciativa correspondiente.

Por último, Massa reivindicó su visión sobre seguridad y planteó la necesidad de medidas concretas, como la regionalización del Ministerio de Seguridad, el fortalecimiento de las policías locales y la unificación de centros de monitoreo en el área metropolitana. “Basta de show. Es hora de tomarse en serio el problema de la inseguridad”, concluyó.

JJD

La ciudad de La Plata fue escenario este martes de una masiva movilización en reclamo de justicia por Kim Gómez, la niña de siete años que fue brutalmente asesinada tras ser arrastrada por un auto robado en el barrio Altos de San Lorenzo.

Familiares, amigos y vecinos de la menor marcharon con pancartas y consignas exigiendo mayor seguridad y el esclarecimiento del crimen. Sin embargo, la protesta derivó en incidentes frente a la Municipalidad de La Plata, donde un grupo de manifestantes arrojó piedras y objetos contra la sede comunal, rompió vidrios e intentó ingresar por la fuerza al edificio. La Policía Bonaerense intervino para contener la situación, lo que generó momentos de tensión.

Entre los asistentes se encontraba Marcos Gómez, padre de la víctima, quien en medio del dolor expresó su desconsuelo ante los medios. “Estoy destrozado, tenía una hija perfecta, que siempre amé. Me la arrebataron”, declaró.

Los acusados del crimen, dos adolescentes de 14 y 17 años, fueron detenidos tras haber sustraído el vehículo de la madre de Kim y arrastrarla por más de quince cuadras. Sobre ellos, el padre de la niña sostuvo que “le gustaría que sufran un poco” por lo que hicieron.

La comunidad de Altos de San Lorenzo sigue en estado de conmoción, mientras la familia de Kim reclama respuestas y justicia en medio de una creciente indignación social.

MM con información de la agencia NA.

Una marcha fue convocada para esta tarde para pedir justicia por el caso de la niña Kim Gómez, quien murió tras ser atropellada y arrastrada por delincuentes en La Plata. Los vecinos irán hasta la Plaza Moreno para dejar una vela encendida.

En medio de un escenario desolador y de pura tristeza, vecinos y la propia familia de la pequeña convocan para este miércoles a las 17.00 a una marcha desde el cruce de las calles 28 y 84 hasta la Plaza Moreno.

Allí los asistentes dejarán una vela encendida en el “corazón” de la plaza para recordar a la niña y pedir justicia, mientras avanzan las investigaciones contra los dos menores detenidos.

“Todo aquel que se quiera sumar, con lo que quiera para hacer ruido. Nos tienen que escuchar, esto no puede quedar así”, expresa el banner de convocatoria.

La muerte de Kim sucedió en la tarde-noche del martes cuando delincuentes robaron el auto familiar con la niña adentro. En medio de la huida, la menor intentó bajarse, pero se cayó sobre al asfalto, quedó debajo de las ruedas y allí fue arrollada y arrastrada varios metros.

Tiempo después dos menores, de 17 y 14 años, fueron aprehendidos tras un amplio e intenso operativo policial. Luego se supo que el joven de 17 años tiene antecedentes penales. El 1 de febrero había robado un auto junto con una banda, pero fue liberado.

Desde hace tiempo La Plata sufre una de las crisis más impactantes: la inseguridad en manos de menores. Las noticias en torno a robos, homicidios y lesiones en la ciudad están ligados a bandas delictivas en los que los adolescentes están  sumergidos.

El padre de Kim afirmó que “la nena gritaba y la escucharon todos” y reclamó: “Ojalá los acusados sufran mucho”. En diálogo con la prensa, Marcos Gómez expresó su dolor por la muerte de su hija y pidió: “Me gustaría que los padres de los asesinos se comuniquen conmigo. Estoy destrozado”.

Con información de la agencia NA

La inseguridad en la provincia de Buenos Aires se convirtió en los últimos días en el eje central de chicanas cruzadas entre Javier Milei y Axel Kicillof. El tema, que promete ser el caballito de batalla de la Casa Rosada para atacar al gobernador bonaerense en un año electoral, reactiva también una discusión no saldada en el peronismo sobre cómo encarar la campaña y la conveniencia o no de desdoblar los comicios. 

Los intendentes que responden a Kicillof preparaban desde hace semanas el acto que iba a realizarse este sábado en Mar del Plata, con el objetivo de mostrar músculo político propio. Sin embargo, la seguidilla de casos de inseguridad que resonó en los últimos días obligó al gobernador a suspender el evento.

Desde La Plata aseguraron que la decisión se tomó por el crimen de Matías Paredes, un joven de 26 años que murió al recibir cuatro disparos de policías bonaerenses vestidos de civil que lo persiguieron sin mostrarle ninguna identificación. Fue en medio de un operativo para atrapar al asesino del kiosquero Cristian Velázquez, con quien el joven no tenía ninguna vinculación. “El policía que disparó fue desafectado y está detenido. Por respeto y empatía con la familia de la víctima decidimos no hacer el acto”, afirmaron desde el entorno de Kicillof. 

La Bonaerense quedó una vez más en la mira luego del asesinato de Paredes, que se dio en medio de días agitados por una seguidilla de casos de inseguridad en la Provincia. Milei y sus funcionarios apuntaron contra Kicillof por cada uno de los hechos y cuestionaron la participación del gobernador en la marcha antifascista del último fin de semana, al considerar que “desatendió” los dramas urgentes de su jurisdicción. “Me dio bronca la presencia del gobernador en la marcha, cuando la provincia está incendiada por los casos de inseguridad”, advirtió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, representante del ala “dialoguista” del Gobierno.

El contraataque de Kicillof 

El gobernador sostuvo en declaraciones a los medios que la motosierra y el “ajuste feroz” de Milei resultan incompatibles con cualquier inversión en seguridad. En ese sentido, le exigió al Presidente la devolución de “los 700 mil millones de pesos que le robó a la Provincia, que equivalen a 10 mil patrulleros”, culpándolo de haber deshecho el fondo de seguridad. También responsabilizó a la Nación por “cada gramo de merca que llega a Buenos Aires” y acusó al oficialismo de “faltarles el respeto a las víctimas y hacer con esto una especie de campaña mediática”. 

Kicillof aseguró que los homicidios en la provincia de Buenos Aires disminuyeron. “Desde que yo asumí los números son los más bajos de la región, casi un tercio de los que hay en Uruguay”, se defendió. Desde su mesa chica brindaron a elDiarioAR los números que respaldarían su argumento. Según el Programa de Seguimiento de Homicidios Dolosos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia, en todo enero de 2024 hubo un total de 96 homicidios dolosos, mientras que en el mismo período de 2025 descendieron a 87, lo que implicaría un 9,4 por ciento menos de homicidios entre un año y otro. En el desglose de los motivos por los que se produjeron, los homicidios en ocasión de robo descendieron de 18 a 8, teniendo en cuenta aquel período de 2024. Si se retrocede en el tiempo, según datos del mismo programa de seguimiento, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes marca sus números más bajos en los últimos años. 

Los argumentos del cristinismo

La discusión por los casos de inseguridad en la Provincia tiene un impacto directo en la pelea entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner sobre cómo encarar la campaña. Mientras que los intendentes afines al gobernador lo presionan para que se defina por anticipar la elección y despegarse al máximo de la boleta nacional que podría encabezar la expresidenta, desde el Instituto Patria advierten sobre los riesgos que implicaría “provincializar” la campaña.

“Lo que pasó esta semana es exactamente lo que predijo Cristina. Ella a fin de año, en el acto de Moreno, le planteó a Axel que Milei lo iba a atacar con Seguridad y Salud, y eso es lo que está pasando”, afirmó a elDiarioAR un dirigente cercano a la expresidenta, e insistió: “Hacer el acto en Mar del Plata era un error. Seguro le iban a convocar ese mismo día una marcha para exigir seguridad. Y eso le va a pasar en cada lugar que vaya”.

La bronca se extiende en el Instituto Patria porque consideran que la posibilidad de un desdoblamiento responde a la estrategia de Kicillof de despegarse del kirchnerismo y avanzar con lo que llaman “un frente anti-Cristina”. Lo cierto es que la media sanción que tuvo el proyecto para suspender las PASO —que debería tener en los próximos días luz verde en el Senado— y las iniciativas en espejo que existen en la Legislatura, apurarán al gobernador para tomar una definición sobre el tema. 

Kicillof se encuentra en una encrucijada, ya que en su mesa chica consideran que lo más conveniente en pos de su autonomía política sería desdoblar, pero eso lo llevaría a una crisis -acaso terminal- con Cristina, que ya se manifestó en contra.

En ese contexto, Sergio Massa busca mediar entre ambos y en los últimos días les acercó una “salida por encima”: la propuesta de que el desdoblamiento no implique adelantar la elección bonaerense, sino realizarla después del 26 de octubre, fecha en la que se llevarán a cabo los comicios a nivel nacional.

En la Provincia no se mostraron muy entusiastas respecto a esa tercera posición del líder del Frente Renovador (FR), que jura pararse en el medio, aunque siempre está un paso más cerca de Cristina. También sospechan que la idea podría contar con el guiño previo de la expresidenta. “Por ahora no tenemos postura tomada”, repiten en La Plata, aunque en los próximos días deberán “estudiar” las distintas alternativas y tomar una decisión.  

LA/JJD

En medio de hechos de violencia en la provincia que generaron tensión sobre la gestión de la seguridad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, suspendió hasta nuevo aviso el acto con intendentes y dirigentes de su riñón que iba a realizarse este sábado en Mar del Plata, donde pensaba un relanzamiento político de cara a las elecciones de este año.

La muerte en la ciudad costera de Matías Paredes, de 26 años, a manos de efectivos de la Policía Bonaerense vestidos de civil, en medio de un tiroteo, fue el detonante que llevó a esta decisión.

“Es por una cuestión humana. Es muy triste lo que pasó y tenemos que ser profundamente respetuosos”, justificaron fuentes de la gobernación bonaerense.

“No da todo lo mismo, no podemos no estar atentos a la situación que está viviendo la familia”, agregaron, luego de que fuera el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmara la suspensión del evento, que todavía no tiene fecha de reprogramación.

El gobierno de Kicillof se vio sacudido en los últimos días por una sucesión de hechos de violencia que motivaron fuertes críticas de la oposición a la política de seguridad.

La muerte de Paredes, en la que quedaron involucrados agentes de la Policía Bonaerense, tiene como antecedente inmediato el brutal homicidio del kiosquero Cristian Velázquez en Mar del Plata, el martes pasado.

Además, la conmoción que generó el asesinato del repartidor Lucas Aguilar en Moreno, y de los adolescentes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra en Florencio Varela, no termina de disiparse en la agenda pública.

La mesa chica del Gabinete bonaerense terminó de convencer a Kicillof que bajo esas circunstancias, y con la oposición montada en una campaña incesante para responsabilizar al gobierno provincial, no convenía seguir adelante con un acto político.

Este encuentro había sido gestado por Bianco y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, los dos principales operadores políticos del gobernador, que impulsan un armado electoral propio, por fuera del ala de Cristina Kirchner.

De hecho se especulaba con que Kicillof este sábado dé una muestra más de autonomía. El gobernador tiene en gateras desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, una opción que disgusta al cristinismo.

El acto de este sábado había sido convocado desde las 16 en la explanada contigua al Museo del Mar y con la consigna “La 5ta con Axel”, por la sección electoral donde está Mar del Plata, hoy ciudad gobernada por un macrista muy cercano a los libertarios: Guillermo Montenegro. De hecho ayer estuvo Patricia Bullrich en la ciudad para acompañar al intendente ante el caso del kiosquero asesinado.

La participación de Kicillof, a raíz de los últimos acontecimientos de inseguridad, ya estaba en duda antes del asesinato de Matías Paredes. Los intendentes que lo respaldan en medio de su enfrentamiento con Cristina y Máximo Kirchner, esperaban que en el acto de Mar del Plata se materialice algún tipo de pronunciamiento a favor del desdoblamiento electoral.

Por el momento, dicho anuncio tendrá que esperar. Kicillof, que es proclive a adelantar las elecciones bonaerenses respecto de las nacionales, siempre le aclaró a los suyos que iba a esperar que decantase el panorama del calendario electoral nacional. Mira de reojo lo que pase en el Congreso son la suspensión de las PASO nacional. Ayer ya la Cámara de Diputados dio el primer paso con la media sanción de la reforma electoral para este 2025. Ahora le toca el turno al Senado.

Con el cristinismo en contra, desde el axelismo ven con buenos ojos ese desenlace, ya que allanará el camino para que, finalmente, el gobernador anuncie el desdoblamiento. Piensan que le permitirá concentrar la campaña en su figura, despegándose de la contienda nacional que se llevará adelante en octubre.

Con información de la agencia NA

CR/MC

El asesinato de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años apuñalado en Moreno, desató una ola de indignación y enfrentamientos entre vecinos y la Policía. Tras el crimen, el Gobierno nacional lanzó duras críticas contra la gestión de Axel Kicillof.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, el presidente Javier Milei aseguró que “un héroe se fue al cielo” y relató los hechos. “Hoy mataron a Lucas Aguilar, un repartidor de Moreno que defendió a un vendedor ambulante de un asalto. El vendedor ambulante fue apuñalado, pero sobrevivió gracias a Lucas. LUCAS HIZO EL SACRIFICIO MÁXIMO POR UN DESCONOCIDO: ENTREGÓ SU VIDA PARA DEFENDERLO (sic)”, escribió.

“En consecuencia, y para honrar su valentía, crearemos la Condecoración al Valor del Hombre Común, que será entregada por el Presidente de la Nación. El primero en recibirla, de manera póstuma, será Lucas Aguilar”, anunció.

“Lucas es un héroe y una inspiración para todo el pueblo argentino, y en particular para los bonaerenses, que, ante la desidia, la inoperancia y el garantismo del gobernador Kicillof, están sufriendo una catastrófica ola de inseguridad que se ha convertido en un baño de sangre para la gente común”, agregó.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también se pronunció al respecto y lanzó duras críticas contra el mandatario bonaerense. “Kicillof reprime a los argentinos de bien que sufren la inseguridad, pero deja a los delincuentes sueltos. Este es el garantismo kirchnerista”, escribió en su cuenta de X.

“Nosotros hacemos lo contrario: encarcelar a los criminales y proteger a los argentinos”, añadió, aprovechando la oportunidad para enviar un mensaje en clave electoral: “Este año, en las urnas, hay una sola opción para terminar con este caos”.

Mientras tanto, el clima en Moreno siguió caldeado. Familiares y vecinos de Aguilar marcharon hasta la Municipalidad, donde se registraron incidentes y enfrentamientos. Manifestantes arrojaron piedras contra el edificio comunal y los patrulleros, y la Policía bonaerense detuvo a 15 personas.

MM con información de la agencia NA.

Este jueves, cinco delincuentes armados perpetraron un robo a mano armada en un shopping de Hudson, ubicado en 154 y 60, a metros de los barrios cerrados Abril y Altos de Hudson.

Los implicados fueron directamente al área donde funciona un Pago Fácil. Tras amenazar al encargado de seguridad, le exigieron el dinero y redujeron a dos de las cajeras para luego llevarse 40.000 dólares y 60 millones de pesos.

Según las fuentes policiales, los implicados escaparon en un Chevrolet Fluence gris y un Onix del mismo color. Ambos vehículos fueron abandonados en 156 y 49. La policía confirmó que las patentes eran de otros vehículos.

Además, un vocero judicial agregó que, en el marco de la investigación, se acreditó que el Fluence había sido sustraído el pasado 5 de enero y que el Onix fue denunciado como robado el último 21 de diciembre en La Plata.

El robo consumado este jueves es investigado por la fiscalía 4 de Berazategui, a cargo de Silvia Borrone. En ese marco, continúan las tareas para esclarecer el hecho, sumando testimonios e imágenes de las cámaras de vigilancia, tanto públicas como privadas.

MM con información de la agencia NA.

El elenco de “No te vistas para cenar”, conformado por Cristian Sancho, Celeste Muriega, Nicolás Riera, Gladys Florimonte y Lali González, sufrió un violento robo a punta de pistola, esta tarde mientras ensayaban.

Los asaltantes apuntaron contra Riera y amenazaron de muerte.

Los productores del espectáculo realizaron la denuncia y personal de la Comisaría Vecinal 14 B fue desplazado esta tarde al Centro Cultural de Teatro “Alquimia” ubicado en el barrio de Palermo.

“Al arribar, los efectivos se entrevistaron con las víctimas, quienes refirieron que momentos antes habían ingresado al lugar dos sujetos armados que les sustrajeron celulares, relojes, anillos y dinero”, afirmó el parte policial.

“Asimismo, antes de retirarse del lugar, los delincuentes obligaron a Sancho a enviarle un saludo a ”los pibes de La Matanza“ mientras lo filmaban. Se le dio intervención a la División Investigaciones Comunales (DIC) 14”, concluyeron.

Por su parte, Gladys Florimonti contó: “Estábamos ensayando y nos agarró de sorpresa. Entraron dos individuos, uno con el revolver y dijeron 'Dame todo lo que tengas' -de manera reiterativa. Nos pusimos pálidos”.

Asimismo, la intérprete reveló que el malviviente enfatizó: “Dame todo porque sino, me llevo uno” y agregó que la puerta del espacio cultural “estaba cerrada”. En este sentido, Sancho remarcó: “La puerta fue violentada, pero sin golpes fuertes, la abrieron fácilmente, subieron y nos encontramos con una pistola que nos apuntaba de entrada”. 

Florimonti relató a su vez: “Estábamos en shock porque le tuvimos que dar (...) yo no tengo nada, teléfono no tengo, los dos me los llevaron y me sacó los anillos”, en esta línea la actriz mostró como el ladrón le quitó sus sortijas.

Sancho afirmó que le solicitaron material audiovisual: “No sé si fue a modo de distracción porque nos pidieron un video para los chicos de La Matanza. Imaginate que te apunten con una pistola te digan 'mandenlé un saludo a los chicos de La Matanza' y 'más fuerte'”. 

“Obviamente sabemos que no va a La Matanza porque es una manera de distraer, de apuntar para otro lado. Nos pareció todo muy violento porque ver a gente muy querida apuntada y en una situación que no sabés para dónde va a disparar, es muy difícil”, reflexionó el artista. 

Además, Gladys Florimonti señaló que “estaba la directora, Lía Jelín, que tiene 90 años. 'Acostate, acostate', le dijo -el ladrón a Jelín-”.

Muriega, además detalló: “No nos pegaron, pero nos robaron la mayoría de las cosas, el teléfono, la documentación, las tarjetas de crédito, etc. Hacemos la denuncia correspondiente con la ilusión de que eso aparezca, aunque hoy en día hay que decir 'menos mal que no nos pasó nada'”.

Los tres intérpretes negaron que los delincuentes tuvieran la cara tapada. De esta manera, Celeste muriega desarrolló: “Primero apareció uno con el arma y después el otro. Entraron escondidos, nos nos dimos cuenta que estaban. Hasta que una de las directoras vio a una sombra, fue a ver y -el malviviente- le dijo 'soy el sobrino de la dueña'”.

MM con información de la agencia NA.

Un oficial principal de la Policía de la Ciudad fue asesinado este miércoles a la noche por delincuentes que intentaron robarle en la localidad bonaerense de Lanús. Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como José Luis Gómez, quien se desempeñaba como numerario de la División Homicidios de la fuerza porteña y, tras conocerse el hecho, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “En los últimos 4 años, de 13 policías de la Ciudad asesinados, 12 fueron en la provincia de Buenos Aires. Ya es tiempo de que el gobernador reaccione y se ocupe de la seguridad en el conurbano bonaerense”, escribió el alcalde en su cuenta de X.

“La inoperancia de la provincia se cobra la vida de otro policía de la Ciudad. Anoche fue asesinado el principal José Luis Gómez tras un intento de robo cuando regresaba a su casa en Lanús”, expresó Macri, ante de enviar “un sentido abrazo a los familiares, amigos y compañeros del principal José Luis Gómez”.

Fuentes policiales informaron que la víctima se desempeñaba como numerario de la División Homicidios de la fuerza porteña y que el hecho se produjo alrededor de las 21:00 en la intersección de las calles Zuloaga y 2 de Mayo, por donde transitaba el efectivo, quien se encontraba de civil, cuando fue abordado por asaltantes en un intento de robo.

El efectivo volvía de trabajar a bordo de su motocicleta, cuando lo cruzaron delincuentes que le exigieron el rodado y otras pertenencias y, de acuerdo a las primeras informaciones, el policía trató de resistirse al asalto y fue ahí cuando lo los sujetos lo balearon.

El episodio provocó una gran conmoción en la zona, ya que Gómez era vecino del lugar. Los investigadores, en tanto, intentaban identificar y dar con los delincuentes.

Con información de agencias.

IG

Un repartidor de aplicaciones fue asesinado de tres balazos durante la noche del domingo cuando delincuentes quisieron robarle su moto. La víctima se llamaba Emanuel Ledesma y tenía 30 años. Sólo pudieron sacarle su celular. El hecho ocurrió frente a un local de comidas rápidas en la localidad bonaerense de Villa Bosch. Esta tarde un grupo de deliveries se reunió frente a la comisaría quinta de Tres de Febrero, en Avenida Márquez al 1400, para reclamar justicia y mayor seguridad, pero la protesta escaló y prendieron fuego un patrullero. Las llamas se expandieron y tomaron a otros dos vehículos que estaban estacionados en la calle.

“Están matando trabajadores. Están matando a los pibes que salen a trabajar”, dijo uno de los manifestantes en diálogo con el canal de noticias TN. Y ante la consulta sobre por qué habían decidido prender fuego un patrullero, respondió: “Porque no nos dan respuesta. Cada vez que te roban te salen con cualquier invento. ¿Me vas a decir que ellos no saben quién roba, quién mata, quién vende? Todo saben”.

El comisario de la dependencia afectada intentó calmar a los repartidores, pero no lo logró. Por el contrario, ellos le respondieron que se quedarán allí hasta la hora del velorio de la víctima, hoy a las 20. Más tarde llegaron los bomberos y trabajaron en sofocar el fuego.

Efectivos de la Guardia de la Infantería desalojaron a los manifestantes y se produjeron algunos incidentes, en los que al menos un policía resultó herido al recibir una pedrada en una pierna, mientras que también un manifestante fue detenido.   

A Ledesma lo mataron en el cruce de las calles Claudio Castro y Campo de Mayo, entre al menos dos delincuentes que iban a bordo de su moto, cuando llevaba un pedido. El crimen se desencadenó luego de que el repartidor se resistiera al robo de su Honda Cg 150. Aunque minutos después del ataque fue trasladado por un móvil policial hasta el Hospital Privado Nuestra Señora de la Merced, en Martín Coronado, falleció.

MM

Un alumno de 6 años llevó un arma cargada con siete balas a una escuela de Flores y la Policía de la Ciudad debió acercarse hasta el establecimiento para resguardar la situación.

Fue en la Escuela Primaria Común N°10 Ingeniero Octavio S. Pico, ubicada sobre la calle Lafuente al 500, cuando el menor le exhibió a un compañero una pistola calibre 22, que estaba cargada con siete balas.

Este último corrió hasta la maestra, le advirtió que el alumno tenía un arma y de forma inmediata la llevó hasta la dirección. En principio se creyó que era de juguete, pero, al ser revisada, se confirmó que era de verdad.

Con este escenario se activó el protocolo correspondiente y efectivos de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el edificio para secuestrar el arma y poner a resguardo a los alumnos.

Desde la institución confirmaron que el menor nunca maniobró el arma sino que se la mostró a su compañero que, rápidamente, avisó a las autoridades.

“El equipo directivo puso en marcha inmediatamente los protocolos correspondientes, llamando a los supervisores, a la policía, a la guardia de abogados, y también se puso en contacto con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervenga en el caso. Personal del Consejo se hizo presente en la escuela y llevó al menor a la sede de Martín García 464. El chico fue acompañado por la directora de la escuela. El caso ya se encuentra judicializado”, informó el Ministerio de Educación.

El caso quedó a cargo de la jueza en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Laura De Marinis, que trata de saber por qué el alumno tenía en su mochila la pistola.

Una mujer atacó a un Policía de la Ciudad en Floresta

Una mujer atacó a un efectivo de la Policía de la Ciudad e intentó sacarle el arma reglamentaria en el barrio porteño de Floresta en claro estado de alteración.

El hecho ocurrió días atrás, pero recién en las últimas horas trascendió en redes sociales y, en las imágenes, captadas por un vecino, se observa a la agresora, una mujer de 29 años, en pleno ataque contra el agente en el cruce de las calles Portela y Ramón Falcón.

Todo se inició cuando la mujer tiró piedras contra las viviendas de la zona, los vecinos llamaron al 911 y un agente de la Ciudad se acercó para tranquilizarla.

Pero, la situación se salió de control y la mujer comenzó a gritarle, lo empujó y hasta se inclinó varias veces para sacarle el arma.

Al no poder detenerla, tuvieron que llegar otros siete efectivos de la Comisaría Vecinal 7C que lograron detenerla después de también ser agredidos.

Al ser identificada, se comprobó que tenía antecedentes por los delitos de amenazas coactivas, estafas, robo agravado por uso de arma, oferta y demanda de sexo. Además, un historial de consumo problemático de sustancias psicoactivas.

La Policía de la Ciudad confirmó que, a pesar de que no resultó herida, fue trasladada al Hospital Piñero.

Con información de NA.

IG

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó al Comité de Crisis por los aumentos de casos de delitos terminados en homicidio y la violencia que sufre la ciudad santafesina de Rosario, como consecuencia de la penetración del narcotráfico.

En una resolución publicada este viernes se indica que la funcionaria y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en su carácter de copresidentes del Comité de Crisis, le solicitarán al ministro deDefensa, Luis Petri, “el apoyo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad interior en la ciudad de Rosario”.

El Comité de Crisis, de acuerdo con la Resolución 127/2024, “será presidido por la Ministra de Seguridad y copresidido” por Pullaro, “y estará integrado por los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Bullrich y Pullaro, dice la disposición oficial, “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. “El Comité de Crisis funcionará hasta el 9 de julio de 2024 y podrá prorrogarse por decisión de los copresidentes”, se agrega.

En los consideración de la resolución se subraya que “en los últimos días se han producido en la ciudad de Rosario hechos delictivos de extrema gravedad, que generaron una situación de conmoción social, lo que hace necesario el urgente esfuerzo coordinado del Estado nacional y de la Provincia de Santa Fe en orden a restablecer la seguridad interior”.

El jueves, en efecto, un chofer de la línea K de trolebuses de Rosario fue baleado en la cabeza por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor se fue internado y se encontraba en grave estado. Frente a este caso de inseguridad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado.

Este hecho se produjo horas después de que mataran a dos taxistas en Rosario. La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino.

Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon.

El corresponsal del diario La Nación en Rosario, Germán de los Santos, especializado en temas de narcotráfico, marcó un dato relevante: ambos ataques se cometieron con sello mafioso y usando balas de la policía.

JJD