Desde el año pasado, la Justicia investiga la venta de dólares oficiales autorizada por el Banco Central a casas de cambio que después los vendían al blue en el mercado ilegal para ayudar así a las autoridades del Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Sergio Massa, a calmar la cotización paralela. Eran las llamadas “manos amigas”, de las que tanto se hablaba, pero cuya existencia los funcionarios siempre negaban. No sólo ayudaban al gobierno de entonces sino que de paso hacían un negocio millonario vendiendo al triple del valor al que compraban. Entre esas casas estaba la de Elías Piccirillo, que estuvo casado con la modelo Jésica Cirio, tras divorciarse del polémico exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Piccirillo, hoy bajo arresto domiciliario, era dueño de la financiera ARG Exchange, que también estaba vinculado a negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pero en la causa del dólar blue Piccirillo no está solo: a partir de escuchas a su teléfono que aportó un expolicía arrepentido, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron a cinco funcionarios de línea del Banco Central sospechados de aportarle las divisas al cambista. Los cinco también fueron sumariados por el presidente del Central, Santiago Bausili. Se llaman Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Pero esta última se acercó a elDiarioAR para negar la acusación y sostener que fue confundida por una contadora, como ella, que también se llama Valeria Fernández y que trabajaría para Piccirillo. Altos funcionarios de la actual cúpula del banco y también de los de la gestión anterior admiten que podría tratarse efectivamente de una confusión con una colega homónima.

De licencia médica tras 16 operaciones de columna, y a poco de someterse a la decimoséptima cirugía, María Valeria Fernández, inspectora jefa de supervisión de entidades financieras del Central ofrece su versión de los hechos. El pasado 29 de diciembre, un mes después de su última operación: “Era un lunes, a las 06, me costaba muchísimo moverme, vivo en un departamento de dos ambientes, y atendí el portero eléctrico. Me dijeron que tenían para leerme una orden. Tardé un poco en cambiarme porque tengo movimientos lentos. Volvieron a insistir con el timbre”, recuerda.

–Sí, sí, estoy bajando– les respondió por el portero.

En la planta baja vio “muchísimas caras”, rememora. “En ese momento no entendía nada. Una era una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó a leer una orden de allanamiento... Hasta que no pasó la página segunda no me di cuenta que podía llegar a estar vinculado con algo de mi trabajo. Dijo que iba a secuestrar toda documentación que se vinculara con las entidades financieras de titularidad de Piccirillo. Y nombró una serie de casas de cambio.”

–Pero yo no estoy hace dos años trabajando– les contestó.

“En los 30 años que llevo en la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, nunca he trabajado en supervisión de casas de cambio”, aclara en esta entrevista. “Desde 2019 que yo tenía a cargo la supervisión del Banco Galicia. Nada que ver.”

Pero los policías llegaron preguntando por su nombre, con su número de DNI y su domicilio. “Cuando llega ese momento te toma por sorpresa, porque en las semanas finales del año pasado se empezó a hablar de de esta causa. Yo de eso estaba enterada por la tele, de escuchar parcialmente un noticiero u otro. Había escuchado de otras dos personas que las conozco de vista. Una de ellas sí trabajó en supervisión de entidades financieras, pero hace muchísimos años atrás. Las conozco de vista... yo desde la pandemia que no he podido volver a pisar el Banco Central”, se volvió a referir a sus problemas de salud. Desde 2020 a 2023 trabajó de forma virtual, hasta que entró en licencia médica.

“Fue tal la sorpresa que cuando me estaban leyendo me descompensé, aparentemente me desmayé”, continúa Fernández. “Cuando me desperté lo único que yo le preguntaba es cómo caí, si me golpeé la columna. Me levantaron y me siguieron hablando.”

–Vamos adentro de tu casa –le dijo la policía–. Te sigo leyendo.

Los uniformados llamaron a la ambulancia del SAME, que llegó al rato. “Ellos comenzaron con su operativo. Eran ocho cuando entramos al departamento. Veía personas inmensas, tatuadas, desparramaban todo por todos lados del departamento. No sabía qué hacer. Yo estaba estaba descompensado todavía y no entendía nada. Revolearon el mantel. Otros dos se tiraron en el sofá, aplastando los almohadones, los pies arriba. Otro pidió café. Fue una invasión terrible. Estuvieron casi cinco horas. Inmediatamente vieron en el escritorio una Mac, la tomaron. Yo tenía otra Mac sin utilizar porque a la otra la batería se le estaba por romper. Pero no había llegado a hacer el backup. La nueva la saqué de la caja. Me decían que me loguee, pero no me iba a poder loguear porque yo no la había configurado. Igualmente la incautaron, lo mismo que el teléfono celular. Cuando sonó la alarma que yo había puesto la alarma despertador para las 8, me acerco a la mesa de luz y la mujer policía con una de las testigos me dijo que ya no lo podía tocar más. Y el tema es que yo ahí tenía todo. De repente perdí todos mis contactos, yo no tenía backup. En una nota del celular tenía las claves para acceder a todo, desde la aplicación del banco a todo.”

Fernández recuerda una de las primeras preguntas que le formularon.

–¿Tenés plata? Decinos porque te vamos a dar vuelta todo.

–Sí, les digo–, les respondió y les entregó US$9.320 que tenía ahorrados.

“Tenía algo porque yo tengo muchos gastos con lo de la columna. Y tenía una suma pequeña, pero para mí muy importante”, prosigue. “Estaba vinculada con la escritura de venta de un lote que teníamos con mis hermanos en Arrecifes porque perdimos a mi mamá hace tres años y y decidimos venderlo. La escritura estaba dentro de la Mac. Fue todo muy violento, me rompieron cosas, las revolearon.”

“Fue de tanta violencia que comencé con tratamiento psiquiátrico, psicológico, lo asocian a un trauma que es una combinación de una violación con un robo a mano armada”, cuenta la contadora. “En ese momento sólo me acordaba del celular de mi novio, que vive en Pilar. Les pedí por favor ocho veces que lo llamaran a él, pero se iban sin llamarlo. Les dije que por favor porque quedaba totalmente incomunicada. Lo llamaron durante el operativo.”

“Yo claramente sé que no tengo absolutamente nada que ver con nada de lo que suponía”, se defiende. “Se van y me niegan copia del acta de allanamiento, se van con todos mis dispositivos electrónicos y con el dinero. Cuando llega mi novio, no entendía nada tampoco. Vecinos del country donde él vive nos recomendaron un abogado penalista, Aníbal Campana. Yo no lo conocía. Le hablé y fue muy expeditivo. El mismo día me pudo dar una devolución y me dijo que indudablemente acá hubo una confusión de persona.”

“Hay solo dos audios entre las horas de audio de comunicaciones en donde nombran a una Valeria Fernández, pero yo me llamo María Valeria Fernández”, le cuenta Campana a la contadora. “En el Banco Central también hay otra María Valeria Fernández, que es abogada, y luego cuando me comunico con la abogada del banco dijo que también podría ser la contadora de quienes están siendo investigados, Piccirillo y todas sus casas de cambio. Su contadora también se llama Valeria. Creo que Valeria Eugenia Fernández”, alega la supervisora de la autoridad monetaria.

“O sea, allanaron a la persona equivocada”, argumenta. “No ha sido allanada la persona a la que tenían que ir. Pero llevamos tres meses desde el día del allanamiento y no hubo movimiento alguno en la causa. No dispusieron la apertura de los elementos electrónicos. No dieron lugar a la restitución del dinero. Mi abogado apeló a la cámara, pero la cámara negó la restitución. El juzgado no abrió el expediente y no abrió el punto de que el Banco Central, cuando presentó su descargo que dijo que esta persona no puede ser la persona que ustedes pretenden investigar porque no estaba afectado a sus funciones desde agosto de 2023 y las operaciones de estas casas de cambio que están investigando son de 2023 y 2024”, se defiende Fernández. Es decir, las operaciones sospechosas no sólo habrían ocurrido durante la presidencia de Alberto Fernández, con Massa de ministro y Miguel Pesce de jefe del Central, sino también con sus sucesores, Javier Milei, Luis Caputo y Bausili. “A las 13 me pude comunicar con un gerente principal en el Banco Central y me dijo que ellos habían sido allanados y que también le dijeron que no van a encontrar nada de esto de María Valeria Fernández, porque yo no iba presencial.”

“Hay una, una ineficiencia, una lentitud, un error tan grande, me siento como persona, como ciudadana, que me están atropellando”, razona. “De repente que te digan estás involucrada en una causa penal que se vincula con un montón de otras causas penales. Mi abogado no tiene en claro ni definido qué tipo de delito pretenden investigar, porque la causa es NN sobre averiguación de delito. Las órdenes de allanamiento han sido libradas sin ningún tipo de investigación, porque de ninguna manera podría haber estado yo entre las persona. Es una pesadilla. Frente al rechazo de la cámara a la devolución del dinero, mi abogado presentó un pedido que en un plazo perentorio dispongan las pericias de mis de mis equipos tecnológicos, como para acelerar.”

“Los primeros días de enero yo iba a volver a trabajar con jornada parcial, pero todo esto me hizo ir hacia atrás, me generó un un retroceso impresionante con otro tipo de de sintomatologías y de dolencias que no tenía antes”, cuenta. “Está previsto para abril otro quirófano para hacer los mismos procedimientos. Y ese dinero yo lo tenía de de backup porque mis gastos son muchísimos. Mi sueldo no es íntegro, sin presentismo ni bonus, porque no estoy cumpliendo funciones, y tengo esa plata para cubrir los 12 medicamentos que tomo. Le tuve que pedir a mis amigas y familiares que me dieran vuelta todo el departamento porque no podía estar.”

“Me siento vulnerada, pisoteada, ultrajada por el propio acto y por todo lo que vino después”, lamenta. “Mi vida en el día a día gira en torno de la columna, al punto de que iba a quedar en silla de ruedas. A mí me salvaron en una de las tantas cirugías los neurocirujanos, pero tengo daño crónico en los nervios hacia el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces dependo muchísimo de muchas rehabilitaciones, que son todas particulares. Jamás me iba a imaginar que esto me iba a suceder, que me iba a afectar de esta manera, que iba a tratar términos penales, a que un medio expusiera mi foto en la tapa un domingo. A este señor Piccirillo solamente lo he visto por televisión alguna que otra vez al hacer zapping”, se frustra Fernández. Este año la causa pasó de manos de Casanello a las de Ariel Lijo.

AR

El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Con información de agencia NA

Pablo Atchabahian, hombre con múltiples funciones pasadas en el macrismo y luego volcado a la actividad privada, actuaba como un jefe paraestatal en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) hasta hace semanas. Impartía premios y castigos, ordenaba “dormir pagos” a competidores porque estaban “jugando mal”, organizaba el reparto de presuntas coimas y disponía despidos de personal. “Rajá a esa mina”, ordenó una vez. Todo ello lo ejecutaba desde un teléfono celular a nombre de su empleador, la multinacional Roche, líder en la industria global de los laboratorios.

La firma resultó beneficiaria directa del despliegue plenipotenciario de Atchabahian en ANDIS. En el expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, está registrado un pedido de Atchabahian para que la Agencia invitara a una droguería a participar de una compulsa de precios. Días después, la Droguería 20 de Junio, comercializadora de los productos Roche, logró que le adjudicaran la provisión de un medicamento de alto costo para pacientes con hemofilia A.

La empresa, cuya CEO en Argentina es la peruana María Pía Orihuela, pudo hasta ahora evitar el foco en una trama de corrupción que alumbró nombres de alto impacto y llegaría a las altas esferas del mundo Milei. Tras reiteradas consultas ante la filial argentina y la casa central en Suiza, F. Hoffmann-La Roche Ltd, la firma respondió a este medio con un texto de apariencia formal, que expone su estrategia legal.

“Roche Argentina no es parte demandada ni imputada en esta causa. Nuestra participación en la misma se limita a colaborar con la Justicia, a la cual le hemos proporcionado toda la información requerida. Las acciones mencionadas son de carácter individual y no representan ni cuentan con la aprobación corporativa de Roche”, expresó la empresa.

El texto anticipa que el laboratorio suizo, con 134 años de existencia y 95 de presencia en Argentina, deslinda las responsabilidades sobre lo actuado por Atchabahian y otra empleada, Luciana Ferrari. En una acción espejo, la sede central de Roche en Basilea respondió con retardo y transfirió todas las consultas a la filial argentina.

En un dato que marca el grado de venalidad con que se manejaban las licitaciones en ANDIS, la neuróloga Ferrari, que también actuó bajo las órdenes de Atchabahian en los dos últimos años del Gobierno de Mauricio Macri, tenía acceso a un sistema informático estatal para las adjudicaciones de medicamentos e insumos. El cargo de la tucumana Ferrrari en Roche hasta mediados de noviembre, cuando fue despedida, era health system partner, función descripta por la propia empresa como facilitadora del acceso a la salud y asociaciones entre el mundo privado y gubernamental. En otras palabras, lobby. Ya en 2020, la médica había prestado servicios para Roche, según su currículum.

Aunque el laboratorio suizo afirma que no es parte demandada ni imputada, lo cierto es que sus oficinas fueron allanadas y presentó abogados defensores ante el juzgado criminal federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Casanello. El dictamen del fiscal Franco Picardi, que disparó decenas de allanamientos e indagatorias hace un mes, describe el mecanismo por el cual Atchabahian presuntamente benefició a su empleador con métodos espurios.

Código de conducta

Fuentes con conocimiento del expediente afirman que las imputaciones apenas están en su fase inicial. De hecho, el viernes se produjeron allanamientos y serían inminentes nuevos llamados a indagatoria, sobre los veinte ya efectuados.

Los indicios describen un sistema de sobreprecios y coimas cuyo alcance sería mucho mayor al descripto hasta ahora (unos US$30 millones), tanto en la magnitud del robo al presupuesto estatal de medicamentos para discapacitados y pacientes vulnerables, como en las responsabilidades hacia la cumbre del Poder Ejecutivo.

En los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo y motivaron la denuncia que disparó la investigación judicial, el exmejor amigo de Javier Milei y extitular de ANDIS se muestra indignado por quedarse afuera de una cadena de coimas orquestadas por Eduardo Menem, Martín Menem, y Karina Milei. Informado por Spagnuolo del presunto desfalco, el Presidente protegió a su hermana y enterró la sospecha, según el audio.

El comunicado de Roche transmitido a elDiarioAR agrega: “(la empresa) opera bajo un estricto código de conducta global y políticas de compliance que son obligatorios para todos nuestros empleados, incluyendo una política de tolerancia cero ante cualquier acto que viole la ley o nuestra ética”.

El párrafo abunda sobre lo que la casa matriz y su filial argentina dejan claro en todas sus presentaciones públicas. Allí también se encuentra un eslabón débil ante la pregunta más básica. ¿Para qué contrataría, un laboratorio que provee al Estado, a un exfuncionario al que conoció del otro lado del mostrador como Atchabahian? ¿Ferrari, asignada a la tarea de “facilitar el acceso a la salud”, digitaba contratos y contaba con información privilegiada en beneficio de Roche sin que la empresa estuviera al tanto?

Se suma el dato de la fama que se había ganado Atchabahian en el ámbito de los laboratorios y ANDIS, sintetizada por la voz atribuida a Spagnuolo: “un delincuente”. A los auditores de compliance de Roche les aguarda un arduo trabajo.

La función exacta que desempeñaba en Roche el exfuncionario de los gobiernos de Nicolás Ducoté en el municipio de Pilar, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri en la Nación debe ser dilucidada por el fiscal Picardi, a cargo de la instrucción de la causa.

Ferrari y Atchabahian no respondieron mensajes de este medio.

Preguntas sin respuesta

La transparencia que aduce tener Roche no se vio verificada en la renuencia a responder la consulta de este medio. Con siete días de demora, la firma ni siquiera esclareció preguntas elementales, como qué tarea desempeñaban Atchabahian y Ferrari, si la casa central en Suiza estaba al tanto de su estrategia comercial, si trataba con el lobista Miguel Calvete, cuál era su relación con la Droguería 20 de Junio, qué documentación fue entregada en el allanamiento y si recibió algún pedido de soborno en la última década.

El grado de sospecha que pesa sobre Atchabahian está demostrado por el hecho de que es el único detenido del caso Spagnuolo, entre decenas de allanados e indagados.

Casanello tuvo indicios de que el exfuncionario y contratado por Roche evadió los allanamientos dispuestos durante quince días de octubre y noviembre, a la vez que sobrevuela la sospecha de que la delegación de la Policía Federal en Mendoza —provincia donde vive— actuó, como mínimo, con negligencia.

Para el juez, Atchabahian contaba con “una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice”.

El juzgado debió apelar a otra instancia de la Policía Federal para lograr la detención de Atchabahian en apenas 24 horas. Concretado el arresto el 13 de noviembre, el contratado por Roche se negó a declarar. Desde entonces, Atchabahian parmanece detenido en el barrio privado Vistalba, de Luján de Cuyo, Mendoza.

Un patrón se repite en el expediente. En el primer allanamiento a los Kovalivker —dueños de la Droguería Suizo Argentina—, en el barrio La Isla de Nordelta, la seguridad privada y efectivos de la Federal actuaron con la negligencia suficiente como para que se escapara el mayor de los hermanos, Jonathan. El 15 de noviembre pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dejó pasar en Aeroparque al empresario Sergio Mastropietro, sindicado como presunto lavador de las coimas a través de la firma Baires Fly, sobre quien pesaba un pedido de requisa. Tras el descuido, Mastropietro perdió su celular —como anticipó este diario el domingo pasado—. La máxima de Patricia Bullrich, “el que las hace, las paga”, no corre cuando los caminos conducen a Olivos.

En 2018 y 2019, Atchabahian y Ferrari cumplieron funciones en ANDIS junto a Daniel Garbellini. La jefatura correspondió al primero de los mencionados. Cuando cambió el Gobierno, casi de inmediato, la neuróloga fue contratada por Roche, y en 2021 se sumaría Atchabahian. Garbellini, en tanto, regresó al Estado en junio de 2024 como director de Acceso a Servicios de Salud de ANDIS, cargo que había ocupado Atchabahian seis años antes.

Cuando el sitio Data Clave difundió los audios atribuidos a Spagnuolo en agosto pasado, los Milei dieron por válida la autoría de la grabación y lo despidieron de ANDIS junto a Garbellini. Más tarde, el soez ensayaría que se trató de audios creados con inteligencia artificial, misma estrategia que adoptó el tardío abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

El funcionamiento del tándem Atchabahian-Garbellini es detallado en la voz de Spagnuolo: “Lule (Eduardo Menem) me quiso meter una mina en una dirección nacional, la fricé. Me quiso meter al de Recursos Humanos, lo fricé. Pero me metió al más importante de todos, para chorear”.

“A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente. (Atchabahian —parece decir—) es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue con denuncias… y se llevó los discos rígidos de las computadoras”, dice la voz en otro tramo.

El urólogo Atchabahian fue secretario de Salud de la municipalidad de Pilar entre 2011 y 2016, subsecretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante el mandato de Vidal, entre 2016 y 2017, y director en ANDIS hasta 2019. Ya en funciones en Roche, cuando percibió que habría un cambio político en Casa Rosada, se preparó. “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, vaticinó Atchabahian, de acuerdo a los chats del Grupo Museo que comandaba junto al lobista Miguel Calvete.

“Calladita”

El papel de Luciana Ferrari —sostenida por Roche en el puesto hasta dos meses después de que los audios de Spagnuolo ventilaran la corrupción en ANDIS— es crucial. Los chats revelados prueban que esta exdirectora de Prestaciones Médicas de ANDIS manejaba desde junio de 2024 una clave para acceder al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones del programa estatal Incluir Salud. Con ese acceso, Ferrari se inmiscuía en las compulsas de precios, mientras Garbellini —la pata estatal del grupo que comandaba Atchabahian— garantizaba la adjudicación.

La healthcare system partner de Roche supo en mayo de 2024 que Garbellini sería nombrado en ANDIS: “Felicitaciones señor director!!!… Calladita la boca festejo por vos”. El 3 de junio, la designación se hizo oficial, y tres días después, ambos comenzaron a amañar compulsas de precios, demuestran intercambios de mensajes.

El 6 de agosto de 2024, celebró Ferrari: “Buen día!!!! Ayer aprobaron esa droga de Roche para (que) arme un Pac de corrientes… Se podrá meter en la compulsa del jueves?” “Sí, está el ticket”, le respondió Garbellini, solícito.

El 13 de noviembre de 2024, Atchabahián pidió al director de ANDIS que invitara a una compulsa de precios a la Droguería 20 de Junio SA, que comercializa productos Roche. Garbellini cumplió seis días después.

En las compulsas del 27 de noviembre, 3, 17 y 23 de diciembre, 20 de Junio SA ganó la provisión al programa Incluir Salud de la droga EMICIZUMAB, un antihemorrágico que produce Roche. Cada dosis inyectable tiene un costo que va desde los $7 millones para 30 mg a $37 millones para los 150 mg, según datos públicos en internet.

Felicitaciones señor director!!!… Calladita la boca festejo por vos

Luciana Ferrari, ex healthcare system partner de Roche

Las ofertas de la Droguería 20 de Junio eran de productos Roche, “de manera casi exclusiva”, detalló la imputación de Picardi.

La cartelización funcionaba a pleno. En teoría, 20 de Junio SA era competidora de la Droguería Suizo Argentina, pero las gestiones de Atchabahian y Ferrari comprendían a ambas empresas, y todo codo a codo con Calvete, el otro “vértice” señalado por Casanello. Hay al menos una visita registrada de Matias Litvanovich, director de Droguería 20 de Junio, a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Suizo Argentina, en su mansión de La Isla, en Nordelta.

El 7 de marzo de 2025, Atchabahian ordenó a Garbellini que despidiera a Mercedes Capandegui, directora de Presupuesto de ANDIS, cuya cabeza había pedido el director de Asuntos Corporativos y miembro del directorio de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner. Atchabahian fue fulminante: “Rajá a esa mina”. El estilo capanga era frecuente en el hombre de Roche. En otra oportunidad, instruyó echar a más gente de la ANDIS. “Sin piedad”.

La articulación entre el grupo de Atchabahian con Nuner Uner, hombre de máxima confianza de los Kovalivker, era permanente.

El 10 de abril pasado se dio otro diálogo inquietante entre el “vértice” de la organización y Garbellini. Picardi transcribe e interpreta en su dictamen: “’Es importante tener gente con la bandera correcta’, acompañando dicha expresión con el emoji de la bandera de Suiza, en clara alusión a la firma Suizo Argentina”.  

El dúo indica que apelarían a los oficios de Nuner Uner y Matías Palotti, un hombre insertado en ANDIS, para llegar “a Ritondo o al Colorado”. “Obvio (Matías) tiene bola blanca ahí”, se entusiasma Garbellini.

La confianza de Atchabahian y su segundo en las sombras radicaba en el recorrido de Palotti dentro del mundo PRO en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Entre 2015 y 2019, ese hombre fue mano derecha de entonces intendente de Morón y esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro, hoy divorciado.

Una fuente cercana a Ritondo niega todo contacto con Palotti o cualquier otro enviado de ANDIS, Atchabahian o la Droguería Suizo Argentina. “Si intentó llegar, fracasó. Cristian tuvo que averiguar quién era (Palotti) cuando se publicó el dictamen de Picardi. Cero contacto”, dijo la fuente.

Ferrari mostró algo de distancia de Roche en algunas de sus comunicaciones con Garbellini, un elemento que la firma podría usar a su favor para desligarse del caso.

Una fuente cercana a Ritondo niega todo contacto con Palotti o cualquier otro enviado de ANDIS, Atchabahian o la Droguería Suizo Argentina. 'Si intentó llegar, fracasó. Cristian tuvo que averiguar quién era (Palotti) cuando se publicó el dictamen'

El 26 de diciembre pasado, Ferrari le aclaró al director de ANDIS que pondría una foto en el estado de whatsapp para informar que estaría de vacaciones, pero “es sólo por Roche, para que no me jodan. Pero para ustedes estoy para lo que me necesiten”.

Dos meses más tarde, en febrero de 2025, Ferrari dio a entender que su empleador no estaba al tanto de que tenía acceso al sistema informático de ANDIS. “Me van a rajar de Roche si se enteran”, escribió.

“Ese diálogo existe, pero Roche tiene mucho por explicar”, dijo una fuente que sigue el caso.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La orden fue clara. El  allanamiento del 13 noviembre en la casa que Sergio Mastropietro tiene en las Lomas de San Isidro no había podido dar con el celular del empresario vinculado a las sobornos en la causa ANDIS. Por eso, el juez federal Sebastián Casanello pidió que lo intercepten apenas ponga un pie en el Aeroparque porteño. Indicó horario, la empresa del vuelo privado y procedencia. ¿Qué podia salir mal? Todo. Las cámaras de seguridad registraron como el empresario entrega el teléfono a sus acompañantes mientras es trasladado por los agentes de seguridad aeroportuaria para, supuestamente, incautarle el celular.

Los datos surgen de la denuncia penal –a la que elDiarioAR tuvo acceso– que el propio Casanello presentó este viernes contra el personal de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que debía ocuparse de interceptar a Mastropietro.

Mastropietro, un empresario con un largo recorrido en el mundo de la aviación, quedó unido a la causa originada a partir de las confesiones de Diego Spagnuolo —un examigo íntimo de Javier Milei— a partir de giros de cientos de millones de pesos a las empresas Baires Fly y Baires Jet, acordados con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, a quien el fiscal federal Franco Picardi considera una pieza clave en las coimas bajo investigación.

Para Picardi, a cargo de la causa, las empresas Baires Fly y Baires Jets habrían actuado de pantalla para blanquear los fondos desviados por los sobreprecios en las licitaciones manipuladas de ANDIS. En su dictamen, el fiscal da por hecho que Baires Fly pertenece a Mastropietro.

Pero además, Mastropietro compartió negocios con Federico “Fred” Machado –el sospechado de narco que financió a José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida empresa creada a partir de la compra de MacAir, de la familia Macri, en 2018.

Según surge de la denuncia que presentó Casanello, Mastropietro viajó a Estados Unidos el 7 de noviembre y debía regresar al país el 14 de noviembre desde el Aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, a bordo de una de las aeronaves de Buenos Aires Fly con matrícula LV-CPL. Con el número exacto del vuelo, el juez pidió que el empresario sea demorado apenas llegue en el aeroparque. Sin embargo, Mastropietro, quien aterrizó a las 22: 25, pudo realizar todos los trámites, pasó Migraciones, Aduana y a las 22:34 ya salía del sector restringido. Recién entonces fue interceptado por personal de Migraciones cuando se encontraba en la vereda del sector de arribos internacionales. Las cámaras de seguridad lo muestran hablando por celular en ese lugar.

Casanello destaca en su presentación que el empresario pudo realizar todos los trámites sin ningun impedimento a pesar de ser un área con controles estrictos y de que había una orden judicial pidiendo que se incaute su celular.

Una vez en la vereda y delante de cuatro agentes de Migraciones que se acercaron a pedirle que lo acompañe, Mastropietro entregó su mochila y el equipaje a la tripulación de la aereonave –de la que es propietario– y a un tercer tripulante que lo acompañaba. Las imágenes de las cámaras vuelven a mostrarlo saliendo de la oficina de Migraciones para entregar a sus acompañantes un pequeño objeto que el juez estima es el celular que nunca más pudo ser encontrado. De acuerdo a la denuncia de Casanello, fue la hija del empresario quien mas tarde entregó en Migraciones el resto equipaje de su padre, pero allí tampoco estaba el celular.

En marzo de este año los controles de Aeroparque también quedaron bajo la lupa cuando se conocieron las imágenes de las valijas que, sin ningún control, ingresó al país Laura Belén Arrieta, una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El juez federal Sebastián Casanello ordenó que se investigue cómo el empresario  Sergio Mastropietro.–con nexos con Fred Machado e involucrado en la causa ANDIS– logró eludir los controles de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el  Aeroparque Metropolitano para evitar que le secuestraran su celular.

Ahora Casanello presentó una denuncia penal para saber cómo Mastropietro logró evadir los controles a pesar de que había una orden judicial para que entregue su celular al regreso al país en un vuelo privado desde los Estados Unidos, tal como informó elDiarioAR el pasado 23 de noviembre.

Según la denuncia del juez, el empresario respondió que no tenía su teléfono encima cuando los funcionarios de PSA le solicitaron que lo entregase. Sin embargo, el celular fue activado apenas salió de Aeroparque.

Para fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación de la causa por sobornos en la Agencia de Discapacidad,  Mastropietro es uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la ANDIS. Según Picardi, las empresas Baires Fly y Baires Jets habrían actuado de pantalla para blanquear los fondos desviados por los sobreprecios en las licitaciones manipuladas de ANDIS. En su dictamen, el fiscal da por hecho que Baires Fly pertenece a Mastropietro, un empresario con un largo recorrido en el mundo de la aviación.

Pero además, Mastropietro compartió negocios con Federico “Fred” Machado –el sospechado de narco que financió a José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida empresa creada a partir de la compra de MacAir, de la familia Macri, en 2018.

El nombre de Mastropietro figura en los registros del Bank of America como uno de los cientos que utilizaron el fideicomiso de Machado, según el expediente que tramita en un tribunal de Texas. Operó más de US$800.000 a través de ese vehículo y es además quien conectó a Machado con Espert a fines de febrero de 2019, junto a su conocido Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. 

Al menos 25 allanamientos se llevaron a cabo en domicilios particulares y droguerías la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires y los mismos están relacionados con la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Los mismos se ordenaron ante “graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad”.

Los voceros señalaron que el juez federal Sebastián Casanello reimplantó el secreto de sumario, tras lo cual se ordenaron los nuevos allanamientos a domicilios particulares y droguerías, con la participación del fiscal Franco Picardi.

En los procedimientos se buscaban teléfonos celulares y aparatos electrónicos, mientras que trascendió que aún no se pidieron detenciones.

La ANDIS quedó en el centro de la escena luego de que se filtraran audios atribuidos a su ex titular, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntos pedidos de coima y se aludía a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Con información de NA.

IG

Los dueños de la droguería Suizo Argentina reclamaron la “nulidad absoluta” de la investigación por supuesto pago de sobornos abierta en base a audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, denunciaron una “caza de brujas” y que las grabaciones están adulteradas y se obtuvieron de manera ilegal.

Además, en un escrito presentado por su abogado Martín Magram reclamaron que se dicte una nulidad “de carácter absoluto” por violación al derecho a defensa en un proceso“ que ha causado un ”inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional“, según el escrito al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

El defensor de los dos hermanos Emannuel y Jonathan y del padre de ambos Eduardo Kovalivker reclamó al juez federal Sebastián Casanello que declare la nulidad de la causa .

Magram presentó el escrito en la tarde del viernes último, en la misma jornada en la cual el fiscal del caso Franco Picardi llevó adelante otro allanamiento a la sede de la empresa en el barrio porteño de Belgrano y se encontró con resistencias para la entrega de lo solicitado, acceso a correos electrónicos y claves de acceso a sistemas informáticos.

“Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita”, consignó el abogado.

Magram aludió a que la causa se lleva con “oscurantismo” porque “ la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho ha sido la fórmula imperante, consitando con cierto estupor, el recuerdo de épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático”.

El abogado sostuvo que los investigadores “iniciaron una verdadera caza de brujas mediante una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados (…) en suma, un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas”.

Sobre los audios atribuidos a Spagnuolo, el abogado advirtió que “no es posible” conceder “ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio; o salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal”.

Con información de NA.

IG

El juez federal Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta Ariel De Vicentis por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.

La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un “protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad” en caso de allanamientos.

El juez procesó a De Vicentis por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” con un embargo de dos millones de pesos.

De Vicentis es jefe de Seguridad de Nordelta desde hace once años y según reconstruyó la Justicia el día del operativo estaba de vacaciones pero un guardia de seguridad lo llamó delante de efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado al ingreso del barrio La Isla, en el complejo privado.

En ese marco, habría desplegado “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” y así logró frustrar “una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)”.

Como prueba se tomaron los mensajes encontrados en su teléfono celular que revelaron “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera”, remarcó el juez.

En uno de esos mensajes de WhatsApp, De Vicentis instruía a uno de los guardias: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno” , destaca el fallo.

Al ser indagado en los tribunales de Retiro, De Vicentis no logró justificar por qué intervino en lo que pasaba si estaba de vacaciones.

Según reconstruyeron los investigadores, el jefe de Seguridad comenzó a llamar a todos los guardias, a quienes se les había advertido que no podían usar sus celulares hasta finalizado el operativo.

Los llamó “insistentemente” y “desobedeció ” así la orden dada a sus subalternos de no usar los teléfonos hasta “lograr ser atendido” por uno de ellos, de quien obtuvo “la información sensible que pretendía: que la policía estaba buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker”.

Con información de NA.

IG

Desde hace décadas, Patricia Bullrich altera la vida pública argentina desde posiciones prominentes en el Estado. Como ministra de Trabajo o Seguridad, diputada o candidata presidencial, Bullrich se erigió en una inexorable agitadora de la violencia, tarea que combina con la mentira aviesa como método. Esta semana, con la vida de un fotorreportero en juego, el método Bullrich alcanzó un nuevo umbral.

La titular de Seguridad ha logrado transitar ese camino, que encuentra conexiones con sórdidos sectores policiales, armamentísticos y de Inteligencia, con una impunidad absoluta. Sin embargo, el disparo que dejó al reportero gráfico Pablo Grillo al borde de la muerte evidencia huellas marcadas que podrían conducir a que la ministra enfrente consecuencias penales, pese a la espesa trama de protección anquilosada en los tribunales federales.

Fabián Grillo, padre de Pablo, tiene su cabeza ocupada en la sala de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, desde donde surgieron señales alentadoras en las últimas horas. El cuadro de salud de su hijo comenzará a aclararse a mediados de la semana entrante, evalúan los médicos.

Hombre forjado en la militancia política, Grillo tiene claro el grado de responsabilidad de quien alentó y creó las condiciones legales para que las fuerzas de seguridad perpetraran la tentativa de homicidio —culposa o dolosa— de su hijo. Tuvo conversaciones preliminares con abogados que representarán a la familia como querellante, mientras su sindicato, de Personal Superior de Empresas de Energía, ya dio los primeros pasos con ese fin. En paralelo, denuncias por el accionar de las fuerzas federales presentadas por la Procuraduría de Violencia Institucional, la Comisión Provincial de la Memoria y otras organizaciones comienzan a tener su recorrido.

Argentina es el país de la crueldad sádica que disparan los hermanos Milei, pero también el de organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas de violencia estatal que nunca se rinden, capaces de mover montañas hasta conseguir justicia. Y Bullrich lo sabe.

Legado de temer

Si el foco se pone en las políticas de “Pato” como ministra de Seguridad, su legado reciente incluye personas privadas de la libertad durante semanas o meses por participar de protestas contra el Gobierno de Macri, que resultaron sobreseídas por falta de pruebas; frecuentes episodios de extranjeros absurdamente señalados como terroristas, liberados en cuestión de horas; confusión chapucera de identidades de presuntos sospechosos, escrachados por la brutalidad mediática del cómplice Grupo Clarín; periodistas heridos por balas de goma y gases lacrimógenos; manifestantes que perdieron un ojo; la muerte de un presunto bagayero en Orán en diciembre pasado, y un largo etcétera.

Ningún caso alcanzó la gravedad del homicidio por la espalda del joven mapuche Rafael Nahuel en noviembre de 2017, ultimado por una patrulla del Grupo Albatros de Prefectura Naval en un bosque de Bariloche. Tras atravesar la maraña de obstáculos que anega al fuero federal, la investigación llegó en 2023 a sentencias de hasta cinco años de prisión contra cinco prefectos.

La muerte de Nahuel en la sombra de un bosque junto al lago Mascardi, a 1.500 kilómetros de Buenos Aires, y la estigmatización de los mapuches lavaron las responsabilidades políticas del hecho. Tres meses antes, el ahogamiento de Santiago Maldonado en un río inhóspito de Chubut, el falso testimonio de un testigo mapuche que afectó la denuncia y la digitación del juez de la causa desde el mismo despacho de Mauricio Macri sirvieron para que el Gobierno de Cambiemos no sólo se eximiera de consecuencias, sino que tomara impulso para incrementar su ofensiva.

El ataque al fotógrafo Pablo Grillo es distinto. El trayecto de la granada disparada por un gendarme en un costado de la Plaza Congreso quedó expuesto con absoluta claridad y el rastro de Bullrich resulta indeleble, tanto, que será difícil enterrar la causa, por más títulos intoxicantes del Grupo Cómplice y proclamas presidenciales sobre “la mejor ministro de la historia”.

Combo urgente

Es comprensible que Bullrich intente erigirse en denunciante y arrastrar el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Con justificadas razones, considera propio ese territorio, pero esta vez no tuvo la mejor de las suertes.

La denuncia por “sedición” del Ministerio de Seguridad recaló en el juzgado federal 11, subrogado por Sebastián Casanello, y la investigación quedó a cargo del fiscal Franco Picardi. Tanto Casanello como Picardi forman parte de los magistrados que han demostrado criterios autónomos y son mirados con recelo por esa implacable trama de impunidad orquestada por los servicios de Inteligencia y tentáculos del macrismo que funciona en el edificio de Retiro.

Bullrich necesita coronar un combo: que intervengan varios juzgados federales y todo conduzca al embudo de la Cámara de Casación Federal

Fernando Oscar Soto, abogado manodurista del ministerio de Bullrich, presentó una denuncia por “sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita”. El texto, de prosa grandilocuente, incluye recortes periodísticos, lanza unos pocos nombres de responsables, enumera policías lesionados y reza: “Lamentablemente también han resultado heridos un fotógrafo, Pablo Grillo, y una señora mayor de edad (Beatriz Blanco, 81 años)”. Refiere a los dos casos más graves entre decenas de manifestantes heridos, que Soto omite.

Bullrich necesita coronar un combo en lo inmediato: que intervengan varios juzgados federales sobre la supuesta sedición, el encarcelamiento de decenas de personas y la previsible acusación en su contra por el intento de homicidio de Grillo, y que todo conduzca al embudo de la Cámara de Casación Federal. A falta de Bonadio, a la ministra le urge que el enfoque preponderante sea sobre un intento de golpe de Estado. Sería un disparate, pero serviría para hacer ruido y consagrar, una vez más, la impunidad.

A través de Soto, la ministra reclamó que la justicia federal declare la incompetencia de la jueza del fuero ordinario Karina Andrade —a quien Clarín etiqueta como “camporista” en notas que, por vergüenza, nadie firma—, y anticipó que apuntará a destituir a la magistrada por haber ordenado la liberación de 114 detenidos.

Pero Bullrich se vuelve a encontrar con Bullrich. En el auto que ordenó la libertad de los detenidos, la jueza Andrade puntualizó la palmaria carencia de pruebas para mantener a manifestantes privados de la libertad. Esa mezcla de temeridad y chapucería, que la ministra intenta subsanar con sonoras acusaciones y zócalos de sus amigos de la tele, reaparece en la presentación de Soto ante Comodoro Py.

“La denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad enuncia una serie de delitos graves vinculados a la alteración del orden constitucional y menciona a presuntos responsables, pero, pese a estar cargado de afirmaciones, no aporta ninguna prueba”, evaluó una fuente de la investigación.

Para cubrir los agujeros de la denuncia, Picardi solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte “registros, documentaciones e información” de los presuntos barrabravas y sus mandantes acusados de atentar contra la vida democrática. Por lo pronto, ya está demostrado que, de los cinco mencionados como “barrabravas” (¡sobre más de cien detenidos!), al menos dos no lo son.

La hipótesis de trasladar la investigación de Andrade a Comodoro Py no está cerca, porque ni siquiera tiene cuerpo la acusación por sedición, y si lo tuviere, habrá que demostrar el nexo de los detenidos con el golpe de Estado. De modo que la ansiedad de Bullrich, los Milei y los Macri por disparar un festival de arrestos con un horizonte de varios años de prisión deberá esperar.

Los registros de gendarmes y policías federales y de la Ciudad actuando como vándalos ante jubilados y manifestantes son profusos y quedaron a la vista de todos. Penetran hasta en los canales de noticias oficialistas. “Vengan zurdos”, arengó una voz desde una tanqueta hidrante pinochetista de la Policía de la Ciudad, a cargo de los Macri, que en este juego, luchan espalda con espalda los Milei. Si un grupo de policías a bordo de ese vehículo actúa como un grupo de tareas de la dictadura en plena Avenida de Mayo, y otro detiene a niños de 12 y 14 años en Plaza de Mayo ¿cómo no dar crédito a decenas de testimonios que dan cuenta de abusos y torturas contra los detenidos?

El desmadre policial fue tan burdo como otra invariante. En medio de la batahola, encapuchados logran parsimoniosamente incendiar autos particulares y patrulleros sin que nadie los moleste. Ocurre en cada protesta. Hombres con mochila se mueven entre los manifestantes, saltan, agitan, provocan, encienden contenedores o vehículos, rompen y se esfuman detrás de cordones policiales. Están filmados, pero no los buscan. A Bullrich se le acaban los videos y la estridencia a la hora de encontrar a los autores de esos desmanes.

La pista

El 14 de diciembre de 2023, con cuatro días en su segunda oportunidad como titular de Seguridad, Bullrich anunció la derogación del “protocolo garantista de Garré”.

Se refería a la resolución 210 de 2011 de la entonces ministra de Seguridad, con la memoria reciente de las muertes en el Parque Indoamericano porteño por una actuación conjunta de las policías de la Ciudad y Federal, y muchas otras víctimas de la brutalidad institucional en todo el país.

La reglamentación de 2011 establecía restricciones a cierto tipo de armas y una serie de medidas preventivas sobre los modos de actuación policial para que no ocurra, por ejemplo, que un gendarme dispare un proyectil que acabe con la vida de un fotógrafo.

Bullrich se solaza con la violencia y encuentra eco en la dirigencia política y económica, y en los votantes. El “protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” (antipiquetes) firmado por la titular de Seguridad fue celebrado por la claque mediática oficialista.

A contramano del protocolo de Garré, el texto de Bullrich otorga una amplia discrecionalidad a la Policía y establece normas tan estrictas para las manifestaciones, que terminan conculcando el derecho a la protesta. Todo reclamo —como manifestar por haber perdido un cuarto del ingreso jubilatorio en un año— pasa a ser considerado infracción y habilita el palazo policial.

La ministra intentó completar la faena en la primera versión de la ley Bases, que anulaba el derecho a siquiera denunciar los abusos policiales, lo que habría transformado al Gobierno de Milei en una dictadura lisa y llana.

Días después de emitido el protocolo antipiquetes en diciembre de 2023, el juez Casanello hizo lugar a un habeas corpus presentado por la legisladora de izquierda Celeste Fierro, y dictó una cautelar para suspender su implementación, en resguardo del derecho constitucional. En su resolución, Casanello enumeró preceptos sostenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el país es signatario, así como mandatos dirigidos al Estado argentino por la Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación de Naciones Unidas.

En sintonía con el Gobierno ultra que acababa de asumir, dos columnas de la Cámara Federal de Comodoro Py, Martín Irurzun y Eduardo Farah, hicieron lo esperable. Quitaron la causa a Casanello, lo que originó un conflicto de competencia con un juez del fuero ordinario, que no aceptó tratar el caso. El expediente llegó a la Corte Suprema, donde el pedido de habeas corpus, un recurso ante la afectación de derechos constitucionales que debe ser resuelto de manera urgente, quedó cajoneado. Sus señorías Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda tuvieron otras ocupaciones, como denunciarse entre ellos de cometer graves delitos.

Ese aviso emitido por el juzgado federal de Casanello tuvo un correlato en reclamos contra el protocolo antipiquetes de organismos de Naciones Unidas, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, sindicatos periodísticos como Sipreba, entidades de derechos humanos como el CELS y muchos otros. Todos ellos alertaron el peligro que significaba dar rienda suelta a la brutalidad policial contra los manifestantes y, en particular, el periodismo.

Premonitoriamente, el 10 de marzo pasado, 48 horas antes de la manifestación de los jubilados y las hinchadas de fútbol, la Asociación de Corresponsales Extranjeros hizo pública una nota en la que alertó que los periodistas “se han visto en la necesidad de comenzar a utilizar cascos, máscaras respiratorias y otros tipos de protección durante coberturas en la vía pública”. La entidad, con décadas de existencia y afiliados de medios de todo el mundo, aludió al creciente número de corresponsales y periodistas heridos, “producto del accionar policial dependiente del Gobierno nacional”.

Dos días después, Pablo Grillo, uno de los fotorreporteros independientes que han venido cumpliendo una función esencial en el registro de las manifestaciones y la brutalidad policial, logrando imágenes de altísimo valor que luego recorren continentes, se desplomó producto de un disparo anunciado desde el mismo momento en que Bullrich alardeó de derogar “el protocolo garantista de Garré”.

Si el autor del disparo resulta identificado, lo que no parece improbable, lo sensato en su beneficio sería que no acepte la defensa legal que gentilmente le ofrecerá Gendarmería. Un abogado defensor independiente tendría margen para aducir que el efectivo cumpiió órdenes, lo que no lo eximirá de responsabilidad, pero podria compartirla con la autora del protocolo.

Es tiempo de justicia.

SL/DTC

El juez federal Sebastián Casanello resultó sorteado esta mañana para quedar al frente como subrogante del Juzgado Federal 11, lugar que está vacante desde la muerte de su titular Claudio Bonadio.

El sorteo se hizo en la Secretaría de la Cámara Federal porteña y, de esta manera, desde el 12 de febrero Casanello reemplazará a Julián Ercolini, el magistrado que estuvo al frente del juzgado 11 en los últimos años.

En este juzgado tramita la Causa Seguros que tiene como acusado al ex presidente Alberto Fernández.

En las últimas horas, la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 donde está radicada esta investigación y desde esa fecha lo reemplazará Casanello.

En noviembre pasado, el expresidente fue indagado por Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. Fernández negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

El expresidente es investigado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández está acusado por la Fiscalía de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Como Presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. 

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Eduardo Belliboni “por administración infiel en relación al Plan Potenciar” luego de advertir que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo.

En la imputación dada a conocer mediante un escrito de 168 páginas, el magistrado mencionó pruebas que considera suficientes, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma.

“Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado, quien además detalla que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.

Asimismo, según Casanello, “el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.

Para el magistrado, “no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.

Casanello también destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ”Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“ y ”Coxtex SA“-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Además de al líder del Polo Obrero, el procesamiento dictado por Casanello alcanzó también a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por las mismas razones que Belliboni (administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública). También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. En tanto, María Isolda Dotti y Gianna Puppo fueron procesadas por “amenazas coactivas”, además de “defraudación”, mientras que Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia fueron acusadas solo de amenazas.

Con respecto a los procesamientos, el Gobierno nacional se pronunció a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien pidió a la Justicia “que actúe con celeridad e imparta justicia. Uno de los peores crímenes que se cometieron en Argentina fue jugar con la comida de los pobres y el asistencialismo. Apelamos a que los que jugaron con la dignidad de la gente paguen caro”, sentenció el vocero este lunes, en su habitual conferencia de prensa.

El fiscal Pollicita solicitó la indagatoria de Emilio Pérsico

En el marco de la causa en la que investigan el accionar del Polo Obrero, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social. Se lo investiga de haber actuado en complicidad con Eduardo Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.

Para la fiscalía, existe “una matriz de corrupción” que operó desde 2020 hasta diciembre del 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaría a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.

Según el fiscal, los funcionarios “actuaron en forma coordinada” con los dirigentes sociales. Por lo que en el escrito de requerimiento de indagatoria al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, Pollicita planteó: “La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”.

En el escrito, Pollicita expone una acción coordinada entre ambas organizaciones sociales con el objetivo de desviar millones de pesos correspondientes del programa a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado sin documentación que lo ampare.

Según denunció ambos referentes actuaron “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”. “Bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos, tal como se viene desarrollando”, argumentó el fiscal.

Pollicita detalla que el Polo Obrero recibió un total de $361.087.500 que “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”. 

“Como era de suponer en base al acuerdo descripto, dichas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte de las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano—, pese a encontrarse holgadamente vencidos los plazos de ejecución y, por tanto, de rendición de cuentas”, cuestionó. 

En ese marco, además de Pérsico se tomará indagatoria de los exfuncionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También volverán a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego.

Con información de agencias.

IG

“Fue una contraofensiva que hicieron los falsos movimientos sociales para desarmar la lógica. En el medio se metió la Justicia a hacer de almacenero. ¿Qué es esto? Decide la Justicia cómo se reparten los alimentos en la Argentina”, sostuvo la funcionaria sobre los allanamientos a los galpones de acopio de productos. 

En una entrevista con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa Pasa por Radio Rivadavia, agregó: “A mi nadie me explica qué pasó. La Policía Federal y la Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y en cada lugar no había ningún alimento vencido”.

“La Justicia lo que debe hacer es supervisar si lo que se compró y lo que está es correcto. ¿Qué sabe cómo se reparten los alimentos la Justicia? Nos hicieron salir de urgencia, uno puede cometer un error, meter la pata, ser injusto. Llegar a una zona y nos pueden tomar un camión. No se hacen las cosas así porque la Justicia te obliga”, desarrolló.

Asimismo, en referencia a los fallos del juez Sebastián Casanello, la funcionaria planteó: “¿Qué sabe el juez, para no hablar de la Justicia, cómo se reparten los alimentos? Ese juez procesó la semana anterior mandó a indagatoria a una cantidad de gerentes de la pobreza que se robaban los alimentos, y ese mismo juez salió al otro día a decir ”repartan los alimentos“, alimentos que no se vencían. Una de cal y una de arena”. 

“Por qué tengo que salir a repartir por el criterio de un juez y no por una política pública. ¿Qué hace el juez? ¿Hace política con los alimentos? No entiendo. Esto es lo que no podemos aceptar”, puntualizó Bullrich luego de que Casanello ordenara al Ministerio de Capital Humano a entregar un plan de reparto de los alimentos, respaldado por la Cámara Federal tras la apelación de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Además, en un mensaje al Poder Judicial la ministra, que admitió estar “furiosa”, denunció que “durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos señores distorsionadores”, en referencia a los dirigentes sociales, y cuestionó que a tan solo seis meses de gestión libertaria, la Justicia ordenó repartir los alimentos. “Ningún fiscal lo detuvo para que cuenten la ruta de apriete a los pobres”, expuso. 

“Ahora que están todos procesados e indagados apareció la Catedral con una mesa de comida, el juez pidiendo que reparta la comida… quiere decir que aparecieron todos a proteger a los gerentes de la pobreza”, criticó e ironizó: “El hambre apareció el 10 de diciembre. Estoy furiosa porque no hay que hacer seguidismo de eso, hay que mirar las cosas con un poquitito más de distancia”

La advertencia a la protesta contra la Ley Bases

A raíz de la convocatoria impulsada por la oposición en contra de la Ley Bases que se tratará el próximo miércoles en el Congreso de la Nación, Bullrich advirtió: “Que no se les ocurra tirar una piedra, levantar una baldosa, porque no, hay límites”. 

“Vale solamente la palabra, no vale la piedra, no vale el palo, no vale intentar tomar el Congreso”, sostuvo ante el llamado del titular de Camioneros, Pablo Moyano, y afirmó: “Tenemos fuerzas preparadas y listas para actuar si intentan el uso de la violencia. No hay tu tía, ni lo pienso”.

El respaldo a Milei

En otro pasaje de la entrevista, destacó que el Gobierno de Javier Milei “va hacia una salida exitosa”, y que el modelo adoptado “ya se probó en distintos modelos históricos de la Argentina y fue el único que dio riqueza y resultados”.

Por su parte, Bullrich adelantó: “Vamos hacia un país sin déficit, con superávit y sin inflación”, y apuntó contra sectores de la oposición ya que “como este es el camino, intentan lo que ellos llamarían la desestabilización. Pero nosotros vamos a seguir remando con los remos que tenemos, que es el apoyo popular”.

“A algunos no les gustará este camino de cambio porque les toca los bolsillos”, concluyó.

DM con información de agencia NA

Finalmente, el ministerio de Capital Humano presentó esta noche en la Justicia el plan para distribuir los alimentos que están almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tafí Viejo. Pero no detalla cómo lo hará. 

Así se desprende de la presentación que hizo la abogada del ministerio ante el juez Sebastián Casanello, cuyo destino será para “escuelas vulnerables”. 

La resolución ministerial establece que “los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país”. En este caso se trata de los alimentos reclamados ante la Justicia con fecha de vencimiento a largo plazo que había presentado Juan Grabois.

En la resolución se establece que la distribución comenzó el 3 de junio con aquellos que estaban más próximos a vencer, como fue el caso de la leche en polvo.

En los archivos adjuntos Capital Humano vuelve a priorizar a Conin como distribuidora de los alimentos.  

“Que vengo en este acto a acompañar el plan de distribución de alimentos que surge del documento adjunto. Cumplimos así la orden impartida desde el poder judicial, que este Ministerio acata en virtud de la distribución de competencias del sistema republicano de gobierno”, dice la presentación que lleva la firma de Leila Gianni, subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano.

La funcionaria se queja de la orden judicial. “Recordamos que los alimentos en cuestión habían sido asignados para ser utilizados en situaciones de catástrofes o emergencias, y que, a partir de lo decidido en sede judicial, lamentablemente ese destino no podrá ser contemplado”.  

En otra de las presentaciones se detalla que se cumplirá con lo pedido por el juez, aunque aún sin precisiones. “En cuanto a lo requerido sobre ”…su ejecución de modo inmediato…“ se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos. A mayor abundamiento se hace saber que el criterio sobre la determinación de las entidades destinatarias, está sujeta a la existencia de alguna contingencia crítica, climática y social”. 

Esto último es lo que presentó la nueva secretaria de Niñez, Yanina Nano Lembo, quien reemplazó en medio del escándalo a Pablo De la Torre.

El Gobierno presentó el stock de Villa Martelli. Allí se detallan aceite de girasol, de soja, arroz con carne, harina de maíz, leche en polvo, lentejas, locro, pasta de maní, puré de tomates y yerba. En el caso de Tucumán hay aceite, garbanzos, leche en polvo, lentejas, pasta de maní, puré de tomates y yerba. 

En otro adjunto se detalla cómo se distribuirá y la fecha de vencimiento. Allí aparece nuevamente Conin como la distribuidora. Las fechas de entrega van desde el 3 de junio, cuando comenzó el reparto de la leche por vencer, hasta el 24 de junio. Pero sólo se detalla que se repartirá la leche en polvo y poco más de 4000 kilos de harina de maíz. 

Falta aún el detalle concreto de cómo se repartirá el resto de los alimentos.   

MV/MG

Durante sus cuatro años de mandato, Mauricio Macri tuvo a su disposición una maquinaria judicial que parecía arrolladora. Espectaculares detenciones de desprestigiados exfuncionarios ataviados con casco y chaleco antibalas, excavadoras en la Patagonia, fiscales repartidores de sortijas para arrepentidos, fuero alegal de Claudio Bonadio, Doctrina Irurzun, cámaras ocultas, amenazas extorsivas desde el prime time televisivo, fotos en pijama de algún arrestado, espías ilegales, camaristas jugadores de paddle en Olivos y de fútbol en Los Abrojos, y una Corte Suprema dispuesta a avalar toda esa podredumbre.

A la hora de la verdad, cuando el festival de deuda externa dio paso a la recesión y la escalada inflacionaria, la candidatura de Macri a la reelección retornó al punto de partida. Cambiemos sumó 30% en las primarias de 2015 (Macri-Sanz-Carrió) y Juntos por el Cambio cosechó 31.8% en las de 2019.

La aventura judicial y de Inteligencia del macrismo demostró haber sido muy distorsiva para juzgar los serios indicios de corrupción surgidos durante los Gobiernos de los Kirchner y bastante más eficiente para proteger a los propios. El balance institucional del Ejecutivo que se proclamaba defensor de la República fue penoso y el resultado electoral, si se comparan los resultados de 2015 y 2019, más bien neutro.

A la hora de la verdad, cuando el festival de deuda externa dio paso a la recesión y la escalada inflacionaria, la candidatura de Macri a la reelección retornó al punto de partida

Vía el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y su par de Interior, Guillermo Francos, el Gobierno ultraderechista pareció optar por una senda más propensa al statu quo y el acuerdismo antes que el “vale todo” para eliminar al adversario y garantizar impunidad al oficialismo.

Hay otra vertiente en el Gobierno de Milei: la fuerza “moral” de Karina, Sandra Pettovello y, según versiones encontradas, probablemente Santiago Caputo. Patricia Bullrich, al fin, demuestra coherencia. La jefa de Seguridad no se despegó del abordaje de la era Macri y se muestra ávida por dar la pelea en tribunales mediante ese entretejido de jueces, medios y espías, que sigue vigente. Al enemigo, ni justicia, y al propio, lapicera para redactar la ley Bases con sus abogados corporativos.

El hipopótamo blanco

Pettovello tiene un “equipo de investigación”. El “hipopótamo blanco”, como llama un severo crítico interno de su gestión en el megaministerio de Capital Humano, “porque no es siquiera un elefante, está abajo del radar, nadie lo ve”, se muestra incapaz de mover políticas sociales elementales o prever conflictos con universidades y sindicatos. Lo que no es imprevisión, es motosierra de Luis Caputo. Queda el circo.

La dinámica se repite. Pettovello inicia una “investigación”. Surgen datos ciertos o falsos pero siempre grotescamente hilvanados, algún caso con color mediático y una proyección de cifras de defraudación con varios ceros. Periodistas que conocen la intimidad de los Milei en Olivos esbozan algún punteo ante cámaras, con la mirada en el celular (“me dicen”), del que se entiende poco y nada, y luego se publica un dossier más consolidado en La Nación, Clarín e Infobae, al unísono.

Lo que no es imprevisión, es motosierra de Luis Caputo. Queda el circo

Ocurrió con los tratamientos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, con el programa de Integración Socio Urbana y, en días recientes, la ofensiva recargada contra los planes sociales y los comedores populares. Pettovello inauguró su propia doctrina procesal. Es incapaz de auditar la distribución de partidas, función que le cabe a todo funcionario, y al mismo tiempo asistir con tratamientos, condiciones de hábitat y comida a quienes los necesitan.

La tesis que el Gobierno trata de consolidar es que existe un sistema de desfalco al Estado perpetrado por organizaciones clientelares que orbitan en el peronismo y la izquierda. Con la pantalla de la asistencia, esas entidades se aprovecharían de los más pobres, el peor de los pecados.

Javier Milei lo explicitó el viernes en Madrid: “El peronismo vivió ufanándose de que era el movimiento que protegía a los pobres y sucede que, en realidad, creaban pobres para convertirlos en esclavos”.

Maniobras de Comodoro Py

Esta fase de la causa principal, que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello, queda delimitada en datos informados por Emilia Delfino en este diario. De 13.310 llamadas a la línea 134 habilitada por Bullrich en diciembre para denunciar extorsiones en la entrega de planes sociales, el ministerio de Bullrich atendió 2.720. De ellas, esa cartera otorgó verosimilitud a 924. El fiscal federal Gerardo Pollicita investigó 45 llamadas que atañían a su jurisdicción, Capital Federal, pero sólo siete personas fueron contactadas, de las que cinco aceptaron declarar. Los comedores involucrados en supuestas extorsiones (pases de lista para acudir a marchas, entrega de algún monto, “colaboraciones” ad honorem) corresponden al Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

Pollicita pretendió que el juez ordenara 27 allanamientos con potestad de indagar y encarcelar a 28 de sus responsables, lo que habría causado sensación en los medios con terminales en el Gobierno

En paralelo, la cartera de Pettovello dijo haber auditado 2.646 comedores populares, de los que 1.247 no fueron validados como tales. Si se toman los datos como ciertos, entra a jugar lo que informó este medio hace meses. A las pocas semanas de la asunción de Milei, dado el abrupto corte de la entrega de mercadería, muchos comedores cerraron sus puertas o cambiaron a la modalidad de entrega de bolsones, o abren uno o dos días por semana.

Pollicita pretendió que el juez ordenara 27 allanamientos con potestad de indagar y encarcelar a 28 de sus responsables, lo que habría causado sensación en los medios con terminales en el Gobierno. El fiscal argumentó que dirigentes de esas organizaciones demandaban a sus empadronados en el plan Potenciar Trabajo pagar por alimentos enviados por el Gobierno, entregar una “cápita”, asistir a protestas y a laborar gratis en la venta de comida.

Casanello entendió que no había elementos para indagar a imputados por un delito concreto ni mucho menos para privarlos de la libertad, por lo que seguir investigando fortalecería el expediente. Finalmente, una sala de la Cámara Federal ordenó los allanamientos, aunque sin disparar indagatorias ni detenciones.

Una fuente tribunalicia evalúa que no está claro siquiera que se haya configurado un delito. Por lo pronto, el Polo Obrero, la organización más señalada, dirigida por Eduardo Belliboni, hace tiempo hizo público en entrevistas y en los propios órganos del Partido Obrero que cobra una “cápita” a sus empadronados en el Potenciar Trabajo, con el argumento de que la identificación y organización de ese programa requiere presencia territorial y capacidad burocrática. Si ese acuerdo público es mutuo entre el Polo Obrero y los beneficiarios, no habría extorsión. Y si las cinco llamadas al ministerio de Bullrich fueran corroboradas, la escala hacia un plan sistemático de malversación de fondos en detrimento de los más pobres está en veremos. El ciudadano que haya visto la multitud de fotos inculpatorias de Belliboni y sus colegas en los portales de mayor difusión y en las pantallas de los canales de noticias probablemente llegue a una conclusión, al menos, apresurada.

Otro dato que surge de la causa es que el Potenciar Trabajo, un programa que promueve una senda de ingreso al empleo entre los sectores más vulnerables —el estipendio de abril fue de $78.000—, no involucra la entrega de comida, por lo que la conexión entre acceder al beneficio a cambio de acudir a marchas también requeriría pruebas más sólidas.

Alcance incierto

En el juzgado de Casanello —uno de los pocos jueces de Comodoro Py que no formó parte de la trama urdida durante el macrismo— tramitaron dos de las causas por delitos de corrupción cometidos durante los gobiernos de los Kirchner que avanzaron a paso más firme: la que terminó en una condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez, bautizada por los zócalos de la tele como “ruta del dinero K” (en la que no resultó condenado ni procesado ningún apellido con K), y la de fraude y supuestos sobornos de las empresas Odebrecht y Roggio a funcionarios de Planificación en la construcción de plantas de de Aguas y Saneamientos (AySA).

Los planes sociales a gran escala llevan dos décadas en Argentina. La principal asistencia, Asignación Universal por Hijo (AUH), no tiene intermediarios y probablemente explique la contención de desbordes en contextos críticos como el actual, a la vez que las organizaciones sociales brindan un puente imprescindible hacia barrios resequebrajados por años de crisis estructural. Pero a la vez, hay trazos de clientelismo, perceptibles en manifestaciones en las que no todos quienes acuden parecen consustanciados con la causa.

La mera percepción de un periodista no es prueba; tampoco la pobre defensa de algunos de los dirigentes del Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa, que dicen estar a la cabeza de la detección de fraudes, pero se vuelven elusivos a la hora de hacer públicos nombres y casos concretos. Dadas las prácticas evidentes en Argentina, nadie debería descartar alguna trama corrupta que se aproveche de los más débiles.

El ministerio de Bullrich fue rechazado como querellante en la causa. Se habría dado la situación absurda de que la cartera que comanda a las fuerzas policiales federales que allanan comedores se convirtiera en parte del expediente. Capital Humano, de Pettovello, ya pidió aterrizar como querellante y promete agitar una “estrategia hiperofensiva”.

Aviso: habrá más partes oficiales tranformados en notas periodísticas.

Aplausos en Madrid 

Tampoco corresponde sacar conclusiones apresuradas sobre presunto clientelismo de otro orden.

No hay pruebas para pensar que la sintonía del periodista Luis Majul con el Gobierno de Macri obedeció al video de cuatro minutos sobre “la historia del periodismo”, por el que el Ejecutivo de entonces pagó $ 964.000 (unos US$ 64.300 de entonces), en 2016, ni a los múltiples contratos por millones de pesos otorgados por el Gobierno de la Ciudad a la productora del periodista, La Cornisa.

El viernes, en el primer show del fin de semana ultraderechista que se regala Milei en Madrid —una publientrevista en el diario La Razón, de editorial Planeta, la misma casa que publicó una falsa biografía de solapa en el libro que fue a presentar el mandatario—, la más entusiasta a la hora del aplauso ante propuestas tan sensatas como cerrar el Banco Central fue Bettina Guardia, esposa de Alejandro Bulgheroni, accionista de una de las principales empresas argentinas de gas y petróleo, Pan American Energy.

La divulgada amistad de Guardia con Karina Milei la lleva a sentarse a su lado en los encuentros del Presidente con empresarios y le valió la designación como embajadora de Marca País. En esta ocasión, la especie indica que la esposa de Bulgheroni se encontraba ocasionalmente en Madrid y obtuvo una silla por su cuenta, sin formar parte de la comitiva oficial.

El viernes, en el primer show del fin de semana ultraderechista que se regala Milei en Madrid, la más entusiasta a la hora del aplauso ante propuestas tan sensatas como cerrar el Banco Central fue Bettina Guardia, esposa de Alejandro Bulgheroni

La relación entre la empresaria y la menor de los hermanos Milei surgió, al parecer, años atrás, en los pasillos del canal América 24, cuando la primera conducía el programa “Puentes de Esperanza” y la segunda asistía a Javier en las tareas de Corporación América.

Junto a Gerardo Werthein —embajador argentino en Washington y dueño de varias empresas—, Facundo Garretón —exdiputado del PRO y productor de cannabis—, Gabriel Hochbaum —socio de Vila y Manzano en el Grupo América— y Jean Jacques Bragard —vinculado al sector del Partido Nacional de Luis Lacalle Pou—, Guardia es accionista del diario y portal uruguayo El Observador, vinculado con la radio FM homónima argentina y una de las más aguerridas del oficialismo, dirigida por Majul. El sábado, Milei concedió una entrevista a El Observador España, un medio que acaba de nacer.

A un Gobierno que terceriza la redacción de leyes en estudios jurídicos corporativos y que deja que circulen por Olivos abogados de las firmas Marval, O'Farrel y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados, no se le puede pedir demasiado en cuestiones de decoro, aunque en momentos en que se debate el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), vehículo de exenciones impositivas por miles de millones de dólares, mayor distancia de las empresas directamente beneficiadas sería acorde a las reglas de Suiza, el país al que, según Milei, se parecerá Argentina en 2059.

SL/MG

Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.

Además, esta semana trascendió otro eje de conflicto con los planes asistenciales: el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil realizó una auditoría a pedido de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que determinó que de un total de 2.646 comedores 1.247 no pudieron ser validados. 

Estas son las cinco claves de la causa judicial que se centra en presuntas extorsiones a los beneficiarios de planes sociales, es decir el primero de los dos asuntos.

¿Cómo surge el caso?

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación el 20 de diciembre de 2023, en medio de las movilizaciones por el aniversario del estallido de 2021, que también se convocaron contra el gobierno de Milei. El ejecutivo habilitó entonces una línea telefónica de denuncias, la 134, invitando a beneficiarios de planes sociales a denunciar a las organizaciones sociales en casos de extorsiones o exigencias de movilizarse a cambio de recibir el plan social.

El ministerio de Bullrich informó a la Justicia que la línea 134 recibió 13.310, de las cuales pudieron ser atendidas 2.720. Tras corroborar la verosimilitud, se derivaron 924 casos. La denuncia recayó en la fiscalía de Pollicita, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. 

De las 924 denuncias, el fiscal tomó 45 correspondientes a su jurisdicción: Capital Federal. Del análisis de los 45 casos denunciados pudo localizar sólo a 7 denunciantes y apenas 5 aceptaron declarar. Esos cinco casos son el centro de este expediente. Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.

¿Quiénes están acusados?

Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles. 

¿De qué se los acusa?

Están acusados principalmente de administración fraudulenta. La fiscalía sostuvo en un dictamen que tendría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fue desviada del destino presupuestario que le correspondía.

Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales. 

Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que actualmente representa $78.000 por mes—, debía seguir asistiendo a las “marchas” y “movilizaciones” que indicaban los referentes del comedor. En caso de ausentarse, se les daba de baja el plan.

Si se asistía a determinada cantidad de “marchas”, se podía ascender al segundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior —entre $150.000 y $200.000 por mes, según cada caso—. A estos se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”. En un segundo nivel por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban más dinero —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades.

Para recibir las cajas de alimentos del Gobierno nacional, los beneficiarios debían entregar “cápitas”, “cuotas” y “alquiler de comedor”. También denunciaron haber sido obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia. Además, se les exigía también asistir a las movilizaciones e incluso repartir volantes de candidatos a comicios electorales. 

El sistema, según los denunciantes y otras pruebas, incluía sanciones y medidas de control: toma de asistencia a las movilizaciones, la confección de “listas de castigados” que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tarea, la imposición de multas por faltar a una “marcha” —de hasta $10.000 por cada ausencia—, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos —turnos médicos, trámites, etcétera—, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados.

¿Cuáles son las pruebas?

Además de los cinco testimonios, los denunciantes aportaron capturas de WhatsApp y el juzgado ordenó intervenciones telefónicas a pedido de la fiscalía. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones en los chats telefónicos, los imputados publicaban la lista de personas que no recibirían mercadería por no haber ido a las movilizaciones o aquellas que serían degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por la misma razón, mientras que otros “ingresan a comedor” por haber cumplido con la asistencia a las movilizaciones.

Durante los allanamientos de los últimos días, la Justicia secuestró documentación y teléfonos celulares de los imputados, que deben ser peritados por la Policía Federal Argentina (PFA). Los resultados de esas pericias serán clave para que el juez decida si cita a indagatoria a los acusados. Las defensas pedirían la nulidad de todo lo actuado.

¿Cuál es la situación actual?

De acuerdo con el expediente, el Gobierno nacional ha sustituido el “Plan Potenciar Trabajo” por nuevos programas sociales, como “Programa Volver al Trabajo” y “Programa de Acompañamiento Social”. También ordenó el cese de las actividades de las Unidades de Gestión y Unidades de Certificación del Potenciar Trabajo, impidiendo así que las organizaciones sociales canalicen la prestación social. 

ED/JJD

Un proyecto de ley logró lo que parecía imposible: el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, desde Unión por la Patria (UP) hasta La Libertad Avanza (LLA). El proyecto de ley Bien Restituido es una iniciativa de un grupo de ONGs que busca la reutilización social y económica de bienes decomisados al crimen organizado y el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada en favor de la sociedad civil. Lo que plantean es un cambio total del sistema actual porque parte de un nuevo concepto: que las ganancias ilícitas se transformen en lícitas y se vuelvan a favor del desarrollo de la comunidad afectada por esos crímenes. Así, el producto de actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas hasta delitos ambientales y la corrupción serían aprovechados por la sociedad lesionada por los criminales.

“Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema”, afirma el juez federal Sebastián Casanello, uno de los impulsores y asesor jurídico de la iniciativa, en diálogo con elDiarioAR.

El proyecto de ley fue motorizado por la organización Libera, pionera en la restitución de bienes de las mafias en Italia, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina. Tiene, además, el apoyo de unas 50 organizaciones de la sociedad civil, desde Cáritas Argentinas, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). También de las tres centrales obreras, la organización Scholas Occurrentes, la Unión de la Economía Popular (UTEP) y cuatro asociaciones de jueces y fiscales.

En 2022, durante la presentación del proyecto, el Papa Francisco envió su apoyo a través de una carta, en la que sostuvo que el proyecto era para el Estado argentino “una oportunidad de volver a mirar a la gente creando oportunidades allí donde no existían (porque el crimen organizado suele ocupar los espacios donde las instituciones están ausentes o funcionan mal)”. 

Luego de tres años de trabajo y un concurso ganado ante la Unión Europea (UE), el proyecto de ley fue presentado el 2 de mayo último en Diputados, con una mesa que incluyó a los diputados Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D´Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).

–¿Cómo nació este proyecto de ley? 

–La idea original es de Emiliano Cottini y Lucas Manjón (Libera), dos grandes referentes de la sociedad civil. Ellos se enteran de la convocatoria de la Unión Europea (UE) dirigida a proyectos de la sociedad civil. Nosotros estábamos trabajando, estudiando el modelo italiano, y ellos vieron ahí la oportunidad de presentarse al concurso de la UE y formular un proyecto que viniera de la sociedad civil y que intentara generar una política pública de restitución de bienes recuperados. Me lo cuentan, a mí me parece muy interesante y di mi visión siempre como un operador judicial y desde mi punto de vista de la técnica jurídica. Lo interesante es que la idea venía de la sociedad civil en busca de una política pública porque vos podés tener proyectos en la sociedad civil que repercuten de manera indirecta en el Estado, pero este era un proyecto que salía de la sociedad civil y buscaba que se consolide una política pública de uso social

–¿Por qué estudiaban el modelo italiano de recuperación de bienes?

–Porque es el más importante a nivel mundial. Es reconocido por el GAFI, de donde surgen todas las políticas para perseguir el lavado de activos. Una de esas políticas es recuperar los bienes, pero si vos pensás en recuperar los bienes del crimen organizado tenés que pensar en cómo los vas a administrar. Cuando se discute entre los países cómo administrar eficientemente sobresale Italia como país líder con un sistema virtuoso de administración de bienes recuperados. El mundo entero lo está viendo. Nosotros lo conocíamos desde hacía varios años por la vinculación que teníamos con Libera. En vez de ser algo que viene desde arriba y busca ser impuesto, obedece un poco a una demanda ciudadana. Y eso es lo robustece.

–Durante la presentación del proyecto, dijo en el Congreso que el sistema actual es obsoleto. ¿Cómo funciona?

–Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes. Hay provincias que tienen regímenes de administración de activos recuperados. Pero lo que hay es una ley vieja, de 1974, con modificaciones y parches posteriores, que tiene como objeto principal la subasta. La regla es la subasta porque el objeto secuestrado está concebido como un problema que hay que intentar solucionar lo antes posible. Y la mejor manera es subastar, ponerlo a la venta y convertirlo en dinero. Si bien tuvo buenas modificaciones a lo largo de las décadas, es una ley en la que no se advierten las oportunidades que puedan tener los bienes recuperados. Una década después, Italia da el primer paso señalando que la manera de desmantelar las organizaciones criminales que tienen esta dimensión económica era ir detrás de los activos de esas organizaciones, de la ganancia ilícita. Y luego da el segundo paso: una vez que se recuperan todos esos activos, que los puedan administrar desde la sociedad civil organizada. La ganancia ilícita no sólo incluye los objetos o efectos vinculados al delito, sino sus productos. En 2018, de manera muy concreta, la Corte Suprema ilumina el potencial que tienen los bienes recuperados en la reconstrucción del tejido social y en su importancia en el impacto en la ciudadanía. Hubo también iniciativas en el Poder Ejecutivo en la última década. 

–¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué propone de diferente este proyecto?

–Creo que primero hay que construir un sistema racional de administración de activos y tener una ley moderna actualizada que dé respuestas integrales a qué hacer con todos los activos que se están recuperando de la criminalidad. De ese modo se van a evitar los márgenes de discrecionalidad que ha habido y la porosidad que hay hoy. Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema. La racionalidad es una palabra sumamente importante en el Estado de Derecho, en un Estado moderno, porque supone que uno lo que busca es seguridad jurídica, estabilidad, reglas de juego claras: qué es lo que debe hacerse con los bienes recuperados; quiénes los tienen que administrar; cuáles van a ser las obligaciones y responsabilidades de estas personas que lo van a manejar.

–¿Por qué se necesita una ley?

–Si no están claros los principios, el operador judicial (jueces, fiscales) no va a aplicar verdaderamente bien la herramienta. Un sistema racional de administración de activos permite inventariar, documentar, establecer de antemano lo que hay que hacer con cada uno de los bienes que se recuperan. También tiene que tener una orientación ideológica: establecer por qué esto es importante. Esto es importante porque eventualmente va a permitir no sólo desbaratar las bandas criminales, sino reparar a la sociedad en su conjunto. El mundo, no sólo la Argentina, está considerando que la visión centrada en la reparación de las víctimas de los grandes delitos es sumamente importante. Eso nos obliga a pensar la criminalidad organizada como una criminalidad que genera muchas víctimas. No confundir con que no tienen víctimas porque muchas veces no hay nombres y apellidos. Son delitos con víctimas y son muchas las víctimas. La extensión de la jurisdicción (de la Justicia) no se agota en establecer penas, sino que va a buscar solucionar el conflicto porque hay víctimas. Si busca solucionar el conflicto, va a tener en cuenta la reparación. 

–Cuando habla de criminalidad organizada, ¿hasta dónde abarca este concepto?

–Italia lo circunscribió a las mafias. La criminalidad organizada en lo que define la Convención de Palermo, justamente, el instrumento de donde se derivan las líneas directrices sobre cómo encarar el fenómeno de la criminalidad. El crimen organizado supone una dimensión económica y es increíblemente sofisticado, funciona como una empresa, con racionalidad. Por eso es sumamente importante que la respuesta estatal sea racional. La racionalidad significa que va a funcionar como una empresa. Lo que busca es maximizar ganancias, y para eso va a tener un planeamiento y una proyección de lo que es su negocio, los va a cumplir a rajatabla y va a incorporar lo último, como las empresas modernas. El narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, los crímenes ambientales, variables que generan un enorme daño social.

–¿Se podría aplicar a delitos ambientales?

–Sin duda, por ejemplo en casos de empresas que en sus cálculos económicos eligen contaminar porque su objetivo es la obtención de ganancias. Una manera de pensarlos es desde la criminalidad organizada. Uno puede pensar en un campo donde había un bosque nativo que fue talado como explotación, violando las leyes que lo prohíben y que buscan conservar la biodiversidad, y puede ser incautado y convertido en una reserva de biodiversidad administrada por la comunidad junto con el Estado. Bueno, ese es un ejemplo de uso social de un bien recuperado de un delito ambiental.

–Dijo en su discurso en el Congreso que el uso social no es asistencialismo. ¿En qué se diferencia?

–Que el uso social no es asistencialismo significa que los bienes recuperados no se regalan. Cuando hablamos de que la administración de bienes recuperados lo hace la ciudadanía de la mano del Estado, el privado está continuando esta tarea que tiene el Estado de solución del conflicto. Es como la última pata de la solución del conflicto. No es una indemnización.

–¿No sustituye la indemnización, van por lados diferentes? 

–No es una indemnización, es darle la confianza sobre ese bien recuperado a la sociedad civil organizada. Siempre de la mano del Estado porque va a tener que hacerlo, de hecho, siempre con presencia estatal, ya sea del control estatal o de asistencia estatal. Quien administre está cumpliendo una función pública, va a tener que rendir cuentas. No es asistencialismo, es empoderamiento. Uno está llamando a la comunidad para que participe de la solución de conflictos del Estado. Por eso es que el proyecto escucha las iniciativas de la ciudadanía. La ciudadanía organizada no puede ser cualquiera.  

Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes.

–Cuando uno ve el modelo italiano, ve incluso fábricas recuperadas de la mafia administradas por organizaciones como Libera. ¿Cree que eso es posible en Argentina?

–Aún en Italia la recuperación de unidades productivas es la parte más difícil. Uno tiene cosas mucho más a la mano, más fáciles de realizar, y otras cosas más difíciles. Lo más ambicioso son las unidades productivas y es algo que ya en este momento hay que prestarle mucha atención porque la criminalidad organizada genera grandes ganancias que se transforman en inversiones que, a veces, se transforman en unidades productivas. Y también porque cada vez más se está hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas). La corrupción lo tiene incorporado hace años en términos de temas de lavado de activos y todo ese tipo de criminalidad asociada a la persona jurídica, al crimen que comete la persona jurídica. Entonces hay que pensar: ¿conviene liquidar la empresa y convertirla en dinero bancario? ¿O reconvertirla? Darle un uso social y legal, transformarla en un símbolo de la superación del delito por el Estado de Derecho, un símbolo de la civilidad que se impone frente a la intimidación. Esto es lo que sucede con una empresa que fue inversión de ganancia ilícita o es manejada de manera ilícita por capitales ilícitos y se transforma y se convierte en algo distinto, en algo virtuoso. Entonces esto también está previsto en el proyecto de ley y se prevé en la medida de lo posible, su continuidad resignificada, porque detrás hay puestos de trabajo, etcétera.

–Es un cambio importante…

–Es un cambio total de paradigma. A nosotros nos sorprendió que el proyecto llegara hasta estas instancias. La Unión Europea tiene un régimen muy estricto de selección de proyectos. Eso a nosotros nos obligó no sólo a hablar de racionalidad, sino a ser muy racionales en todas las etapas durante estos últimos tres años que lleva realizando el proyecto. Cuando fuimos a buscar el mapa completo, nos dimos cuenta de que en la Argentina, de manera desordenada, había muchas iniciativas de tribunales, fiscales y jueces que preveían que determinados bienes podían ser aprovechados por la comunidad a través del uso social. La sensibilidad ya estaba. Nosotros estamos visibilizando que eso tiene que convertirse en un sistema racional. Una política de Estado. El cambio de paradigma ya se estaba produciendo. Además la ley prevé que esté todo publicado en la web. En Italia también hay un proceso detrás de cómo transparentar utilizando las nuevas tecnologías. 

–El consenso de distintos sectores sociales, políticos y religiosos fue central en el camino de este proyecto de ley. ¿Cómo se logró ese consenso?

–Desde el comienzo tuvimos en claro que esto tenía que ser una construcción colectiva y verdaderamente plural o no se hacía. Lo primero que hicimos, por ejemplo, hace dos años fue la primera etapa de concientización. Hablamos con los operadores judiciales. Eso también es muy inusitado y creo que es muy valioso que en esta iniciativa no se buscó imponer desde arriba del Estado ni sorprender a la ciudadanía y a los operadores del sistema. A través del diálogo con la sociedad civil organizada se formaron alianzas, al igual que en el Congreso. Son parte de este camino. 

ED/DTC

La diputada porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad) solicitó este miércoles que se reconozca la competencia del juez Sebastián Casanello en el hábeas corpus contra el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El recurso fue presentado ante la Cámara de Casación Federal para revertir el fallo que le quitó al magistrado el expediente, de acuerdo con el escrito al que accedió elDiarioAR.

Al menos cinco juzgados y tres tribunales han intervenido ya en el expediente y sólo el juzgado de Casanello había aceptado intervenir en el caso, en el que se solicitó declarar la inconstitucionalidad del protocolo del Ministerio.

La presentación ante el tribunal de revisión busca revertir el fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, en el que los jueces decidieron apartar al magistrado de primera instancia, a pesar de que este se había declarado competente. 

El habeas corpus preventivo llegó a los tribunales el 18 de diciembre. Fue el primer planteo de inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquetes”. La resolución del Ministerio de Seguridad prevé la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial” cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.

La iniciativa prohíbe que sean cortadas calles y rutas. El protocolo establece que los efectivos de las fuerzas de seguridad “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” y que tendrán “especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”. La fuerza que utilicen los agentes “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”, aclara la normativa.

Lo cierto es que la última aplicación del supuesto protocolo de orden público distó mucho de la letra escrita. Las fuerzas de seguridad que actuaron durante las manifestaciones por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso actuaron de manera desproporcionada y abusiva, según surge de las imágenes tomadas por camarógrafos y fotoreporteros, además de grabaciones de manifestantes y transeúntes. 

La aplicación del protocolo provocó castigos físicos y lesiones a los manifestantes, puso sus vidas e integridad física en riesgo y terminó con detenciones arbitrarias. Más de 20 periodistas y reporteros gráficos terminaron heridos con balas de goma disparadas de forma directa a sus rostros y cuerpos.

El 5 de diciembre último, Casanello dictó las primeras medidas y solicitó al Ministerio de Seguridad que expliqué los fundamentos jurídicos del protocolo. 

Al día siguiente, el ministerio de Seguridad respondió la solicitud y en base a su respuesta el magistrado dictó una medida cautelar limitando el protocolo, solicitando a la ministra Bullrich que arbitre los medios necesarios para instruir a las fuerzas de seguridad a ajustar su accionar a la Constitución Nacional. 

El juez fijó una audiencia entre las partes para el 14 de febrero. Ese día, Fierro, la fiscal Paloma Ochoa y el juez Casanello se reunieron en audiencia con Bullrich. El acto debía continuar a la semana siguiente pero la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones sostuvo que el caso debía ser tratado en el fuero contravencional penal nacional (no federal).

La Cámara Federal también declaró la nulidad de la medida cautelar que había dictado Casanello.

ED/JJD

La Cámara Federal porteña declaró este miércoles la incompetencia de ese fuero para tramitar la denuncia presentada contra la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes” y resolvió que la causa se tramite en la justicia en lo Criminal ordinaria.

La decisión del Tribunal de Apelaciones se tomó poco antes del inicio de una audiencia de habeas corpus convocada por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del caso hasta ahora, para escuchar los argumentos de las partes, en los tribunales federales del bario porteño Retiro, informaron fuentes judiciales.

La convocatoria estaba prevista para las 11 y, poco antes, el juez Eduardo Farah, de la sala II del Tribunal de Apelaciones, hizo lugar a una apelación del Ministerio de Seguridad de la Nación y apartó por “incompetencia” a Casanello.

Ante esta situación, ese trámite que había comenzado el miércoles pasado con un primer encuentro, quedó sin efecto, luego de que expusieron durante horas en la primera audiencia los legisladores de izquierda que presentaron la demanda y funcionarios del Ministerio, ante el magistrado y la fiscal del caso Paloma Ochoa.

Casanello rechazó un planteo de incompetencia hecho luego por el Ministerio, que apeló y obtuvo ahora fallo favorable en la Cámara.

A la primera audiencia había asistido la titular del Ministerio, Patricia Bullrich, quien defendió la aplicación del Protocolo, ante el juez, la fiscal del caso Paloma Ochoa y la legisladora Celeste Fierro (MST, FIT-U) quien presentó la demanda, además de sus respectivos asesores legales.

La semana pasada y de manera posterior a la audiencia, la Cámara Federal anuló una resolución de Casanello en la cual había exhortado al Ministerio a evitar colisionar con derechos constitucionales a la hora de aplicar el protocolo.

Ahora el juez Farah lo apartó del caso y resolvió que vuelva al juzgado en lo Criminal y Correccional 28 de la ciudad de Buenos Aires, donde había tramitado en un principio.

En caso de que este juzgado no acepte encargarse del caso, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió en la red social X a celebrar el fallo judicial: “Los que cortan, no cobran. Los que rompen, pagan. Los que violan la ley, van presos. Hoy la Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II nos acompañó. ¡El Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público sigue vigente!”, escribió la funcionaria.

El comunicado del ministerio de Seguridad

El “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” sigue plenamente vigente, así lo dispuso la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en un fallo dictado el día de hoy en el día de la fecha, en el marco de un incidente vinculado a los autos “María Celeste Fierro c/ ministerio de Seguridad”.

Así, el Dr. Eduardo Farah, integrante de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal decidió “REVOCAR el fallo apelado por este Ministerio y NO ACEPTAR la atribución de competencia realizada por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 28 de esta ciudad, Dr. Casanello.

En este sentido, la Cámara ha entendido que el Dr. Casanello no resulta competente para las facultades que se auto arrogó al resolver el habeas corpus planteado por la militante del MST, Sra. Fierro, determinando con su accionar una inoficiosa demora en el procedimiento natural del instituto, las que, al decir de la propia Cámara “tales desviaciones han llevado a una desnaturalización de aquél y a demoras injustificadas.”.

Basta recordar que el magistrado de primera instancia dio curso en el trámite al planteo de 36 organizaciones sociales como amicus curiae, sin requerirles a éstas siquiera los estatutos para comprobar su personería, circunstancia ajena a la naturaleza propia del instituto en cuestión.

Con información de agencias.

IG

Durante casi 50 días, el Poder Judicial se negó a intervenir en un hábeas corpus contra el “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Cuando finalmente un juzgado tomó cartas en el asunto, la Cámara Federal de Apelaciones porteña sentó las bases para continuar frenando la actuación judicial que busca poner límites al protocolo de orden público y a la represión desmedida y arbitraria de las fuerzas de seguridad. “El caso roza la denegación de Justicia”, dijo a elDiarioAR una fuente de los tribunales de Comodoro Py.

Al menos cinco juzgados y tres tribunales han intervenido ya en el expediente y sólo uno de los juzgados ha aceptado su competencia para analizar la presentación de la legisladora porteña Celeste Fierro (Movimiento Socialista de los Trabajadores, MST). El caso ya pasó por cuatro fueros distintos durante los últimos dos meses, de acuerdo al análisis realizado por este medio. Actualmente, interviene el juez federal Sebastián Casanello, quien aceptó la competencia pero cuya continuidad la Cámara Federal porteña puso en duda este jueves.

La presentación de Fierro fue realizada el 18 de diciembre. Fue el primer planteo de inconstitucionalidad del llamado “protocolo antipiquetes”. La resolución del Ministerio de Seguridad prevé la actuación de las fuerzas de seguridad “sin que necesariamente medie una orden judicial” cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.

La iniciativa prohíbe que sean cortadas calles y rutas. El protocolo establece que los efectivos de las fuerzas de seguridad “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” y que tendrán “especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos”. La fuerza que utilicen los agentes “será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales”, aclara la normativa.

Lo cierto es que la última aplicación del supuesto protocolo de orden público distó mucho de la letra escrita. Las fuerzas de seguridad que actuaron durante las manifestaciones por el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso actuaron de manera desproporcionada y abusiva, según surge de las imágenes tomadas por camarógrafos y fotoreporteros, además de grabaciones de manifestantes y transeúntes. 

La aplicación del protocolo provocó castigos físicos y lesiones a los manifestantes, puso sus vidas e integridad física en riesgo y terminó con detenciones arbitrarias. Más de 20 periodistas y reporteros gráficos terminaron heridos con balas de goma disparadas de forma directa a sus rostros y cuerpos. 

La medida “amenaza derechos políticos”, sostuvo Fierro en su presentación, quien solicitó a la Justicia que suspenda el protocolo. Este es el derrotero del hábeas corpus:

ED/DTC

La Cámara Federal porteña dio marcha atrás este jueves con la medida cauteral que había dictado el juez Sebastián Casanello. El magistrado había exhortado a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a respetar los fundamentos constitucionales y los estándares internacionales en derechos humanos en la aplicación del protocolo antipiquetes.

Por mayoría, compuesta por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, el tribunal declaró la “nulidad” de una resolución dictada la semana pasada por Casanello en el que le exigía adecuar al sistema de derecho el accionar del cuerpo policial y las fuerzas de seguridad federales frente a protestas sociales. El fallo de este miércoles, cuestiona que el magistrado haya tramitado el reclamo de inconstitucionalidad del protocolo, presentado por la legisladora porteña de Izquierda, Celeste Fierro, como acción de habeas corpus.

“Los definido (por Casanello) constituyó emitir desde sede judicial una serie de declaraciones de alcance general, con la única finalidad de realizar 'exhortaciones' a otro poder del Estado. Lo dispuesto contradice la noción de que 'no compete a los jueves hacer declaraciones generales o abstractas, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos”, explicaron Irurzun y Farah.

Según indicaron desde el tribunal, Casanello primero deberá resolver si es competente o no para intervenir en la causa. En caso afirmativo, deberá reordenar la tramitación bajo los parámetros que indicó la Cámara Federal.

En disidencia, el tercer juez de la Cámara, Roberto Boico, avaló lo resuelto por Casanello y consideró que la apelación presentada por el Ministerio de Seguridad contra su decisión fue “mal concebida”. “La razón es que no puede sustentarse plausiblemente la existencia de un gravamen, de esos que requieren los recursos, por la emisión de un acto judicial que sólo y exclusivamente exhorta a la parte a cumplir con la Constitución Nacional y la ley”, planteó.

Nota: este artículo fue modificado el 16 de febrero a las 7:46.

ACM con información de NA