La Cámara Federal porteña resolvió que dos investigaciones iniciadas a partir de denuncias del Gobierno argentino por la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas se tramiten en un mismo juzgado. La decisión busca unificar el tratamiento judicial de actividades petroleras desarrolladas sin autorización de la Argentina en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

La resolución fue adoptada este lunes por el camarista Eduardo Farah, quien intervino para dirimir un conflicto de competencia entre tribunales. De esta manera, los expedientes CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 quedarán radicados en el Juzgado Federal N° 12, actualmente subrogado por Julián Ercolini, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las causas se originó a partir de una presentación de la Cancillería contra la empresa británica Desire Petroleum, vinculada con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en el área de las Malvinas. La segunda denuncia investiga actividades similares desarrolladas por otra compañía en un sector de la plataforma continental argentina, también sin contar con los permisos correspondientes de las autoridades nacionales.

Aunque Ercolini había rechazado asumir la competencia sobre ambos expedientes, Farah sostuvo que las investigaciones presentan suficientes puntos en común como para justificar su tramitación conjunta.

En su resolución, el camarista señaló que “la similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación”. Según explicó, los hechos denunciados forman parte de una misma problemática relacionada con emprendimientos petroleros impulsados en áreas próximas al archipiélago a partir de autorizaciones que la Argentina desconoce.

“Las actividades denunciadas en una y otra no son más que distintas manifestaciones de un mismo fenómeno, consistente en emprendimientos económicos a desarrollarse en áreas cercanas a las Islas Malvinas en base al otorgamiento de autorizaciones que nuestro país considera ilegítimas”, argumentó el magistrado.

Farah también destacó que la unificación de las investigaciones permitirá evitar decisiones judiciales incompatibles entre sí sobre una cuestión especialmente sensible para la política exterior argentina.

En ese sentido, recordó que ambas causas involucran los derechos que el país reivindica sobre las Islas Malvinas y consideró que cualquier resolución judicial podría tener consecuencias que trasciendan los expedientes.

“Siendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía en ellas un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios cobra aquí una particular importancia”, sostuvo el juez.

El camarista advirtió, además, sobre las eventuales repercusiones que las decisiones judiciales podrían tener en la posición histórica del Estado argentino respecto del archipiélago.

Con esta resolución, las dos denuncias continuarán su trámite bajo la órbita de un mismo juzgado, que deberá avanzar en la investigación de las actividades petroleras cuestionadas por el Gobierno nacional. La decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones, sino que establece qué tribunal tendrá a su cargo los expedientes.

Con información de la agencia NA

En la página 10 hay una mujer de anteojos negros y pelo revuelto por el viento, sonriendo mientras un perro le lame la cara. Es Emily Gilbert, secretaria ejecutiva de la Asociación de Empresas Rurales de las islas, y el texto cuenta que maneja “junto con su esposo Mark” una pequeña explotación ganadera en “East Falkland” y un negocio de turismo rural. La foto no parece elegida al azar. Resume el tono del cuadernillo que la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la agencia de desarrollo que financia el gobierno británico ocupante de las islas, repartió entre los empresarios chilenos que participan desde este lunes del Punta Arenas Business Showroom. Todo, en medio de la creciente tensión por el inédito reclamo soberanista del gobierno de Javier Milei.

El documento se titula “Feria Empresarial Punta Arenas – Delegación Islas Falkland” y está escrito en español y colgado en la web oficial del evento. Presenta a 42 personas con el mismo formato: retrato en primer plano, logo de la empresa, correo de contacto y una biografía que casi nunca se limita a lo profesional. Como una colección de figuritas, cada página muestra a alguien con nombre, cara y una historia. El folleto no apunta a funcionarios ni a gobiernos: apunta a comerciantes, proveedores y “vecinos” de Magallanes. Los kelpers en su faceta más humana.

Lo que no aparece dice tanto como lo que sí. En 44 páginas no se nombra a la Argentina, ni a Malvinas, ni a Puerto Argentino. No hay referencias a 1982, al conflicto ni a la soberanía. Las islas son siempre “Islas Falklands” y la capital, “Stanley”, que se menciona 25 veces. La palabra “comunidad” aparece 15 veces. El único rastro de la guerra está escondido en la ficha de Cynthia Williams, subgerente de un vivero, entre cuyas tareas figura el mantenimiento de las tumbas de guerra de la Commonwealth. La tapa tiene un mapa donde se ven Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y el Banco Burdwood, con una sola leyenda política: “Falkland Islands (U.K.)”.

Lo que el folleto repite es la pertenencia. Mike Summers, director de la Cámara de Comercio, es “un isleño de sexta generación”. Dylan Stephenson, dueño de una empresa de estiba, es “un isleño de las Falklands de décima generación”. Marc Short, funcionario de Obras Públicas, pertenece “a la séptima generación de su familia en la isla” y “ha vivido allí toda su vida”. No es un detalle biográfico inocente: la genealogía está en el centro del argumento isleño de la autodeterminación, que la Argentina rechaza porque considera que se trata de una población trasladada por la potencia ocupante y porque las resoluciones de Naciones Unidas hablan de los “intereses” de los habitantes, no de sus deseos.

El otro eje es Chile. El cuadernillo remarca todos los vínculos posibles con Magallanes. La madre de Marc Short, por ejemplo, “es de Puerto Natales”. Arturo Guala, dueño de un restobar en Stanley, es “un emprendedor chileno originario de Punta Arenas” que, tras mudarse, ahora “las llama su hogar” y quiere “superar las brechas culturales y económicas” entre ambas regiones. Daniela Baigorri, oficial de Bioseguridad del gobierno isleño, es “una bióloga marina chilena que forma parte de la comunidad” desde 2016. Patricio Garcés, de una pesquera, dice que espera “volver a conectar con viejos amigos”. Ali y Marlane Marsh cuentan que muchas de sus vacas Hereford descienden de animales importados de Chile, y que dejaron de comprar en ese país cuando se cortó la antigua ruta marítima.

El resto son historias pensadas para generar empatía. Chris Barrett, gerente de flota de la Falkland Islands Company, se mudó a las islas con su familia en 2020, “justo una semana antes de que golpeara el Covid”. Shula Phillips vendió su casa de huéspedes “apenas una semana antes del nacimiento de su hija” y cumplió “su sueño” de abrir un bar de vinos en una casita de piedra de 1840. Paul Phillips arrancó como esquilador. Ellie Ferriby y Harley Marshall aprendieron solos a levantar invernaderos para que la comunidad tenga verduras frescas todo el año. Un restaurante de Stanley resume su filosofía así: “Todos merecen un sitio en la mesa”.

Entre esas biografías también aparecen piezas del Estado británico e isleño, presentadas con el mismo tono amable. Hay cuatro funcionarios del gobierno kelper, dos gerentes de logística del British Antarctic Survey, el instituto polar que depende de un organismo público del Reino Unido, y ejecutivos de empresas con contratos con el Ministerio de Defensa británico. La propia FIDC aclara que es “un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno”, con un presupuesto anual de alrededor de un millón de libras. Su subdirectora, Louise Ellis, que encabeza la delegación, aparece como la artífice de una estrategia de tres años: visitas cruzadas desde 2024, una consulta sobre conexiones marítimas y un documento que “se compartió con actores clave en Chile”.

El cuadernillo funciona como una herramienta de diplomacia blanda, y llega en un momento en que el mensaje encuentra eco del otro lado de la cordillera. El domingo, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, dijo que Chile apoya el reclamo argentino pero que “hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, y pidió respetar “la voluntad e interés de las personas involucradas”. Es la misma idea que el folleto construye página por página: que en las islas vive gente con arraigo, familias y proyectos, y que Magallanes es su vecino natural.

Pero el problema va más allá de la imagen. La rueda de negocios le da carga a la ruta directa Punta Arenas–Stanley (Puerto Argentino) que la naviera chilena Easter Island planea inaugurar a mediados de noviembre, mientras la Armada trasandina impulsa un puerto multipropósito sobre el Estrecho. “Hay preocupación porque están pensando armar un puerto multifuncional, un centro logístico con la excusa del comercio”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial. En la versión que la FIDC eligió mostrar en Punta Arenas no hay puerto ni geopolítica: solo vecinos que quieren comprar verduras, cemento y repuestos más cerca de casa.

MC

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes.

El proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales.

Milei pide “pronto tratamiento y sanción”

A través de un comunicado que sew difundió en las últimas horas en redes sociales, el presidente Javier Milei anunció el envío del proyecto al Congreso y pidió “a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad” a su tratamiento. “No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”, concluye el mensaje del mandatario. Su texto completo:

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha enviado al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinado a proteger los derechos soberanos de la República Argentina.

La iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país. Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas.

El proyecto tiene por objetivo derogar el régimen ineficiente de la Ley N° 26.659 sancionada en 2011 y reemplazarlo por uno más duro, además de agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores.

Asimismo, se crea el Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, para articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional.

La República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo. Todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas.

El Presidente de la Nación, Javier G. Milei, invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso. No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas“.

Qué dice el proyecto

Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos.

El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables.

En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años.

Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino.

Penas de hasta 20 años por la explotación de recursos en Malvinas

Para los proveedores que participen de esas actividades, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado.

Entre las medidas contempladas aparecen la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables.

Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales.

El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina.

Otro de los capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas.

El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía.

La iniciativa también establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre.

En el caso de los buques, el texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas.

El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial.

Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate.

El presidente Javier Milei rechazó este miércoles que el endurecimiento de la política de su Gobierno en torno a las Islas Malvinas responda a una estrategia electoral y aseguró que las medidas anunciadas a comienzos de septiembre venían siendo preparadas desde hacía meses. “Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el canal de streaming Neura.

Milei explicó que la decisión de avanzar con nuevas sanciones contra empresas y directivos involucrados en la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina fue discutida en una reunión de Gabinete realizada antes de la cadena nacional del 3 de septiembre. “Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena”, cuestionó al rechazar las interpretaciones que vinculan el giro en la política sobre Malvinas con objetivos electorales.

Según el Presidente, el elemento que aceleró los anuncios fueron las declaraciones de su par estadounidense, Donald Trump, quien había planteado la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos respecto de la disputa de soberanía. “La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos”, sostuvo Milei.

El mandatario insistió en que las iniciativas no surgieron de una decisión coyuntural. “Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo”, afirmó.

Presión sobre las empresas

Milei reconoció, de todos modos, que el Gobierno decidió aprovechar el escenario abierto por las declaraciones de Trump para acelerar su estrategia sobre las compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.

El 3 de septiembre, en cadena nacional, anunció una serie de medidas que incluyen el endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización argentina, además de otras iniciativas diplomáticas, judiciales y vinculadas con la Defensa.

“No tiene una intencionalidad política electoral”, insistió el Presidente, quien explicó que uno de los objetivos consiste en “meter presión” sobre las compañías para obligarlas a optar entre sus proyectos en las islas y las oportunidades de inversión disponibles en territorio continental argentino. “¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales”, señaló.

En ese sentido, mencionó el desarrollo de Vaca Muerta y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas con las que el Gobierno busca atraer capitales y ofrecer alternativas a las compañías internacionales. “A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta”, sostuvo.

La estrategia comenzó a traducirse en medidas concretas después de la cadena nacional. El 4 de septiembre, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a las prohibiciones establecidas en la Ley 26.659. Las actuaciones alcanzan tanto a compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas como a accionistas y prestadores de servicios.

El Gobierno también prepara un proyecto para ampliar el alcance de las sanciones a compañías relacionadas con actividades en Malvinas. Las iniciativas se producen mientras avanza el proyecto petrolero offshore Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Para Milei, el contexto internacional abrió una oportunidad para profundizar una política que, según sostuvo, ya estaba en preparación. “Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política”, concluyó.

Con información de la agencia NA

El Gobierno británico publicó una guía destinada a empresas y particulares vinculados con las Islas Malvinas, en la que respaldó la actividad económica en el archipiélago y rechazó que la Argentina pueda aplicar allí su legislación.

El documento, titulado Doing business with the Falkland Islands (“Hacer negocios con las Islas Malvinas”), fue difundido este martes por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo británico. Está dirigido a compañías que desarrollan actividades en las islas, proveen bienes o servicios o participan de manera directa o indirecta de su economía.

La publicación constituye la respuesta oficial de Londres frente al endurecimiento de las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei contra empresas vinculadas con actividades económicas y explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Qué sostiene Londres sobre la actividad económica

Uno de los ejes centrales de la guía es el respaldo a las actividades comerciales que el Reino Unido considera legítimas. El Gobierno británico sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

El documento señala además que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental son reguladas por la legislación de las Islas Malvinas y que Londres respalda el desarrollo de esos recursos para beneficio económico de los isleños.

En paralelo, el Reino Unido reafirma su propia posición sobre la soberanía. Define a las Malvinas como un “Territorio Británico de Ultramar” y sostiene que no discutirá esa cuestión “a menos que los isleños así lo deseen”.

El punto más fuerte: la jurisdicción argentina

La guía dedica un apartado específico a las medidas adoptadas por la Argentina. Allí, Londres sostiene que Buenos Aires no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las islas ni a aplicar su legislación interna dentro del archipiélago.

La misma postura es extendida por el Gobierno británico a las compañías y personas que desarrollen actividades comerciales vinculadas con las Malvinas. Según Londres, las medidas argentinas tampoco deberían alcanzar a quienes participan de negocios relacionados con las islas.

El documento afirma además que las medidas argentinas aplicadas anteriormente durante años no impidieron, según la posición británica, que la economía de las islas continuara creciendo.

Qué recomienda a las empresas que reciban sanciones

La guía contempla específicamente la posibilidad de que compañías o personas reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas.

En esos casos, Londres recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente para analizar cada situación particular. El propio documento aclara que la guía expresa la posición del Gobierno británico y que no constituye asesoramiento legal.

Pero el Reino Unido también ofrece un respaldo adicional. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que está dispuesto a hacer pública su posición ante el Gobierno argentino, organismos internacionales y las empresas que soliciten garantías.

Qué hará Londres si las empresas son presionadas en terceros países

Uno de los puntos más relevantes de la guía aparece cuando contempla situaciones en las que una compañía, una subsidiaria o un proveedor sea presionado en un tercer país debido a sus negocios vinculados con las Malvinas.

En ese escenario, el Gobierno británico asegura que está dispuesto a intervenir directamente para dejar clara su posición ante la empresa afectada.

De esta manera, Londres no solo reivindica el derecho de las compañías a operar en el archipiélago según su marco jurídico, sino que también ofrece respaldo diplomático ante eventuales consecuencias de las medidas argentinas.

El contexto de la disputa

La publicación se conoció mientras el Gobierno argentino avanza con nuevas medidas contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en las Malvinas y prepara herramientas para reforzar las sanciones.

La guía británica marca así una nueva escalada diplomática en torno a las actividades económicas desarrolladas en el archipiélago: mientras Buenos Aires sostiene su reclamo de soberanía y cuestiona las operaciones realizadas sin autorización argentina, Londres respalda esas actividades y niega que la legislación argentina pueda aplicarse sobre las islas o las empresas vinculadas con ellas.

Textuales del documento publicado por Gran Bretaña

El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y da la bienvenida a la continuidad del interés y la implicación del sector privado en las Islas.

Esta orientación es para empresas e individuos que:

El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los isleños de las Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto es una parte integral de su derecho a la autodeterminación.

El estado de las Islas Malvinas

Las Islas Malvinas son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene dudas sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos soberanía a menos que los isleños así lo deseen.

El Gobierno del Reino Unido está comprometido a apoyar el derecho a la autodeterminación de los isleños de las Malvinas. Este principio se expone en:

Las Islas Malvinas han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo por una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Malvinas. El derecho interno argentino no se aplica en las Islas.

Actividad comercial y recursos naturales

El Gobierno del Reino Unido reconoce las oportunidades y posibles beneficios que una actividad comercial legítima puede generar tanto para los isleños de las Malvinas como para las empresas participantes.

El Gobierno de las Islas Malvinas es responsable de regular toda la actividad económica dentro de las Islas Malvinas.

El Gobierno del Reino Unido apoya el derecho de los isleños de las Malvinas a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Las decisiones sobre el desarrollo de esos recursos son asuntos del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas comerciales implicadas.

Las actividades de hidrocarburos en la plataforma continental de las Islas Malvinas están reguladas por la legislación de las Islas Malvinas, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y el Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Malvinas a llevar a cabo dichas actividades.

Medidas argentinas contra las empresas

Algunas empresas e individuos pueden recibir correspondencia de las autoridades argentinas sobre sus actividades en o relacionadas con las Islas Malvinas. La posición del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su derecho interno dentro de las Islas, ni sobre ninguna empresa o individuo que participe en negocios en o esté vinculado a ellas.

Argentina ha introducido previamente medidas bajo su legislación nacional destinadas a disuadir a empresas e individuos de llevar a cabo actividades comerciales legítimas y legales en o relacionadas con las Islas Malvinas.

Las medidas argentinas anteriores no han impedido que los isleños de las Malvinas desarrollen una economía exitosa. Estas medidas han estado en vigor durante muchos años y, a lo largo de ese periodo, la economía de las islas ha seguido creciendo.

El Reino Unido no puede ver la base sobre la cual los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer legítimamente jurisdicción respecto a estas medidas.

El Gobierno del Reino Unido seguirá apoyando a los isleños de las Malvinas y dejando clara su posición al Gobierno argentino, en organizaciones internacionales y directamente a las empresas que buscan tranquilidad.

Obtención de asesoramiento legal

Esta guía ofrece una declaración de la posición del Gobierno del Reino Unido, pero no constituye asesoramiento legal.

Las empresas e individuos que reciban correspondencia o amenazas de acciones legales por parte de las autoridades argentinas deben obtener asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.

Apoyo del Gobierno del Reino Unido

La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y Desarrollo da la bienvenida al contacto con cualquier empresa o individuo que realice actividades económicas en las Islas Malvinas o que suministre bienes y servicios a los isleños.

Cuando una empresa, o una filial o proveedor de esa compañía, se ve presionada en un tercer país en relación con negocios legítimos y legales en las Islas Malvinas, el Gobierno del Reino Unido está dispuesto a dejar clara su posición directamente a cualquier empresa que busque seguridad.

En lo que constituye la primera respuesta oficial del Reino Unido al cambio de posicion de Javier Milei sobre Malvinas, el gobierno británico difudió este martes una guía en la que advierte que Argentina “no ejerce soberanía ni jurisdicción” alguna sobre las islas.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de 'Falkland Islands' a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, dice el documento. Y reitera: “'Falkland Islands' son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre lFalkland Islands y las zonas marítimas circundantes”

El documento es categórico: “Falkland Islands han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, con la excepción de una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre 'Falkland Islands'. La legislación argentina no se aplica en las Islas”.

La guía fue publicada este martes por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y está dirigida tanto a empresas como a particulares.

La guía pone el foco en dos actividades centrales: la pesca, ya consolidada en el archipiélago, y los proyectos de extracción de hidrocarburos que las compañías involucradas proyectan poner en marcha entre 2027 y 2028.

El texto es categórico en un punto: sostiene que la Argentina carece de jurisdicción sobre las firmas que operan en las islas y se compromete a asistir a esas empresas si surgen complicaciones vinculadas a sus vínculos comerciales con el archipiélago.

La publicación constituye la primera reacción oficial de Londres frente a la seguidilla de sanciones y advertencias que Milei lanzó en las últimas dos semanas contra las compañías con intereses en Malvinas. El gobierno británico argumenta que ningún tribunal fuera de la Argentina tiene base legal para intervenir sobre las decisiones que tome Buenos Aires, y remarca que este tipo de sanciones ya se aplicaron en gestiones anteriores sin que eso afectara el desarrollo económico de las islas.

Más allá de su contenido técnico, el documento llega en un momento clave: expone el cambio de rumbo que dio el propio Milei respecto de su vínculo con el Reino Unido. El mandatario había arrancado su gestión con una lógica de acercamiento, apostando al diálogo y a destrabar lo que su gobierno llamaba “obstáculos” para hacer negocios en el Atlántico Sur. Ese enfoque quedó atrás: en sintonía con los cuestionamientos de Donald Trump al laborismo británico, Milei optó por radicalizar su postura en una causa que despierta fuerte adhesión nacionalista, justo cuando empiezan a delinearse las estrategias de cara a la campaña presidencial de 2027.

La guía se conoce luego de que este lunes el Presidente reunió a todo su gabinete en la Casa Rosada para hablar de Malvinas y el rumbo económico. La cuestión Malvinas ocupó una parte importante de la reunión. Después del giro que Milei imprimió en las últimas semanas alrededor del reclamo de soberanía, el Gobierno repasó los primeros movimientos de la estrategia y ratificó ante los ministros la decisión de mantener y profundizar el rumbo adoptado.

El pasado 3 de septiembre, Milei anunció en cadena nacional sanciones más duras para evitar la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, un proyecto, en rigor, comenzado durante la gestión de Alberto Fernández que quedó paralizado por los recortes del gobierno libertario en obra pública.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en Dublín que un conflicto por las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido constituiría un “desastre potencial”, aunque manifestó que confía en poder “resolverlo” si le pidieran intervenir.

Tras reunirse en Dublín con Micheál Martin, primer ministro irlandés, el mandatario estadounidense hizo declaraciones ante la prensa donde afirmó que le parecen “muy interesantes” las Malvinas y remarcó que actualmente Argentina y el Reino Unido son “dos países” que están “enfadados” entre sí.

Trump también dijo que recordaba que los británicos “entraron y se apoderaron de ellas (por las islas)”, pero que no sabía si ahora estarían dispuestos a hacer lo mismo, dados los problemas internos que enfrenta el país.

“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (...) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, expresó el presidente estadounidense.

Irlanda

Las Malvinas No fue el único tema que utilizó Trump para molestar al primer ministro británico, Andy Burnham, con quien tiene una disputa por el ataque de Estados Unidos a Irán y el presupuesto de la OTAN en defensa. También dijo que le gustaría ver la reunificación de Irlanda y aseguró que es algo que “ocurrirá tarde o temprano”. En declaraciones a los periodistas al término de una reunión bilateral con el 'taoiseach' (primer ministro irlandés) Micheál Martin, el jefe de la Casa Blanca, dijo: “Me encantaría ver (a Irlanda) unificada. Creo que sería un gran logro para todos si eso sucediera. Tarde o temprano sucederá”.

El mandatario estadounidense añadió, señalando a Martin: “Aquí tienen al hombre adecuado para poner en marcha” ese eventual proceso de reunificación, aunque agregó que el Reino Unido también “tendrá algo que decir al respecto”. “Creo que sería algo estupendo. Quiero decir, ¿cómo puede ser malo?”, apuntó Trump, que continuó diciendo que los irlandeses son “gente estupenda” y que tiene amigos “en ambos bandos”.

Posteriormente, en un discurso pronunciado en la residencia del embajador estadounidense en Dublín, volvió a referirse al tema de la reunificación y aseguró que “no hay una buena respuesta” a esta cuestión. “Ellos (los periodistas) me preguntaron: ¿qué opinas sobre la unificación de Irlanda del Norte e Irlanda? Y dije, 'oh, es una buena pregunta', y creo que di una buena respuesta... pero ya leeremos sobre ello mañana”, comentó el político republicano.

La isla de Irlanda está dividida en dos partes, la República de Irlanda, y la provincia británica de Irlanda del Norte, desde 1921, tras décadas de agitación entre nacionalistas y unionistas.

El estatus norirlandés, sobre si debía formar parte del Reino Unido o reunificarse con el resto de la isla, fue el núcleo del sangriento conflicto apodado como los 'Troubles', entre finales de la década de 1960 y hasta 1998, cuando se cerró el denominado Acuerdo de Viernes Santo.

Las reacciones a las controvertidas palabras de Trump no han tardado en llegar. Un portavoz de Downing Street (oficina del primer ministro del Reino Unido) aseguró que la cuestión de un referéndum “sobre la frontera” corresponde al secretario de Estado británico para Irlanda del Norte y “cuando exista un claro consenso en el país, cuando la opinión pública haya cambiado hasta el punto en el que haya que considerar la propuesta”.

En esta hipotética votación, los habitantes de Irlanda del Norte podrían pronunciarse sobre si quieren seguir formando parte del Reino Unido o unirse a la República de Irlanda.

Por su parte, el líder del Partido Unionista Democrático, Gavin Robinson, que apoya la permanencia de Irlanda del Norte en el Reino Unido, dijo que el futuro constitucional del territorio “lo decidirá el pueblo norirlandés y no los comentarios que se hagan en Londres, Dublín o Washington”.

Protesta Dublín contra la visita de Trump

 Más de 10.000 personas recorrieron este sábado las calles del centro de Dublín en protesta por la visita del presidente de Estados Unidos a la isla este fin de semana y en defensa de la tradicional neutralidad militar irlandesa.

Esta marcha, de corte antibelicista, bajo el lema 'Trump, no eres bienvenido', estuvo convocada por asociaciones como la Liga por la Neutralidad Irlandesa (INL), el Movimiento Irlandés contra la guerra y contó con la presencia de formaciones políticas como el Partido Laboristas irlandés, y los izquierdistas Sinn Féin -antiguo brazo político del IRA- y People Before Profit (El Pueblo Antes que el Lucro).

Los asistentes partieron a primera hora de la tarde del llamado Jardín del Recuerdo, en honor a los irlandeses caídos en diferentes conflictos, en dirección hacia el centro Dublín y posteriormente hasta la sede de la Asamblea irlandesa (Dáil) gritando consignas en contra del presidente estadounidense y también dirigidas a las autoridades del país, por haber permitido su visita.

El Gobierno había hecho circular que el presidente Javier Milei tenía previsto viajar al Reino Unido en octubre, en medio de la renovada tensión con Londres por la cuestión de las Islas Malvinas y las últimas medidas anunciadas por el Gobierno argentino en defensa del reclamo de soberanía. Pero fuentes oficiales señalaron después que suspendió el viaje.

El mandatario tenía agendada una visita a Londres para el próximo 21 de octubre, donde proyectaba brindar una charla en la Universidad de Oxford y mantener un encuentro con empresarios locales.

Si bien se había mencionado la posibilidad de realizar una Argentina Week, la administración libertaria no tiene previsto organizar ese evento en el Reino Unido sin la presencia del jefe de Estado, según había anunciado el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Tampoco figuraban en la agenda reuniones con el primer ministro británico, Andy Burnham, ni con otros integrantes de su Gobierno.

La visita tenía especial relevancia por el endurecimiento del discurso de Milei en torno a Malvinas durante los últimos días. El Presidente reforzó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y calificó de “ilegítimo” al gobierno británico en el archipiélago.

En ese marco, el Poder Ejecutivo anunció el envío al Congreso de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a sancionar a empresas y personas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina.

El Gobierno también avanzó con denuncias contra compañías involucradas en esas actividades y anunció la creación de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. Los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, tienen previsto viajar este viernes a la provincia para recorrer la zona.

“Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, sostuvo Milei el miércoles.

La Casa Rosada también buscó capitalizar la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de revisar la cuestión y desplegó una ofensiva diplomática y política alrededor del reclamo argentino. Las iniciativas provocaron, a su vez, respuestas desde el Reino Unido.

Burnham aseguró que realizará una defensa “implacable” del deseo de los habitantes de las islas de “elegir ser británicos”. Por su parte, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, consideró que las declaraciones de Milei están vinculadas más con la política interna argentina que con eventuales acciones concretas sobre el archipiélago.

Con información de la agencia NA

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección por distintos episodios registrados durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales y los incidentes ocurridos al finalizar la final ante España.

Según informó el máximo organismo del fútbol mundial, la Comisión Disciplinaria decidió avanzar con la investigación luego de recibir el informe elaborado por el procurador designado para analizar los hechos. A partir de esa recomendación, se iniciaron distintos expedientes tanto contra la AFA como contra futbolistas de las selecciones argentina y española.

Uno de los ejes de la investigación es la bandera sobre las Islas Malvinas que los jugadores argentinos exhibieron durante los festejos posteriores al triunfo frente a Inglaterra en Atlanta. Para la FIFA, ese gesto podría constituir una manifestación política, una práctica que sus reglamentos prohíben al impedir que las competencias oficiales sean utilizadas para expresar mensajes ajenos al ámbito deportivo.

Pero ese no es el único episodio bajo análisis. El organismo también investiga los incidentes que se produjeron inmediatamente después de la final del Mundial entre Argentina y España, cuando se registró una confrontación entre varios futbolistas argentinos, un integrante del cuerpo técnico y el mediocampista español Pablo Martín Páez Gavira, conocido como Gavi.

En ese marco, la FIFA abrió un procedimiento por presuntas infracciones vinculadas con el artículo del Código Disciplinario referido a agresiones contra los argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala.

Asimismo, el organismo inició otros expedientes por presunta conducta antideportiva contra Nahuel Molina, Thiago Almada y el propio Gavi. Todos los involucrados tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución.

En paralelo, la AFA también quedó bajo investigación por una serie de presuntas infracciones al Código Disciplinario. Además del episodio de la bandera de Malvinas, la FIFA analizará posibles incumplimientos relacionados con cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en el inicio de los partidos, incumplimiento de los protocolos de juego y de seguridad, exhibición de mensajes considerados inapropiados por parte del equipo y de los hinchas, y lanzamiento de objetos desde las tribunas durante distintos encuentros del seleccionado argentino a lo largo del torneo.

Por el momento, la FIFA no informó posibles sanciones ni plazos para resolver los expedientes. Una vez recibidos los descargos de los imputados, la Comisión Disciplinaria evaluará las pruebas y emitirá una resolución sobre cada uno de los casos.

Con información de la agencia NA y elDiario.es

La Selección sorprendió sobre el final mismo de la agónica victoria sobre Inglaterra, al desplegar sobre el campo de juego una bandera blanca con la inscripción “las Malvinas son argentinas”.

Previamente, se había dispuesto por los organizadores de encuentro llevado a cabo en Atlanta, Estados Unidos, que no pudieran ingresar simpatizantes argentinos que llevaran esa leyenda, algo suscripto por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Sin embargo, el plantel argentino, entre ellos el mediocampista Giovani Lo Celso, desplegaron la citada tela, con la inscripción malvinense. Leandro Paredes y Lautaron Martínez, luego consultados por esa decisión, bajaron el tono y evitaron mayores comentarios.

Incluso, en el marco del fervor generado por acceso a la final del Mundial, que se jugará este domingo desde las 18 en Nueva York, los jugadores saltaron con el cántico “el que no salta/es un inglés”, un verdadero hit desde el recordado partido de México 86, aquel de los goles de Diego Maradona.

Anthony Gordon había abierto la cuenta en el segundo tiempo para Inglaterra, y la Argentina, luego de mucho intentarlo, logró empatar por medio de un remate de afuera del área de Enzo Fernández, y luego un cabezazo de Lautaro. En las dos acciones, el pase correspondió a Lionel Messi.

La soberanía británica sobre las islas Malvinas “no está en cuestión”, dijo este viernes la oficina del primer ministro británico ante los reportes sobre una posible reconsideración de la postura de Estados Unidos en represalia a la falta de apoyo del Gobierno de Keir Starmer a la guerra contra Irán.

La reacción británica se produce varias horas después de que se filtrara un correo electrónico supuestamente enviado en el sistema interno del Pentágono donde se detallan varias medidas que Washington podría tomar contra países de la OTAN que no se alinearon con EE.UU., concretamente España y el Reino Unido.

“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no están en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, dijo el portavoz gubernamental.

“Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación”, zanjó el funcionario.

Se refiere así al referéndum convocado en las islas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98% a favor de la permanencia dentro del Reino Unido, una consulta que no fue reconocida por la Argentina, que mantiene firme, año a año, el reclamo por la soberanía de las islas situadas a 500 kilómetros de sus costas continentales.

La relación entre el Reino Unido y Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer haya recalcado en numerosas ocasiones que no piensa “dejarse arrastrar a la guerra” contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a “propósitos defensivos”.

Esa postura le valió al líder laborista numerosos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, que lo acusa de no haber estado a la altura de lo que se espera de un aliado.

Agregó además varias críticas a Starmer por políticas internas, ya sea la cuestión migratoria -considera que el Reino Unido es laxo con el control migratorio- o la energética, en la que manifestó su oposición a la moratoria a nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte decretada por Londres.

EFE

El Gobierno de Javier Milei, a través de Cancillería, difundió este jueves un extenso y contundente comunicado en el que rechazó de manera “enérgica” el anuncio de la Decisión Final de Inversión realizado por las compañías Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum Development and Production Limited (israelí) para avanzar en el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Según sostuvo el Gobierno, las firmas actúan como “licenciatarias ilegítimas” al operar sin autorización de la Argentina, único Estado habilitado para otorgar permisos en la plataforma continental.

El texto oficial advierte que estas acciones unilaterales violan resoluciones de la ONU, afectan la disputa de soberanía y constituyen un avance ilegal sobre recursos naturales no renovables. Además, el Gobierno recordó que ambas empresas fueron sancionadas e inhabilitadas previamente por operar sin autorización en territorio argentino.

El comunicado completo

“La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’ ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina.

La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización. Dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia.

El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas.

Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

Dicho accionar unilateral resulta manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico argentino, en particular a lo dispuesto por las Leyes N° 26.659 y N° 26.915, conforme a las cuales no pueden realizarse actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la totalidad de la plataforma continental argentina sin contar con la debida autorización de la autoridad competente argentina.

En aplicación de estas normas, ambas compañías han sido oportunamente sancionadas. Rockhopper Exploration Plc fue declarada clandestina y sus actividades ilegales por medio de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012 y se dispuso su inhabilitación para operar en la República Argentina por un plazo de 20 años a través de la Resolución S.E. N° 456/2013. Por su parte, Navitas Petroleum Lp fue pasible de idénticas sanciones mediante la Resolución S.E. N° 240/2022 por desarrollar operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la debida autorización de las autoridades competentes.

El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas. En este marco, la República Argentina hace saber a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo empresas, entidades financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y demás actores involucrados en estos proyectos, que toda participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación hidrocarburífera no autorizadas en las áreas en disputa constituye un acto ilícito a la luz del derecho internacional y del ordenamiento jurídico argentino, y que tomará todas las acciones pertinentes.

En consecuencia, quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales. La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos.

Los nuevos anuncios sobre la intención de dar inicio a las actividades de explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables. Por la gravedad de lo expuesto, y en plena conformidad con el derecho internacional, la República Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos.

La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes“.

La ex vicepresidenta Cristina Kirchner escribió hoy en su cuenta de la red social X: “Sobreideologización, desfinanciamiento y mala praxis diplomática resumen lo actuado hasta el momento por el Gobierno de Javier Milei en lo relativo a la cuestión Malvinas”.

Lo expresó al publicar una parte del documento que emitió hoy la Secretaría de Defensa del Partido Justicialista, al cumplirse un nuevo aniversario del desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas, en 1982, en el que resalta “gloria y honor a los combatientes y caídos en la Guerra de Malvinas”.

Para la titular del PJ, el Gobierno nacional marcha “a contramano de nuestra política de Estado, que se da en un contexto global de conflictividad crítica y una aceleración de la disputa por el control del Atlántico Sur y la proyección antártica”.

Sigue el posteo de Fernández de Kirchner: “Sin una fuerte apuesta a la consolidación de la presencia y proyección en el área austral, sin el fortalecimiento de las capacidades de defensa y disuasión necesarias para garantizar nuestra integridad nacional y soberanía, y sin una diplomacia activa y asertiva, la Argentina estará a merced de los apetitos de las grandes potencias y será testigo pasivo del deterioro acelerado de su posición en relación con la Cuestión Malvinas”.

En esta preocupación geopolítica, el discurso de la ex vicepresidenta se acercó al de la actual, ya que Victoria Villarruel pidió esta mañana una alianza continental para garantizar la seguridad en el Atlántico en el acto que encabezó en Ushuaia.

El comunicado reproducido por Cristina Kirchner sostiene que es necesario“aprender de las lecciones de nuestra historia” y que “la mejor forma de homenajearlos (a las víctimas del conflicto bélico) es y será sostener la política de Estado sobre la Cuestión Malvinas, como causa nacional, y levantar bien alto las banderas de una Argentina libre, justa y soberana”.

MP

Este miércoles 2 de abril habrá dos actos oficiales por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Uno lo encabezó Javier Milei en la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires. El otro será en Ushuaia y, a partir de las 11, tendrá como figura principal a Victoria Villarruel. No hay margen para la confusión: la vicepresidenta no fue invitada al acto que organiza la Casa Rosada, y eligió una agenda propia en Tierra del Fuego. La distancia entre ambos, más que geográfica, es política.

La escena marca un nuevo capítulo del desgaste entre Milei y su excompañera de fórmula, cuya relación ya se mueve en el plano estrictamente institucional. No se hablan, no se coordinan, no se tapan. Desde que la mesa chica libertaria —Karina Milei y Santiago Caputo— la dejó afuera del armado electoral, Villarruel quedó en los márgenes del dispositivo oficial. Lo que sigue, en cada oportunidad pública, es el reflejo de esa fractura.

El 2 de abril de 2024, con apenas tres meses de gobierno, Milei y Villarruel se habían mostrado juntos en el mismo acto, en el mismo lugar, con gestos compartidos. Este año, esa imagen no se repetirá. La vicepresidenta eligió el sur del país, junto al gobernador Gustavo Melella, peronista, con quien comparte poco en términos ideológicos, pero bastante más que con el Presidente en lo que hace al tono del vínculo con las Fuerzas Armadas y el reclamo por la soberanía de Malvinas.

El entorno de Villarruel repite que su presencia en Ushuaia tiene que ver con su deseo de estar “lo más cerca posible” de las islas. Pero hay un mensaje hacia adentro del Gobierno: que ella tiene su propio capital político y que, en temas de defensa y memoria, no está dispuesta a quedar relegada. Su apellido todavía tiene peso en el mundo militar. Su padre fue combatiente en 1982, prisionero en manos británicas. Y este año armó una agenda paralela con homenajes, documentales y un discurso en el Senado.

En simultáneo, Milei se mostró en la Plaza San Martín acompañado por el ministro de Defensa, Luis Petri, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Fue el primer encuentro público entre ambos desde que estalló la disputa por las elecciones legislativas en la Ciudad. En el entorno de Macri remarcan “la foto protocolar”. Lo cierto es que no hay margen para demasiadas sobreactuaciones: Karina Milei y Manuel Adorni lanzaron la campaña porteña con una imagen provocadora frente a la sede de Uspallata, motosierra en mano, apuntando directo al PRO.

Así, este 2 de abril termina de cristalizar algo que la sociedad ya sabe: la relación del Presidente con su vice no tiene retorno. El armado de Karina Milei avanza con lógica de purga y exclusión, incluso hacia dirigentes que formaron parte del núcleo original del oficialismo. A la titular del Senado la sacaron del radar. La estrategia es clara: no construir alianzas, sino administrar tensiones.

En este escenario, la conmemoración por Malvinas, que en otro contexto podría haber funcionado como espacio de unidad, se convirtió en un nuevo campo de disputa interna. No solo por el vacío a Villarruel. También por la falta de gestos de amplitud hacia las fuerzas de la oposición que podrían acompañar una agenda común en este tema. En Tierra del Fuego, por caso, se espera la presencia de senadores radicales y diputados del peronismo. En el acto en la ciudad de Buenos Aires, en cambio, no habrá presencia legislativa destacada.

A la par de los actos oficiales, este lunes por la noche se llevó adelante en Río Grande la tradicional vigilia de los excombatientes, uno de los rituales más sentidos del calendario fueguino. Allí también hubo presencia política: participaron legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Cecilia Moreau y Paula Penacca. Aunque el evento no tuvo un tono partidario, el contraste con la agenda de la Casa Rosada fue evidente: mientras en Buenos Aires predomina la liturgia libertaria y la escenografía de campaña, en el sur confluyen actores de todo el arco político, con un tono más sobrio y un mensaje más transversal sobre la memoria de la guerra.

Tensiones previas

El trasfondo de estas tensiones no se agota en el plano simbólico. En el último año, hubo conflictos reales dentro del oficialismo en torno a la política exterior en Malvinas. Villarruel fue una de las voces más duras contra la excanciller Diana Mondino, a quien acusó de haber firmado un acuerdo “contrario a los intereses de nuestra Nación” por plantear la cooperación con el Reino Unido en el marco de la vuelta de los vuelos de Córdoba a las Islas Malvinas. Para la vice, la medida se plantea “cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”, según escribió en sus redes, en alusión al pacto promovido por la canciller y su par británico David Lammy.

Meses más tarde, la crítica de Villarruel tomó más peso tras la aparición de un comunicado oficial que, en una de sus versiones, se refería a las islas como “Falklands/Malvinas”. El texto fue publicado por el Ministerio de Defensa y luego borrado. Desde la Cancillería aseguraron que se trató de un error ajeno, y Mondino debió salir a desmentir públicamente que el término “Falklands” hubiera salido de su oficina. Pero el episodio reavivó las sospechas —en la oposición y también en la interna libertaria— sobre el enfoque del Gobierno en el reclamo por la soberanía.

A esa política exterior zigzagueante se suman las declaraciones del propio Milei, que en mayo del año pasado volvió a reivindicar a Margaret Thatcher —la primera ministra británica que ordenó el hundimiento del crucero General Belgrano durante la guerra— a quien calificó como “brillante”. En esa entrevista con la BBC, el Presidente también justificó la visita del canciller británico David Cameron a las islas: “Ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. Tiene todo el derecho de hacerlo”, sostuvo, sin rodeos.

Milei aseguró que no renuncia al reclamo de soberanía, pero relativizó su urgencia: “Si no es el momento para discutirlo hoy, se discutirá en otro momento”. Su postura fue celebrada por Londres, pero generó malestar entre excombatientes y dirigentes de la oposición, que lo acusan de adoptar una posición “rendicionista”. Villarruel, en cambio, insiste en que Malvinas no puede ser tratada como un tema más dentro de la agenda exterior. Ahí también se expresa una diferencia profunda: no solo de estrategia, sino de sentido.

En definitiva, la conmemoración de este 2 de abril revela más de lo que parece: un gobierno que prefiere dividir para ordenar, una vicepresidenta que marca perfil propio desde el margen y una dirigencia política que sigue sin encontrar un tono común, ni siquiera para recordar a sus caídos.

PL/JJD

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahíques y Diego Barroetaveña, hizo lugar, por unanimidad, al recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general, el Centro de ex Combatientes de Malvinas, la Comisión Provincial por la Memoria y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, en la causa por torturas durante la Guerra de Malvinas.

En el falllo, el juez Slokar, al justificar su voto, invocó “el alcance del Derecho de Gentes y los crímenes de lesa humanidad y de guerra” para decidir que la causa continúe abierta y sea elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los supremos deberán expedirse respecto al alcance de la categoría de lesa humanidad sobre los crímenes cometidos por los militares a sus compatriotas en Malvinas.

Las investigaciones por torturas sufridas por conscriptos en las Islas Malvinas durante la guerra se iniciaron en 2007 y recogió las declaraciones de 180 excombatientes como víctimas o testigos e involucra a 95 militares que se encuentran en calidad de imputados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió habilitar el tratamiento de la denuncia de los excombatientes contra el Estado argentino luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidara una resolución de la Cámara de Casación Federal dictada por los jueces Diego Barroetaveña y Danie Petrone.

Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma sala de la Cámara Federal de Casación que , por intermedio de los mismos jueces -Barroetaveña y Petrone, con la disidencia del juez Mahiques- había resuelto favorecer al militar Gustavo Rodolfo Malacalza y anular el procesamiento que recaía sobre el nombrado por haber ejercido torturas y vejaciones sobre los conscriptos.

En su decisión, contrariando a las dos instancias anteriores, los magistrados sostuvieron que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, impunes al estar prescriptos.

El fallo de Casación

IG

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su rechazo a la visita del ministro británico de las Fuerzas Armadas, Luke Pollard, a las Islas Malvinas y denunció la militarización del Atlántico Sur. La visita del funcionario británico coincide con el envío de un portaviones de la armada inglesa.

“La base militar en Monte Agradable y la presencia de un portaviones en nuestras islas representan una amenaza constante para la seguridad de nuestra región. No puede haber una ‘relación productiva’ mientras el Reino Unido persista en esta ocupación militarista que viola nuestra integridad territorial,” afirmó Martín Perez a través de sus red social X.

En este contexto, Perez denunció la postura colonialista británica y reafirmó la voluntad de los fueguinos de mantener un Atlántico Sur pacífico, respetando la soberanía argentina y promoviendo la paz en la región.

Sostuvo su rechazo a “esta nueva provocación del gobierno británico” y reafirmó la necesidad de un Atlántico Sur libre de amenazas militares, promoviendo así la paz en la región.

Pollard visitará en las próximas horas Puerto Argentino en el marco del Día del Recuerdo, fecha dedicada a honrar a las fuerzas armadas británicas. Esta visita se produce tras el arribo del portaviones HMS Queen Elizabeth, una nave de guerra de 65 mil toneladas equipada con aviones F35B. Pollard declaró que las Islas son “territorio británico” y subrayó el compromiso del Reino Unido con la “defensa de los isleños,” en clara oposición a las resoluciones de la ONU sobre la soberanía argentina.

El ministro de Defensa, Luis Petri, se refirió al escándalo que se desató este miércoles y generó cortocircuitos entre su cartera, Defensa, y la cancillería que lidera Diana Mondino tras conocerse un comunicado oficial que el Gobierno publicó en su sitio oficial y que denominaba a las Islas Malvinas como “Falklands”.

“Estamos iniciando todas las investigaciones para caer contra el responsable y aplicarle las máximas sanciones”, dijo el funcionario, y fue más allá en la demostración de enojo tras la situación: “Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso, porque no refleja las posiciones que venimos sosteniendo. Reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles, reivindicamos la soberanía de Malvinas”, aseguró durante una entrevista con Radio Mitre.

“La Coordinación de Veteranos de Malvinas pidió que se suba la nota y allí se habría manipulado la gacetilla original y se habría cambiado el texto e incorporado esta denominación impropia de Malvinas”, explicó el funcionario. Y agregó: “Hay una diferencia entre ambos textos. No sólo respecto de la denominación, sino también del contenido. Esto no puede ocurrir porque Defensa no participó de la reunión”, sentenció Petri.

Asimismo, el titular de Defensa confirmó que su cartera instruyó la realización de un sumario y advirtió al responsable que lo van a encontrar: “Se va a saber porque acá el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas porque el sistema registra quien ingresó y quien tuvo acceso a la modificación de la nota”, concluyó.

Qué pasó

El gobierno de Javier Milei, al que la oposición e inclusive la vicepresidenta, Victoria Villarruel, le atribuye una política exterior de corte rendicionista y servil respecto de Reino Unido en el marco del histórico reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas, difundió este miércoles un comunicado sobre una actividad oficial de la canciller, Diana Mondino, en el que aluden a las islas como “Falklands”, que es la denominación británica.

El yerro fue difundido en redes sociales y la página web donde figuraba el comunicado oficial fue borrada. El comunicado en cuestión informaba sobre una reunión de Mondino, ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, con el vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gilles Carbonnier, y fue difundido por la oficina de Coordinación de Veteranos de la Guerra de Malvinas, dependiente del Ministerio de Defensa. Según pudo saber elDiarioAR, en Cancillería aseguran que fue la cartera que conduce Luis Petri la que copió el texto, que estaba escrito correctamente, y por alguna razón lo modificó.

“La ministra argentina de Relaciones Exteriores Diana Mondino recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982″, anunciaron desde el portal del Gobierno.

El comunicado fue emitido tras un encuentro entre Mondino y Carbonier, con el propósito de reactivar las negociaciones necesarias para concluir la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario. Este plan está enfocado en avanzar en la identificación de los soldados argentinos que perdieron la vida en las Islas Malvinas. “La conclusión del Proyecto Humanitario es crucial para brindar apoyo a las familias. La Cruz Roja, con su neutralidad, imparcialidad e independencia, está altamente capacitada y dispuesta a colaborar para que Argentina logre cerrar este capítulo”, afirmó la ministra Mondino tras la reunión.

Desde Cancillería destacaron: “Además de subrayar los avances significativos logrados con las primeras dos fases del Plan Proyecto Humanitario, este encuentro ofreció una oportunidad única para reafirmar el compromiso argentino de contar con la valiosa mediación del CICR en la siguiente etapa”.

Durante su participación en la asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, Diana Mondino también se reunió con su homólogo británico, David Lammy, donde acordaron “retomar” las conversaciones para finalizar la tercera fase del proyecto en colaboración con la Cruz Roja Internacional. Asimismo, se planteó la “organización de un viaje para familiares de los caídos a las Islas antes de que finalice 2024, con el fin de que puedan visitar las tumbas de los soldados allí enterrados”, según informó en su momento Cancillería.

Pero fue la vicepresidenta Victoria Villarruel la encargada de señalar que el acuerdo firmado por Mondino “es contrario a los intereses de nuestra Nación” ya que se plantea “cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”. “¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”, expresó a prinicpio de mes la titular del Senado.

Tras la polémica por el término “Falklands”, la canciller Mondino publicó una desmentida en su cuenta de Twitter (X): “Es absolutamente falso que desde Cancillería haya salido un comunicado donde llamamos a nuestras Islas Malvinas por otro nombre”, dijo.

Con información de agencias.

IG

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó hoy formalmente un pedido de juicio político contra la canciller Diana Mondino por la declaración conjunta que selló con su par británico, David Lammy, en torno a las Islas Malvinas, que entre otros puntos implica la reanudación del vuelo semanal regular desde San Pablo, con una escala en Córdoba.

En una conferencia de prensa en el despacho de la Presidencia del bloque, en el Palacio Legislativo, los legisladores kirchneristas aseguraron que el acuerdo cerrado secretamente por la ministra de Relaciones Exteriores es lesivo del reclamo histórico del país por la soberanía de Malvinas.

Por caso, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli, uno de los impulsores del proyecto, consideró que “desde que asumió en diciembre Mondino ha favorecido, por acción y por omisión, los intereses del Reino Unido de Gran Bretaña en al Atlántico Sur”.

A su entender, “la canciller pretende atribuirse funciones propias del poder legislativo, celebrando acuerdos internacionales sin pasar por el Congreso de la Nación”.

Sin embargo, el santafesino afirmó que “lo más grave es la cuestión de fondo: Mondino es funcional a la ocupación británica y su política de militarización y saqueo del Atlántico Sur”.

“Por medio de un comunicado conjunto entre Mondino y Lammy, nos enteramos de la concreción de una serie de acuerdos bilaterales que ofrecen concesiones inaceptables a la potencia ocupante, permitiéndole mejorar la logística y conectividad con el continente y profundizar la explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburiferos”, describió.

“Estos acuerdos recuperan los tópicos y el espíritu del pacto Foradori - Duncan del 2016, durante la gestión Macri, que fuera oportunamente denunciado por la cancillería argentina, dándolo por terminado a partir de marzo de 2023, por ser considerado lesivo para el histórico reclamo argentino”, señaló Toniolli.

Y finalizó: “Mondino no puede seguir siendo canciller de los argentinos”.

En tanto, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, reforzó el pedido de juicio político contra Mondino y al respecto pidió “reconstruir una mayoría parlamentaria alrededor del apoyo inclaudicable a la causa humanitaria” de Malvinas. 

“Necesitamos que haya una mayoría clara en la Cámara de Diputados que diga ''Las Malvinas son argentinas y no vamos a retroceder un milímetro en lo que dice la Constitución Nacional y lo que está en el corazón del pueblo argentino'. 

Además, el santafesino instó a “exigir la presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores” de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado nacional de UP y veterano de Malvinas Aldo Leiva habló de “una nueva entrega” por parte del Gobierno al “usurpador” británico y dijo que no podía esperar otra cosa de parte de una funcionaria del presidente que “admira a la criminal de guerra Margaret Thatcher”.

“Todos cantábamos en el Mundial ''a los pibes de Malvinas que jamás nos olvidaremos'. Y parece que, en este aspecto, lo que primero hicieron es olvidarse de los pibes de Malvinas, olvidarse de la Patria, detener nuestra soberanía”, recriminó el chaqueño.

Para Leiva, el acuerdo de Mondino con el Reino Unido “es un acto de enorme traición que nos causa un enorme dolor y que, sin ninguna duda, afecta a los verdaderos héroes que son aquellos que dieron su vida por nuestra patria” y a “cada uno de los familiares de nuestros caídos”.

“Más allá de Mondino, estoy convencido que la lucha debe seguir y que tenemos que hacerlo desde el ámbito que nos corresponde. Las islas son, fueron y serán argentinas”, concluyó.

También tomó la palabra la diputada Agustina Propato, que semanas atrás quedó en el centro de la escena al resistir el insólito pedido de la embajadora británica para que se cambiara una remera que reivindicaba la soberanía argentina de Malvinas durante un acto oficial en el Congreso.

Para la bonaerense, el acuerdo con Gran Bretaña impulsado por Mondino expresa un desprecio por Malvinas, un desprecio por la Argentina, un desprecio por las luchas, un desprecio por la dignidad nacional, un desprecio por los verdaderos héroes“. 

Según dijo, la nueva declaración conjunta entre los cancilleres de ambos países “reedita las mismas condiciones” del pacto Foradori-Duncan que tuvo lugar durante el Gobierno de Cambiemos. 

“Hemos conocido un comunicado de prensa, que en realidad es más bien un memorándum de entendimiento, un acuerdo entre dos naciones. Y todos conocemos que de acuerdo al derecho internacional público argentino, hay una necesidad de que, para que esto tenga valor, pase por el Congreso de la Nación, de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Esto no ha sucedido”, denunció la diputada kirchnerista.

De la conferencia de prensa participaron también Roxana Monzón, Juan Manuel Pedrini, Ricardo Herrera, Jorge Neri Araujo, Andrés Freites, Carolina Yutrovic, Jorge Romero y Eduardo Valdés. 

En representación de la Confederación Nacional de ex combatientes de Malvinas intervino su presidente Ramón Robles, y por el CECIM La Plata su titular Rodolfo Carrizo, impulsores de dos de las tres denuncias judiciales presentadas contra Mondino en más últimas semanas. 

Al cierre, también brindó su testimonio y su apoyo a la iniciativa la presidenta de la Unión Federal de familiares de caídos en Malvinas, Alejandra González.

CRM con información de la agencia NA

El Gobierno laborista del Reino Unido anunció hoy que llegó a un acuerdo con Mauricio para traspasarle la soberanía del archipiélago de Chagos, que la nación del Índico reclamaba desde que dejó de ser colonia británica en 1968.

Los primeros ministros británico, Keir Starmer, y mauriciano, Pravind Kumar Jugnauth, indicaron en un comunicado que el acuerdo, cerrado tras dos años de conversaciones, culminará en un tratado que se completará “lo antes posible”.

El caso podría sentar un precedente para la Argentina en su reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas.

En virtud del pacto, el Reino Unido aceptará que Mauricio, en la costa suroriental africana, sea soberano sobre el archipiélago de Chagos, incluida la isla de Diego García, donde hay una base militar británica y estadounidense que se estableció tras la disputada expulsión de los habitantes del territorio.

No obstante, durante un período inicial de 99 años, el Reino Unido podrá ejercer los derechos soberanos sobre Diego García “necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de la base hasta bien entrado el próximo siglo”.

El tratado asegurará “el funcionamiento seguro, eficaz y a largo plazo de la base existente en Diego García, que desempeña un papel vital en la seguridad regional y mundial”, señala el comunicado.

Los países afirman que el acuerdo marca “un momento decisivo” en su relación y demuestra su “compromiso permanente con la resolución pacífica de las controversias y el Estado de derecho”.

Las negociaciones se llevaron a cabo con la asistencia de Estados Unidos e India, “y con la intención de resolver todas las cuestiones pendientes entre el Reino Unido y Mauricio relativas al archipiélago de Chagos y sus antiguos habitantes”, dice la nota emitida por el ministerio de Exteriores de Londres.

El tratado “abordará los errores del pasado” y expresará “el compromiso de apoyar el bienestar de los chagosianos”.

Así, “Mauricio tendrá ahora libertad para aplicar un programa de reasentamiento en las islas del archipiélago de Chagos, al margen de Diego García”, mientras que el Reino Unido aportará financiación mediante un fondo fiduciario.

El tratado también dispondrá que el Reino Unido aporte un pago anual durante la duración del acuerdo y subvencione la construcción de infraestructuras para el desarrollo económico de la excolonia.

Ambas naciones cooperarán en materia de seguridad marítima, protección medioambiental, el combate contra la pesca ilegal, comercio, inmigración irregular y tráfico de drogas y de personas, precisa la nota.

“Al resolver todas las cuestiones pendientes entre el Reino Unido y Mauricio, el tratado abrirá un nuevo capítulo en nuestra historia compartida, que seguirá basándose en el respeto y la confianza mutuos como socios de la Commonwealth (mancomunidad de antiguos territorios británicos), comprometidos con la seguridad y la prosperidad de la región del océano Índico”, concluye.

Cómo afecta al caso Malvinas

Las resoluciones de Naciones Unidas en materia de descolonización son vinculantes, ya que tienen origen en el derecho de descolonización establecido en la Resolución 1514 de la Asamblea General. Por lo tanto, la separación de una parte de un territorio no autónomo sujeto a descolonización es ilícita.

Para algunos especialistas, los casos de Chagos y Malvinas son similares. En ambos casos se trata de un territorio usurpado a otro Estado (Mauricio y Argentina). En Malvinas se desalojó a la población originaria en 1833 y hay una población (isleños con ciudadanía británica) que no constituyen un pueblo con derecho a la autodeterminación.

Argentina hizo una presentación en 2017 acompañando la postura de Mauricio, como un caso en el que la separación de un territorio tensiona y violenta los mismos principios que están en disputa en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur.

CRM con información de la agencia EFE

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó hoy en duros términos el acuerdo del Gobierno con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas que firmó la canciller Diana Mondino, y al respecto sostuvo que la propuesta “es contraria a los intereses de nuestra Nación” dado que se plantea “cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”.

“Todos saben lo que representa Malvinas para mí y que ese es mi límite y me obliga a expedirme. La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación”, consideró la titular del Senado a través de una publicación en sus redes sociales. 

La vicepresidenta de la Nación es hija del teniente coronel retirado Eduardo Marcelo Villarruel, quien fue un veterano de la Guerra de Malvinas. Eduardo Marcelo Villarruel fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602 durante el conflicto.

“Esta (por la propuesta anunciada por Mondino) propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte? ¿Nos toman por tontos?”, disparó. 

El martes, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la canciller Mondino, y su homólogo británico, David Lammy, mantuvieron una reunión para avanzar en la agenda bilateral sobre temas vinculados al Atlántico Sur. Durante el encuentro, según se informó en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas partes reafirmaron su compromiso de diálogo y cooperación, destacando la necesidad de construir confianza mutua en esta nueva etapa de relaciones bilaterales. De todas maneras, en el encuentro no se negoció la soberanía del archipiélago, históricamente reclamada por la Argentina.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, uno de los principales acuerdos alcanzados con Gran Bretaña fue la reactivación de las negociaciones para concluir la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario, un proceso llevado adelante en conjunto con la Cruz Roja Internacional que tiene como objetivo la identificación de soldados argentinos caídos durante el conflicto de 1982. Además, se concretó la organización de un viaje de familiares a las Islas Malvinas antes de fin de año, permitiendo que los allegados puedan visitar las tumbas de los soldados en el cementerio de Darwin.

Otro punto relevante del encuentro fue el avance en medidas concretas para la conservación de las pesquerías en la región del Atlántico Sur, vitales para ambas naciones. Asimismo, ambos cancilleres acordaron retomar el vuelo semanal entre San Pablo y las Islas Malvinas, que realizaba una escala mensual en Córdoba antes de ser suspendido. Esta medida busca mejorar la conectividad entre el continente y las Islas, en línea con los acuerdos firmados en 2018.

Según dijo Villarruel, “ellos (por los ingleses) obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”. 

Para Villarruel, “resulta insólito que mientras los Estados Unidos nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”.

“Estas no son palabras contra nuestro gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra de mi identidad y pone en juego los intereses permanentes de nuestra gran Nación. Porque somos amigos de todos, pero primero de la Patria”, aclaró.

Villarruel tiene margen para criticar porque también fue elegida por el voto popular

A diferencia de otros funcionarios que responden directamente a Milei, Villarruel tiene la particularidad de ser una figura electa que no puede ser removida fácilmente, lo que le otorga cierta autonomía dentro del gobierno. Esto permitió que la presidenta del Senado se desvíe del guion del Ejecutivo en varias ocasiones sin sufrir consecuencias directas.

Villarruel insinuó en entrevistas que no descarta aspirar a la Presidencia en el futuro, lo que añade una dimensión de rivalidad a la relación. La vicepresidenta nunca ocultó su intención de construir una identidad propia. En su recorrido predominan discrepancias tanto de forma como de fondo con Milei, especialmente en un aspecto que la presidenta del Senado enfatiza siempre que tiene la oportunidad: el institucional.

El último gesto de distanciamiento de Villarruel se produjo en agosto, mientras Milei encabezaba el acto en Defensa: retiró su título de Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria, después de “tantos años y por impedimentos” de su “vida profesional”. En ese marco, y mientras el Congreso debatía la ley de financiamiento a las universidades (finalmente sancionada y que Milei podría vetar en las próximas horas), la vicepresidenta destacó la necesidad de sostener la educación pública “y de calidad” y se declaró “orgullosa egresada de la universidad pública”.

Ese mismo día Villarruel pegó el faltazo a un acto con Milei en el Ministerio de Defensa. En su entorno dijeron que no la invitaron. Los dardos apuntaban directamente a la mujer fuerte del Poder Ejecutivo, Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia. La última vez Villarruel y Milei se mostraron juntos fue en la pseudo Asamblea Legislativa del domingo 15 de este mes, cuando el Presidente visitó el Congreso para presentar el Presupuesto 2015. Anteriormente ambos se mostraron en público en un acto en la Sociedad Rural, en un frío encuentro en medio de la crisis diplomática con Francia.

CRM con información de la agencia NA

JJD