Desde su cuenta de X, la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner responsabilizó a la justicia de malversar la Constitución Nacional y el Código Penal y Procesal en su contra.

“Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa. Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos”, remarcó.

En la misma línea, criticó: “El resto de mis relaciones con el mundo exterior… amigos, amigas, compañeros, compañeras… y otras personas que conozco y me vinculo por el sólo hecho de ser una persona que tiene vida…”.

En paralelo, los abogados defensores elevaron un pedido a la justicia para revocar las restricciones en los ingresos. Según especificaron, el Tribunal solicitó la conformación de un listado de personas, que alcanza a su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y letrados, a ser entregado en el plazo de 48 horas para aprobar los ingresos a su domicilio.

En su publicación, la titular del Partido Justicialista continuó: “Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización; en un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles”.

Por su parte, cerró el mensaje con una pregunta retórica: “De mis derechos políticos, mejor ni hablemos… te la debo. ¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?”.

El posteo llega luego de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, visitara San José 1111, hogar de la dos veces mandataria, sin previo aviso y sin estar inscripta en el registro de ingresos a menos de 48 horas de haber comenzado a cumplir con la prisión domiciliaria.

Los argumentos en defensa de Cristina Kirchner

En el marco de la presentación judicial, los letrados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy plantearon que su defendida, en carácter de titular del Partido Justicialista, no debiera solicitar autorización previa para registrar cada visita.

A través del escrito señalaron que “quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, y remarcaron que más allá de la condena otorgada, Cristina Kirchner “no ha perdido ninguno de los demás derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos”.

“Como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada”, especificaron a través del escrito, respecto a la pública intención que elevó Luiz Inácio Lula da Silva de entrevistarse con la exvicepresidenta.

Por su parte, remarcaron: “Dicho con todo respeto, no parece sensato que esta clase de encuentros deban estar supeditados a la obtención de autorizaciones judiciales previas. En definitiva, los derechos políticos y partidarios de Cristina Fernández de Kirchner no pueden ser limitados con motivo de la condena impuesta en autos, a través de una regla de conducta que supedita su interrelación con otros dirigentes a un debate judicial”, aclararon.

Amparados en el principio constitucional de legalidad, contemplado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, los abogados exigieron la garantías de preservación de las relaciones con el mundo exterior, en su mayor extensión posible, “asegurando el ejercicio de los derechos y obligaciones, inherentes al ser humano”. “Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos”, destacaron.

“Tampoco se ha explicado cuál es la norma o el criterio a partir del cual el Tribunal habrá de resolver la procedencia o no de las peticiones que se le formulen, evitándose así caer en casos de discrecionalidad absoluta que no pueden ser controlados”, expusieron.

Por último, plantearon que “si se coartaran los derechos que le asisten a Cristina Fernández de Kirchner, imponiéndole una regla de conducta que no registra antecedentes, que no encuentra fundamento normativo y cuya finalidad no es explicada, no solo se habrán de lesionar sus garantías personales, sino también los de millones de personas que ella representa y, por ende, al sistema democrático y republicano de gobierno”.

MU con información de la agencia NA

Juan Grabois afirmó este miércoles que los tribunales de Comodoro Py “están para el que paga más”, en relación a la confirmación de la Cámara de Casación de la sentencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, y la supuesta malversación de fondos en obras públicas de la provincia de Santa Cruz. 

Bajo la premisa “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”, el abogado, docente y dirigente social indicó que tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Javier Milei pudieron tener a favor la justicia porque el exmandatario Alberto Fernández “dejó sus palabras en el bolsillo” y no hizo la reforma judicial que debía hacer: “Fue muy valiente con las mujeres y muy cobarde con el poder”, añadió.

“Acá estamos hablando de gente muy perversa. Yo vi el chiquero que tenemos detrás nuestro, con un ambiente prostibulario, que es un asco y poco tiene que ver con el imperio de la ley”, destacó, al tiempo que se preguntó si “buscan proscribir electoralmente a Cristina”. “Obviamente”, se respondió. Y agregó: “A ver, yo estuve el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, cuando Bullrich mandó a matar a 30 y pico de argentinos. A esos tipos no los proscribieron. Entonces, ¿por qué se busca proscribir a la máxima dirigente del campo popular por una causa trucha?”.

Además, Grabois acusó un “triángulo de hierro, que son los servicios de inteligencia, los jueces corruptos y los medios de comunicación, que son los que están jugando una partida política, como dijo claramente el señor (Héctor) Magnetto (CEO del Grupo Clarín), haciendo periodismo de guerra, porque esto es una guerra política contra el campo popular. No tiene nada que ver la corrupción. No les importa la corrupción, si la hubo o no la hubo”, disparó el dirigente.

Por otra parte, indicó que hoy, el lawfer es que “desfinancien las universidades y la justicia no haga nada”, que los jueces que fallaron a favor de las organizaciones sociales, y en contra de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,“tampoco haga nada, cuando le roba los alimentos a la gente”.

“El único destino que tiene Comodoro Py es su demolición”, resaltó. 

También estuvieron presentes en la exposición, la política brasileña Manuela d'Ávila, diputada del Partido Comunista de Brasil, y Juan Martin Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. 

“Cristina no tiene un pelo de corrupta y no vamos a permitir que la metan presa. No va a pasar lo que pasó con lula (Da Silva). No naturalicemos la injusticia”, concluyó. 

Con información de agencias.

IG

El Papa Francisco retomó definiciones de contenido político y alertó contra el “lawfare” que afecta a varios líderes de izquierda latinoamericanos, con una particular mención a los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, a quien calificó como una “una mujer de manos limpias; excelente mujer”.

“No pudieron (vencerla)”, enfatizó Francisco en referencia a la expresidenta Rousseff (2011-2016) en una entrevista difundida el jueves con el canal C5N. “Y a Lula, lo metieron en cana y no pudieron”, reiteró el Papa. La entrevista fue realizada el fin de semana pasado, antes de que Francisco fuera internado el miércoles por una bronquitis infecciosa en el hospital Gemelli de Roma.

Durante más de una hora de diálogo con el periodista Gustavo Sylvestre en el Vaticano, Jorge Bergoglio se mostró distendido, afable, con ánimo de opinar sobre temas políticos latinoamericanos. Apenas se percibió una leve agitación en su respiración, probable signo del cuadro que requeriría el 29 de marzo su ingreso al hospital romano, de donde obtendría el alta este sábado.

Consultado sobre los procesos judiciales que enfrentaron Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, Francisco aludió al “lawfare”“. ”Empieza a través de los medios de comunicación, que descalifican y meten sospecha de un delito. Se hacen esos sumarios grandísimos y, para condenar, basta el volumen de ese sumario, aunque no se encuentra el delito“, dijo. ”¿Dónde está el delito acá? Así condenaron a Lula“, indicó Francisco.

Hay que alzar la voz, hay que decir cuando existe una irregularidad. Los políticos tienen esa misión de desenmascarar una justicia que no es justa

En el caso de la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta argentina, el Papa eligió ser menos elocuente. Dijo no conocer “los detalles, pero los resultados se ven, ciertamente”.

“Hay que alzar la voz, hay que decir cuando existe una irregularidad. Los políticos tienen esa misión de desenmascarar una justicia que no es justa”, exhortó Francisco.

“Mentir, dogmatizar, insultar y destruir al otro no es (propio de un) medio de comunicación, es guerrilla”, dijo el religioso. “El medio tiene que decir la verdad y la propia idea de la verdad. Es un problema serio la ética de la comunicación”, afirmó.

“Con el fumus delicti, el olor del delito, a veces el humo te lleva al fuego del delito. Otras veces es un humo que se pierde porque no tiene fundamentos. El lawfare usa el humo del delito como realidad y empiezan con los medios de comunicación a dejar a la persona en offside”, marcó el Papa. “Un juez siempre crea jurisdicción, pero tiene que ser armónico con el derecho. Cuando te encontrás un juez que crea jurisdicción opuesta al derecho, es un chantapufi”, resumió.

Según contó, había reflexionado el fin de semana con su amigo el jurista argentino Eugenio Zaffaroni, “un gran tipo y un gran juez”, sobre los efectos del “lawfare”. Zaffaroni —a quien no nombró pero identificó como un exmiembro de la Corte Suprema argentina y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos— es uno de los críticos más notorios de las prácticas de los tribunales de Buenos Aires y de lo que entiende como ausencia de garantías procesales en los juicios que enfrentó la vicepresidenta peronista de centroizquierda.

El jefe de la Iglesia católica se hizo tiempo para remarcar su amistad con el expresidente uruguayo de izquierda José “Pepe” Mujica, “un grande, un tipazo”, y también definió como “muy seria” a la esposa del exmandatario uruguayo de izquierda, la exsenadora Lucía Topolansky, aunque “un póco más ideológica”.

Si querés discutir con un político y un pensador de ultraderecha, hablá de justicia social, en horizontal. De los pobres

Cuando el entrevistador citó a Mujica diciendo que “la derecha se une por intereses y los progresistas se separan por sus ideas”, Francisco respondió: “sabio”.

Contra la ultraderecha, “justicia social”

La mención a las peleas internas de los partidos y la proliferación de los discursos de odio llevaron al Papa a trazar un paralelo con la Alemania que vio nacer al nazismo. “Es lo que llamo el 'síndrome 1933', Adolfito. Le tengo pánico a los salvadores de la patria”, alertó Bergoglio, quien cumplió este año una década al mando de la Santa Sede.

“Es curioso. La ultraderecha se recompone siempre porque es centrípeta, no centrífuga”, definió el Papa. El antídoto sería “la justicia social, no hay otra. Si querés discutir con un político y un pensador de ultraderecha, hablá de justicia social, en horizontal. De los pobres”, dijo el sacerdote argentino.

“Da vergüenza que un político tenga tantos divorcios políticos y que hayan estado en tantos partidos y vayan cambiando de según le conviene y se presentan como salvadores de la patria”, sostuvo, nuevamente, sin dar nombres.

En Argentina, donde este año habrá elecciones presidenciales, las encuestas registran una alta adhesión al economista de extrema derecha Javier Milei, una tendencia que lleva a endurecer el tono a integrantes de la coalición conservadora Juntos por el Cambio.

Francisco citó un versículo del Nuevo Testamento. “¿Usted es comunista, padre? Mirá. Mi carta de identidad es Mateo 25 y al que dijo eso le vas a decir que es comunista. '¿Quiénes van a entrar al cielo? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba preso y me viniste a visitar'. Esa es la regla de conducta”, razonó.

Pedro Castillo había  logrado superar un año en el poder: este político provinciano y serrano, ex docente y gremialista del magisterio, llevaba 16 meses en el cargo en Lima. La duración era considerable en un país que antes de la llegada del primer presidente izquierdista al poder, había visto sucederse desde 2018, y antes de la asunción de Castillo el 28 de julio de 2021, cuatro Ejecutivos caídos o colocados por el Congreso unicameral. Con la destitución de Castillo aumenta a cinco el número de presidentes destituidos por el Congreso.

El 28 de noviembre, Perú estrenaba una nueva primera ministra, Betssy Chávez. La quinta funcionaria en ese cargo de la presidencia de Pedro Castillo, tras la renuncia el jueves por la noche de Aníbal Torres. Este miércoles, el Congreso que había presentado la tercera moción de vacancia contra Castillo, votó su destitución después de que decretara su disolución e instaura un gobierno de emergencia nacional.

El ex presidente que siempre ha sostenido su inocencia, en el mensaje pregrabado del martes declaró: “Confirmo que nunca he robado un solo sol de mi país”.  Repetidamente ha calificado las denuncias en contra a su gobierno como un intento de “golpe de Estado” de la Fiscalía y el Congreso. Por esa razón había solicitado que interviniera la Organización Americana, que desde el 20 al 23 de noviembre visitó el país  a fin de indagar sobre “el golpe de Estado en marcha”.

Primera nueva corónica y buen gobierno

Desde el primer día de su gestión, Castillo enfrentó un contexto político complicado debido a la fragmentación parlamentaria donde el entonces presidente no contaba con fuerza propia: se presentó por el partido de izquierda Perú Libre (PL), sin ser líder de esa fuerza política que lo adoptó como candidato y al que por disidencias renunció. 

No fue menor tampoco la incidencia para nada favorable de la campaña en su contra que sin desmayos sostuvieron los  medios de comunicación en manos del empresariado y actores hegemónicos, siempre  declarados opositores. Ante una postura económica incierta, pero recordando su eslogan “no más pobres en un país rico”, los medios criticaron su capacidad de gestión de la pandemia y su ideario en economía,  a pesar de que hasta febrero de 2022 seguía en su cargo Julio Velarde  como presidente del Banco Central, y había designado a Pedro Francke como ministro de Economía, ex funcionario del Banco Mundial de larga trayectoria vinculada al sector público quien también renunció en febrero 2022.

Aún con los cambios de ministros que indicaban la inestabilidad del gobierno y las campañas mediáticas dirigidas a erosionar al gobierno de Castillo, lo sucedido  el 9 de agosto de 2022 fue un claro indicador de la incidencia operativa del lawfare. Ese día fue el despliegue de un “espectacular” operativo de allanamiento y detención de personas vinculadas al presidente Castillo, aludiendo, sin pruebas pero con diversas conjeturas - como diría el juez federal, y después ministro de Justicia bolsonarista en Brasil, Sergio Moro ejecutor de la operación  Lava Jato contra Luiz Inácio Lula da Silva- la existencia de una supuesta organización criminal cuya cabeza sería Pedro Castillo.  La Fiscalía intervino en las instalaciones del Palacio de Gobierno y Casa Presidencial, argumentando antojadizamente que ahí se encontraba escondida su cuñada Yenifer Paredes, acusada, también sin pruebas, de corrupción y otras imputaciones propias de la táctica golpista del lawfare.

Lawfare en clave latinoamericana

El concepto combina los términos law (ley o derecho) y warfare (guerra), y se traduce del inglés como “guerra jurídica”. El mismo hace referencia al uso de procesos legales para llevar a cabo operaciones de erosión, proscripción o destitución de figuras relevantes o movimientos de peso en un país o región. Definido como el uso del sistema judicial para deslegitimar a un líder político se ha verificado en la persecución judicial y parlamentaria contra los expresidentes Lula de Brasil, Evo Morales del Estado Plurinacional de  Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner,  dos veces presidenta y actual vicepresidenta de Argentina. Un método que los sectores conservadores utilizan para perseguir a los movimientos progresistas. “El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación de sistemática de los derechos sociales” ameritó el Papa Francisco. 

Característica del lawfare es el posicionamiento mediático por el criterio de noticiabilidad o magnificado a propósito, por intereses de un actor o grupos que busca ataques mediáticos, callejeros y/o la desestabilización de la figura acusada. “No existe el lawfare sin los medios de comunicación. El día que inicia la causa sale en todos los medios y automáticamente se condena a la persona acusada”, detalló la doctora en ciencias políticas CELAG, Silvina Romano.

El lawfare tiene un guion repetido en el juicio mediático o la moción de censura que acumuló Castillo. En las dos opciones,  se hace protagonista de la corrupción al político que este en la mira de esta estrategia, construyendo una narrativa repetida por los principales medios de comunicación. Y,  el rol del ámbito judicial:  protagonizado por la Fiscal General, Patricia Benavidez  quien sostuvo contar con más de 190 elementos probatorios para sustentar una acusación contra Castillo por presuntamente liderar una supuesta red corrupta que, desde su Ejecutivo, otorgó licitaciones fraudulentas de obras públicas. Una construcción de culpable construyendo culpables a quienes todavía se les debe probar el delito.

Un lawfare a la peruana

Desde antes de iniciar su gestión,  el ex presidente Pedro Castillo conoció las invectivas del lawfare. Su rival Keiko Fujimori, secundada por la fiel vocería de los medios, formuló ante la administración pública y la justicia todos los reclamos de contralor extremo y todas las denuncias de maniobras delictuosas en su perjuicio con que la ley busca proteger del fraude electoral a votantes y partidos. El maestro y gremialista serrano esperó el limpio día del inicio de su mandato. Que coincidía  con las Fiestas Patrias y el Bicentenario de la Independencia del Perú de la dominación española. Una suerte de lawfare (electoral, racista y colonial) en la tentativa de anular gran parte de votos por Pedro Castillo luego de la segunda vuelta electoral, votos provenientes de territorios de pueblos originarios y zonas rurales. Perú ha vivido el guion de lawfare en el contexto de un golpe de Estado lento y permanente que desde el Congreso ha intentado tres veces la vacancia presidencial y en la última, ha logrado destituir al presidente Castillo.

Una nota singular del lawfare en Perú es que además se maneja con el terruqueo, la permanente  táctica de la élite política hacia quienes piensan distinto. En la campaña electoral y los primeros meses de gobierno, todo el ataque contra el ex presidente era sobre sus supuestas vinculaciones con el terrorismo. Antes de ser el “corrupto”, mucho antes de ser el “dictador”, el ex presidente Castillo fue el “terruco”, y el “maestro bruto”, y el “serrano ignorante”.

AGB

El rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015) y el alcance penal de esa responsabilidad es uno de los puntos centrales del juicio oral y público del caso Vialidad, por el que la funcionaria enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

Uno de los contrapuntos en los alegatos fue el debate sobre “cosa juzgada”, un planteo de las defensas de algunos de los acusados del juicio -entre ellos la de la vicepresidenta- que llegó hasta la Corte Suprema y que refleja la historia de la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial, que ha oscilado entre la cooptación y el enfrentamiento irreparable. Y el lawfare o guerra judicial, según la versión del oficialismo. 

El máximo tribunal rechazó los argumentos de los abogados, quienes sostienen que la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz y la supuesta cartelización de las mismas a favor del empresario ya fue “juzgada” parcialmente -por el delito de presunta defraudación a la administración pública- tres veces en la Justicia federal de Santa Cruz. 

A partir de 2016, estos planteos de las defensas fueron rechazados desde el juzgado de instrucción hasta el máximo tribunal del país, que se expidió sobre el caso a mediados de este año y con el juicio oral y público cerca del veredicto (se espera para noviembre o antes de finales de año).

La historia del caso Vialidad se remonta a 2008, explicó Fernández de Kirchner durante su alegato, el viernes 23 de septiembre. Efectivamente, en noviembre de ese año, Elisa Carrió denunció al expresidente Néstor Kirchner; al entonces ministro de Planificación, Julio De Vido; y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros, por presunta asociación ilícita. La denuncia recayó en el juzgado federal número 10, a cargo de Julián Ercolini. El fiscal Gerardo Pollicita requirió que se investigaran los hechos denunciados, que incluían los negocios adjudicados por el Estado Nacional hasta ese momento a ambos empresarios.

“Es necesario que Néstor Kirchner tenga una causa, es necesario que alguna vez alguien vaya preso y devuelva el dinero”, sostuvo Carrió por esas fechas en declaraciones a los medios.   

Entonces, la líder de la Coalición Cívica (CC) afirmó que no buscaba “perjudicar” a Fernández de Kirchner, quien había asumido un año antes como presidenta, pero que la Justicia debía establecer si la mandataria tenía o no responsabilidad en la supuesta asociación ilícita denunciada. “La jefa de la banda seguro que no es -dijo entonces Carrió sobre CFK-, el jefe de la banda se llama Néstor Kirchner y nosotros queremos preservar la autoridad constitucional de la Presidenta de la Nación”.

En 2012, la relación entre el kirchnerismo y el Poder Judicial comenzó a transformarse lentamente de un matrimonio forzado pero conveniente a un divorcio combativo. La fractura tal vez nació con la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, se profundizó con la inconstitucionalidad del memorándum con Irán y se instaló con las causas Hotesur y Los Sauces hasta llegar a los allanamientos a la presidenta en ejercicio en 2014.

Lejos quedaron, entonces, los sobreseimientos apurados a los Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito, el desguace de causas como Skanska y los certificados de buena salud judicial que expidieron algunos jueces y fiscales durante los años anteriores. Fernández de Kirchner no habló en su alegato de aquella época, en la que la relación con el Poder Judicial gozaba de armonía, los jueces no eran enemigos, el kirchnerismo no hablaba de lawfare o guerra judicial y ciertos funcionarios garantizaban junto a los servicios de inteligencia del Estado una interpretación muy diferente de los hechos jurídicos.

La denuncia de Carrió terminó dividida en varios expedientes: en 2011, el juez Ercolini concentró una parte de los hechos pero envió a otras jurisdicciones los que correspondían a denuncias de obra pública en las provincias de Chaco, Formosa y Santa Cruz. 

El fiscal Pollicita apeló esa decisión pero su superior, el entonces fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña, Germán Moldes, no acompañó el recurso y evitó así que la discusión continuara. Pocos años más tarde, Moldes sería uno de los principales representantes de Comodoro Py en enfrentar abiertamente a Fernández de Kirchner y miembros de su gobierno, tanto en los medios como en las causas. 

Así nació en 2011 la primera causa por la que Fernández de Kirchner alega que ya fue juzgada por el supuesto direccionamiento de obras viales adjudicadas a Báez en esa provincia y por las que actualmente es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Entonces, planteó la defensa de Fernández de Kirchner, que encabeza el penalista Carlos Alberto Beraldi, “se hizo expresa referencia a la existencia de una supuesta asociación ilícita”.

En 2013, una segunda denuncia fue presentada por la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) ante el juzgado federal de Río Gallegos, también, por supuesto direccionamiento de obras viales a Báez en esa provincia. 

La tercera causa nació en 2015, en el juzgado de Instrucción número 2 de Río Gallegos.

Los resultados en las tres causas fueron favorables a los funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial y a Báez. Dos de los expedientes fueron archivados y el tercero terminó en sobreseimiento. 

En Comodoro Py, tras varias medidas, la causa original de 2008 quedó en pausa, sin avances significativos. Hasta principios de 2016, cuando tras la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó con ahínco ante el juez Ercolini una denuncia basada en una auditoría interna del organismo en la que expuso varias de las acusaciones que hoy forman parte del juicio de Vialidad: 

Comenzó entonces la discusión sobre la “cosa juzgada”: ni Fernández de Kirchner, ni Báez ni los funcionarios denunciados podían ser investigados por los mismos hechos dos veces, como garantiza la ley en Argentina. Si bien ella no fue parte de esas tres causas, Beraldi planteó que el objeto procesal sería “sustancialmente idéntico'' y que en las tres causas se determinó la inexistencia de delito.

“Se denunciaron e investigaron supuestas irregularidades advertidas en distintos procesos licitatorios a través de los cuales se asignaron contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez (sobreprecios en las adjudicaciones, incumplimientos contractuales de distinta índole, falta de controles, maniobras de cartelización, etc.)”, planteó la defensa de Fernández de Kirchner. “Cuarenta y nueve de las cincuenta y una obras que son investigadas en esta causa -por Vialidad- ya fueron analizadas en distintos procesos penales que tramitaron en la provincia de Santa Cruz […] las cuales fueron archivadas por inexistencia de delito o bien concluyeron con el dictado de un sobreseimiento” 

Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes.

Fallo de la Cámara Federal porteña.

Desde Comodoro Py hasta la Corte, la interpretación de los jueces fue contraria a las defensas: sostuvieron que para que exista “cosa juzgada” debe haber existido una investigación y no un archivo o sobreseimiento sin medidas de fondo, como se habría dado en Santa Cruz, entre otros argumentos.

El juez Ercolini “realizó un pormenorizado análisis de lo actuado en cada uno de los expedientes” de Santa Cruz y consideró que las denuncias describían los hechos “de forma vaga e indeterminada” y que “los fiscales actuantes en esos legajos, en dos casos, pidieron su desestimación inmediata y, en el restante, delimitaron un objeto procesal genérico, sin realizar una investigación que pudiera siquiera activar el riesgo de una persecución penal múltiple”. “La única medida” realizada por el fiscal del último expediente “fue la obtención de los listados de obras efectuadas en la Provincia de Santa Cruz”, sostuvo Ercolini en respuesta a la defensa. La Cámara Federal porteña, la Cámara Federal de Casación, el Tribunal Oral Federal número 2 y la Corte le dieron la razón al juez.

La Cámara Federal porteña aseguró: “Mal puede sostenerse peligro de doble juzgamiento sobre la base de lo que nunca se sometió a juzgamiento en los primeros expedientes”, radicados en la jurisdicción en la que las acusaciones de lawfare no tienen cabida y en la que los Kirchner moldearon a medida la Justicia local, incluyendo la designación de familiares directos.

Pero si en 2011 Comodoro Py remitió la investigación sobre adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz a la Justicia de la provincia, ¿por qué en 2016 se investigó el caso en los tribunales porteños? 

“Esta Corte tiene dicho que frente a casos en los que organismos nacionales remiten fondos a entes provinciales o municipales, ‘una vez que aquéllos fueron recibidos e incorporados al patrimonio local, su presunta afectación o uso indebido solo causaría un perjuicio a sus rentas y no al Estado nacional, por lo que corresponde a la justicia local entender acerca de los hechos presuntamente delictivos que pudieron haberse cometido desde entonces’”, planteó Beraldi ante el máximo tribunal.

“Esta doctrina, sin embargo, no es aplicable” a Vialidad, le respondieron los cuatro jueces de la Corte. Esta es otra discusión central entre las defensas y Comodoro Py, que fue mutando a medida que también cambiaba la relación entre el Poder Judicial y el kirchnerismo. 

Los jueces que intervinieron en el análisis de los planteos de las defensas plantearon que la causa Vialidad implica fondos del Tesoro Nacional orquestados por el ministerio de Planificación Federal y la Dirección Nacional de Vialidad, lo que excluía la jurisdicción de la Justicia santacruceña, incluyendo a la federal con asiento en la provincia porque ambos organismos se manejaban desde la ciudad de Buenos Aires. 

ED

¿Alguien notó el grado de volatilidad que tiene el aire en vastas zonas urbanas de Argentina? ¿O son cosas mías? El estado gaseoso se desplaza sobre sí mismo como si temiese ser el culpable de una detonación fatal. Tratando de adaptarse estrictamente a la forma del recipiente que lo contiene. O al menos, de no ser el que arroje la piedra primordial de la locura. Sólo por hoy. Todo envuelto para regalo en una corteza kraft de amenaza, para no ser desenvuelto.

Imaginémonos por un instante una horda de aristócratas obreros en decadencia, entre la que, mezclados, hay uno que otro que llegó a la orilla opuesta. Que alcanzó su destino de pan, trabajo y techo.

Como si –pongámosle– 70 años atrás una deidad, o una deidad y su deidad consorte, hubiesen prometido a cada argentino que tendrían derecho a una educación de calidad y gratuita, a una salud pública de excelencia, a un mes de vacaciones en un hotel sindical frente al mar.

Fantaseemos con que, poco a poco, esas promesas tuvieron el tupé de realizarse, y el país vio crecer varias generaciones de personas sanas, limpias… en realidad, a un pueblo con esperanzas, de brazos alzados, el fifty−fifty recargado. Una nobleza operaria, que provenía de ser una horda rantifusa bajada de los barcos, que molía recuerdos en los patios oscuros de los conventillos suburbanos. “Hacer la América…”.

Y a partir de un cierto momento (por causa de un “plan de ajuste”, antes de que la categoría adquiriese título para alternar en las academias), un Estado proveedor de planes y realizaciones en todos los órdenes, se fue transformando en un proveedor estatal de ayudas más o menos universales que, a medida que se acercaban a sus beneficiarios, se iban transformando en indignos intercambios de favores y franquicias, con mayor o menor intensidad según las costumbres de época.

Poco a poco se volvió a los ritos malandras del país pre−promisorio y las hordas de ángeles caídos, expulsadas del sueño de la dignidad, fueron reemplazando a sus padres o abuelos, a los que nunca les faltó estudio o trabajo.

La historia no es nueva, ni original, aunque los finales cambien, sin jamás dejar de ser malos. “Los tiempos difíciles forjan hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles.”, según recrea la idea el novelista norteamericano G. Michael Hopf.

Entonces el aire empieza a ponerse más volátil, con tendencia a evaporarse previa liberación de energía. Para que esto no suceda existen los contratos sociales. Cuando esto sucede, cuando se aja y resquebraja nuestro pacto de convivencia, se vuelve imperioso preguntarse qué nos pasa como comunidad. O sea, rápido; mientras lo seamos.

Peugeot vs. Peugeot

Por ejemplo, pongámosle que en el semáforo de Honduras y Bonpland, ciudad de Buenos Aires, en rojo dirección al poniente, se aparean esperando el permiso de paso un Peugeot Allure 208 2021, y otro Peugeot 504 (“diseñado por Pininfarina”) modelo 1989.

El que conduce el reluciente 208 es un realizado, cada vez más una anomalía del sistema, un nacido con estrella, un aristócrata del trabajo a quien la fortuna le hizo sitio a su lado. Quien conduce el 504 (alguna vez “diseñado por Pininfarina”) es un hundido, alguien con los ojos inyectados de escasez, en agónica refriega contra las adversidades que lo distancian de los 15 litros a 150 pascualitos de los nuestros la unidad, con los que mañana deberá cargar su tanque de nafta. Se miran.

Al del 208 le parece conocerlo de algún lado. El del 504 ya lo odia. El del 208 piensa en lo descuidado que su vecino tiene el vehículo; el del 504, en que, si el de al lado lo sigue gastando con esa sonrisita sobradora, le va a romper la boca. El aire alcanza su máximo grado de inflamabilidad, y se aproxima una conflagración ominosa, mal dormida, tullida de una rodilla. “¿Qué mirás, papanatas?”, dirá alguno de los dos. Bueno, finalmente se trata de esa frase sobre la política y las instituciones: “la Argentina es un circo sin público”. Luego, viene la disolución.

El destino del país es eso que sucede mientras la gente sufre. Y los que no sufrimos, en lugar de hablar de las cosas esenciales, nos especializamos en las cosas que nos separan. Una cosa es hablar sobre qué modelo de desarrollo es más justo para financiar los derechos sociales, y otra diferente es luchar junto a los desheredados para que triunfe el más justo.

No sé qué preocupa a la humanidad, pero sospecho que la transición energética, la preservación de los recursos hídricos, los efectos de la robotización y la economía digital en el mercado de trabajo, la gobernanza de los océanos (pesca, medio ambiente), y el cómo enfrentar el envejecimiento de la población (pensiones, economía del cuidado, salud). Nosotros preferimos lastimarnos nanotecnológicamente, como un adolescente que se encarniza con un barrito frente al espejo.

Cuando publicamos con mi comanditario Pedro Peretti nuestro libro dedicado al lawfare, hubo dos cosas que nos llamaron rápidamente la atención. La primera fue la cantidad de ediciones que hizo la obra (no somos gente habituada al éxito), y luego las erupciones que producía en la carne del alma la expresión “lawfare”. Esa palabra ya había adquirido los suficientes comentarios como para ser invitada a la sala de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En un país en el que la descalificación es un vicio que se exhibe sin pudicia, esas pobres siete letras comenzaron un derrotero que, empezando por el decoroso desdén, tuvo problemas de espacio para acumular en el rígido tantas reprimendas. Gente querida, inteligente, versada, ante la cábala entraban en una especie de fase zombi, viviendo una vida que les desconocíamos. Importación de conceptos de la academia militar norteamericana, esnobismo, pretexto exculpatorio, hasta el extremo de enriquecer la cultura de la cancelación: “el lawfare no existe”. Habría que preguntarles a Alejandro Rua, Domingo Rondina, y Rafael Valin si existe o no.

Muchas veces discutimos con Peretti los motivos de la tirria. Tuvimos acuerdos y desacuerdos. Desde la página uno del libro habíamos aclarado que no estábamos entronizando una institución, ni una categoría jurídica, sino una práctica público–privada que tenía un propósito; que no interveníamos en rancios desacuerdos (interpretativismo versus positivismo); que el tema era viejo (desde el comienzo griegos y romanos supieron que tanto los conservadores como los revolucionarios pueden valerse de la legalidad existente para perseguir a sus enemigos).

Cuando la biblioteca se fue agotando, ambos nos dimos cuenta de que cualquier herramienta de la que pudiera valerse el peronismo (o el kirchnerismo si se quiere) para hacer más soportable la existencia, corría la misma suerte. Claro, se solía repetir que cualquier tribunal podía ignorar el debido proceso y llegar a una conclusión predeterminada, sin necesidad de ningún lawfare. Lo que se omitía, es que no cualquier justiciable puede conseguir que lo juzgue o que juzgue a sus enemigos, un tribunal dispuesto a tanto.

Y cuando afinamos más la mirada vimos el verdadero motivo, y no era jurídico sino antropológico, y no había nacido en Praga sino en la Provincia de Buenos Aires, y no precisaba de consagración jurisprudencial porque tenía legitimación popular. El motivo era CFK. Está hablando mientras escribo estas palabras. La neurosis no era epistemológica, sino que era previa al conocimiento humano, se alojaba en el tronco encefálico, junto al impulso de la digestión.

Había que volver a posar la mirada en esa mujer, cuyos actos generan consecuencias de un magnetismo irresistible. Cristina siempre tiene algo que decir respecto de cómo se debe distribuir la renta, y no se trata de hacer un mini torneo de ratificación de identidades partidarias. Todos saben lo que piensa CFK, y algunos pocos lo que pensamos con Peretti. Lo que importa es a quién irrita lo que ella propone sobre determinados temas. Entonces, ya no es lawfare o positivismo; es la vereda del sol o la de la sombra. Se trata de elegir el lugar en que se está.

Y la respuesta surge con toda claridad: irrita a quienes provocaron que la mayoría de los argentinos miren a sus semejantes (alguno en Honduras y Bonpland), con rivalidad, como si uno se hubiese apropiado de lo que le correspondía al otro. ¡En Argentina, donde alguna vez hubo para todos! No sé si CFK hizo algo parecido o nos lo evoca. Hay fenómenos que el protagonista no busca, pero suceden.

A los peronistas nos gusta el aire abierto, el ardor de la multitud. Pienso ahora que es una especie de fenómeno de equipo enamorado de su propia hinchada. Sucede porque la vida les da poco a los que tienen poco. Como la política a los argentinos. 

El así llamado “lawfare” suele ser tratado como si fuera una novedad. Sin embargo, a menos que confundiéramos el término—que sin duda es una creación reciente—con el fenómeno que pretende describir, hay buenas razones para creer que no hemos inventado nada. Algo similar se puede predicar sobre el fenómeno de la inflación, que obviamente es anterior a la creación del término.

Si por “lawfare” se entiende un proceso penal llevado a cabo en contra de nuestros enemigos políticos, en el cual existe un solo resultado posible—a saber el que los declara culpables—, es muy difícil negar que el lawfare se remonta por lo menos hasta el proceso a Luis XVI, el juicio que da comienzo a la era contemporánea, iniciado en noviembre de 1792 y terminado en enero de 1793.

 En su primera intervención durante el proceso, Saint-Just declaró: “Nosotros no tenemos que juzgar al rey; tenemos que combatirlo”. Esto se debía a que “no se puede reinar inocentemente”: “Todo rey es un rebelde y un usurpador”, a pesar de que la monarquía francesa era literalmente milenaria. Consciente de que la aplicación de las formas jurídicas conducían a la absolución del rey, Saint-Just creía que no tenía sentido perder tiempo con ellas: “Un día se asombrarán de que en el siglo XVIII se haya avanzado menos que en los tiempos de César: en aquel entonces el tirano fue inmolado en pleno Senado, sin otras formalidades que veintitrés golpes de puñal y sin otra ley que la libertad de Roma”.

Robespierre sigue la línea argumental de Saint-Just ya que, como explica Alphonse de Lamartine, “no toma la palabra como un juez sostiene la balanza, sino como un enemigo agarra la espada”: “Luis no puede ser juzgado: él ya está condenado o la república no es absoluta. Proponer hacerle juicio a Luis XVI es una idea contrarrevolucionaria, pues significa poner en cuestión la propia Revolución. En efecto, si Luis puede todavía ser objeto de un proceso, es que puede ser absuelto; puede ser inocente. ¿Qué digo? Se supone que lo es hasta que sea juzgado. Pero si Luis es absuelto, si se puede suponer que es inocente, ¿en qué se convierte la Revolución?”. La inocencia del nuevo régimen dependía de la culpabilidad del antiguo.

Además, Robespierre le advierte a la Convención —que fungía como tribunal— que la idea misma de juicio implicaba que el rey podía contar con abogados que defendieran “su causa” y hasta podían “esperar hacerla triunfar”. El derecho a la defensa del rey “supone el derecho a decir todo lo que conviene a su causa” y “se podría tomar partido libremente a favor o en contra”. El rey sin embargo “debe morir porque es necesario que la patria viva”. Todo obstáculo que se interponga en el camino debe desaparecer. Por lo tanto, reconoce Robespierre, hablar de un juicio al rey “es una comedia ridícula”.

La posición jacobina no logró prevalecer, ya que en lugar de ejecutar al rey sin otras formalidades, la Convención Nacional —en gran medida debido al voto girondino— decidió salvar las apariencias y llevar a cabo un juicio en trompe-l’oeil. Las palabras del diputado Louis Legendre son bastante reveladoras: “No es sino después de que el rey haya agotado todos los recursos de su defensa que nuestra determinación parecerá jurídica”.

Dado que la propia Revolución se enorgullecía por ejemplo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cabe preguntarse entonces cómo fue que —al menos en la mente de la gran mayoría de los convencionales, la mitad de los cuales eran abogados— la legalidad del juicio pudo ser articulada con la idea de que podía arrojar un solo resultado aceptable. Como sostiene Thomas Carlyle, pensar que el juicio a Luis XVI fue conforme a derecho equivale a tratar de probar “mediante un silogismo que esto que está palpablemente caliente, hirviendo, es una mezcla que se está congelando”. La respuesta a nuestro interrogante está en dos términos mágicos: “debate” e “interpretación”.

El Marqués de Condorcet, girondino y reconocido adalid del deliberativismo, estaba convencido de que la Convención tenía que ofrecer un debate público capaz de convencer “a la opinión del género humano, a la de la posteridad. Ella debe poder decir: han sido respetados todos los principios generales de la jurisprudencia, reconocidos por los hombres esclarecidos de todos los países”. De hecho, el debate de los convencionales fue tan abierto y público que los derechos fundamentales del rey (principio de inocencia, defensa en juicio, imparcialidad judicial, recusación, apelación, juez natural, separación de los poderes, distinción entre acusadores y jueces, contestación y verificación de la prueba, etc.) fueron debatidos de modo exhaustivo antes de ser violados sistemáticamente. Cabe recordar que al finalizar la única audiencia que tuvo el rey durante el juicio, cuando el presidente de la Convención le preguntó si tenía algo que agregar, Luis XVI respondió: “Sí, quiero un abogado”.

Respecto a la interpretación, a sabiendas de que la Constitución de 1791 sancionada por los representantes del pueblo estipulaba que el rey solo podía ser juzgado por delitos cometidos con posterioridad a su derrocamiento, Condorcet sostuvo que “es necesario discutir el sentido” de las disposiciones jurídicas que impedían la condena del rey. Según Condorcet, dado que la absolución del rey “es más que suficiente, sin duda, para excitar la indignación de los hombres que tienen en el alma el sentimiento de la libertad y de la igualdad”, entonces “la impunidad del rey no está decretada por la constitución”. Por lo tanto, para Condorcet, si algo nos indigna puede ser interpretado como inexistente. Como diríamos hoy, interpretada en su mejor luz, la Constitución de 1791 no contiene los fueros que figuran en su texto.  

La defensa del rey, que solo tuvo unos días para prepararse, insistía en que Luis Capeto era un ser humano y que por lo tanto sus derechos (no menos humanos) debían ser respetados. En las célebres palabras de Raymond Desèze, quien pronunció el alegato en defensa del rey: “Ciudadanos, les voy a hablar con la franqueza de un hombre libre: busco entre ustedes a los jueces y veo acusadores. Ustedes quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y son ustedes mismos los que acusan. Quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y ya han emitido vuestro voto. Quieren pronunciarse sobre la suerte de Luis y vuestras opiniones recorren Europa. Luis será entonces el único francés para el cual no existirá ley ni forma algunas. No tendrá los derechos de los ciudadanos ni las prerrogativas del Rey. No gozará ni de su antigua condición ni de la nueva. ¡Qué extraño e inconcebible destino!”.

No es sorprendente que las raíces del “lawfare” se remonten por los menos hasta la Revolución francesa. Después de todo, como muy bien dice Luigi Ferrajoli, “en el derecho penal nunca se inventa nada nuevo”.            

Un tablero de ajedrez, una angosta biblioteca con libros que van desde el peronismo al derecho parlamentario, y pequeñas estatuas de Marx, Lenin, Trotsky y Fidel Castro como adornos principales. El despacho de Juan Marino en el último piso del anexo de la Cámara de Diputados aún denota su reciente asunción como legislador nacional. “Todavía nos estamos acomodando. Tengo que sumar estatuas de Perón y Evita”, admite entre risas quien pasó a ocupar la banca que dejó Sergio Massa al desembarcar en Economía. 

Trotskista y piquetero “a mucha honra”, Marino dice que el Partido Obrero lo echó en 2009 y justifica su salto al kirchnerismo al calor de las elecciones de 2019: “Nos ganamos un lugar en la lucha contra Macri”. Entonces se ubicó 29º en la lista de la provincia de Buenos Aires y, tras la victoria del Frente de Todos, pasó a ocupar un lugar en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, bajo el ala de Andrés “Cuervo” Larroque. Cada vez más lejos del PO pero cerca de La Cámpora, cuando el tigrense saltó al Palacio de Hacienda Marino recibió el llamado de Germán Martínez –jefe de la bancada oficialista– y de Cecilia Moreau –ahora titular de Diputados– para que se convirtiera en legislador. 

“Alberto tendría que haber estado el sábado en la manifestación en defensa de Cristina”, dice ahora Marino, ya enfrascado en un diálogo de una hora con elDiarioAR, luego de haber estado en Recoleta cuando la policía porteña instaló las vallas, y un día después de haber compartido un encuentro de la vice con los bloques parlamentarios oficialistas en el salón Azul del Congreso. Considera que Cristina Kirchner ganó la centralidad de la política y que el oficialismo se abroqueló detrás de la vicepresidenta, pero no duda en cuestionar al Presidente por el avance de la causa de Vialidad: “Alberto no tocó las tuercas del lawfare”. No tiene la misma mirada sobre Massa. Confía en su plan de “estabilización económica” y rechaza que se esté llevando adelante un ajuste: “Yo no le voy a pedir a Massa que venga el sábado a la marcha, cuando él tiene que estar 24 por 7 laburando en el Ministerio de Economía para resolver una crisis profundísima”.

–Estuviste el fin de semana en Recoleta, el lunes en la vigilia nocturna y el martes en la reunión de Cristina Kirchner con los demás legisladores. ¿Qué conclusión te queda de estos días? ¿Qué mensaje les bajó la vice?

–Nosotros le transmitimos todo nuestro respaldo y ella planteó el concepto de que hay que discutir el vínculo entre el derecho penal y el derecho constitucional, sobre la base de que uno de los planteos que hizo el fiscal Luciani en su exposición fue que la palabra final sobre todos los hechos de gobierno lo tienen los jueces. Eso lo tenemos que problematizar porque hay algo más importante que es el voto popular, y el fundamento de la democracia es el voto popular. Un juzgado no puede tener la potestad de violentar la democracia proscribiendo a la principal dirigente política del país. 

–¿Pero es una amenaza latente esa? Porque si hay sentencia, después habrá apelación y si llega a la Corte puede ser recién dentro de varios meses o incluso años. 

–No sé. Si la justicia argentina se guiase por plazos normales y un proceso adecuado en relación con la causa de Vialidad, es como vos decís. Ahora, están manejando la causa de manera irregular, no están respetando el debido proceso. Y al mismo tiempo uno ve que la pretensión es abiertamente proscriptiva porque el pedido directamente es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de los 12 años de cárcel, que es un número simbólico.

–Cómo sería en la práctica esa problematización de la Justicia que decís, porque también hay una división de poderes que en una democracia hay que respetar.

–Exacto. Pero la división de poderes no la respeta el Poder Judicial. Cualquier medida de gobierno que les parece que están en contra ellos la declaran inconstitucional. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, hizo un decreto para declarar las telecomunicaciones como servicio público y garantizar el acceso a un derecho a la población, y ellos a partir del lobby de los monopolios de ese sector declararon inaplicable ese decreto. Ellos se atribuyen para sí la potestad de controlar a los otros poderes, incluso interferir de forma directa y abierta en el propio proceso electoral. 

–Ya el Gobierno fracasó en un intento de reforma judicial en el Congreso este año. ¿Cómo se resolvería?

–Se resuelve políticamente. La proscripción contra Cristina la vamos a derrotar en las calles, pero el golpe judicial lo tenemos que derrotar en las urnas y tenemos que construir una correlación de fuerzas política que nos permita avanzar en reformar la justicia. Nosotros caracterizamos que nuestro gobierno, el Frente de Todos, en dos años y medio no tocó las tuercas del lawfare. Lo que necesitamos es tener más diputadas y diputados, y senadores y senadoras, con la disposición de avanzar en medidas que modifiquen el Poder Judicial. Alberto Fernández no estuvo a la altura de la situación en ese terreno.

–¿Él es el responsable? 

–Alberto no tocó las tuercas del lawfare. Y la verdad es que a nosotros nos había entusiasmado mucho y nos pareció muy importante, y nos llenó de orgullo cuando Alberto se puso al frente de defender a Evo y luchar contra el golpe en Bolivia. Y no está haciendo lo mismo en este momento.

–¿Por qué será?

–Él debería dejar de hacer declaraciones desafortunadas en los medios. Y tendría que hacer como lo que hizo cuando fue lo de Bolivia. Tendría que ponerse al frente para defender a Cristina en toda esta situación. Yo creo que es inadmisible el hecho de que la policía de la Ciudad de Buenos Aires se arrogue para sí la potestad de sitiar el domicilio de la vicepresidenta y de manejar la seguridad del domicilio de la vicepresidenta, cuando el domicilio tiene que depender de las fuerzas federales. Hay que seguir discutiendo el problema y también el de la autonomización extrema del gobierno de la ciudad, que parece no razonar el hecho de que la ciudad Buenos Aires también es la Capital Federal, que es sede del gobierno federal y, en el caso particular de Cristina, su domicilio está dentro de la ciudad.

–¿Hasta cuándo va a estar la vigilia?

–La vigilia se mantendrá en la medida en que exista esta campaña agresiva contra la vicepresidenta. No hay que olvidarse que a Cristina le apedrearon el despacho. A Cristina la fueron a amenazar de muerte a la puerta del Instituto Patria. Y sobre todas las cosas, el lunes después del alegato de Luciani fue un grupo de macristas a la puerta de su casa a agredir y amenazarla. Entonces la vigilia tiene ese sentido, de decir que estamos viendo grupos de macristas que van a agredir a Cristina y al mismo tiempo una policía de la ciudad que no tiene la potestad ni voluntad de cuidarla. No están en condiciones para garantizar la seguridad de la vicepresidenta, por lo cual, en función de eso, la vigilia continúa. El pueblo cuida a Cristina.

–El FdT se abroqueló detrás de Cristina, pero vos estás planteando una diferencia con Alberto. O sea que la interna sigue. 

–El ataque de la derecha tuvo una reacción donde se unificó todo el Frente de Todos, que está fuera de duda. Lo que yo planteo en relación a Alberto es que me parece que él tendría que tener una actitud más proactiva. Yo no estoy diciendo que él no defiende a Cristina. Él defiende a Cristina. Pero tendría que tomar más medidas y llevar adelante hechos que sirvan para defender la democracia en nuestro país.

–¿Tendría que haber ido el sábado?

–Tendría que haber estado el sábado en la manifestación en defensa de Cristina. Porque, te repito, lo hizo cuando fue lo de Bolivia. Él fue personalmente a acompañar a Evo en la manifestación donde reingresó a Bolivia luego de haber derrotado el golpe, además de que le salvó la vida y le garantizó el asilo. Alberto demostró que tiene la capacidad y ha tenido la voluntad, no de dar declaraciones, sino de hacer cosas para resolver los problemas. También fue a ver a Lula cuando estaba preso en Curitiba. Por lo cual, si luchamos contra el poder en todo el continente, tomemos medidas acá en Argentina.

–¿Con la crisis interna y el desembarco de Massa no quedó relegado Alberto?

–Hubo una reconfiguración del Gobierno. Claramente Alberto cometió el error de confiar en demasía a Martín Guzmán, que de forma muy ingrata no reconoció esa confianza. Defraudó al propio Alberto, renunció de forma intempestiva ese sábado, mientras estaba hablando Cristina, generando una crisis tremenda como la que sufrimos en julio.

–¿No hubo responsabilidad de Cristina en la salida de Guzmán? ¿Cuánto tiempo lo estuvieron criticando a viva voz desde el kirchnerismo?

–Fue al revés. Los planteos que se hicieron fueron para tratar de corregir el rumbo, para tratar de encauzar la política económica y social,  con un planteo distinto al de Martín Guzmán.

–Pero una cosa es hacerlo a puertas cerradas y otra generar una crisis política frente al público.

–Es que fue una discusión que se hizo muchas veces a puertas cerradas, y no se escuchó. Entonces hubo que empezar a hacerlo a puertas abiertas para que se empiece a escuchar más. Cristina lo dijo literalmente. Hubo varias reuniones donde ella hizo distintos planteos que no se tomaban en cuenta. Entonces se tuvo que trasladar finalmente a la discusión pública para que sobre esa base se lograse que el Gobierno corrija el rumbo. La negociación con el FMI fue el punto más álgido de toda esta discusión, porque Martín Guzmán no escuchó cuando se le planteó que lo que había que hacer era votar un plan económico soberano en el Congreso, con nuestra propia política económica y plantearle eso al FMI. 

–Eso tendría que haber pasado antes de que se votara la firma del acuerdo. Pero no se votó. 

–Es que Guzmán lo que impuso fue el plan del Fondo. Y en función de eso es que el Congreso votó a favor del acuerdo con el FMI y mayoritariamente, con la disidencia de Máximo. Y en esa situación es que atravesamos la crisis de julio. 

–¿No crees que la crisis interna fue parte de un caldo de cultivo, junto con otros factores como el de los formadores de precios, por ejemplo, que derivaron en la salida de Guzmán y la crisis de julio?

–Yo no lo veo así. Yo veo que la crisis de julio, muy grave y que cambió las variables económicas y políticas de este país, fue producto del acuerdo con el FMI. Nos decían que había que votarlo a favor para evitar la crisis y fue eso lo que nos llevó a una crisis, junto al macrismo que actúa con planteos golpistas tratando de boicotear cualquier tipo de medida del Gobierno que permita estabilizar la situación. Hay una responsabilidad política de Juntos por el Cambio. Y creo que en este momento tenemos conciencia mayoritariamente que dado el golpismo económico y judicial, lo que tenemos que hacer es defender la democracia, luchar contra la proscripción de Cristina y apoyar todos los intentos de estabilización de la situación económica que está encabezando el equipo económico en cabeza de Sergio Massa. Hay que entender que Massa está condicionado por el acuerdo con el FMI que firmó Guzmán y que votó el Congreso mayoritariamente.

–Pero Massa era el presidente de la Cámara de Diputados y fue uno de los que buscó que se aprobara el acuerdo.

–Él estuvo de acuerdo. Por eso a Massa le reclamamos resultados. Él plantea que con las políticas que propone va a estabilizar la situación económica de acá a fin de año. Bien, lo que le planteamos es que ofrezca resultados. Durante agosto logró estabilizar y eso creo que hay que reconocérselo: se frenó la suba imparable de los dólares paralelos y volvió a haber abastecimiento en los comercios de cercanía. Vamos a ver cómo continúa a fin de año. No confiamos en que la política del FMI sirva para resolver problemas a largo plazo. Pero sí pensamos que existe una posibilidad de estabilizar de acá a fin de año, lo cual es importante para afrontar el golpismo económico y judicial. Y al mismo tiempo, hay que avanzar en la Cámara de Diputados en aprobar el proyecto para que la deuda la paguen quienes la fugaron. 

–Si la política era la solución, ¿por qué no se cambió antes el rumbo?

–Esa es una pregunta que no me tenés que hacer a mí, sino que se la tendrías que hacer a Alberto.

–Pero vos sos diputado del oficialismo.

–Guzmán no se fue porque nosotros le pedimos que se fuera. Se fue porque fracasó. Durante los últimos meses la inflación se estaba descontrolando bajo su propia gestión, producto de su acuerdo con el FMI. Por eso él se va de esa forma. Es la demostración de su irresponsabilidad absoluta, porque fue completamente desestabilizante. Una persona que estuvo antes de la asunción de nuestro gobierno en Estados Unidos, no le conocíamos ni la cara... Eso te demuestra que no estaba cansado de las críticas internas. 

–¿Pero cómo explicas el apoyo a Massa? Si está haciendo lo mismo que Guzmán. 

–Hay un problema que la mayoría del Frente de Todos no entiende: si seguimos guiados por el acuerdo del FMI nos va a ir mal a largo plazo. Pero el problema no es de una sola persona.

–Justamente es la misma persona que estaba en la Cámara de Diputados y ahora es el ministro de Economía.

–Tenemos un debate con él, pero no sólo con él. Es injusto hacer foco solo en él, cuando es un debate más general y cuando él ahora tiene la responsabilidad de estabilizar para frenar el golpismo económico y generar mejores condiciones también para enfrentar el golpismo judicial. Entonces, frente al golpismo, nosotros decimos que hay que ordenar toda la acción política para derrotarlo. Nuestro rol desde el Congreso es controlar que la estabilización se cumpla efectivamente, reclamarle resultados y también pedir medidas sociales para paliar los efectos negativos. 

–¿No está haciendo un ajuste Massa? Hubo recortes presupuestarios para educación y salud. Y aún no se conocieron muchas medidas sociales, de hecho el reclamo por un refuerzo para los más vulnerables parece bloqueado.

–El debate del ajuste de Massa hay que matizarlo, porque esa idea desconoce dos cosas. Primero, que lo que está haciendo es llevar adelante la política que votó el Congreso de la Nación en su mayoría. Entonces, caerle a Massa unilateralmente es injusto. Y, después, cuando vos escuchás a Macri y le preguntan si él apoya el denominado ajuste Massa, te dice que no, que hay que ir mucho más a fondo y plantean la flexibilización laboral, la reforma laboral, una nueva reforma previsional, una reforma tributaria regresiva. La derecha de Juntos por el Cambio no está respaldando la política de Massa. O sea, no está haciendo el ajuste que quiere la derecha.

–¿Y qué ajuste está aplicando?

–Se están reordenando partidas. De hecho, la discusión justamente es cómo reordenar partidas para financiar el refuerzo de ingresos, que es lo que nosotros planteamos. Ese es el debate que hay efectivamente en el Gobierno. Massa mismo lo dijo en el Consejo de las Américas, que se están estudiando los refuerzos de ingresos y ahora se anunció lo de las asignaciones familiares. Y además está el planteo de que haya un bono de suma fija para todos los trabajadores formales para compensar la enorme pérdida salarial que hubo no solo durante el macrismo, sino en los últimos meses. Por lo cual, la discusión está y la posibilidad está. Él está tratando de cumplir con las metas del acuerdo con el FMI de Guzmán, que votó el Congreso. Está tratando de generar las condiciones para que se estabilice la economía, para que no volvamos a tener una situación como la de julio, donde este país era inviable. Además había un intento de voltear al gobierno de parte de la derecha. 

–¿Los movimientos de Cristina Kirchner de estos días no sirven para tapar el ajuste?

–Yo vi algunos análisis, por ejemplo de (el periodista Carlos) Pagni que dice que Cristina está usando lo de la proscripción para tapar un ajuste, y después está Gabriel Solano del PO que dice lo mismo.

–¿De qué lado estás entonces?

–Yo estoy del lado de la lucha contra la proscripción a Cristina. 

–Sin hablar de ajuste.

–Nosotros con nuestro equipo de economistas analizamos todas las medidas del gobierno actual para caracterizar el impacto que realmente tienen y para que podamos discutir dentro del Frente de Todos cómo es el plan de estabilización y qué cosas podemos hacer para no generar daño social. La disyuntiva acá es si construimos un frente único contra los golpistas o si construimos un frente único contra la política económica de Massa, contra lo que ellos llaman el ajuste. Y la verdad es que todos nos tenemos que unir para enfrentar al golpismo. 

–¿Massa está del lado ese también? 

–Massa se pronunció contra la persecución a Cristina. 

–Pero tuvo una mirada como Alberto. Y no fue a Recoleta.

–Pero él tiene otra tarea ahora. Él se solidarizó con Cristina y rechazó la persecución. Y él tiene que trabajar para solucionar esa crisis y estabilizar la situación. Yo no le voy a pedir a Massa que venga el sábado a la marcha, cuando él tiene que estar 24 por 7 laburando en el Ministerio de Economía para resolver una crisis profundísima.

–Claro, pero la crisis se generó por un componente político también. Y ahí el factor Massa ahora es determinante. 

–Sí que la interna genera problemas. Pero el problema es que los que no escuchaban las críticas seguían empecinados en una orientación que terminó fracasando. Y nosotros que criticamos no supimos construir una mayoría propia para generar una alternativa superadora. Lo que estaba pasando antes era que había una descoordinación completa entre las distintas áreas económicas del Gobierno. Eso se solucionó y se logró un acuerdo entre las principales patas del gobierno sobre quién tenía que estar al frente de la política económica

–Por la falta de medidas sociales Grabois rompe con el bloque. ¿Qué opinas?

–(Juan) Grabois se equivoca porque no mide la centralidad que tiene en la lucha contra el golpismo. Él coloca en primer lugar el planteo del salario básico universal como el principal eje de delimitación política a nivel nacional. Y en función de eso, él define romper el bloque. 

–Pero la crisis social es grave.

–La crisis social es importante porque hay una crisis económica en Argentina. La señal que hay que dejar en claro es que el Frente de Todos está completamente unido en la lucha contra el golpe judicial, en la lucha contra la proscripción a Cristina y en la lucha para que la deuda la paguen los que la fugaron.

–Lo de Grabois amenaza que el FdT sea primera minoría en Diputados.

–Esperamos que las compañeras y los compañeros de Patria Grande colaboren en todas las cuestiones que sean fundamentales para poder enfrentar a los golpistas y para poder avanzar en legislación necesaria para el país.

–Ante este panorama, ¿hay 2023 para el FdT?

–Va a depender de lo que pase en el 2022. Nosotros esperamos que de acá a fin de año se estabilice la situación económica. Eso es lo que estamos pidiéndole a Massa: que empiece a reducirse la inflación y que esté garantizado el abastecimiento en los comercios, que los dólares paralelos no estén descontrolados. También tenemos que desplegar toda una lucha en las calles para enfrentar la proscripción de Cristina, que sea nuestro 17 de octubre. El 17 octubre boliviano duró un año entero. 

–Pero Evo estaba exiliado. Acá Cristina es la vicepresidenta.

–La situación no es exactamente la misma. Hay variables comunes, sobre todo con Brasil, porque la quieren proscribir y encarcelar como hicieron con Lula. Entonces, si ellos quieren hacer como Brasil, nosotros lo hacemos como en Bolivia. Podemos derrotar a la proscripción en la calle y después podemos derrotar el golpismo judicial en las urnas.

–¿Cristina 2023?

–Cristina tiene que tener un rol central. El liderazgo es indiscutible. Cuando el otro día se puso la gorrita CFK 2023 muchos nos pusimos contentos y cuando habló el sábado a la noche el cántico final fue unánime “Cristina Presidenta”. Ella terminará decidiendo finalmente qué rol exacto juega en el armado electoral. 

–¿Y Alberto?

–Alberto tiene que formar parte, claro. Pero la que entusiasma, la que genera expectativa, es Cristina.

–El tema para Cristina 2023 es que si a Massa le va bien, como justamente ustedes quieren que le vaya, también él va a buscar disputar ahí.

–Él tendrá derecho a formar parte de cualquier armado electoral que se lleve adelante. Pero la mecánica electoral del año que viene va a estar muy sujeta a lo que pase este año. Tampoco nos adelantemos tanto en el tiempo. Veremos cuando terminemos 2022 en qué condiciones estamos.

CC

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti indicó este viernes que en el tribunal que integra “estamos acostumbrados a recibir presiones”. “Es importante decir que el Poder Judicial no puede ni va a ceder”, expresó el ministro del Máximo Tribunal en una entrevista realizada en TN.

“Hay que hablar para el pueblo que nos escucha, porque el pueblo argentino está desesperado, con falta de confianza. Mi función es para explicar lo que queremos hacer y dar seguridad jurídica. Todos hablan, dicen, pero lo importante es decirle al pueblo argentino que los jueces tienen que ser imparciales, los procesos tiene que seguir un curso de legalidad y nada de esto que se escucha tiene que influir”, agregó.

En el marco del juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz, el kirchnerismo convocó para este sábado a una marcha en defensa de la ex mandataria y en reclamo de la “democratización de la justicia”.

Al respecto, Lorenzetti expresó que: “Hay que distinguir el proceso judicial de las expresiones políticas. En la Argentina es mucho más complicado de lo que debería, pero existe un proceso que acá se hizo. En primera instancia lo llevó al doctor Ercolini, llegó a la Cámara, después a la Corte, Cámara de Casación, volvió a la Corte. Intervinieron muchos jueces que garantizan la legalidad. Eso no impide que alguien diga ”bueno, esto es lawfare, y bueno, son opiniones“.

“Lawfare es la idea de que se utiliza el Poder Judicial para perseguir a alguien. ¿En qué casos lo aplicaríamos? ¿Cuándo se persigue a una persona, a una persona política de un sector, cuando se persiguen a todas las personas. O se aplica para una categoría especial de ciudadanos que están fuera de la ley o por encima, a las cuales no se les aplica porque se persigue? Es una idea política opinable, pero que en nuestro país no está”, agregó Lorenzetti.

Otras frases que dejó la entrevista:

“No hay urgencia para discutir la composición de la Corte”

''Con Horacio Rosatti no estamos peleados, podemos tener diferencias fuertes, pero no estamos peleados''.

''El Consejo de la Magistratura no es una buena institución, hay que hacerlo funcionar bien porque es el motor del poder judicial. Hay que hacer un reglamento de los concursos. Hay pliegos que están hace años sin tratar''.

''La Corte o el Poder Judicial no tienen autonomía, dependen del presupuesto''.

''El Estado nacional es el que más litiga. En Argentina se hace el mismo proceso para un conflicto de vecinos como para una mega causa''.

''No hay defensor del pueblo hace muchos años. En el Congreso no se ponen de acuerdo y hace años que no hay defensor del pueblo''.

''Nosotros hemos visto de todo. A mí me pintaron la casa de mi madre, me intervinieron el celular, me hicieron denuncias penales, denuncias en la AFIP. Nunca dicté un fallo pensando en eso. Si uno sede a las presiones muestra debilidad y lo van a presionar más''.

Funcionarios, intendentes, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) manifestaron hoy su repudio contra “las maniobras del lawfare” y expresaron en redes sociales, a través del hashtag #TodosConCristina, su apoyo hacia la exmandataria Fernández de Kirchner, luego de que el fiscal federal Diego Luciani informara este mediodía que acusará a la vicepresidenta por “asociación ilicita”, en la causa por el supuesto direccionamiento de obra pública nacional en Santa Cruz.

Además, apuntaron contra lo que denominaron el “partido judicial”, que garantiza “la impunidad” del expresidente Mauricio Macri y “protege los privilegios de unos pocos”.

Así se expresó esta noche el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Contra el lawfare y la persecución a Cristina Fernández de Kirchner”.

En esa misma línea, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, publicó una foto de la vicepresidenta y comentó: “La conductora de los sueños y esperanzas de un pueblo que nunca, pero nunca la va a dejar sola”.

En tanto, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y referente de La Cámpora, Andrés Larroque, señaló que a Cristina Fernández de Kirchner “la persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir”.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó: “Los jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico siguen persiguiendo a Cristina, mientras Cristina sigue defendiendo al pueblo”.

En tanto, la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales y diputada nacional Vanesa Siley señaló: “El Pueblo nunca olvida a quien lo cuida, tiene memoria. ¡Siempre junto a ella, junto a Cristina Fernández de Kirchner!”.

Desde la organización política liderada por Martín Sabbatella, Nuevo Encuentro, aseguraron en un comunicado que la exposición del fiscal Luciani es un “nuevo intento de proscripción que enfrenta la compañera Cristina” y expresaron su respaldo a la vicepresidenta, a la vez que destacaron su “entereza y coraje para enfrentar a los poderes fácticos de la Argentina”.

El fiscal federal Diego Luciani aludió hoy a la existencia de “enorme prueba relevante” reunida a su criterio en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y adelantó que acusará a los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por considerar que hubo una “asociación ilícita” encabezada por quienes “se desempeñaron como jefes de Estado”.

Al respecto, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, aseguró que “el partido judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino”.

Por su parte, el intendente de Ensenada, Mario Secco, señaló que es “otra causa armada por el partido judicial sin ninguna prueba”, que busca “proscribirla”, y pidió “respeto con Cristina”.

El intendente de Berisso, Fabién Cagliardi, indicó que “el Partido Judicial, al servicio del poder económico y mediático, sigue insistiendo en causas armadas sin ninguna prueba” y afirmó que a “CFK la persiguen por defender siempre a las y los argentinos”.

El juicio se reinició hoy luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”.

DA

Ricardo Lorenzetti, miembro de la Corte Suprema, planteó que el máximo tribunal de Justicia “no va a acceder a ninguna presión, como nunca ha accedido”.

Además, se refirió a la reciente marcha que se realizó el pasado 1 de febrero hacia el Palacio de Justicia, en reclamo de la renuncia de los integrantes del máximo tribunal.

Aclaró también, que a algunos de los que participaron de la movilización los conoce “de hace muchos años” y que “tienen propuestas legítimas para reformar el Poder Judicial”, que explicó que “es legítimo, y obviamente hay que hacer”.

Lorenzetti dijo que “otros participan por intereses personales” y que “no se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie”: “Eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”.

Además el ministro de la Corte Suprema de Justicia mencionó que desde su incorporación a la Corte en 2004 hubo varias marchas y que la respuesta del máximo tribunal de Justicia fue siempre la misma: “Debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga”.

También expresó que deben dar a la población “la garantía que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza”: “No reaccionamos frente a cualquier coyuntura”, en declaraciones a Radio Mitre.

No se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie

Consultado sobre las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que asegura que los golpes de Estado moderno son perpetrados por los jueces a través de la teoría del lawfare, Lorenzetti dijo que respeta la opinión de todo el mundo y evitó responder de manera directa la situación del ex presidente de Brasil, Lula Da Silva: “Tengo una relación estrecha académica con la Corte brasileña. En el caso de Lula Da Silva el juez acusó, los abogados presentaron pruebas y el mismo juez dio lugar a la nulidad. En ningún momento hablaban de lawfare”.

Además, consideró que la Corte Suprema trabaja “en base al derecho”: “Lo demás son opiniones, cada uno dirá la suya y eso forma parte de la democracia. Lo importante es que tengan la tranquilidad de que eso no influye en una decisión” describió.

Agregó también que siempre mantuvo “la misma conducta” en la Corte Suprema: “Dicté los fallos con una línea de principios que sostengo. Tengo libros publicados, presencia en foros internacionales, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política”.

LG

Con horas de diferencia, un voto unánime de los 9 miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) absolvió el miércoles a la expresidenta Dilma Rousseff de la acusación (e incluso de cualquier sospecha) de corrupción en la compra con sobreprecio de una refinería en EEUU por Petrobrás y un voto abrumadoramente mayoritario (8-3) del plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) confirmó el jueves la incompetencia del juez Sérgio Moro para procesar (y por tanto para investigar y mucho más para condenar) al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la compra de un tríplex en la playa paulista de Guarujá y otras operaciones crematísticas de todavía menor monta. Este mismo jueves, una vez más, Lula, como lo había expresado apenas había sido conocida la decisión liminar del juez Luiz Edson Fachin que el lunes 8 de marzo lo restituyó a la inocencia, ahora reconfirmada en colegiado, declaró entrevistado por el canal de noticias argentino C5N que estaba dispuesto a dar batalla. Y, lo dejó en claro Lula, decidido a enfrentar como candidato del PT a Jair Bolsonaro que buscará su reelección el 2 de octubre de 2022. Según una encuesta de Poder Data publicada el viernes, en un balotaje el 34% votaría por el actual presidente, vencido por el 52% que preferiría al petista.

La asociación ilícita que no fue y una primera absolución conjunta

En 2019, Dilma Rousseff y Luis Inázio Lula da Silva habían sido absueltos juntos en un proceso iniciado contra ambos en 2017, cuando el fiscal general Rodrigo Janot los había acusado de integrar una ‘asociación ilícita’ desde 2002 a 2016 para desviar fondos de Petrobras y otras empresas públicas y recaudar sobornos por 1480 millones de reales de empresas contratistas del Estado como Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y UTC para financiar las campañas del PT. El miércoles 4 de diciembre, dos meses después de que los propios fiscales Raquel Dodge y Augusto Aras, sucesores de Janot, solicitaran la absolución sumaria por no existir los “elementos configuradores” del delito, el magistrado Marcus Vinicius Reis Bastos, del Juzgado Federal N°12 de Brasilia dictó la sentencia absolutoria de los dos ex presidentes, y también de dos ex ministros de Economía, Antonio Palocci y Guido Mantega, y del extesorero del PT, João Vaccari Neto. Además de coincidir en su fallo con el ministerio público sobre la ausencia de pruebas siquiera lejanamente incriminatorias para encausar al quinteto que había sido llamado quadrilhão do PT, el juez concluyó que la acusación había sido guiada por el propósito de “criminalizar la actividad política”.

Este miércoles y este jueves, al primer presidente obrero y a la primera mujer presidente de Brasil la inocencia les llegó sincrónica pero diversa, por separado y en decisiones plenarias de órganos jurisdiccionales máximos correspondientes a distintos Poderes del Estado. Sin que por ello ni de la acordada unánime del TCU ni de la sentencia irrefragablemente mayoritaria del STF resulte ilegítimo inferir como corolario aquella conclusión que en 2019 había sido explícita en la absolución conjunta del juez federal de Brasilia.    

El proceder leal y la buena fe de Dilma Rousseff

El proceso al cual el TCU puso fin el miércoles con la absolución unánime de Dilma se remonta hechos de muy antigua data. A 2006, a los tiempos en que Rousseff era Jefa de Gabinete en la primera presidencia de Lula y presidía el Consejo de Administración de Petrobras. El asunto sobre el que fallaron los nueve magistrados del TCU concernía a la compra de una refinería en Pasadena (EEUU) por Petrobras en casi 1.200 millones de dólares. A fines de 2006, Petrobras hizo un primer pago de 360 millones de dólares por la refinería a la empresa belga Astra Oil, que un año antes la había comprado por 42,5 millones. Faltaba un pago aún mayor. Aun cuando Dilma presidió las sesiones del Consejo de Administración de Petrobras en las que se aprobó la compra, aun cuando el segundo pago se hizo en 2012, siendo ella presidenta, administradores de la petrolera estatal y técnicos a cargo de la operación habían escamoteado datos poco conspicuos aunque fundamentales, de modo de oscurecer el seguro perjuicio para la empresa y el presunto beneficio para determinados negociadores. La compra de la refinería fue investigada en el marco de la operación Lava Jato, pero los fiscales no encontraron pruebas o indicios que apuntaran contra Dilma. El STF y la Procuraduría General de la República (PGR) archivaron dos pedidos de investigación contra la ex presidenta en este caso.

Sin mérito ninguno para seguirle un proceso en sede judicial federal penal, sin embargo esa falta de mérito no le eximió de ser procesada por el TCU. Este Tribunal audita la legalidad, legitimidad y razonabilidad económica de los gestos del Estado, e investiga malversación y corrupción. Puede juzgar por su gestión y sancionar con multas a los funcionarios públicos. Sus nueve auditores-ministros son vitalicios y tienen la misma jerarquía que los 33 ministros del Tribunal Superior de Justicia (STJ). El nombre del TCU es engañoso, porque, a diferencia del STJ y del STF, no integra el Poder Judicial, sino que es un órgano administrativamente encuadrado en el Legislativo, al que asesora sin quedar subordinado, porque es independiente como el Ministerio Público de la Unión (MPU).

De un primer proceso abierto por el TCU fue absuelta en 2014. En 2017 le abrieron uno nuevo -las acordadas del TCU no hacen ‘cosa juzgada’-, aquel en el que fue absuelta el miércoles con su ministro de Economía Palocci. Resultaron condenados, por el perjuicio causado a Petrobras, el ex-presidente de la petrolera estatal José Sérgio Gabrielli, y los ex directores Paulo Roberto Costa y Nestor Cerveró, ambos ‘delatores premiados’ en el Lava Jato, a pagar multas de 110 millones de reales y a ocho años de inhabilitación para la función pública.

El texto del ministro Vital do Rêgo, relator del caso, que fue aprobado y votado en forma unánime por los nueve ministros del TCU, señala que no hubo muestra ni señal alguna de “mala fe” por parte de la expresidenta Rousseff, ni en lo que toca específicamente al pago por la compra de la refinería de Pasadena, ni en ninguna otra de las acciones de la acusada referidas en el proceso. Con este proceder (que hay que calificar de buena fe) contrasta “fuera de toda proporción” el proceder de “aquellos que obraron con deslealtad” al erario público y a la empresa patria. Si no había signos ningunos de mala fe en Dilma, y si las conductas de leales y desleales eran tan desproporcionadamente distintas e incomparables, ¿por qué se retuvo la imputación, y por qué se la imputó en primer lugar? Parece simplista pero inevitable responder con la conjetura que en 2019 formuló el juez de Brasilia que absolvió a Dilma junto a Lula del cargo de asociación ilícita.

Sérgio Moro, las incompetencias del magistrado y las parcialidades del cruzado de la causa

La votación que en el plenario del STF reconfirmó el jueves por 8 contra 3 votos la restauración de Lula en su prístina inocencia originaria anterior a los procesos abiertos en 2016 no significó cambio ni judicial ni jurídico en la situación de elegibilidad que ya había recuperado el expresidente que aspira a ser nuevamente el candidato presidencial triunfante del PT. Pero sí significó una garantía ya irreversible para su carrera política: ningún curso de acción le está vedado, y él abraza decidido los más ambiciosos. Es inocente a secas -ni siquiera presunto inocente, porque ya no está procesado-: no hay un status personal superior a la inocencia. Conceptualmente, sin embargo, la imagen y la historia (y aun leyenda) pueden mejorar mucho en el corto plazo. En cambio, para empeorar hacen falta plazos cada vez más largos, que restan margen al inicio de daño o deterioro.

El jueves, el plenario del STF votó para rechazar un recurso reglamentario de la PGR contra un habeas corpus presentado el 3 de noviembre por la defensa del ex presidente Lula y para así confirmar la decisión ‘monocrática’ liminar del ministro Luiz Edson Fachin del 8 de marzo, en la que el relator del ‘caso Lula’ en el Supremo Tribunal había hecho lugar al pedido de los defensores. Fachin declaraba nulos los cuatro procesos  abiertos contra el ex presidente en el Juzgado Federal N°13 de Curitiba (estado de Paraná) porque su titular, Sérgio Moro, no era el juez natural y competente para iniciarlos y tramitarlos. Había sido violado el derecho de todo reo al debido proceso, al ser juzgado y condenado Lula por un juez incompetente. Moro había fundado su competencia extraterritorial (el reo era un ex presidente –en principio, correspondería Brasilia- y los hechos presuntamente delictivos habían ocurrido en otro estado –correspondería San Pablo-) para procesar a Lula en una cuestión de orden decidida en 2015 por el STF que atribuía competencia al Juzgado Federal de Curitiba en todos aquellos casos que en el marco de la operación Lava Jato presentaran vinculación con Petrobras. Ahora bien, como reclamó desde 2016 la defensa de Lula, como admitió Fachin al hacer lugar a su habeas corpus, como votó el jueves el plenario del STF, en ninguna de las cuatro causas hay nexo ninguno entre los delitos imputados y la petrolera estatal.

El juez Fachin anuló los cuatro procesos iniciados contra Lula: por un tríplex en el balneario paulista de Guarujá, por un terreno en Atibaia, paraje también paulista, y dos acciones penales referidas a fondos del Instituto Lula. Anuló todo lo actuado penalmente, incluso la recepción de denuncias: en los dos juicios que implican al Instituto Lula, no había condenas, sólo se había hecho lugar a denuncias. Pero no declaró inválidos o viciados los resultados obtenidos por la investigación de Moro, sobre cuya relevancia o valor probatorio no se pronunció, ni tampoco lo hizo en su confirmación el plenario del ST. Fachin propone enviar ese material a quienes serían, esta vez sí, jueces naturales de Lula, en los tribunales federales de Brasilia, para que decidan si abrir o no procesos penales contra el ex presidente. El ministro Alexandre de Moraes, que ratificó la decisión de Fachin, disiente en que el destino de los materiales recabados en Curitiba sea Brasilia, y sostiene que debe ser San Pablo, el lugar de los hechos. Para decidir esta cuestión se reunirá el plenario del STF el jueves 22. Entretanto, otro reloj corre: el de la prescripción de la acción penal. Una vez decidido si es Brasilia o San Pablo, una vez sorteado a qué juzgado federal corresponde recibir escuchas y otros frutos de la investigación de Moro, una vez que estudiado esto algún magistrado decida que hay indicios bastantes para iniciarle un nuevo proceso a Lula, es posible que los delitos que se le imputen ya hayan prescrito.

La decisión de Fachin de remitir los materiales que reunió el juez incompetente a un nuevo juez competente sufrió una severa restricción desde la primera semana de marzo. Porque la segunda sala del STF, en un voto dividido 3-3, haciendo lugar a otro habeas corpus de la defensa de Lula, había decidido que era legítimo el temor o sospecha de parcialidad del juez Moro en el caso del tríplex de Guarujá, proceso que sí había llevado a una condena, y que mantuvo al ex presidente por 580 días prisionero en la cárcel. El voto mayoritario concluyó que Moro había actuado con motivación política al encausar, investigar y sentenciar a Lula. Por lo tanto, todos los materiales probatorios obtenidos en el curso del proceso quedan viciados por la parcialidad del juez, y son inutilizables. El plenario del STF debe decidir, todavía, si la incompetencia en los cuatro procesos, ya confirmada, hace perder objeto procesal a la cuestión de la parcialidad. La Segunda Sala había decidido que no. Si la sospecha de parcialidad en un proceso contaminara a los otros con el mismo reo, ya todo lo investigado en Curitiba sería de insalvable inutilidad.

El candor de la inocencia de Luiz Inácio Lula da Silva

Un círculo parece cerrarse. La bandida del impeachment que esta semana cumple cinco años fue reivindicada por un Tribunal encuadrado en el Legislativo que la destituyó en 2016, y el bandido perseguido por corrupción vuelve a ser adalid de las batallas que quiere librar y el héroe de entonces es hoy un villano sin uso. Entretanto, en Brasil mueren 3000 personas por día de Covid-19, ha habido 350 mil muertos y hay 13 millones de infectados, para 211 millones de habitantes había 40,7 millones de dosis de CoronaVac (una vacuna china que disminuye un 50% las posibilidades de infectarnos), Dilma no ha salido ni un día de su casa en Porto Alegre desde que empezó la pandemia, y Lula tendrá 77 años en octubre de 2022.

El mocinho héroe ahora es bandido, y o bandido ahora es el héroe. Lula ha resultado inocente y Moro declarado culpable. En una decisión histórica, la máxima autoridad de la Justicia de Brasil invirtió la polarización sobre la que Jair Bolsonaro había montado su campaña para ganar las presidenciales de 2018. El sello de la garantía judicial cambió de campo. Pero no se vuelve al primer casillero: porque ahora los tribunales determinaron que el héroe septuagenario fue la víctima de la injusticia del bandido cuarentón, como los adultos mayores lo son ahora del gobierno brasileño en tiempos de Covid-19.

Los caminos de la libertad

En fallo dividido pero de nítido saldo -rico en razonamientos y razones sustantivas en el voto de la mayoría-, la segunda sala del Supremo Tribunal Federal (STF) sentenció que el ex juez federal Sérgio Moro había sido guiado por su parcialidad y por la busca excluyente de satisfacer objetivos antes por él prefijados al procesar, hacer investigar y condenar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tres ministros sobre cinco de la segunda sala encontraron que el magistrado que había sido la figura de mayor perfil en la operación judicial anti-corrupción Lava Jato había sido una de las más íntimamente corruptas. Los tres coinciden básicamente en que falta todo elemento que pudiera alegarse para desmentir esta sinopsis del obrar del juez de Curitiba: Moro había dado lugar en su jurisdicción a denuncias y abierto causas para cuyo procesamiento era incompetente y de las que no era juez natural, había sido juez y parte al guiar la investigación, había prejuzgado al reo y anticipado su sentencia al ministerio público, había violado las reglas del debido proceso y había avasallado el derecho de legítima defensa al aniquilar la “paridad de armas” entre fiscales y defensores.

Para los ministros que concluyeron la parcialidad de Moro después del examen de su proceder, los diálogos del magistrado con el Ministerio Público, conocidos por unas escuchas (o clandestinas, o bajo secreto pero clandestinamente obtenidas) difundidas por The Intercept Brasil, confirmaron -más que propiamente revelaron por su pobre contenido- un patrón de conducta. El juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol parecían en colusión, prejuzgando la culpabilidad del acusado. La reacción a la decisión del STF por parte del fiscal, que en su perfil de Twitter se define como “Discípulo de Jesús, Marido y padre apasionado, Tiene una Maestría en Harvard”, fue la de justificar la justicia del Lava Jato por los 5 mil millones de reales que, después de las confesiones obtenidas de varios acusados de corrupción, fueran retornados a las arcas del Estado.

La edad de la razón

El STF no encontró válida ninguna interpretación que aprovisionara de un sentido justificativo al comportamiento del juez revelado por el estudio de los expedientes y de otros documentos. Encontraron que, en Moro, el magistrado que quería descubrir y castigar la colusión corrupta de Estado y empresas había sido sustituido por un cruzado que todo encontraba legítimo en una cruzada llamada Lava Jato que cada vez más elegía a priori a sus culpables según criterios políticos y después buscaba con qué apuntalar una condena previa. Esto, y ahí se detienen los jueces supremos, sería extrapolar, y ellos quedan del lado seguro de la frontera antes de extraer conclusiones lógicas, pero no por ello vigentes, de sus considerandos. La decisión concierne específicamente a uno de los cuatro procesos que siguió a Lula, el de un tríplex en la ciudad balnearia de Guarujá, en zona popular del litoral paulista, poco apetecido por el turismo.  

Profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de San Pablo (USP), y abogado criminalista, Gustavo Badaró de la USP comentó el fallo del STF  y explicó así, a pedido del “Jornal Gente” de Radio Bandeirantes, cuál es el mensaje del voto mayoritario:  “El magistrado debe mantenerse equidistante de las partes en un proceso. El fallo del STF no dice nada sobre la institución de la ‘delación premiada’. Aun cuando la institución fuera antigua, recibió un gran incentivo en 2013 con la ley 12850. Pero la parcialidad de Moro no está vinculada con el recurrir a delaciones premiadas para incriminar a Lula, dado que no hay delaciones premiadas en los cuatro procesos que culminaron con la condena de Lula. Aunque el fallo conocido el miércoles sólo aplica el fallo para el caso del tríplex en Guarujá, la jurisprudencia es pacífica al respecto: declarada la parcialidad del juez en un determinado juicio, esta se extiende a todos los restantes procesos que hayan involucrado al mismo acusado [los restantes tres conciernen a un terreno en la localidad paulista de Atibaia, a otro terreno comprado para la fundación suprapartidaria sin fines de lucro Instituto Lula (dedicada a la colaboración de Brasil con África y Latinoamérica), y a donaciones destinadas a este Instituto]. Así lo decidirá el plenario del STF. Pero no a todos los del Lava-Jato.”

El aplazamiento

Los ministros Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski fueron los primeros en votar que Moro había sido, en efecto, parcial: cada uno con considerandos propios, abundantes, coincidentes en la doctrina última, aunque con diferentes énfasis y puntos de partida y de llegada. La opinión de Carmen Lúcia, la última y definitiva para consolidar la mayoría, fue conocida por todos los medios el miércoles. Más sintética, no menos contundente, Lúcia difiere en un punto procesal con el titular de la sala. Si Gilmar Mendes en su sentencia condena a Moro a pagar las costas de un proceso inválido y corrupto que resultó muy oneroso para el erario del Estado, Lúcia expresamente -dado que su fallo es posterior, conocía el de su colega- señala que no debe pagarlas el magistrado, porque esto sentaría un precedente que incitaría a los jueces procesales a la prudencia, al saber que sus errores podrían costarles literalmente demasiado caros. Según Badaró, introduce también este distingo Lúcia: “El juez no sólo debe ser imparcial, debe parecer imparcial. El acusado tiene que sentir que está siendo juzgado por un juez imparcial, que no tiene como objetivo el perjudicarlo.  El magistrado debe ser responsable de su actitud y comportamiento, que pueden afectar de manera grave el derecho de legítima defensa”.

La sentencia del STF sólo se ocupa de Moro, y nada dice propiamente de Lula. O casi nada. Porque al señalar que Moro intimidó al acusado y a su defensa durante el proceso, los jueces del voto mayoritario sugieren que, de no haber pesado sobre ellos estas presiones y desventajas inequitativas, su desempeño sin duda habría podido ser mejor de lo que fue. Es una señal para el público, una invitación a la reflexión: ‘No juzguen ustedes a Lula, no se formen ustedes ninguna opinión de él a partir de lo que hayan visto y oído a lo largo de este largo proceso. Juzguen, en cambio, a Moro’.

La situación de Lula

En cuanto a la situación de Lula, el cambio es cualitativo con respecto a la sentencia ‘monocrática’ del juez Edison Fachin del lunes 8 de marzo. En aquella sentencia, en respuesta a un hábeas-corpus de los abogados de la defensa de Lula, se determinaba la incompetencia de Moro para procesar y condenar en Curitiba al ex presidente, como lo hizo, en el marco de Lava Jato. Era ya una incompetencia grave. No estaba fundada en el desencuentro de las jurisdicciones territoriales, en que los hechos presuntamente delictivos hubieran ocurrido en el estado de San Pablo y en que Moro fuera juez en los tribunales federales de Curitiba, estado de Paraná. Se fundaba en que el juez del Supremo no hallaba vinculación creíble alguna en el nexo, alegado por Moro para ser él y no otro magistrado federal quien llevara adelante esas causas, entre esos procesos y la operación Lava Jato. Moro se había distraído del Lava Jato y dedicado fuerzas, esfuerzos, tiempo y recursos para cuatro procesos en suma muy menores, sólo importantes porque el acusado era Lula. Tampoco esto había sido siquiera insinuado por Fachin, que se había limitado a consignar aquella inconexión para la que no hallaba justificación bastante. El fallo del STF cambió el rumbo, al dejar de lado la respuesta de Fachin, y preferir en cambio hacer lugar y dar respuesta a otra demanda de hábeas corpus diferente que también había presentado la defensa de Lula (descartada por Fachin), que denunciaba la parcialidad (y no, o no sólo, la incompetencia) del juez Moro.   

Una victoria pacífica

Ya la decisión de Fachin, al anular los procesos, abría el camino a la elegibilidad política de Lula y a su candidatura por el Partido de los Trabajadores (PT) en las presidenciales de 2022. El fallo no declaraba a Lula inocente, pero le restablecía la presunta inocencia al anular procesos y por tanto condenas. La expresión ‘presunta inocencia’ se reserva para los procesados, o acusados, o aquellos que aguardan decisiones judiciales que pueden colocarlos en la situación de tener que probar esa inocencia que se les presume pero no se les da por probada. La decisión conocida el miércoles del STF permite decir sin la menor exageración que ‘Lula es inocente’.

Fachin había remitido a los tribunales de Brasilia, donde sí estarían los jueces naturales de Lula, todo lo actuado por Moro en Curitiba. De esos procesos, el juez era inválido, pero las pruebas podían ser válidas. Ya se hacían especulaciones sobre las diferentes decisiones de diferentes jueces de Brasilia, según que cayeran o no en sus manos los procesos remitidos por Fachin. La decisión del STF deja sin efecto la remisión de Fachin. Porque a partir de ahora todo lo actuado también está viciado, contaminado por la parcialidad de la actuación del juez. Y no sólo de una nulidad formal, procesal. Queda viciado en su interior: las pruebas obtenidas por un juez parcial ya nada demuestran de por sí, y su laboriosa restauración parece más ardua que la producción de nuevas pruebas (que, si probaran lo mismo que las viciadas, serían objeto de riguroso y escéptico examen por el público). 

Hay otro motivo que hace que los partidarios de Lula celebren ahora con un entusiasmo más tranquilo que exasperado una victoria pacífica de la ley sobre el lawfare. En el caso de que en los juzgados de federales de Brasilia el Ministerio Público retomara de cero las causas aniquiladas, se enfrentaría con un freno para ese impulso: aquellos hechos  -que Moro juzgó delitos- ocurrieron hace ya mucho tiempo y la prescripción inhibiría la formación de nuevas causas.     

La muerte en el alma

En su primera conferencia de prensa tras haber sido anulados por Fachin los procesos donde había sido juzgado y sentenciado por el ahora declarado incompetente Moro, el miércoles 10 un Lula centrista había iniciado una campaña presidencial basada sobre la gestión: él apagaría la pandemia que Jair Bolsonaro atizó. Dos semanas después, el miércoles 24, Bolsonaro se ponía al frente de una campaña nacional de guerra al Covid-19 por vía de la vacunación. Si Lula había mostrado moderación calibrada, no menos calibrado fue el abandono del negacionismo de la pandemia por un presidente que ahora invitaba a vacunarse contra una peste a la que ya no degradaba a gripezinha, convocaba a la oposición y a los gobernadores estaduales a colaborar en santa unión nacional con el Estado Federal por la salvación pública, peregrinaba por los santuarios de los otros dos poderes del Estado y estrenaba nuevo y profesionalmente idóneo y respetado ministro de Salud, Marcelo Queiroga, el cuarto de su gestión.

La decisión del STF y su anuncio llegaron al público en las circunstancias y la coyuntura más anticlimáticas del siglo para la alegría brasileña. Cuando el país supera los 100 mil contagios diarios y un estudio de la Universidad Federal Fluminense (UFF) prevé un futuro demasiado próximo de 5 mil muertes cotidianas por Covid-19, cuya prolongación se podrá acortar según el acierto de la medidas que se adopten, pero cuyo advenimiento no podrá evitarse ni demorarse. La movilización de una oposición con capacidad de victoria está ahora fuera de radar para la agenda de fuerzas políticas del oficialismo, y fuera de foco para los medios de comunicación masivos en general. En aquella normalidad que hoy se sabe irrecuperable, habría sido una noticia como ninguna otra, y el PT ocuparía de nuevo ese lugar de vanguardia de la oposición que tan bien supo convertir en el espacio del cambio y aun de la utopía en tiempos de la dictadura y la socialdemocracia. El solo hecho de que el STF haya sido quien frustró al lawfare en tiempos de Bolsonaro y que ni haya excusado a Moro, que sigue defendiendo su imparcialidad, ni exaltado la militancia moral del Lava Jato (hoy la sombra de una ruina ahora más arruinada), de que el juez del STF nombrado por el actual presidente, Kássio Nunes, haya votado en contra pero sin cajonear el caso indefinidamente -como estaba entre sus potestades el hacer, y como otros habían hecho antes en tiempos de Michel Temer (el vicepresidente de Dilma Rousseff y sucesor post- impeachment)-, no perjudica en nada al oficialismo.  

En dos semanas, la catástrofe sanitaria había crecido en una proporción y con una velocidad mayores a las pronosticadas por un Lula erigido en líder de la oposición centrista que, sin embargo, había sido espectacularmente sombrío y apocalíptico. Más que el reclamo por vacunas, poco había podido aportar esa oposición que se empezaba a sentir con capacidad de victoria sobre el rival que había humillado al PT en 2018. El que se ofrecía como piloto de tormentas encontró una tormenta demasiado perfecta. No es el mejor momento para que Bolsonaro despliegue su antagonismo y desprecio por los jueces que devolvieron a Lula a la libertad y la inocencia. Tanto más cuando la sanción judicial de la parcialidad de Moro era esperada por los aliados de gobierno en el Congreso incriminados o de alguna manera imbricados en procesos nacidos de la operación Lava Jato, como Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que congratuló al STF por acabar con una parcialidad “de la cual la Historia jamás absolverá [al juez corrupto]”. En todo caso, la inocencia de Lula no parece amenazada por violencias en las redes ni por marchas en las calles. No se ha dejado de señalar que hay otros procesos que siguen en pie contra el PT, y que eventualmente podrían implicarlo. El gesto luce un tanto abstracto. Si la baja intensidad, que promete durar, favorecerá a Lula, o todo lo contrario, es imposible decidir. Acaso lo deje mejor colocado para cumplir el destino de volverse el Joe Biden que tenga reservado el admirador de Donald Trump que gobierna Brasil.  

El historiador labriego Pedro Peretti y yo empezamos a escribir “Lawfare, guerra judicial mediática” el día 19 de marzo de 2019. Esto es, cuando la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner aún no había germinado en ninguna imaginación explícita. Nos impulsó un caso acaecido en nuestra provincia natal, Santa Fe, a comienzos del siglo pasado: el asesinato del brillante y solidario abogado Francisco Netri, defensor de los derechos de los arrendatarios rurales frente a los terratenientes que los exprimían y oprimían.

No era la idea inicial de la obra, pero a medida que fuimos investigando y pensando, advertimos la semejanza del esquema que terminó en el homicidio de Netri, con lo que se denomina lawfare, un siglo antes de que un oficial norteamericano acuñara la expresión. Un caso de lawfare avant la lettre.

El esquema era fácil de traducir en una sinopsis visual, tanto que saltaba a la vista (sigue siéndolo, y saltando hasta hoy): pensemos en un polígono. En uno de sus vértices, se ubica un líder seguido por mayorías excluidas; en el otro, intereses minoritarios, sectoriales y concentrados; en el tercero, medios de comunicación masiva, que pueden conformar el sector comercial; en el cuarto, jueces y fiscales tendientes a la reverencia frente al poder fáctico; en el otro, inteligencia estatal que proporciona (a los medios de comunicación o a los jueces y fiscales, o a ambos), información obtenida por métodos ilícitos. Sumemos al polígono una dinámica, y variaciones, productos de los aportes tecnológicos, y de la creatividad y laboriosidad aborigen apuntada a pervertir las instituciones, que nunca descansa.

Obtenida la información por los espías, esta es brindada a un redactor de un medio, que actúa como agente de prensa (consultor de estrategias de divulgación) de la operación. La información, amputada de sus aspectos edificantes e indexada en los escabrosos, se lanza. En una sociedad en la que la sola publicación equivale a un llamado a indagatoria, la formalización de la imputación equivale a la condena de primera instancia, y la condena a la prisión efectiva y definitiva, se alcanza el objetivo de desprestigiar moralmente al tribuno de la plebe, arrastrándolo por el fango, para regocijo del patriciado.

Nadie ha descrito mejor el mecanismo que Juan José Becerra: se desatan “duchas de hagiografías decididas a romper relaciones con el hecho, un fenómeno enloquecedor que consiste en sustituirlo con toda la violencia que se necesita para que no quede nada de su verdad, y luego montar sobre el sustituto un idioma inadecuado, circular, antianalítico, irracional para juzgarlo mediante el bombo legüero de la indignación”. Publio Sulpicio Rufo enfrentado a su destino trágico: su cabeza, enviada a Sila y expuesta en el foro romano; sus leyes, anuladas. El ajusticiamiento moral o el disparo de pistola liso y llano. Nada nuevo bajo el sol.

Nuestro libro, que por suerte suma varias ediciones, encontró lectores que juzgaron que allí había algo de interés. Y también detractores que –muchas veces habiéndolo apenas ojeado con desdén– se lanzaron a jugar el juego que mejor juegan y que más les gusta: infamar y descalificar. Por lo mismo pasé (no quiero involucrar a Peretti) varias veces en mi vida, como cuando denuncié judicialmente la connivencia entre las bandas de narcomenudeo, la policía y la política en 2012. A veces el paso del tiempo, además de veloz, trae algo de alivio.

Los últimos días de la infamia fueron particularmente voraces. Una gran cantidad de profesionales del derecho y de periodistas, muchos de los cuales respeto y por los que siento afecto, soltaron la lengua con encono. Llevo un registro de cada una de las expresiones, de quién las dijo y del medio que las reprodujo, no por una pulsión de ropavejero, sino para no caer en la misma ligereza que me mortifica. “Concepto que no figura en ninguna ley”, “risible verso”, “teología exculpatoria”, “teoría que hace agua” y muchas más, estrujando el castellano como a un trapo de piso. No nos salvamos los autores: “snobs”, “animistas” y “gaseosos”. Todo muy edificante, pletórico de argumentos.

Haciéndose los informados, quienes escriben o declaran repiten que ningún código penal o procesal penal del mundo usa la expresión lawfare, con lo que demuestran su ignorancia y falta de elegancia. No la contienen porque es una práctica, un dispositivo instrumental; no una categoría dogmática, cosa que dijimos y escribimos hasta la náusea. Es que en el mundo hay muchísimos más pobres y avariciosos, jueces y fiscales complacientes, medios concentrados de intereses, y sistemas de inteligencia autonomizados, que tipos penales. Será cuestión de que se armen de paciencia (y de que sigan atentamente el juicio sobre la parcialidad que en Brasil se cierne sobre el otrora celebrado ex juez y ex Ministro de Justicia Sergio Moro). Por lo demás, ya existen tipos penales que castigan la instancia judicial del procedimiento de lawfare, como el prevaricato (delito que comete una autoridad cuando dicta una resolución sabiendo que es injusta). Pero, como dicen en México, “perro no muerde perro”, y juez no condena juez.

Suele explicar Maximiliano Rusconi, que el desafío del proceso penal es lograr eficiencia sin lesionar las garantías constitucionales en juego. Esas son las reglas del Estado de Derecho. El imputado tiene derecho a un abogado defensor de su confianza; a que le comuniquen prontamente el hecho por el cual se lo acusa definido con precisión; a ofrecer medidas de prueba; a ser tratado como inocente durante todo el proceso (lo que acarrea el goce del derecho a la libertad); a no ser obligado a declarar contra sí mismo (y que es nulo un proceso en el que a un imputado se lo cita como testigo, se lo obliga a declarar bajo juramento, y luego que se auto incrimina se lo llama a declarar ahora como imputado); a que se le explique no puede ser perseguido más de una vez por el mismo hecho; a que el desempeño de los fiscales está regido por el principio de objetividad; a que las pruebas válidas sean las que se obtienen de modo lícito. En otros términos, que un Estado de Derecho debería ser capaz de juzgar a Cristina Kirchner, a Julio de Vido, a Amado Boudou (y a tantos otros) tomando en consideración esos derechos. Lawfare no es ningún “acertijo eximente”: o hay respeto por las garantías (viejas garantías) establecidas por la Constitución, para todos, o no lo hay.

Negar la categoría es un triste ejercicio, como el del toro cuando sigue la capa del diestro que no lo matará; el que acabará con él será el torero, no su capa. Estaríamos de acuerdo con llamar “Eusebio” a lawfare (el nombre del bufón que divertía a Juan Manuel de Rosas), a cambio de que podamos discutir las gravísimas irregularidades que se cometieron y que siguen sin reparación.

Una nota reciente, referida a Alejandro Slokar, informa que, siendo juez de Casación, sostuvo veinticuatro comunicaciones en un mes con un espía, “hombre de confianza de Cristina y por entonces el máximo funcionario operativo ultra k de la SIDE”. La fuente es un “informe de la policía federal al que accedió el diario”. Una variante operativa: en este caso, quien hace de espía es la policía, y el espía el espiado.

La profesora Beatriz Sarlo llevó una serie de correos electrónicos para sostener sus dichos sobre que le habían ofrecido vacunarla “por debajo de la mesa”. Una hora más tarde, los mails estaban en internet. Sarlo se quejó amargamente; “uno pasa por Comodoro Py, y a los cinco minutos puede trascender a la opinión pública”. Otra variante operativa: los mismos tribunales alimentan a las usinas descalificadoras.

Un estudiante de abogacía que vive en Araraquara, estado de San Pablo, Walter Delgatti (“Vermelho”), decidió filtrar archivos de Telegram porque se decepcionó de los fiscales del caso “Lava Jato”, quienes realizaron operaciones ilegales, con aval de Sergio Moro, para investigar a posibles testigos, extorsionar a acusados para ser delatores y usar a periodistas para publicar operaciones de prensa. ¿Vale la pena negar la evidencia? ¿Hasta cuándo?

Una vez lanzada a funcionar la segadora horizontal, lo único que necesita es una cabeza cerca a la que tronchar. Y no pregunta por la ideología. Para evitarlo, es que el hombre fue dándose garantías frente al poder omnímodo, ese modelo de orden llamado Estado de Derecho. Cuando hay lawfare, no hay Estado de Derecho. ¿A tanto están dispuestos aquellos a los que desagrada la palabra?