Amontonar, acumular, juntar sin orden. Así define el Diccionario de la Real Academia Española al verbo hacinar, en su segunda acepción. Y así, hacinada, es como vive alrededor de la mitad de las personas que residen en villas, con entre dos y tres convivientes por pieza.

Los datos se desprenden del informe Condiciones de vida en barrios populares, elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el colectivo villero La Poderosa, a partir de un relevamiento realizado en nueve barrios de seis provincias, que alcanzó a 1.485 hogares y más de 5.000 personas.

En promedio, el 50,2% de las viviendas de estos barrios presenta hacinamiento —entre dos y tres personas por cuarto—, y un 10,7% directamente supera ese umbral, según los parámetros del Indec para lo que denomina hacinamiento crítico. Los barrios con mayor hacinamiento crítico son Isla Maciel, Los Álamos y Complejo Yapeyú, con tasas de entre el 17% y el 23%. En todos los casos, los valores duplican —y a veces triplican— al promedio nacional, que ronda el 5%. Pero ademas, el 90 % de los hogares “enfrenta un alto riesgo ambiental” ya que viven ante la presencia de plagas, acumulación de basuras y cercanos a fuentes contaminantes.

Vivir amontonados y sin plan de vivienda porque el Gobierno que no lo cree necesario

Esta convivencia forzada en espacios reducidos tiene consecuencias directas en el bienestar físico y emocional de las familias. Limita la intimidad, impide la concentración para estudiar o trabajar, y eleva los niveles de estrés, sobre todo cuando el entorno de la vivienda también presenta fallas estructurales.

Durante la última campaña presidencial, un video filmado con un celular recorrió las redes: Javier Milei, de pie frente a una pizarra blanca, arrancaba uno por uno los nombres de los ministerios que pensaba eliminar. “¡Afuera!”, gritaba al arrojar los stickers por el aire. Entre ellos, estaba el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Pero la motosierra no se quedó en la línea ministerial. En febrero de este año, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Vivienda, a través del Decreto 70/2025. En los fundamentos de la medida se explicita que la política habitacional debe quedar en manos de las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado nacional.

Junto con esa decisión, se cerraron o pusieron en proceso de disolución tres fondos fiduciarios clave: el del programa Procrear, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). En el caso de este último, fue el instrumento principal para canalizar obras de urbanización en barrios populares, financiadas con parte de lo recaudado por el impuesto PAIS. Con la eliminación de estos organismos, el Gobierno ratificó su decisión de retirar al Estado nacional de la ejecución de obras de vivienda e integración urbana, incluso en los sectores con mayor déficit estructural.

Sin embargo, a pesar de la decisión del Ejecutivo, en mayo la justicia resolvió frenar la eliminación del FISU y le ordenó al Gobierno que solo podrá disponer de los fondos para garantizar la continuidad de las obras y las políticas de integración urbana, y no para otros fines como pretendía.

Hogares sin agua caliente, humedad en contacto con instalaciones eléctricas y sin acceso a servicios básicos

El artículo 14 bis de la Constitución nacional dice en su tercer párrafo: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.

Sin embargo, según el informe de ACIJ y La Poderosa, apenas el 15% de las viviendas de las villas alcanza una calidad constructiva suficiente, mientras que el 81% es considerada parcialmente insuficiente. La mayoría tiene filtraciones, grietas, humedad y techos precarios. Entre el 20% y el 45% carece de agua caliente o lavamanos en el baño. En barrios como Villa 21-24-Zavaleta, más del 50% de los hogares tiene humedad en contacto con instalaciones eléctricas, lo que representa un riesgo latente.

El acceso a servicios básicos también muestra cifras alarmantes. Solo el 15,9% de los hogares accede a ellos de forma adecuada. Un 10,9% directamente no cuenta con ninguno. La mayoría (73,2%) vive con conexiones informales o deficitarias, tanto a la red eléctrica como al agua.

El 63% de las viviendas tiene una conexión precaria a la red eléctrica. Como consecuencia, el 20% sufre cortes de luz al menos una vez por mes, y en barrios como Isla Maciel, Mirador o Villa 21-24-Zavaleta, más del 70% de los hogares perdió electrodomésticos por fallas. En ese mismo barrio porteño, el 10% de las viviendas sufrió incendios vinculados a la electricidad en el último año.

En cuanto al agua, el 50% de las familias accede mediante conexiones informales, y el 75% detectó olor, color o sabor extraño en el suministro. Como resultado, el 60% compra agua embotellada, un gasto significativo para hogares con ingresos inestables.

La brecha digital es otro de los ejes del informe. El 76% de los hogares no tiene computadora, y el 18% solo accede a internet a través del celular. En algunos barrios, como Mendoza Sur e Isla Maciel, más de una cuarta parte de las casas no tiene ninguna conexión a internet.

Las infancias atraviesan todos estos déficits. Según el relevamiento, entre el 20% y el 30% de la población de los barrios populares tiene 14 años o menos, por encima del 22% de promedio nacional, de acuerdo al Censo 2022. Este dato refuerza la idea de una sobrerrepresentación infantil en contextos de precariedad, donde se vulneran derechos básicos desde los primeros años.

En el mismo sentido, señalan que “la mayoría de las jefas de hogar son mujeres, con más del 60 por ciento, y entre el 50 y el 60 por ciento de los hogares cuenta con al menos un menor a cargo”. Esto, da cuenta de una “marcada feminización” que representa “una doble vulnerabilidad: las mujeres deben asumir simultáneamente tareas de cuidado y la generación de ingresos”.

Finalmente, el informe da cuenta de un entorno urbano degradado. El 60% de las viviendas no tiene árboles en la calle, y el 80% de los vecinos considera insuficientes los espacios verdes. En muchos barrios, la cercanía a basurales o cursos de agua contaminados es la norma. Con un índice propio, ACIJ y La Poderosa determinaron que el 90% de los hogares enfrenta un riesgo ambiental alto.

El problema, sin embargo, excede a los nueve barrios analizados. Según datos de ACIJ, en la Argentina existen más de 4.000 asentamientos, donde viven más de 3.000.000 de personas, lo que equivale a 800.000 familias. Solo en la Ciudad de Buenos Aires, casi el 15% de su población reside en villas. En los últimos años se impulsaron procesos de integración sociourbana en algunos barrios porteños y en la provincia de Buenos Aires, e incluso se sancionó la Ley de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana. Pero los avances fueron escasos en relación a la magnitud de la problemática, los estándares de intervención no siempre se ajustaron a una perspectiva de derechos, y los mecanismos de participación no habilitaron un rol activo de las comunidades en la toma de decisiones más relevantes.

Frente a este panorama, el informe de ACIJ y La Poderosa advierte sobre el impacto de la regresión de políticas de integración durante 2024 y reclama una respuesta estatal integral que garantice el acceso a servicios, infraestructura básica, conectividad y un entorno saludable para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.

JJD/MG

A más de una década del comienzo de su explotación, el yacimiento Vaca Muerta, el cuarto más importante en petróleo no convencional y el segundo en gas no convencional a nivel mundial, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó quién se queda con la renta petrolera. Las conclusiones fueron que Argentina cuenta con la menor carga fiscal para el sector petrolero en la región y por lo tanto es el Estado menos beneficiado en términos de participación de la renta petrolera.

“Argentina se erige como el único país que ha sacrificado significativamente la participación estatal al realizar reformas en su régimen fiscal”, sostiene el informe elaborado por Malena Vivanco, Natalia Segura Diez, Natán Spollansky, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti.

“Nos preguntamos cómo ha evolucionado la fiscalidad en el sector petrolero y nos propusimos comparar la situación local con la región. La conclusión fue que a partir de Vaca Muerta y la proyección exportadora, el Estado le ha dado beneficios al sector pero ha participado en porcentajes bajos de la renta”, explicó García Zanotti a elDiarioAR. “Entonces nos preguntamos a dónde va esta renta petrolera”, agregó.

“Ningún país de la región benefició tanto a las petroleras como Argentina y sin embargo, la participación del Estado en la renta es la más baja a nivel histórico y la más baja a nivel regional”, sostuvo el investigador.

El informe se centra en un estudio y análisis de costos del sector y de la renta petrolera, entendida como el resultado del precio del mercado menos el costo de producción. La participación del Estado se da a través de las regalías provinciales, el impuesto a las ganancias (impuesto a la renta corporativa) y las retenciones o derechos a las exportaciones. 

“Cuando analizamos cuánto cuesta producir un litro de petróleo, obtuvimos la cifra de US$0,1 mientras que el precio de mercado del litro es de US$0,5, por lo tanto arroja una renta de US$0,4. ¿Cómo participa el Estado argentino? La ecuación se repite con el kirchnerismo, Cambiemos, el Frente de Todos y LLA: cada US$100, el Estado se queda con el 20% si no descontamos los subsidios que otorga al sector o con el 15% si descontamos los subsidios”, afirmó García Zanotti.

Ese US$0,4 se divide entre distintos actores, sostienen los investigadores, entre los que se encuentran las empresas petroleras y su ganancia bruta, el Estado a través del régimen fiscal, y los consumidores/refinerías en caso que exista una diferencia positiva entre el precio internacional y el precio local.

“Las refinerías y los consumidores poseen una gran participación de la renta petrolera entre los años 2002-2014 debido a la divergencia que se produjo entre el precio internacional y el local”, dice el estudio de ACIJ. “En los años 2015-2016, existió una política sostén donde el precio local resultó ser mayor al internacional, de modo que en este escenario los beneficiados fueron las empresas petroleras”, mientras que en los años 2021-2023, el precio internacional se incrementó considerablemente mientras los precios locales, si bien se incrementaron, no acompañaron su ritmo.

A través de los impuestos, el Estado logró incrementar su participación en la renta petrolera entre 2002 y 2014. “Esto se debió tanto a que la recaudación en el impuesto a las ganancias acompañó el aumento de los ingresos gracias a la mega devaluación del año 2002; y por otro lado, las retenciones móviles permitieron incrementar la participación por parte del Estado mayormente a partir del año 2007”.

Luego, con la caída de los precios internacionales y el cambio del esquema de retenciones a las exportaciones para 2014, estos dos tributos perdieron fuerza. Desde entonces las regalías resultan ser el único recurso fiscal que mantiene constante su participación.

La ecuación se repite con el kirchnerismo, Cambiemos, el Frente de Todos y LLA

Gustavo García Zanotti — Investigador.

El informe sostiene, a contramano de las políticas de los gobiernos de los últimos diez años, que la política fiscal en el sector petrolero debería permitir al Estado capturar una porción significativa de la renta petrolera, garantizando así los recursos necesarios para el desarrollo de una política socioeconómica y productiva sostenible

El estudio resalta que recientemente se aprobó un conjunto de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios otorgados por el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que pone a los sectores extractivos como la minería y los hidrocarburos entre los principales beneficiarios y que pone las expectativas en un crecimiento significativo del sector petrolero impulsado por inversiones a partir del proyecto de Vaca Muerta.

Pero el gobierno de Javier Milei no es una excepción en el enfoque. Los investigadores sostienen que el Estado, a través de su política fiscal, debería asegurar que las condiciones socioeconómicas de la población no se vean deterioradas tras el agotamiento progresivo de los recursos no renovables. “Los reservorios de hidrocarburos debieran ser aprovechados para desarrollar encadenamientos productivos, así como transformado mediante la política fiscal en infraestructura, ciencia y educación de calidad”, agregaron.

ED/DTC

Luigi Ciotti es sacerdote, italiano, fundador y presidente de la organización Libera, una red de asociaciones de la sociedad civil italiana que lucha contra las mafias en su país. Francesco Menditto es fiscal de la República de Tívoli, Italia. La semana pasada, ambos llegaron a Buenos Aires para promover el Proyecto Bien Restituido, una iniciativa que busca sistematizar en Argentina el castigo económico a las organizaciones criminales, basado en el modelo italiano. Un modelo que tanto Ciotti como Menditto admiten que no es perfecto, que es producto de un arduo proceso que aún no culmina y que, si bien no ha logrado erradicar a las familias mafiosas, la corrupción y el narcotráfico en Italia, tiene en su haber la incautación de 4.000 millones de euros sólo en efectivo, acciones y valores generados por el crimen organizado.

El modelo se completa con la reutilización social de los bienes incautados: una vez secuestrados a los acusados, inmediatamente se destinan a un uso social sin esperar una condena. Si el acusado es encontrado inocente luego del avance del juicio, el bien le es restituido sin pérdidas para su dueño original, gracias a que fue reutilizado y puesto en valor, aseguró Menditto, quien además de ser fiscal penal, integra el Consejo Directivo de la Agencia Nacional para los Bienes Incautados y Decomisados, el organismo creado en Italia para poner orden y sistematizar la administración y entrega de los bienes incautados a mafiosos y corruptos.

Esta agencia es una de las bases del modelo italiano y no nació de la iniciativa de las autoridades sino de Libera. Se creó por ley en 2010, integrado por representantes de los ministerios de Justicia -en este caso es Menditto-, Economía, Interior y Políticas Sociales, y de la Fiscalía Nacional Antimafia. Tiene un consejo consultivo con miembros de la sociedad civil, los municipios, sindicatos y entidades empresarias.

A los mafiosos, el castigo económico les duele más que la cárcel, aseguran Ciotti y Menditto. “Un bien reutilizado con fines sociales es más importante que una comisaría. La policía es importante. Pero cuando los jóvenes pueden trabajar y ganar honestamente y bien por su trabajo y a través de actividades sociales en el territorio, allí se respira la legalidad y se respira la presencia del Estado”, aseguró Menditto en una entrevista con elDiarioAR.

El fiscal también asegura que la experiencia italiana demuestra que el castigo económico pega más en las mafias que la cárcel. “Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos”. “La prueba es que en los procesos patrimoniales que se realizan para quitarles el dinero, la mafia pone muy buenos abogados defensores que hacen de todo para evitar el decomiso porque para ellos el decomiso es un daño enorme, mientras que la prisión es temporal, salvo excepciones”.

“El poder de la mafia está fuera de la mafia: en segmentos de la política que hacen negocios y tienen intereses juntos por consenso, los profesionales, abogados, contadores, financistas que colaboran con la mafia”, afirmó Ciotti a este medio “Hoy, en Italia, la mafia mata menos, dispara menos, pero eso no significa que la mafia sea más débil”, aseguró el sacerdote y dirigente social. Ahora, dice, son “gerentes” de sus negocios.

Cómo funciona

En Argentina, Bien Restituido es impulsado por Libera junto a tres organizaciones locales (Fundación Multipolar, el Circolo Giuridico de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ); es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina; y busca que la incautación y reasignación social de los bienes del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos del crimen organizado se realice de manera inmediata y sistematizada. En Argentina, actualmente, esa asignación queda a discrecionalidad de cada juez.

Es un camino arduo, afirman los italianos, pero es posible si existe el consenso de las fuerzas políticas y de los distintos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Requiere además, una ley y una reforma que permita la creación de una policía judicial que respondan a los fiscales que investigan.

De unos 30.000 departamentos y terrenos confiscados y con sentencia firme, 20.000 ya están destinados a fines sociales en Italia. Otros 30.000 departamentos, terrenos y villas están en proceso de incautación, explicó Menditto. Se suman unos 12.000 vehículos (automóviles, aviones, veleros, barcos, motos, Ferrari y Porsche) confiscados definitivamente y otros 20.000 incautados en proceso. Además, Italia confiscó de manera permanente unas 3.000 empresas -de bares y supermercados constructoras, inmobiliarias, y hasta una cadena de servicio de limpieza y una compañía portuaria con bienes valuados en 250 millones de euros-, afirmó el fiscal. A la calculadora, se suman los 4.000 millones de euros en efectivo, acciones y valores.

Esos números sonaron como música para los oídos de algunos funcionarios, legisladores e intendentes que escucharon a Ciotti y Menditto durante la última semana. Ambos italianos fueron recibidos por Sergio Massa, Gustavo Béliz y Martín Soria hasta Cristian Ritondo y otros diputados de la oposición-; por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; y las Abuelas de Plaza de Mayo. Menditto explicó cómo funciona la agencia que administra la incautación de los bienes y su entrega con fines sociales.

¿Qué tipo de uso social se le da a los bienes?

Por ejemplo, recientemente hemos destinado propiedades inmuebles a mujeres víctimas de trata. En Italia, el número de teléfono nacional para que las mujeres víctimas de violencia pidan ayuda es gestionado por una asociación que tiene su sede en una propiedad confiscada. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, los municipios usan mucho estos bienes confiscados incluso para personas que no tienen vivienda. El Municipio también puede arrendar estos bienes por un período y tener una renta. Pero hay que reutilizar ese resultado económico con fines sociales. También podemos asignar el bien, y esto es muy reciente, directamente a las asociaciones civiles. Y por tanto hay una convocatoria transparente en la que participan.

¿Cómo garantizan que la administración de estos bienes sea transparente y no caiga en la discrecionalidad?

En 2017, hemos establecido de forma clara y transparente cómo la Agencia debe asignar los activos. Así que tenemos reglas muy claras. Primero se consulta a los municipios. Si el municipio donde se encuentra o se incautó el bien lo quiere y tiene un proyecto de uso social del inmueble, se le asigna al municipio. Si no, a la Provincia o al Estado. 

A pesar de los avances, el miedo no ha dejado de ser una variable de la ecuación. “Uno de los problemas que tenemos es que los municipios no siempre quieren los bienes decomisados -explicó Menditto- porque a veces no hay disponibilidad, porque a veces hay zonas de infiltración mafiosa particular donde no hay voluntad de pedir los bienes. Hubo una serie de actos vandálicos contra los bienes. Sin embargo, la sociedad civil y las asociaciones que reutilizan los bienes decomisados, son centinelas del territorio y nunca se rinden, nos han ayudado mucho en esto. Libera no solo nos dio la ley sobre la reutilización de los bienes decomisados, sino que también nos permitió concretarla”, sostuvo el fiscal.

En Buenos Aires

Ciotti y Menditto también disertaron ante jueces y fiscales federales; representantes de sindicatos; cámaras empresarias; la Conferencia Episcopal; Caritas; miembros de las comunidades judía y musulmana; y ONGs. Los acompañó la jueza italiana Paola Di Nicola, de la Casación en Roma, y especialista en el rol de las mujeres en la lucha contra las mafias. En Argentina, los recibió el juez federal Sebastián Casanello.

Ciotti es activista social en Italia desde los 17, incluso antes de ordenarse sacerdote. En 1995 fundó Libera, una red de asociaciones de la sociedad civil que impulsó la ley que finalmente sancionó el Parlamento italiano en 2007 y permitió incautar y dar uso social a los bienes de la mafia de forma inmediata.

Entre las distintas estrategias de Libera en la pelea por el territorio copados por el delito organizado, Ciotti contó que su organización lleva a los jóvenes a las audiencias de los juicios y condenas de los mafiosos para que escuchen y vean de primera mano cómo terminan esos capítulos en los que pierde el crimen organizado.

¿Cómo se convence a una persona de desoír el llamado del crimen organizado cuando nació en la pobreza y ni siquiera un trabajo le garantiza la superación económica? Es lo que se preguntan desde hace años los especialistas en Rosario, Santa Fe, a medida que el narco y la violencia se come la calle y capta a los más jóvenes. Una de las formas centrales que encontró Libera es la reutilización social del patrimonio de la mafia, explicó Ciotti.   

En unos campos confiscados a la mafia en el sur de Italia, la asociación formó cooperativas de trabajo. Tras años de ensayo, prueba y error, hoy producen y venden en los supermercados sus productos con una marca propia reconocida por los italianos: vino, galletas, pastas, mozzarella de búfala. “Este año, la mozzarella de búfala de una de las cooperativas de esta red fue premiada como la mejor en superventas italianas. Entonces son los hechos, la concreción que habla. Necesitamos inundar nuestros territorios con confianza y esperanza. La gente necesita encontrar cosas concretas. De palabras, está cansada”, aseguró Ciotti.

La pandemia trajo otro fenómeno: ante la crisis económica que provocó el Covid-19, la mafia comenzó a comprar hoteles y pizzerías que cerraban porque no podían sostenerse, afirmó el presidente de Libera.

¿Cómo fue el encuentro con los diputados y funcionarios argentinos?

Fui directo. Les dije que hicieran un movimiento, que es urgente abordar estos problemas, que deben asumir sus responsabilidades. Debemos quietarles los bienes a los que están ejerciendo la violencia y actuando ilegalmente, a los que explotan a los demás. Deben ser devueltos al uso social, deben volver al bien del pueblo. Si no, son solo palabras.

Italia también tiene un interés en fomentar el decomiso sistematizado y ordenado en países como Argentina. Menditto contó: “Tenemos escuchas telefónicas donde los líderes de la mafia hablan entre ellos y dicen muy claro que temen las confiscaciones en Italia y que por eso se van al extranjero porque las confiscaciones no se hacen en el extranjero. Y los líderes de la Ndrangheta hoy están por toda Europa, están en varios países extranjeros. Si bien no podemos hablar de investigaciones en curso, buena parte del lavado de dinero de la Ndrangheta y la mafia se está dando en América Latina”.

La Iglesia también se está reorganizando para dar señales fuertes. A los grandes jefes no les importa la excomunión.

Luigi Ciotti.

El Papa

Jorge Bergoglio, quien envió una carta en apoyo al Proyecto Bien Restituido, que se leyó el martes último en la Facultad de Derecho frente a actores de todos los poderes: “Reconozco la importancia de este encuentro y me alegra verlos reunidos para buscar soluciones prácticas que ayuden a reparar el daño que el crimen organizado produce en la sociedad”, dijo el Papa Francisco a los jueces, fiscales y funcionarios reunidos para escuchas a los italianos. Ciotti tiene una excelente relación con el Sumo Pontífice.

¿En qué ha ayudado el Papa en esta lucha?

Su ayuda ha sido excelente. Unos meses después de que el Papa fuera elegido, le pregunté si estaba dispuesto a conocer a mil familiares de las víctimas inocentes de la violencia criminal en las calles. Y el Papa me dijo: “Voy”. Francisco se reunió con ellos y los escuchó. Les agradeció porque muchos de ellos van a las cárceles a llevar la palabra y ocuparse. Transformaron su dolor en compromiso, en testimonio. Después, Francisco se dirigió a los grandes ausentes, a los hombres y mujeres de la mafia: “Arrepiéntanse y cambien. Si no lo hacen, esto se convierte en un infierno”. El fin de la Iglesia es que todos se puedan convertir.

Muchos hombres de la mafia son hombres en apariencia religiosos. ¿Alguna vez evaluó la Iglesia excomulgarlos como un mensaje a toda la sociedad italiana? ¿Qué opina de eso?

No, la excomunión debe tener una función médica, debe ayudar a ser un estímulo, debe ser el último recurso. En el mensaje que el Papa ha enviado para estos días habla de justicia restaurativa. La Iglesia también se está reorganizando para dar señales fuertes. A los grandes jefes no les importa la excomunión. Tienen la idolatría del dinero, se sienten del lado correcto. Se ha creado un grupo de trabajo para proponer que en el derecho canónico, en la doctrina social de la Iglesia, en el catecismo, se explique qué son estos juegos criminales porque no hay nada escrito. Siempre con el fin de trabajar por la conversión.

ED

La asunción de Mauricio Macri en la presidencia significó un cimbronazo para el mundo de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Directivos, técnicos, políticos en stand-by e interesados en la administración pública sin adhesión partidaria formal que ocupaban sillas en la “sociedad civil” se vieron tentados por habitar un despacho en una OG (organizaciones gubernamentales). En diciembre de 2015, parte de las ONG debieron reordenar sus organigramas y los auditores del tercer sector pasaron a ser auditados. Pasados dos años del fin de esa experiencia, que todavía resuena, el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para el Crecimiento y la Equidad (CIPPEC), Poder Ciudadano, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) maniobran entre las incógnitas políticas del momento y repiensan estrategias de recaudación de fondos.

Si existe un establishment oenegístico medido por presupuesto, estructura e influencia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) le toca ser la oveja negra en ese club. En las antípodas del mundo Macri, vive su propio período de renovación y cambio. En estos días, la comisión directiva debate el alejamiento definitivo del directorio de Horacio Verbitsky. Tras dos décadas en la presidencia, el fundador de El Cohete a la Luna debió pedir licencia en febrero de 2021 por haberse vacunado contra el coronavirus sin esperar el turno correspondiente. El episodio detonó una crisis en la organización de derechos humanos y resignificó disidencias latentes por el posicionamiento político de Verbitsky. Meses después, el periodista fue repuesto en la comisión directiva con el cargo de vocal, pero diversas fuentes prevén que su relación con el CELS está llegando a su fin en cuestión de días o semanas. “Lo estamos discutiendo”, dijo a elDiarioAR una persona al tanto de los debates.

Nada fue un error

El pase de figuras de la sociedad civil hacia la gestión presidencial de Cambiemos no fue casual. En el comienzo de siglo, cuando el entonces presidente de Boca se metió de lleno en la actividad política, las ONG fueron un pilar de su armado partidario. Junto a Francisco de Narváez, Macri organizó la Fundación Creer y Crecer. A mediados de 2002, apenas un año más tarde de la creación del think tank, con el colapso de la convertibilidad consumado, ambos empresarios habían dividido sus caminos.

El hoy dueño de Walmart procuraba mantener el perfil de una fundación que proveyera cuadros y políticas para entornar —pero no reemplazar— a dirigentes con recorrido partidario, mientras que el socio de Socma entendió que su proyecto debía basarse sobre rostros y formas nuevos, y para ello, un think tank era una buena plataforma, como describió Gabriel Vommaro en La larga marcha de Cambiemos (Siglo XXI, 2017). Macri leyó con acierto que el neoliberalismo cincelado por Carlos Menem a su imagen y semejanza, montado sobre el ideario predemocrático de la Ucedé, no era el más apto para el ciclo surgido con el grito “que se vayan todos”.

En simultáneo, el incipiente político abrió las puertas al Grupo Sophia, creado en la década de 1990, cercano a Domingo Cavallo y con nombres no tan “apolíticos”, como el de Horacio Rodríguez Larreta. La impronta de los think tanks acompañó a Macri en su primera cita electoral por la Jefatura de Gobierno porteño, en 2003. Durante sus experiencias en Ciudad y Nación, lo acompañarían nombres presentes en la fusión de Creer y Crecer y Sophia, como María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti.

Con un primer escalón consolidado y embarcado en un proyecto presidencial, Macri y su amigo Mauricio Devoto apostaron por otro sello, Compromiso para el Cambio, en 2007. Había que alambrar el campo. Se sumaron figuras de otra densidad, abogados de estudios de la city y amigos de Macri de larga data, con una mirada sui generis sobre el manejo de la Justicia: Fabián Rodríguez Simón, Pablo Clusellas y Pablo Torello.  

Nuevas vertientes

Con una década de 1990 difícil para el partido centenario entre la salida precipitada de Raúl Alfonsín y el Pacto de Olivos, exfuncionarios, politólogos y abogados con sintonía UCR habían abrevado en organizaciones como Poder Ciudadano (fundada en 1989) y la Asociación por los Derechos Civiles (1995).

La divisoria de aguas en tiempos de Néstor y Cristina Kirchner y la consecuente cercanía del PRO con la UCR terminó de vincular al macrismo con un sector de las ONG menos dado hacia un empresario de las características del entonces jefe de Gobierno. El operador radical Daniel Angelici coronó uno de los pases más sonoros desde la “sociedad civil” apartidaria al PRO. Laura Alonso dejó la dirección ejecutiva de Poder Ciudadano para ocupar un lugar en la lista de candidatos a diputados del macrismo en 2009. En esos tiempos, la abogada cordobesa Delia Ferreira Rubio, asesora de legisadores de la UCR en los noventa, estaba a cargo de la presidencia de la organización. La pretensión de imparcialidad, un valor por entonces en el tercer sector, resultó mancillada con el pase de Alonso, pero el canal quedó abierto.

María Eugenia Vidal, Germán Garavano, Eugenio Burzaco, Daniel Chain, Mariano Narodowsky, Gustavo Ferrari y Néstor Grindetti, algunos de los nombres que acompañaron a Mauricio Macri y pasaron por Creer y Crecer.

En paralelo, ADC, inspirada en 1995 por el abogado Alejandro Carrió, con un perfil algo más independiente que Poder Ciudadano, no quedó exenta de la deriva de la época. La disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín alcanzaba su mayor voltaje y Carrió actuó como abogado de los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera en el litigio por la dilucidación de su identidad como probables hijos de desaparecidos. El caso ocupó la agenda pública durante meses, lo que llevó a Carrió a elevar su perfil. Años después, no bien asumió Macri en la Casa Rosada, otro de los artífices de la organización, Carlos Rosenkrantz, lograría ser designado juez de la Corte Suprema por decreto.

Tras la reelección de Cristina Fernández con 54% de los votos, en 2011, Macri se metió en la carrera presidencial sin más dilaciones. El vehículo volvió a ser una ONG perfeccionada, la Fundación Pensar, usina que combinó figuras con origen oenegístico y empresarial, políticos de la derecha clásica e investigadores académicos con primacía de las universidades de San Andrés y Di Tella.

La afinidad con el macrismo o la aversión al kirchnerismo de Clarín y La Nación marcó el camino para ingreso de una vertiente oenegística-periodística. En diciembre de 2015, parte del entramado de conducción de los medios públicos fue trazado en consulta de Jorge Sigal, secretario del área, con el Foro de Periodismo Argentino. El presidente de esa entidad entonces, Néstor Sclauzero, asumió la dirección periodística de Canal 7 y con él llegaron otros representantes del Fopea a la emisora pública.

Versiones sobre la pluralidad

En la “sociedad civil”, la voz predominante entiende que las identidades partidarias de creadores, financiadores y directivos no determinan necesariamente la orientación de las ONG, y que las trayectorias en las conducciones no son monolíticas. En efecto, incluso en las organizaciones más allegadas a los partidos de Juntos por el Cambio trabajan analistas y responsables que no adhieren en absoluto a ese signo. Quien busque, encontrará críticas a los gobiernos de Macri y Horacio Rodríguez Larreta por parte de Poder Ciudadano, ADC y Fopea. Sus distanciamientos, aunque hayan sido a cuentagotas y con tono ciudado, les merecieron la etiqueta de Corea del Centro disparada por los halcones.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), creada en 2002 por los abogados Ezequiel Nino (hijo de Carlos), Gustavo Maurino y Martín Sigal, está orientada a los derechos sociales y económicos. No sólo mantiene una agenda pública de tensión con ejecutivos de Juntos por el Cambio sino que ha litigado contra ellos.

El cofundador Maurino dejó la dirección en 2013. Dos años después, fue designado a cargo de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia durante la administración Macri. “Es un error hablar de tal cosa como ‘el mundo de las ONG’. Las organizaciones de la sociedad civil somos muchas y diversas”, advierte Sebastián Pilo, director de la entidad que fomenta la democracia participativa. El dirigente concede que el macrismo se nutrió más que el kirchnerismo de la “sociedad civil” para formar sus equipos, “pero otra cosa es el vínculo con los Gobiernos y cuánto afecta la independencia. En nuestro caso, en nada”.

Por caso, ACIJ se encuentra con que el ejecutivo de Rodríguez Larreta suele incumplir sentencias en litigios ganados por la organización, lo que agrega fricción. En una causa en la que se ordenó subsanar el riesgo de electrificación que provocó muertes en la villa 21-24 de Barracas, ACIJ pidió una multa personal contra Larreta, que fue concedida y apelada por el gobernante ante el Tribunal Superior de Justicia. Si ese cuerpo dominado por el macrismo falla a favor de ACIJ, Larreta deberá pagar $ 1,9 millones.

Capítulo CIPPEC

El caso CIPPEC merece un capítulo aparte. Fundada en 2000, produce informes de alto nivel técnico en un amplio rango de áreas. En varias de ellas, como educación, sus abordajes se ubicaron en veredas distantes de las políticas sostenidas por los gobiernos del PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio. Sin embargo, ninguna otra ONG se desprendió de tantos directivos y cuadros técnicos que partieron rumbo al macrismo.

Los tres últimos directores ejecutivos que precedieron a la actual, Gala Díaz Langou, saltaron de la sede de la organización ubicada en Congreso a despachos oficiales bajo el signo del PRO. Nicolás Ducoté dejó CIPPEC en 2010 para pelear por la intendencia de Pilar, objetivo que logró en 2015. Lo sucedió Fernando Straface, hoy secretario general del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de campaña de María Eugenia Vidal y blanco de las críticas de Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Mauricio Macri. Cuando se fue, Straface pasó la posta en CIPPEC a Julia Pomares, quien es desde hace siete meses jefa de asesores del alcalde porteño y candidato presidencial.

No sólo ello. CIPPEC fue uno de los artífices del sello Argentina Debate que organizó la discusión de candidatos presidenciales de 2015. El último de ellos, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, fue en noviembre. En diciembre, José Octavio Bordón, presidente del Comité Estratégico de Argentina Debate, se mudó a la embajada argentina en Santiago de Chile, y Hernán Charosky, coordinador, comenzó a trabajar en el Gobierno de la Ciudad, donde hoy encabeza el Equipo de Diálogo y Políticas Públicas. La lista no acaba. Miguel Braun, cofundador de la organización, se había integrado al PRO y la Fundación Pensar años antes, y fue asignado a la Secretaría de Comercio. Martín Bohmer, docente en universidades nacionales y extranjeras, fundador del área Justica en CIPPEC y ex vicepresidente de ADC, se hizo cargo de la Dirección Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil bajo la órbita de Garavano, hoy asesor legal de Macri.

¿Hace ruido que analistas, expertos y directivos de la ONG más prestigiosa y con mayor presupuesto, que aboga por políticas sustentables y se presenta apartidaria, hayan optado por integrarse a las estructuras gubernamentales de Macri y Rodríguez Larreta?

Responde Díaz Langou: “Si CIPPEC fuese una organización partidaria, no podríamos cumplir nuestra misión. Es una organización independiente apartidaria, condición imprescindible para propiciar políticas públicas en la Argentina”. La responsable de la organización enumera que, desde la fundación, pasaron 900 personas por Callao 25, “muchas fueron y otras venían de la gestión pública; entre ellas, unas treinta que hoy están en el Gobierno nacional”.

La directora ejecutiva afirma que la diversidad del consejo de administración y los jefes de área de CIPPEC no tiene correlato con la adhesión partidaria que terminaron eligiendo Ducoté, Straface y Pomares. “Las recomendaciones de CIPPEC están basadas en evidencias que siguen protocolos internos y el trabajo de una gama muy amplia de diferentes actores. Tenemos comités de ética y de calidad muy estrictos, y eso se complementa con una enorme variedad de fuentes de financiamiento para un presupuesto de US$ 3 millones anuales. Son 235 fuentes distintas, e incluyen cooperación internacional, individuos y gobiernos con equilibrio partidario y geográfico”, indica Díaz Langou.

Dilemas del CELS

En la misma casona donde funciona Poder Ciudadano, en San Telmo, se asienta el CELS. Como un matrimonio que cohabita el mismo espacio porque deshacerlo sería muy complicado, la que muchos consideran la organización de derechos humanos más influyente de América Latina y la marca fundacional de la “sociedad civil” en Argentina —hoy con fuerte impronta del Grupo Clarín— se ven la cara todos los días desde que la Fundación Ford compró una sede en común en Piedras 547, a fines de la década de 1990.

La entidad que preside la antropóloga Sofía Tiscornia y presidía Verbitsky presentó batalla contra el Gobierno de Cambiemos en Argentina y ante estrados internacionales, fuera por Milagro Sala, la ley de medios, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los desmanes de la mesa judicial y los endémicos abusos policiales y carcelarios. Antes de Macri, el establishment de la “sociedad civil” apuntó contra el CELS por su cercanía con el primer kirchnerismo, señalamiento que es rechazado en la oficina que da al frente de la casa de San Telmo, con el argumento de que la ONG alternó elogios y críticas cuando hizo falta. En 2015, la consumación de la seducción de Macri al tercer sector le sirvió al CELS el plato frío de la venganza.

“El tema es la honestidad de asumir la historia de cada uno y de consistencia en la acción. Es legítimo tener posicionamientos; lo que está mal es la pretensión de imparcialidad”, dice la fuente del CELS citada más arriba.

De la organización fundada por Emilio Mignone surgieron funcionarios de los gobiernos de los Kirchner y de Fernández, aunque predominaron las terceras y cuartas líneas. Entre los de mayor rango, con importante recorrido profesional y académica, se encuentran Gustavo Palmieri, exsecretario de Seguridad en la gestión de Nilda Garré, y Andrea Pochak, actual subsecretaria de Enlace Internacional de Derechos Humanos. El exdirector ejecutivo e histórico de la ONG Víctor Abramovich accedió como procurador fiscal ante la Corte Suprema mediante concurso público y antes había sido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humamos. Todos ellos cuentan con un antecedente de peso, el propio Mignone, representante del Ministerio de Educación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria designado en 1998, durante el Gobierno de Carlos Menem.

La adhesión de Verbitsky y otros referentes del CELS al cristinismo es explícita, mientras que la mayor parte de los estamentos directivos y analíticos “coincidieron con la agenda de Memoria, Verdad y Justicia, libertad de expresión, reforma de la Corte Suprema y migraciones de la gestión de Néstor Kirchner”, evalúa Gastón Chillier, exdirector ejecutivo. Ello no impidió —indica el abogado— que el CELS denunciara y litigara en casos de violaciones a los derechos humanos en las cárceles, la mano dura, derechos de poblaciones indígenas y las acusaciones contra el exjefe del Ejército César Milani, de las que fue absuelto.

En coincidencia con la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Chillier dejó la dirección ejecutiva y asumió Paula Litvachky, antes encargada del área de Justicia y Seguridad. “El CELS decidió realizar una rotación en el equipo de gestión”, comunicó la organización en febrero de 2020. La relación de Verbitsky con Chillier estaba desgastada.

Desde el momento en que fue nombrado presidente, en 2000, cuando gobernaba Fernando de la Rúa, estaba claro que las posiciones políticas y las vinculaciones personales de un periodista de la trayectoria e influencia de Verbitsky iban a jugar un papel inocultable, con lo bueno y lo malo que implicara. Los debates al respecto en el seno de la organización fueron permanentes, y no cesan. “Digamos que nos obliga a mantener los canales de discusión muy abiertos”, concede la persona citada.

La vacunación del histórico columnista de Página 12 marcó un problema de otra naturaleza y disparó críticas más severas dentro de la estructura del CELS. El tiempo parece no haber sanado heridas. Una de las versiones indica que el alejamiento de Verbitsky sería comunicado bajo la forma de una jubilación, y que el anuncio sería en febrero.

Virtud y resquemor

“El paso de la sociedad civil a la función pública debería ser mirado como virtuoso antes que un defecto. No todas las ONG son iguales, pero algunas elaboran trabajos de calidad que le aportan el Estado, y sus analistas tienen una vocación por lo público que hay que valorar. Hay un evidente antiintelectualismo en algunos sectores”, dijo una persona con experiencia en una entidad importante de la “sociedad civil” que hoy ocupa un cargo alto en un gobierno. La coincidencia con el eje central de ese argumento es prácticamente unánime entre las ONG.

El resquemor entre los militantes clásicos y el oenegismo tiene razones de ser. El camino de la asesoría mal rentada en un Concejo Deliberante del Gran Buenos Aires hasta un puesto ejecutivo con despacho propio, sueldo digno y presupuesto a cargo puede durar décadas. En el medio, el militante tiene que soportar al arribista de la tele al que le agarra el berretín de la política, al “hijo de” y al vicario del aportante de campaña, más los bandazos tácticos e impúdicos de las cúpulas. De buenas a primeras, cuando llega la hora del cargo, un oenegista asoma por la puerta con pergaminos de estudioso y prestigio social. Y como los ciclos políticos a veces son efímeros, cuando el cargo se esfuma, el oenegista vuelve a la sociedad civil, la consultoría o parte como scholar a una universidad extranjera. Es injusto.

La otra campana también suena. La carrera en las ONG no es un lecho de rosas. Supone años de empleo precario y zozobra por conseguir fondos. Si la entidad es bien llevada, implica una especialización que, como señala la voz anfibia que hoy ocupa un puesto en un gobierno, no debería ser desdeñable. El saber y la buena praxis de un oenegista ejemplar choca con las trapisondas de la política tradicional y el insano concepto que confunde lealtad partidaria con complicidad. Así, el oenegista con maestría y PhD, cansado de verla pasar, se anima a dar el paso, pero corre el riesgo de la frustración ante la máquina de impedir de la politiquería. Es injusto.

Quién paga

Díaz Langou, de CIPPEC, apuntó a un tema crucial: el financiamiento. Casi todas las ONG mencionadas golpean puertas similares. A saber: Open Society, de George Soros; National Endowment for Democracy (NED), creada en tiempos de Ronald Reagan bajo la órbita del Capitolio, a la que muchos atribuyen vínculos originales con la CIA; la Fundación Ford; USAID; Fundación Avina, de un empresario suizo; las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Suiza, paises escandinavos, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y la Unión Europea, y las fundaciones partidarias alemanas Konrad Adenauer (demócrata cristiana, centroderecha), Friedrich Naumann (liberal, centroderecha) y Friedrich Ebert (socialdemócrata).

Desde la década de 1990 y por muchos años, cuando se desarrolló el tercer sector con el perfil que conocemos bajo la proclama de perfeccionar la democracia, la “cooperación internacional” de las victoriosas potencias occidentales fue el eje del financiamiento. El modelo sigue vigente, pero en los últimos años, la competencia por los recursos se hizo mayor. Al fin y al cabo, la Argentina tendrá sus problemas pero no es ni tan subdesarrollado, ni tan conflictivo para la agenda de Washington y Bruselas, ni su democracia está tan en peligro, ni es tan dócil como para atraer la bondadosa magnanimidad de Soros, Ford, la embajada de Noruega, la USAID y otros por el estilo.

Históricamente, las empresas que operan en la Argentina no han sido muy propensas a financiar proyectos que no controlan por entero y que no reditúan ganancias en lo inmediato. No obstante, en los últimos años, los fondos privados crecieron de la mano de del Grupo Clarín-Telecom, Telefónica, Pan American Energy, IRSA, YPF, La Nación, universidades, Google, Facebook, Techint, Insud, Aluar, Arcor, Farmacity, Naturgy y Quilmes, entre muchos otros.  

Junto a la denominada “cooperación internacional” y el mundo de los privados, la tercera pata de la financiación son los gobiernos municipales, provinciales y nacional.

El peso de cada fuente de fondeo varía según la ONG. CIPPEC, entre las más activas a la hora de transparentar sus cuentas, obtuvo en 2020 el 42% de sus fondos de la cooperación internacional, el 11% de gobiernos, y el 47% de empresas e individuos, informa en su página web. En 2021, los números (todavía no cerrados) fueron similares.

En los presupuestos de CIPPEC y Poder Ciudadano, el pago de los gobiernos se da en retribución por sus aportes en el diseño de políticas y auditorías. Para Fopea, los fondos de Clarín, Google y Facebook son decisivos, y también recibe apoyo del Gobierno de la Ciudad. Chequeado, el sitio de corroboración de información que actúa en cierta manera como una ONG, financia una parte significativa de su presupuesto vía empresas privadas que donan en su evento anual, mientras que la cooperación internacional representa 95% de los fondos de ACIJ.

En cuanto al CELS, años atrás atinó a reducir su dependencia de la “cooperación internacional”. Cuando se retiró su financiador histórico, la Fundación Ford, la ONG de derechos humanos instrumentó un sistema de aportes individuales que llegaron a representar más de 40% del presupuesto, marca Chillier. La experiencia resultó ambigua, porque en la Argentina no está tan acendrada la propensión a la membresía individual y las sucesivas devaluaciones hicieron que los dólares de la cooperación extranjera volvieron a ganar terreno. En agosto de 2021, la fundación de George Soros comenzó a financiar un proyecto hasta 2025 por un monto de US$ 2.060.500, con lo que se transformó en uno de los principales aportantes.

Bisagra

Voces del tercer sector coinciden en expresar frustración por la experiencia vivida con Macri. Se pudo hacer poco y nada, y los malos resultados económicos dominaron la agenda. De los caballitos de batalla, se registraron avances en el acceso a la información pública, en cuya agencia de implementación desembarcó de lleno la “sociedad civil”. El combo de Gestapo, Falso Abogado D'Alessio, prisiones preventivas abusivas y visitas a Olivos de los jueces no terminó siendo muy edificante para quienes postulan el mantra de “una mejor democracia”, salvo para los oenegistas que se metieron en el barro de la política y comenzaron a arrojarlo a la cara de los adversarios, como Alonso. Otros apuestan a volver mejores, como los exdirectores de CIPPEC que integran la mesa chica de Rodríguez Larreta.

Aunque las voces de esa entidad suenan convencidas en cuanto a que su independencia no se vio afectada, la mudanza de tantas y tan relevantes figuras al Gobierno de Macri y ahora al larretismo causó innegable impacto en las oficinas ubicadas a metros del Palacio Legislativo. En cierto sentido, el impasse forzado por la pandemia no fue del todo negativo para mitigar la visibilidad de la cena anual de CIPPEC.

En cuanto a ACIJ, la impronta urbana de su agenda, con foco en villas y derechos sociales, deriva en choques frecuentes con el Gobierno de Rodríguez Larreta. Aunque el alcalde cuida al máximo el vínculo con la sociedad civil, la relación con ACIJ es, por momentos, tensa.

Poder Ciudadano aparenta ser la organización que tiene más resuelta la cuestión de su imagen pública. Wortman Jofre, su presidente, es un notorio abogado de Clarín, incluidas las causas menos decorosas. La tesorería de la ONG está a cargo del gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la empresarial ADEPA, Martín Etchevers. La clasificación de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, de la cual la entidad es filial argentina, se mantiene como su instancia de mayor visibilidad anual. Pablo Secchi, director ejecutivo de la organización, no pudo responder la consulta de elDiarioAR.

En línea similar, Fopea tampoco parece inhibida a la hora de exponer su rostro tradicional. La ONG que agrupa a unos trescientos periodistas acaba de protagonizar sus primeras elecciones internas por la conducción. Participaron dos listas sin mayores diferencias de fondo. El peso de Clarín y La Nación, y la sintonía con ADEPA siguen delimitando el camino.

Más allá de las disputas internas, en el CELS prevalece la coincidencia entre sus referentes actuales y pasados que las acciones públicas en torno a la agenda de derechos humanos fue mantenida a salvo de la cercanía con el kirchnerismo y, ahora, el Frente de Todos. La verba de Sergio Berni, la omnipresente brutalidad policial y carcelaria y la distancia del dicho al hecho que signa al gobierno de los Fernández le dan la oportunidad de seguir marcando distancia.

De la generación fundadora de 1979, conformada por abogados y familiares de desaparecidos, quedan pocos en actividad. Integran el directorio del CELS, además de Tiscornia, la histórica Laura Conte, Verbitsky y referentes de áreas que van del derecho al feminismo, de la academia al sindicalismo, como Damián Loreti, Paula Abal Medina, Dora Barrancos, Diana Wassner, Gustavo Palmieri, María José Guembe, Marcelo Ciaramella, Luis Fara y Victorio Paulón.

¿El alejamiento de Verbitsky será inmediato? “No confirmo ni desmiento”, responde la persona al tanto de las discusiones de estos días. Tampoco confirmó ni desmintió Verbitsky, porque no contestó el mensaje de elDiarioAR.

SL

En 2022, Argentina habrá incumplido la Constitución Nacional por décimo tercer año consecutivo por no contar con un Defensor del Pueblo de la Nación, el abogado de los habitantes ante los poderes estatal, político y económico, explicaron cuatro expertos consultados por elDiarioAR. La falta ni siquiera está en la agenda del oficialismo ni de la oposición, según ratificaron a este medio representantes de ambos sectores en el Congreso, el encargado de elegir a un candidato para la vacante.

La posibilidad de contar con esta figura con mandato constitucional, que parece no convenirle al poder, es lejana: su designación es más compleja que la del Procurador General de la Nación (jefa o jefe de los fiscales del país) y que la de un juez o jueza de la Corte Suprema. 

El candidato o candidata a defender los derechos de las personas ante el Estado y las grandes empresas debe ser elegido por los dos tercios de los presentes en ambas cámaras parlamentarias, una osadía en estos tiempos políticos.

En diciembre, más de 40 organizaciones empapelaron los alrededores del Congreso con la campaña “Defensor/a del pueblo YA”. “Tanto las y los nuevos diputados y senadores como quienes continúan en sus bancas deben superar las diferencias políticas y ponerse de acuerdo para saldar esta deuda con la sociedad que lleva más de 12 años”, informaron las principales ONGs del país en un comunicado que destacó “la importancia de este rol ante conflictos tales como desalojos, incremento de tarifas, problemas ambientales, represión, protesta social, la respuesta a la pandemia, entre otros”.

La Defensoría del Pueblo nació con la Constitución de 1994 pero la política logró ponerse de acuerdo con sólo dos candidatos para ocupar el cargo en los últimos 27 años.

El primer ombudsman o abogado del Pueblo fue Jorge Luis Maiorano, quien había sido ministro de Justicia de Carlos Menem. Asumió como Defensor del Pueblo en junio de 1994. Fue sucedido por el peronista Eduardo Mondino en 1999, quien logró acuerdo de Diputados y el Senado en 2004 para continuar por un segundo período. 

El defensor o defensora del Pueblo debe ser independiente de la política, debería venir del mundo jurídico pero con entendimiento de la política.

Mariela Belski — Directora Ejecutiva de Amnistía Internación en Argentina.

Antes de que finalice su segundo mandato, Mondino renunció en abril 2009 para ser candidato a senador por Córdoba. Desde entonces, el organismo estuvo a cargo de defensores adjuntos, quienes también fueron renunciando a medida que pasaban los años. En 2015, la Defensoría quedó a cargo del subsecretario Juan José Böckel, el de mayor jerarquía dentro del personal administrativo.

“No tener un defensor del Pueblo es una violación a la Constitución”, dijo el ex Defensor del Pueblo (1999-2009) Eduardo Mondino a elDiarioAR. “Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos y es el único que tiene legitimación propia para ir a los tribunales en representación de un colectivo de ciudadanos”, aseguró.

“En febrero de 2021, nos reunimos con el entonces jefe de Gabinete, (Santiago) Cafiero y le planteamos la necesidad de que este gobierno, que promueve legislación a favor de los derechos, avance en la elección de una o un candidato, pero fue muy enfático en su respuesta. Nos dijo que era ‘muy complejo’”, recuerda Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, una de las ONGs que impulsa la campaña por un Defensor del Pueblo.

“En 2014, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentamos un amparo para que el poder Judicial le ordene al Congreso la designación de la autoridad de la Defensoría del Pueblo (que en ese momento se encontraba vacante hacía 5 años)”, explica Clara Lucarella, abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

“En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación. Hoy, a pesar de esa decisión y la relevancia de la institución para garantizar derechos humanos, el Congreso sigue incumpliendo con la función que le encomienda la Constitución”, afirmó Lucarella.

“No tener Defensor del Pueblo es una situación de inconstitucionalidad permanente o continua, y lo peor es que nos acostumbramos”, dijo el fiscal Gabriel De Vedia, quien fue postulado para el cargo por organizaciones sociales en 2019.

Es la figura independiente más importante en la defensa de los derechos humanos y derechos colectivos.

Eduardo Mondino — Ex Defensor del Pueblo (1999-2009).

¿Cuál es su función? 

La judicial no es la única vía de la Defensoría para reclamar derechos. “La judicial es la última herramienta, antes de agotar otras instancias, como recomendaciones, advertencias, mediaciones, pedidos de informes e investigaciones”, resume Mondino. 

“Un caso claro y reciente en el que vimos la necesidad de tenerlo fue el de las personas que no podían ingresar a la provincia de Formosa durante la pandemia por disposición de la Gobernación, que había cerrado las fronteras provinciales”, aseguró Belski.

“El defensor con mandato constitucional podría haber presentado los amparos ante la Justicia, ya que tiene alcance federal. Al no tenerlo, las personas impedidas de ingresar a la provincia fueron representadas legalmente por legisladores y concejales opositores al gobernador y la disputa judicial se tiñó políticamente, cuando estábamos ante un tema de derechos”, agregó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

En 2016 el poder Judicial estableció que era inconstitucional la falta de nombramiento de la autoridad y le ordenó al Congreso que avance en un proceso de designación.

Clara Lucarella — Abogada del Programa Fortalecimiento de ACIJ.

A pesar de no contar con un titular con mandato constitucional, el organismo no está muerto y funciona con una estructura administrativa y jefes de área. También ha participado en reclamos por temas relacionados con derechos de los trabajadores migrantes y de pueblos originarios, entre otros; e integra comités con ministerios del Ejecutivo. 

El subsecretario Böckel, quien quedó a cargo de la Defensoría acéfala, defiende su gestión, que ya lleva unos seis años. “Nosotros intermediamos entre los habitantes y el Estado en alguna medida, pertenecemos a la Administración Pública pero somos independientes, autónomos. ”Cuando estamos en contra del calendario de vacunaciones o alguna política de salud o pública de materia de empresas y derechos humanos, lo planteamos“, dijo ante la consulta de elDiarioAR.

“Las mayores quejas que recibimos son por temas previsionales, salud (contra PAMI y  en menor medida, obras sociales), y usuarios y servicios públicos (cortes, facturación errónea, falta de presión de agua, falta de agua segura o potable)”, contó el funcionario. 

No tener Defensor del Pueblo es una situación de inconstitucionalidad permanente o continua, y lo peor es que nos acostumbramos.

Gabriel De Vedia — Fiscal.

“Somos una de las defensorías que más trabaja en la ONU y mantenemos la categoría A, con voz y voto, gracias al trabajo realizado”, afirmó Böckel, quien sostiene que la falta de un titular con mandato constitucional “afecta la institucionalidad de la Defensoría” y “su legitimación procesal, la posibilidad de presentarse en un juicio”, pero, dice, no afecta su funcionamiento. 

El funcionario explicó que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la Defensoría realizó “un registro por vía electrónica sobre la situación de casi 24.000 personas impedidas de regresar a su hogar”. “Intervenimos ante la imposibilidad de los trabajadores golondrina que se trasladan entre provincias por las cosechas, por trabajos de minería, y entregamos sus datos al ministerio del Interior para que disponga de vehículos para los traslados”, dijo el encargado del organismo.

“Con Formosa, fuimos prudentes. No dábamos mucha información pero conseguimos que la provincia aceptara el ingreso de 60 personas diarias, que luego eran derivados a centros de aislamiento”, afirmó Böckel. El funcionario reconoce que “no tener un Defensor titular nos afecta en la falta de legitimación procesal pero ese es el último recurso de la Defensoría, que reservamos para casos en los que está en peligro la democracia”. 

“Pero lo cierto es que una de sus funciones es representar a las personas y facilitarles el acceso a la Justicia y hasta 2009, la Defensoría del Pueblo había participado en 52 juicios y había iniciado 26 causas judiciales. Hasta 2013, participaba en 4 expedientes y sólo inició una causa. Desde 2014, no se registra ninguna participación a nivel judicial”, planteó Belski, quien afirmó que las ONGs respetan el trabajo de Böckel y su equipo pero también reconocen las limitaciones de su cargo.

Dos veces, dos tercios

“Creo que el organismo hubiese cumplido un rol central durante la pandemia”, afirmó Mondino. “Nosotros en su momento llegamos a la Corte Suprema con reclamos de los jubilados, contra empresas de servicios públicos, la contaminación del Riachuelo y la situación del pueblo toba en el Chaco. También tuvimos participación en denuncias de corrupción y mediamos en la crisis del campo. Hasta 2009, ocupó un rol central tanto a nivel nacional e internacional”.

Creo que a la cúpula del poder no le interesó tener una figura de esa envergadura, fue incómodo incluso para los privados por la defensa de los derechos de los consumidores en tarifas y servicios públicos“, añadió Mondino.

“En Argentina está en crisis el consenso y esa es la base de la dificultad: conseguir los dos tercios de ambas cámaras. En 2014, la comisión bicameral a cargo de la tarea estuvo a punto de elegir una terna para bajarla al recinto de Diputados y Senado, pero fracasó”, recuerda el fiscal De Vedia.  

“En los últimos años, todas las propuestas fueron de candidatas y candidatos de la política y las impugnamos. El defensor o defensora del Pueblo debe ser independiente de la política, debería venir del mundo jurídico pero con entendimiento de la política para leer el contexto y dialogar con todos los sectores sin renunciar a su independencia”, respondió Belski ante la consulta sobre cuál debería ser el perfil del titular de este cargo según las ONGs que impulsa su designación.

“Quien ocupe este lugar, va a recibir muchas llamadas de sectores del poder. Además, su presupuesto va a depender del gobierno de turno y la política va a jugar con eso. Por eso, debe ser una persona fuerte, que no ceda a las presiones”, afirmó Belski.

ED

La pandemia de coronavirus y el clima de urgencia que impuso para tomar decisiones y articular políticas profundizaron una falencia ya estructuralmente asociada a la gestión del Estado argentino. Durante 2020, el Gobierno movilizó 7 puntos del PBI en medidas vinculadas a paliar la crisis provocada por el Covid-19, pero de acuerdo con una evaluación global elaborada por International Budget Partnership (IBP) la rendición de cuentas de los dos principales gastos fue “limitada” y arrojó los peores puntajes en algunos ítems clave como fuentes de financiamiento, adquisiciones y auditorías. 

“En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos”, apuntó Julieta Izcurdia, coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ONG que estuvo a cargo del relevamiento en la Argentina. Según su modo de ver, los vacíos más grandes aparecen en el origen de los presupuestos (cuánto se asigna, por qué y de dónde salen esos fondos) y en la rendición de cuentas posterior, donde se contempla también el análisis del impacto de las políticas instrumentadas. La ejecución es, de algún modo, la etapa sobre la que hay mayor registro. 

La encuesta se realizó a 120 países y en la Argentina tomó como referencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (ATP) por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. Según se argumentó, el IFE representó el 75% del total de gasto social, mientras que el ATP significó el 63% del gasto en el sector privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario.

La urgencia de la pandemia no alcanza para explicar la falta de transparencia en la gestión de recursos en la Argentina, sino que remite a algo más estructural. De hecho, el país ha recibido puntajes similares en la encuesta general que la organización realiza cada dos años. Además, la organización señala que “la acción urgente no tiene que proceder a expensas de la rendición de cuentas” y retoma un mensaje que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también transmitió a los gobiernos un año atrás: “Hagan lo que sea necesario, pero guarden los recibos”.

La transparencia fue especialmente débil a la hora de informar el impacto del IFE y el ATP en las personas y empresas beneficiarias, y la participación ciudadana en la formulación y ejecución de dichas políticas fue prácticamente inexistente, lo que excluye a la población afectada de tener voz en la toma de decisiones sobre las prioridades durante la pandemia y quita a los gobiernos la oportunidad de contar con contribuciones que podrían mejorar la efectividad de sus acciones. 

Izcurdia señaló que, por el tiempo que tardó en adaptarse el funcionamiento en el Congreso y la urgencia de las decisiones, la mayoría de las medidas fueron tomadas por la vía del Ejecutivo, sin que el Poder Legislativo ejerciera su rol de vigilancia. Asimismo, el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la participación ciudadana fue considerada “muy limitada”. Para la especialista, dar respuesta de manera abierta y responsable no es solo una manera de reducir los riesgos de corrupción, sino también una oportunidad para asegurar resultados más equitativos y efectivos.

Control interno

La AGN aún no auditó cómo el Ejecutivo gestionó ambos programas sociales pero tiene pendiente hacerlo en su plan de acción de 2021. Aún así, el organismo de control no medirá el impacto de estas políticas, confirmó una fuente de la AGN ante la consulta. 

La Oficina Anticorrupción (OA) sí presentó un proyecto ante los ministerio de Desarrollo Social y Trabajo con recomendaciones para mejorar la transparencia en la gestión del IFE, el ATP y otros planes de asistencia social, pero aún no han avanzado en los cambios, explicó una fuente del Ejecutivo. La OA también viene trabajando un proyecto similar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con mayores avances, afirmó la misma fuente.

“Es muy difícil medir el impacto de estas políticas sociales —sostuvo uno de los funcionarios que trabaja para incrementar la transparencia—, pero se puede al menos mitigar el riesgo de posibles irregularidades o desvíos de fondos”. Tarde o temprano, aseguró, el Estado deberá reforzar la transparencia en las políticas sociales para evitar que una denuncia estalle de la noche a la mañana sin que las alarmas hayan dado aviso.

En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos.

Julieta Izcurdia — Coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Entre las recomendaciones, la OA sostiene que los propios ministerios deben auditar estos programas sociales; crear su propia área de transparencia; desarrollar protocolos para la distribución de los programas; garantizar la trazabilidad de los fondos; abrir más datos a la ciudadanía; y cumplir una correcta rendición de cuentas.

Antecedentes

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se creó en marzo de 2020 y consistió en tres rondas de $10.000 que alcanzó en cada una a más de 9 millones de trabajadoras y trabajadores desocupados, de casas particulares, informales y cuentapropistas de menores ingresos en cada ronda. El presupuesto total fue de $263.000 millones y en el Gobierno aseguran que se trata de la política de mayor alcance en la historia argentina, un poco de casualidad. La estimación oficial del alcance era mucho menor, de alrededor de 3 millones de beneficiarios, y terminó captando a un universo mucho más grande. Por eso también en 2021 se decidió no continuar con esa política y hacer una puntería más fina con otros instrumentos como el Repro II y la Tarjeta Alimentar. 

Anses hizo un análisis de impacto detallado sobre la primera ronda del IFE, que arrojó que el 62% de la ayuda fue para trabajadores informales y que más de la mitad (56%) lo recibieron mujeres. 

Por otra parte, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se creó en abril de 2020 y, a través de él, el Estado se hizo cargo del pago de parte de la masa salarial de las empresas privadas que evidenciaran una afectación considerable por la pandemia. Implicó un desembolso de $236.377 millones que, según datos oficiales, alcanzaron al 60% de las empresas empleadoras y a casi tres millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado registrado.

El ATP se extendió hasta diciembre de 2020 y tuvo diferentes etapas. Durante los últimos dos meses de 2020 se reintrodujo una versión del Programa de Recuperación Productiva (Repro) —un instrumento que se había usado en el país frente a la crisis financiera internacional de 2008/2009— para poder seguir atendiendo a las empresas de los sectores no críticos que aún necesitaran asistencia pero que ya no estaban incluidas en las dos últimas rondas del ATP. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer cuatrimestre ya se ejecutó el 97,4% del presupuesto previsto para el Repro II, previo a la última ampliación presupuestaria dispuesta a principios de mayo.

Durante el primer cuatrimestre del año el presupuesto inicial aprobado aumentó $47.904 millones. Entre las partidas que tuvieron mayores subas con relación a su crédito inicial se encuentran la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y servicio de logística y distribución ($29.215 millones) y el Programa Repro II ($22.198 millones).

Otros países

La calificación de IBP es el resultado de una evaluación complementaria que el organismo internacional sumó a la Encuesta de Presupuesto Abierto que realiza cada dos años. Se trató de una medición rápida de la rendición de cuentas en los paquetes de política fiscal de emergencia implementados por los gobiernos entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020.  

En líneas generales, IBP observó que los gobiernos no lograron gestionar sus respuestas fiscales a la crisis de manera transparente. Sólo 4 países de los 120 evaluados tuvieron niveles adecuados de rendición de cuentas (Australia, Filipinas, Noruega y Perú), otros 29 registraron “algún” nivel de transparencia (entre los que están Brasil, Chile, Costa Rica y Estados Unidos), en 55 países “limitado” (donde se ubica la Argentina) y en 32 “mínimo”. El informe revela que más de la mitad de los países pasó por alto al Poder Legislativo a la hora de aprobar estas medidas de emergencia. A su vez, más de dos tercios no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia ni sobre el uso de procedimientos de adquisición simplificados, lo que dificulta evaluar si los gobiernos obtienen una buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios. 

ED/DT

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

Argentina firmó contratos para acceder a 58.924.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 y se comprometió a pagar a las farmacéuticas un total de al menos US$478.254.000, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Estas dosis no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la cartera a cargo de Carla Vizzotti tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por elDiarioAR y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Según la respuesta oficial, se trata de cantidades comprometidas a entregar por los laboratorios contratados (ver más adelante). La inversión equivale a un promedio de US$10,62 la dosis por habitante (según el Banco Mundial, la Argentina tiene casi 45 millones de habitantes), según el análisis de los datos aportados. El monto total es sólo por las dosis, ya que no se obtuvieron datos sobre posibles costos extra, como garantías y logística.

La información fue solicitada en el marco de un proyecto transnacional que integra elDiarioAR con la alianza “Vigila la pandemia”*, que integran medios de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y Panamá, y liderado por Convoca.pe, y que se lanzará en los próximos días. La alianza periodística se une para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción durante la crisis sanitaria por el Covid-19 en América Latina. Busca, además, transparentar la información sobre la compra-venta de vacunas que se disputan las naciones. 

Llegó sólo el 15%

De las más de 58,9 millones de dosis que los laboratorios se comprometieron a entregar a Argentina, el país recibió, al 19 de abril, casi 9 millones de dosis, según informó la agencia oficial Télam. Es alrededor del 15% de las dosis contratadas, según el cruce de los datos entregados por Salud. Se esperaba un nuevo cargamento de otro millón de vacunas destinadas a aplicar la segunda dosis a ciudadanos ya vacunados, que llegarían entre hoy domingo y el miércoles 28 de abril y se sumarían a esos 9 millones.

“Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores”, dijo entonces la ministra Vizzotti en una conferencia de prensa, el 14 de abril último, ante los cuestionamientos por las demoras en las entregas y el ralentizado ritmo de la vacunación. Ese día, la funcionaria anunció que el sistema de salud estaba en estado “crítico” ante la escasez de camas de terapia intensiva por la segunda ola de contagios que atraviesa el país. 

En marzo, la falta de entrega de las vacunas forzó al Estado a posponer la aplicación de la segunda dosis en la población ya vacunada para poder alcanzar un mayor número de inmunizados. 

En la solicitud de acceso a la información realizada el 19 de marzo por ACIJ y elDiarioAR, el ministerio de Salud ha informado sólo aquellos datos de la adquisición de vacunas que no están alcanzados por las cláusulas de confidencialidad en los contratos con las farmacéuticas: informó el listado de proveedores de vacunas con los que el Estado Nacional ha firmado acuerdos e indicó cantidades contratadas y su precio unitario en dólares. 

Contratos en cuentagotas

El Estado Nacional firmó entre octubre de 2020 y marzo de 2021 cinco acuerdos con los proveedores para obtener un total de 58.924.000 dosis de cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), según surge de la respuesta oficial. 

De los cinco proveedores, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD. Los tres contratos más cuantiosos en términos de costos son los de las vacunas Sputnik V (por precio y cantidad), AstraZeneca (por cantidad, aunque aún no entregó ninguna dosis de su contrato directo) y Sinopharm (la vacuna más cara contratada). 

Luego le sigue el contrato con Fundación GAVI (que intercedió para que Argentina recibiera vacunas AstraZeneca, aunque el país pagó por adelantado y hasta el momento sólo recibió el 11,2% de lo que acordó). En quinto lugar, está el acuerdo comercial con Serum Institute de India (el que menos dosis vendió pero el único que entregó el 100% del contrato).

Sputnik V

El proveedor que se comprometió a entregar la mayor cantidad de dosis es Limited Liability Company Human Vaccine LLC, responsable de la entrega de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. El 9 de diciembre de 2020, Argentina firmó un contrato para acceder a 30 millones de dosis, a un precio de US$9,95 cada una (se requieren dos dosis por persona), informó Salud a este medio. Total comprometido: US$298.500.000. 

Hasta el momento, el proveedor entregó entre el 24 de diciembre y el 19 de abril 5.267.745 dosis, poco más del 17,5% de lo comprometido en el total del contrato. Surge del relevamiento de artículos de Télam y comunicados del Ministerio de Salud. El titular del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, dijo a fines de enero en una entrevista de CNBC que las demoras para completar algunas entregas se deben a la alta demanda mundial.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció la semana última que Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna Sputnik V en la Argentina, que ya fue enviado al Centro Gamaleya, en Moscú, para que se realice el control de calidad y la empresa pueda comenzar a fabricar las dosis en su planta local. La producción en el país está prevista para junio, según el anuncio del organismo ruso. “La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, señaló el comunicado de la entidad.

India, China y Covax

La empresa Serum Institute of India PVT LTD se comprometió el 9 de febrero de 2021 a enviar 580.000 dosis de Covishield, la vacuna fabricada en India en alianza con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina pactó el precio de la unidad en US$4.10 la dosis (se requieren dos dosis por persona). Total del contrato: US$2.378.000, según el cruce de los datos informados por Salud. La compañía entregó el 17 de febrero el 100% de las dosis pactadas, de acuerdo con un comunicado oficial.

La vacuna más costosa es proveída por la compañía Sinopharm International Hong Kong LTD. El 18 de febrero y el 10 de marzo de 2021, se contrató un total de 4 millones de dosis a US$20 la unidad, informó Salud. Total: US$80 millones. Esta vacuna también requiere la aplicación de dos dosis.

Entre febrero y marzo, la fabricante entregó dos millones de dosis al país (el 50% de lo pactado). Entre hoy y 28 de abril, se espera un nuevo cargamento con otro millón de vacunas para la aplicación de la segunda dosis de personas ya vacunadas. 

En septiembre de 2020, Argentina firmó acuerdo con GAVI Alliance, que gestiona el mecanismo Covax (Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19, que trabaja junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales). Así lo reveló France 24, tras acceder a copia del convenio.

En la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, informó el 3 de febrero que para acceder a esta alianza Covax y obtener 9.070.000 millones de vacunas (de distintas marcas), Argentina debió pagar por adelantado unos US$32,1 millones (entre costos y la garantía). Fue “el costo para entrar” al programa internacional, dijo el funcionario. 

De aquel convenio general por 9.700.000 vacunas, hasta el momento, Fundación GAVI sólo pudo proveer el 11,2% de ese acuerdo con Argentina (que ya está pago), informó Salud a elDiarioAR. En ese marco, explicó el Ministerio, el 17 de octubre de 2020 firmó un acuerdo puntual para la provisión de 1.944.000 dosis a US$4 cada una. Un total de US$7.776.000 (que deberían descontarse de los US$32,1 millones ya entregados por el país). 

Al 18 de abril, Argentina había recibido, el 52,3% de este primer contrato firmado el 17 de octubre con el mecanismo Covax: 1.017.000 dosis de la marca AstraZeneca, que se entregaron a través de este programa, por fuera del contrato directo de la farmacéutica con el Gobierno. Aún resta que el país acceda a otras 927.000 dosis de este contrato puntual para completar las 1.944.000 vacunas pactadas. Además, quedan otras 7.126.000 vacunas pendientes de entrega por el convenio marco con GAVI Alliance, que ya se pagó.

El convenio Covax es un “compromiso de adquisición” y se realiza con la Fundación GAVI, que dirige el programa internacional. Esta adquiere vacunas a los proveedores internacionales y luego hace acuerdos para distribuirlas en los países de “manera equitativa”, según Covax. El contrato comercial se rubrica luego entre el país y el productor de la vacuna, según explicó Salud en su respuesta. 

El affair AstraZeneca

La farmacéutica AstraZeneca, que desarrolló su vacuna junto a la Universidad de Oxford, obtuvo el segundo contrato más importante con Argentina, firmado el 6 de noviembre de 2020: se pactó la provisión de 22,4 millones de dosis por un total de US$89,6 millones (cada dosis cuesta US$4 y se requieren dos por persona). La compañía no entregó ningún cargamento por este contrato, a pesar de que Argentina le pagó por adelantado el 60% del contrato, como informó elDiarioAR y luego reconoció la ministra Vizzotti en una entrevista con el programa Brotes Verdes, el 20 de abril último.

El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación orientada a determinar si el Estado Nacional fue perjudicado ante el incumplimiento del contrato con la farmacéutica, informó una fuente con acceso directo a la investigación. Este viernes, el juez del caso, Julián Ercolini, ordenó a AstraZeneca SA (representación local del laboratorio) y al Ministerio de Salud que entreguen copia del contrato comercial y de los recibos de pagos realizados, confirmaron tres fuentes de la investigación. elDiarioAR se comunicó con la compañía para conocer su versión de los hechos y las razones de las demoras en la entrega de vacunas, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

El contrato formal es con la compañía AstraZeneca UK, Ltd, con sede central en Londres, según informó Salud a elDiarioAR y ACIJ. El 5 de marzo se firmó también un contrato con AstraZeneca AB, con sede central en Suecia. El ministerio de Salud no aclaró las diferencias entre estas dos compañías, que pertenecen a la misma farmacéutica, y si ambos contratos son parte del mismo acuerdo con AstraZeneca. 

Vizzotti explicó en dicha entrevista que la farmacéutica está a tiempo de cumplir con su contrato porque el acuerdo era entregar las vacunas durante el primer semestre de 2021 y que espera que lleguen pronto, incluso antes de que estén disponibles las dosis de la Sputnik V fabricadas en Argentina. La vacuna de AstraZeneca contratada por Argentina contiene un principio activo (materia prima) fabricado en el país por mAbxience, del empresario Hugo Sigman, pero se envasa en México. 

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

El gráfico “Contratos informados por Salud” se actualizó el 25 de abril a las 23:29.

*La alianza “Vigila la pandemia” es liderada por Convoca.pe e integrada por Runrunes y El Pitazo (Venezuela), Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, México) y la participación de elDiarioAR (Argentina) y La Prensa (Panamá).

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