El Senado de la Nación realizó este martes un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan al cumplirse ocho años de su hundimiento en el Atlántico Sur. La ceremonia, encabezada por los senadores Sergio Leavy y Carlos Linares, reunió a familiares, estudiantes, docentes, funcionarios y legisladores en el Salón Azul, en el marco del Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del ARA San Juan, instituido por la Ley 27.758.

“Nuestros 44 y su heroína son parte de la identidad argentina. Mantener viva su memoria es un deber de Estado y un compromiso con sus familias”, señaló Leavy, impulsor de la ley. El acto incluyó el descubrimiento de dos placas conmemorativas: una será instalada en el Palacio Legislativo y la otra en Comodoro Rivadavia, la ciudad más cercana al punto donde se hallaron los restos del submarino en noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad.

El homenaje estuvo atravesado por el recuerdo de una tragedia que aún interpela al país. El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 durante una misión en el Atlántico Sur. Días después, el Gobierno, entonces a cargo de Mauricio Macri, informó que se había registrado una explosión en la zona donde se detectó por última vez.

Las familias debieron esperar un año para conocer la ubicación del submarino y desde entonces reclaman acceso a toda la documentación y responsabilidades penales por las fallas en el mantenimiento, las decisiones operativas y el manejo de la información. La causa judicial avanza lentamente y sin imputaciones firmes, lo que sostiene un reclamo persistente por verdad y justicia.

En el acto también se entregó el Diploma de Honor del Senado a la Escuela Secundaria N.º 180 “Luis Marcelo Leiva – Tripulante del ARA San Juan”, ubicada en González Catán. El reconocimiento destaca el proyecto institucional que llevó a la comunidad educativa a adoptar el nombre del submarinista Luis Marcelo Leiva, en un gesto que volvió permanente su memoria entre los estudiantes. Recibieron el diploma el director Luis La Scaleia y la exdirectora Ana Laura Uteda, impulsora del cambio de nombre.

La jornada tuvo además un momento artístico con la interpretación de “Guardianes del Mar”, de Adrián Maggi, a cargo de la cantante Florencia Martínez, acompañada por el guitarrista Danilo Herrera. Entre las autoridades presentes estuvo el senador y exministro de Defensa Jorge Taiana, quien afirmó: “Los 44 hicieron grande a la Patria con su entrega silenciosa. Honrarlos es reconocer la dignidad de sus familias y el valor de nuestras Fuerzas Armadas”.

El acto cerró con un mensaje institucional que ratificó el compromiso del Senado de acompañar a las familias y mantener vivo el legado de los tripulantes. Ocho años después, los 44 del ARA San Juan siguen presentes en la memoria colectiva y en una búsqueda de justicia que continúa abierta.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, según la sentencia a la que tuvo acceso Télam.

La decisión de la sala II del máximo tribunal penal del país abarcó además a los ex titulares de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y a 9 ex agentes del organismo que estaban imputados en la causa.

Los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky en su voto mayoritario sostuvieron que la Cámara Federal porteña “realizó un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos” de la causa cuando revocó el procesamiento y sobreseyó a Macri.

En la causa se investigan seis hechos de seguimientos, obtención de información y producción de inteligencia presuntamente ilegal sobre familiares y amigos de los fallecidos en el ARA San Juan y de dos buques pequeros hundidos, El Repunte y El Rigel.

“No pasan inadvertidos ni resultan indiferentes los difíciles momentos atravesados por los familiares y amigos de las personas fallecidas durante el lapso de tiempo transcurrido desde el hundimiento del submarino ARA San Juan –ocurrido el 15 de noviembre de 2017- hasta la actualidad”, expresó la sentencia.

Pero ello “no alcanza para tornar ilegales los comportamientos detenidamente examinados” cuando se dictaron los sobreseimientos ahora confirmados por considerar que no hubo delito y que se trató de tareas vinculadas a la seguridad presidencial.

“Es menester que la causa en la que se investiga dicho hundimiento avance definitiva y prontamente hacia una respuesta concreta para los referidos familiares de los cuarenta y cuatro (44) tripulantes fallecidos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la patria”, concluyó la sentencia.

“No se les cae la cara. ¡Mamita!”

Al enterarse del fallo, Cristina Fernández de Kirchner salió en X (Twitter) a afirmar que “Macri confirmó su impunidad” y comparó el sobreseimiento con otra decisión judicial en su contra: la revocación de su sobreseimiento en la causa de la ruta del dinero K.

“Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del 'dinero K' y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, dice el posteo de la vicepresidenta de la Nación.

Con información de Télam

JJD

El presidente Alberto Fernández, apartado de la campaña electoral, reapareció en escena hoy con un mensaje en memoria de los 44 tripulantes que perdieron la vida en el submarino Ara San Juan, en 2017.

A seis años del hundimiento, el mandatario reiteró el pedido de justicia para que se determine las causas que desencadenaron en la tragedia y que dejaron el saldo del fallecimiento de 44 personas. Lo hizo desde sus redes sociales: “Los 44 tripulantes del ARA San Juan estarán por siempre en el corazón del pueblo #44Presentes. A 6 años de la última comunicación, continuamos exigiendo justicia al tiempo que abrazamos a sus familiares y amigos en esta búsqueda de la verdad”.

Por el hecho, se establecieron sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada con responsabilidades.

El 8 de noviembre de 2017, la nave partió desde la base naval de Ushuaia, y un día antes de su desaparición, los tripulantes reportaron un desperfecto eléctrico que generó un principio de incendio en la sala de máquinas. Algunos días después, el 16 de noviembre, las autoridades habían perdido todo tipo de contacto y locación del submarino.

Hace seis años atrás, el ex mandatario Macri solicitó ayuda internacional: Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Noruega, Perú, Uruguay y Rusia formaron parte de un operativo y contrató a la empresa Ocean Infinity para la localización del navío.

MM con información de NA

Los familiares de las víctimas del ARA San Juan advirtieron hoy que, en caso de confirmarse el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal, se sentará un “grave precedente”. Desde la querella aseguraron que, ante este escenario, se estarían legalizando “las tareas de inteligencia sobre quienes reclamen por sus derechos”.

“De quedar firme, quedará habilitada la persecución ideológica política y cercenados derechos fundamentales de todos los argentinos. Está en crisis el sistema judicial, y están en riesgo los derechos de todos”, expresaron los familiares representados por la abogada Valeria Carreras. En este marco, pidieron el apoyo de toda la sociedad ante un posible “fallo tan inmoral como haber espiado a las víctimas”.

La sala segunda del máximo tribunal penal del país deberá revisar los sobreseimientos del ex mandatario de Juntos por el Cambio, y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su administración: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La Cámara Federal de Casación Penal estableció que tal análisis comenzará el próximo 30 de agosto.

El ex presidente Macri está investigado por el presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan que se hundió en 2017.

Con información de agencias.

El sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, comenzará a analizarse en una audiencia el próximo 30 de agosto según lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, informaron fuentes judiciales.

“Fíjese audiencia para el día 30 de agosto del corriente año a las 10:00 horas”, dispuso Guillermo Yacobucci, juez de la sala segunda del tribunal de Casación en una resolución.

El magistrado aclaró que las partes que quieran hacer uso de la oralidad durante la audiencia deberán informarlo al tribunal durante los próximos tres días, a la vez que informó que también tienen la posibilidad de asentar sus posturas mediante breves notas que pueden presentar a través del sistema de gestión informática.

Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación Penal había aceptado al Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y al abogado Alberto Binder como “amicus curiae” (amigo del tribunal).

La sala segunda del máximo tribunal penal del país debe revisar los sobreseimientos con los que fueron beneficiados el expresidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Para este caso, el tribunal está formado por los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Yacobucci.

Los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani fueron dictados en julio del año pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas -supuesto espionaje a familiares que reclamaban saber la verdad sobre el hundimiento del submarino- correspondían en realidad a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial.

Aquel fallo de la Cámara Federal porteña fue apelado por las distintas querellas que intervienen en la causa, como también por la fiscalía.

En su momento, el fiscal José Luis Agüero Iturbe reclamó ante la Cámara Federal porteña que se declare la nulidad del fallo y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

LC con información de agencia Télam

La Vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció este martes con un posteo en su cuenta de Twitter en el que apunta contra los recientes sorteos de jueces para revisar, por un lado, la causa Vialidad en la que fue condenada; por el otro, el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

“Anoche, en el portal de La Nación, leí este título: 'Mala noticia para CFK. Se completaron los tribunales que revisarán la condena de Cristina y el sobreseimiento de Macri. Diego Barroetaveña intervendrá en el caso Vialidad y Mariano Borinsky analizará el caso del espionaje sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan', contó la expresidenta.

Y analizó: “¿Mala noticia para CFK? ¿Por qué Julio Saguier? ¿Ya sabés cómo va a votar Barroetaveña? Tal como adelanté en el año 2019… la condena ya la tienen escrita. Eso sí, les faltó agregar: 'Y muy buenas noticias para Macri'”, cuestionó.

Al preguntar “¿por qué buenas para el jefe del PRO?”, Cristina Kirchner explicó: “Porque el camarista Alejandro Slokar, que lo iba a juzgar por el espionaje a los familiares de las víctimas de la tragedia del ARA San Juan, fue apartado porque según los acusados no daba garantía de imparcialidad. ¿Y a que no sabés por quién lo reemplazaron? Por Mariano Borinsky. Sí… el camarista que jugaba al paddle con Macri en la Quinta de Olivos”. Y concluyó: “Es joda. Más explícito no se consigue”.

Barroetaveña revisará las condenas en la causa Vialidad

El juez Diego Barroetaveña salió sorteado días atrás para formar parte de la sala de la Cámara Federal de Casación que revisará la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados en la causa “Vialidad”, en la que fueron juzgados por presuntos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El acto se realizó el pasado 9 de junio luego de que, la semana anterior, los integrantes de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos y Mariano Borinsky rechazaran apartarse del caso y ordenaran realizar el sorteo para designar al tercer integrante que revisará el veredicto del Tribunal Oral Federal 2.

Barroetaveña resultó designado en un sorteo “informático” que se cumplió con acceso a las partes, en la oficina de sorteos de Casación Penal.

De esta manera, este magistrado, junto a Hornos y Borinsky, serán quienes tramiten las apelaciones que se presentaron tanto por parte de los imputados como de la fiscalía contra el veredicto.

Hornos y Borinsky rechazaron la semana pasada un planteo de la defensa de la Vicepresidenta para que se aparten del caso.

Barroetaveña reemplazará al tercer miembro de la sala IV, Javier Carbajo, quien se excusó de intervenir.

La Vicepresidenta fue condenada a seis años de prisión por supuesta defraudación y absuelta por el delito de asociación ilícita, en un fallo apelado por su defensa.

En la apelación se consideró que fue “injustamente condenada” con “graves errores y arbitrariedades” y que existe “un supuesto de enorme gravedad institucional”.

Por su parte, el fiscal Diego Luciani también apeló y pidió que Casación agrave la pena a la Vicepresidenta y otros acusados y se los condene además por el delito de asociación ilícita, en un recurso que mantuvo el fiscal ante esa instancia Raúl Pleé.

Este último fue recusado por la defensa de la Vicepresidenta, un tema que aún no fue resuelto.

El 6 de diciembre pasado se condenó a la Vicepresidenta por supuesta “administración fraudulenta” con “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos”.

El veredicto “no cuenta con pruebas directas”, advirtieron los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovo

“Nos hallamos en presencia de un supuesto de enorme gravedad institucional, tal como lo hemos expuesto desde el inicio de este proceso, en el cual se ha intentado presentar como delictivos actos de gobierno absolutamente legítimos y no judiciables, desarrollados por tres gobiernos constitucionales, elegidos democráticamente por el voto popular”, agregaron.

En el juicio se debatió si el también condenado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Los jueces condenaron a seis años de prisión a la Vicepresidenta, a Báez y al ex secretario de Obra Pública José López.

Además fueron condenados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz, entre ellos el ex titular del organismo Nelson Periotti, quien recibió 4 años y medio de cárcel.

Borinsky revisará el supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

Recusan a Borinsky

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Con información de agencias.

IG

Una querella en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan recusó al juez de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky y pidió su apartamiento. La abogada Valeria Carreras pidió que el magistrado no intervenga en la revisión del sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso.

“A diferencia de mis representadas, el ex presidente imputado oportunamente en esta causa tiene en común con el magistrado recusado vivencias, risas, momentos que, con una frecuencia durante 4 años, los posiciona con un vínculo innegable”, argumentó Carreras para justificar su solicitud. Además, aseguró que hacer lugar al pedido le garantizaría a las familias de las víctimas, además de imparcialidad, un trato igual frente a la ley y la posibilidad de “llegar a la verdad y la justicia sin dudas, sin sospechas, sin intrigas palaciegas”.

Borinsky fue designado por sorteo luego de que las defensas de Macri y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran el apartamiento del juez Alejandro Slokar. La decisión se tomó como consecuencia de la conexidad de esta causa con el caso D'Alessio en la que el juez dejó de intervenir tras una presentación de la ex diputada Elisa Carrió.

Los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma también intervendrán en la revisión del sobreseimiento del ex presidente y los ex jefes de la AFI, dictado en julio pasado por la Cámara Federal porteña en tanto las maniobras investigadas correspondían a tareas necesarias para garantizar la seguridad presidencial. Ante esta decisión, el fiscal José Luis Agüero Iturbe ya había reclamado la nulidad del fallo. “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar la contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”, destacó en aquella oportunidad el fiscal.

ACM con información de Télam

Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación, fue designado por sorteo para integrar el tribunal que deberá revisar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

El sorteo se realizó luego de que las defensas de Macri y los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, lograran apartar del expediente a Alejandro Slokar.

El apartamiento del juez Slokar se dio por la conexidad de la causa conocida como “ARA San Juan” con el caso D'Alessio, donde el magistrado dejó de intervenir tras una presentación de la exdiputada Elisa Carrió cuando se consideró imputada.

El punto que une ambos casos es que las constancias de las tareas de inteligencia, realizadas sobre los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino, fueron halladas en el marco de la investigación realizada por el juez Alejo Ramos Padilla en el caso D'Alessio.

La Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar los sobreseimientos de Macri, Arribas y Majdalani dictados en julio pasado por la Cámara Federal porteña, cuando sostuvo que las maniobras investigadas correspondían a tareas realizadas para garantizar la seguridad presidencial. Ese fallo fue apelado por las querellas que intervienen en la causa y por la fiscalía.

En su momento, José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, reclamó que se declare la nulidad del fallo que benefició a Macri, Arribas y Majdalani y remarcó: “Se trataba de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos. Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional”.

Al conocerse la designación de Borinsky, la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado donde señaló: “Vamos a impulsar la recusación de Borinsky, la cual estimamos tendrá acogida favorable, justamente en base al criterio de la Cámara Federal, para apartar al Juez Slokar hace pocas horas. Los antecedentes judiciales y visitas a Olivos de público y notorio, son muestras del temor de mis representadas respecto a la falta de imparcialidad del magistrado”.

LC con información de agencia Télam

La Cámara Federal de Casación Penal apartó este miércoles al juez Alejandro Slokar de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, debido a un pedido de las defensas de los exfuncionarios de inteligencia de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Arribas y Majdalani cuestionaron a Slokar porque ya estaba apartado en la causa conexa que investiga las maniobras del falso abogado Marcelo D'Alessio, por lo que consideraron que su permanencia podría “tornar nulos” todos los actos posteriores del expediente judicial.

En esa línea, los abogados de los funcionarios macristas recurrieron a declaraciones públicas de Slokar en las refirió que “colegas que fueron críticos ante el establishment del Poder Judicial padecieron en el macrismo también su Gestapo, la antijudicial”.

Como tercer elemento de prueba para la recusación, Arribas y Majdalani sostuvieron que el magistrado pertenece a la agrupación “Justicia Legítima”, por lo que su animadversión contra el gobierno de Mauricio Macri se encontraba probada.

Consultado por el tribunal, Slokar consideró que los argumentos de los exfuncionarios no reunían las “causales” de apartamiento, y que las expresiones públicas fueron formuladas “en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo”. “Solo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados”, aseguró.

No obstante, los jueces Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Daniel Petrone consideraron que están dadas las condiciones para que Slokar se aparte de la causa por el espionaje ilegal. “A efectos de aventar cualquier temor de parcialidad que manifiestan abrigar las partes, corresponde realizar una interpretación extensiva de la garantía contenida en los artículos 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” y otras normas que conceden las garantías judiciales a los acusados de algún delito.

LC con información de agencia Télam

Alejandro Slokar, juez de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazó este viernes la recusación presentada por las defensas del expresidente Mauricio Macri y sus exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Los acusados pretenden que el magistrado no integre la sala del tribunal que revisará sus sobreseimientos en la causa donde se investiga el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017.

“Los argumentos traídos no exhiben encuadre en ninguna de las causales que prevé el artículo 55 del digesto de rito, ni se advierte la concurrencia de alguna de las situaciones atendidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ”Llerena“ (Fallos: 328:1491) y ”Dieser“ (Fallos: 329:3034), que permitan habilitar el apartamiento reclamado”, sostuvo Slokar en un informe presentado esta jornada.

A partir de esta presentación, sus colegas de la sala segunda del máximo tribunal penal, Guillermo Yaconucci y Ángela Ledesma, serán quienes deban resolver si aceptan el pedido de las defensas y apartan a Slokar o comparten el criterio del juez y lo confirman como integrante del tribunal para intervenir en este expediente.

Las defensas habían recurrido a tres argumentos para reclamar su recusación: la identificación del juez con el espacio “Justicia Legítima”; sus declaraciones públicas vinculadas a las presiones que sufrieron colegas y el hecho de que estuviera apartado de intervenir en el denominado caso D'Alessio, ya que fue declarado conexo con la causa del espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Al citar un criterio establecido por la propia Casación, Slokar sostuvo: “El temperamento adoptado en la instancia de origen no puede resultar vinculante para esta Cámara si no encuentra arraigo en la posibilidad de incurrirse en sentencias contradictorias, por cuanto la ratio de la unificación de causas en una sala debe apuntar a favorecer la armónica aplicación de la ley, evitando pronunciamientos contradictorios y de tal manera, guarda correlato con la mejor administración de justicia”.

“Tampoco los planteos sobre un pretendido temor de parcialidad por mi actuación pública exhiben la motivación suficiente que posibilite sustentar mínimamente el extremo aducido para la exclusión”, continuó el magistrado.

“Cabe destacar que las expresiones fueron formuladas en cumplimiento de atribuciones legales y reglamentarias como presidente del cuerpo, sólo concernieron al funcionamiento independiente del sistema judicial y, además, no realizaron referencia alguna a los hechos objeto del presente ni a ninguno de los imputados, razón por la que no dan cuenta de animadversión a su respecto”, se defendió el juez. “Por fin, el cuestionamiento a la pertenencia a la Asociación Civil Justicia Legítima desde siempre ha sido desestimado por este tribunal”, remató.

El caso D'Alessio

La causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal a partir de las presentaciones de los familiares representados por los abogados querellantes Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, como también del Ministerio Público Fiscal. En este marco, los defensores de Macri, Arribas y Majdalani invocaron la conexidad con la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio.

En aquel caso, Slokar fue apartado luego de una presentación formulada por Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica (CC), quien estuvo imputada luego de ser notificada de que su nombre aparecía en el expediente.

El caso D'Alessio inició con una denuncia del empresario Pedro Etchebest ante el juzgado federal de Dolores, debido a una supuesta extorsión por parte del falso abogado, quien le habría exigido una suma de dinero para evitar su vinculación en el marco de la denominada causa “Cuadernos”. En el megaproceso, se investiga una asociación ilícita que desde 2016 a febrero de 2019 planificó y ejecutó actividades de investigación, recolección, clasificación, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas en causas judiciales, a partir de la cual llevaban adelante maniobras extorsivas y coercitivas.

Pudo establecerse que la organización criminal reunía información solo asequible para organismos públicos. En el marco la investigación, se avanzó sobre el papel que jugaron las denominadas “bases AMBA” de la AFI, llegando a la información que daría cuenta del posible espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San Juan.

Slokar, en el informe practicado conforme el artículo 61 del Código Procesal con cita de los precedentes de la Corte Suprema, desecha su apartamiento denunciando un “medio espurio para apartar a los jueces del conocimiento de la causa que por norma legal le ha sido atribuido”, como descarta su apartamiento por sus expresiones públicas o su carácter de miembro fundador de Justicia Legítima.

Recuento de la causa

Slokar fue convocado a integrar la Sala II para esta causa para reemplazar al camarista Carlos Mahiques, apartado tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas, representados por Carreras y Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el expresidente Macri.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso de Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata, con 44 tripulantes a bordo.

Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Para su dejar sin efecto su procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad del exmandatario a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam

El expresidente Mauricio Macri y los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, recusaron este lunes al juez Alejandro Slokar, quien debe revisar el fallo con el que los tres fueron sobreseídos por el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Las defensas de los exfuncionarios argumentaron que Skolar no puede intervenir, ya que está apartado en una causa conexa -el “Caso D'Alessio”- y porque en entrevistas periodísticas se manifestó en referencia al despliegue de la Inteligencia durante el gobierno de Macri, según las presentaciones judiciales.

“El hecho objetivo de que dentro de los agravios que deberá resolver esta Sala II se encuentren diversos vinculados directamente a la causa FMP88/2019, demuestra holgadamente que el Sr. Juez Dr. Alejandro W. Slokar no puede intervenir en la presente causa FMP8559/2020 y que su actuación genera probado y real temor fundado de parcialidad, por lo que se deberá disponer su apartamiento”, planteó el abogado de Macri, Pablo Lanusse.

Por su parte, la defensa de Arribas sostuvo que Slokar no debería intervenir porque en un reportaje a Página/12 afirmó que hubo funcionarios judiciales que sufrieron “macartismo” y la presión de la “Gestapo, la antijudicial”. “Es innegable que un juez que realizó semejantes manifestaciones públicas, sobre temáticas que se relacionan estrechamente con los hechos con los que se me vincula -junto al expresidente Mauricio Macri y a otros exfuncionarios- y tiene una opinión tan negativa hacia dicha gestión de gobierno, en aquellos aspectos, difícilmente pueda actuar con la imparcialidad que debe caracterizar a todo magistrado para valorar objetivamente los hechos que constituyen el objeto procesal. Más bien, parece que ya tiene una posición tomada sobre todo lo que ocurrió”, dijo la defensa.

En esa línea se expresó también la defensa de Majdalani, al señalar: “Lo que tenemos es que a partir de manifestaciones públicas que ha realizado (Slokar) una vez que se lo designara Presidente de esa Exma. Cámara, se colige que, según su modo de ver, durante la gestión presidencial del señor Mauricio Macri, habría existido una suerte de estructura conformada por distintos funcionarios de ese entonces que se habrían dedicado a la persecución de opositores a esa administración”.

A partir de dichas presentaciones, la querella de un grupo de familiares de los tripulantes, representados por la abogada Valeria Carreras, emitió un comunicado en el que manifestó: “No teniendo el Juez Slokar vínculos con ninguno de los procesados Macri, Arribas y los demás consortes, ni relaciones con el poder político, ni cuestionamientos como la mayoría de jueces de Comodoro Py, confiamos en su imparcialidad”. “Sin embargo en el día de la fecha los procesados principales, han pedido su apartamiento. A diferencia del trato que esta querella ha recibido, priorizamos los derechos de los encausados, respetamos su derecho de defensa en juicio”, sostuvo Carreras.

Slokar fue convocado a la Sala II en reemplazo del camarista Carlos Mahiques, quien fue apartado de la causa tras ser recusado por las querellas conformadas por familiares de submarinistas representados por los letrados Carreras y Luis Tagliapietra, bajo las atribuciones de amistad con el expresidente.

Hundimiento del ARA San Juan

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, en su regreso desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.

Macri había sido procesado por el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó la medida, una decisión que fue apelada y llevó el sumario a la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese entonces, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens habían considerado que el acercamiento de personal de seguridad de Macri a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades no tenían otro motivo más que la seguridad presidencial.

LC con información de agencia Télam

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal notificó este lunes a las partes la integración del tribunal que revisará el desprocesamiento de Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del naufragio del ARA San Juan. Es luego de que el magistrado Carlos Mahiques fuera desplazado del caso, por presunta cercanía con el expresidente.

“Hágase saber a las partes que este Tribunal se encuentra integrado para intervenir en las presentes actuaciones por los doctores Angela E. Ledesma, Alejandro W. Slokar y el suscripto”, detalló la resolución firmada por Guillermo Jorge Yacobucci.

Slokar reemplaza al camarista Mahiques, apartado tras una recusación de la querella conformada por familiares de los submarinistas representada por los abogados Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, quienes le atribuyeron amistad con el exmandatario y haber compartido con él un espacio en un estadio durante la Copa del Mundo en Qatar.

El submarino de la Armada Argentina se hundió el 15 de noviembre de 2017 frente al Golfo de San Jorge, cerca de Comodoro Rivadavia, cuando viajaba desde Ushuaia hacia la Base Naval de Mar del Plata.

Macri había sido procesado por Martín Bava, el juez federal de Dolores, pero luego la Cámara Federal revocó esa medida, la cual fue apelada y llevó el sumario a la Sala II de Casación. Al momento de dejar sin efecto el procesamiento, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens consideraron que el acercamiento de personal de seguridad de Macri a los familiares o averiguaciones sobre sus actividades tenía que ver con la seguridad presidencial.

Por el hundimiento están procesados el marino Luis López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (Jefe del Estado Mayor del Comando de Fuerza de Submarinos y Oficial Evaluador de Alistamiento) y Hugo Correa (Jefe del Departamento Operaciones) por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

LC con información de agencia Télam

Con el enfrentamiento entre el oficialismo y la Corte Suprema en su pico máximo de tensión, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, deberá tomar definiciones clave para el poder político en al menos tres expedientes de alto voltaje electoral: tres sobreseimientos de los dos principales líderes políticos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (por los casos Hotesur-Los Sauces) y el expresidente Mauricio Macri (por el presunto espionaje ilegal a familiares de los marinos del Ara San Juan). En ninguno de los tres casos será inminente, pero las decisiones de los jueces se esperan para los primeros meses del año, de acuerdo a las fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR.

La Corte seguirá siendo el principal blanco de las críticas y acusaciones del oficialismo, que el próximo jueves 9 de febrero podría votar el informe de admisibilidad para dar apertura formal a la investigación contra los jueces supremos en la comisión de Juicio Político. Mientras tanto, la situación judicial de ambos expresidentes y líderes de sus espacios políticos continuará también en el centro de la escena durante el año electoral.

La Cámara Federal de Casación es el máximo tribunal penal del país y la instancia previa a la Corte en los casos de presunta corrupción, contrabando, lesa humanidad, trata de personas y narcotráfico. Está dividido en cuatro salas y cada una de ellas está compuesta por tres jueces y funciona como un tribunal en sí mismo. Su principal rol es la revisión de las sentencias de los tribunales orales federales y de los fallos y decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

Desde hace más de un año, la Sala I de la Casación tiene pendiente revisar los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las decisiones se esperaban para finales de diciembre o principios de febrero, pero diversas licencias de los jueces de la sala interrumpieron los plazos, que se extendieron para después del 18 y 20 de febrero. Aún así, el tribunal puede tomarse más tiempo del estimado formalmente para fallar en ambos casos.

En el caso contra Macri, la recusación del juez Carlos “Coco” Mahiques también ha demorado las definiciones del tribunal. El procesamiento por el caso de presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan era el único procesamiento a Macri por un caso relacionado con su gestión como presidente.

Sobreseimientos anticipados

El caso Memorándum se basó en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral que, de acuerdo al fiscal, habría implicado el presunto encubrimiento de los imputados por el atentado a la mutual judía AMIA, ocurrido en 1994. El fiscal Javier de Luca planteó ante la Casación la inexistencia de delito en este caso. Si el máximo tribunal penal confirma el sobresemiento de Fernández de Kirchner, la querella, representada por los padres de dos víctimas de ataque terrorista, podrán acudir ante la Corte Suprema. Pero si Casación revoca el sobreseimiento, la vicepresidenta deberá eventualmente enfrentar otro juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces es el caso de presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. Si se confirma su sobreseimiento en Casación, el fiscal Mario Villar podrá acudir ante la Corte Suprema para pedir que se revise la nueva decisión. Si en cambio, el máximo tribunal penal revoca el sobresemiento de Fernández de Kirchner, deberá realizarse el juicio oral y público.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre de 2021. En el último caso fue con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti.

Esas decisiones permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos, ya que ambos tribunales determinaron la inexistencia de delitos.

Los jueces que deberán revisar estos sobreseimientos son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos magistrados que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Luego del 9 de marzo, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 haga públicos los fundamentos de la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en el caso Vialidad, otra sala de Casación, la IV, comenzará a recibir durante los meses siguientes las apelaciones de las defensas y del fiscal Diego Luciani, quien solicitará que se los condene también por el delitos de asociación ilícita. Pero la revisión de este caso podría pasar para 2024, previó una fuente del tribunal.

Sobreseimiento directo

La Sala II de la Casación debe revisar el sobreseimiento que dictó la Cámara Federal de Apelaciones porteña a favor de Macri, quien había sido procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por las tareas de presunto espionaje ilegal realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión a familiares de los marinos del submarino ARA San Juan, mientras éstos se organizaban para reclamar y protestar ante el entonces presidente.

Cuando el caso llegó por incompetencia de Dolores a los tribunales de Comodoro Py, los jueces a Sala I de la Cámara Federal (Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) dictaron directamente el sobreseimiento (otra alternativa era revocar el procesamiento y ordenar que se siga investigando hasta obtener pruebas suficientes), lo que provocó las apelaciones del Ministerio Público Fiscal y de las querellas que representan a los familiares presuntamente damnificados. 

Casación debe entonces revisar ese sobreseimiento y determinar si Macri debe seguir siendo investigado por el presunto espionaje ilegal o si beneficia al expresidente, evitando la reapertura de la causa. En este caso, es clave la integración de la Sala que interviene en el máximo tribunal penal: la querella mayoritaria, que representa la abogada Valeria Carreras, recusó a uno de los tres jueces, Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, magistrado cercano a Juntos por el Cambio y a Macri y uno de los protagonistas de los chats del caso Lago Escondido.

Por esa razón, antes de tomar una decisión sobre Macri, los otros dos jueces de la Sala II -Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci- deben decidir si aceptar que Mahiques sea apartado del caso, explicó una fuente del tribunal. Puede ser un proceso que tome su tiempo. El primer paso es que la sala fije fecha para una audiencia en la que la querella expondrá sus razones para pedir el apartamiento del juez.

En este caso, el fiscal Raúl Pleé presentó ante la Casación un planteo en la misma línea que la querella: pidió que revoquen el sobreseimiento de Macri y ordenen seguir investigando.

Espionaje, Correo y FMI

Además, Macri tiene otros dos frentes en los tribunales federales de Retiro: fue imputado por otro caso de presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a Fernández de Kirchner y aún hay importantes medidas pendientes; y está abierta -también con medidas pendientes- la investigación por el acuerdo que su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, provocando el endeudamiento por US$40.000 millones.

En el caso por presunto espionaje ilegal al Instituto Patria, sede del kirchnerismo durante el gobierno de Macri, el fiscal Franco Picardi solicitó al juez Marcelo Martínez De Giorgi que pida a la AFI todas las líneas telefónicas institucionales asignadas a Macri, Gustavo Arribas (entonces jefe de Inteligencia), Silvia Majdalani (entonces segunda de la AFI) y otros tres funcionarios de la agencia oficial, entre los meses de junio y noviembre del año 2018, para que sean peritadas por la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO) y se crucen las llamadas entrantes y salientes durante los hechos clave del supuesto espionaje ilegal investigado.

El expresidente tiene otro caso penal abierto: Correo Argentino SA. Macri quedó imputado por el fiscal Juan Pedro Zoni en 2017 (lueo desplazado de la fiscalía), pero el expediente continúa abierto en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Otros casos relacionados

Tanto Báez como López también tendrán sus propios capítulos en Casación en los próximos meses. Báez está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y a otros seis años como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el caso Vialidad. La confirmación de su condena por el caso de lavado también está pendiente en Casación y se espera para este año, afirmó una fuente del tribunal. A partir del 9 de marzo, su defensa podrá apelar la condena en Vialidad ante el mismo tribunal y la fiscalía presentará un recurso para solicitar que se lo condene por el delito de asociación ilícita, por el que fue absuelto.

Cristóbal López y De Sousa fueron absueltos en el juicio por el caso Oil Combustibles, lo que también está pendiente en Casación, ya que el fiscal del juicio presentó un recurso para que se revise la decisión del tribunal oral. Se fijó una audiencia para junio de este año.

ED

En medio de semanas complicadas, hubo decisiones judiciales que avalaron prácticas de inteligencia ilegal sobre las que me parece importante llamar la atención ahora, mientras debatimos la salida política a la crisis. En estos tiempos conflictivos, el sistema judicial debería fijar reglas de protección al derecho a organizarse y a protestar. Sin embargo, lo que está haciendo es convalidar intervenciones o interferencias ilegales que están orientadas a disuadir, entorpecer o controlar la vida social y las acciones de protesta. Lo vimos, por ejemplo, en los casos del ARA San Juan y el Proyecto AMBA, la investigación de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la inteligencia ilegal contra activistas antimineros de Chubut, o contra las organizaciones sociales jujeñas y de CABA acusadas de asociación ilícita. También en la imposibilidad de saber realmente qué hace el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) que ha infiltrado agentes en organizaciones sociales y políticas.

En la investigación conocida como “Proyecto AMBA” apareció mucha información de inteligencia ilegal sobre organizaciones. Pero algo llamó particularmente la atención. Algunos de los espiados fueron los familiares de quienes murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan, sobre los que la Delegación de Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) elaboró perfiles, hizo vigilancia en redes, los siguió y fotografió e infiltró reuniones. Los funcionarios de distintas dependencias que declararon en la causa por estos hechos confirmaron que el objetivo era prevenir las protestas. Y, además, confirmaron que esa Delegación siempre hizo “informes de conflictividad”. Esta expresión es un eufemismo para referirse a las situaciones que implican algún tipo de reclamo social al Estado o una supuesta alteración del orden público. Ni para prevenir protestas (aún si se trata del presidente), ni para prevenir riesgos al orden público está la AFI. En el primer caso, ninguna agencia estatal podría hacerlo. En el segundo, son las policías o fuerzas de seguridad las que pueden intervenir solo si se trata objetivamente de situaciones delictivas.

Sin tener en cuenta estos parámetros legales, los jueces de la cámara federal Bertuzzi, Bruglia y Llorens revocaron lo decidido por el juez instructor y resolvieron que la AFI está autorizada a hacer este tipo de inteligencia para prevenir riesgos de seguridad del presidente y de seguridad interior. Los jueces no establecieron límites, ignoraron que la ley de inteligencia permite las intervenciones de la AFI únicamente cuando se trata de riesgos para la defensa nacional y el orden constitucional y en casos de delitos federales complejos, no contemplaron los estándares que protegen el derecho a la protesta, ni la prohibición de hacer inteligencia por razones políticas. Los jueces tampoco se preocuparon al enterarse de que la exSIDE hizo “siempre” informes sobre conflictos políticos y sociales para el consumo incierto de autoridades políticas, judiciales, policiales y de inteligencia. Hay un hilo bastante evidente que conecta este reconocimiento con los momentos previos a la decisión de reprimir la protesta del 26 de junio de 2002, que terminó con el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Pero, el problema no es solo la AFI. En 2014 el fiscal de la UFI Amia Alberto Nisman le tomó declaración a un agente de inteligencia de la PFA, integrante del grupo al que se llama “los plumas”. Ese agente, famoso ahora por la serie de Amazon Iosi, declaró que le habían dado la orden de infiltrarse en la comunidad judía argentina por razones claramente antisemitas. Nisman no creyó que el infiltrado tuviera información relevante para dilucidar el atentado y tampoco investigó las actividades de espionaje. No sabemos qué pasó con la información de seguridad que Iosi pasó a sus responsables. La investigación que se abrió luego de su declaración fue archivada por el juez Ramos en 2016. ¿Sobre qué base legal o constitucional la PFA decidió algo así? ¿Quiénes fueron? ¿Había alguna autoridad política al tanto? ¿La información quedó registrada? ¿Hay otros infiltrados en la comunidad judía argentina o en la islámica, o en la china? ¿A quién reportan estos agentes? ¿Bajo qué regulación funciona la inteligencia de la PFA? ¿Pueden encubrir e infiltrar agentes sin orden judicial? No sabemos. Para el sistema judicial no parece haber sospecha de delito en esta trama oculta que salió a la luz porque el agente decidió contarlo a unos periodistas. En el caso de la infiltración durante más de 10 años del agente Balbuena en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh todavía no hubo juicio oral. La causa empezó en 2013.

Estas interferencias en la vida de las personas y de las organizaciones sociales, políticas, sindicales representa una limitación de la vida democrática.

Está documentado que, durante la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, la Gendarmería Argentina intercambió información prohibida con Carabineros, la policía chilena. Lo registramos en el informe Coordinación represiva contra el pueblo Mapuche. No hubo avances en la investigación de esos hechos. En Jujuy y en la ciudad de Buenos Aires, distintas fiscalías ordenaron a las policías hacer tareas de inteligencia criminal contra organizaciones sociales a las que se las acusó como si fueran una asociación ilícita con prácticas de criminalidad organizada. Por estas medidas, las policías provinciales despliegan seguimientos, vigilancia en redes sociales y hacen perfiles de las organizaciones y de sus referentes.

Este bajísimo nivel de control judicial -que en algunos casos es directamente una habilitación- de las actividades de inteligencia orientadas a tener información sobre la actividad política o social de organizaciones, referentes o familiares está muy poco problematizado. La AFI y las policías hacen inteligencia ilegal porque pueden. El sistema funciona gracias a estas autorizaciones y habilitaciones políticas y judiciales, formales e informales. Pero no es un tema normativo ni de mera técnica o interpretación jurídica, es un problema político. Estas interferencias en la vida de las personas y de las organizaciones sociales, políticas, sindicales representa una limitación de la vida democrática. 

PL

El ministro de Justicia, Martín Soria, expresó este viernes que al ex presidente Mauricio Macri “no lo sobresee la Justicia” sino que “lo salvan sus amigos”, luego de conocerse la decisión de la Cámara Federal porteña, que lo sobreseyó en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a familiares del submarino ARA San Juan.

“Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él”, publicó Soria en su cuenta de Twitter.

La Cámara Federal porteña sobreseyó este viernes al ex presidente Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

Al trascender este fallo, Soria subrayó: “No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”.

“Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada”, resaltó Soria en alusión a los encuentros que los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos mantuvieron con el ex presidente Macri en la Casa Rosada y en la Residencia de Olivos.

El tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas “avanzadas presidenciales” que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal porteña sobreseyó este viernes al ex presidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

El tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas “avanzadas presidenciales” que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes.

Además, la Justicia sobreseyó a los extitulares de la AFI, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas, en la investigación en donde finalmente no fueron imputados por el delito de espionaje, al entender que “no se había cometido delito alguno en las avanzadas que cuidan el entorno completo de la seguridad Presidencial, tanto del propio Presidente de la República -cualquiera sea la persona que ejerce el cargo- como de sus movimientos y de quien quiera acercarse a él”.

Tras conocerse el fallo, en sus redes sociales, Macri aseguró que “ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”.

De acuerdo al fallo, “la información respecto de la seguridad de INFRAESTRUCTURA CRITICA DEL ESTADO -como lo es, entre otras cosas, el Presidente de la República- es una tarea obligada de las fuerzas de seguridad y de los Agentes de Inteligencia que trabajan en la AFI. Por lo tanto, sus conductas se encuentran justificadas por el conjunto de normas que garantizan su cuidado. Encontrándose probado que ninguna de las acciones investigadas en esta causa sobrepaso esos permisos legales.”

En el análisis que hace la Cámara, aseguran que resulta “primordial poder distinguir si las conductas en cuestión resultaron ser actividades prohibidas o si, por el contrario, respondieron a fines legítimos. De esta forma, luego de un análisis pormenorizado del plexo probatorio reunido y la normativa aplicable, nos inclinamos por este último supuesto. Al respecto, consideramos que existe suficiencia probatoria para afirmar que las actividades desplegadas tuvieron como único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interior, y por esa razón se encuentran justificadas. Ello, en virtud de la regulación aplicable al caso, la asignación de funciones que se desprenden de los organigramas de las dependencias oficiales involucradas, así como de la prueba testimonial y documental reunidas.”

Finalmente, la Cámara Federal compuesta por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, decidió “REVOCAR las resoluciones de fecha 1° de octubre, 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2021 y disponer el SOBRESEIMIENTO de Mauricio Macri, Gustavo Héctor Arribas, Silvia Cristina Majdalani, E.W., N.I.B., J.J.V.C., P.J.A., A.P., C.J.G., S.P y M.C. en orden a los hechos por los que fueron indagados, dejando constancia de que las presentes actuaciones en nada afectan su buen nombre y honor del que hubieran gozado y DEJAR SIN EFECTO el embargo y demás medidas cautelares que les fijaron”.

El fallo completo

El fallo sobre Arribas y Majdalani

La Cámara Federal porteña revocó también los procesamientos que pesaban sobre los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y dispuso que se los siga investigando en el marco de la causa sobre supuestas maniobras de espionaje político desde las denominadas bases AMBA, en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi señalaron que la causa debe volver a manos de un juez de primera instancia para despejar las dudas que existen sobre los hechos y sobre los elementos de prueba y cómo fueron hallados por lo que entendieron que corresponde dictar la “falta de mérito” para procesar o sobreseer a los imputados.

Los camaristas dedicaron la mayor parte del fallo de 28 páginas al que accedió Télam a cuestionar el trabajo del primer juez que intervino en las actuaciones, Alejo Ramos Padilla, y a resaltar que es imperioso avanzar con peritajes sobre los elementos hallados en las propias bases AMBA que dieron origen a la investigación.

Para los camaristas, no existe una explicación clara sobre cómo fueron hallados algunos de los elementos de prueba que, según la investigación, se detectaron en las propias bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el marco de revisiones llevadas a cabo en esos lugares en el marco del denominado “Caso D´Alessio”.

Los jueces de la Cámara Federal sostuvieron también que hubo en las resoluciones del juez de primera instancia “una deficiente atribución de responsabilidad, la cual responde no solamente a las falencias ya referidas previamente en lo relativo a la escasa contundencia probatoria que ofrecen de momento los documentos recabados para apoyar la hipótesis delictiva trazada, sino también al modo abstracto en que fueron efectuadas dichas acusaciones”.

Los camaristas cuestionaron a Ramos Padilla por “la utilización de términos genéricos como ser ´ordenar´, ´permitir´, ´planificar´, ´dirigir´, ´supervisar´, ´realizar´ o ´reportar´ de modo sistemático tareas de inteligencia y almacenar datos de personas por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias”.

“No se logra observar tanto en las imputaciones cursadas al ser indagados como al momento de dictar sus procesamientos cómo, cuándo y dónde cada uno de los legitimados pasivamente llevaron a cabo las actividades que se reputan ilícitas, lo cual resulta ser una consecuencia lógica de aquello cuanto se puede extraer del compendio de archivos ponderados a lo largo de los autos de mérito que no se encuentran firmados ni poseen fecha cierta”, sostuvieron.

Cuando procesó a los exdirectivos de la AFI por espionaje ilegal desde las bases AMBA, el juez Ramos Padilla sostuvo las maniobras investigadas habrían tenido como objetivo a dirigentes políticos nacionales y territoriales, gremios y dirigentes gremiales, pero también a movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores y escuelas y manifestaciones de cualquier tenor que pudieran ser leídas como contrarias a los intereses del expresidente Mauricio Macri.

En aquel procesamiento, el juez Ramos Padilla concluyó que “existía una directiva de carácter general” que ordenaba a los agentes de la AFI “realizar inteligencia ilegal emanada de la máxima autoridad del organismo”, es decir Arribas y Majdalani.

En ese fallo, el magistrado citó una resolución firmada por Arribas en abril de 2017 en la que se estableció específicamente que la primera función de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires era la de “coordinar las tareas de las Dependencias de la Provincia de Buenos Aires para optimizar el funcionamiento del área”, así como también “obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la situación base primaria de los componentes político, económico y social”.

El llamado “Proyecto Amba” de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense (desde mediados del 2016), en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes, además de las delegaciones históricas con asiento en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, que pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia del organismo en la provincia durante el año 2017.

Esta causa tramitó primero en Dolores y luego pasó a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py, por orden de la Cámara Federal porteña, y quedó radicada en el juzgado federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Será el magistrado Ercolini el que deberá avanzar con las medidas sugeridas por la Cámara Federal porteña que indicó que “no se efectuó ninguna diligencia eficaz tendiente a determinar la integridad física del contenido de aquellas memorias para poder afirmar que no fue manipulado tanto previo como luego de su hallazgo en la sede de la AFI y, en caso negativo, dejar en evidencia cuáles fueron aquellas modificaciones”.

“Puede resultar relevante también en este punto contar con el testimonio del personal de Contrainteligencia que participó del cierre de las bases y retiró los elementos allí obrantes a fin de clarificar el camino que siguieron los archivos que hoy conforman sustancialmente el fondo documental y que fueron hallados luego de tres años en una oficina junto con un sobre que rezaba ´Dir. Cicia´”, señalaron.

La causa

La Justicia buscó determinar si la AFI investigó a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino que iban a ser recibidas por el entonces Presidente de la Nación.

A los exfuncionarios se los indicó como “responsables del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.

El expediente había comenzado a tratarse en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero luego fue trasladado a Dolores, al mando del juez Martín Bava, donde Ramos Padilla ya investigaba una red de espionaje que se armó en torno al falso abogado Marcelo D’Alessio.

El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 en aguas del mar argentino. A bordo viajaban 44 tripulantes. Pasado un año y dos días, la nave fue encontrada por una empresa privada, con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y en el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 metros de profundidad.

Con información de agencias.

IG

Con las disputas en Juntos por el Cambio por las candidaturas 2023 y un mayor protagonismo en la escena política, el expresidente Mauricio Macri adosó un buen pronóstico judicial en los últimos días. Su único procesamiento vigente quedó cerca de la nulidad y en las principales causas en las que está formalmente imputado o investigado no se han tomado decisiones trascendentales, por ahora, según las consultas realizadas por elDiarioAR a fuentes judiciales con acceso directo a los expedientes.

El presunto espionaje a un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan; el expediente penal por el acuerdo de su Gobierno con la empresa de su familia, Correo Argentino SA; el supuesto contrabando de municiones a Bolivia en el marco del derrocamiento del expresidente Evo Morales; y la querella criminal por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2018 son las principales causas en las que Macri está formalmente imputado o investigado. También tiene una causa por supuestamente haber presionado al empresario Cristóbal López.

En todos los casos, Macri ha negado las acusaciones. Las cinco causas se encuentran actualmente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, Retiro, y se suman a una lista de expedientes que rozan al exmandatario por las acusaciones a algunos de los funcionarios de su mayor confianza y que en algunos casos están relacionados con beneficios y negocios del Grupo Macri.

Antecedentes

Macri estuvo procesado como jefe de Gobierno porteño por las supuestas escuchas ilegales pero fue finalmente sobreseído en diciembre de 2015. El juicio oral y público que debía llevarse adelante contra el resto de los procesados nunca comenzó. El principal era su padre, Franco, fallecido en marzo de 2019. 

En 2001, mucho antes de ingresar en la política pero ya como presidente de Boca Juniors, Macri había afrontado un procesamiento por el presunto contrabando durante su gestión en la empresa Sevel. Al igual que su padre, fue acusado de evadir unos 14 millones de pesos de aquel momento (equivalentes a 14 millones de dólares) por supuestamente cobrar reintegros por exportaciones e importaciones simuladas de autopartes de la empresa automotriz de su familia durante 1993. El caso no llegó a juicio. Ante los planteos de las defensas, la Corte Suprema presidida por Julio Nazareno absolvió a padre e hijo.

Su tercer procesamiento llegó en diciembre de 2021 y es el único por un caso relacionado con su gestión como presidente de la Nación. Macri fue procesado por supuestamente haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que dirigían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, siguiera, se infiltrara y espiara a un grupo de familiares de los tripulantes del Ara San Juan, que se organizaban para reclamar al expresidente por la desaparición del submarino y su tripulación. En esta causa, también quedaron procesados los entonces jefes de la AFI, quienes declararon que la vigilancia a los familiares de los marinos buscó preservar la seguridad presidencial. Sobre ambos exfuncionarios pesan otros procesamientos por otros casos de supuesto espionaje ilegal. 

El viernes último, el fiscal general José Agüero Iturbe dictaminó que el procesamiento de Macri en el caso de supuesto espionaje debe ser anulado, informó la agencia oficial Télam. En su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, tribunal de apelaciones, el fiscal dio la razón a los planteos de los abogados de Macri, encabezados por Pablo Lanusse, y determinó que el juez federal de Dolores, Martín Bava, cometió “una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio” al procesarlo por hechos por los que supuestamente no lo había indagado. Bava fue quien procesó a Macri, le prohibió salir del país y lo embargó por una cifra en pesos equivalente a US$1 millón.

El fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el actual juez de la causa, Julián Ercolini, debería citar nuevamente a indagatoria al expresidente y luego evaluar si debe o no procesarlo. El expediente comenzó en el juzgado federal de Dolores, pero en febrero último fue enviado a Comodoro Py a pedido de las defensas, que sostienen que debía ser investigado en la Ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de la Casa Rosada. 

Si bien los jueces de la Cámara Federal porteña no están obligados a cumplir lo dictaminado por el fiscal, la evaluación de Agüero Iturbe dejó a Macri muy cerca de su objetivo inmediato en este caso: que los jueces de la Cámara Federal porteña declaren la nulidad de su procesamiento.

Los camaristas Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi se enteraron del dictamen por los medios y al cierre de esta nota no habían analizado la posición del fiscal, confirmaron dos fuentes del tribunal a elDiarioAR. Tampoco han leído el expediente porque el trámite es reciente, pero será el próximo paso de los jueces antes de que se analicen sus votos y traten los planteos en un acuerdo para decidir si anulan el único procesamiento de Macri.

FMI y municiones

Al igual que el caso de supuesto espionaje a familiares del Ara San Juan, que se nutre de documentos e información aportada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, otros dos expedientes contra el expresidente fueron motorizados por el gobierno de Alberto Fernández: la querella criminal por el acuerdo con el FMI y el presunto contrabando de municiones a Bolivia.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

El fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris. 

De avanzar la acusación, los imputados también podrían ser alcanzados por una demanda civil y el eventual pedido de reparación económica al Estado, cuyos trámites ya inició el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

El fiscal solicitó en 2021 que se realice un peritaje multidisciplinario para intentar determinar si la firma del acuerdo configura la comisión de delitos penales o si se trató de “una mala política económica” que no puede ser penalizada, explicó una fuente del expediente. La jueza a cargo es Eugenia Capuchetti. A pesar del impulso oficial, los investigadores aún esperan información y documentos clave del Banco Central para avanzar con la causa, agregó la fuente consultada. Buscan determinar quiénes son los portadores de bonos que se favorecieron.

En julio de 2021, una denuncia del gobierno de Fernández abrió un nuevo frente judicial para Macri, esta vez, por el supuesto desvío de una parte de 70 mil cartuchos antidisturbios que tenían como destino oficial la embajada argentina en Bolivia y que habrían terminado en manos de las fuerzas bolivianas en noviembre de 2019, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales y las manifestaciones en ese país. 

Además de Macri, el fiscal Claudio Navas imputó a los exministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Oscar Aguad (Defensa); al exembajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García; y a ex autoridades y miembros de Gendarmería Nacional. 

Por el momento, la fiscalía continúa con la tanda de testimoniales de los gendarmes que integraron el primer grupo que viajó en el avión de la Fuerza Aérea a Bolivia durante el traslado de las municiones y que se instaló en la sede de la embajada, confirmó una fuente directa del expediente. Además, un juez de Bolivia requirió información sobre el caso argentino.

Correo y Cristóbal 

El caso Correo se divide en distintos fueros: la causa por la presunta quiebra fraudulenta de Correo Argentino SA se encuentra aún en los tribunales comerciales (desde 2001); existe un segundo expediente en el fuero contencioso administrativo federal (un fallo reciente de primera instancia no favoreció a Macri); y el expediente penal, en los tribunales de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Desde febrero de 2017, Macri encabeza la lista de imputados por el fiscal Juan Pedro Zoni (desplazado más tarde de la fiscalía federal por el procurador interino Eduardo Casal), quien solicitó entonces que se lo investigara por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública por el preacuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino SA, propiedad de los Macri. 

En junio de 2016, el ministerio de Comunicaciones aceptó la condonación del 98,87% de la deuda de Correo con el Estado, originada por el no pago del canon del servicio postal privatizado (entre 1997 y 2003). En marzo de 2019, fueron indagados Oscar Aguad, entonces ministro de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. El juez Lijo aún no definió sus situaciones procesales. Entre sus últimas medidas, solicitó vía exhorto información sobre la compra de créditos de la quiebra por parte del denunciado Meinl Bank, entre otros, informó una fuente judicial con acceso al expediente.

La jueza María Servini tiene a su cargo un expediente penal originado por el empresario Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López, contra Macri y exfuncionarios de su gobierno. Los dueños del grupo Indalo acusaron al expresidente de haberlos “presionado” en 2016 para que los medios de comunicación del grupo participaran en una supuesta “campaña” contra Cristina Fernández de Kirchner, y ante la negativa de los empresarios se habrían originado denuncias de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos públicos en su contra por un supuesto fraude impositivo pergeñado por la petrolera del grupo, Oil Combustibles. 

En este expediente, el exfuncionario Fabián “Pepín” Rodríguez Simón tiene un pedido de captura y se lo considera prófugo de la Justicia. La jueza ordenó analizar las llamadas entrantes y salientes y la geolocalización del teléfono celular del expresidente durante un lapso de dos años.

ED

La investigación por supuesto espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan entra en etapa de definiciones en la Cámara Federal porteña, aunque se postergó para el martes 26 de abril la audiencia por el procesamiento del expresidente Mauricio Macri.

La sala I del Tribunal de Apelaciones debe analizar recursos presentados contra el procesamiento de Macri y además otros planteos, entre ellos la recusación planteada por la querella mayoritaria contra el juez del caso, Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Para esto, este lunes habrá una audiencia a través de la plataforma virtual Zoom en la cual los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi escucharán los argumentos de la abogada querellante Valeria Carreras.

La letrada pide el apartamiento del juez Ercolini, quien quedó a cargo de la investigación en febrero pasado, cuando fue remitida desde la Justicia federal de Dolores a Comodoro Py 2002.

El inicio de la revisión del procesamiento de Macri estaba pautado para el martes 12, pero se postergó hasta el 26 de abril.

Ese día pidió exponer de manera oral la querella de Carreras, también por Zoom, mientras que hasta el momento la defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, informó que presentará un escrito.

Macri quedó procesado el 1 de diciembre pasado por decisión del juez federal interino de Dolores, Marín Bava, quien llevó la investigación hasta febrero último, cuando la derivó a Comodoro Py.

Desde entonces, la causa está a cargo del juez Ercolini mientras que la apelación del procesamiento de Macri quedó a estudio de Llorens, Bruglia y Bertuzzi, recusados sin éxito por la querella de familiares.

Al procesarlo, Bava sostuvo que Macri “desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias”.

Éstas habrían consistido en “obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.

El exmandatario está también embargado por 100 millones de pesos y tiene prohibida la salida del país, aunque el juez Ercolini lo autorizó ya a realizar diferentes viajes al exterior.

El 6 de diciembre pasado Lanusse apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Mar del Plata, pero el Tribunal de Apelaciones remitió todo a Comodoro Py tras el pase de la causa al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.

Al apelar el procesamiento al expresidente, el abogado sostuvo que Bava actuó con “prejuzgamiento” .

En la causa por espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos del submarino están procesados también los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de otros exjerárquicos del organismo de inteligencia como Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, entre otros imputados.

Según la causa, los actos de espionaje ilegal tuvieron como base la delegación Mar del Plata de la AFI y ocurrieron desde diciembre de 2017 hasta el mismo mes de 2018.

CRM con información de la agencia Télam

La Cámara Federal porteña rechazó un planteo de la querella en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, para separar del caso a los tres jueces que tienen que revisar el procesamiento del expresidente Mauricio Macri.

La decisión fue del camarista Martín Irurzun, quien rechazó la recusación de sus colegas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, presentada por la abogada de la querella Valeria Carreras, según el fallo.

Irurzun integra la sala II de la Cámara y los tres jueces cuestionados la sala I, que está a cargo de resolver las apelaciones a los procesamientos por espionaje a familiares, entre ellos el de Macri.

Los argumentos del planteo de la querella “no configuran motivos que lleven al apartamiento de los jueces que fueron sorteados para intervenir”, resolvió Irurzun.

La Sala I había suspendido el trámite de la apelación de Macri hasta que se resolviera el pedido de apartamiento de sus tres integrantes.

Carreras pidió apartar a Llorens, Bruglia y Bertuzzi, quienes tienen que revisar el procesamiento dictado a Macri por el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava.

Este magistrado envió el caso a los tribunales federales de Retiro y en la actualidad lo tramita el juez federal Julián Ercolini.

Al recusar a los camaristas y reclamar que dejen el caso, la abogada Carreras, en representación de la querella, argumentó que su intervención generaría un “gravamen irreparable en las familias que sólo piden un juicio justo y ser iguales ante la ley”.

La abogada recordó que Bruglia y Bertuzzi fueron designados en sus cargos por decreto durante el macrismo y que la Corte Suprema de Justicia ordenó concursar los dos cargos de la Cámara que ocupan en la actualidad.

“No puede soslayarse que sin necesidad de prueba alguna sobre los dichos que sostengo como causales de recusación, ambos magistrados recusados recibieron beneficios (nombramiento por decreto) por parte del hoy procesado apelante e incidentista Mauricio Macri, ex Presidente de la Nación”, remarcó la letrada en su escrito.

Irurzun resolvió que esta situación “ carece de relación directa o indirecta con el ejercicio imparcial de la tarea que les cabe en la presente”.

Con información de agencias.

IG

El abogado del expresidente Mauricio Macri, Pablo Lanusse, presentó este viernes un escrito “de autorización de salida del país” ante el juzgado federal a cargo del doctor Julián Ercolini con el objeto de formalizar la solicitud de salida del país del exmandatario para los días 8 y 9 de marzo, rumbo a la ciudad de Montevideo, Uruguay.

El texto, de acuerdo a lo que informa Data Clave, sostiene que “el señor Macri recibió invitación para participar en el evento organizado por Becon Investment Management, a realizarse en la localidad de Carrasco, Montevideo, República Oriental del Uruguay”. 

En su presentación, el letrado solicita “la correspondiente autorización de parte de esta sede, con el libramiento del pertinente oficio a la Dirección Nacional de Migraciones y demás autoridades correspondientes, y la expedición del certificado de estilo”.

Asimismo, Lanusse explica que “su ahijado procesal” realizará el viaje en vuelo privado, con salida del 8 de marzo y regreso del 9 de marzo de 2022 desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando, Provincia de Buenos Aires y que el alojamiento será en el Hotel Sofitel, al tiempo que adjunta la reserva ya hecha en el alojamiento, una habitación tipo “Deluxe”, que incluye desayuno y tiene un costo de 340 dólares la noche. 

La actividad de la que participará Macri se llevará a cabo en las mismas instalaciones hoteleras y tendrá como finalidad “la discusión de estrategias y perspectivas para el año 2022, como así también temas relacionados con la actualidad, que compartiremos con nuestros asociados”.

De acuerdo al escrito de Lanusse, “el arraigo del Sr. Macri se encuentra sobradamente acreditado, tanto familiar, como social y laboral, quedando claro también, que el viaje que se informa y cuya autorización se solicita, no significa riesgo alguno para el normal desarrollo de esta causa”. Y agrega: “Asumimos el compromiso de informar el regreso del Sr. Mauricio Macri a través de escrito firmado personalmente por el nombrado dentro de las 72 hs. de ocurrido ello”, ante de aclarar que ante el “hipotético caso de un pronunciamiento adverso al pedido que aquí se formula, por comprometer ello la libertad del Sr. Mauricio Macri, el debido proceso, la defensa en juicio, la dignidad humana y su estado de inocencia, formulo las reservas de recurrir en casación y del caso federal”.

La causa

El pasado 1 de diciembre, Macri fue procesado por el juez federal de Dolores Martín Bava por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.

Pero a principios de febrero, Bava, remitió a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El magistrado remitió los expedientes a los tribunales de Comodoro Py por tratarse de causas conexas al caso D´Alessio, que ya había pasado a suelo porteño a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ambos expedientes pasarán a manos del juez federal Julián Ercolini, que fue quien se quedó con el caso D´Alessio por decisión de la Cámara Federal porteña y luego de que sus colegas María Eugenia Capuchetti y Ariel Lijo se excusaran de intervenir.

El paso de estos expedientes a Comodoro Py había sido reclamado por el fiscal Juan Pablo Curi luego de que la Cámara de Casación ordenara el paso del caso D´Alessio a los tribunales de Retiro.

El refugio de Rodríguez Simón

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se encuentra prófugo de la justicia argentina en Montevideo desde el 8 de diciembre de 2020.  

El 19 de mayo de 2021, la jueza María Romilda Servini declaró en rebeldía al diputado del Parlasur y acusado de ser “exoperador judicial” durante la gestión de Mauricio Macri, y ordenó su captura nacional e internacional. 

Además, la magistrada dispuso su inhibición general de bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios, luego de que Rodríguez Simón le notificara que no cumpliría con lo que había manifestado en otra presentación, en la que había afirmado que concurriría a su indagatoria prevista para el 26 de ese mes.

Con información de agencias.

IG