Uno de los médicos forenses que realizó la autopsia de Diego Armando Maradona remarcó este martes que la víctima presentó “edematizaciones”, mientras que una anatomopatóloga indicó que padecía “un cuadro compatible con una cirrosis hepática”.

Federico Corasaniti fue el primer testigo en la séptima audiencia del nuevo juicio por la muerte del exjugador, que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro.

El legista comenzó a declarar mediante la plataforma de videollamadas Zoom ya que vive en España, desde donde recordó haber sido contactado por su colega Carlos Mauricio Casinelli, cuya comparecencia se postergó para el jueves.

“Nos reunimos en una estación de servicio y luego fuimos con los demás peritos” a la casa del barrio cerrado San Andrés, en Tigre, señaló, y consignó que la habitación del paciente tenía “poca luz natural” con “sábanas en las ventanas”, mientras que el cuerpo estaba tendido sobre la cama.

En este sentido, describió que “había botellas de agua mineral a medio tomar, ampollas de medicación, un inodoro portátil u ortopédico” en el dormitorio de Diego Armando Maradona, quien estaba en posición de cúbito dorsal con un “falso hongo de espuma visible, blanquecino” y que luego se tornó “rosado” en la autopsia.

“Se verificó la rigidez, posteriormente se dio vuelta parcialmente el cuerpo para encontrar posibles livideces”, citó.

El aire acondicionado y el ventilador estaban “prendidos”, se hallaron signos de “edema generalizado a nivel subcutáneo” y un “abdomen globoso con tres litros de ascitis (acumulación de líquidos)”, mientras que las manchas violáceas -livideces- se localizaron a la altura de la pelvis, subrayó.

Corasaniti rememoró que en la necropsia, llevada a cabo junto a Cassinelli, el corazón de Maradona estaba “agrandado, aumentado de tamaño” e indicó que falleció a las 12 del 25 de noviembre de 2020.

Tras un cuarto intermedio llegó el turno de la anatomopatóloga Silvana De Piero, quien detalló la pericia toxicológica efectuada sobre las muestras extraídas del cadáver.

Recibida en la Universidad de La Plata y con 23 años en la materia, De Piero respondió preguntas del fiscal Cosme Iribarren y especificó que en ese tipo de análisis, los especialistas “nos basamos en lo que observa el autopsiante”.

La médica exhibió diapositivas con detalles de la pericia realizada el 2 de diciembre de 2020 y señaló que el “hígado” de la víctima “no estaba normal”.

“Este hígado tiene una patología, un sufrimiento, mostraba un cuadro compatible con una cirrosis hepática”, indicó De Piero, quien explicó que el riñón, otro de los órganos examinados, presentaba una “necrosis” como consecuencia de una “hipoxia” (ausencia de oxígeno), por lo que se encontraba “dañado”.

Asimismo, describió que el corazón padecía una fibrosis subendocárdica, una formación del tejido fibroso anormal dentro del músculo cardíaco, mientras que el pulmón estaba “ascítico” y había “edema” dentro del cerebro.

Finalmente, el bioquímico Ezequiel Ventossi consignó que se recibieron dos tubos de orina de 15 mililitros cada uno, dos recipientes de sangre, solución fisiológica, hisopados nasales, siete sobres cerrados con botellas de agua y ampollas de ranitidina para llevar a cabo la pericia histopatológica de las muestras de Diego Armando Maradona.

El testigo recordó que “no se detectaron drogas de abuso” como cocaína, TCH, anfetamina y MDMA (éxtasis), como así tampoco “alcohol” en sangre y orina, a la vez que se observaron distintos medicamentos.

El juez Alberto Gaig dictó un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10 con las declaraciones del forense Cassinelli, y los toxicólogos Sebastián Zabala y María Agustina Vayo.

El neurocirujano y exmédico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Coschov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni son los siete acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de ocho a 25 años de prisión.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

“Un modo de respetar la figura de Diego Armando Maradona sería dejar que la justicia haga su trabajo”. Con estas palabras, su amigo personal Fernando Signorini intentó marcar distancia frente a las opiniones vertidas en los medios desde que, el pasado 14 de abril, comenzara el segundo juicio por la muerte del astro tras la anulación del primer proceso. El nuevo proceso está previsto que dure alrededor de tres meses.

¿Quién decidía sobre la salud de Maradona? ¿Quién programó la internación domiciliaria? Estos interrogantes sobrevuelan el tribunal donde siete profesionales de la salud están siendo juzgados bajo la acusación de homicidio simple con dolo eventual. De acuerdo a la junta médica que analizó el caso, su muerte podría haberse evitado si hubiese sido tratado en una clínica.

Maradona, “el Diez”, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria y un edema pulmonar. Su deceso ocurrió tras varias horas de agonía en una casa alquilada en Tigre, donde se recuperaba de una neurocirugía desde el 11 de noviembre.

“Parecía un globo”, el crudo relato

“Estaba muy edematizado, con la cara y los miembros hinchados; su abdomen era globuloso. Parecía un globo”, describió este jueves ante el tribunal el médico Juan Carlos Pinto, quien arribó en la ambulancia aquel fatídico día, según reprodujo el periodista Martín Raschinsky a la agencia AFP.

Durante la audiencia en el juzgado de San Isidro, se exhibieron fotografías y un video de 17 minutos filmado por la policía científica. Las imágenes mostraban la habitación y el cuerpo sin vida del campeón mundial de 1986, con signos evidentes de un deterioro físico. El crudo relato de Pinto y la exposición del material visual provocaron el llanto de Gianinna Maradona, una de las hijas del ídolo presente en la sala.

El escándalo: el primer juicio

El primer proceso judicial se anuló luego de que se dieran a conocer imágenes de Julieta Makintach, una de los tres jueces del tribunal, como protagonista de un documental que se estaba grabando en secreto sobre el mismo proceso del cual formaba parte. Tras el escándalo, Makintach fue destituída. Los jueces ahora a cargo del caso son Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

Los acusados

El tribunal juzga a médicos, psiquiatras y enfermeros bajo la figura de dolo eventual, lo que implica que, presuntamente, los acusados eran conscientes de que sus omisiones o acciones podían derivar en la muerte del paciente.

La Fiscalía calificó al equipo médico de “grupo de improvisados” que estaban al tanto del historial de diagnóticos de salud de Maradona “y lo abandonaron a su muerte”. El cuadro era complejo: cirrosis, corazón agrandado, deterioro neurológico, adicción al alcohol y a los psicofármacos.

Los principales acusados son: Leopoldo Luque, neurocirujano, señalado como el médico de cabecera de Maradona; la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. También están imputados el enfermero Ricardo Almirón, encargado de controlar los signos vitales del exjugador, y los médicos Pedro Di Spagna y Nancy Forlini que, junto al enfermero Mariano Perroni, habían sido designados por las empresas de salud Swiss Medical y Medidom para coordinar la atención de Maradona. Todos sostienen su inocencia. Se enfrentan a penas de entre 8 y 25 años de prisión.

“Diego hubiera exigido justicia”

Signorini, quien fuera preparador físico de Maradona entre 1983 y 1994, se muestra categórico al ser consultado: “Prefiero aislarme y dejar que la Justicia actúe sin influencias externas. Todo el mundo tomó posición por influjo de los medios; ya condenarona algunos o absolvieron a otros”. Para él, la clave es la objetividad: “Diego hubiera exigido justicia”.

El neurocirujgano Luque negó haber manipulado a las hijas del astro y aseguró este jueves: “Los enfermeros no me reportaban a mi. Yo no participaba del tratamiento médico. No era el dueño de la salud de Diego como dicen”. Gianinna Maradona declaró el pasado martes en el juicio y afirmó que Luque la había manipulado de manera “absoluta y horrible” para convencer a ella y a sus hermanas de tratar a Maradona por fuera de una institución médica tras la cirugía.

Luque habló por cuarta vez en el segundo juicio y destacó que Maradona “nunca aceptó un ingreso en una clínica psiquiátrica” -ni siquiera una internación domiciliaria- y aseguró que el paciente “no era fácil de lidiar, y sus familiares tampoco”, reportó la agencia EFE.

Durante el primer juicio, numerosos testigos y materiales probatorios habían constatado que Luque oficiaba de médico de cabecera de Maradona, algo que, sin embargo, su defensa intentó negar en este nuevo proceso.

Durante la audiencia también se reprodujo un mensaje de audio enviado por la médica de empresa de salud Swiss Medical, Nancy Forlini, a la psiquiatra Agustina Cosachov, ambas imputadas, que decía: “Eso lo debería ver Luque, que es el médico tratante de él. Digamos que todo lo que es medicación y seguimiento básico lo veían ustedes, eso es lo que se firmó”.

Policías y médicos que declararon este jueves señalaron que la casa y la habitación donde Maradona debía pasar su convalecencia no se veía adecuada para esa tarea. “No había desfibrilador, oxígeno, nada. Dentro de la habitación no había elementos para decir que el paciente estaba en internación domiciliaria”, remarcó Pinto, quien firmó el certificado de defunción.

“Lo vi como una habitación normal, no como un lugar de tratamiento de una persona. Como una habitación de mi casa”, dijo el subcomisario Lucas Farias, uno de los policías que acudieron al lugar aquel 25 de noviembre. Estas declaraciones que apuntan a que el lugar no estaba en condiciones, van en línea con el testimonio de Gianinna, quien dijo que ella y sus hermanos aceptaron la internación domiciliaria luego de que el equipo médico la presentara como la mejor alternativa tras la cirugía a la que su padre fue sometido el 3 de noviembre de 2020, durante la pandemia de Covid.

Este segundo juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Maradona contará con unos 120 testigos y, a razón de dos audiencias por semana (martes y jueves), se espera que se prolongue al menos hasta julio.

Tras once años de juicio, la Argentina acaba de ganar una apelación en los tribunales de Nueva York en un juicio que amenazaba con costarle US$18.000 millones. La demanda la había iniciado en 2015 Burford Capital, un fondo buitre que le había comprado el derecho a litigar a la familia Eskenazi, supuestos damnificados por la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012. Aunque los eventos habían ocurrido en la Argentina, los demandantes habían conseguido que la jueza Loretta Preska aceptara el argumento de que, ya que YPF cotiza en la bolsa de esa ciudad, tenía jurisdicción para entender en la causa. Lo que siguió fue una serie de decisiones igualmente antojadizas, que incluyeron una interpretación equivocada de las leyes argentinas, el cálculo sobredimensionado de la indemnización y la exigencia de que nuestro país le entregara a su juzgado las acciones de YPF. Ahora, los abogados de la Procuración del Tesoro que representaban a la Argentina consiguieron que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York entendiera el error de interpretación de Preska y revirtiera su sentencia, con lo que la demanda colapsó.  

Protagonista central de toda esta historia fue Mariana Lozza, quien condujo la defensa jurídica de nuestro país. En esta entrevista explica lo que estaba en juego, los pormenores del proceso y la importancia global que tiene el fallo. Mariana Lozza es de Bahía Blanca. Se recibió de abogada allí, en 2004, en la Universidad Nacional del Sur. Al año siguiente postuló para hacer una pasantía en la OEA y quedó seleccionada. Aprovechó su estadía en Washington para hacer un Master en derecho internacional, mientras trabajaba para costear sus estudios. En julio de 2007 regresó al país y ese mismo año fue contratada por la Procuración del Tesoro para atender demandas internacionales contra el Estado argentino. Tras diez años en esa función decidió renunciar y se dedicó a la actividad privada hasta que volvieron a convocarla en 2021, esta vez para ocupar el cargo de Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro. En ese cargo de altísima responsabilidad estuvo hasta hace pocos meses, cuando decidió renunciar y regresar a la actividad privada.

–La escuché en otra entrevista describir el fallo por YPF como algo histórico, pero no solo para la justicia argentina, sino también para la justicia estadounidense. ¿Por qué le parece algo tan trascendente? 

–Por supuesto, para la Argentina, por el monto. La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme. En lo sustantivo también, porque sienta un precedente importante para definir cómo se manejan las cortes de los estados en este tipo de controversias. En este caso fue Estados Unidos, pero si Estados Unidos confirmaba un fallo así, podía también ser a la inversa. Podía ocurrir que otros estados empiecen a dictar sentencias de este tipo que también podrían involucrar a empresas estadounidenses. Por el solo hecho de que haya una compañía que cotice en alguna bolsa extranjera, eso entonces les da jurisdicción a las cortes extranjeras. En este caso se enjuició a la Argentina, pero iba a sentar un precedente muy complejo para otros estados también. De hecho, esa preocupación uno la ve reflejada en los amicus curiae que presentan sobre todo Brasil y Uruguay, también Ecuador y Chile. En esos amicus lo que se ve es la preocupación de ellos, de que, por el solo hecho de estar cotizando en Nueva York, cualquier reclamo vinculado al estatuto de una empresa o sociedad de esos países podría ser llevado a las cortes de Nueva York. 

La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme

–Un tema importante, además, porque la justicia en EE.UU. ha tenido una tendencia a absorber temas de otras jurisdicciones. 

–Exacto. Este es un caso que marca un límite a eso. Una de las cosas que planteamos nosotros es que esto incluso iba a ser complejo para las propias cortes de Estados Unidos, porque iba a generar un incremento de la litigiosidad en Estados Unidos que sus tribunales tal vez tampoco iban a poder absorber. 

– ¿Y cómo explica que haya habido una diferencia tan marcada entre el fallo de Preska, con todas esas extralimitaciones, y el fallo de la Cámara que lo revierte? 

–En la apelación, nuestros argumentos preliminares o jurisdiccionales tenían que ver con un principio que se llama el Forum Non Convenience, es decir, que Estados Unidos no es el foro más conveniente para resolver esto, porque es un caso netamente sobre derecho argentino. Y después estaba el argumento jurisdiccional de “cortesía internacional”, que significa que en un caso como este, en donde está involucrado un Estado, hay actos justamente de ese Estado involucrados, donde se discute sobre el derecho argentino, las cortes de Estados Unidos tenían que rechazar jurisdicción. 

Pero lo que ocurre es que a la Cámara esto llega diez años después. En la audiencia los jueces de hecho preguntaron “¿por qué tenemos que estar decidiendo este caso, que es puramente sobre derecho argentino?”. Esos dos argumentos jurisdiccionales que le generan una incomodidad a la Cámara, eran los primeros que tenían que resolver. Lo que hizo la Cámara, y yendo ahí a tu pregunta, fue mirar el abanico de argumentos planteados sobre el fondo de la controversia y elegir uno o dos que permitieran patear todo el caso, sin entrar a decidir en las cuestiones preliminares o jurisdiccionales.

En el fondo, la Argentina presentó ante la Cámara varios puntos, si mal no recuerdo eran siete, sobre derecho argentino, que habían sido algunos de los que Preska había resuelto en contra de la Argentina. Alcanzaba con que la Cámara nos diera la razón en uno de ellos para que revirtiera la decisión y entonces no hubiera condena. Y eso es lo que ocurrió.

–El fallo de Preska fue durísimo y veníamos de un fallo por los holdouts del juez Griesa, que también había sido muy duro para la Argentina. ¿Percibió en todo ese tiempo alguna dimensión política en las decisiones judiciales? ¿Cómo pesa lo político allí? Pregunto para bien o para mal, porque también está presente la afirmación de Milei de que el juicio terminó a favor de la Argentina gracias a que él tiene buen vínculo con Trump… 

–Uno está tan imbuido en los argumentos jurídicos que a veces esas cuestiones te exceden. Yo leo el fallo en términos jurídicos porque lo jurídico está claramente presente en la decisión de la Corte de Apelación, se ve todo un desmenuzamiento detallado del argumento jurídico, con citas a, por ejemplo, decisiones de la Corte Suprema argentina. En la instancia de apelación se genera un espacio que no hay en la primera instancia, que es la posibilidad de presentar amicus. En la apelación se presentaron, como te decía, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Después, se presentaron el grupo de las diez provincias que recibieron parte de las acciones de YPF expropiadas. Y también grupos de académicos en derecho público, en derecho privado, en derecho internacional. Todo eso son cosas que se pueden hacer en Cámara, no se hacen antes porque no hay un espacio procesal. 

–Le pregunto lo mismo en referencia al ámbito local. La defensa atravesó varios gobiernos distintos. ¿Los cambios de gobierno afectaron en alguna de alguna manera las estrategias? ¿Tuvieron indicaciones distintas de los distintos procuradores a lo largo del tiempo? ¿Hubo interferencias políticas que desviaran o cambiaran las estrategias en algún momento?

–No, la verdad que no. Es reconfortante, desde lo técnico, la confianza en el equipo técnico que hubo de cada autoridad nueva que venía. En sí, lo que fue la defensa técnica o jurídica se mantuvo. 

–Durante el juicio hubo por lo menos dos intervenciones de la máxima autoridad de ese momento del país, Macri en su momento y Milei luego, con declaraciones públicas que hablaban de la ilegalidad de la acción expropiatoria argentina, es decir, que de alguna manera socavaban los argumentos técnicos con los que ustedes estaban trabajando. ¿Qué pasa con ese tipo de declaraciones? ¿Le parece que pudieron haber tenido algún efecto en el curso de la causa? 

–En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública de un lado y de otro. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior, o de hace dos administraciones, si es del oficialismo, si es del de la oposición. Hasta debates parlamentarios con declaraciones de los partidos más diversos se traen. Al leer la decisión de la Corte de Apelaciones, en este caso no veo que haya impacto. En el correr de los litigios se debate mucho sobre esto. Esto le pasa a la Argentina y les pasa también a otros estados. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades.

En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades. 

–También hubo una intervención del gobierno de Milei que de alguna manera se auto-adjudicó el mérito del éxito en la causa. ¿Qué le pasó con eso, con esa declaración? 

–Yo creo que se reconoce el trabajo de la Procuración y la Procuración viene interviniendo desde siempre, con lo cual, hay un mérito de esta administración y de las anteriores, que mantuvieron las líneas jurídicas que se habían planteado, con el equipo, con el mismo estudio jurídico extranjero, que podrían haberlos cambiado y no lo hicieron.  

–Este juicio es uno de tantos de los que hay y en los que Argentina está involucrada en los cuales los que promueven los juicios son fondos buitre que no son los damnificados directos, sino que compran los derechos a litigar. Argentina ya fue víctima de esta operatoria con el tema de los holdouts, también en Nueva York, que en ese caso perdimos. En ese momento hubo toda una serie de movimientos diplomáticos y también expresiones de especialistas que reclamaban poner fin a esa práctica de comprar derecho a litigar. Se invocó la doctrina Champerty en su momento. En 2015 parecía que iba a haber algún avance diplomático o incluso de doctrina jurídica en ese sentido. ¿En qué quedó eso? ¿Hubo algún avance en este tiempo para limitar este tipo de operatoria o estamos como en el mismo lugar que en 2015? 

–No. Que yo esté al tanto al menos, no hubo nada de eso. 

–¿Cómo imagina que va a seguir el caso por YPF? Entiendo que las chances son relativamente limitadas de que esto pueda ser apelado o que esa apelación, en todo caso, pueda ser atendida. 

–Los recursos en EE.UU. son limitados porque en general las chances de que se abran esos recursos es limitada. El éxito de un recurso ante la misma Cámara u otro ante la Corte Suprema son muy limitados en términos de porcentajes. Burford ha hablado de otra alternativa que barajan, que es llevar al tema a un arbitraje del CIADI. Acá lo que entra en juego es que en realidad este tipo de fondos se dedican a litigar, presentar reclamos y a generar incidencias procesales. Si van a un arbitraje CIADI, yo creo que la Argentina ahí tiene también una posición fuerte en varios aspectos. 

–Le hago la última: renunció hace poco, no lo sé, pero imagino que una persona de su nivel, fuera del Estado debe cobrar diez veces más de lo que ofrece el Estado, o incluso más ¿no? 

–Claro. Cuando uno elige estar en la función pública, hay mucho de vocación. Quise llegar a la audiencia con la Cámara porque en lo profesional es una experiencia increíble, sin dudas. Y en el caso puntual de la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que le pasa es que está involucrada en litigio complejos, de mucha responsabilidad, donde están involucrados cientos de miles de millones de dólares; se precisan muchos recursos para la defensa de estos casos. Llega un punto en el que la brecha entre ese trabajo y los recursos con los que se cuenta es difícil de sostener en el tiempo.

EA/MG

Desde la UART (Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo) publicaron un balance sobre los últimos 29 años del funcionamiento del sistema. En este sentido, sostienen: “Gracias al esfuerzo conjunto de sus cuatro pilares —empleadores, trabajadores, aseguradoras y Estado— en estas tres décadas el sistema consolidó una red de cobertura exitosa y logró resultados concretos: una reducción del 81% en la mortalidad laboral, con 19.000 vidas salvadas; una baja del 55% en la siniestralidad, evitando 4,7 millones de accidentes; y una caída en la gravedad del 39%. No son solo estadísticas: son personas, empresas y familias protegidas por un sistema que funciona. Sin embargo, esta construcción social virtuosa atraviesa una crisis silenciosa: la judicialización descontrolada amenaza su sustentabilidad. Solo en 2025 se estima que se superarán las 130.000 nuevas demandas, lo que implica más de 10.000 juicios por mes. Lideran este fenómeno la Provincia de Buenos Aires (40% de las causas), CABA (19%) y Santa Fe (14%), con crecimientos preocupantes en Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y San Luis”.

También se refieren al “verdadero 'costo argentino'”: “Algunos números para tener dimensión del impacto negativo de la litigiosidad en el costo laboral argentino, y cómo esto tiene un impacto directo en la creación de empleo. Desde junio de 2024 a mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. Considerando el valor de sentencia promedio y el valor del SMVM a junio de 2025 ($ 313.400.-), la litigiosidad anual representa 6.891.653 salarios mínimos. Esto también es el ”costo argentino“. Esta avalancha judicial no responde a un incremento de accidentes ni a un deterioro del servicio. Por el contrario, se produce en un contexto de mejora continua de las prestaciones y reducción de siniestros”.

Desde UART se preguntan “¿Cuál es entonces el detonante?”: “La combinación de pericias médicas judiciales infladas —que superan en promedio en 12,5 puntos el Baremo vigente— y tasas de interés judiciales desproporcionadas que convierten cada juicio en una oportunidad financiera sin igual, no en un reclamo legítimo. 'La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, con atención médica integral sin costo adicional, actualizaciones automáticas y compensaciones para todas las incapacidades, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento', advierte Mara Bettiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Bettiol advirtió que 'Al stock de 290.000 juicios a dic 2024, se suma el flujo estimado de 130.000 juicios para 2025. No hay sistema ni empresas capaces de sostener esta friolera de judicialidad que erosiona competitividad, productividad y empleo'”.

Un eslabón suelto: la Justicia

“La Ley 27.348 de 2017 prevé la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar criterios periciales objetivos y uniformes. Ocho años después, salvo excepciones parciales como Mendoza, 17 provincias adheridas a la norma —incluyendo CABA— aún no los han implementado. En su lugar, las pericias judiciales se determinan sin control ni estándares de ningún tipo y los peritos cobran en función del porcentaje de incapacidad asignado, alimentando un circuito perverso de incentivos. Las provincias que sí cuentan con peritos dependientes del poder judicial — como Salta y Río Negro— exhiben índices de litigiosidad notablemente inferiores a los de sus vecinas con condiciones socioeconómicas similares. La experiencia demuestra que, cuando se implementan los CMF, el sistema recupera equilibrio”, continúa el balance de UATR.

30 años, una meta compartida

“Hoy, a las puertas del trigésimo aniversario, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta el desafío más complejo desde su creación. Todos los actores — empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado regulando y fiscalizando— han cumplido su parte. Solo resta que el Poder Judicial complete el último eslabón para que esta política pública exitosa no se vea truncada por intereses ajenos a su propósito. Desde la UART, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema que cuida, repara y previene. Apostamos a que en 2026 podamos celebrar tres décadas de logros, con un modelo más justo, previsible y sostenible. Un modelo que, lejos de colapsar por inacción, sea el punto de partida para ampliar derechos y generar más trabajo de calidad en la Argentina que viene”, finalizan.

MU

Declararon nulo el juicio en el que investigan las responsabilidades médicas entorno a la muerte de Diego Maradona. Los casi tres meses de audiencias. Los 44 testigos que declararon. Los chats y los audios. Los informes forenses, los videos. Todo quedó en fojas cero este jueves.

“(Julieta) Makintach tenía un interés personal en el juicio”, abrió la audiencia el presidente del TOC3 Maximiliano Savarino ante el escándalo que generó la producción y grabación, con la magistrada como protagonista, de un documental sobre el proceso. Habrá que sortear un nuevo Tribunal. El calendario de este año en el Juzgado de San Isidro está completo, por lo que la causa Maradona deberá esperar, quizás, hasta el año que viene.

La vocal Verónica Di Tomaso pidió la palabra hacia el final de la audiencia, que fue breve. Dijo en tono maradoniano: “Acá hubo una persona que se equivocó y pagó. Pero la Justicia no se mancha”. En el estrado había una silla vacía, la que ocupó Makintach hasta el martes, cuando fue apartada.

El juicio en el que intentaban determinar las responsabilidades de la muerte del exfutbolista había quedado en un limbo. En principio porque ninguna de las partes —fiscales, querellas y defensas— esperaba que Julieta Makintach asumiera de manera repentina la coordinación de un debate en curso. Luego, porque pidieron su apartamiento ya que dudaban de su imparcialidad. Después, porque sobre todo el tribunal cayó una denuncia penal en la que investigaron presuntas irregularidades.

En una semana reunieron prueba que determinó la existencia del documental. Makintach, que se resistía a dejar el estrado, fue apartada por sus mismos colegas.

El dúo que quedó del TOC3 había agendado para este jueves una definición. Convocaron a los daminificados -hijas y hermanas de Maradona- y a los siete imputados. Ayer, miércoles, la Suprema Corte bonaerense suspendió a Makintach por 90 días. Y la Universidad Austral suspendió por el momento sus clases de Derecho Penal.

El juicio pegó una vuelta inesperada. Desde hace doce días; es decir, tres audiencias, no se habla de cómo murió Maradona y de quiénes son los responsables de su fallecimiento ocurrido hace casi cinco años. Todo escaló cuando se supo que Makintach formaba parte del documental “Justicia Divina”. Se confirmó que la magistrada participaba de la producción audiovisual como protagonista de un juicio en curso donde ella tenía voz y voto. Ahora habrá que esperar el sorteo de los nuevos magistrados para que la causa Maradona vuelva a comenzar.

VDM/MC

Este martes, en el Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro se definirá el destino del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, atrapado en un limbo luego de que se conocieran videos que muestran que la jueza Julieta Makintach sería parte de un documental.

En la sala de audiencias se sentarán las tres hijas de Diego –Dalma, Gianinna y Jana–, los imputados pero también Makintach, quien estará presente luego de que este fin de semana se conocieran los videos en los que aparece posando e ingresando a los tribunales de San Isidro junto con el equipo de filmación. Sobre ella pesa un pedido de apartamiento porque está sospechada de imparcialidad.

Además, sobre todo el Tribunal cayó una denuncia penal a partir de la que se investigan presuntas irregularidades: el tema del supuesto documental y una autorización opaca para el ingreso de cámaras. 

La de este martes es una audiencia clave porque se definirá cómo sigue. Entre los escenarios, puede suceder que el Tribunal no haga lugar al pedido de apartamiento de Makintach y mantener en marcha el juicio. Habrá apelaciones a la Cámara de Garantías y la Cámara de Casación Penal. Si se hace lugar a la recusación de Makintach, deberá sortearse un nuevo juez.

La jueza no integra naturalmente el TOC3 de San Isidro, que lleva adelante el juicio por la muerte de Maradona. Tampoco llegó por sorteo, sino por invitación. Según explicó, luego del revuelo por el tema del documental, “ninguno de los jueces que compone el TOC5 quiso asumir esta tarea y me pidieron si podía hacerlo yo”.

Las partes –fiscales, querellas y defensas– dudan de su imparcialidad en el debate. No es delito que la jueza haya prestado su imagen y testimonio para una producción que, suponen, contará su trayectoria de 27 años en el ambiente judicial. Lo que se pone en cuestionamiento es que hayan elegido justo el juicio en el que la jueza tiene voz y voto. La hipótesis de la Fiscalía que investiga estas irregularidades es que con ese material armarían un teaser (proyecto de obra) para venderlo a alguna plataforma internacional de contenidos audiovisuales.

Este domingo se conocieron nuevos videos entre la cantidad de discos rígidos que la DDI de San Isidro secuestró el jueves en seis allanamientos. Entre ellos apareció el crudo que protagoniza la jueza Makintach. Las imágenes fueron tomadas en el Juzgado de San Isidro, donde se lleva adelante el debate por la muerte de Diego Maradona, el domingo 9 de marzo y el martes 11 de marzo, día de inicio del debate. Uno de los videos muesta al Tribunal en pleno ingresando con la custodia a la sala de audiencias. También hay tomas directas a la jueza, al abogado Fernando Burlando y a Gianinna Maradona.

La Fiscalía trabaja para evitar que el juicio se caiga: lograr subsanar las irregularidad y acordar con querellas y defensas para que el debate siga adelante. Pero las fuentes consultadas por elDiarioAR apuntan a que entre las partes hay consenso para recusar a todo el Tribunal. Los tres jueces —Maximiliano Savarino, presidente; y las vocales Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach— quedarán sometidos a la decisión de otro tribunal. Si ese otro tribunal decide designar a otro TOC, el juicio volvería a cero. Esta opción presenta un problema: no “alcanzan” los tribunales. Después de la pandemia y por falta de nombramientos, hay estrados que no juntan tres jueces.

El juicio comenzó el 11 de marzo y ya se celebraron 19 audiencias, con más de 40 testigos, incluidas las hijas del exfutbolista: Dalma, Gianinna y Jana Maradona.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos Aires.

Por la muerte de Maradona están imputados el neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (44), la psiquiatra Agustina Cosachov (40), el psicólogo Carlos Ángel Díaz (33), Nancy Edith Forlini (56), coordinadora de la prestadora médica contratada, Mariano Ariel Perroni (44), coordinador de Medidom S.R.L., el enfermero Ricardo Omar Almirón (41) y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (52).

La Justicia detuvo este martes a uno de los custodios de Diego Armando Maradona por presunto falso testimonio y posible peligro de fuga. Se trata de Julio César Coria, el jefe de seguridad del exjugador en la vivienda del country San Andrés, quien habría incurrido en contradicciones durante su declaración.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, votaron por mayoría su aprehensión por posible peligro de fuga.

El pedido fue formulado por Fernando Burlando, asesor de Dalma y Gianinna, y el fiscal Patricio Ferrari, que caratuló el caso como “homicidio simple con dolo eventual” e imputó a Díaz, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

Coria fue la persona que le hizo respiración boca a boca a Maradona el 25 de noviembre de 2020, el día de la muerte del exjugador ocurrida en la residencia del barrio cerrado situado en el partido bonaerense de Tigre.

Durante su declaración, el hombre afirmó que observó a Cosachov realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar a Maradona, un dato que nunca comentó en otras oportunidades. Además, Burlando solicitó que se lleve a cabo una causa paralela por falso testimonio, pero el juez Savarino determinó que se leyeran declaraciones previas.

“Cosachov le hizo maniobras en el pecho, en ese momento no me habré acordado”, sostuvo Coria con respecto a sus otras comparecencias.

MM con información de la agencia NA.

Mientras una de las juezas del TOC N°3 advertía que en el tercer piso -donde están sus oficinas- no hay lugar suficiente, dos personas entraban con una mega maqueta. Fue un ingreso en tandas: primero una mesa, después una base sobre la que colocaron “la planta baja” y por último, el segundo piso. Es una reproducción a escala de la casa del lote 45, en el barrio San Andrés, donde Diego Maradona pasó sus últimos catorce días antes de morir. Un árbol, un auto, una ambulancia. Es blanca, lisa y rectangular, pero no está vacía. Mirada de cerca, dentro de la habitación de la izquierda, justo detrás de la parrilla, hay un muñequito recostado en una cama. Con esa maqueta Fernando Burlando, que representa a Dalma y a Gianinna en el juicio por la muerte de su padre, demostrará que el exfutbolista no sólo estuvo aislado de su familia sino aislado en la misma vivienda donde se dispuso la internación domiciliaria.

Leopoldo Luque, el neurocirujano señalado como el médico de confianza que decidía sobre el tratamiento, no vio la miniatura de telgopor. Ya se había retirado de la sala porque decidió que sólo volverá recién para los alegatos, que podrían ser en cuatro meses. Prefiere no escuchar a los testigos. Agustina Cosachov, la psiquiatra, sí observó cómo iban armando pieza por pieza la casa donde visitó a su paciente. Pero será la última vez que se siente frente al Tribunal porque, explicó su abogado Vadim Mischanchuk, tiene que trabajar y no puede asistir a todas las audiencias salvo alguna que él considere necesaria. Carlos Díaz, el psicoanalista especializado en adicciones, permaneció hasta el final de la audiencia. Igual que los otros cinco acusados, ellos están imputados por homicidio simple con dolo eventual -que prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel-, pero son para la Fiscalía y los querellantes los más comprometidos.

Rodolfo Baqué no podrá defender al enfermero

En el segundo día del juicio que arrancó el martes por la muerte del exfutbolista, los jueces Verónica Di Tomasso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, apartaron al representante del enfermero Ricardo Almirón. Se trata de Rodolfo Baqué, que también es el abogado de Gisella Dahiana Madrid, la otra enfermera imputada que pidió ser juzgada aparte, en un juicio por jurados. Baqué dijo en una audiencia anterior al inicio del juicio que a “Maradona lo mataron y no fue (Gisella Dahiana) Madrid”.

Para el Tribunal ese dicho genera un conflicto de interés: Si Baqué defiende a ambos enfermeros pero incluye solo a uno en la acusación y a la otra no, ¿a quién defiende? Los jueces, entonces, lo separaron de la defensa del enfermero. Baqué la peleó hasta el final. Dijo que cuando declaró que a “Maradona lo mataron y no fue Madrid” no había nombrado Mariano Perroni -coordinador de Medidom-, ni a Nancy Forlini -de Swiss Medical- ni a Pedro Di Spagna -el médico clínico-, otros tres imputados. Insistió el abogado: dijo que hizo referencia a Luque, Cosachov y a Díaz. Y volvió a la carga: “Me quieren callar porque dije que a Maradona lo mataron”. No hubo caso, el Tribunal lo expulsó de la defensa del enfermero y tuvo que dejar la sala.

Franco Chiarelli, que ya era parte del equipo, deberá representar al enfermero Almirón. Pidió una semana “para poder reorganizarse”. Los jueces le anticiparon que no sería posible, que forma parte de la defensa desde el inicio y conoce la prueba. Baqué seguirá en la defensa de Madrid en el juicio por jurados. Miguel Angel Pierri, que patrocina a Perroni, se fue detrás de Baqué. Acusó cuestiones de salud, tenía en agenda un turno médico.

Los jueces pidieron que “depuren” la lista de testigos

En la segunda audiencia se resolvió, además, que las audiencias serán los días martes y jueves entre las 930 y las 18 hasta, por lo menos, el 17 de julio. Transcendió que en la lista de testigos que deberán hablar al Tribunal figuraban Marcelo Tinelli, Luis Ventura, Guillermo Coppola y Marcela Tauro. El Tribunal apuntó que desea un “juicio ágil pero no torpe” y pidieron a las partes que “depuren” la lista de personas que irán a declarar. El criterio pedido es que los testigos sean relevantes al hecho que se juzga, la muerte de Maradona.

Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, los fiscales, adelantaron que el martes -cuando se reanude el juicio- declararán tres efectivos: Lucas Farías, oficial de policía; los comisarios Lucas Borge y Javier Mendoza. Fueron los primeros en ingresar a la casa del barrio San Andrés, la que pretende emular la maqueta de Burlando. La estrategia de los fiscales es contar los últimos catorce días de vida del exfutbolista “como si fueran un cuento” y empezarán por aquel mediodía del 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona murió. Luego será el turno de Dalma, Gianinna, Jana Maradona, las hijas, y su ex pareja, Verónica Ojeda. Son testimonios muy esperados.

VDM / NB

El fiscal Patricio Ferrari levantó un foto que solo pudieron ver los integrantes del tribunal, pero se emitió en la transmisión oficial: “Así murió Maradona”. Detrás suyo, los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicoanalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación: homicido simple con dolo eventual, un delito que prevé una pena de entre ocho y 25 años de cárcel. “Leito, tiene los ojos como una teta, me da miedo verlo con la luz apagada”, le decían a Luque en un chat, según Ferrari en su exposición. “Lo condenaron al olvido y en esa casa de Tigre decidieron que muriera”, cerró el fiscal.

La fiscalía presentó este martes los lineamientos en la primera jornada de juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ocurrida hace más de cuatro años, el 25 de noviembre de 2020, en una casa del barrio cerrado San Andrés, en Benavídez, Tigre. El enfermero Almirón, la cabeza gacha y el rostro cubierto con un barbijo, escuchó los alegatos de introducción con los ojos cerrados. Leopoldo Luque se presentó al juicio con una fisonomía absolutamente distinta a la época en la que asistía al exfutbolista: otro cuerpo, el de un fisicoculturista. “La imputación es absolutamente sólida, sin fisuras. Hay prueba objetiva y de calidad”, siguió Ferrari.

La producción de prueba demandó un año y a lo largo de este juicio, que se extenderá hasta julio, por lo menos, se pondrán en debate 200 testimonios, mensajes de texto y audios, evidencia médica, además de la historia médica de Maradona desde 2020 y los 21 especialistas que integraron la junta médica interdisciplinaria. “Entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona fue introducido en el lote 45, del barrio San Andres, Benavídez, Tigre, Buenos Aires. Por entonces, no se encontraba en uso pleno de sus facultades mentales y no podía decidir sobre su salud. Ingresó para una rehabilitación clínica que hoy podemos decir fue calamitosa”, graficó el fiscal.

Un teatro del horror. Una internación domiciliaria temeraria. Para los fiscales, un grupo de improvisados integrado por Luque, Cosachov y Díaz, con la colaboración de Perroni, Di Spagna y Almirón (y la enfermera Dahiana Madrid, que será juzgada aparte) “incumplieron todos los deberes a su cargo”. Los abogados que representan a la familia del exfutbolista se apoyan en la imputación de la fiscalía. Pero Mario Baudry, abogado representante de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona, hizo notar lo que falta: Victor Stinfale, Matías Morla y Maximiliano Pomargo solo declararon como testigos. Baudry advirtió al tribunal que oirán dichos nombres muchas veces a lo largo del debate. En la sala de los tribunales de San Isidro se cuela el ruido de los bombos. Afuera una buena cantidad de gente se juntó para pedir “Justicia por Diego”.

VDM/MC

El juicio técnico contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número tres de San Isidro.

El debate oral estaba pautado para las 9.30, pero arrancó cerca de las 11. Están sentados en el banquillo de los acusados por presunto “homicidio simple con dolo eventual”, además de Luque, Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini y el psicólogo Carlos Díaz.

Por su parte, la enfermera Gisela Dahiana Madrid, también imputada, enfrentará un juicio por jurados populares durante el segundo semestre una vez que finalice el debate principal.

El exjugador de Boca y la Selección argentina falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en un country de Tigre como consecuencia de un “paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda”.

La figura del homicidio con dolo eventual prevé una pena que va de los ocho a los 25 años de cárcel, según establece el Código Penal.

Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, del TOC N°3 de San Isidro, consideran que ocho personas a cargo de su rehabilitación “infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo”, que existen “factores circunstanciales notoriamente burdos” y que “el fatal descenlace podría haberse evitado”. Hay prueba de sobra y, según los fiscales, la prueba sería contundente. No sólo reconstruyeron la historia clínica de Maradona entre el año 2000 y el que murió –20 años– sino que cuentan con la conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso: 17 de 22 peritos indicaron que hay responsabilidad penal en la muerte del ex futbolista.

“Perra mal parida”, el insulto de Verónica Ojeda a Cosachov

Verónica Ojeda, la ex pareja de Diego Maradona, insultó a la acusada Agustina Cosachov antes de que arranque el juicio por la muerte del exfutbolista en noviembre de 2020 al tildarla de “perra, mal parida” en Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro donde ambas se encuentran.

Ojeda y Cosachov se cruzaron en los pasillos del tribunal y allí, según testigos, la madre de Diego Fernando, uno de los hijos de Maradona, comenzó a insultarla.

“Perra mal parida, hija de puta”, se la escuchó gritar a Ojeda, mientras que la psiquiatra acusada del delito de homicidio con dolo eventual no se detuvo y continuó su marcha hasta la sala.

Antes de ingresar al Tribunal, Ojeda se emocionó y manifestó que esperaba “mucho” este día, haciendo referencia a las diversas suspensiones que tuvo el debate.

Baudry, abogado de Dieguito Fernando: “Maradona sufrió en sus últimos días”

El abogado Mario Baudry sostuvo que Diego Armando Maradona “sufrió en sus últimos días” y que “está acreditada en el expediente la responsabilidad de cada uno” al arribar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro donde se dará inicio al juicio oral contra siete médicos por la muerte del astro en noviembre de 2020.

Antes de que se dé inicio al juicio, Baudry, quien representa a Diego Fernando, el hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda, expresó: “Esperemos que se haga justicia por Diego”.

Junto con Ojeda, quien es su pareja, el letrado ratificó que “hay pruebas que acreditan que Diego no fue cuidado como corresponde” y que “sufrió en sus últimos días”.

En este marco, manifestó la necesidad de que la Justicia “se ponga los pantalones” y escuche a todos los testigos que se van a presentar, ya que “tienen algo para aportar”. “Está acreditada en el expediente la responsabilidad de cada uno. Luque y Cosachov tiene la principal tarea en la muerte de Diego”, remarcó.

En medio de un clima de dolor, Ojeda se puso a llorar y solo remarcó que “esperaba mucho este día”. En este sentido, se refirió por las innumerables veces que el debate fue suspendido.

“La familia está mal, porque es muy difícil revivir todo esto, sobre todo para Dieguito que ahora está más grande”, finalizó Baudry.

De qué se acusa a cada uno de los imputados

Leopoldo Luque

El hombre de 43 años era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó la externación del oriundo de Villa Fiorito tras la cirugía por el hematoma subdural. Según fuentes de la causa, hay audios que le habría mandado a la víctima durante los días previos al fallecimiento.

Los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari consideran que el neurocirujano omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a Dalma, Gianinna y Jana, además de que habría falsificado una firma del ex entrenador en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos.

En tanto, Luque está imputado de restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, no seguir los controles ni convocar a especialistas. 

Agustina Cosachov

Otra de las acusadas más complicadas, la psiquiatra está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex jugador de Sevilla. 

La Fiscalía sostiene que Cosachov, de 40 años, no reguló la ingesta de la medicación de forma personal y aseguró a los hijos de Maradona que lo que ocurría era consecuencia de “la espontánea decisión del paciente”.

Ricardo Almirón

El enfermero, que en los últimos días designó a Rodolfo Baqué y Martín Miguel de Vargas como sus dos nuevos defensores (ya era asesorado por Franco Chiarelli), se encuentra acusado de no cuidar a Maradona (al igual que Gisela Madrid).

El hombre de 41 años considera que “Pelusa” no quería que ingresen a la habitación y los rechazaba. Una orden que habrían recibido de los médicos era “no molestar al paciente”.

Pedro Pablo Di Spagna

El médico de 52 años está sindicado de no controlar el estado de salud del astro argentino, al tiempo que, según la acusación, solo habría concurrido en dos ocasiones a la casa del country de Tigre.

La primera vez fue el 12 de noviembre cuando controló al ex entrenador de Gimnasia y Esgrima (LP) de forma personal y ordenó que se realice una serie de estudios, tales como laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma, eco doppler. El facultativo recomendó que se integre al personal de salud un nutricionista porque ese día Maradona estaba constipado tras comer brócoli con camarones a la provenzal.

La segunda oportunidad tuvo lugar el 18 de noviembre, siete días antes del deceso, donde afirmó que no pudo chequear a Diego porque “no se dejó”.

Los fiscales remarcan que Di Spagna nunca se aseguró de que los análisis indicados se hayan llevado a cabo y por ende no controló la situación. 

Carlos Díaz

El psicólogo atendió al campeón del mundo en México 1986 por pedido del abogado Martín Morla. 

Según figura en su cuenta de LinkedIn, Díaz estudió en la Universidad del Salvador entre 2011 y 2016 y desde 2015 trabaja en la Asociación Civil Íntegra.

De acuerdo a su declaración, “nunca pudo haber influido en la muerte” de Maradona: “Muchas cosas me llamaron la atención de las que vi. En primer lugar, que un paciente viva con empleados y no con su familia es algo que a mí me llama la atención. Es la primera vez que veo esto en la práctica clínica. Por otro lado, en la reunión en la Clínica Olivos, donde estuvieron todos, algunos de sus familiares luego no participaron en ningún otro momento del tratamiento”.

Nancy Edith Forlini

La mujer de 56 años era la coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios en la prepaga Swiss Medical. Tras la última cirugía, la empresa de medicina prepaga le brindó servicios de cuidado a Maradona en el country de Tigre.

En un escrito, Forlini acusó a Luque y Cosachov de ser quienes tomaban las decisiones sobre los tratamientos.

Mariano Perroni

El jefe de los enfermeros Almirón y Madrid se encargaba de coordinar las tareas a los dos profesionales imputados. Para los fiscales, escribió planillas con información que no coincidía con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”.

Informe de Victoria De Masi

IG/MC

Una casa de dos plantas en un barrio cerrado de Benavídez, en Tigre. Un playroom conectado a la cocina por un biombo en el que improvisaron una “sala de internación domiciliaria”: ventanas tapiadas, un televisor apagado, una silla higiénica, un sillón masajeador, una cama. No hay elementos esenciales para una eventual emergencia médica, como un desfribilador o un tubo de oxígeno. Pero sí gasas y sueros y botellas de agua por acá y por ahí, y dos teléfonos celulares. Las indicaciones para administrar la medicación están anotadas en un papel y ese papel cuelga de un imán en la puerta de la heladera. La medicación está dentro de un tupper y al tupper lo van cambiando de lugar. Es que hay que evitar que el paciente, en algún arranque, se automedique. Pero el paciente, igual, lleva dos días a oscuras, encerrado. No quiere levantarse, no quiere visitas, no quiere comer. El mediodía del 25 de noviembre de 2020, en esa habitación, sobre esa cama, yace boca arriba un hombre, 60 años recién cumplidos. El brazo derecho cuelga. La pierna derecha hinchada. La panza inflada como un globo. Parece dormido, pero no. Primero los gritos, después las ambulancias y a los minutos, la noticia: “Murió Diego Armando Maradona”. Ese es el hecho. El juicio para determinar las responsabilidades por su fallecimiento arranca este martes.

¿Qué pasó entre el 11 de noviembre, cuando Maradona salió de la Clínica Olivos luego de ser operado por un hematoma subdural, y el 25 de ese mes, día de su muerte? ¿Quién, quiénes programaron esa “internación domiciliaria” en un lugar que, todo indica, no estaba en condiciones? ¿Quién, quiénes decidían sobre la salud de Maradona? ¿Maradona estaba en condiciones de decidir sobre su salud? ¿Cuán aislado estuvo el ex futbolista de su familia durante esos 14 días? ¿Cómo era la cadena de mando, dónde parten las responsabilidades? ¿Dónde terminan? Los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, del TOC N°3 de San Isidro, consideran que ocho personas a cargo de su rehabilitación "infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo", que existen “factores circunstanciales notoriamente burdos” y que "el fatal descenlace podría haberse evitado". Hay prueba de sobra y, según los fiscales, la prueba sería contundente. No sólo reconstruyeron la historia clínica de Maradona entre el año 2000 y el que murió –veinte años– sino que cuentan con la conclusión de la Junta Médica Interdisciplinaria que evaluó el caso: 17 de 22 peritos indicaron que hay responsabilidad penal en la muerte del ex futbolista.

Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psiconalista; Nancy Forlini, doctora y coordinadora de la empresa de salud privada Swiss Medical; Mariano Perroni, coordinador de enfermeros de Medidom –empresa tercerizada de Swiss Medical para cuidados domiciliarios–; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid –esta última pidió un juicio por jurado y su proceso será aparte–; y Pedro Di Spagna, médico clínico. Para todos corre la misma imputación: homicido simple con dolo eventual, un delito que preve una pena de entre ocho y 25 años de cárcel.

Con distintos grados de jerarquía, cada uno fue parte del plan que buscaba “rehabilitar” a Maradona luego de la cirugía por el hematoma subdural y también desintoxicarlo del consumo de alcohol. Todos pertecen al ámbito de la salud y sobre ellos recaía el cuidado, pero debían interactuar con otras personas dentro de esa casa. Con Jonathan Espósito, sobrino del ex futbolista, por ejemplo. Y con Maximiliano Pomargo, su asistente personal. Y con al menos tres personas de seguridad. Según la investigación eran los únicos que podían entrar en la habitación en la que se asistía a Maradona durante sus últimos días. De acuerdo a la declaración de los enfermeros, Maradona se negaba a tomar la medicación si se la administraban ellos y la tarea quedaba a cargo del sobrino Jonathan y el asistente Pomargo, bajo la mirada de alguno de los custodios. Tanto ellos como el abogado y amigo personal del futbolista, Víctor Stinfale y Matías Morla, también abogado y línea directa con Maradona, estaban al tanto del dispositivo armado. Pero en la causa los abogados, el sobrino, el asistente y los custodios sólo declararon como testigos.

Maradona murió por una insuficiencia cardíaca. Pero además de la autopsia, hubo una recopilación de datos sobre su salud de los veinte años anteriores al fallecimiento. El cuadro era grave: cirrosis, enfermedad renal crónica, el corazón agrandado, deterioro neurológico crónico, adicción al alcohol y a los psicofármacos, probables enfermedades psiquiátricas y abstinencia. Para los fiscales, los imputados estaban al tanto de cada diagnóstico y “lo abandonaron a su muerte”.

El neurocirujano, la psiquiatra y el psicólogo: los más complicados

Leopoldo Luque, 43 años, neurocirujano. Fue señalado por los testigos como uno de los médicos de cabecera de Maradona y quien insistió en que la internación domiciliaria era lo mejor para la recuperación postcirugía. Lo comprometen los audios que envío los días previos a la muerte del ex futbolista, sobre todo en cuanto a escatimar información sensible sobre el estado de salud a Dalma, Giannina y Jana, las hijas de Maradona. De acuerdo a los fiscales, Luque evitó asistir y brindar atención propicia al paciente, no siguió los controles ni convocó a especialistas e ignoró y menospreció los síntomas y signos compatibles con insuficiencia cardíaca. Pesa sobre él otro hecho: haber falsificado la firma de Maradona en un pedido de historia clínica luego de la internación en Olivos. Cuando declaró en la etapa de instrucción, Luque dijo: “La muerte ocurrió en forma inesperada, imprevista, en las horas de sueño sin brindar ninguna posibilidad de tratamiento”.

Agustina Cosachov, 40 años, psiquiatra. Conoció al futbolista en junio de 2020 porque Luque le pidió una consulta. Maradona la llamaba Droopy, por el dibujito animado. También señalada por los testigos como parte del equipo de cabecera. De acuerdo a la investigación no administró de manera correcta ni la medicación ni lo psicotrópicos a Maradona, desentendiéndose de los efectos adversos. Además la acusan de otro hecho: haber falseado un certificado médico de una visita que nunca hizo. Cosachov indicaba a distancia a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos administrar, a sabiendas de que Maradona no permitía que los enfermeros se acercaran al paciente. De acuerdo a los fiscales, no controló la toma de la medicación de forma personal y manipuló a la familia diciéndoles que lo que sucedía era producto de “la libre y espontánea decisión del paciente”. En su defensa, Cosachov declaró que la medicación había sido consensuada con anterioridad al traslado a la casa de Tigre con profesionales de una clínica de Brandsen y la clínica de Olivos.

Carlos Díaz, 33 años, psicoanalista especializado en adicciones. Entra en el equipo el 26 de octubre, un mes antes de la muerte de Maradona, por recomendación de Matías Morla al cirujano Luque, para encargarse del tratamiento psicológico. Los fiscales lo acusan de haber omitido disponer una internación en un centro de rehabilitación acorde y de haber interferido en las indicaciones de la psiquiatra Cosachov. Lo acusan, además, de haber manipulado a la familia sobre el verdadero cuadro de salud del paciente. El 18 de noviembre, una semana antes de la muerte, Maradona impidió que entrara en la habitación: “No es el momento”, escuchó Díaz. Fue el que planteó a la familia revincular al futbolista por videollamada con “los campeones del '86”. Concluyó su descargo así: “Más allá de la tristeza enorme por el fallecimiento de Maradona quiero destacar que luego de décadas de sufrimiento y esclavitud con los consumos, él pudo finalizar su vida libre de todo tóxico y comprendiendo que vivir de otra manera era posible”. Algo de eso es cierto: Maradona tomaba un promedio de seis latas de cerveza por día intercaladas con vino cuando Díaz lo visitó por primera vez. Entre los resultados de la autopsia no hay indicios de ingesta de alcohol.

Los enfermeros, último eslabón de la cadena

Ricardo Almirón, 41 años, y Gisella Dahiana Madrid, 40 años, ambos enfermeros contratados por Medidom, la empresa tercerizada por Swiss Medical para cuidados domicialiarios. Almirón rechazó la acusación: “Fui convocado para prestar servicios como enfermero a domicilio. No obtuve respuesta sobre el estado de salud del paciente. No tenía elementos de chequeo. Siempre estuve en la incertidumbre”. Él y Madrid coinciden en que la única indicación que recibieron fue administrar la medicación. El problema es que el futbolista los rechazaba, no quería que entraran en la habitación. Entonces preparaban las dosis y se las daban al sobrino Jony y al asistente Pomargo que, a su vez, ingresaban con un custodio. “No veíamos si Maradona ingería la medicación”, declaró Madrid.

Sobre los controles diarios, los enfermeros aseguran que solo podían hacerlo si Maradona lo permitía. Si podían hacer los chequeos, dejaban asentado prácticas, horarios y resultados en la planilla. Esos registros debían esconderlos porque Maradona los buscabapara romperlos: decía que “lo controlaban”. Para dejar constancia, los enfermeros debían transcribir o tomar una foto y enviar la información inmediatamente al grupo de WhatsApp creado por los médicos de cabecera. Almirón y Madrid hacían turnos de doce horas. Él entraba a las 19 y ella a las siete. El pase de guardia de la mañana de la muerte no se hizo al pie de cama como indica el protocolo sino en el living. Es que la otra indicación que recibieron por parte de los médicos de cabecera era “no molestar al paciente”.

Los coordinadores de las empresas de salud privada

Mariano Perroni, 44 años, empleado de la empresa Medidom. Su tarea consistía en coordonar a los enfermeros Almirón y Madrid. “Mi función no fue la de tomar acciones médicas sino controlar el ingreso y egreso del personal”, dijo en su declaración. Para los fiscales, completó planillas con información que no se condecía con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”. Indica la acusación: “Demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia ya que los integrantes de su equipo hubieran logrado ser las primeras personas en dar cuenta de la situación real del paciente”. Perroni asegura que, al momento de la contratación del servicio, le informaron que el diagnóstico “era por un tratamiento post quirúrgico, un paciente alcohólico y que se automedicaba” y que se lo comunicó a los enfermeros.

Perroni aduce que acataba las indicaciones de Nancy Forlini, otra imputada. Forlini, 56 años, era al momento de la muerte de Maradona, la jefa médica a cargo de la gerencia de cuidados domiciliarios en Swiss Medical. Declaró en un escrito que el día de la externación de la Clinica de Olivos –11 de noviembre– recibió una solicitud de cuidados domiciliarios. Aquí, una zona gris que habrá que esclarecer: ¿“cuidados” domiciliarios equivale a “internación” domiciliaria? Forlini, en su descargo, es clara: “Nunca recibí un pedido de internación domiciliaria”. Ella organizó un servicio de enfermería y de acompañantes terapeúticos con cobertura 24 horas que tercerizó en Medidom. “Nos indicaron que serían los médicos personales quienes tomarían todas las decisiones”, dice su descargo. Sin embargo, Perroni –coordinador de enfermeros de Medidom– asegura en su declaración que Forlini era la única interlocutora: “Forlini me indica que no me comunique ni con los médicos tratantes ni con la familia ni con nadie de su entorno. Las indicaciones de Forlini eran bajadas por Cosachov”.

El médico clínico acusado de no controlar

Pedro Di Spagna, 52 años, está acusado de no haber controlado regularmente el estado de salud de Maradona. De acuerdo a la investigación, Di Spagna fue solo dos veces en 14 días a la casa de Tigre. La primera vez, el 12 de noviembre, chequeó personalmente al paciente e indicó una serie de estudios –laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma, eco doppler–. Ese día Maradona estaba constipado: había comido brócoli con camarones a la provenzal. Di Spagna sugirió que integren al equipo médico a un nutricionista. Hasta ahí, Di Spagna sólo debía presentarse en la casa de Tigre para confeccionar el informe para la prepaga, algo así como el punto de partida de la internación domiciliaria. Pero, según el médico, Forlini le pidió que fuera a visitarlo cada quince días y hacer “un seguimiento”. La última vez fue el 18 de noviembre. Dijo que no pudo chequear al paciente porque no se dejó. Preguntó al día siguiente si necesitaban que fuera, pero Forlini le dijo que los médicos tratantes decidieron que el paciente descansara el fin de semana. Fue a través de un audio cuya transcripción es parte de la prueba. La fiscalía entiende que Di Spagna nunca se aseguró que los estudios que se indicaron se hayan realizado y, en consecuencia, no controló el caso. El médico nunca cobró los honorarios, 4.000 pesos.

VDM/DTC

Con un pedido de condenas que van de los 4 a los 20 años para los 51 acusados, la Fiscalía concluyó este miércoles su petición de penas para hombres que están siendo juzgados por agresión y violación bajo sumisión química contra Gisèle Pelicot. Para el ex marido de la mujer, Dominique Pelicot, quien confesó haberla violado, drogado y entregado a otros hombres, la fiscal pidió la pena maxima, 20 años de cárcel.

Frente al tribunal penal de Aviñón, en el sureste de Francia, la fiscal Laure Chabaud dijo: “Habrá un antes y un después” de este juicio, y una “concienciación real y profunda sobre la noción de consentimiento” para los acusados y también para la sociedad. Ese fue, precisamente, el elemento clave de la argumentación de la Fiscalía en los alegatos que habían comenzado el lunes para pedir condenar a todos los acusados: jamás tuvieron el permiso de la víctima para hacer lo que hicieron ni tampoco lo pidieron.

La fiscal interpeló al presidente del Tribunal, Roger Arata, para que de una vez por todas nunca más se pueda calificar una violación de “ordinaria” o “involuntaria”, como trataron de argumentar las defensas de varios acusados.

La fiscalía había comenzado este lunes con las peticiones de penas. El primero fue Dominique Pelicot, violador confeso de 71 años y principal acusado, quien se expone a la condena máxima de 20 años por violación agravada, al ser el cerebro del plan para drogar a la víctima durante casi 10 años para que decenas de hombres la violaran.

Chabaud argumentó la petición de pena máxima por la psicología del violador confeso, al que describió como un hombre perverso, egocéntrico, perturbado, con múltiples desviaciones sexuales que quiso satisfacer sin poner “ningún límite” y sin el consentimiento de la víctima.

“Veinte años es mucho tiempo. (...) Tengas la edad que tengas, no es poco. Es a la vez mucho y demasiado poco. Demasiado poco teniendo en cuenta la gravedad de los actos cometidos y repetidos”, señaló la fiscal.

En total hay 51 acusados y este miércoles se realizaron las últimas cuatro peticiones de penas, que fueron de los 16 a los 18 años y son las más elevadas tras la de Dominique Pelicot.

La pena más baja requerida por la Fiscalía, de 4 años, fue para Joseph C., un hombre de 69 años, por agresión sexual, al no constatar el Ministerio Público penetración en los abusos que cometió contra Gisèle Pelicot, quien se ha convertido en un símbolo feminista mundial al decidir que el juicio sea público para que “la vergüenza cambie de bando”.

Por su parte Jean-Pierre Maréchal, el único de los que se sientan en el banquillo que jamás abusó de Gisèle Pelicot, podría recibir una condena de 17 años por replicar los métodos que le enseñó Dominique Pelicot con su mujer, Cilia M., quien fue violada varias veces por ambos.

A la salida de la sesión de la mañana, una vez terminadas las requisitorias, el abogado de Gisèle Pelicot, Stéphane Babonneau, se mostró satisfecho del desarrollo del proceso.

“La señora Pelicot explicó al inicio del juicio que quería abrir las puertas de esta vista para que fuera útil a la sociedad y nos ayudara a entender las causas que llevaron a que se permitiera la existencia de un caso como éste”, dijo el letrado a la prensa.

Por otro lado, la abogada de Dominique Pelicot, Béatrice Zavarro, celebró las palabras y el tono de la fiscal Laure Chabaud: “Ha tenido las palabras adecuadas. Todos tenemos que salir de esto tranquilos y serenos (...) Tenemos que seguir trabajando por una justicia humana”.

La prueba clave de este macrojuicio son miles de vídeos y fotos registrados por Dominique Pelicot con los otros acusados durante la comisión de los delitos.

Estos documentan unas 200 violaciones a Gisèle Pelicot entre julio de 2011 y octubre de 2020.

Todo terminó en septiembre de ese último año, cuando Dominique Pelicot fue detenido por grabar bajo las faldas de varias clientas de un supermercado.

Dominique y Gisèle Pelicot estuvieron casados durante 50 años y tienen tres hijos en común: David Pelicot, Caroline Darian y Florian Pelicot.

El principal acusado está imputado, además, en otros dos casos de violencia machista, uno por la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y el otro por una tentativa de violación con arma blanca en 1999.

El juicio continuará esta tarde con los alegatos de las defensas, empezando por la de Dominique Pelicot.

Con información de EFE

La Fiscalía pide 20 años de prisión, la pena máxima en Francia por el delito de violación, para Dominique Pelicot, por haber abusado durante 10 años de su esposa, a la que drogaba con somníferos y a la que ofreció a decenas de hombres para que también abusaran de ella.

La fiscal del Tribunal de Apelación de Aviñón (sureste de Francia) Laure Chabaud pidió esa pena máxima “con la mayor convicción”, y lo justificó por la psicología de Dominique Pelicot, al que describió como un hombre perverso, egocéntrico, perturbado, con múltiples desviaciones sexuales que quiso satisfacer sus deseos sin poner “ningún límite” y sin el consentimiento de la víctima.

En el juicio a los 51 hombres acusados de haber violado a Gisèle Pelicot a lo largo de una década, la Fiscalía del juicio en Aviñón ha insistido este lunes en su alegato que la mujer no dio su consentimiento en ningún momento y en que fue reducida a “un objeto” por los agresores. “Gisèle Pelicot fue reducida a un objeto. El consentimiento no estuvo presente ni antes ni durante el acto”, señaló el fiscal Jean-François Mayet al comienzo de su requisitoria ante el Tribunal de lo Criminal de Aviñón, al sureste de Francia.

Mayet denunció la “degradación humillante” que sufrió Gisèle Pelicot a lo largo de casi 10 años, el tiempo en el que su marido de entonces, violador confeso de 71 años, la drogó con somníferos para dejarla completamente inconsciente e inerte y así poder abusar sexualmente de ella y ofrecerla a decenas de hombres. El representante del Ministerio Público señaló el carácter “extraordinario” de este proceso iniciado el pasado 2 de septiembre, en el que se juzgan unos hechos de “gravedad inimaginable”.

Un infierno de 2011 a 2020

Dominique Pelicot, que reconoce las acusaciones, tomó miles de fotos y vídeos de las violaciones, documentos que se han convertido en la prueba clave para condenar a estos hombres, que en su mayoría niegan los hechos. En total, son 20.000 documentos visuales, recordó el fiscal, que ponen en evidencia la “extrema violencia de los crímenes”.

Los hechos que se juzgan se prolongaron entre julio 2011 y octubre de 2020, primero en la región parisina y más tarde en la casa a la que los Pelicot se habían mudado al jubilarse en la localidad de Mazan, cerca de Aviñón.

Dominique Pelicot entraba en contacto con otros hombres en una plataforma en línea y los invitaba a su domicilio, tras administrar a su víctima grandes dosis de ansiolíticos, que la dejaban inconsciente, lo que les permitía abusar de ella sin que guardara ningún recuerdo.

Todo terminó en septiembre de 2020 cuando él fue detenido por grabar bajo las faldas de unas mujeres en un supermercado de Carpentras y al registrar sus archivos informáticos los investigadores descubrieron miles de vídeos y fotos en los que aparecían las violaciones a las que sometió a la víctima.

Dominique Pelicot explicó en su última declaración el pasado martes que el motivo por el que drogó a su entonces mujer para violarla y ofrecerla a numerosos hombres durante diez años fue que quería “someterla sin hacerla sufrir”.

“Someter a una mujer insumisa era mi fantasía”, indicó este hombre que está acusado también de la violación y el asesinato de una mujer en 1991 y de otra tentativa de violación con arma blanca en 1999.

Durante el proceso, Gisèle Pelicot aseguró sentirse “completamente destruida” tras descubrir que fue víctima de violaciones sistemáticas durante casi una década. “No sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido”, admitió el pasado 23 de octubre. La mujer, de 71 años, ya es un auténtico símbolo para el feminismo mundial, tras decidir que este juicio fuera público “para que la vergüenza cambie de bando” y que nunca más sean las víctimas las señaladas por haber sido violadas, sino los agresores.

Este sábado se volvieron a producir nuevas manifestaciones en toda Francia que reunieron a miles de personas en apoyo a Gisèle Pelicot y a todas las víctimas de violencia machista. En total, 35.000 personas se concentraron en las principales ciudades del país, según la policía, aunque las entidades organizadoras elevaron la cifra a los 100.000 asistentes.

“Gracias a todos vosotros tengo fuerzas para llevar esta lucha hasta el final. Esta lucha que dedico a todas las personas, mujeres y hombres que en el mundo son víctimas de violencia sexual. A todas esas víctimas, quiero decir hoy, mirad a vuestro alrededor, no estáis solos”, dijo Gisèle Pelicot en el inicio de este juicio, tras una primera movilización en su apoyo.

El Gobierno francés tiene previsto anunciar este lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nuevas medidas para combatir las violencias machistas que sufren las mujeres.

DM

Tras escuchar al principal procesado, Dominique Pelicot, y oír el testimonio de la víctima, su ya exposa, Giséle, el Tribunal Penal de Aviñón ha comenzado a escuchar al resto de acusados en el juicio por múltiples violaciones a la mujer mientras estaba, presuntamente, bajo los efectos de algún narcótico que se sigue en Francia. De los 50 implicados que se sientan en el banquillo, 35 se declaran inocentes de los cargos que pesan contra ellos, 14 los aceptan y uno se encuentra en paradero desconocido.

Parece que ha surgido una línea común de defensa: echarle toda la responsabilidad a Dominique Pelicot. Ellos son, aducen, víctimas del acusado. Su testimonio afirma que él les hizo creer que participaban en un juego sexual de pareja. Que todo ha sido una manipulación presuntamente urdida desde los primeros contactos en la web donde conocieron a Pelicot –hoy cerrada–.

Si las imágenes que Pelicot guardaba en su disco duro, en las que documentaba los abusos infligidos a su entonces esposa, hacen imposible para los acusados negar los hechos, los que defienden su inocencia esperan convencer a los magistrados con explicaciones que se centran en la falta de premeditación y de voluntad. Estos días se han escuchado frases como “fue manipulado”, “me engañaron”, “fui demasiado confiado” y –en el caso del acusado Husamettin D–: “Yo soy una víctima”.

Todos afirman ignorar que la esposa había sido drogada antes de entrar en el domicilio familiar. “Para mí ella fingía dormir”, explicó Husamettin D. Sin embargo, el único vídeo difundido en audiencia pública parece desmentir cualquier tipo de confusión sobre el estado de Gisèle Pelicot, la víctima parece estar más en coma que dormida. “La inconsciencia parece más evidente en las imágenes que en la realidad”, intentó explicar a los magistrados el mismo acusado.

En las próximas semanas el tribunal volverá a debatir si nuevos vídeos serán difundidos y, en su caso, si se hará en presencia de la prensa como pide la defensa.

El tema del consentimiento

Varios de los acusados evocan una “violación involuntaria” o una “violación inconsciente”. En el contexto de un proceso judicial que ha reactivado el debate sobre la necesidad de inscribir la idea del consentimiento en la definición jurídica de violación, uno de los acusados afirmó que “en ese momento yo no sabía lo que era el consentimiento”. Otro señaló que “sabía que ella estaba inconsciente pero no que no había consentido”.

Por otro lado, esa decena de acusados que ya han testificado en los últimos días también ha evocado sus propios problemas personales, como circunstancias atenuantes que les habrían impulsado a acudir a Mazan. Divorcios, pérdida de un hijo, alcohol, drogas, infidelidades, sexualidad descontrolada...

También han testificado en este sentido varias de las parejas de tres de los acusados, a los que han definido como “buena persona”, “muy empático” y “amable”, respectivamente. Todas ellas señalan a Dominique Pelicot –ausente ese día por motivos médicos– como principal responsable de los hechos.

“Me hubiera gustado que estuviese aquí y que escuchase que no solo ha destruido su familia sino muchas otras vidas”, afirmó Samira, pareja de Jerome V., que fue en seis ocasiones al domicilio de los Pelicot. “Teníamos una sexualidad normal, para mí no había ninguna razón de buscar nada fuera”, repitió varias veces durante su declaración.

Alexandra, prometida de Simone M., afirmó que su pareja le confesó haber ido una vez, “solo a mirar” y haberse ido casi inmediatamente. Una declaración que sorprendió a magistrados y a los abogados de la acusación, que intentaron explicar que los vídeos prueban otra cosa, versión que Alexandra no quiso aceptar. “Les repito que Simone me ha dicho la verdad”.

Varios juristas y periodistas judiciales observan estos días que en la mayoría de juicios de violación se oponen en la audiencia las versiones de la víctima y del acusado o acusados. Pero en el caso que se juzga en Aviñón la palabra del resto de acusados se enfrenta con la del acusado principal. Desde su primera declaración, Dominique Pelicot, se ha convertido en el principal acusador de los hombres a los que abrió la puerta de su casa para que abusaran de su mujer. “Soy un violador, como todos los que están en esta sala”, declaró la semana pasada. “Todos lo sabían, no pueden decir lo contrario”. Una versión que repite después del testimonio de cada acusado, contradiciendo la línea de defensa.

Polémicas con los abogados

Algunos acusados han pedido disculpas a Gisèle Pelicot, presente cada día en el tribunal, al que llega entre los aplausos y las ovaciones de personas que acuden, también a diario, a presenciar el juicio en la sala anexa habilitada en el Palacio de Justicia de Aviñón. Los responsables del recinto tienen problemas para adaptarse a un proceso que sobrepasa el ámbito judicial. En las primeras jornadas, hubo enfrentamientos verbales entre algunos acusados y las militantes feministas, en los que en algunos casos tuvo que intervenir la policía.

La publicidad que recibe el caso también ha hecho que algunos de los abogados de la defensa se encuentren en el centro de muchas críticas. Entre ellos Guillaume De Palma, que trató de explicar a un policía que no todas las violaciones tienen la misma gravedad. “Hay violación y violación”, minimizó durante un interrogatorio, entre las protestas de fiscales y defensa.

Por otro lado, su colega Nadia El Bouroumi también se ha convertido en blanco de las organizaciones feministas, por su agresividad en el interrogatorio a Gisèle Pelicot y por los vídeos que sube a las redes sociales, en los que comenta el caso y en los que ha puesto en tela de juicio la versión de la víctima. Después ha grabado otros vídeos respondiendo a las críticas, incluyendo uno particularmente controvertido, con fondo musical de Wake Me Up Before You Go-Go de Wham.

Por primera vez, el caso Odebrecht tendrá un juicio oral y público en Argentina que comenzará el próximo 7 de abril y pondrá a algunos de los empresarios más importantes de la obra pública en el banquillo de los acusados junto a exfuncionarios como Julio De Vido y José López. El camino al juicio avanza mientras parte de la prueba corre peligro de nulidad por una maniobra de las defensas en Brasil.

El caso gira en torno de la construcción de dos plantas de Aysa, adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa junto a socios locales durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los empresarios Aldo Benito Roggio (Roggio Hermanos), Carlos Wagner (Esuco) y Tito Biagini (expresidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros, están acusados junto a De Vido, López y Roberto Baratta por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública y cohecho.

Roggio y Wagner declararon como arrepentidos y admitieron el pago de sobornos a Baratta en el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, otro expediente que debe afrontar un eventual juicio oral y público. Sin embargo, en el caso de Aysa, ambos empresarios niegan la comisión de delitos, al igual que el resto de los imputados.

El Tribunal Oral Federal número 7 fijó fecha de juicio para el 7 de abril de 2025 a las 9:30. El debate oral y público se realizará una vez por semana, los lunes, y a través de la plataforma zoom. Ambas decisiones generaron quejas de la fiscal a cargo del juicio, Fabiana León, y del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que acompaña a León en la preparación y desarrollo del juicio. 

A pedido de parte de las defensas, los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Herminio Fernando Canero ordenaron la producción de una nueva pericia, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública y que dentro de los próximos cuatro meses deberá determinar si existió perjuicio al Estado.

El juicio contará con más de 290 testigos, entre quienes se citará al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; la diputada Margarita Stolbizer; la legisladora porteña Graciela Ocaña; el sindicalista José Luis Lingeri; y los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) Mariano Federici y María Eugenia Talerico. También se solicitó las declaraciones testimoniales del empresario Marcelo Odebrecht y los ex ejecutivos de su constructora Luis Antonio Mameri, Marcio Faria y Rodney Rodrígues de Carvalho. Mameri y Faria declararon ante la Justicia de Brasil como arrepentidos y confesaron el pago de coimas por la obra de Aysa.

Sin embargo, el caso se encuentra en un punto de inflexión en Brasil. Un fallo del Tribunal Supremo Federal de Justicia de ese país anuló pruebas centrales para favorecer al presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. 

El máximo órgano judicial de Brasil dijo en un comunicado que esta nulidad, dictada por el juez supremo José Antonio Dias Toffoli, implica también el cierre de todos los procesos penales contra Marcelo Odebrecht, aunque el tribunal mantuvo firme el acuerdo de delación firmado por el empresario, en el que se declaró culpable y aceptó colaborar con la Justicia.

La nulidad brasileña

Los fiscales del juicio de Aysa se preparan para una batalla eventual con las defensas por la validez de parte de las pruebas aportadas por la Justicia de Brasil. Basado en la nulidad de Dias Toffoli, el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en el caso como supuesto intermediario de Odebrecht en Argentina, logró que la Justicia brasileña bloquee el uso de prueba obtenida por los fiscales de Curitiba durante la investigación del Lava Jato, como se conoce a este caso en Brasil. El juez Dias Toffoli comunicó su sentencia de nulidad de las pruebas a la Argentina en las últimas semanas, informó La Nación. 

Dias Toffoli sostiene que parte de las evidencias contra Rodríguez son inadmisibles porque fueron extraídas de dos sistemas operativos internos de Odebrecht a los que le atribuye “falta de fiabilidad” debido a una “grave violación de la cadena de custodia” que garantice que las pruebas no fueron alteradas tras su secuestro por parte de las autoridades.

Las pruebas cuestionadas son los contenidos de “Drousys” y “MyWebDay”, dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos. Su autenticidad fue reconocida por Odebrecht y sus ejecutivos cuando declararon como arrepentidos ante Brasil y Estados Unidos. 

El caso

En 2016, Odebrecht confesó el pagó de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Los pagos ilegales se realizaron para obtener o mantener tres grandes contratos de la constructora brasileña en el país, según las declaraciones de los ejecutivos arrepentidos de la compañía. El capítulo Aysa es uno de esos grandes contratos, dividido, en realidad, en dos licitaciones que se realizaron en paralelo. La segunda empresa brasileña bajo investigación es Camargo Correa.

El expediente nació en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020. El juez Sebastián Casanello procesó también a los entonces directivos de Aysa, Carlos Ben y Oscar Raúl Biancuzzo.

Las obras investigadas fueron licitadas durante el primer gobierno de Fernández de Kirchner. La planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, fue adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone. 

Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por la obra de Tigre. Camargo Correa nunca admitió pago de coimas y está pendiente la extradición del expresidente de la compañía, Antonio Miguel Marques. Las socias locales niegan haber participado en el pago de sobornos y los exfuncionarios niegan haberlos recibido. 

ED/JJD

Luego de dos semanas de debate, finalizaron las audiencias por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en 2021, y la sentencia se conocerá el 30 de agosto. Tanto la fiscalía como la querella pidieron la pena de reclusión perpetua para Luis Alberto Ramos por considerarlo coautor del homicidio agravado por odio a la identidad de género. Si bien no se encontró el cuerpo, las pruebas indican que fue asesinado en la casa de Ramos, donde también estaba el otro acusado, Oscar Montes. Además, la parte acusadora considera que está comprobado el agravante ya que hay testimonios que confirman que Ramos consideraba que Tehuel  “era un desperdicio de mujer por haberse convertido en hombre”. También se pidieron medidas reparatorias para el colectivo travesti trans tendientes a subsanar la vulnerabilidad que padecen. 

Un mes después de finalizadas las audiencias, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, dará a conocer su veredicto. Durante el proceso declararon alrededor de 60 personas, entre peritos, familiares, amigos y compañeros de militancia de Tehuel y de Ramos, que participaban del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Los testimonios se suman a una gran cantidad de pruebas que indican que Tehuel fue asesinado entre la noche del 11 de marzo de 2021 y la madrugada del 12 en la casa de Ramos, donde también estaba Oscar Montes, el otro acusado que pidió ser juzgado por un tribunal popular en un proceso distinto. Algunas de los elementos más comprometedores tienen que ver con una mancha de sangre en la pared de la casa, una foto de ambos con Tehuel en el teléfono que fue tomada la noche de su desaparición, registros de telefonía celular y rastros de ropa de Tehuel quemada, igual que su celular, que fueron encontrados cerca de la casa.

Tanto la fiscalía como la querella sostienen que está acreditado el agravante por odio a la identidad de género. Esto se vio sobre todo en los testimonios de exparejas y de compañeros y compañeras de militancia de Ramos. Una de las integrantes de la organización contó que Ramos consideraba que Tehuel  “era un desperdicio de mujer por haberse convertido en hombre”. Algo similar relataron otros testigos que coincidieron en que lo llamaba “chico chica”. Relatos que  demuestran que negaba su identidad de género. 

Según la fiscalía, a cargo de Juan Pablo Caniggia, existía una relación de asimetría entre ambos. Ramos era su referente y quién le conseguía changas en un contexto complejo en el que la identidad de género de Tehuel era un impedimento para conseguir trabajo. Según indicaron la madre y la novia del joven de 21 años, “no lo querían tomar porque era un chico trans. Decían que se podía arrepentir y quedar embarazada”. 

El abogado querellante Cristián Ariel González sostiene que la estrategia de Ramos fue simular un respaldo económico para lograr su confianza. “Tehuel era un chico que tenía que ir boyando de casa en casa porque no encontraba su lugar y él simulaba comprenderlo. Los peritos sostuvieron que era un posicionamiento estratégico y que nunca lo consideró como un hombre, que había falta de afecto”, le dijo el letrado a elDiarioAr. En ese sentido también se expresó el fiscal Caniggia, que durante los alegatos indicó que “Tehuel fue víctima de la cisnorma. Estaba luchando por ser reconocido, y quedó expuesto a lobos donde se le fue la vida”.

Una de las particularidades de este juicio es la ausencia del cuerpo de la víctima, argumento en el que se basa la defensa de Ramos para pedir la absolución. Según la abogada Natalia Argenti, las pruebas no permiten confirmar el asesinato de Tehuel. “¿Ramos es tan genio que se deshace de un cadáver y del arma pero deja toda la evidencia en la casa para que la vengan a buscar?”, se preguntó durante su discurso final. En cambio, para la parte acusadora este punto demuestra el odio por la identidad de género.  “Una característica de los delitos de odio es el ensañamiento con el cuerpo de la víctima, lo toman como si fuese un segundo rehén y acá nunca dijeron dónde está”, explicó González.

“En el caso Diana Sacayán, las lesiones  estaban destinadas a cualquier punto que denotara una feminidad como el rostro y los pechos. En el caso de Tehuel no tenemos el cuerpo que es la negación máxima de la existencia, que se construye con todas estas negaciones de identidad. El no decir dónde está el cuerpo provoca un daño perpetuo. Al transhomicida no le alcanza con negarle la identidad, con matarlo, sino que se tiene que enseñar con el cuerpo y provocar un sufrimiento más, es como un castigo ejemplificativo el cual extiende el daño a toda la comunidad”, agregó el letrado.

La fiscalía también pidió medidas reparatorias para la comunidad travesti trans como la implementación de un protocolo de búsqueda para personas trans, teniendo en cuenta que Tehuel fue buscado como mujer y no como varón trans.  “Entendemos también que esta condena no va a traer sólo justicia para Tehuel y su familia, sino que va a mandar un mensaje claro a nuestra sociedad, que no va a tolerar la violencia y discriminación a las personas travesti trans”, dijo Caniggia. Además, a pedido de las organizaciones sociales que se movilizaron a los tribunales durante todo el proceso, se pidió la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. “Esto pasó porque el cupo laboral trans no penetra en los barrios”, expresaron. Con respecto a Montes, el otro acusado, aún no hay fecha de inicio pero está confirmado que será con un jurado popular como pidió. Desde la querella anticiparon que pedirán que el tribunal de 12 personas esté integrado también por cuatro trans.

Un juicio en ausencia del cuerpo y una pregunta que repitieron la fiscalía y la querella durante el alegato: “¿Dónde está Tehuel?”

CDB/MG

En la primera semana del juicio por el homicidio de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido hace tres años, los peritos de la Policía Bonaerense confirmaron que hallaron ropa de él en la casa de uno de los acusados, Luis Alberto Ramos, y que la última conexión del celular fue en ese lugar. También declararon la madre y la novia de Tehuel, que expusieron las dificultades que tenía para conseguir trabajo por ser un varón trans. Además, se sumaron testimonios que dan cuenta del desprecio del acusado hacia Tehuel por su identidad de género, a quién llamaba “el chico chica”.

Desde el lunes, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Plata, integrado por Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, lleva adelante las audiencias por el “homicidio agravado por odio de género” contra Luis Alberto Ramos, el hombre al que Tehuel fue a visitar el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, tras una oferta laboral para trabajar como mozo por una noche. Una de las audiencias relevantes fue la del jueves, en la que investigadores  de la Policía Bonaerense confirmaron una gran cantidad de pruebas contra Ramos. El perito policial Federico Di Luca analizó la geolocalización de los teléfonos y confirmó que el último lugar en que se registró actividad en el celular de Tehuel fue en la casa del acusado, en la calle Mansilla.

Otros policías de la Departamental de Investigaciones (DDI) contaron que reconocieron retazos de la campera azul de Tehuel, que estaba quemada, en el mismo lugar. Además, encontraron su celular, que si bien estaba destruído, se pudo recuperar el código IMEI y acceder a las últimas llamadas, en las que figuran conversaciones con Ramos el día de su desaparición. También corroboraron que encontraron manchas de sangre en la pared y en un colchón del detenido. “Hay pruebas muy contundentes para demostrar el homicidio”, le dijo a elDiarioAR Cristián Ariel González, abogado que representa a la mamá de Tehuel, Norma Nahuelcurá. Tanto la querella como la fiscalía a cargo de Juan Pablo Caniggia sostienen la hipótesis del homicidio aunque no se puede determinar qué hicieron con el cuerpo del joven. El padre de Tehuel, Andrés de la Torre, no participa del proceso porque sigue buscando a su hijo con vida.

También declararon familiares de Montes. Una de sus primas contó que los días posteriores a la desaparición, Ramos fue hasta su casa en Dock Sud y se quedó dos días. Además, explicó que la amenazó con una cuchilla cuando la policía lo fue a buscar al lugar. Por otra parte, la esposa del tío de Ramos declaró que le robó psicofármacos para consumo propio. 

Además, fue citada a declarar una pareja de Ramos durante esos días, que fue detenida durante la audiencia por falso testimonio. Ella contó que no sabía nada sobre Tehuel, afirmaciones que se desmoronaron cuando la fiscalía presentó las desgrabaciones de las conversaciones de WhatsApp. Fue la mujer quién afirmó que Ramos se refería a Tehuel como “chico chica”. Algo que confirmaron otros testigos. “Entiendo que el tribunal tiene elementos suficientes como para determinar el odio. Todos los testigos dijeron que cuando hablaba de Tehuel, Ramos lo mencionaba como el ‘chico-chica’”, agregó González en referencia al agravante hacia el odio de género. 

Otra expareja de Ramos afirmó que le tenía bronca. Ante la repregunta de la Fiscalía sostuvo que no lo toleraba, no solo a él sino a cualquier persona que no fuera hetero cis, no soportaba los vínculos entre el mismo sexo ni a identidades diversas. “Si fuera el caso de una mujer diríamos que son micromachismos,  acá tenemos una micro transfobia. Le niega la identidad al llamarlo ‘chico-chica’ porque Tehuel es Tehuel. Se va perpetuando esto de que no es una masculinidad trans, es una chica chico para él, eso se lo decía a todas las personas”, agregó el abogado. Ramos también tiene una condena por homicidio, varias denuncias de acoso sexual y una de abuso sexual.

Durante la primera audiencia se escucharon los testimonios de la madre de Tehuel, Norma Nahuelcurá, y de la novia, Michelle, que pusieron en contexto la situación económica y laboral del joven de 21 años por su identidad de género. Era changarín y tenía trabajos informales: cortaba pasto, podaba árboles, o vendía mercadería  o “bolitas” de masa frita en su barrio y en la Laguna de San Vicente. “Si no vendíamos, no comíamos. Era así. No lo querían tomar porque era un chico trans. Decían que se podía arrepentir y quedar embarazada”, expuso la novia en el juicio según consignó la Agencia Presentes. 

La vulnerabilidad por ser una persona trans es uno de los ejes que la querella pide que el tribunal tome en cuenta. También que se consideren las falencias iniciales de la investigación. Recién al cuarto día Michelle pudo hacer la denuncia porque en la comisaría se lo impidieron por ser menor de edad, tenía 17 años. Y por otra parte, indicaron que no hay protocolos claros a nivel provincial sobre búsqueda de personas travestis y trans. Durante los primeros días, Tehuel fue buscado como una mujer. 

La semana que viene continúan las audiencias con más testimoniales de vecinos y allegados de Tehuel y Ramos. El otro detenido, Oscar Montes, no participa de este proceso porque pidió ser juzgado por un tribunal popular y aún no hay fecha de inicio. 

CDB/MG

Guillermo Federico García, el militante y concejal del Frente de Todos en el Municipio de Presidente Perón que atrapó a Fernando Sabag Montiel durante el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, declaró en la tercera audiencia del juicio oral, que el imputado afirmó que era “compañero” de la agrupación para que lo soltaran.

Ante la fiscal y presidenta del Tribunal Oral Número 6, la jueza Sabrina Namer, también mencionó que él, junto a otros militantes, colaboraban siempre “en la contención” y eran ellos los que se “encargaban de armar el cordón” para que Cristina saludara a la gente.

“Empecé a escuchar gritos a unos cinco, seis metros y a otra persona decir puntualmente ‘tiene un fierro’. Corrí, le puse la mano debajo del cuello, lo levanté, por así decir, y me lo llevé a la vuelta mientras, en un intento de zafar, repetía ‘soy compañero’”, recordó García,

Asimismo, sostuvo que había estado presente en la puerta del edificio de Recoleta en el que vivía la expresidenta durante los días anteriores al atentado para “cuidarla”.

Según su declaración, luego de que la Policía detuviese a Sabag Montiel, García volvió al lugar del hecho y otro militante le indicó donde estaba el arma con la que había gatillado; el concejal puso su pie arriba y se la entregó a la custodia de la ex vicepresidenta.

La fiscal Gabriela Baigún interrogó sobre cómo custodiaban a Fernández de Kirchner y si dejaba que sus seguidores se acercaran a ella. García afirmó esto último y detalló que los cordones de seguridad eran “improvisados” y no estaban “coordinados” con su custodia personal.

Al respecto también declaró Cristóbal Elgueta, un estudiante de la facultad de medicina que junto un grupo militante que responde a La Cámpora había llegado al lugar. En su alocución apuntó: “La custodia de Cristina, el señor canoso, de saco negro, que ese día tengo entendido estaba a cargo, me hizo entrar al palier del edificio de Cristina. Me preguntó si yo había filmado, le dije que sí y me pidió que le muestre los últimos chats para ver si se lo había enviado a alguien. Después me pidió que borrara el video”.

El juicio

El juicio oral por el intento de homicidio de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022, un hecho que sacudió el escenario político y conmocionó a la sociedad argentina, comenzó el 25 de junio en Buenos Aires.

Casi dos años después del atentado contra quien en aquel momento era vicepresidenta de la República (2019-2023), el hecho pasó a un segundo plano mediático, pero se mantiene el desafío de esclarecer los detalles del atentado fallido, juzgar a los responsables y entender las motivaciones detrás de aquel acto.

A lo largo de las pesquisas en torno al frustrado magnicidio, la investigación amplió su radio de búsqueda para tratar de encontrar los supuestos vínculos de los acusados principales por el crimen con movimientos de ultraderecha y centroderecha de Argentina, entonces en la oposición.

Los acusados principales son Fernando Sabag Montiel, quien supuestamente disparó a Fernández sin que el proyectil llegase a salir del arma utilizada; Brenda Uliarte, su pareja y presunta coautora del delito, y Nicolás Carrizo, el jefe del grupo de vendedores de algodón de azúcar bautizado por la prensa como 'La Banda de los Copitos', de la que formaban parte los dos principales imputados.

Sabag está acusado como autor material de los hechos; Uliarte, como coautora; y Carrizo, como supuesto coordinador del atentado.

En el celular de este último fueron halladas comunicaciones vinculadas con la agresión en las que los acusados hablaban de su 'modus operandi'.

Supuestamente, Sabag, Uliarte y Carrizo simularon ser vendedores de golosinas para urdir la trama. Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari son los encargados de dar el veredicto del caso.

CRM con información de la agencia NA

Los doce miembros de un jurado de Nueva York acaban de plantear a sus conciudadanos estadounidenses una pregunta sencilla: ¿están dispuestos a elegir a un criminal convicto para la Casa Blanca?

En el juicio por sobornos, Donald Trump ha sido declarado este jueves culpable en las 34 acusaciones por falsificación de registros comerciales. El veredicto convierte a Trump en el primer expresidente culpable de delitos graves en los casi 250 años de historia de Estados Unidos.

Este momento histórico, en el que el país se suma a otras democracias del mundo capaces de demostrar que están dispuestas a hacerle rendir cuentas a los líderes políticos, también representa todo un terremoto de cara a las elecciones presidenciales de noviembre, donde sondeo tras sondeo Trump mantiene una pequeña ventaja sobre Joe Biden, pese a los intentos del presidente por cambiar la tendencia. Si la condena no lo consigue, tal vez nada pueda lograrlo.

El juez dictará su sentencia el 11 de julio, pocos días antes de la convención nacional republicana de Milwaukee, donde Trump se convertiría en el primer delincuente convicto en ser nombrado candidato presidencial por su partido. Un viajero en el tiempo que viniera desde el 2014 se quedaría pasmado.

Durante las siete semanas que ha durado el juicio, sórdido en más de una ocasión, una cuestión ha preocupado especialmente a Washington: el tema es relevante para los historiadores, es relevante para los periodistas, y es claramente relevante para los cómicos de los programas nocturnos de la tele, ¿pero será relevante para los votantes?

A Trump le benefició que no se permitieran cámaras de televisión en la sala, una decisión que hizo al juicio menos dramático y espectacular que el del Watergate o el de OJ Simpson.

Las encuestas demuestran de manera sistemática la polarización que vive Estados Unidos, con una mayoría de las opiniones sobre Trump ya definidas. Estamos hablando del hombre que dijo que disparar contra una persona en la Quinta Avenida no le haría perder votantes.

Trump tiene otros tres casos penales por delante, pero es posible que el actual juicio sea el único en tener lugar antes de las elecciones de noviembre.

¿Qué dicen los sondeos?

En uno de los últimos sondeos, el de PBS NewsHour/NPR/Marist, el 67% de los votantes dijo que un veredicto de condena no cambiaría su voto en noviembre; y un 76% afirmó que un veredito de inocencia no lo cambiaría. En torno a un 25% de los republicanos dijo que si un jurado declaraba culpable al expresidente aumentaría la probabilidad de su voto por Trump.

En una encuesta de abril que la Universidad de Quinnipiac encargó para todo el territorio nacional, un 21% de los votantes dijo que una condena los haría menos propensos a apoyar a Trump, y un 62% dijo que no cambiaría nada.

Cada voto cuenta. En 2016, Trump ganó la presidencia por menos de 78.000 votos en tres estados: Michigan, Pensilvania y Wisconsin. En 2020, Biden ganó la presidencia por menos de 45.000 votos, también en tres estados: Arizona, Georgia y Wisconsin.

Con esos márgenes todos los temas son relevantes, desde el veredicto de culpabilidad de Trump hasta la situación en Gaza, pasando por la inflación y por el mal tiempo que pueda hacer el día de las elecciones.

Eso es lo que claramente piensa la clase política. Frente al edificio del tribunal de Nueva York estuvieron desfilando republicanos deseosos de mostrar su lealtad a Trump, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. La mayoría vestía el uniforme Trump: camisa blanca y corbata rojo carmesí.

Esta semana le tocó al equipo de campaña de Biden, que mandó a Robert De Niro, un actor conocido por sus papeles de gángster, a decir por fuera del tribunal que Trump era el mayor gángster de todos. En un momento muy neoyorquino, De Niro hasta se enzarzó en una pelea verbal con simpatizantes de Trump.

Es posible que la batalla en tribunales de los equipos jurídicos haya terminado ya. Prepárense ahora para la guerra total en la batalla de los tribunales de la opinión pública.

Trump, que últimamente ha tentado a la suerte haciendo muchas referencias a Al Capone y a Hannibal Lecter, salió el jueves del tribunal con el ceño fruncido para declarar, como no podía ser de otra manera, que había sido “un juicio amañado, una vergüenza”.

Su equipo de campaña trabajará ahora sin descanso para desacreditar lo que consideran un lawfare [golpe judicial] diciendo que Biden y sus compinches pusieron al sistema judicial en contra de Trump.

“Acabo de ser condenado en un juicio amañado por una cacería de brujas con motivos políticos: NO HICE NADA MALO”, decía un correo electrónico de recaudación de fondos enviado por su equipo inmediatamente después del veredicto. En el título del mensaje, las palabras “Preso político”.

Para su alegato victimista, Trump cuenta con unos aliados formidables en los medios de derechas. Llevan semanas condicionando a sus espectadores para este día. “En Estados Unidos hemos caído por un precipicio”, dijo en la cadena Fox News la juez Jeanine Pirro.

Todo esto era fácil de prever. No es ningún secreto que millones de votantes de Trump se descolgaron hace tiempo y que el veredicto no los cambiará. O tal vez sirva para que redoblen su fe en él. La cuestión verdaderamente clave es cómo gestionará este veredicto su adversario electoral.

Biden se ha mantenido lejos del tema del juicio en Nueva York para que no lo acusaran de injerencias políticas. Pero ahora que se ha llegado a un veredicto que podría desincentivar la opción Trump para los votantes independientes, ¿qué dirá Biden a la nación?

El tono que emplee el presidente es crucial. También tendrá que decidir la intensidad y frecuencia con las que sacar el tema de la condena penal de Trump en los debates cara a cara y durante la campaña electoral. Su rival acaba de poner en sus manos el arma de campaña soñada para cualquier candidato. Ahora Biden tiene que saber usarla con precisión.

Traducción de Francisco de Zárate

DM

El juicio por el fallecimiento del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, cuyo inicio estaba previsto para el 4 de junio, fue aplazado 'sine die' y podría llegar a suspenderse en un futuro no lejano, informaron este lunes fuentes judiciales a EFE.

La causa que investiga las presuntas negligencias médicas en la muerte de uno de los mayores ídolos del fútbol, por la que están imputadas ocho personas, está “técnicamente suspendida” -aunque aún no hubo una comunicación formal al respecto- por las apelaciones que interpuso una de las enfermeras implicadas, Dahiana Madrid.

La Cámara de Apelaciones en lo penal de San Isidro, localidad de la provincia de Buenos Aires donde iba a tener lugar el proceso, dio la razón al recurso de la defensa de Madrid que pedía que, como está previsto en la ley, el juicio debía celebrarse con jurado popular y no con jueces técnicos, como era el caso.

Además de estos escollos que fueron lastrando el comienzo del juicio, la importancia informativa del caso y la cantidad de partes implicadas están haciendo valorar la posibilidad de trasladarlo a un recinto más grande e idóneo para que “todo el mundo lo pueda ver y analizar”, según las fuentes.

Asimismo, el pleito también presentó protestas en torno a las pruebas periciales efectuadas, si bien las fuentes consultadas aseguran que estas no tendrán relevancia y fueron desestimadas.

Una de ellas aseguraba que la muestra de orina de Maradona era insuficiente para ser analizada, cuestión que fue malinterpretada por un error en el acta judicial que establecía la cantidad disponible y no la que sería analizada.

Dichas muestras fueron documentadas y filmadas; por ello, su cuestionamiento no será relevante en la causa.

Pese a todo esto, el juicio sobre la muerte de Maradona no debería de tardar más de cuatro meses en comenzar, estimaron las fuentes.

El 'Pelusa' falleció el 25 de noviembre de 2020, 25 días después de cumplir 60 años.

La autopsia al cuerpo del excapitán y exseleccionador de Argentina determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”.

También se descubrió en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.

El campeón del mundo en México 1986 padecía problemas de adicción al alcohol, había sido ingresado en una clínica de La Plata -donde era el entrenador del Gimnasia y Esgrima- el 2 de noviembre de 2020 por un cuadro de anemia y deshidratación y, un día después, fue trasladado a un sanatorio de la localidad bonaerense de Olivos, donde fue operado de un hematoma subdural.

El 11 de noviembre de 2020 recibió el alta hospitalaria y fue trasladado a una casa de las afueras de Buenos Aires, donde falleció.

CRM con información de la agencia EFE