–¿Existe la RAM?

–La RAM es un estadio de conciencia del pueblo mapuche.

Facundo Jones Huala responde a este cronista en el salón de visitas de la cárcel Temuco, Chile. Es 2021 y el líder mapuche está preso cumpliendo una condena de nueve años impuesta por el Tribunal Penal Oral de Valdivia por el incendio de una vivienda ocurrido en 2013 y por la tenencia de arma casera.

La definición complejiza el entendimiento sobre la existencia o no y las características de una organización mapuche que, en la Patagonia y al este de la Cordillera de los Andes, ha radicalizado su reclamo de reconocimiento territorial, espiritual y cultural.

Jones Huala asegura –lo hizo en una entrevista con este diario en 2023— que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) existe. Sin embargo, es imposible analizar su presencia en el territorio, su integración y capacidad operativa, a partir de la experiencia de organizaciones revolucionarias de las décadas del ’60 y el ’70. “Es un estadio de conciencia del pueblo mapuche”, dice, y entonces debe interpretarse que no tiene una cantidad determinada de personas que la integran, ni una estructura, ni un territorio definido.

En aquella entrevista el lonko de la Lof en Resistencia Cushamen –donde en 2017 se produjo la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado– dijo que “en los últimos años no solamente la RAM ha generado sabotajes en Puelmapu (territorio al este de la cordillera), sino que han habido otras expresiones orgánicas, otras dinámicas con otros nombres y otros sin nombres que también han atacado al capital. Han generado daños a infraestructura, a maquinaria de las empresas extractivistas, y también se han defendido”.

Sin embargo, para muchas organizaciones y comunidades mapuches la RAM no existe. O en todo caso, las acciones que reivindica como propias –ataques incendiarios contra maquinaria de empresas extractivistas o refugios de montaña– no representan las formas de reclamo y lucha de todo el pueblo mapuche.

Es el caso de Mauro Millán, lonko (jefe) de la Comunidad Pillán Mahuiza, recientemente allanada por la Justicia y fuerzas federales. “El Gobierno y la derecha nos quieren vincular con una organización, la RAM, que no existe. (Facundo) Jones Huala permanentemente es refritado en sus dichos. La derecha necesita que Jones Huala hable, que esté hablando, para justificarse en sus actos represivos”, dijo a elDiarioAR. Para Millán, “lo que Jones Huala vocifera con panfletos (adjudicándose atentados), lo replica (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich”.

Más allá de los debates hacia el interior del pueblo mapuche, el Gobierno Nacional acaba de declarar a la RAM como organización terrorista, en el marco de lo establecido por el decreto 918/2012, que reglamentó la Ley Antiterrorista de 2011, impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Para el Ministerio de Seguridad que conduce Bullrich existen elementos suficientes que prueban la existencia de esa organización y su vinculación con 136 hechos –según el anexo de la Resolución 210/2025, publicado en el Boletín Oficial– ocurridos entre 2010 y 2025.

El punteo incluido en el anexo mencionado es, en realidad, un rejunte de hechos extraídos de titulares de medios de comunicación sin correlación con sentencias judiciales que acrediten la participación o responsabilidad de organizaciones o personas mapuches.

En el largo listado se incluyen desde dos homicidios hasta incendios forestales, ataques a maquinarias de empresas extractivistas o forestales, recuperaciones territoriales, marchas o movilizaciones, pintadas en la vía pública y cortes de rutas.

La declaración de la RAM como organización terrorista se dio al calor de los incendios en el sur. Y a partir de dichos de Jones Huala que, el pasado 2 de febrero y en el contexto de la presentación de un libro de poemas escrito en la cárcel, reivindicó los ataques incendiarios. En ese contexto, aclaro: “Contra terratenientes sí, pero no contra nuestro entorno”. Es que la cosmovisión del pueblo mapuche y su efectiva tarea de cuidado de los recursos naturales –el territorio del cual el ser humano forma parte– impide cualquier acción de destrucción del ambiente.

A través de un tuit, Lefxaru Nawel, werken (vocero) de la comunidad Newen Mapu, explicó que “cuando hay un nacimiento mapuche la placenta se entierra y arriba se planta un árbol”. “Se hace una ceremonia y se agradece. Cuando se cae el cordón del ombligo se ata a lo alto de un árbol antiguo y también se agradece. Por milenios los cuidamos. Ningún mapuche incendiaría un bosque”.

Millán reafirma esa mirada: “Nosotros ya hemos demostrado que defendemos la vida en todos sus aspectos, los ríos, las montañas. Pretendemos que el ambiente se mantenga no solo para mapuches sino para todos. Nosotros somos defensores espirituales y políticos de estos territorios, porque nuestra vida se basa en los territorios. ¿Cómo vamos a ser gestores de semejante catástrofe ambiental?”.

El debate en torno a la RAM resonó también durante la última sesión de la Cámara de Diputados, el pasado miércoles. Sobre los mapuches, Miguel Ángel Pichetto dijo que “a estos personajes que yo los conocí de joven, recorriendo la provincia, que vendían artesanías en la feria de Bariloche y en El Bolsón. De repente se convirtieron en dirigentes subversivos que irrumpen en el territorio nacional, queman todo, hacen incendios”.

“Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches”, aseguró, y planteó: “Acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino”. En ese contexto se preguntó “¿cuándo las fuerzas federales van a proceder a detener al señor Jones Huala como instigador de los incendios”.

La diputada del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, no dejó pasar los dichos de Pichetto. Durante la sesión lo cruzó duramente: “Vemos aquí a diputados que en vez de estar escandalizados porque se está incendiando la provincia a la que representan vienen a armar operetas tratando de culpabilizar a una persona por el incendio de más de 30.000 hectáreas”.

En diálogo con elDiarioAR, Biasi señaló que la declaración de la RAM como organización terrorista “no se fundamenta en ningún tipo de conclusión que la Justicia haya podido sacar sobre la base de una investigación seria y concluyente sobre su existencia, su extensión, y el tipo de actividad que lleva adelante. Solo se la declara porque Pichetto interpeló al Poder Ejecutivo en ese sentido. Están buscando un chivo expiatorio para no escuchar lo que los vecinos están diciendo de los intereses que puede haber detrás de los incendios que hay en Río Negro, Chubut y Neuquén”, indicó. 

Biasi pidió, en ese sentido, “investigar los intereses económicos en los que ellos están involucrados o lo están los empresarios a los que no quieren comprometer: (Joe) Lewis, (el grupo) Benetton, y los gobernantes de la provincias que están involucrados en un entrelazamiento de intereses con empresarios para la implantación de flora exótica, o las industrias turística y minera”.

Allanamientos

El pasado domingo miembros de fuerzas de seguridad federales realizaron 12 allanamientos en comunidades mapuches, casas particulares y una radio del pueblo originario en la provincia de Chubut, en el contexto de una investigación por un incendio producido en la estancia Amancay. En ese contexto y en la comunidad Pillán Mahuiza fue detenida Victoria Dolores Fernández Núñez, a quien ayer le dieron 60 días de arresto domiciliario, mientras avanza la investigación.

El lonko Millán permanece en la comunidad –en la que no vive cotidianamente– para “intentar reestablecer la armonía del lugar”. “Estamos tratando de arreglar todo lo que rompieron en las rukas (casas), el desastre que dejaron los efectivos del Comando Unificado”, dijo.  “La comunidad tiene que recuperarse emocionalmente: golpearon a mi padre, de 83 años, hicieron una exhibición de violencia jamás vista. Hay que retrotraerse a la dictadura para encontrar una forma de actuar similar”. agregó.

Millán confía en las pruebas que aportarán a la Justicia para lograr la liberación de Fernández Núñez y su desvinculación de la causa. “Se está desmoronando el derecho constitucional”, planteó el lonko mapuche, y explicó que “no puede todo un pueblo ser juzgado por lo que dice una persona”, en relación a las declaraciones de Jones Huala. “Si fuera así debiéramos juzgar a toda la Argentina por homofóbica, racista, violenta, por lo que el mismísimo Presidente (Javier Milei) dice ante la ONU o en (el Foro de) Davos”.

Finalmente aseguró que el poder Judicial y la política “no pueden simplemente achacarle a todo un pueblo una pertenencia a la RAM: van a tener que demostrar que somos parte de esa organización inexistente”.

SR/DTC

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina incorporó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se fundamenta en un informe técnico-jurídico pedido por el Gobierno de Javier Milei que detalla supuestas actividades de la organización en el país y su impacto en la seguridad nacional. 

De acuerdo a la resolución 210/2025 que se publica este viernes en el Boletín Oficial, “conforme surge del informe técnico jurídico que justifica la presente resolución, la organización RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM), a su vez vinculada con la COORDINADORA ARAUCO MALLECO (CAM), representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

Y detalla que desde “el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas, que surgen, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror. Todos ellos por separado y, más aun, analizados en su conjunto, reúnen las características...para que sus autores sean pasibles del agravante previsto por terrorismo”.

Otros argumentos de la resolución

Jones Huala, el apuntado

La semana pasada, la cartera que conduce Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra el líder mapuche Facundo Jones Huala, por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, luego de declaraciones del líder de la RAM en las que, de acuerdo al Gobiierno, reivindica los atentados incendiarios en la Patagonia y convoca a la lucha armada.

En las imágenes, se escucha a Huala decir: “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”.

La presentación, pedida por Patricia Bullrich y que hizo Fernando Oscar Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, menciona que el Ejecutivo tomó conocimiento “por difusión en diversos medios periodísticos que el sr. Facundo Jones Huala ha reivindicado atentados incendiarios en la Patagonia y convocó a la lucha armada públicamente, actuando con intimidación pública e incitando a la violencia colectiva. Sus expresiones, además, permiten vincularlo a una organización que, aun cuando pueda no estar comprendida en el artículo 210 del Código Penal, tendría por objeto principal o accesorio, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Poco antes, el gobierno de la provincia de Chubut, comandado por Ignacio Torres, también presentó una acusación formal contra el ex convicto por instigación a cometer delitos.

Además, el último martes, durante la sesión en Diputados para tratar Ficha Limpia, entre las cuestiones de privilegio previo al debate, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, le hizo fuertes reclamos al Gobierno por los incendios en la Patagonia, con pedidos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se detenga a Jones Huala por hacer “declaraciones públicas instigando al incendio, diciendo que era bueno incendiar parques nacionales. ¿Cuándo se lo va a detener?”, preguntó el legislador. Y agregó: “Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches. Hemos hecho una ley que reconoce el derecho a la tierra, pero acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino”.

Según Pichetto, “estos grupos amparados por el montonerismo, cuyo jefe, Roberto Perdía, fue el asesor legal todo el tiempo en Bariloche... Se radicaron en Bariloche, se fueron a vivir a Bariloche y asesoraban con una mutual de abogados a los mapuches. Perdía muere contradiciendo el pensamiento nacional de Montoneros, la tacuara, la boleadora... Terminaron defendiendo mapuches que quieren la secesión, no avalan el himno y el Estado nacional”.

Asimismo, cuando el pasado 19 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención del activista mapuche Facundo Jones Huala en la ciudad rionegrina de El Bolsón, reveló que la Policía de Río Negro lo interceptó cuando intentaba abrir autos de la zona limítrofe a los incendios forestales de Chubut. La funicionaria posteó en redes sociales: “La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala! Si la ley de reiterancia estuviera aprobada, ¡volvería a estar preso inmediatamente!. A estos violentos que quieren imponer el caos atacando la propiedad, la seguridad y la vida de los argentinos, les digo claro: ¡PRESOS VAN A TERMINAR!”, dejando claro que el objetivo central del Gobierno es Huala.

En el mismo sentido, el gobernador chubutense, Nacho Torres, mostró en X un video con declaraciones del líder del grupo mapuche y escribió: “Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo. Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses. Y a vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley”.

Así describe el Gobierno a la RAM

“PERFIL DE LA AGRUPACIÓN RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM)”

Listado de hechos atribuidos a la RAM (2010-2025) realizado por el Gobierno

2010 

- 14 de julio - Cipolletti: Atentado con bomba molotov en la Policía de Cipolletti, que provocó la muerte de un barrendero municipal. 

2012 

- 7 de marzo - Pilo Lil, Neuquén: Homicidio del sargento de la Policía de Neuquén José Aigo. 

2013 

- Septiembre - Bariloche: Ataque con bomba molotov contra el Consulado de Chile. 

- 15 de diciembre - Epuyén: Incendio intencional en plantaciones forestales de una empresa privada. 

2014 

- 12 de octubre - Bariloche: Incendio del refugio Neumeyer. 

- 30 de diciembre - Chubut: Ataques a vehículos en la Ruta Nacional 40. 

2015 

- 13 de marzo - Leleque: Usurpación de tierras. 

- 18 de abril - Esquel: Corte de la Ruta 40 y enfrentamiento con la Policía de Chubut. 

- 11 de junio - Chubut: Incendio de casillas forestales. 

- 31 de octubre - Bariloche: Secuestro, robo e incendio de un puesto rural. 

2016 

- 3 de julio - Chubut: Impedimento de tareas en la red de gas Camuzzi. 

- 31 de agosto - Epuyén: Emboscada con armas de fuego a la Policía de Chubut. 

2017  

- 6 de julio - Bariloche: Incendio del refugio San Martín. 

- 21 de julio - Epuyén: Incendio en un puesto rural, con reducción y amenazas al puestero. 

- 1 de agosto - Chubut: Lesiones graves a personal de Gendarmería Nacional. 

- 1 de agosto - El Maitén: Incendio de la estación ferroviaria “La Trochita”. 

2018  

- Enero - Villa Mascardi: Incendio de la cabaña “La Escondida”. 

2019 

- 10 de agosto - Villa Mascardi: Incendio de tres cabañas en un complejo vacacional. 

2020 

- 11 de febrero - Villa Mascardi: Ataque a turistas con aceite hirviendo. 

- 20 de mayo - Villa Mascardi: Incendio de una vivienda habitada por policías. 

2021 

- 4 de octubre - Bariloche: Incendio de un galpón de Vialidad Nacional. 

- 20 de octubre - El Bolsón: Incendio del Club Andino Piltriquitrón. 

2022  

- 21 de julio - El Bolsón: Ataque a un matrimonio e incendio de un complejo de cabañas. 

- 4 de octubre - Villa Mascardi: Desalojo de tierras y represalias con ataques en Esquel y El Bolsón. 

2023  

- 16 de enero - Cerro Currumahuida, Chubut: Incendio forestal de grandes dimensiones. 

2024 

- 28 de enero - Parque Nacional Los Alerces: Incendio que consumió 1.000 hectáreas. 

2025 

- 5 de febrero - El Maitén y El Pedregoso: Ocho focos de incendio en la Patagonia tras declaraciones de Jones Huala.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno anunció que designará como “organización terrorista” al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que cuenta con un solo miembro reconocido y cuya existencia como colectivo organizado es puesta en duda por investigadores, políticos y portavoces de distintas comunidades mapuches consultados por EFE.

El anuncio del pasado miércoles llegó tras una declaración de Facundo Jones Huala, presunto líder de la RAM, quien hace una semana reivindicó “los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las transnacionales, de los terratenientes” en el contexto del conflicto mapuche.

El pueblo mapuche, que habita el sur de Argentina y Chile desde antes de la colonización europea, lleva adelante una lucha histórica por el reconocimiento y la restitución de territorios ancestrales, en parte cedidos para su explotación a importantes empresarios locales e internacionales.

Aún así, diversos actores dentro de la comunidad rechazan los métodos atribuidos a la RAM y la vinculación del pueblo mapuche con actos violentos.

“Los planteamientos mediáticos que ha hecho Jones Huala difieren de los mecanismos o metodología de lucha que viene realizando desde hace casi 40 años el Parlamento Mapuche en Río Negro”, afirmó Mirta Ñancunao, werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento, que insiste en que al interior de la comunidad no conocen a más miembros del grupo que Jones Huala.

Acusaciones contra la RAM

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ha descrito a la RAM como “un movimiento etnonacionalista violento dependiente del Movimiento Autónomo del PUEL MAPU” y su departamento denunció esta semana a Jones Huala por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, a raíz de sus recientes declaraciones.

Huala, de 38 años, había sido denunciado en el pasado por distintas autoridades e incluso estuvo preso en Chile entre 2018 y 2022 por porte ilegal de armas y provocar incendios. En 2023 volvió a ser encarcelado y, tras ser liberado, regresó a Argentina en agosto de 2024.

Gustavo Franquet, uno de los abogados que defendió a Jones Huala, explicó a EFE que las declaraciones del controvertido mapuche “no son prueba definitiva de la existencia de la RAM” y que “no existe ninguna resolución judicial que la avale”, por lo que el Gobierno argentino no tiene base jurídica para designarla “organización terrorista”.

Si bien desde 2017 se han atribuido a la RAM decenas de hechos delictivos, incluidos incendios provocados y toma de tierras, hasta la fecha ninguna sentencia judicial ha podido confirmar la participación del grupo en hechos de esa naturaleza, insiste Franquet.

Un informe publicado en 2017 por el Ministerio de Seguridad, también comandado entonces por Bullrich —bajo el Gobierno conservador de Mauricio Macri—, señaló como vocera de la organización a la activista mapuche Moira Moillán, quién aseveró a EFE: “La RAM no existe, por más que dos o tres mapuches encapuchados digan que sí”.

Moillán aprovechó para denunciar persecución política contra el pueblo mapuche y la construcción de un enemigo interno para justificar medidas represivas contra la comunidad.

¿Problema de seguridad o construcción política?

“En mi gestión no hubo ni un hecho de vandalismo que se le haya atribuido la RAM”, dijo Sabina Frederic, ministra de Seguridad durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).

En declaraciones a EFE, Frederic explicó que la RAM “no es un problema de seguridad pública ni representa un poder terrorista”, sino que se trata de “una ínfima minoría radicalizada de mapuches que en algún momento realizó actos de vandalismo”.

El gobernador de la provincia patagónica de Chubut, Ignacio Torres, vinculó esta semana a la RAM con los incendios que han arrasado con más de 25.000 hectáreas en esa zona y acusó a Jones Huala de instigarlos, una hipótesis que fue tajantemente rechazada por el mapuche.

“Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, argumentó Huala.

“En algún momento [Jones Huala] fue una referencia, pero ahora está muy desacreditado”, dijo, también a EFE, Hernán Schiaffeti, antropólogo e investigador de pueblos indígenas.

Concluyó que “la identificación del mundo mapuche con el terrorismo le viene bien al Gobierno para eludir su responsabilidad en la gestión de recursos naturales y la prevención de incendios”.

EM. Florencia Pessarini para EFE.

La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, su Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), reinstalaron en apenas tres semanas el relato que señala al pueblo mapuche como enemigo del Estado. Sucesivas declaraciones y gestos de estos funcionarios lograron poner el foco sobre un tema que en los últimos años había salido de la agenda pública nacional.

El denominado “conflicto mapuche” tuvo su cenit en 2017, cuando las sucesivas cargas represivas de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Desde entonces, el cambio del signo político nacional y algunos fallos judiciales permitieron bajar los niveles de tensión, de un proceso que incluye reclamos espirituales, territoriales y culturales, y que el poder político de las provincias patagónicas y de la Nación no han logrado abordar integral y políticamente.

El caso más grave de acusación sobre los mapuche llegó desde Chubut, cuando esta semana el gobernador Ignacio Torres señaló a integrantes de ese pueblo de haber sido los responsables del inicio intencional del fuego que afecta al Parque Nacional Los Alerces y ya consumió mil hectáreas.

Torres –hombre del PRO ligado a Patricia Bullrich– se reunió este lunes con el juez federal Guido Otranto para pedirle celeridad en la investigación sobre la supuesta intencionalidad en el inicio del fuego. Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que en la conversación no incluyó una acusación a ningún integrante del pueblo mapuche. Sin embargo, en declaraciones radiales el gobernador apuntó específicamente contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), de cuyos integrantes dijo “son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. ”El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo“. Sin dar precisiones sobre la información con la que contaría para realizar esa acusación, Torres aseguró que ”lo hacen para tomar tierras“.

En realidad la Resistencia Ancestral Mapuche hace ya más de tres años que no se adjudica ninguna acción, y en su actividad nunca provocó un incendio forestal. En lo que denomina “acciones de autodefensa”, la RAM dijo haber sido responsable hasta 2021 del incendio de maquinaria de empresas extractivistas y forestales. El líder de la RAM, el lonko (jefe) Facundo Jones Huala, se encuentra detenido en Chile desde 2018.

Los dichos de Torres provocaron indignación entre referentes del pueblo originario. Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAR que “lo que está pasando en el país y las provincias cada vez se asemeja más a una dictadura. El incendio ha desatado una andanada de difamación, criminalizando al pueblo mapuche sin pruebas, simplemente con el objeto de desviar la atención sobre un hecho claro: el poder político está otorgando un beneficio extraordinario a multinacionales, como parte del negocio inmobiliario”.

Millán calificó a Torres como “un nuevo personaje que es la fusión del corrupto de (el ex Gobernador, Mario) Das Neves que empobreció la provincia, la Sociedad Rural y el discurso racista, violento y supremacista de Patricia Bullrich”. Para el referente mapuche, el Gobernador “no tiene idea de lo que significa el pueblo mapuche, su vínculo con el territorio que cuidamos permanentemente, su historia en estos territorios antes de la creación del Estado provincial”. Finalmente, Millán planteó que “se sabe de los negocios de Torres con el poder en relación a las tierras”, y adelantó que “se tomarán acciones legales” contra el Gobernador y se realizarán “acciones políticas”.

La situación creada por las declaraciones de Torres en relación al incendio, no fue el único hecho de esta reedición de la creación de un supuesto enemigo interno.

La visita del 6 de enero pasado de Villarruel a San Carlos de Bariloche –donde fue declarada Huésped de Honor por el Intendente Wálter Cortés–, y puntualmente a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, sirvió como contexto para la primera referencia del nuevo Gobierno nacional al tema de la disputa de tierras con los mapuche. A través de su cuenta de X, Villarruel señaló que “una de las problemáticas que enfrentan en la Escuela (Militar de Montaña) son las usurpaciones de grupos autodenominados originarios. Los cuales usurpan, lotean y venden terrenos que no les pertenecen y lo han hecho bajo el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vergonzoso que el mismo Estado se socave a sí mismo”.

La referencia de la funcionaria apunta al conflicto que sostiene el Ejército con la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue por una fracción de tierras de 180 hectáreas ubicadas sobre la ladera oeste del cerro Otto, y a unos 8,5 kilómetros del centro de la ciudad. El relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia de Comunidades Indígenas, validó la presencia ancestral de la comunidad en el lugar.

A pesar de esa presencia y con posterioridad a la denominada Conquista del Desierto, la zona fue anexada inicialmente a Parques Nacionales y en 1937 al Ejército. Pero la comunidad recuperó el territorio. El último desalojo se produjo en 2020, pero no terminó por consumarse ya que en 2022 una juez federal subrogante de Bariloche avaló la presencia de la comunidad en el lugar. En esa sentencia ordenó al Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a entregar el título de propiedad comunitaria correspondiente.

Sin embargo, el caso sigue pendiente de resolución a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la entrega del título hasta que se resuelva una causa penal iniciada por la falta de apelación en tiempo y forma por parte de los abogados del Estado. 

Fuentes empresariales ligadas al turismo y del Gobierno provincial que participaron de algunas de las reuniones con Villarruel en Bariloche, confirmaron a elDiarioAR que en cada uno de los encuentros la Vicepresidenta mencionó el tema mapuche, específicamente en lo relacionado con la comunidad Lafken Winkul Mapu desalojada el pasado 4 de octubre de 2022 del territorio en Villa Mascardi.

Ese caso también formó parte de la agenda de la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, quien arribó a la ciudad unos pocos días después de la visita de su jefa Villarruel.

Rucci se reunió con “damnificados de la violencia del grupo RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), según informó a través de una gacetilla de prensa. La funcionaria aseguró que “es inconcebible que en los últimos años, quienes usurpaban, incendiaban y agredían con armas a vecinos, guardaparques y fuerzas de seguridad hayan recibido el apoyo explícito de funcionarios de distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal”.

Además, a través de su cuenta de X felicitó al gobernador Torres tras sus dichos sobre la responsabilidad del incendio. “Muy claro el Gobernador @NachoTorresCH!!! Y yo le agrego: .. y que violan permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos que habitan las zonas que quieren capturar para ese negocio inmobiliario!!!”, señaló en relación a los mapuches.

Desde Bariloche, Rucci dijo que “los derechos a la vida, la propiedad, la seguridad están consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Esos derechos fueron vulnerados en Villa Mascardi y es nuestra responsabilidad trabajar para que  situaciones similares no vuelvan a repetirse”.

En 2017, en Villa Mascardi, más precisamente en el territorio en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel. El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina por ese crimen.

SR/DTC

El Juez federal Gustavo Villanueva habilitó hoy lunes la extradición del dirigente mapuche Facundo Jones Huala que había sido solicitada por el Estado chileno, al dar lectura a resolución en una videconferencia que se extendió durante una hora y media.

Jones Huala estuvo un año prófugo y fue detenido en la Argentina el 30 de enero pasado. Tras conocerse la decisión de la Justicia, sus defensores -los abogados Gustavo Franquet y Eduardo Soares- anunciaron que apelarán la decisión.

Con esta disposición, la Justicia federal dio el primer paso para concretar la solicitud de Chile, cuyo Poder Judicial requiere la extradición de Jones Huala a los efectos de que cumpla con el año, cuatro meses y 17 días que le restan de una pena que se le había impuesto por los delitos de incendio y tenencia ilegal de arma de fuego. Esa sentencia fue emitida por un tribunal de la ciudad trasandina de Valdivia en 2018.

Villanueva, quien subroga en el Juzgado federal de Bariloche pero es titular del juzgado del mismo fuero en la ciudad de Neuquén, leyó los fundamentos de la resolución en una videoconferencia que se prolongó durante una hora y media.

En la videoconferencia estuvieron conectados el propio Jones Huala, quien siguió todo desde la Unidad Penal 14 de Esquel, como también su defensa y el fiscal de la causa, así como miembros de organismos de derechos humanos, representantes de comunidades del pueblo mapuche y medios de prensa.

En su pronunciamiento, Villanueva dispuso que Chile cumple con los requerimientos técnicos correspondientes para concretar la extradición y además señaló que en el juicio se garantizaron todos los derechos de defensa del condenado.

Además, desestimó que el juicio de extradición impulsado por la Justicia chilena pueda encuadrarse como un caso de persecución política, étnica o racial. También planteó que no existe evidencia de que, durante el tiempo que Jones Huala pasó detenido en Chile, se hubiesen violado sus derechos humanos, tal como esgrimió la defensa.

Sobre este punto, el abogado Franquet había señalado que su defendido “sufrió tratos inhumanos y persecución étnica y racial”.

El 'lonko' (jefe de un grupo de familias o comunidades) se había fugado de Chile en febrero de 2022, luego de que un tribunal intermedio le concediera la prisión domiciliaria. A los pocos días, la Corte Suprema de Justicia de Chile revocó ese beneficio, pero Jones Huala no regresó al presidio de la localidad de Temuco.

Por el contrario, cruzó la frontera por un paso no habilitado e ingresó en territorio argentino, donde permaneció casi un año en la clandestinidad hasta que fue detenido el 30 de enero en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro.

Tras conocerse su detención, la Justicia de Chile y el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país solicitaron formalmente la extradición.

Durante la audiencia de esta tarde, el juez Villanueva repasó el caso del incendio en el 'fundo' (pequeña estancia, término que se utiliza en Chile) de Pisu Pisué (ocurrido en 2013), por el cual Jones Huala fue sentenciado en Chile, y enumeró extensa jurisprudencia y de cooperación internacional a favor del instituto de la extradición.

El magistrado manifestó que en este caso se da una “particular circunstancia” ya que “el mismo sujeto (por Jones Huala) es dos veces requerido por el mismo Estado”. Se refirió así al proceso de extradición previo, solicitado y concretado en 2018, en el que también le tocó intervenir como juez.

“Como los pedidos son similares, hay cuestiones que ya fueron juzgadas en el anterior proceso”, dijo, y para argumentar su resolución consideró que esos fundamentos “mantienen su vigencia”.

Durante la audiencia que se realizó por la plataforma Zoom intervino únicamente el juez, quien leyó la resolución en la que aceptó la requisitoria de la Justicia chilena.

En la jornada anterior del juicio, que tuvo lugar el jueves pasado pero de manera presencial, la defensa del mapuche anunció que apelará la concesión de la extradición y llevarán el caso a la Corte Suprema.

Tal como informó Télam, en la audiencias preliminares el juez denegó las pruebas ofrecidas por los defensores Franquet y Soares, ambos integrantes de La Gremial de Abogados.

A partir de una consulta de esta agencia, Soares anticipó el jueves pasado que la imposibilidad de presentar pruebas será “el principal argumento de la apelación” que se llevará ante la Cámara de Casación y, posiblemente, con posterioridad ante la Corte Suprema de Justicia.

En caso que el máximo tribunal conceda la extradición solicitada por Chile, será el Ejecutivo el que deberá resolver si Jones Huala es llevado al vecino país para el cumplimiento de la pena que está pendiente.

Por Santiago Rey desde Bariloche, enviado especial para Agencia Télam

LC

El juez federal Gustavo Villanueva resolverá el próximo martes 1° de agosto si concede la extradición de Facundo Jones Huala solicitada por Chile, mientras que hoy fue rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa, en la primera jornada del juicio celebrado en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad chubutense de Esquel.

Durante la audiencia, Huala se definió como un “combatiente” de la causa mapuche, se reivindicó como “revolucionario” y acusó a los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de “perseguir y asesinar” a los miembros de ese pueblo originario.

Por la mañana, la defensa de Jones Huala criticó que el juez rechazara la presentación de pruebas porque esa decisión, sostuvieron sus abogados, impidió “probar los argumentos que veníamos a plantear” para sostener jurídicamente el rechazo a la extradición.

“Hemos asistido a un proceso en el que la defensa comparece atada de pies y manos, amordazada”, se quejó uno de los abogados defensores, Eduardo Soares.

En las audiencias preliminares, el juez Villanueva había justificado su decisión de no avalar las pruebas de la defensa por tratarse, según determinó, de una reiteración de planteos en relación al juicio de extradición previo, realizado en 2018.

Así, la actividad se inició con un pedido de nulidad de los letrados de la defensa del 'lonko' (jefe de una comunidad o grupo de familias) -Soares y Gustavo Franquet-, que fue rechazada por el magistrado que subroga el Juzgado Federal de Bariloche, donde tramita el expediente.

La audiencia comenzó a las 10:04 y finalizó pasadas las 14:15, y durante ese lapso Jones Huala estuvo acompañado por una veintena de personas entre miembros de diversas comunidades mapuche-tehuelches y representantes de organismos de derechos humanos.

El imputado es requerido por el Estado chileno para que complete la pena de 9 años de prisión a la que fue sentenciado en 2018 por la Sala de Juicio Oral de la ciudad de Valdivia, que lo condenó por los delitos de incendio de un fundo en 2013 y tenencia ilegal de arma.

Según se informó desde la Justicia de Chile, le resta cumplir un año y cuatro meses de pena.

En febrero de 2022, el dirigente mapuche se fugó de Chile durante la prisión domiciliaria que le había otorgado un Tribunal intermedio del país trasandino -aunque esa medida fue revocada luego por la Corte Suprema de Justicia chilena- y permaneció casi un año prófugo.

El 30 de enero pasado fue detenido en la localidad rionegrina de El Bolsón, y unos días más tarde lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.

Al ingresar a la sala de audiencia, Jones Huala gritó “viva la RAM (siglas de Resistencia Ancestral Mapuche), que existe y resiste”.

En el inicio del juicio, Soares reclamó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del dirigente mapuche.

El letrado le pidió al juez que acepte las pruebas de la defensa y advirtió que si eso no se produce se estaría generando un “peligroso antecedente” que pone en “situación de minusvalidez” a su cliente.

Pero la solicitud de nulidad fue desechada, y tras el rechazo se dio lectura a las pruebas aportadas por el Ministerio Público ejercido por el fiscal general Rafael Vehils Ruiz, a cargo de manera interina de la Fiscalía Federal de Bariloche.

El material probatorio consistía en documentación remitida desde Chile para pedir la extradición: se trata del pedido formal del Ministerio de Relaciones Exteriores y las actas judiciales que acreditan la pena de 9 años de prisión como también que su cumplimiento está pendiente.

A su turno, los abogados de Jones Huala insistieron en que no podían estructurar una defensa acorde al juicio por la negativa del magistrado a que presenten pruebas.

“Así cualquiera gana un juicio”, cuestionó Soares y le reprochó al juez Villanueva que, junto al fiscal, “parecen un solo equipo”.

“Usted -se dirigió a Villanueva- tiene que ser garante de las normas constitucionales y el derecho a defensa, pero no lo es”.

Y agregó que el artículo 11 inciso 'e' de la ley que regula la extradición establece con claridad cuáles son los casos en los que debe rechazarse tal requerimiento.

Entonces, y como ejemplo de esos casos, señaló que el hecho de que el país requirente (Chile) “no ofrece resguardos y garantías del descuento de la pena” por el tiempo que Jones Huala pasó detenido en su territorio.

Franquet, por su parte, sostuvo que con las pruebas rechazadas por el Juzgado se pretendían demostrar violaciones a los derechos humanos, étnicos y políticos sufridos por el 'lonko' mapuche durante su estadía en la prisión chilena de Temuco, entre 2018 y 2022.

Con esos argumentos, los defensores Soares y Franquet -que integran La Gremial de Abogados e intervinieron en otros casos de resonancia política, como la detención del argentino exintegrante de las FARC Facundo Molares- solicitaron el rechazo de la extradición.

Tras los alegatos, Jones Huala hizo uso de su derecho a la palabra y durante más de 40 minutos defendió las acciones más radicales llevadas a cabo en Argentina y Chile y atribuidas a la lucha por la tierra del pueblo mapuche.

El detenido dijo ser un “combatiente y revolucionario” y anticipó nuevos y mayores conflictos hasta tanto “el Estado no dé una solución política” a los reclamos.

Además, Jones Huala lamentó no tener armas para ejercer las “acciones de autodefensa” y acusó al juez Villanueva de “tener en sus manos la sangre de Rafael Nahuel”, ya que fue ese magistrado quien ordenó el operativo policial para el desalojo de la comunidad de Villa Mascardi en el que fue asesinado Nahuel por parte de un escuadrón del Grupo Albatros de la Prefectura, en noviembre de 2017.

“No les tengo miedo, no tengo miedo de ir preso ni de morir”, desafió Jones Huala, integrante de la comunidad en Resistencia Cushamen, lugar donde despareció y 79 días después fue hallado muerto Santiago Maldonado, tras una intervención de la Gendarmería, también en 2017.

Precisamente, carteles con la cara de Maldonado, así como banderas mapuche y tehuelches, fueron llevadas al juicio y exhibidas al juez y al fiscal por varios de los asistentes al juicio.

Tras las palabras de Jones Huala y entre gritos de disgusto de los presentes, Villanueva anunció que la sentencia será informada el próximo martes 1° de agosto, fecha que coincidirá con los seis años de la desaparición de Santiago Maldonado.

Por Santiago Rey, enviado especial para Agencia Télam

La Justicia de Chile dio luz verde al pedido de extradición del líder de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien fue detenido en Argentina el pasado 30 de enero en el quincho de una casa en Río Negro.

En las últimas horas, la Corte de Apelaciones de Valdivia hizo lugar a la presentación de la Fiscalía local de Río Bueno para que el hombre cumpla su condena en el país trasandino.

Huala fue sentenciado a nueve años de prisión por el incendio de una propiedad y tenencia ilegal de armas. Resta el pedido de la Cancillería de Chile a la Argentina, y cuando se formalice se iniciará un procedimiento de extradición pasiva.

Al momento del arresto, el líder de la RAM estaba alcoholizado y disfrazado, mientras que permaneció alojado tres días en la Comisaría N° 36 de Dina Huapi y, durante ese período, hizo una huelga de hambre.

Le negaron la prisión domiciliaria

Previo a su traslado al penal federal de Esquel, un médico certificó que Huala se encontrara en buen estado de salud el martes había solicitado su arresto domiciliario en la ciudad de San Carlos de Bariloche en una nueva audiencia para resolver su futuro judicial.

De esa manera, rechazó su extradición a Chile, donde debe cumplir seis de los nueve años de prisión a los que fue condenado por “ataques incendiarios y porte de armas”.

El abogado de Jones Huala se expresó ante la Corte Suprema de Justicia de la ciudad de Valdivia, donde la Fiscalía y miembros del gobierno de Gabriel Boric acordaron pedir la extradición.

Jones Huala se mantuvo en la cárcel de Temuco hasta el 20 de enero del 2022, cuando la justicia le dio la libertad condicional.

Sin embargo, el 15 de febrero de ese año la Corte Suprema revocó la decisión y ordenó la detención. Como no pudo ser localizado se lo declaró prófugo y se emitió una alerta azul de Interpol.

Tras más de un año prófugo, fue detenido la semana pasada en un galpón en El Bolsón, Río Negro.

El fiscal Sergio Fuentes Paredes y el representante del Ministerio del Interior de Chile Carlos White acordaron que el gobierno de Chile, a través de su Cancillería, le pida a la Argentina el envío de Jones Huala.

Por su parte, la defensa pública penal, a cargo de Juan Pablo Alday Blanc, planteó que tratados internacionales establecen que el mismo delito en Chile debe estar regido en Argentina y eso debe estar acreditado en la causa.

Además de expresar la defensa que ese punto no se cumple en el expediente, pidió que se revoque la prisión preventiva que tiene Jones Huala y que cumple en la cárcel federal de Esquel.

La defensa sostuvo que el líder del sector mapuche más radicalizado tiene arraigo en la Argentina, que cuenta con familiares en Río Negro y que uno de los preceptos de las condenas penales es que el acusado se resocialice.

Qué acusaciones pesan sobre Facundo Jones Huala

Con información de NA

IG

A dos días de ser detenido tras permanecer más de un año prófugo de la justicia chilena, las autoridades decidieron que el referente mapuche Facundo Jones Huala sea trasladado a una dependencia federal, que sería la Unidad 14 de Esquel, en la provincia de Chubut. El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) actualmente se encuentra en la comisaría de Dina Huapi, Río Negro, donde inició una huelga de hambre.

Jones Huala ya había utilizado este método de protesta en 2018, en el que permaneció casi tres semanas. En ese momento, fue en rechazo al pedido de detención de su hermano Fausto y de Lautaro González Curruhuinca, quienes descendieron de la montaña con el cuerpo de Rafael Nahuel, muerto en la represión del operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, en noviembre de 2017.

Otro episodio donde detenido se negó a ingerir alimentos ocurrió entre enero y febrero de 2019. Preso en la ciudad chilena de Temuco, le adjudicó la causa a la negativa de la cúpula penitenciaria de permitirle realizar ceremonias ancestrales, decisión que fue acompañada por otros miembros de su comunidad. “Es inhumano, cruel y degradante tener que realizar witra tripan en la ventana del baño cayendo las ofrendas en el desagüe”, expresó en ese entonces.

En Chile, Jones Huala fue condenado en diciembre del 2018 a 9 años de prisión por “ataques incendiarios y porte de armas”. Tras cumplir los primeros 3, la justicia le otorgó la libertad condicional en enero de 2022. Sin embargo, la Corte Suprema del país trasandino ordenó nuevamente su detención al poco tiempo, por lo estuvo fugitivo hasta el pasado lunes, cuando la policía provincial lo encontró en El Bolsón. 

Antes de darse a conocer su traslado a Esquel, el Ministerio Público de la provincia derivó a la Justicia Federal de Bariloche el caso, y solicitó que se informe a Chile de lo sucedido para poder formalizar el pedido de extradición. Según la indicaron fuentes diplomáticas, el país vecino contará con 30 días corridos desde este martes para llevarlo a cabo, con la posibilidad de realizar una prórroga por otros 10 días corridos adicionales.

LC con información de agencia NA

Distintos dirigentes de la oposición se expresaron luego de la detención de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el El Bolsón, provincia de Río Negro. El activista estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022 y cumplía una condena de nueve años en el país trasandino.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, describió el arresto de Jones Huala como “un paso importante”, y felicitó a la gobernadora Arabela Carreras: “Es fundamental que en Argentina rija la ley y las personas prófugas no caminen como cualquier ciudadano”. Manifestó expectativa por su extradición a Chile.

Uno de los primeros en opinar en sus redes sociales tras conocerse la noticia fue Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados: “Un delincuente menos suelto. Las familias patagónicas van a dormir un poco mejor hoy”.

En esa línea, el secretario porteño de Asuntos Públicos Waldo Wolff, felicitó a la policía provincial: “Quiero felicitar a la Policía de Río Negro por la detención de Facundo Jones Huala. En Argentina no puede haber lugar para apañar delincuentes. Tomar tierras es un delito, y los delincuentes tienen que estar tras las rejas. Ahora que actúe la justicia. Es por acá”.

Por su parte, el senador radical Alfredo Cornejo culpó al Gobierno nacional de “hacer la vista gorda” y apuntó al presidente Alberto Fernández por haber recibido a la madre de Jones Huala. “El Gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir”, escribió en Twitter.

Además, el exgobernador de Mendoza añadió: “Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino”.

Por otro lado, Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio desmintió a la gobernadora rionegrina, al asegurar que no hubo operativo para detener al líder de la RAM sino una denuncia de una vecina y dos oficiales en funciones: “La gobernadora de Río Negro no dice la verdad, no hubo operativo para detener a Jones Huala”.

Diego Frutos, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, quien ya se había manifestado en contra de las usurpaciones de tierras por grupos mapuches, afirmó que ya habían denunciado que Jones Huala se encontraba en El Bolsón. Se sumó a las críticas contra el gobierno, diciendo que “no les hicieron caso porque lo protege el Gobierno Nacional”.

La publicación de Isabel Huala, la madre de Facundo

Desde su cuenta de Facebook, Isabel Huala, la madre de Facundo Jones Huala, compartió la canción “Libertad o Muerte”, de la banda Wechekeche ñi Trawün, que hace alusión a los arrestados de la comunidad mapuche. “Me desperté con esta canción en mi mente tipo 4 de la mañana”, escribió en su muro.

“En la cancha se ven los pingos, y cuando las papas queman también pocos quedan... Hoy me levanté inspirada porque la vida da muchas vueltas, pero cuando uno ama, ese amor jamás muere ni se cambia. Hablo del amor a un hijo, también el amor a la lucha del pueblo Mapuche. Alguna vez nos hemos puesto ebrios o mejor dicho en pedo porque somos humanos, pero acá se ve quien está de verdad apoyando. A los que no se creen el cuento de los medios derechosos y están preocupados les digo que haré todo lo que esté a mi alcance y que jamás soltaré la mano de nadie que lucho con feyentun. Apenas tengamos noticias lo diremos. Gracias mañun, por estar cerca o a la distancia”, amplió Isabel horas más tarde.

Las reacciones de los congresistas chilenos

Congresistas chilenos de todo el arco político también se manifestaron hoy por la detención de Jones Huala. Desde Renovación Nacional, un partido conservador liberal, el diputado Miguel Mellado aseguró: “Hemos tenido buenas noticias desde Argentina. Detuvieron a Facundo Jones Huala, prófugo de la justicia chilena. Nosotros creemos que este terrorista tiene que estar preso, cumplir 100% su pena en la cárcel sin ningún beneficio”.

El senador Felipe Kast del partido de centroderecha Evolución Política manifestó que “la captura de Jones Huala es una buena noticia para Chile y también para La Araucanía. No podemos permitir que exista impunidad frente a quienes han utilizado la violencia y también el terrorismo, como una forma de hacer negocios y también de acción política”.

Desde el oficialismo, el diputado Raúl Soto de Partido por la Democracia dijo que “aquellos que reivindican la violencia y la utilizan por cualquier causa, actúan al margen de la democracia y me parece bien que se responda aplicando el estado de derecho. En estas materias debe haber más inteligencia y colaboración binacional”.

Asimismo, el diputado Jaime Sáez de Revolución Democrática expresó que “me parece que lo relevante es que se pueda tramitar expeditamente la solicitud de extradición para que sea la justicia chilena la que se haga cargo por los delitos que se le imputan en nuestro país”.

LC con información de agencias

El Gobierno de Chile pedirá a Argentina la extradición “inmediata” del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala. Así lo informó hoy Manuel Monsalve, subsecretario del Interior de ese país, quien aseguró este lunes que el Ministerio Público chileno busca la extradición del dirigente detenido esta mañana en El Bolsón, provincia de Río Negro, luego de permanecer casi un año prófugo de la justicia.

“Hoy durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, obviamente, corresponde iniciar los trámites para solicitar su extradición, trámites que inicia el Ministerio Público y el Gobierno va a estar atento, porque nos interesa, por supuesto, que no haya impunidad ni de este, ni en ningún caso”, dijo Monsalve a la prensa desde el Congreso trasandino.

El activista mapuche estaba prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En enero de ese año, su defensa presentó un recurso de amparo y logró obtener el beneficio de libertad condicional por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sin embargo, la Corte Suprema chilena revirtió el dictamen el pasado 15 de febrero y ordenó su detención, la cual no se hizo efectiva ya que Jones Huala no regresó a la cárcel.

Desde 2018, el líder de la RAM se encontraba cumpliendo una condena de nueve años de prisión por “ataques incendiarios y porte ilegal de armas”, delitos cometidos en enero del 2013 en el campo Pisu Pisué de la comuna de Río Bueno en el sur de Chile. Estaba en la cárcel de la ciudad de Temuco, capital de la región de La Araucanía, a 613 kilómetros de Santiago. Desde entonces, tuvieron lugar diversas protestas para exigir su liberación.

“Queremos que sea extraditado para que cumpla la condena que corresponde”, sentenció el subsecretario del Interior chileno.

La Interpol emitió un alerta roja por Jones Huala, detenido en Bariloche

Hace algunas horas, Interpol emitió una circular roja para asegurar la detención preventiva con fines de extradición Jones Huala. En caso que la misma no se emitiera, era probable que el dirigente mapuche quede en libertad. De todos modos, las autoridades argentinas dijeron que “no obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos”.

Fuentes oficiales informaron a Télam que el lonko mapuche “se encuentra a disposición del juzgado federal de San Carlos de Bariloche por haber sido detenido por una contravención”. Confirmaron también que las autoridades de Chile ya solicitaron su extradición.

La circular roja de Interpol con fecha de hoy en su publicación, señala a Jones Huala como un “prófugo buscado para el cumplimiento de una condena penal” y el país solicitante es Chile.

La Argentina ya había remitido una nota a la Embajada de Chile enviando el oficio judicial, y solicitó que considere transformar la circular azul en rojo para que se proceda a la detención preventiva hasta tanto se formalice el pedido de extradición. Por alerta azul se refieren a aquella destinada a conseguir más información sobre identidad, paradero o actividades delictivas en relación a una investigación penal.

Arabela Carreras: “La etapa de investigación queda en manos de la Justicia”

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, dijo sobre el arresto: “En Río Negro mantenemos la firme convicción de que no toleramos delitos, ni abusos de armas o agresiones hacia las personas y los bienes”.

En diálogo con Radio Seis, la mandataria provincial declaró: “Es para destacar la tarea que tuvo el Ministerio de Seguridad nacional con el operativo en Villa Mascardi y también la jueza y la fiscal federal, manteniendo la orden de captura respecto de las personas que están cometiendo estos delitos; de esta manera logramos aunar criterios para tener estos resultados”.

En esa línea, explicó que el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a cargo de Betiana Minor, se encuentra tramitando todos los procedimientos para que Jones Huala pueda ser extraditado a Chile. “La etapa de investigación queda en manos de la Justicia, tanto Federal como Provincial”, agregó.

La detención de Jones Huala

De acuerdo a la información oficial, el arresto de Jones Huala se produjo a partir de la denuncia de una mujer quien cerca de las cuatro de la mañana alertó a la policía sobre la presencia de un hombre merodeando la zona. Así fue como las fuerzas de seguridad lo encontraron “escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza”.

Una vez en el lugar, los efectivos policiales corroboraron que el hombre se encontraba ahí, escondido en un quincho. Según se observa en los videos difundidos por las fuerzas de seguridad, vestía una pollera de jean hasta las rodillas, una remera floreada con una blusa negra y zapatillas rojas. Fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó 1.31 de alcohol en sangre.

El pelo suelto y despeinado daban señales de que estuvo descansando en el interior de la vivienda, a la cual ingresó tras romper un vidrio. No opuso resistencia tras ser hallado por la policía.

“Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, reveló la gobernadora de la provincia en diálogo con Todo Noticias.

LC con información de agencias

Este lunes a la madrugada detuvieron a Jones Huala en la Reserva forestal Loma del Medio - Río Azul, un área protegida ubicada en cercanías de la localidad de El Bolsón, departamento Bariloche. El líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 15 de febrero de 2022 cuando debía presentarse ante los tribunales luego de que un fallo le revocara su libertad condicional.

Así lo confirmó la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras: “Jones Huala fue detenido en El Bolsón a las 4 de la mañana. Estaba en estado de ebriedad. Había violado un domicilio, en busca de refugio. Policía de la provincia venía realizando operativos para su búsqueda. Finalmente, se dio con esta persona, tras un llamado de una vecina por disturbios en el hogar”.

De acuerdo a El Cordillerano, personal de policial capturó a Francisco Facundo Jones Huala, en la zona de El Bolsón. El líder mapuche pudo ser localizado tras la denuncia de una mujer que divisó a un extraño en el patio de su casa. Con ese dato, personal policial acudió al lugar y tras recorrer el terreno, dieron con una persona acostada en el quincho de la casa.

De acuerdo al medio rionegrino, el líder de la RAM “vestía una pollera de jeans hasta la rodilla y una blusa color negro con tachas doradas y una remera manga larga floreada debajo de la misma y tras el pedido de identificación, este se identificó como Jones Huala”. 

“A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos”, reza el documento con firma del Gobierno de Río Negro.

Tras su detención, se reactivaron los trabajos coordinados con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir dado que Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, que apunta a socavar información “sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal”.

En el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

El dirigente mapuche fue condenado a 9 años de prisión por ser el autor de los delitos de incendio y portación ilegal de arma de fuego ocurrido en el fundo Pisu Pisué, en diciembre de 2016. El 11 de febrero de 2022, el líder de la RAM dejó de presentarse ante los tribunales de Temuco, en Chile, para acreditar su domicilio de acuerdo a la exigencia que debía cumplir para poder gozar del beneficio de libertad condicional, y el 15 de ese mes fue declarado “prófugo” por el gobierno de ese país.

Jones Huala debía retornar a prisión tras permanecer 24 días en libertad, una vez que la Corte Suprema de Justicia de Chile hizo lugar al recurso que presentó el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera para revertir el fallo que le permitió cruzar el umbral del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El comunicado de la Gobernación de Río Negro

La detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quien se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022, se produjo tras varios meses de investigaciones de la fuerza de seguridad rionegrina, que tuvieron su resultado en la madrugada de hoy.

En el procedimiento, los efectivos de la Policía rionegrina atraparon a Jones Huala mientras se encontraba escondido en el quincho de la vivienda de una vecina del barrio La Esperanza.

A partir de la determinación de la fuga de Jones Huala en Chile, y la posibilidad que se trasladara a la Patagonia para refugiarse, la Policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia llevaron a cabo distintos operativos, que incluyeron intensos trabajos de búsqueda a través de sus unidades especiales y de la Brigada de Investigaciones para poder dar con su paradero. En la jornada de hoy, dichos esfuerzos rindieron sus frutos.

Inmediatamente se produjo su detención al tiempo que se está trabajando de manera articulada con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria respecto a pasos procesales a seguir.

Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una ALERTA AZUL de INTERPOL, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Actualmente el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, para que en el término de 4 horas informe si transformará la misma en ALERTA ROJA para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición.

No obstante a ello, en el marco de una causa provincial podría ser imputado por distintos cargos.

Con información de agencias.

IG

Encapuchados ingresaron en un predio de Villa La Angostura, amenazaron al sereno que cuidaba el lugar e incendiaron maquinaria vial, por lo que las autoridades investigan la posibilidad de que se trate de un nuevo ataque de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

El hecho se produjo en horas de la madrugada de este viernes en la zona donde la empresa Convenial trabaja en la traza de la ruta de Circunvalación: con sus rostros tapados, dos hombres entraron y amenazaron con armas de fuego a la persona que custodiaba el lugar.

Una vez que el empleado de seguridad escapó del lugar, los atacantes incendiaron cuatro máquinas viales y la casilla donde se apostaba el sereno.

“Cuando el sereno escuchó ruidos lo amenazaron de muerte con armas de fuego y cuando se estaba retirando escuchó que gatillaban no sabía si fue un tiro al aire o le tiraron y le erraron.

Incendiaron cuatro equipos viales y una casilla“, precisó Joaquín Pessacg, empleado de Convenial.

En diálogo con TN, el integrante de la compañía señaló que el ataque generó pérdidas por alrededor de un millón de dólares y “ahora hay que ver cómo se le da continuidad a la obra, porque hay que garantizar la seguridad” de los trabajadores.

A pesar de que por redes sociales como WhatsApp circuló una foto de un panfleto de la RAM adjudicándose el hecho, el director de Seguridad Interior de Junín de los Andes, Juan Carlos Ibarra, aseguró en declaraciones radiales que en las inspecciones en el lugar no se encontraron escrituras ni mensajes que pudieran vincular al grupo extremista a este hecho, publicó La Mañana de Neuquén.

De todos modos, los investigadores no descartan esa posibilidad, ya que se da en medio de una escalada de violencia en esa región patagónica.

Con información de NA.

IG

La trenza larga y el idioma inentendible de su abuela avergonzaban a Mauro Millán cuando, de niño, lo visitaba en Ingeniero White. Junto con su hermana melliza Moira la veían llegar desde el noroeste de Chubut, la tierra que su familia habían dejado para instalarse cerca de Bahía Blanca. “Mi mamá le decía ‘hasta los perros te ladran’”, recuerda. Pero ella, Margarita Burgos Chankeo, fue clave para que Mauro y Moira comenzaran su proceso de reconocimiento como integrantes del pueblo mapuche tehuelche. “Hablaba en mapudungun, no era machi pero curaba con medicina mapuche, nos contaba historias de nuestra familia… con el tiempo fue de una de las personas más importantes para nosotros”.

A la distancia, Mauro Millán recuerda que a los nueve años regresó a la zona de El Mirador, en Cushamen, y que el reencuentro con tíos y primos que “se parecían” a él, con la misma piel, con una lengua que desconocía, lo conmovió y fue el puntapié de un proceso personal que aún no termina. A los 21 participó de la recuperación de lo que se llamó y llama lof Pillán Mahuiza, de la que es lonko.

Su historia es la de miles. Con matices, con variedad de expresiones, con tiempos diferentes ese proceso de auto reconocimiento se extiende por toda la Patagonia. Y, entiende, es la base y explicación del proceso histórico que vive el pueblo mapuche tehuelche. A continuación la entrevista con elDiarioAR.

-¿Cómo caracteriza este momento, de discusión, pero también con hechos violentos?

-Hago dos lecturas. Por un lado toda esta situación está generando hacia el interior del pueblo mapuche tehuelche un proceso de reencuentro de diversas expresiones. También de distintas generaciones. Es algo muy importante. Tiene que ver con un recorrido. Cuando se produjo la recuperación de la lof Quemquemtrew (en Cuesta del Ternero, El Bolsón), vinieron comunidades de toda la Patagonia a solidarizarse, de otras Provincias, jóvenes, ancianos a acompañar. Para mí es un proceso increíble y soñado que mantengamos la idea la autonomía de cada comunidad, que se sientan autónomas y compartan deseos de seguir adelante, sin que haya directivas de ningún tipo de organización. Cuando nos quieren vincular a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) u otra organización, nosotros decimos que somos autónomos. Hay miles de comunidades, no se puede limitar la lucha mapuche por algún tipo de expresión violenta que no representa a la mayoría, como tampoco se las puede vincular a organizaciones más centristas.

Cuando se recupera territorio se alinean todas las expresiones en la idea de no ceder ni un centímetro de lo recuperado. Es un posicionamiento político, ideológico, por eso la gente acompaña, llama, viaja, se preocupa. Que un anciano venga es un gesto que a pesar de todo el camino recorrido todavía me emociona. Un gesto despojado de todo interés personal, a duras penas llegan los ancianos para ofrecer su presencia. No buscan ningún beneficio personal.

-¿Cómo observa la reacción del Estado, en sus diversas representaciones, ante este proceso?

-Hay una negación de un actor político como es el pueblo nación mapuche tehuelche, que reclama discusión política. No lo admiten pero somos un actor político. Hay una democracia que está perdiendo elasticidad, se está estancando, no está mirando la vitalidad que tiene este proceso. Cuando se demandan derechos lo hacemos dentro del marco en esta idea de la democracia y de vivir en libertad. Sin imponer ningún tipo de política a la fuerza. Demandamos nuestros derechos, no renunciamos a nuestra nacionalidad mapuche, siempre dentro del marco democrático. Me horroriza cuando una Gobernadora habla de terrorismo, con todo lo que sufrió este país, cuando todavía aun aparecen nietos secuestrados, que a un pueblo se lo catalogue como terrorista me parece gravísimo.

-¿Las recuperaciones territoriales son una consecuencia del proceso, una estrategia?

-Es una decisión tomada por un pueblo. Las recuperaciones no se van detener con un final represivo a las comunidades. Este es un pueblo que resistió los peores momentos, intentos de genocidio y no pudieron. La voluntad de un pueblo no la va a poder expresar ni torcer una gobernadora, un juez, un presidente. El poder no habla de otras usurpaciones. A los únicos lugares a los que los turistas que vienen a la Patagonia que no pueden acceder es donde están los latifundios, como el lago Escondido. No son los mapuches es (el magnate inglés, Joe) Lewis. Para acceder al rio Chubut los turistas tienen que saltar alambres escondidos. Y no son los mapuches, es Benetton. El alto río Chubut está cercado por quetaríes. 

Como sociedad no se discute el derecho de acceder a esos lugares. El que lee y escucha una nota tiene derecho a escuchar todas las campanas, tiene derecho a la información.

¿Qué impacto tienen los ataques incendiarios en este proceso?

- Incendiar algo no abre caminos de discusión, los cierra. Siempre le digo a mis hijos y me lo decía mi abuela: destruir no cuesta nada, construir lleva la vida, en todos los aspectos. La inmensa mayoría del pueblo mapuche no incendia, construye. La mayoría pensamos de esta manera, estamos en proceso de construcción.

Eso sí, vemos cómo que se opera sobre estos hechos, como operan el Estado y los intereses económicos. Por eso no se dice claramente qué pasó, si fue una expresión mapuche o no lo fue. ¿Lo tengo que saber yo o la Justicia lo tienen que investigar? Todavía nos preguntamos qué pasó con los incendios contra centros sociales, la radio FM Alas, no pasó hace tanto tiempo, y no se pone el mismo énfasis, ningún Gobernador se indignó y dijo ‘vamos a averiguar hasta las ultimas consecuencias’. Esa desprolijidad genera mucha suspicacia. En la zona hay grandes negocios, hay una especulación. No por casualidad los grandes medios, en pocas manos, ponen en agenda de la manera que quieren la información del día y señalan a los mapuches. Es una narrativa errada, en esos medios hablan (Patricia) Bullrich o (Miguel) Pichetto. Si yo hablara con el odio que habla Pichetto, no duro ni dos minutos al aire.

SR

Después de las declaraciones cruzadas entre el Presidente, el Ministro de Seguridad, las autoridades patagónicas, miembros del oficialismo y de la oposición en torno a la obligación o no del Ejecutivo de enviar fuerzas federales a la provincia de Río Negro para reforzar el patrullaje en la zona tras una serie de atentados atribuidos a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el marco de su histórico reclamo de tierras que, aseguran, les pertenecen, en las últimas horas arribaron 80 gendarmes provenientes de La Pampa, que ya se encuentran en la región andina y patrullan los alrededores de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Los primeros 40 refuerzos habían arribado este jueves por la mañana al Escuadrón 35 de El Bolsón, pero en las últimas horas se han detectado más camionetas de la fuerza federal, informa el diario local Río Negro. Los otros 40 gendarmes desembarcaron en el Escuadrón 34 de Bariloche.

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad de Nación, en total se enviaron 90 gendarmes de la Unidad Móvil 4 de General Acha, La Pampa. En tanto, 30 gendarmes con asiento en Río Negro y Chubut controlan las rutas, mientras que 20 efectivos de la Policía Federal y 20 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria “están a disposición de la Justicia para lo que se disponga”.

En las últimas horas, la gobernadora Arabela Carreras viajó a Bariloche para monitorear la situación en la región andina de la provincia y la puesta en funcionamiento de los refuerzos de las tropas federales. Fuentes allegadas al gobierno provincial advirtieron que, por el momento, no recibieron ninguna comunicación oficial con el detalle de los refuerzos ni a qué zonas estarán destinados, según publica la periodista Lorena Roncarolo para el diario Río Negro.

En las últimas horas, la relación entre la gobernadora Arabela Carreras y el Estado Nacional se tensó, tras el reclamo de la mandataria provincial por más fuerzas de seguridad tras el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón, de la zona de El Bolsón, el último miércoles, atribuido a grupos radicalizados de la comunidad mapuche.

El primero en responder fue el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, que manifestó que el envío se concretaría por “una cuestión solidaria”, ya que “no es obligación del estado nacional”. Pero después, a través de una carta dirigida a Carreras, el presidente Alberto Fernández anunciaba el envío de gendarmes a la zona de conflicto, aunque le aconsejaba a la mandataria la creación de una fuerza especial y reiteraba que no era “obligación” de su Gobierno reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región“.

La carta de Fernández generó la reacción de la oposición, que coincidió en criticar la postura presidencial y del titular de la cartera de Seguridad. Y no solo cosechó la reprobación de referentes de la vereda de enfrente, sino que el mismo ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este viernes que los ataques en el sur del país son actos “de terrorismo” y que el Estado debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar la ola de violencia.

“Acá se discute si es una acción vandálica o terrorismo. Cuando el bien vulnerado que se ha atacado es la vida, hablamos de homicidios. Cuando el bien vulnerado es la libertad, hablamos de secuestro. Y cuando el bien tutelado es la paz social, hablamos de terrorismo; no hay que siquiera que dudarlo”, aseguró el funcionario bonaerense en diálogo con el periodista Tomás Méndez en radio Del Plata.

Últimos capítulos del conflicto

La región está sacudida por un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, que tensó la relación entre la gobernadora Carreras y el Ejecutivo nacional.

En ese marco, se produjeron los atentados que se le adjudican a sectores que se atribuyen la representación de la comunidad mapuche. Al incendio intencional que consumió el edificio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón en la madrugada del miércoles, hay que sumarle que, a principios de octubre, hubo un ataque en el centro de informes turísticos y de las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, y otros atentados registrados en años anteriores, como el incendio al refugio Neumeyer del Challhuaco, en 2014, y el refugio San Martín (conocido como Jakob), en 2017“.

Con información de agencias.

IG

Una semana después de que la Justicia y la Policía cercaran a una comunidad mapuche e impidieran la entrega de alimentos  a sus integrantes, se produjeron dos atentados en El Bolsón y en Bariloche. El último fue reivindicado por un grupo que asegura pertenecer a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). La gobernadora Arabela Carreras presentará una denuncia por “terrorismo”. Aníbal Fernández negó una intervención federal, convocó al diálogo y se reunió con organismos de derechos humanos.

Se cumplieron ya diez días desde el intento de desalojo por parte de la Policía rionegrina de la lof Quemquemtrew -en la zona de Cuesta del Ternero, El Bolsón-, que derivó en el establecimiento de un cerco que impide el ingreso de alimentos y ropa a la comunidad. Desde entonces la tensión fue creciendo, se produjeron hechos de represión en el lugar, y el acampe de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que buscan establecer un corredor sanitario para asistir a la comunidad.

En ese contexto, un Centro de Informes Turísticos por inaugurarse en El Bolsón y un galpón de Vialidad Nacional con maquinaria para el mantenimiento del camino al Cerro Catedral, en Bariloche, fueron consumidos por las llamas en las últimas horas. Las autoridades provinciales confirmaron la intencionalidad, y anticiparon que presentarán una denuncia judicial por “terrorismo”, ya que el segundo ataque fue reivindicado por la RAM, Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu, que se definió como “brazo político militar de las Lof en conflicto”. 

En un comunicado difundido horas después del hecho, catalogaron la embestida como una “acción de sabotaje” donde fueron destruidas dos máquinas y un galpón de Vialidad Nacional, “que prestan servicio para la industria turística de la clase alta, la burguesía de Bariloche, financiado por grandes capitalistas y con respaldo del poder político de turno”.

Un integrante de la RAM confirmó a ElDiarioAr la autoría del hecho. “El enemigo conoce nuestras aspiraciones autonomistas revolucionarias ancestralistas. Es ingenuo pretender ocultarlas. Lo más maduro es expresar y dar la batalla política ideológica junto con el avance material del proyecto político, y de esta forma superar la fragmentación creada por el estado, sus cipayos y mapuche tibios”, definió el grupo en el comunicado público.

La situación generó un cortocircuito entre las autoridades provinciales y nacionales, ya que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández negó que la gobernadora Arabela Carreras le haya requerido el envío de fuerzas nacionales a la zona del conflicto, como la mandataria había asegurado y difundido oficialmente.

Por el contrario, en diálogo con el diario Río Negro, el ministro sugirió la apertura de espacios de diálogo con las comunidades mapuche para la búsqueda pacífica de soluciones, recordó que el poder de policía les corresponde a los gobiernos locales y que “la ley de Seguridad Interior no deja que las fuerzas federales se metan en las provincias, según se les antoje. Lo define un Consejo de Seguridad y no es un tema simple. Debemos ser cuidadosos”.

Para la gobernadora, “este tipo de hechos no sólo son un ataque contra la institucionalidad de la Provincia, sino que significan un eventual riesgo para nuestros vecinos. No vamos a permitir que se tome a los rionegrinos de rehenes en ninguna circunstancia”, manifestó Carreras, exhortando a “apelar a todas las herramientas de la democracia para persuadir a las personas que eligen este método”.

Señaló que estos hechos de violencia “no son válidos, en especial en Río Negro, donde hay una amplia voluntad de diálogo, un compromiso permanente de trabajo conjunto, la posibilidad de buscar soluciones habitacionales, posibilidades de asentamiento y un marco legal y administrativo para satisfacer las necesidades de los todos los habitantes”.

Intento de desalojo

 El 24 de septiembre último, medio centenar de efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate de Río Negro (COER) ingresó a la Lof Quemquemtreu, secuestró elementos como colchones, frazadas y alimentos; y detuvo a cuatro miembros de Lof Quemquemtreu. La comunidad denunció que, durante el operativo, los efectivos violentaron al menor de 8 años, Antu Morales, que luego relató: “Me apuntaron, me tiraron al piso. Me pusieron una rodilla en la espalda”.

A 30 km de El Bolsón, en Cuesta del Ternero, la comunidad había iniciado el 18 de septiembre, un proceso que denominó de “recuperación ancestral”, en tierras utilizadas décadas para veranada, que son fiscales y fueron otorgadas al empresario forestal Rolando Rocco. 

Durante la represión, otros integrantes de la comunidad lograron escabullirse en la montaña, y desde entonces permanecen en el lugar, que fue acordonado por los efectivos para impedir el ingreso de personas o asistencia, por orden de la justicia. Para el Juez Ricardo Calcagno, asistirlos implicaría consolidar “la usurpación por la cual ya se formularon cargos”.

Alertados por la situación humanitaria, organizaciones de derechos humanos y la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro presentaron, sin éxito, primero un hábeas corpus y luego un pedido para que se abra una mesa de diálogo y se permita el ingreso de alimento y ropa de abrigo. Además, convocaron a establecer un “campamento humanitario” en la zona del conflicto, tanto para acercar asistencia como para observar el accionar policial. Pernoctan allí, cada noche, unas 40 personas. 

“Con el correr de los días, la situación se va agravando porque quedó gente resistiendo dentro del territorio, a quienes no dejan ingresarles elementos básicos para la vida de cualquier ser humano”, cuestionó Romina Jones, integrante de la comunidad, desde el acampe, y planteó que teme por la integridad física “de nuestros lamien (hermanos)”. La cercanía física y temporal con otro violento desalojo hace la referencia ineludible: “No queremos que haya otro Rafa Nahuel”, explicó en relación al joven mapuche asesinado por el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina el 25 de noviembre de 2017 en la comunidad Lafken Winkul Mapu, Villa Mascardi, Bariloche. “Nos vamos a quedar en el acampe hasta que las fuerzas represivas se retiren del lugar. No podemos generar un diálogo cuando están persiguiendo a nuestra gente a tiros por la montaña”, dijo Jones.

Orlando Carriqueo, Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche lamentó que la justicia “prioriza la propiedad privada, que ni siquiera es privada, por sobre la vida”. Al respecto, en diálogo con elDiarioAr, afirmó que se trata de tierras fiscales de las que Rocco “no tiene título de propiedad ni habita” y que le fueron otorgadas como “fiscalero” pese a ser un empresario, situación que, aseveró, “está prohibida por la ley”.

Ante la continuidad de esta situación, Aníbal Fernández recibió este lunes a miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y del Parlamento Mapuche, que requieren la apertura de un corredor humanitario para acercar abrigo y comida a los miembros del Lof Quemquemtrew.

En ese marco, según informó la organización, el ministro “destacó su voluntad de realizar las gestiones que sean necesarias para encontrar una solución pacífica” y “hubo coincidencia también en la necesidad de evitar cualquier despliegue represivo que pueda ocasionar daños físicos y psíquicos a las personas que habitan los territorios”.

Dora Riestra, referente a la APDH, participó de la reunión y expresó a elDiarioAr que Fernández manifestó “vocación y convicción de resolverlo a través del diálogo para evitar un desenlace trágico”.  Dijo, además, que el ministro intentó sin éxito comunicarse en siete oportunidades con el juez Calcagno, y evaluó que en Río Negro “están instalando un contexto delicado y grave”.

En cuanto a la situación humanitaria en Cuesta del Ternero, Riestra se mostró confiada en una inminente intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la que acudieron las organizaciones para presentar el caso, que obligue a las autoridades rionegrinas a garantizar los alimentos y demás elementos necesarios para la subsistencia. 

En los últimos días, la comunidad Quemquemtrew recibió el respaldo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien remitió una carta a la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, advirtiendo que la comunidad mapuche “se encuentra en una situación de emergencia humanitaria a raíz del accionar de violencia del Estado que no reconoce su derecho al territorio”. 

También Nora Cortiñas, titular de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, expresó públicamente su solidaridad “con este pueblo que está sitiado en una privación de su libertad, que no le permiten entrar alimentos”. Advirtió que las Madres Línea Fundadora “lo denunciamos al mundo”, porque “queremos que sean respetados los derechos humanos de estas poblaciones, especialmente en Cuesta del Ternero”.

SR/WC

A dos semanas de las PASO y en línea con el endurecimiento del discurso de campaña para evitar la pérdida de votos por derecha, Juntos por el Cambio subió al ring electoral el “conflicto mapuche” y la disputa territorial en el sur.

Dos hechos ocurridos esta semana en Bariloche abonan esta lectura: la organización del Foro Consenso Bariloche y la denuncia por supuesta agresión sufrida por Diego Frutos, referente de la ex ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich en la zona, a manos de integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Masacardi.

Este último caso obligó el jueves por la noche al despliegue judicial y policial, ya que allegados a Frutos promocionaron a través de las redes sociales la supuesta “desaparición” del hombre, cuya propiedad linda con la comunidad con la que mantiene un conflicto y que se instaló allí en 2017 reclamando derechos ancestrales. Luego de más de tres horas de tensión en la zona ubicada a unos 35 kilómetros del centro de Bariloche, Frutos reapareció para protagonizar, el viernes, un raid mediático de denuncia de la situación. Mientras Frutos era buscado, una alta fuente del Gobierno rionegrino descartó dar trascendencia política al caso y resumió consultada por ElDiarioAr: “Es un hecho policial”. El caso está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal.

Un día antes, se realizó en el céntrico hotel Inakayal, el foro Consenso Bariloche, organizado por un espacio que, con el mismo nombre, reúne a diversas organizaciones empresariales, turísticas, hoteleras, un puñado de Juntas Vecinales del oeste de la ciudad (la más rica) y clubes. El núcleo duro empresario de Consenso Bariloche mantiene vínculos estrechos con Juntos por el Cambio y el partido Juntos Somos Río Negro que gobierna la Provincia.

“Consenso Bariloche, por una Patagonia sustentable y en paz” fue el nombre del encuentro que reunió, entre otros, al ex senador y compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019, Miguel Ángel Pichetto, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, el constitucionalista Daniel Sabsay, precandidatos a diputado nacional por la Provincia, abogados, empresarios y vecinos que se presentaron como “damnificados por las tomas”. Declinaron participar el ex gobernador de Río Negro y actual senador, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), y la senadora Silvina García Larraburu (Frente de Todos). Ningún funcionario ni dirigente del oficialismo nacional se sumó al convite, y desde la organización no se transparentó si fueron convocados.

El grupo Consenso Bariloche se presenta como “un espacio de diálogo, de compartir experiencias, información, análisis y trabajo para construir consensos que posibiliten arribar, en el mediano y largo plazo, a una solución pacífica para todos los involucrados”. 

El temario del evento giró en torno a “las causas y consecuencias jurídicas de la problemática, el estado actual de los conflictos por tierras públicas y privadas y el impacto ambiental, económico y en la convivencia pacífica de la ciudad y de la región”. El discurso más duro y que más aplausos se llevó fue el de Pichetto, actual integrante de la Sindicatura General de la Nación, quien caracterizó a los mapuches como “grupos denominados originarios, que utilizan el mecanismo de la ocupación ilegal y que van avanzando permanentemente sobre el Parque Nacional, que es patrimonio de todos los argentinos”.

A través de un video de 12 minutos enviado desde Buenos Aires, dijo además que los mapuches “tienen un elemento adicional que es importante que los argentinos sepan: no reconocen al Estado argentino, no reconocen a las autoridades nacionales, exigen todo del gobierno, pero no les reconocen ningún tipo de autoridad”. “Yo diría que tienen una visión separatista -amplió Pichetto-, de la conformación de un Estado independiente mapuche, de pueblos originarios, y avanzan peligrosamente, incluso con gestiones oficiosas del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) que es un organismo del Estado federal, sobre tierras que son el verdadero colchón ambiental de Bariloche, las tierras del Ejército Argentino”.

Esta última referencia de Pichetto a las tierras que ocupa el Ejército refieren a un punto central del “conflicto” territorial en la región: el proyecto de construcción del Parque Central de Bariloche. Se trata de una iniciativa de la gobernadora Carreras para la creación de un “pulmón verde” en la zona oeste de Bariloche, que es rechazada por tres comunidades mapuche que habitan en el lugar desde hace décadas.

Carreras pretende destinar un predio de 3.500 hectáreas para la construcción de áreas de recreación, paseo e interpretación ambiental, y que también incluiría zonas intangibles.

Las comunidades Lillalonko Ranquehue, Celestino Quijada y Tambo Báez plantearon su rechazo al proyecto y, fundamentalmente, a que se avance sin el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada a los integrantes de los pueblos originarios, según lo establecen las leyes nacionales.

“Racistas, fascistas”

“Quiero aprovechar a reivindicar a un hombre que siempre ha sido despreciado y que su monumento está en el Centro Cívico de Bariloche, que es el General (Julio Argentino) Roca, uno de los grandes presidentes de Argentina y creador del Estado moderno. Cuando asume su presidencia la mitad de la Patagonia no estaba bajo la bandera argentina. Este es un debate de tipo cultural, ideológico y de defensa del interés nacional”, dijo Pichetto al defender a uno de los principales responsables de la denominada Campaña al Desierto que desde 1878 supuso el ataque sobre los pueblos originarios del sur y que hoy el pueblo mapuche encuadra como un genocidio.

“Los mapuches fueron un pueblo invasor proveniente de Chile, que además asolaba la pampa argentina, robaba ganado y también mujeres, y tenían cobertura de bandidos y delincuentes chilenos”, aseguró el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, y cargó contra el Gobierno de Alberto Fernández y la Iglesia: “Lamentablemente el Estado nacional en este momento no está interviniendo con las fuerzas de seguridad (…) Hay actitudes muy pasivas de la Iglesia Católica Argentina, a la que le ocuparon todas las tierras en Mascardi (por un predio del Obispado de San Isidro), que usaban chicos de todo el país como centro recreativo, espiritual. Lugares ocupados, quemados y saqueados. La justicia dispuso el desalojo (pero) seguramente la Iglesia argentina y algún lineamiento del Vaticano haya establecido que no era bueno un desalojo violento, lo que consolida la violencia de los otros. No hay restablecimiento de la legalidad”, planteó.

Al mediodía del miércoles, algunos integrantes de comunidades y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro llegaron hasta la puerta del hotel donde se realizaba el evento, y cantaron y gritaron consignas de reivindicación. “Racistas” y “fascistas” les dijeron a los integrantes del Foro y a los participantes del encuentro. Unos 20 policías custodiaban la puerta del lugar, y sólo se produjeron algunos encontronazos verbales con jóvenes que, con banderas argentinas, se habían apostado en el lugar para apoyar el polémico Foro.

Desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro se expresó el rechazo al evento organizado por “Consenso Bariloche”, entendiendo que fue una “reedición del Comando Unificado”, en referencia a la política represiva impulsada por la ex ministra Bullrich, junto a los gobiernos de Río Negro, Chubut y Neuquén, que “instaló el clima social para llevar adelante una segunda campaña del desierto”, y que “terminó con persecución política de integrantes, referentes y autoridades del Pueblo Mapuche”. Recordaron, en ese sentido, el caso de la desaparición seguida de muerte, según las denuncias, de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.

“No vamos a permitir que en nuestro territorio ancestral nos vengan a criminalizar, violentar y estigmatizar, sabiendo que la mayoría de la sociedad en esta parte del territorio es Mapuche Tehuelche”, afirmaron desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche en un comunicado.

Advirtieron que el encuentro se dará en el marco de una “radicalización del discurso racista”, reflejado en la aparición de folletería en Viedma y Bariloche, que llama a “aniquilar el accionar del terrorismo separatista de los anarco mapuches de la RAM, enemigos de la nación y el pueblo argentino”. La firma de la agrupación “Alerta Nacional” estaba acompañada por la esvástica y el águila del partido Nacional Socialista alemán.

En la misma línea que Pichetto, expuso el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, aunque en este caso no apuntó a la responsabilidad de los mapuches en el conflicto territorial, sino a la promoción de las tomas por parte del Gobierno nacional. Dijo que en la Comarca Andina -conformada por los municipios de Lago Puelo y El Hoyo de Chubut y El Bolsón de Río Negro- se estaba “gestando un conurbano bonaerense” y que por ese motivo intervinieron con las fuerzas de seguridad. “Acá no estamos hablando de comunidades de pueblos originarios, hablamos de gente que delinque”, planteó el también precandidato a Diputado Nacional por el oficialismo chubutense, y arriesgó que cuando se produjeron los incendios forestales en la zona en marzo pasado, el fuego “avanzó sobre tierras que habían sido usurpadas en su momento”, pero que “no había más de 200 pobladores”. Sin embargo, explicó que gracias a la ayuda que “bajó el Gobierno nacional” y que manejó directamente con los intendentes del Frente de Todos de Lago Puelo y El Hoyo “cuando se hizo un censo, había más de mil familias en el lugar”. Aseguró que las tomas están “avaladas” por los Intendentes y el Gobierno nacional.

Por un debate “abierto”

La gobernadora Carreras y el Intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, buscaron bajar el tono a la disputa. La mandataria cuestionó que no “estuvieran todos” en el espacio de diálogo convocado por Consenso Bariloche, en referencia a las propias comunidades mapuches, y pidió un debate abierto. Si bien cuestionó el accionar del INAI, evitó criticar otros aspectos de las políticas nacionales relacionadas con la conflictividad en la zona.

Más allá fue el Intendente Gennuso, quien a pesar de protagonizar en las últimas semanas un enfrentamiento y ser denunciado ante el INADI por la comunidad Quijada, por “desconocer” la presencia ancestral y efectiva en la zona, aseguró ante la mirada impávida de los asistentes que “no va a haber consenso mientras no haya reparación”.

En ese sentido, dijo que “necesitamos sentarnos con tres principios: respeto, justicia y reparación.

Respeto por la identidad de todos los que estemos en esa mesa. Justicia porque vivimos en una sociedad injusta: los sectores de los pueblos originarios han sido invisibilizados. Son los que no lograron, muchas veces, tener lo necesario para vivir. Viven en un mundo injusto. (…) No va a haber consenso mientras no haya reparación, mientras no podamos mirarnos los unos a los otros sabiendo que somos pares, que tenemos las mismas oportunidades. Y los pueblos originarios no han tenido las mismas oportunidades“, repasó.

El cierre del discurso supuso la finalización del evento realizado en el hotel que lleva el nombre de uno de los longkos (jefe político) más emblemáticos para el pueblo mapuche. Para entender la profundidad del debate histórico en la zona, se puede recurrir a las palabras que Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche dijo a ElDiarioAr: “Inakayal combatió la invasión winka (blanca), cayó prisionero en 1884 en el contexto de la Campaña del Desierto, y murió en los sótanos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Es una ofensa para el pueblo mapuche que un evento racista se realice en un hotel que lleva su nombre”.

SR

El ex senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto; la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y Florencia Arietto serán denunciados penalmente por representantes del pueblo mapuche.

La Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y varias comunidades confirmaron que presentarán una demanda en los fueros federal y provinciales para que se investigue si existe una tipificación penal que encuadre las acusaciones sobre el inicio de los incendios.

Tal como informó elDiarioAR, esos dirigentes políticos habían señalado a integrantes del pueblo mapuche como responsables de haber originado los focos intencionales del incendio que consumió unas 2 mil hectáreas y alrededor de 400 casas en el noroeste de Chubut.

Mientras Pichetto, actual miembro de la Auditoría General de la Nación, aseguró que los incendios “tienen que ver con los mapuches” y pidió que “se los investigue”; Weretilneck arriesgó que los responsables de los incendios “serían las mismas personas que protagonizaron otros hechos conflictivos, como la toma del Foyel”, en relación a la recuperación territorial producida en 2020 en ese paraje, ubicado entre las localidades de Bariloche y El Bolsón, por la comunidad mapuche Gallardo Calfú.

Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad de la Nación, reclamó mirar que “a la Araucanía chilena” porque “están los Jones Huala destruyendo todo”.

Finalmente, Patricia Bullrich culpó a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) por el origen de los focos.

“No se puede tirar esa acusación a la prensa tan livianamente sin pericias, sin pruebas con los que genera para las más de 300 familias que han perdido sus casas, territorio, animales”, explicó a este medio Orlando Carriqueo, werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamente Mapuche de Río Negro.

Para Carriqueo “acusar al pueblo mapuche por el incendio es desconocer lo que significa para nosotros el territorio. La verdad es que nos parece que ya ha sido suficiente con los discursos de odio que hemos venido escuchando de estos mismos delincuentes, porque eso son, hace varios años”.

La Coordinadora del Parlamento Mapuche presentará la denuncia en el fuero federal, mientras que algunas comunidades de Chubut y Río Negro lo harán en los provinciales.

Paralelamente, la entidad requirió al Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederic información sobre el supuesto aporte de pruebas realizado por Weretilneck, vinculando a mapuches con los incendios.

La nota elevada al ministerio señala que “ante el desastre que los incendios han dejado en la zona, una acusación de esta medida sin haber presentado ninguna prueba a la Justicia y, sin realizar la denuncia en el órgano jurisdiccional correspondiente, constituye un hecho que claramente tiene por finalidad el perjuicio y la persecución social de las comunidades Mapuche”.

Agresión al Presidente

Luego de la liberación de los cinco detenidos por los incidentes durante la visita de Alberto Fernández, las asambleas que conforman Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut por el “no a la megaminería” acusaron a los gobiernos nacional y provincial de “liberar la zona” para el accionar de una patota.

Además, cuestionaron que el ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, informara los nombres y lugares de trabajo de los vecinos y vecinas detenidos y acusados de agredir al Presidente.

“Sus rostros y sus datos personales fueron expuestos en conferencia de prensa por el ministro de Seguridad violando sus derechos y garantías constitucionales”, dijeron desde las entidades, y denunciaron “el montaje mediático y judicial que busca la demonización del colectivo docente y de quienes nos oponemos a la megaminería para desviar el foco de la responsabilidad estatal en la catástrofe socioambiental que atraviesa la cordillera en estos días”.

Las Asamblea repudiaron “los sucesos del pasado sábado 13 de marzo, cuando en el contexto de la visita presidencial a la zona afectada por los incendios, vecines autoconvocades fueron atacades por una patota del sindicato de la construcción (UOCRA). Denunciamos públicamente al gobierno nacional y al gobierno provincial por acudir a prácticas de tercerización de la represión”, dijeron. “Las autoridades se dieron a la fuga y la policía liberó la zona para que la patota de la UOCRA actuara una vez más su triste papel”, detallaron.

En torno a lo sucedido, elDiarioAR publicó este domingo que desde el Gobierno nacional habían solicitado al Gobernador de Chubut Mariano Arcioni que no se sumara a la comitiva presidencial debido al rechazo que genera su presencia en la zona Andina. El ministro del Interior Wado de Pedro confirmó este lunes la información a través de un hilo de Twitter, en el que dijo que “no estaba prevista la presencia del gobernador Arcioni. Sabíamos que eso iba generar malestar y enojo, debido la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia”. Y agregó que “hoy, en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad”.

SR