Santiago Caputo baja de una camioneta negra en el playón de ingreso de la Casa Rosada y una persona con camisa oscura de mangas cortas le abre la puerta y le flanquea el paso. La escena del miércoles pasado confirmó un dato que ya elDiarioAR publicó en septiembre pasado: el influyente asesor presidencial continúa movilizándose con un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a modo de custodia personal, pese a que no ocupa un cargo público dentro del Gobierno ni posee responsabilidad formal en el organismo de inteligencia.

La normativa vigente no habilita a agentes de inteligencia a proteger a particulares que no sean funcionarios públicos ni jerárquicos del organismo. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia. Fuentes del organismo y legislativas confirmaron la identidad del custodio, aunque la ley de inteligencia resguarda su anonimato y funciones específicas.

En 2025 este medio registró al menos cuatro secuencias de Caputo con el mismo custodio: una después de las elecciones bonaerenses que el Gobierno frente al peronismo y otra en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata aquel domingo 7 de septiembre. Otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Milei con el espía de la SIDE fueron en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–.

La reforma de la SIDE, aún vigente

La custodia permanente de un espía acentúa la polémica sobre el modo en que el estratega de Javier Milei maneja desde las sombras la agencia de espías. Hoy la SIDE está conducida por Cristian Auguadra tras la salida de Sergio Neiffert en diciembre pasada y está atravesada por una polémica aún no saldada: tanto en la Justicia como en el Congreso está pendiente analizar una serie de denuncias contra una reforma integral de la SIDE que Milei impulsó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (el DNU 941/2025) en el último día del año 2025 y que habilitó a los espías a realizar tareas de policía.

El decreto en sí modifica y amplía las facultades del sistema de inteligencia nacional, entre ellas la posibilidad de que agentes de la SIDE participen en aprehensiones en el curso de actividades definidas por la normativa, algo que diversos opositores y juristas calificaron como una transformación sustancial del rol tradicional de los servicios de inteligencia.

Legisladores y abogados presentaron recursos judiciales –incluyendo hábeas corpus y amparos– para que se frene la aplicación del DNU, argumentando que habilita facultades que podrían afectar garantías constitucionales básicas. Esos amparos están pendientes de resolución en la Justicia. 

El fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda tiene a la firma aceptar una denuncia presentada por el CELS, luego de haber rechazado en enero habilitarle la feria judicial, supo elDiarioAR. Por otro lado, el juez federal de Paraná Daniel Alonso desestimó a fines de enero un habeas corpus de la UCR que pedía suspender el DNU.

Congreso sin bicameral y demora legislativa

Paralelamente, el Congreso no ha conformado la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista por la ley para analizar los decretos de necesidad y urgencia que reforman normas orgánicas como las de inteligencia. El DNU sobre la SIDE ya ingresó formalmente a ambas cámaras y, con el plazo de diez días hábiles vencido para su tratamiento en comisión, ahora puede ser discutido directamente en el recinto.

La falta de acuerdos internos en el oficialismo y una oposición fragmentada tienen demorado el debate parlamentario. Sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical exigieron mayores precisiones sobre mecanismos de actuación, protocolos y límites operativos antes de avalar la norma. Pero la bicameral está congelada: todavía no fueron designados los miembros de ninguna de las dos cámaras.

Este año la presidencia de la bicameral quedaría para Diputados y elDiarioAR supo de fuentes parlamentarias que la presidencia quedaría para el libertario Gabriel Bornoroni. 

MC

El conflicto abierto por el DNU 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, pasó a una nueva fase: ya no se discute solo el contenido del texto, sino quién y cómo pondrá límites a una norma que amplía de manera inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con presentaciones judiciales en marcha, advertencias de organismos de derechos humanos y una oposición que busca activar los resortes del Congreso, el decreto quedó atrapado en una carrera contra el calendario político y judicial.

En los tribunales, la discusión inmediata pasa por la feria de enero. Al menos cuatro presentaciones ingresaron al fuero Contencioso Administrativo Federal y fueron giradas a la fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar el receso y tratar medidas cautelares urgentes. En todos los casos se solicita la suspensión inmediata de la vigencia del DNU, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo utilizó un decreto para modificar aspectos sustantivos de la Ley de Inteligencia Nacional sin acreditar una situación real de necesidad y urgencia.

Entre los planteos más relevantes se encuentra el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un amparo colectivo al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado. En su escrito, la organización sostuvo que la norma amplía de forma “imprecisa y genérica” las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia y habilita una intervención directa sobre derechos fundamentales como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley. También advirtió que el decreto eleva el nivel de sospecha sobre toda la población y refuerza el carácter secreto del sistema sin controles democráticos efectivos.

A esas acciones se sumaron presentaciones de diputados de distintos espacios políticos, como el socialista Esteban Paulón o el lilito Maximiliano Ferraro, que sostienen que el decreto de Milei viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, avanza sobre materias vedadas y modifica de hecho el Código Procesal Penal al habilitar aprehensiones por parte de agentes de inteligencia. Para los firmantes, no existió ninguna situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario, más aún cuando el decreto fue firmado al día siguiente de finalizadas las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo.

Desmentidas y “urgencias”

Frente a ese escenario, la Casa Rosada decidió salir a defender la reforma en el plano discursivo. A través de un comunicado oficial, difundido a modo de desmentida de una nota publicada en el diario La Nación, la SIDE negó que el decreto habilite espionaje interno sobre militantes políticos, organizaciones sociales o periodistas. También rechazó que la norma borre los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior y afirmó que, lejos de militarizar la inteligencia, elimina superposiciones y tareas de investigación criminal que no le corresponden al organismo.

Otro de los puntos centrales de la defensa oficial es la justificación del carácter “urgente” del decreto. En Balcarce 50 sostienen que el contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto en Venezuela, obligó a acelerar una reforma que, argumentan, no podía esperar a las sesiones ordinarias de marzo. Con ese razonamiento, el Ejecutivo admite que los cambios “más profundos” se discutirán luego en el Congreso, pero defiende la necesidad de haber avanzado ahora con un primer reordenamiento por decreto.

Incluso dentro del propio oficialismo circulan posturas más duras, que van bastante más allá de la letra del decreto y de los protocolos internos que ahora el Gobierno promete redactar. Según pudo saber elDiarioAR, en la Casa Rosada hay quienes sostienen, sin demasiados pruritos, que cualquier funcionario público debería estar habilitado a aprehender a una persona si presencia la comisión de un delito. Bajo esa lógica, la polémica por las facultades policiales otorgadas a la SIDE aparece relativizada: no se trataría de una excepción propia del sistema de inteligencia, sino de una potestadque debería extenderse a todo agente del Estado en nombre del orden y la seguridad.

En cuanto a la conducción y los nombres que integran la cúpula del organismo, por ahora no se esperan movimientos inmediatos. “Sin cambios por ahora, pero a tiro de firma de Cristian si no responden”, sintetizan cerca de Santiago Caputo cuando se les consulta por eventuales desplazamientos o recambios internos. La referencia es al contador Cristian Auguadra, el flamante titular de la SIDE, anunciado en su cargo el pasado 3 de diciembre, que concentra la lapicera formal para avanzar con ajustes finos en un organismo todavía en plena reconfiguración. La señal es doble: no habrá purga inmediata, pero tampoco margen para desmarques en un esquema que busca alineamiento político y operativo sin fisuras.

Objetivo: blindar y dilatar

En el entorno presidencial hacen oídos sordos a una advertencia que circula incluso entre aliados: desde el punto de vista político, no faltan voces “amigables” que argumentan que hubiera sido más pragmático enviar un proyecto de ley y debatirlo artículo por artículo. Es que, si el DNU es rechazado, cae completo. No admite correcciones parciales ni negociaciones quirúrgicas. Aun así, la estrategia elegida por el laboratorio caputista fue avanzar por esa vía y apostar a blindarlo en al menos una de las dos cámaras.

En ese tablero, el Congreso aparece como el próximo campo de batalla. Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros bloques reclamaron formalmente a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la validez de los DNU.

Según admiten en el propio oficialismo, parte de la estrategia pasa por no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios. Sin ellas, los plazos corren a favor del Ejecutivo. Milei tiene diez días hábiles para girar el decreto al Congreso y, una vez cumplido ese paso, la comisión bicameral cuenta con otros diez días hábiles para dictaminar. Como hoy no está integrada, recién hacia fines de enero ambas cámaras quedarían habilitadas para discutir el DNU en el recinto.

La ley es clara: para que un decreto presidencial quede sin efecto deben rechazarlo ambas cámaras por mayoría simple, como ocurrió en 2024 con el que aumentaba en 100 mil millones el presupuesto de la SIDE. En el Gobierno confían en que ese escenario es improbable y recuerdan el antecedente del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero nunca llegó a tratarse en Diputados por falta de votos opositores. En ese marco, la Casa Rosada puede concentrarse en blindar una sola cámara para sostener la reforma.

Poroteo

En Balcarce 50 transmiten además una confianza explícita en que no habrá sobresaltos inmediatos. Admiten que la prioridad política de las próximas semanas estará puesta en la reforma laboral y descuentan que la oposición no logrará forzar una discusión de fondo sobre la inteligencia antes de ese debate. “No va a pasar nada”, repiten en el entorno presidencial, convencidos de que el tema espionaje es áspero y difícil de convertir en una ofensiva parlamentaria sostenida.

Los números, por ahora, acompañan esa lectura. La oposición no está tan lejos del quórum, pero todavía necesita sumar voluntades. A los 93 diputados del peronismo se agregan 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores sueltos, como Natalia De la Sota o Jorge “Gato” Fernández. Aun así, faltan al menos ocho apoyos más. En ese escenario, el rol de los gobernadores y el posicionamiento del radicalismo aparecen como claves. En la UCR, por ahora, guardan silencio.

El PRO, en tanto, expresó un respaldo condicionado a través de un comunicado: avaló la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia, destacó la integración de bases de datos como una deuda histórica, pero reclamó conocer los protocolos de uso, además de los alcances operativos de facultades sensibles como las aprehensiones. En la Casa Rosada leen ese apoyo como suficiente para resistir un intento de volteo.

Sin embargo, lejos de cerrarse, el conflicto recién empieza. Con el decreto ya vigente, protocolos todavía en borrador y la promesa de una futura ley que nadie vio, el Gobierno eligió avanzar primero y explicar después. En Balcarce 50 apuestan a que la polémica por el DNU de la SIDE se diluya entre la reforma laboral y el calendario parlamentario. Pero la pregunta incómoda ya quedó instalada: cuánto poder está dispuesta a concentrar el Estado en nombre de la urgencia y cuán frágiles pueden volverse los controles democráticos cuando el espionaje deja de ser un subsistema y pasa a ser un eje del poder.

PL/MF

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó la Ley de Inteligencia. La organización también solicitó una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de varios artículos del decreto y pidió la habilitación de la feria judicial.

Según el CELS, el decreto es inconstitucional por al menos tres motivos centrales. En primer lugar, el Poder Ejecutivo no brindó ninguna explicación concreta sobre la urgencia que justificara una reforma de esta magnitud a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, en lugar de someterla al debate parlamentario. En segundo término, el DNU avanza sobre materia penal, una facultad expresamente vedada al Ejecutivo por la Constitución Nacional, al habilitar a agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial ni control posterior. Por último, la organización advirtió que los contenidos del decreto son ilegales, arbitrarios y desproporcionados por los derechos fundamentales que afectan.

La acción judicial cuestiona especialmente los artículos 4, 17, 18 y 19 del DNU 941/25, cuya aplicación inmediata —sostiene el CELS— produce una afectación directa a derechos constitucionales y humanos. Entre ellos, la libertad personal y ambulatoria, la privacidad, el debido proceso, la autodeterminación informativa y la libertad de acción y participación social y política.

Uno de los ejes más problemáticos del decreto, según el planteo judicial, es el desmantelamiento de las prohibiciones históricas que regían sobre los organismos de inteligencia. La reforma amplía de manera imprecisa las facultades de intervención estatal bajo el paraguas de las llamadas “investigaciones de inteligencia” y, especialmente, de la contrainteligencia. Mientras que la ley anterior prohibía expresamente que las agencias influyeran en la vida política, social, económica, partidaria o en la opinión pública, el nuevo DNU excluye de esas restricciones a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance redefine y expande de forma arbitraria. De este modo, advierte el CELS, prácticamente cualquier actividad podría ser encuadrada como contrainteligencia, habilitando la intervención estatal en ámbitos que antes estaban vedados.

Otro punto central del cuestionamiento es el acceso irrestricto a información personal. El nuevo artículo 10 autoriza a los organismos de inteligencia a requerir datos personales a cualquier dependencia del Estado nacional o provincial sin control externo y sin necesidad de justificar la proporcionalidad de la medida ni su vinculación con una finalidad legítima de seguridad nacional. Además, el artículo 4.5 permite a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) compartir esa información con entidades nacionales o extranjeras mediante convenios confidenciales, sin orden judicial previa, una exigencia que sí contemplaba la legislación anterior.

Esto implica, según el amparo, que datos sensibles recolectados por organismos como el Renaper, Migraciones o la Anses —originalmente destinados a fines administrativos— puedan ser utilizados, almacenados y divulgados por las agencias de inteligencia sin control civil ni judicial y sin una finalidad concreta vinculada a la seguridad nacional.

El CELS también cuestionó con dureza la nueva facultad otorgada a los agentes de inteligencia para detener personas sin orden judicial, tanto en el marco de actividades de inteligencia como ante supuestos delitos en flagrancia. En esos casos, el decreto establece que el aviso debe darse a fuerzas policiales o de seguridad, y no a un juez. Para la organización, esta habilitación viola la prohibición constitucional que impide al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y se apoya, además, en definiciones vagas y amplias de “investigación de inteligencia” y de “actividades de interés para la Inteligencia Nacional”, conceptos que el DNU no define con precisión.

La consecuencia, advirtió el CELS, es la posibilidad de detenciones sin hipótesis concreta de delito ni un umbral mínimo de sospecha, lo que supone una grave afectación de las garantías individuales. “No se trata de meros ajustes administrativos”, señalaron desde la entidad, sino de intervenciones directas y restrictivas sobre ámbitos centrales de la autonomía personal y la acción social, adoptadas mediante un instrumento de “baja calidad democrática”.

En ese sentido, la presentación judicial remarca que el DNU no solo carece de una justificación clara sobre la necesidad y urgencia de su dictado, sino que tampoco explica por qué la reforma no podía esperar los tiempos del debate democrático en el Congreso.

El Gobierno empezó a trabajar en un protocolo interno para regular las aprehensiones por parte de agentes de inteligencia, uno de los puntos más controvertidos del DNU 941/2025 que reformó el sistema de espionaje y abrió una tormenta política y jurídica. Fuentes cercanas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) admiten que la letra del decreto dejó zonas grises que ahora buscarían acotar para evitar excesos operativos, denuncias judiciales y un desgaste mayor en un terreno especialmente sensible.

Según explican, la reglamentación reforzaría la letra del decreto con el fin de delimitar la posibilidad de que personal del organismo realice aprehensiones en tres escenarios puntuales. El primero es el caso de flagrancia, es decir, cuando se sorprende al autor de un delito cuando lo está cometiendo. El segundo, operativos conjuntos con la Justicia, cuando exista una orden judicial y se trate de una persona que represente un riesgo concreto. El tercero es el más delicado: operaciones de inteligencia en las que podría aprehenderse a un civil que no esté formalmente sospechado, “con el único objetivo de proteger al personal o preservar la operación”, según se describe.

Ese último supuesto es, justamente, el que encendió las mayores alarmas dentro y fuera del sistema de inteligencia en los últimos días. No sólo por la ampliación de facultades en sí, sino por el margen de discrecionalidad que abre en un organismo históricamente opaco. Consciente de ese riesgo, voces extraoficiales aseguran que el protocolo, en caso de aplicarse, pretendería cerrar el cerco interno y limitar el criterio individual de los agentes.

En ese sentido, según expresa el DNU, toda actividad de inteligencia deberá estar “expresamente aprobada” por la SIDE, autorización que deberá detallar de manera previa qué tipo de acción se realizará y qué agentes estarán afectados. Sólo ese personal podrá intervenir en una eventual aprehensión, siempre bajo el control de la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), el organismo creado para reemplazar a la ahora extinta División de Asuntos Internos (DAI).

La IGI es presentada como una válvula de control interno frente a las críticas por la concentración de poder en la SIDE. Sin embargo, en la opinión pública persisten las dudas sobre su autonomía real frente a la conducción política del organismo —personificada en el asesor presidencial Santiago Caputo a través del contador Cristian Auguadra— y sobre su capacidad efectiva para auditar operaciones sensibles en tiempo real.

Amparos y cauterales

Otro de los puntos que hizo ruido en las últimas horas fue el temor a que la nueva normativa habilite tareas de inteligencia sobre periodistas, bajo el paraguas de la “fuga de información clasificada”. En el oficialismo niegan de plano esa interpretación y sostienen que el decreto fue redactado justamente para evitar cualquier sospecha de ese tipo. Como respaldo, citan el artículo 4, inciso 3, que prohíbe producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por su raza, fe religiosa, opiniones políticas, pertenencia a organizaciones o por el desarrollo de actividad lícita, incluida la periodística.

Sin embargo, nada logra descomprimir el conflicto que ya se desplazó a los carriles institucionales. La controversia empezó a judicializarse este lunes: el diputado socialista Esteban Paulón, junto a Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto, además de una medida cautelar para suspender de inmediato sus efectos y toda normativa dictada en su cumplimiento.

En la presentación sostuvieron que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia” que justifique el decreto, que violaría el artículo 99 inciso 3 de la Constitución y avanza sobre materias penales vedadas al Poder Ejecutivo, al otorgar al personal de inteligencia atribuciones propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia quedó bajo presión para asumir un rol activo. El órgano parlamentario deberá requerir informes al Ejecutivo, analizar los protocolos de aplicación y pronunciarse sobre el alcance real de una reforma que, aun antes de reglamentarse por completo, ya generó polémica.

El protocolo que prepara la SIDE podría leerse así como una herramienta defensiva, más orientada a contener daños que a cerrar la discusión de fondo. Lejos de disipar las críticas, confirma que uno de los aspectos más sensibles del DNU abrió un debate que excede lo operativo y vuelve a poner en el centro una pregunta estructural: hasta dónde puede expandirse el poder de la inteligencia del Estado sin erosionar los límites democráticos.

PL/MC

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.

“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado.

La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el pryoecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas.

El texto de los sindiclaistas consideró que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.

“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT

“A su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos”, continuó. 

Al respecto, la central insistió en que “se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.

Y cerró: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Organizaciones de personas con discapacidad, trabajadoras y colectivos sociales se convocaron a una protesta este viernes 2 de enero en la sede de pensiones de la ANDIS para repudiar el decreto presidencial 942/2025, mediante el cual el Ejecutivo dispuso la eliminación del organismo descentralizado y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Denunciaron, además, que el proceso de reestructuración incluye más de 700 despidos y profundiza un vaciamiento que ya venía afectando prestaciones, pensiones y áreas clave de políticas públicas para personas con discapacidad.

El DNU, publicado este viernes en el Boletín Oficial, prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 y, como parte de su articulado, sustituye la estructura orgánica de la ANDIS, incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y establece que ese ministerio actuará “como continuador” del organismo, transfiriendo créditos, bienes y personal y derogando parte de la normativa que había creado la agencia como entidad con autonomía administrativa.

Para los sectores afectados, esta decisión formaliza un proceso que, aseguran, ya venía desmantelando desde hacía meses la capacidad del Estado de gestionar integralmente la discapacidad. “Desde el comienzo de este gobierno nuestra asamblea viene denunciando el continuo vaciamiento”, sostiene una gacetilla de la asamblea Discas en Lucha, que denuncia más de 700 despidos, el debilitamiento de áreas como accesibilidad, la quita de pensiones y medicaciones, y la destrucción de capacidades técnicas y de gestión. En ese marco, advierten que la reforma apunta a “desaparecer nuestras vidas” y rechazan que el organismo pase a definirse únicamente bajo el enfoque de salud.

Frente a la sede en Hipólito Yrigoyen 1439 de la Ciudad de Buenos Aires, la asamblea realizó una radio abierta para visibilizar el impacto de las medidas y convocar a la lucha por “derechos que no se recortan ni se diluyen en reestructuraciones burocráticas”.

El plan de lucha anunciado incluye, además de esta actividad, una articulación con otros sectores en reclamos el sábado 3 en la estación Berazategui, donde se abordarán también la defensa del agua y la accesibilidad en el transporte público; y una movilización al Congreso el miércoles 7 de enero a las 17 horas junto a jubilados, para exigir la reincorporación de les despedides, el rechazo al decreto 942/2025 y la activación de un paro con plan de lucha a las centrales sindicales y al Foro en Discapacidad.

La protesta también cuestiona la orientación del Gobierno respecto de la discapacidad como “cuestión de salud”, contraria al enfoque integral de derechos previsto en tratados internacionales, y señala que la disolución de ANDIS podría servir para minimizar o encubrir investigaciones por irregularidades y denuncias de corrupción que envolvieron a la agencia en los últimos meses.

MC

En los últimos días la ciudadanía por naturalización se inicia 100% online ante Migraciones. El DNU 366/2025 trasladó el trámite desde la Justicia Federal, fijó dos años de residencia legal y continua sin salidas y abrió una vía por inversión pendiente de reglas finas. El reto: transición transparente y seguridad jurídica sostenible.

Un giro institucional que ordena… si se implementa bien. El cambio no es sólo de ventanilla. La carta de ciudadanía deja de ser una resolución judicial para convertirse en acto administrativo de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con expediente digital, motivación escrita y trazabilidad. La revisión judicial subsiste por la vía contencioso-administrativa, pero la decisión nace donde está el legajo migratorio: ingresos y egresos, categorías de residencia, eventuales sanciones. El mensaje político-técnico es claro: centralizar información, unificar criterios y digitalizar el flujo.

Lo que efectivamente cambió en la norma

Competencia y formato. El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 modificó la Ley 346 y desplazó el trámite a DNM. El proceso se instruye en sede administrativa y se integra con el Registro Nacional de las Personas –RENAPER- para documentación.

Residencia “legal y continua”. El nuevo art. 2 inc. 1 exige dos años previos a la solicitud y define continuidad como ausencia total de salidas del país en ese período: una literalidad estricta que, aplicada sin pautas, puede convertir viajes legítimos en causal de denegatoria. Publicar criterios interpretativos (tolerancias, fuerza mayor) sería clave para evitar discrecionalidad.

Vía por inversión. El Decreto 524/2025 creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (ámbito del Ministerio de Economía) y le asignó la evaluación técnica de la “inversión relevante”; DNM decide en base a ese informe. La operatividad plena requiere normativa complementaria con umbrales y métricas.

Lo que ya rige desde el 6 de octubre

Inicio en la plataforma online de la Dirección Nacional de Migraciones conocida como RaDEX. Migraciones habilitó el inicio digital para mayores de 18 nacidos en el exterior, con residencia temporaria o permanente, que cumplan el art. 2 inc. 1. Documentación base: DNI, Certificado de Antecedentes Penales (Registro Nacional de Reincidencia), acreditación de ocupación/medios de vida y CUIT/CUIL. El trámite se realiza dentro del país, con usuario en RaDEX, formulario y adjuntos. El organismo explicitó que el proceso es personal y no requiere gestores, aunque más de uno buscará sustento en un abogado especializado para relajar en su expertis, la resolución exitosa del proceso.

Tres nudos por resolver

1) “Sin salidas” vs. realidad migrante. La verificación automática de 24 meses sin egresos maximiza certeza documental, pero desconoce desplazamientos breves y situaciones atendibles. Migraciones debería publicar fundamentos-tipo y excepciones tasadas (p. ej., fuerza mayor) para no volver discrecional lo que se quiso ordenar.

2) Vía por inversión sin métricas públicas. La Agencia existe y tiene mandato, pero faltan umbrales, sectores elegibles, tests de integridad (beneficiario final, trazabilidad UIF) y plazos. Sin reglas claras, la puerta puede quedar en promesa o exponerse a impugnaciones.

3) Transición y litigiosidad. Ya hay decisiones que cuestionan el uso del DNU para reformar ciudadanía (fallos del Juzgado federal N°1 de Paraná con efectos acotados al caso). No frenan el esquema, pero advierten que la seguridad jurídica dependerá de motivaciones robustas y criterios públicos.

Consejos prácticos para solicitantes

Planificá viajes. Si estás completando los 24 meses, evitá salir del país hasta que existan pautas oficiales sobre “continuidad”. Verificá tu historial de ingresos/egresos antes de iniciar.

Papeles listos. Tené a mano DNI, Antecedentes penales vigente, comprobantes de ingresos/ocupación y CUIT/CUIL. Guardá todas las constancias.

Canal digital. Creá usuario en RaDEX, cargá formularios y adjuntos; conservá acuses y notificaciones.

Inversión. Si vas por esa vía, prepará compliance (origen lícito y destino de fondos) y seguí de cerca la reglamentación económica para presentar con previsibilidad.

La ciudadanía no puede oscilar entre la puerta giratoria y el cerrojo. El Estado necesita reglas públicas, datos abiertos y tiempos ciertos; las personas migrantes, previsibilidad. Si la transición se gestiona con claridad y la vía por inversión se ata a estándares robustos, Argentina puede ganar legitimidad y talento sin desvirtuar el sentido de pertenencia que inspira la naturalización tradicional. Lo contrario —silencios normativos, criterios opacos o motivaciones débiles— reabrirá la puerta a la litigiosidad que la reforma quiso cerrar.

Cabe subrayar, además, que la Dirección Nacional de Migraciones viene sosteniendo, desde que se promulgó su nueva ley en 2004, un proceso de modernización que elevó estándares de gestión y de transparencia. En los últimos años, la consolidación de expedientes digitales, la interoperabilidad con RENAPER y otros organismos, y la trazabilidad de cada actuación configuraron una ventanilla más previsible y menos opaca. A ello se suma la actualización normativa reciente —que ordena procedimientos y define responsabilidades— y una cultura administrativa orientada a plazos ciertos, criterios publicados y control de calidad documental. No es un mérito retórico: es la traducción operativa de una política pública que apuesta por reglas claras, decisiones motivadas y servicios accesibles, sin ceder en la verificación de antecedentes ni en la integridad del sistema.

*El autor es abogado (UBA) y especialista en Derecho Migratorio. Socio fundador de Global Mobility Argentina.

AR/MC

Martín Menem pudo respirar tranquilo. La Cámara de Diputados sancionó la reforma de la Ley de DNU, la mayor amenaza para la gestión libertaria, que verá limitada su facultad para gobernar vía decreto. Sin embargo, pese a la derrota, La Libertad Avanza pudo conseguir otra cosa: tiempo. El Gobierno llamó a gobernadores y pidió misericordia a los ex aliados y se anotó una pequeña victoria: la introducción de modificaciones a la ley que, ahora, tendrán que girar al Senado.

Fue una derrota aplazada que, en las entrañas de la bancada libertaria, se celebró como un triunfo colosal. Cristian Ritondo festejó en el recinto cuando el tablero dio, durante la votación en particular, que la Cámara de Diputados rechazaba el artículo 3 de la ley. El Gobierno no había logrado evitar la sanción de la ley en general -que se aprobó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones-, pero sí había logrado introducir modificaciones en el proyecto y dilatar, así, el triunfo opositor.

La oposición perdió 13 votos entre la votación en general y la votación en particular que habilitó el alivio del Gobierno. El artículo 3 era el que establecía el plazo de 90 días para tratar el DNU en el Congreso: era uno de los puntos más rígidos de la reforma de la Ley de DNU, ya que establecía que, si los decretos no se trataban en el Congreso durante ese período de tiempo, este se caería. El resto de los artículos, entre los que se incluía el que fijaba la obligatoriedad de que los decretos se aprueben en ambas cámaras del Congreso para ratificarse, fueron aprobados. 

Fue clave el cambio de postura de los lilitos, como Juan Manuel López y Marcela Campagnoli. También el de los ex libertarios del bloque Coherencia, Oscar Zago, Eduardo Falcone, Carlos D’Alessandro y Gerardo González. También los PRO rebeldes Hector Baldassi, Sofía Brambilla y Álvaro González. También la peronista Tanya Bertoldi terminó cambiando su voto, así como los radicales Fabio Quetglas y Melina Giorgi. 

Hasta Facundo Manes, que al principio de la sesión había protagonizado un cruce con Menem, terminó cambiando su voto: pasó de afirmativo a ausentarse en la votación. Horas antes, Manes había acusado públicamente a Menem de haberlo amenazado para no dar quórum: una denuncia que fue rápidamente rechazada por el presidente de la Cámara de Diputados, quien organizó una conferencia de prensa para desmentirlo. 

“Fue puro show”, mascullaban en las filas opositoras, en donde tuvieron que rumiar una victoria a medias. 

Lo que no se puede ganar, se empata

La reforma de la Ley de DNU era el mayor temor de Menem, lo único que quería boicotear mientras durase la temporada de goleadas de la oposición al Gobierno. Durante los días previos a la sesión, el Gobierno levantó el teléfono para llamar a todos. A gobernadores y a aliados radicales. A lilitos y pichettistas rebeldes. Lisandro Catalán, Guillermo Francos y Menem llamaron hasta a enemigos declarados con los que no hablaban hace un año. Ex PRO heridos, radicales opositores, peronistas “razonables”: el Gobierno los llamó a todos.

El objetivo era evitar una sanción antes de las elecciones. Si no se podía ganar, había que dilatar la derrota. El Gobierno descontaba utilizar el veto presidencial si la ley se sancionaba, pero necesitaba no exponer su debilidad antes de las elecciones. Estados Unidos estaba mirando, y una reforma de la ley que regula una de las principales facultades del Ejecutivo levantaría las alarmas. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, reclamaba gobernabilidad a cambio del salvataje financiero y el Gobierno temía que la reforma de la ley aportara una nueva postal del desgobierno de Milei.

Fue un juego doble, contradictorio. Mientras Menem y Ritondo negociaban y seducían, la bancada libertaria encaraba un tono belicoso. Mientras, a un costado, el jefe del bloque PRO intentaba torcer las voluntades de los ex aliados, los legisladores libertarios disparaban la munición gruesa contra aquellos sectores que el Gobierno necesitaba seducir: radicales deloredistas, PRO rebeldes y los lilitos de la Coalición Cívica. 

Empezó Fernando Iglesias. “¿Ahora se levantaron todos alberdianos? No me asombra del kirchnerismo, me asombra de la coalición del déficit”, masculló el PRO devenido en libertario, y agregó: “¿De qué hiperpresidencialismo hablan? Síndrome de Estocolmo tienen. ¿Cómo le vas a creer al PJ, Lilita? Es una ley golpista y destituyente”.

Los potenciales aliados lo miraban sorprendidos. “Hermano, necesitás su voto. Dicen que quieren empezar a hacer política, pero hacen cualquier cosa”, masculló, irritado, uno de los diputados que el Gobierno había llamado durante toda la semana. 

Los diputados libertarios continuaban arremetiendo, sin embargo. “Dicen que LLA y el kirchnerismo son lo mismo. Es lo mismo el que vota con el kirchnerismo”, arremetió el libertario Santiago Santurio, en tono electoral. 

El resto de los diputados violetas del PRO y de LLA acusaban de “golpistas” a los peronistas y de “cómplices” a los ex cambiemitas. Algunas de las balas entraban. El lilito López, que después se abstendría durante la votación en particular, aprovechó para acusar a Cristina Fernández de Kirchner de haber “abusado” también del uso de DNU. 

El titular de la bancada peronista, Germán Martínez, interrumpió el debate para quejarse. “Dejen de hablar de golpismo, de desestabilización. ¿El senador Alfredo de Angeli es golpista? ¿Goerling Lara es golpista?”, ironizó, enumerando a los senadores del PRO que había aprobado el proyecto hace unas semanas. Iglesias, risueño, se encogió de hombros. 

La discusión giraba en torno a los alcances de la reforma, que limita las facultades del Ejecutivo para legislar vía decreto. La iniciativa modifica la ley que regula los DNU sancionada durante el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y que le daba una elevada discrecionalidad al presidente. “No es el instrumento, es como se ha usado”, insistía la massista Mónica Litza.

Sobre el final, sin embargo, la oposición pudo celebrar haber sancionado la ley. Pero se quedó con las ganas de asestarle una derrota contundente al Gobierno. La ley ahora girará al Senado, que deberá definir si aceptar o no las modificaciones. En un contexto de debilidad política y desgobierno generalizado, Menem festejó como si hubiera logrado aprobar la Ley Bases.

MC/CRM

Este miércoles, la oposición intentará reformar la ley que regula el trámite parlamentario para los decretos de necesidad y urgencia. Es una sesión clave, sin embargo, las miradas estarán puestas en lo que ocurra con el nombre que desde hace una semana provocó una crisis en el gobierno de Javier Milei: José Luis Espert.

Es que si la semana pasada la oposición ya había intentado remover al diputado libertario de la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, después de que ayer anunció que retiraba su candidatura para octubre acorralado por las denuncias sobre su vínculo con el presunto narcotraficante José Luis Espert –anticipadas por este medio–, comenzaron a replicarse las voces que piden que directamente sea removido de la Cámara.

Claudio Lozano, economista y candidato a diputado de Unidad Popular por la Ciudad de Buenos Aires, señaló en una entrevista a elDiarioAR: “La primera solución es separarlo [a José Luis Espert] de la función de presidente de la Comisión de Presupuesto y abrir una comisión que investigue los vínculos con este narco [en referencia a Federico ”Fred“ Machado]. En función de eso, definir la continuidad o no de él en el Parlamento. Indudablemente su vínculo lo haría alguien falto de idoneidad como para seguir siendo diputado”.

Lo cierto es que, al menos la continuidad de Espert al frente de la Comisión parece descartada. El propio Presidente dijo que en su lugar podría ir otro de sus preferidos: Bertie Benegas Lynch, quien esta noche se subirá al escenario del Movistar Arena para tocar en la banda que acompañará a Milei en la presentación/show de su nuevo libro.

La comisión es estratégica porque debe definir antes del 20 de noviembre el dictamen del Presupuesto 2026, enviado por el Gobierno el 15 de septiembre.

Una nueva derrota legislativa para Milei

La reforma del régimen de DNU, que ya cuenta con media sanción del Senado, preocupa al Gobierno porque podría limitar su capacidad de gestión en un Congreso adverso. Si prospera, el Ejecutivo perdería una de las pocas herramientas con las que todavía logra avanzar su agenda legislativa.

Entre los temas incluidos en el temario se destacan pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, y una moción para anular la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre el mismo asunto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también fue citado para explicar las negociaciones con Estados Unidos por el eventual “blindaje financiero” anunciado la semana pasada. Los legisladores pretenden reafirmar el rol del Congreso en la toma de deuda externa, en línea con el artículo 75 de la Constitución Nacional.

Escándalos y temas sensibles en la agenda

El temario de la sesión especial del miércoles 8 incluye 40 temas, entre ellos el concurso para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, donde la favorita es María Paz Bertero, funcionaria bonaerense cercana a Axel Kicillof.

El reciente escándalo por los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelaron un presunto sistema de coimas dentro del Gobierno de Javier Milei, también será abordado. Los diputados pedirán explicaciones a Karina Milei, señalada en la investigación, y al ministro de Salud, Leopoldo Lugones.

Entre los proyectos a tratar figuran además la emergencia en Ciencia y Tecnología, la crisis de las pymes, la recomposición de la obra social de las Fuerzas Armadas, y la reforma del ENARD.

El cierre de la sesión estará marcado por el debate sobre la eliminación de fideicomisos y fondos nacionales, iniciativa con media sanción del Senado que incluye el impuesto a los Combustibles Líquidos.

MU con información de la agencia NA

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados lograron este martes el dictamen de mayoría para restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y buscarán convertir en ley en la próxima sesión el proyecto aprobado por el Senado.

La sanción de este proyecto es uno de los que más preocupa al Gobierno, que utiliza esta herramienta debido a la extrema minoría que tiene en el Parlamento, y que ya dictó mas de 70 DNUs a menos de dos años de gestión.

La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -presidido por el libertario Nicolás Mayoraz-, al cumplir con el emplazamiento aprobado en el recinto de sesiones para que se deje listo el despacho de comisión del proyecto aprobado por el Senado.

El despacho de mayoría fue respaldado por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y Democracia para Siempre, que cosecharon 35 firmas, mientras que hubo dos dictámenes de minoría, uno de los libertarios con diez firmas y otro de la Coalición Cívica con dos firmas.

Si bien los bloques opositores consiguieron dictamen de mayoría y tienen los votos para sancionar la ley, están muy lejos de los dos tercios para rechazar un eventual veto presidencial, ya que tanto los radicales como los macristas decidieron no respaldar ningún dictamen.

El macrismo y el radicalismo no firmaron ningún despacho ya que si bien siempre rechazaron la ley 26.122, impulsada en el Senado por la entonces legisladora Cristina Fernández de Kirchner , tampoco querían sumarse a la estrategia del kirchnerismo, lo que aleja la posibilidad que la oposición alcance los dos tercios.

La intención de los bloques opositores es convocar a una sesión para la próxima semana para debatir el proyecto de regulación de los DNUs; los emplazamientos para interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el rechazo del Gobierno para aplicar la ley de Emergencia en discapacidad; al ministro de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por las denuncias de coimas en la compra de medicamentos, además del rechazo del veto a la ley de ATN.

Si Diputados convierte en ley el proyecto aprobado por el Senado, se limitará la posibilidad de que el Gobierno pueda recurrir a los DNUs como viene haciendo el presidente Javier Milei, porque la nueva normativa establece que si a los 90 días no se trata en el Congreso, pierde vigencia, del mismo que si una cámara del Congreso lo rechaza.

En el debate en la comisión, Mayoraz dijo que “la oposición quiere modificar la ley, que es lo inverso a lo anterior, que es controlar desde el Congreso”, y señaló que “esta ley es un alzamiento contra la Constitución”.

En tanto, el diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo que que “si bien la mayoría de los doctrinarios están de acuerdo en fijar un plazo de caducidad de los decretos, en una primera etapa de reforma de la ley sería mejor no ponerlo y establecer lo siguiente debido a la experiencia: que con el rechazo de una de las cámaras alcanza para que el decreto quede derogado; que se pueda declarar la nulidad absoluta de un decreto; y que si un DNU trata sobre diversos temas, se pueda tratarlo por separado”.

Por su parte, el diputado del socialismo Esteban Paulón le pidió a Milei que “no vete esta ley ya que no tienen consecuencias presupuestarias directas”.

El proyecto aprobado por el Senado el pasado 4 de Septiembre limita el uso de los DNUs al establecer que con el aval de una sola cámara se puede derogar esa norma presidencial.

También fija un plazo de 90 días para ratificar los DNUs al fijar que, si no se concreta en tres meses, también perderá vigencia, aunque se mantengan los efectos jurídicos de la medida presidencial

Tampoco permite emitir un DNU que trate varios temas como fue en el caso del decreto 70/2023.

El presidente Javier Milei autorizó, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, el ingreso de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar en dos ejercicios militares durante octubre y noviembre. La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de todo el gabinete, volvió a dejar de lado la intervención del Congreso, que según la Constitución Nacional debe autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

El Gobierno justificó la decisión en la “urgencia” de los plazos, dado que los operativos ya tenían fechas programadas. El primero será el Ejercicio “Solidaridad”, previsto entre el 6 y el 10 de octubre en Puerto Varas, Chile. Allí viajarán efectivos y medios argentinos para entrenar junto a las fuerzas chilenas en la coordinación de respuestas ante catástrofes y desastres naturales, en el marco de un acuerdo bilateral firmado en 1997. Según el decreto, este despliegue busca “fortalecer los vínculos de integración y la confianza mutua” entre ambos países.

El segundo operativo es el Ejercicio “Tridente”, que se desarrollará del 20 de octubre al 15 de noviembre en bases navales argentinas de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de zonas marítimas y terrestres de adiestramiento. En este caso, el Ejecutivo habilitó el ingreso de personal y medios de Estados Unidos -en particular, de las Fuerzas Navales de Operaciones Especiales del Comando Sur- para realizar maniobras conjuntas de asistencia humanitaria y operaciones navales. El texto oficial sostiene que el objetivo es “intercambiar tácticas y procedimientos en escenarios complejos” y avanzar en una “integración doctrinal” con la Armada norteamericana.

La Casa Rosada defendió la medida al remarcar que la no participación en estos ejercicios “afectaría significativamente el adiestramiento” de las Fuerzas Armadas y debilitaría la cooperación internacional. Para el Gobierno, ambos encuentros no sólo tienen valor operativo, sino también político y estratégico: en el caso chileno, por la coordinación frente a catástrofes regionales, y en el estadounidense, por la consolidación de una alianza militar de largo plazo.

No obstante, la decisión despertó cuestionamientos en el plano institucional. Especialistas en defensa recordaron que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 28, establece que es el Congreso el que debe autorizar la entrada y salida de tropas extranjeras. El plan anual de ejercicios combinados había ingresado al Parlamento recién a fines de agosto, con varios meses de retraso.

El DNU de Milei ya está vigente, pero deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que cuenta con diez días hábiles para dictaminar sobre su validez. Mientras tanto, el Gobierno ratificó que los preparativos de ambos operativos continúan y que la participación argentina en los ejercicios internacionales no está en discusión.

CRM

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscarán este martes dictaminar el proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y que ya tiene media sanción del Senado.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento volverá a reunirse desde las 14 para pasar a la firma de los dictámenes, tal cual se fijó en el emplazamiento votado en la última sesión.

De esta manera, el nuevo régimen de DNU, que ya tiene media sanción del Senado, estará listo para ser votado en el recinto de la Cámara de Diputados en la próxima sesión, prevista para el miércoles 8 de octubre.

La avanzada de la oposición respecto de este tema puso en guardia al Gobierno, que asiduamente echa mano a los DNU para ejecutar políticas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, algo que está explícitamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución (inciso 3).

El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.

En 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó la ley 26.122 que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.

La ley vigente establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda en pie y quedan vigentes sus efectos jurídicos.

A la inversa, se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo que se logró en muy contadas ocasiones.

Con la ley propuesta ahora por el Senado bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto.

Pero además, todo DNU tiene 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso; caso contrario pierde su validez y efecto jurídico.

A su vez, la iniciativa dispone que “rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario”.

Con información de agencias.

IG

El Senado le dio la tarde de este jueves media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes por 56 votos afirmativos, ocho negativos y dos abstenciones.

La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del kirchnerismo, parte de la UCR, el PRO y bloques provinciales, busca arrinconar al gobierno de Javier Milei y morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Gobierno para saltear al Poder Legislativo.

Con información de la agencia NA

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei avanzó en una nueva regulación que restringe el ejercicio del derecho a huelga en Argentina. La norma amplía considerablemente el listado de actividades consideradas “esenciales”, imponiendo la obligación de garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento habitual durante conflictos gremiales.

La medida, que forma parte de un paquete de desregulación estatal con foco en el sector de la marina mercante, lleva las firmas del presidente Javier Milei y de ocho ministros, entre ellos Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado).

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, establece el artículo 3 del decreto.

Y agrega: “En el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer una cobertura menor al 50%”.

Qué servicios se consideran esenciales

El DNU amplía el concepto de servicio esencial más allá de los parámetros vigentes hasta ahora. Se incorporan nuevas actividades que deberán cumplir con los umbrales obligatorios de funcionamiento:

También se ratifican y amplían actividades ya contempladas en normativa previa:

Antecedente judicial: el DNU 70/23 suspendido

Estas reformas ya habían sido incluidas en el capítulo 4 del DNU 70/2023, pero fueron suspendidas por la Justicia en segunda instancia, con un fallo que las declaró inconstitucionales. La Corte Suprema aún debe pronunciarse sobre ese expediente. El nuevo DNU 340/2025 busca reinstalar parte de ese contenido, ahora en un texto independiente.

Críticas desde el derecho laboral

La norma fue rechazada por especialistas y organizaciones sindicales, que consideran que atenta contra derechos laborales fundamentales.

“Se prohíbe hacer huelgas”, expresó el abogado laboralista Matías Cremonte, titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y exasesor de ATE. Y advirtió: “La legislación argentina, hasta esta ilegal modificación, siguiendo a la OIT, solo consideraba esencial a los servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga”.

También se expresó al respecto Luis Campos, abogado laboralista y director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma: “El derecho de huelga bajo amenaza. Con la excusa de regular la actividad de la marina mercante (DNU 340/25), el gobierno intenta reponer el artículo del DNU 70/23 que limita el ejercicio de huelga para casi todos los trabajadores del país”.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga como parte de la libertad sindical, y convenios internacionales como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) limitan estrictamente los casos en los que puede restringirse. Para sectores gremiales y del derecho laboral, el decreto del gobierno va más allá de esos márgenes, y se espera que genere nuevas presentaciones judiciales.

El gobierno de Javier Milei enfrentó una de sus jornadas más críticas desde su asunción, con el Congreso convertido en un campo de batalla política y la ciudad de Buenos Aires bajo un blindaje de seguridad sin precedentes. La votación en la Cámara de Diputados de la validación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno a lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo representó un triunfo legislativo para la administración libertaria, sino también una bocanada de oxígeno tras días de extrema incertidumbre.

Desde temprano, las dudas sobre el resultado de la votación generaron nerviosismo en el equipo de gobierno. La posibilidad de una derrota parlamentaria amenazaba con detonar un nuevo golpe en los mercados y erosionar la ya frágil estabilidad política de Milei. En Balcarce 50, el Presidente siguió la sesión rodeado por su hermana Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien pasó la jornada con el teléfono en la mano, monitoreando la cotización del dólar y la reacción de los inversores.

El momento decisivo llegó con la ratificación del DNU con 129 votos afirmativos. “Alivio”, fue la palabra que recorrió los pasillos de la Casa Rosada pasadas las 17 de este miércoles. Caputo, exultante, publicó una selfie junto a los hermanos Milei con la inscripción: “129-108 VLLC!!!!”, en señal de victoria. Rápidamente, la Oficina de la Presidencia difundió un comunicado en el que Milei agradeció a los legisladores que apoyaron la iniciativa y resaltó que el acuerdo con el FMI enviaba un mensaje de “madurez y grandeza”. La euforia se sintió puertas adentro, pero afuera la realidad era otra.

Mientras el Gobierno celebraba la votación en el Congreso, la protesta opositora tomaba fuerza en las calles. Organizaciones sociales, gremiales y políticas rechazaban el DNU y el ajuste económico con una movilización masiva. Aunque el despliegue de fuerzas de seguridad fue imponente, esta vez no hubo represión. A diferencia de la violenta respuesta del miércoles pasado contra los jubilados, en esta ocasión el operativo se limitó a contener y vigilar. La ministra Patricia Bullrich coordinó el dispositivo en el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, acompañada por los representantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert y Diego Kravetz.

La estrategia de Milei fue marcar presencia sin desatar una nueva escalada de violencia. Se implementó un megaoperativo para blindar el Congreso con una “zona estéril” que impidiera el acceso de manifestantes. Además, se dispusieron retenes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, con controles en los colectivos que transportaban a los manifestantes. A pesar de la tensión, no se registraron enfrentamientos graves ni incidentes de consideración.

Pero no todas las amenazas para Milei venían desde afuera. En plena sesión en Diputados, puertas adentro del Congreso, la diputada oficialista Marcela Pagano desató un escándalo al tildar de “fascista” a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. El cruce fue interpretado como una declaración de guerra dentro de La Libertad Avanza. La respuesta del entorno presidencial no tardó en llegar. Desde una cuenta vinculada a Santiago Caputo en X, @nicolabrandeis, se lanzó un mensaje encriptado pero letal: “Inminente expulsión de Pagano del bloque LLA. Roma no paga traidores. Disfrutá lo que te queda de mandato. En 2027 estás AFUERA”.

La crisis interna es una señal de los problemas que enfrenta Milei para disciplinar a su propio espacio. El episodio con Pagano se suma a una lista de pujas intestinas que exponen la fragilidad de la coalición oficialista, que no deja de depender de los votos de sus aliados para sostener la gobernabilidad.

Ayer por la mañana, en medio de la turbulencia, el Presidente tomó una decisión inesperada: suspender su viaje a Israel. Estaba previsto que Milei viajara este fin de semana para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu y recibir el “Premio Génesis”, pero el plan se frustró en el último momento. Oficialmente, se habló de “acontecimientos internos” como motivo de la cancelación, pero en los círculos políticos se interpretó como una señal de que el presidente no puede darse el lujo de abandonar el país en pleno cimbronazo.

Sin embargo, el impacto de la jornada en los mercados fue inmediato. Luego de días de tensión y una escalada del dólar, la validación del DNU del FMI trajo algo de calma, aunque la brecha cambiaria sigue en niveles elevados y la presión sobre Caputo no cede. Pero en la Casa Rosada saben que el gesto de Diputados no es una victoria definitiva. El alivio del Gobierno es momentáneo. Milei esquivó un golpe y evitó imágenes de violencia en las calles, pero la tensión sigue en el aire.

PL/DTC

El Gobierno llega a su Día D con helicópteros sobrevolando el Congreso y un estado de alerta generalizado sobre lo que ocurrirá en la calle cuando el operativo de Seguridad de Patricia Bullrich vuelva a chocar con la manifestación en defensa de los jubilados. Puertas adentro, sin embargo, Martín Menem no está nervioso: está confiado en que tiene los votos para aprobar la ley más importante de Javier Milei este año. Es decir, la ratificación del nuevo acuerdo con el FMI. 

Apenas pasadas las 10 de este miércoles, el riojano pudo respirar tranquilo: el oficialismo consiguió el quórum para abrir la sesión la ayuda de los opositores aliados. Fueron 131 legisladores sentados en sus bancas, entre libertarios, del PRO, la UCR, Miguel Ángel Pichetto y los espacios que responden a gobernadores.

La sesión bordeó el escándalo al comienzo, con fuertes cruces entre los opositores más duros y Menem. “Quedate a laburar. ¿Quién te crees que sos?”, lo increpó el jefe de UP, Germán Martínez, cuando el riojano apuró la votación de un plan de labor corto para que se vote a las 16. “No me jodas”, le dedicó la también peronista Vanesa Siley. “No me pelotudees”, le dijo la trotskista Vanina Biasi. Otro fue el show que protagonizó el libertario Lisandro Almirón, que se paró a los gritos para pedirle disculpas a Oscar Zago por las trompadas de la semana pasada: “¿Querés que te dé un pico?”, cerró.

Menem vivió un momento por demás incómodo cuando Martínez reveló un audio que el riojano le envió al bloque de La Libertad Avanza para aconsejar a que los libertarios interrumpan la sesión con cuestiones de privilegio y llamen a votar temprano. Menem rápidamente corrió la sesión a otro lado y le cortó el micrófono al peronista.

La previa a la sesión

Ya Menem había estado incómodo tan solo 12 horas antes porque el panorama interno en las filas de LLA había sido otro. Ayer por la tarde el jefe de la Cámara baja caminaba nervioso junto al vicejefe de Gabinete José Rolandi por los pasillos del Senado, en donde se estaba debatiendo el DNU del acuerdo con el FMI en la Bicameral de Trámite Legislativo. El oficialismo había comenzado el día sin saber si tendría el número para dictaminar el DNU y el Gobierno había enviado a la caballería a convencer a un senador, el formoseño Francisco Paoltroni, de que pusiera su firma.

Si este miércoles el Gobierno se muestra ilusionado con ratificar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados es porque, horas antes, los funcionarios del Gobierno tuvieron que transpirar para poder dejar el camino allanado en la Bicameral de DNU. No fue fácil. Paoltroni se hizo desear y recién después de varias conversaciones y reuniones de pasillo con Rolandi, Menem y Gabriel Bornoroni atinó a estampar su firma en un dictamen de rechazo. Su firma era clave porque La Libertad Avanza, sin ella, no alcanzaba a tener la mitad más uno de las firmas de la comisión bicameral: necesitaban su firma —aunque fuera de rechazo— para poder habilitar la sesión del miércoles. Sin dictamen, el oficialismo necesitaría los dos tercios del recinto para aprobar el DNU: un número imposible de conseguir. 

Finalmente, el oficialismo consiguió las nueve firmas. Colaboraron el PRO —el diputado Diego Santilli y Luis Juez—, la UCR —el diputado Francisco Monti y el senador Víctor Zimmermann—, el propio oficialismo —el diputado Lisandro Almirón y el senador Juan Carlos Pagotto— y el peronista “Camau” Espínola. Paltroni, al final, también colaboró, pero no fue el único exlibertario enemistado con el “entorno” de Javier Milei que terminó respaldando el acuerdo: también lo hizo Oscar Zago.

Zago fue uno de los protagonistas de la jornada. El diputado del MID pasó, en menos de unos días, de pelearse casi a las trompadas con Almirón en el recinto a ser electo presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo. Con el voto, incluso, del mismo Almirón. “Ante todo está la República y el presidente Javier Milei. Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!”, exclamó el correntino, al momento de expedir su voto. Hubo risas irónicas y aplausos en las filas del peronismo, y más de un dirigente del oficialismo admitiría que temió hasta el final por el voto de Almirón. “Ya son amigos”, sonrió, satírico, un peso pesado de LLA.

La llegada de Zago a la presidencia había sido el otro escollo que el oficialismo había tenido que resolver, torpemente y a las apuradas, en la previa de la sesión del miércoles. Como anticipó elDiarioAR, LLA había convocado la reunión de comisión sin tener resueltas las autoridades de la Bicameral: un detalle técnico que, cuando se reunió la comisión el martes, casi termina en que el acuerdo con el FMI explote por los aires. 

Fue casi un sketch cómico: bajo la incrédula imágen de los funcionarios del Gobierno que habían asistido a la Bicameral a exponer sobre el acuerdo con el FMI, Pagotto se rehusó a levantarse de la silla de la presidencia, a pesar de que el lugar le correspondía, con el cambio de año, a un diputado. Durante casi una hora y media, Carolina Gaillard y Anabel Fernández Sagasti (UxP) emprendieron una batalla campal para forzar que Pagotto se retirase y votar las nuevas autoridades. El PRO y LLA intentaron defender su lugar —Menem incluso se metió en el medio de la reunión para mediar—, pero no había número: Nicolás Massot y Paoltroni acompañaban a UxP y se daba un empate.

UxP proponía la candidatura de Massot, en línea con conversaciones que ya había tenido con el propio Zago. El diputado del MID, sin embargo, defendió el lugar de Pagotto, así que se optó por una solución salomónica: a propuesta del oficialismo, Zago sería el presidente de la Bicameral. UxP se abstuvo, atento a una negociación previa que habían tenido con Zago: saben que votará a favor del acuerdo con el FMI, pero esperan que, a futuro, haga trabajar la Bicameral para tratar el resto de los DNU de Milei que es esa comisión duermen el sueño de los justos.

Solucionados los dos cabos sueltos —Zago y Paoltroni, dos exlibertarios ofendidos con el triángulo de hierro—, el Gobierno logró allanar el camino para el miércoles. 

Los votos de Milei para aprobar un nuevo acuerdo con el FMI

Anres de la sesión, en el bloque libertario se repetía una premisa, casi un lugar común: “Si sacamos dictamen el recinto está asegurado”. Esta confianza para ratificar el DNU del nuevo acuerdo parte de un pilar: el respaldo de los gobernadores. Con ellos y los aliados del PRO y la UCR, en LLA calculaban que tendrían al menos 140 votos a favor.

Pero no eran sólo los gobernadores. En los pasillos de la Cámara de Diputados predominaban las críticas a las “formas” —es decir, que el Gobierno hubiese enviado un DNU y no un proyecto de ley, tal como exige la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, una norma que tiene plena vigencia—, pero solo como preludio para una confesión: el reconocimiento implícito de que no había espacio para voltear un acuerdo con el FMI. Los diputados señalaban el temblor de los mercados financieros, con la suba del dólar y del riesgo país, e insistían en que no había margen para hacer otra cosa que ratificar el DNU.

Lo sostenían los radicales de Rodrigo de Loredo, pero también algunos de Democracia Para Siempre. Lo señalaban los lilitos de la Coalición Cívica y una mayoría del pichettismo de Encuentro Federal. Y lo remarcaban, con más énfasis que cualquiera, los dirigentes del PRO. “Si le votamos al kirchnerismo, ¿cómo no vamos a acompañar a Milei?”, reflexionaba un peso pesado del partido amarillo.

El oficialismo se había hecho de una importante mayoría que prometía blindar el acuerdo, pero del otro lado había un último escollo: el rechazo de Unión por la Patria y la amenaza latente del peronismo de no reconocer un acuerdo con el FMI que fuera vía DNU. Tarde a la noche, el PJ Nacional, reunido de emergencia a pedido de Cristina Fernández de Kirchner sacó un comunicado cuestionando el endeudamiento: “Los diputados y senadores que voten por la aprobación del DNU 179 le estarían confiriendo a Javier Milei las ‘facultades extraordinarias’ que son fulminados por nulidad insanable y absoluta”, advirtió. 

El PJ de CFK lanzaba, así, un último mensaje con un único receptor: el mismo FMI. UxP votará en contra del acuerdo con el FMI —aunque se espera que los catamarqueños de Raúl Jalil acompañen— y comenzará a trabajar en la judicialización apenas sea aprobado en la Cámara de Diputados.

MC/JJD/MC

Los secretarios de Finanzas, Pablo Quirno, de Política Económica, José Luis Daza, y Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, fueron este martes a la comisión bicameral de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para defender el DNU para habilitar el futuro préstamo que el gobierno de Javier Milei está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No fueron ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que habían tomado el crédito récord que tomaron cuando eran parte de la gestión de Mauricio Macri en 2018. Pero ninguno de sus enviados al Congreso explicaron el monto del nuevo financiamiento adicional que contraerán ni las condicines del mismo, como las eventuales modificaciones de la política cambiaria, en medio de una corrida hacia los dólares paralelos.

Quirno tomó la batuta de la exposición. “Es una operación de credito público que tiene certeza en plazos, costos y uso, que es lo más importante”, dijo el secretario en referencia a que el acuerdo es por diez años, posterga vencimientos de capital con el FMI por cuatro y medio, se reducirá la tasa de interés actual con el FMI en 0,8 puntos básicos hasta el 5,63% y se usará en parte para que el Tesoro cancele deuda con el Banco Central. “Mejora el activo del Banco Central”, expuso. Insistió en que el la deuda pública bruta no sube, pero los diputados de Unión por la Patria (UP) como Itai Hagman y Julia Strada le recordaron que eleva el pasivo neto (es decir, con acreedores que no son organismos públicos) y el externo, o sea, con entidades del extranjero.

El secretario de Finanzas explicó que el DNU era necesario y urgente: “Para no exponernos al tiempo que demoraría un acuerdo en el Congreso”. La ley de administración financiera modificada en 2022 obligaba a la aprobación por ley, y por eso fue cuestionada el DNU por parte de Hagman, Strada y la senadora de UP Anabel Fernández Sagasti. García Hamilton alegó que los DNU pueden aplicarse en este caso porque sólo está prohibido para asuntos tributarios, electorales y penales.

Después llegó el turno de las preguntas y la falta de respuestas. El diputado radical Martín Tetaz fue el primero de una larga lista que preguntó por el monto de la operación, cuánto corresponde a cancelar las letras intransferibles del Banco Central y el programa financiero con el FMI. Después habló su par Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que cuestionó el DNU aunque apoyó un acuerdo con el Fondo. Preguntó por la suma del préstamo, por si iba a usarse para defender el tipo de cambio o para levantar el cepo.

Quirno respondió que el “monto se define al final del dia en el directorio del FMI” y no dijo ni mu sobre si mantendrá la sobrevaluación del peso, si lo devaluará en forma brusca o más acelerada que ahora o si levantará los controles cambiarios. “Al seguir esa incógnita, no se puede definir cuánto es para cancelar letras o pagar vencimientos, que son los de capital”, se refirió el secretario a que no se refinancian los intereses. “La secuencia de desembolsos está por definir porque tiene que ver con el monto. Cómo vamos a hacer la politica cambiaria y el stock de dividendos (ganancias no giradas por multinacionales acumuladas desde que se instauró el cepo en 2019) no se puede contestar sin el monto final (del préstamo). La operación es para fortalecer el orden macro, a una tasa mejor que las que hay en los mercados”, se limitó a decir, sin precisiones.

Hasta el senador radical chaqueño Víctor Zimmermann, aliado de Milei, preguntó —sin obtener respuesta— si el crédito servirá para aumentar las reservas del Central, si flexibilizarán el cepo y el tipo de cambio o “bajarán retenciones al campo para facilitar la entrada de divisas, si tiene previsto un nuevo ajuste”. El diputado de izquierda Nicolás Del Caño insistió en “si hay exigencia para salir del cepo y devaluar, si va a haber más ajuste fiscal, cuánto se va a autorizar para fugar en el mercado de cambios” y recordó que hace pocos días en los medios Caputo había dicho que que ya estaban definidos el montos y la secuencia de desembolsos, pero ahora Quirno decía que no. Daza, chileno nacido en Argentina, le quiso responder a Del Caño asegurando que este país “no tiene un desequilibrio macroeconomico”. Fernández Sagasti después se preguntó por qué el decreto tenía necesidad y urgencia si para Milei y sus funcionarios “estamos en Disney”. También advirtió que el Partido Justicialista (PJ) ha advertido que no reconocerá este endeudamiento tomado por DNU.

AR/JJD

El Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) emitió un comunicado en el que rechaza en “todos sus términos” el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/25, que el oficialismo pretende tratar en la Cámara de Diputados. Según denunció el partido, la medida le otorga al presidente Javier Milei la facultad de avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que se conozcan los detalles del endeudamiento.

“El Presidente de la Nación se autoriza a sí mismo para avanzar unilateralmente en un nuevo acuerdo con el FMI sin que se conozcan monto, tasa de interés fijada, fechas de vencimiento, ni ninguna de las condicionalidades pactadas”, sostiene el documento.

Además, el PJ acusó a Milei de “eludir el cumplimiento de la Ley 27.612”, que obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso el texto completo y final de cualquier acuerdo con el FMI detallando “monto, tasa de interés, fechas de vencimiento y demás condicionalidades”.

El comunicado también advierte que el DNU “vulnera el Artículo 75, Inciso 7 de la Constitución Nacional”, que establece que es el Congreso quien debe “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”.

Falta de Presupuesto y críticas al oficialismo

Por otra parte, el comunicado señala que esta decisión del Gobierno se da en un contexto en el que “por responsabilidad del oficialismo y otros sectores de la oposición, la República Argentina no cuenta con Presupuesto aprobado por segundo año consecutivo”.

En esa línea, el PJ alertó que, “si los diputados y senadores argentinos votan a favor del DNU 179/25, le estarían concediendo a Milei ‘facultades extraordinarias’ que son nulas de manera absoluta e insanable” según el artículo 29 de la Constitución.

El documento concluye con un rechazo categórico: “El Partido Justicialista Nacional rechaza en todos sus términos el DNU 179/25 y cualquier operación de crédito con el FMI que se realice violando el sistema normativo nacional y a espaldas del pueblo argentino”.

MM con información de la agencia NA.

El oficialismo buscabaeste jueves emitir dictamen en la Comisión Bicameral Permanente sobre el DNU que autoriza al Gobierno a firmar un acuerdo con el FMI para cancelar las deudas con el Banco Central y reforzar las reservas. Pero finalmente la reunión se suspendió tras el cruce a trompadas que ayer tuvieron dos de sus integrantes de la comisión: Alberto Zago y Lisandro Almirón, quienes este miércoles terminaron a las piñas en el recinto de la Cámara baja durante la sesión especial en la que se aprobó la creación de una comisión para investigar el escándalo $LIBRA.

La decisión de convocar a esa comisión bicameral para las 13.30 buscaba dejar firmado el despacho a favor del DNU, con el fin de tratarlo a la brevedad en Diputados para blindar la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

La ley 26.122 de DNU, aprobada en el 2006 a instancias de Cristina Kirchner, establece que con el respaldo de una sola cámara queda firme esa medida del Gobierno, a diferencia de una ley que requiere el aval de las dos cámaras del Congreso.

En la comisión bicameral, el oficialismo necesita ocho firmas y para eso necesita que rubriquen el despacho, además de su presidente Juan Carlos Pagotto, los diputados Diego Santilli (PRO); el radical Francisco Monti; el exlibertario Oscar Zago (MID); Lisandro Almiron (LLA) y los senadores Luis Juez (PRO), Víctor Zimermman (UCR) y Carlos Espíndola (Provincias Unidas).

De todos modos, para poder lograr su objetivo de conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados, el Gobierno deberá apelar a negociaciones con los bloques dialoguistas del PRO y la UCR, MID, Encuentro Federal, e Innovación Federal.

Pero también deberá tener el apoyo de los bloques de Independencia, de Producción y Trabajo y de Por Santa Cruz, que responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

El oficialismo tendrá que buscar además, como hizo en otras ocasiones, el respaldo de los diputados de UxP que tienen terminal con los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Sin embargo, el primer obstáculo que deberá superar será elegir al nuevo presidente de ese organismo parlamentario en reemplazo del senador libertario Juan Carlos Pagotto, ya que este año la presidencia le corresponde a la Cámara de Diputados. La definición se atrasó también hoy.

En principio, el oficialismo buscará mantener a Pagotto ya que aún no hay consenso entre LLA y los bloques dialoguistas sobre quién será el nuevo presidente dela bicameral, y las opciones que se manejaban eran el libertario Almirón, el macrista Santilli o el radical Monti, cercano al oficialismo.

De acuerdo al DNU, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas “tendrán un plazo de amortización de 10 años con un período de gracia de cuatro años y seis meses”. Sin embargo no hay precisiones sobre cantidad y fecha de los montos.

También fijan que se destinarán a cancelar “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.

En el DNU se indicó que “contar con un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país y para que se aumenten las facilidades para la reinserción de la República Argentina al mercado de capitales internacional”, y que la baja calidad del activo del Banco Central “impacta sobre su capacidad de promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico”.

También señaló que el denominado “cepo cambiario” reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo.

Destacó que “atento al compromiso inclaudicable de esta administración por trabajar en su disminución y posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria”.

Con información de agencias.

IG/MC

En la Casa Rosada la escena se repite con cada batalla legislativa: optimismo de cara al público, cautela de puertas adentro. Con el decreto que habilita a Javier Milei a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria vuelve a enfrentar la incertidumbre política que la rodea desde el primer día de gobierno. Confían en que la Comisión Bicameral lo avalará en los próximos diez días y que la Cámara de Diputados lo aprobará. Pero nadie se anima a dar por hecho nada. “Nunca se sabe, hasta el final, los goles no se gritan antes”, admiten en el Ejecutivo sobre el respaldo de los bloques dialoguistas que ya apoyaron otros proyectos de Milei.

El decreto habilita al Gobierno a negociar un programa con el FMI que incluiría entre US$10.000 y 20.000 millones en nuevos préstamos, según deslizaron fuentes oficiales a elDiarioAR. La clave es una sola: cancelar la deuda del Tesoro con el Banco Central y acelerar la salida del cepo. En La Libertad Avanza defienden la medida como un trámite administrativo ordinario, una “herramienta legal normal, que fue usada infinidad de veces”. Pero la oposición no lo ve así. Desde Unión por la Patria ya presentaron una denuncia penal contra Milei por violar la ley de sostenibilidad de la deuda pública, que exige que cualquier nuevo acuerdo con el FMI sea aprobado por el Congreso mediante una ley, y no un decreto.

En el oficialismo no pierden la oportunidad de recordar que el préstamo que tomó Mauricio Macri (“Demuestra debilidad institucional”, dijo hoy el expresidente acerca del DNU de Milei) en 2018, por US$50.000 millones, tampoco pasó por el Congreso. Claro que aquella era otra Argentina: la ley que ahora exige el aval legislativo se sancionó después de aquel acuerdo, durante el gobierno de Alberto Fernández. Pero en Balcarce 50 entienden que la defensa no pasa por tecnicismos legales, sino por imponer un relato.

“Todos saben la importancia de cerrar un acuerdo con el FMI, la importancia que tiene para sacar Argentina adelante”, argumentan en los despachos oficiales, donde tildan de “mezquindad política” la falta de acompañamiento a la decisión del Gobierno por parte de la oposición. Las tratativas con esos sectores estarán a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos y su vicejefe, Lisandro Catalán, acompañados por el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la espada política de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem.

El problema es que el decreto tiene la misma fuerza de ley que una norma sancionada por el Parlamento, pero su permanencia en el tiempo depende de la política. La oposición necesita mayoría simple en ambas cámaras para voltearlo, una tarea difícil en Diputados, pero más probable en el Senado. En la Casa Rosada especulan con un escenario intermedio: que el decreto nunca sea tratado, como ya ocurrió con cientos de DNU que quedaron firmes por el paso del tiempo sin ser votados. Pero si la oposición logra forzar el debate en ambas cámaras, el Gobierno se juega mucho más que la aprobación de un decreto: quedará en evidencia su capacidad –o su límite– para sostener una mayoría política en el Congreso.

Mientras tanto, el Fondo observa con cautela. En Washington, saben que cualquier programa económico necesita respaldo político para ser viable. El directorio del FMI aprobó el acuerdo de Macri sin aval legislativo y también convalidó el de Alberto Fernández, aun cuando Cristina Kirchner, su vice, y La Cámpora lo rechazaron. Pero el caso de Milei es distinto. La expectativa es que el nuevo programa contemple un nuevo Plan de Facilidades Extendidas con desembolsos a diez años de plazo, algo que, en la teoría, debería darle mayor estabilidad financiera al país.

A diferencia de sus predecesores, Milei tiene una ventaja que el Gobierno repite como un mantra: superávit fiscal, baja de la inflación y un alineamiento con Estados Unidos que juega a su favor. En la administración libertaria confían en el respaldo de Donald Trump y en la sintonía con Kristalina Georgieva, quien ya elogió la política económica del Presidente. “Está bastante acordado todo”, dicen en Casa Rosada. Pero falta lo más importante: la aprobación del directorio del FMI. Y en ese contexto, la señal que envíe el Congreso argentino puede ser determinante.

Milei no teme el costo político de la medida. En su entorno aseguran que “el mayor costo político es que suba la inflación, que la gente se quede sin trabajo o que suba el riesgo país”. Bajo esa lógica, el decreto no es un problema, sino una solución. “No hay ningún motivo por el cual el acuerdo con el FMI, que va a permitir sacar el cepo, dar liquidez a las empresas y bajar el riesgo país, sea rechazado”, afirman, y advierten que cualquier voto en contra respondería más a una cuestión política que económica.

Pero lo que en la Casa Rosada se percibe como sentido común no siempre se traduce en votos. Milei apuesta a que la urgencia económica y la presión del FMI terminen inclinando la balanza a su favor. Pero en el Congreso, donde la oposición se reorganiza con cada batalla, saben que el oficialismo no tiene asegurada la última palabra. Si el DNU se aprueba en Diputados, Milei lo venderá como un triunfo sobre la casta; si la oposición logra voltearlo, quedará expuesta la fragilidad política de su gobierno. En Balcarce 50, sin embargo, creen que el peor escenario no es perder una votación, sino que el Congreso le imponga su propio ritmo a la economía.

PL/JJD