El Gobierno acordó finalmente con las farmacéuticas y el oficialismo logró este martes en la Cámara de Diputados la firma del dictamen de mayoría del proyecto de adhesión al tratado de cooperación internacional en patentes (PCT) que Donald Trump le pidió a Javier Milei. La sesión en la Cámara baja está prevista para el 20 de mayo.

En el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Industria y Legislación General, el oficialismo y bloques aliados avalaron con 57 firmas (cinco en disidencia del PRO) la adhesión al tratado internacional de patentes con la reserva del capítulo 2, producto del exitoso lobby que ejecutaron las cámaras del sector farmacéutico local. Ese cambio significará que el PCT vuelva a debatirse en el Senado, donde obtuvo media sanción en 1998.

Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo con el argumento de que la adhesión al tratado es parte de un compromiso asumido con Estados Unidos, y que no surgen elementos beneficiosos para el país. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un dictamen de minoría ya que estaba en desacuerdo poner en reserva el capítulo 2, lo que catalogó como una “señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”.

De acuerdo a CILFA y Cooperala, el capítulo II (que se mantuvo bajo reserva) desprotegía a la industria nacional de medicamentos frente a la competencia de multinacionales, especialmente de origen estadounidense, ya que les facilitaría el patentamiento en el mercado local perjudicando la producción de genéricos por parte de los laboratorios nacionales. Las cámaras de medicamentos argentinos habían anticipado un perjuicio de US$3,3 mil millones para el mercado local si se firmaba el PCT con su texto original.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes pero manteniendo el control local pleno sobre los criterios de evaluación técnica y patentamiento, del mismo modo que Uruguay. El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

El debate

La presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el PCT “facilita el acceso de los investigadores, universidades, emprendedores y empresas en los mecanismos de protección internacional promoviendo mayores oportunidades de transferencia tecnológica e inserción competitiva en los mercados globales”. También la diputada libertaria Mercedes Llano defendió el proyecto: “Esta herramienta permitirá al país integrarse al comercio internacional, incentivar la innovación y generar reglas más simples para quienes invierten, producen y desarrollan conocimiento”.

Por su parte, el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, recordó que Argentina había firmado este tratado en 1970 y recién en 1998, 28 años después, logró la media sanción del Senado. Después de un intento infructuoso en el 2019 durante el Gobierno de Cambiemos para retomar la media sanción en la Cámara de Diputados (que no perdió estado parlamentario por tratarse de un tratado internacional), el Gobierno de Javier Milei se propuso completar la tarea.

“Esto está en el contexto de una política deliberada del Gobierno de integrar a la Argentina en el comercio internacional”, apuntó el funcionario del ministerio que conduce Federico Sturzenegger. Aclaró que la adhesión al tratado de cooperación no implica de modo alguno que Argentina “resigna la soberanía en materia de patentes”, “ni altera los criterios de patentabilidad locales”, y que el objetivo es “darle simplicidad a los inventores” para registrar sus invenciones.

“Va a seguir siendo el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) el que decida sobre patentamientos”, señaló Cacace. Al respecto, explicó que lo que introduce el PCT es una suerte de “mesa de entrada común” para todos los países adherentes, con un formulario único. Hasta ahora, un emprendedor o startup, si quería patentar mediante PCT tenía que asociarse a un inventor extranjero.

“Lo que le estamos dando a los inventores argentinos es que en lugar de que tengan que estar peregrinando por el mundo puedan presentar una sola solicitud en el INPI, y esa solicitud valerá para los 159 países”, remarcó el ex diputado nacional.

A su turno, Ferraro denunció que “estamos frente al episodio de los desreguladores más locos del mundo que se brindan a los pies del lobby de la industria farmacéutica con nombre y apellido”. A su entender, al poner en reserva el capítulo II, se está “cometiendo un error” porque “va a reducir los beneficios prácticos” del sistema internacional de patentes.

Según dijo, dicho capítulo no altera “las condiciones de patentabilidad”, no condiciona “la capacidad regulatoria de la Argentina”, “no modifica criterios sustantivos para poder inscribir las patentes” y solamente busca “facilitar la presentación de solicitudes de patentes de invención”. “La adhesión parcial representaría una señal totalmente negativa para nuestros socios comerciales”, sostuvo Ferraro, que presentó su propio dictamen de minoría. “No saquemos una media sanción con una reserva del capitulo 2 que no es escalable con la República Oriental del Uruguay”, reclamó, infructuosamente.

Por su parte, Santiago Cafiero (Unión por la Patria) explicó que el rechazo del bloque peronista está “fundado principalmente en la urgencia con la que se trató este proyecto, que no tienen otra cosa que ver con el acuerdo comercial que hizo Argentina con Estados Unidos”. “Es un acuerdo que ya se cayó porque la Suprema Corte de Estados Unidos le dijo a Donald Trump que no podía negociar sobre las bases que había negociado”, apuntó.

“Ese acuerdo había sido muy celebrado por el presidente de la Nación y todos sus funcionarios. Uno de los compromisos era terminar de suscribir a este tratado de patentes. Para nosotros no es ni más ni menos que hacer pasar por el Congreso un acuerdo con Estados Unidos sin beneficios aparentes para la Argentina”, resaltó. Para el ex canciller, no se le puede exigir al Congreso que trate el acuerdo con Estados Unidos “de a pedazos porque se les cayó el acuerdo marco”.

“Hoy las universidades e investigadores no están presentando patentes. Están en la plaza reclamando por presupuesto que ustedes les chorean. Les pasaron la motosierra y se cagan de la risa como recién. Les divierte la destrucción de la capacidad científica y tecnológica de la Argentina y que las universidades se queden sin recursos”, lamentó. “Las concesiones con Estados Unidos la hicieron ustedes a titulo personal sin ningún tipo de beneficio para la Argentina”, concluyó Cafiero.

MC

El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.

El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.

El lobby por el Capítulo II

En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.

La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones. 

Esa tensión entre dos lobbies con intereses opuestos fue el verdadero motor de la demora de las últimas semanas. Milei se había comprometido ante Donald Trump a sancionar el PCT antes del 30 de abril, como parte del acuerdo comercial bilateral que se firmó en noviembre del año pasado. El plazo era porque el último día de abril la Casa Blanca publica su Informe 301, que identifica las barreras comerciales a las empresas y productos de los Estados Unidos debido a las leyes de propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes y marcas registradas, en otros países. Sorpresivamente, y pese a que se sancionó el PCT, la Argentina fue quitada de la lista por primera vez en años.

Como reveló elDiarioAR, el cruce de intereses tuvo episodios de todo tipo. Hubo desde cruces de cartas enviadas a los diputados por parte de las farmacéuticas locales y multinacionales, y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria farmacéutica. Las multinacionales querían la aprobación sin cambios para no dilatar más una incorporación que, a nivel global, Argentina tiene pendiente desde 1970. Los laboratorios nacionales, en cambio, advertían que adherirse sin la reserva del Capítulo II podía representar un perjuicio de más de US$3,3 mil millones para el sector, según sus propios cálculos. 

El lobby farmacéutico, que fuentes cercanas al Gobierno describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad, terminó dando sus frutos. La reserva fue aceptada. El proyecto que el oficialismo llevará a Diputados el martes incluirá ese cambio, y eso obligará luego al Senado a pronunciarse de nuevo sobre un texto que ya había aprobado –aunque en una versión diferente– hace 27 años.

El martes irá al plenario de comisiones en Diputados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger. No está previsto que haya voceros de las farmacéuticas. El oficialismo espera ese día firmar dictamen favorable. Si el texto avanza, Diputados podría votar antes de que termine mayo. El Senado deberá hacer lo propio después, en un trámite que no tiene fecha ni está exento de nuevas presiones. 

MC

En el marco de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), realizada este martes en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el ministro de Salud, Mario Lugones, hizo alusión al frente más sensible que por estas horas aqueja a su cartera. “Sí, hay crisis”, admitió sobre la situación del PAMI, la mayor obra social del país. Pero enseguida buscó bajar la tensión. “Hoy están pagando”, repitió, como una garantía mínima en medio del conflicto con prestadoras, a las que se les debe, según cálculo oficiales, más de 500.000 millones de pesos. En diálogo con la periodista Daniela Blanco, el ministro dejó en claro que el Gobierno es consciente del cuadro, aunque evitó refirse al paro de 72 horas que llevan adelante los médicos de cabecera.

El contexto no es menor. La situación del PAMI se convirtió en uno de los puntos más delicados de la gestión sanitaria, con tensiones por los cambios en los esquemas de pago y una transición que todavía no termina de ordenarse. En paralelo, Lugones atraviesa su propio frente interno, con cuestionamientos a su gestión, dudas sobre la velocidad de las reformas y presión por mostrar resultados en un área especialmente sensible. En ese marco, su definición funcionó más como una señal de contención que como una solución de fondo.

A partir de ese punto, el ministro amplió el foco. Habló de un sistema “en crisis”, atravesado por un problema estructural vinculado al envejecimiento de la población. “Cuanto más grandes somos, más dependemos de los médicos o de los medicamentos”, graficó Lugones. Y continuó: “El PAMI tiene un millón de personas, más o menos, con más de 80 años, sobre las cinco millones que hay en total”. A ese número, el ministro le sumó “los casi 6.000 afiliados” que tienen “más de 100 años”. Y remató: “Ya hay abuelos, hijos y nietos”. El diagnóstico, para nada novedoso, en boca del funcionario adquiere otra dimensión porque justifica la necesidad de reformular el modelo desde parámetros “descentralizadores”.

En ese rediseño, Lugones hizo especial hincapié en el rol de las provincias. Insistió en que la salud es una responsabilidad “jurisdiccional” y que no tiene sentido intentar conducir el sistema desde la Casa Rosada. “¿Qué mejor que el gobernador de cada jurisdicción para saber qué necesita su gente?”, planteó, al comparar realidades tan disímiles como las de Jujuy y Tierra del Fuego, punto sobre el que ya había hablado el año pasado. En esa línea, explicó que el Ministerio de Salud avanzará con recomendaciones y planes generales, pero que la ejecución quedará en manos de los distritos. Algunas provincias, dijo, ya están trabajando más articuladas con el sector privado, mientras que otras avanzan a otro ritmo.

Esa lógica implica un repliegue del Estado nacional como ejecutor y su reconversión en un actor que orienta y ordena. El objetivo, según planteó, es “nivelar la cancha” para que el sistema funcione con mayor eficiencia y cada jurisdicción asuma la responsabilidad que le corresponde. En paralelo, abrió la puerta a una mayor participación del sector privado, especialmente en aquellas provincias donde el sistema público muestra más limitaciones.

El otro eje fuerte de su intervención fue la transformación de la salud en un vector de inversión. Lugones vinculó esa estrategia al acuerdo con Estados Unidos, que según planteó abre la puerta a la llegada de capitales, al desarrollo tecnológico y a la generación de patentes en el país. Habló de reuniones recientes con laboratorios internacionales, de la necesidad de eliminar “tercerizaciones” que no agregan valor y de avanzar en regulaciones que impulsen la producción de “biosimilares” para fortalecer a la industria local.

En ese esquema, la refuncionalización de la ANMAT aparece como una pieza clave. El organismo, dijo, tendrá mayor protagonismo en investigación clínica y ensayos, en línea con la intención de convertir a la Argentina en un polo regional. Incluso proyectó al país como un “faro” en la región, en articulación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para exportar medicamentos a otros países de América Latina.

Sobre el final, el ministro volvió sobre uno de los puntos más sensibles: las personas con discapacidad. En el marco del escándalo por la causa que investiga el supuesto pago de sobornos en lo que fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Lugones econoció desorden administrativo, con convenios vencidos desde 2009 que debieron prorrogarse para poder pagar, y denunció la existencia de intermediaciones que, según su mirada, desvían recursos. Pero cerró con una promesa política. “No los vamos a dejar solos [a los discapacitados], de ninguna manera”.

Entre el reconocimiento de la crisis y la apuesta a una transformación estructural, Lugones dejó expuesta la tensión que atraviesa hoy al sistema. Mientras el Gobierno avanza con su idea de descentralizar, desregular y abrir la salud a la inversión privada, el PAMI sigue siendo el termómetro más inmediato de esa transición. Un organismo que, aun en crisis, necesita seguir pagando para que todo lo demás no se detenga.

PL/MC

El gobierno de Javier Milei recibirá en los próximos días a Robert F. Kennedy Jr., ministro de Salud de la gestión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, en medio de las negociaciones con el país del Norte para cerrar un acuerdo comercial que implique una baja de aranceles y modificar los requisitos para la protección de patentes en el sector farmacéutico, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a elDiarioAR.

A fines de abril, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), en su informe sobre la relación con la Argentina, puso al país en la vigilancia prioritaria por posibles incumplimientos de propiedad intelectual. Entre varios sectores de la economía cuestionados, EEUU sostiene que con respecto a los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, persisten preocupaciones sobre una variedad de restricciones relacionadas con la protección y aplicación de la propiedad intelectual, y el acceso al mercado.

En la reunión con Kennedy Jr., en la que participará el ministro de Salud, Mario Lugones, ambos gobiernos buscarán llegar a un acuerdo por el pedido de protección de patentes y el fortalecimiento del régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos. Para EEUU, las políticas actuales de la Argentina, enmarcadas en la Ley 24.481 de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, generan una “protección inadecuada contra el uso comercial desleal y la divulgación no autorizada de datos de prueba y otros datos confidenciales que se presentan ante el Gobierno argentino como parte del proceso de aprobación para la comercialización”. El país norteamercano culpa a la Argentina de permitir a los laboratorios locales copiar fórmulas de remedios y no pagar las regalías correspondientes.

La negociación por los aranceles

Robert Garverick, el subsecretario de Política y Negociaciones Comerciales del Departamento de Estado, enviado del gobierno de Estados Unidos, estuvo en la Argentina a principios de mayo para analizar la suba de aranceles a las importaciones anunciada por el presidente Donald Trump.

Según se especula, la Argentina y Estados Unidos se exceptuarían recíprocamente 50 productos o algunos más, bajando a cero los aranceles (cero para entrar allá y cero para que los americanos entren en Argentina), lo que tuvo el visto bueno del Mercosur en la reunión de principios de mes.

Si bien Trump dispuso hace días una pausa 90 días para todos los países salvo China, el piso del 10% sigue vigente y las exportaciones argentinas ya pagan el arancel recíproco, según los especialistas. 

Para los alimentos representa el doble de lo que pagaban antes, mientras la tarifa para productos vegetales y químicos se multiplicó por 10. 

La ampliación de excepciones arancelarias permitirá a Argentina negociar con mayor libertad con Estados Unidos, tras la pausa de 90 días en la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. “Estamos trabajando codo a codo para hacer que el Mercosur pueda seguir creciendo y poder generar oportunidades para mejorar el comercio dentro y fuera del bloque”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, al término de la reunión el 2 de mayo de cancilleres de Mercosur en Buenos Aires. En Cancillería estiman que esas 50 posiciones podrían representar el 80% de lo que la Argentina exporta a Estados Unidos, unos US$ 5.000 millones.

Quién es Robert F. Kennedy Jr.

Robert F. Kennedy Jr. es un abogado ambientalista con aspiraciones ambientalistas y conocido por su férrea postura antivacunas, que fue elegido por Donald Trump para liderar el Departamento de Salud en su segundo mandato.

Es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy. Es el presidente de la junta directiva de Waterkeeper Alliance, un grupo ambiental sin fines de lucro que ayudó a fundar en 1999. RFK Jr. ha escrito o editado diez libros.

Fue candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 hasta su retirada el 22 de agosto de 2024 dando su apoyo al entonces candidato Donald Trump. RFK Jr. ha promovido teorías de conspiración y desinformación sobre las vacunas, como el vínculo no comprobado entre las vacunas y el autismo.

Desde 1986 hasta 2017, RFK Jr. fue abogado sénior del Natural Resources Defense Council (NRDC), una organización ambiental sin fines de lucro. Desde 1984 hasta 2017, fue miembro de la junta y jefe de la fiscalía de Riverkeeper, organización ambiental no lucrativa dedicada a proteger el río Hudson. Durante más de treinta años, Kennedy ha sido profesor adjunto de Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pace. Hasta agosto de 2017, también ocupó el cargo de abogado supervisor y codirector de la Clínica de Litigios Ambientales de Pace Law School, que fundó en 1987. Actualmente es profesor emérito en Pace.

En 1983, Kennedy fue fiscal adjunto de distrito en Manhattan. En 1984, Kennedy se unió a Riverkeeper como investigador, y fue promovido a fiscal superior cuando fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1985.

Kennedy es especialista en derecho ambiental y socio en los bufetes de abogados de Morgan & Morgan PA y de Kennedy & Madonna, LLP, y es un defensor de la justicia ambiental.

A través de litigios, cabildeo, enseñanza y campañas públicas y activismo, Kennedy ha abogado por la protección de las vías fluviales, los derechos indígenas y las energías renovables.

En 2018, la Asociación Nacional de Abogados Judiciales otorgó a Kennedy y a su equipo de pruebas el Equipo de Juicio del Año por su trabajo ganando un veredicto con jurado de 289 millones de dólares en Dewayne “Lee” Johnson v Monsanto.

Trump pide a las farmacéuticas que bajen los precios de los medicamentos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que solicita a las farmacéuticas que reduzcan, en un plazo de 30 días, los precios de los medicamentos en el país.

El decreto instruye al Departamento de Salud, dirigido por Robert F. Kennedy Jr., a negociar nuevos precios para los medicamentos y, si no se alcanza un acuerdo, entrará en vigor una normativa para igualar los precios en Estados Unidos con los de otros países donde son más bajos.

Durante la firma de la orden ejecutiva en la Casa Blanca, Trump denunció ante la prensa que los estadounidenses están subsidiando los medicamentos de otras naciones al pagar precios más elevados por los mismos.

“Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo tendrá que pagar un poco más y Estados Unidos pagará mucho menos”, afirmó.

El mandatario aseguró que los precios de determinados medicamentos en Estados Unidos se reducirán hasta en un 90 % y declaró que las farmacéuticas pueden hacerlo de forma “voluntaria” o la Casa Blanca utilizará “el poder del Gobierno federal” para garantizarlo.

Según la prensa estadounidense, no está claro el efecto que puede tener esta orden ejecutiva en los precios, ni qué autoridad tiene el Gobierno para influir en los precios que pagan otros países.

Trump puso el ejemplo de un amigo suyo, al que no identificó con el nombre pero definió como un hombre “muy neurótico, un empresario brillante y con un sobrepeso considerable”, que lo llamó quejándose de que el precio en el Reino Unido de una inyección para bajar de peso es mucho menor que en Estados Unidos.

En 2020, antes de concluir su primer mandato, Trump firmó un decreto para invocar el mecanismo de “nación más favorecida”, que exigía que Estados Unidos pagara los precios bajos que otras naciones abonaban por los medicamentos.

El decreto, sin embargo, enfrentó obstáculos en los tribunales por la oposición de las farmacéuticas y no pudo entrar en vigor durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), que lo revocó.

Con información de agencias.

IG

Casi 1.700 millones de euros de facturación y activos, beneficios de 100 millones y unos 7.000 empleados. Son las grandes cifras de Roemmers, la mayor farmacéutica de Argentina, cuya sede fiscal está en España, a miles de kilómetros de su centro de operaciones en Buenos Aires.

Pero no en Madrid, epicentro en los últimos años de un creciente aterrizaje de grandes fortunas latinoamericanas, sino en Bilbao. Un edificio de oficinas en la Gran Vía bilbaína, 53, alberga el domicilio social de una mercantil española con nombre de ave acuática, Cormorán de Bilbao SL, la holding de la que cuelga todo el grupo Roemmers.

Esta empresa centenaria, fundada en 1921 por Alberto Roemmers, un inmigrante alemán de Renania, es una de las más importantes de su sector en Latinoamérica y la primera de Argentina: “Cinco de los diez medicamentos de mayor venta en el país pertenecen a Roemmers: Lotrial, Optamox, Amoxidal, Sertal Compuesto y Losacor”, dice en su web, citando datos de la consultora especializada IMS.

El grupo Roemmers creó esa holding española en 2011 para “consolidar sus operaciones y lograr una administración más fuerte y eficaz” y “obtener una sinergia entre todas las filiales que, con el tiempo, le permitiera convertirse en un líder regional”, explica la memoria de información no financiera de sus últimas cuentas. 

Esas “sinergias” las buscó en España, país en el que no tiene negocio y en el que la mujer más rica de Argentina, la multimillonaria sin rostro Edith Rodríguez, también ha tejido parte de la maraña societaria de su opaca petrolera, Pluspetrol, para eludir impuestos. En el caso de la matriz de Roemmers, disfruta del régimen foral vasco y de las ventajas de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE). Este incentivo fiscal lo utilizan varias multinacionales y fortunas latinoamericanas como el magnate ultraliberal mexicano Ricardo Salinas.

Las cifras de activos y ventas de la holding de Roemmers han ido creciendo de forma muy relevante, ajenas a la pésima situación económica de su país de origen.

Las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado en marzo de 2023 que Cormorán de Bilbao acaba de remitir al Registro Mercantil reflejan un importante aumento del 21% en sus activos, hasta 1.640 millones, y un incremento del 31% de sus ventas, hasta un récord de 1.669 millones, el doble de lo que facturó en 2023 la farmacéutica española Rovi, cotizada en el Ibex 35. También duplica las ventas de Almirall, que formó parte del selectivo español hasta 2022.

El beneficio consolidado de Cormorán de Bilbao fue en su último ejercicio fiscal de 99,7 millones, casi el doble que un año antes, según esas cuentas, accesibles a través de Insight View. 

Con una plantilla de 6.890 empleados (ninguno en España y más de 2.000 en Argentina), explica en su informe de gestión que es la sociedad dominante de un grupo “líder en ventas de medicamentos en el mercado argentino y en otros países de centro y Sudamérica”. Sus principales instalaciones y filiales están en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y México. 

De esta sociedad española cuelgan 69 filiales en once países latinoamericanos. Según sus cuentas individuales, los ingresos por dividendos de filiales (exentos de impuestos por el régimen ETVE) se duplicaron con creces en 2023, hasta 67,88 millones. Esto compensó de sobra las pérdidas por diferencias de cambio, que fueron de 6,35 millones.

Además de en Argentina, Roemmers es especialmente fuerte en Argentina y en México. Allí tiene el grupo Siegfried, que compraron en 1994 a una firma suiza y es “el laboratorio más prescrito del país, con una participación del 5,9% y un crecimiento del 6,9%”.

En México esperaban “continuar con la tendencia de crecimiento a doble dígito de los últimos años”, pese al “riesgo político alto” ante “la creciente radicalización del presidente López Obrador” para “garantizar la continuidad de su proyecto político”. “Se prevé que el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a sus opositores del Ejecutivo, a las autoridades electorales y al poder judicial, al tiempo de exacerbar la polarización”.

Según explicaba en junio el Banco Mundial, tras prestar a Roemmers más de 300 millones de dólares (gran parte para proyectos en México), la inmensa mayoría (98%) de la empresa ha quedado en manos de dos de los tres herederos que dejó el hijo del fundador, Alberto W. H. Roemmers, fallecido en 2022 a los 96 años.

En concreto, Pablo y Alberto Roemmers tienen un 49% cada uno. Su hermano Alejandro, tercer nieto vivo del fundador, tiene solo un 2%, de acuerdo con la información del International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial. Solo desde 2018, esta institución del organismo multilateral ha prestado a Roemmers 451 millones de dólares.  

Sueldos opacos

Las cuentas de la matriz española de Roemmers incluyen salvedades de su auditor, PwC, por no informar de los sueldos de los consejeros y altos directivos, como exige la legislación española. Su presidente es el consejero delegado de Roemmers, Arturo Macchiavello. En su consejo, junto a Alberto Roemmers hay varios ex de ese gigante de la auditoría y la consultoría en Bilbao.

El vicepresidente de Cormorán de Bilbao SL es José Antonio Gil López, ex socio de Auditoría y Transacciones de PwC. También es consejero Javier Domingo de Paz, otro ex de la firma. Este último es vocal del grupo industrial vasco Dominion, en el que son accionistas los Riberas, propietarios de Gestamp y una de las familias más ricas de España.

En sus cuentas, Cormorán de Bilbao no menciona ningún litigio fiscal en España, algo en lo que tuvo experiencia el fallecido patriarca de los Roemmers. El último lo resolvió el 23 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) contra Mercurio Credit Advisors SL, empresa española con la que el magnate canalizaba una de sus pasiones, la vela.

El TSJV ha confirmado una liquidación de 132.000 euros de la Agencia Tributaria por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte a esa empresa española tras vender a finales de 2017 una de las embarcaciones que construyó, el “King Marine” TP52, perteneciente a una clase de yates de regata de 52 pies en la que en tiempos se curtió otro fanático de la vela, el rey emérito Juan Carlos I.

Hacienda denegó esa devolución porque la empresa de Roemmers no se dedicaba profesionalmente a la reventa de medios de transporte y su finalidad no era “una actividad económica”, sino “lúdica o recreativa, encaminada a satisfacer la afición del dueño de la sociedad por el deporte de la vela, participando en competiciones internacionales”.

A la Agencia Tributaria le llamó la atención la “desproporción” entre los exiguos ingresos que declaró en 2014 la empresa, poco más de 184.000 euros, y unos gastos de casi 2,2 millones, de los que una parte correspondió a facturas emitidas por su tripulación, de la que formaban parte el magnate, dos de sus hijos y el conocido timonel argentino Guillermo Parada.

El fallecido patriarca, habitual de la lista Forbes Argentina, era conocido por su gran discreción, que parecen haber heredado los dos herederos que controlan la inmensa mayoría de Roemmers. El más conocido, Alejandro, empresario, filántropo y literato, recibió en 2009 el Premio Miguel Hernández de poesía en Orihuela y en 2011 publicó El regreso del joven príncipe, secuela de El principito autorizada por los herederos de Antoine de Saint-Exupéry.

Muy vinculado a España, donde terminó sus estudios preuniversitarios, como sus hermanos (cursó COU en el colegio privado del Rey Felipe VI, Santa María de los Rosales), hace unos años Alejandro Roemmers copó las tertulias del corazón tras acusar a su ex socio el productor y ventrílocuo José Luis Moreno de estafarle 16 millones por la producción de la serie Glow & Darkness, una suerte de Juego de Tronos Ibérico basado en la vida de San Francisco de Asís.

Sobre esta figura versaba el musical 'Franciscus' que Moreno produjo con dinero de Roemmers y que se calcula que hizo un roto de 50 millones al magnate. Se estrenó en el Euskalduna en 2018 y fue un estrepitoso fracaso: solo aguantó cuatro funciones.

Muy religioso y amigo personal del papa Francisco, Alejandro Roemmers ha sido recientemente relacionado con una supuesta red de trata de personas en Argentina (él ha negado tajantemente las acusaciones). En 2016 apareció en Los Papeles de Panamá con una sociedad en Islas Vírgenes para comprar inmuebles en Estados Unidos.

El empresario forma parte del Consejo Empresario de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside otro famoso ex cliente del despacho panameño Mossack Fonseca, el Nobel peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa.

Con sede en Madrid, la FIL, de la que es vicepresidente el ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, organizó hace unos días una gira por Argentina del economista ultraliberal Daniel Lacalle, con visita a Javier Milei incluida. Ambos se fotografiaron levantando los pulgares frente al enorme retrato que regaló al mandatario el lobby ultraliberal que le homenajeó en un casino de la capital hace unos meses.

Alejandro Roemmers se ha declarado esperanzado con la llegada al poder del extremista presidente argentino: “Puede inspirar el cambio que el país necesita”, decía en abril a La Nación el empresario, que en 2018 fue noticia por la fastuosa fiesta para celebrar su 60 cumpleaños que organizó en Marrakesh (Marruecos) para 600 invitados, con un coste de 6 millones de dólares.

Tres días de fiesta, travesías por el desierto, espectáculos ecuestres y actuaciones musicales en vivo de, entre otros, Ricky Martin. “El mejor cumpleaños en el que he estado en mi vida”, escribió la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada en su cuenta de Instagram. El anfitrión no quiso recibir regalos y pidió a sus invitados que donaran el dinero a diferentes causas sociales. Pero hubo polémica, al coincidir los fastos con las negociaciones de la industria farmacéutica argentina con el Gobierno de entonces para revisar los contratos con las mutuas sanitarias.

Las últimas cuentas de la matriz de Roemmers se formularon meses antes de la llegada al poder de Milei, que acaba de cumplir un año en el cargo. Su motosierra ha sido celebrada estos días por medios españoles autoproclamados liberales. Mientras, Nature ha revelado la fuga de cerebros en el ecosistema científico argentino por los drásticos recortes de gasto público. Entretanto, no consta que la principal farmacéutica del país haya movido su sede de la Gran Vía bilbaína.

“Ellos no piden, exigen”, dice un exministro de la Nación en un bar de un pueblo en Jujuy, con un vaso de cerveza en la mano. Le habla a otro exministro, que en ese momento estaba en funciones, después de una jornada de trabajo. El tema de la actividad era el litio, pero el de esta conversación es el poder de lobby de la industria farmacéutica. “Una vez me dijeron: ustedes pasan, nosotros nos quedamos”. Y tenían razón.

No importa si son funcionarios, empresarios, o consultores del sector: en cualquier conversación sobre la industria farmacéutica sobrevuela la influencia de apellidos poderosos como Roemmers, Sigman, Casasco en la salida de ministros que intentaron transparentar el costo de la producción de medicamentos, en la elaboración de leyes, en el financiamiento de campañas presidenciales de distintos colores, y, más recientemente, por brindar recursos para aislar y “cuidar” al presidente Javier Milei en momentos de mayor desequilibrio emocional durante la campaña electoral 2023. 

El fenómeno es mundial: es que la farmacéutica es la segunda industria que más dinero mueve en el mundo, después de la bélica. En la Argentina toma hoy color violeta.

Viva la libertad, carajo

Esta semana, Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner al sector en agenda durante el Encuentro Nacional de Salud, en Rosario: “A ver, Milei, ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, que podamos tener medicamentos genéricos importados para reducir el costo de los presupuestos sanitarios. A ver si te animás”.

Es que el artículo del DNU 70/2023 de desregulación que obligaba a los profesionales a indicar drogas genéricas y no de un laboratorio en particular fue uno de los primeros en ser modificado por el gobierno que se jacta de ser libertario. Vía un decreto modificatorio publicado en enero —a poco menos de un mes de la vigencia del DNU 70—, y luego la reglamentación del Ministerio de Salud, flexibilizaron la norma y permitieron a los médicos sugerir que las recetas sean de algún laboratorio en particular.

En la industria atribuyen esta marcha atrás al lobby de Cilfa y Caeme, las cámaras farmacéuticas que agrupan a laboratorios nacionales y extranjeros, respectivamente. Cilfa no esconde sus preferencias: “Más libertad es mayor prosperidad económica, menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados”, dice la voz en off de una propaganda que se repite en loop en la televisión y la radio. “Desde la industria farmacéutica nacional desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos”, continúa y termina dejando en claro: “Ahora deben estar más sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad”. Daniel Sielecki, que es el socio de Hugo Sigman en el segundo laboratorio de mayor facturación en la Argentina y miembro de Cilfa, Elea, es uno de los empresarios que más apoyó al Gobierno. Su sobrino Ian es el embajador argentino en Francia.

“Cualquier intento que hubo de desarrollo o participación del Estado, la industria no apoyó”, resume uno de los exministros de la conversación del bar jujeño.

Una industria incontrolable

La liberación de los genéricos que proponía el DNU que escribió Federico Sturzenegger es una de las tantas estrategias que utilizaron los gobiernos para influir en el precio de los medicamentos, la problemática más visible detrás de este debate, que no está saldado. La ley de genéricos, cuya reglamentación posterior no permitió que se cumpliera con el espíritu de la norma, se sancionó en 2002 para garantizar el derecho de los pacientes a elegir libremente la marca de sus medicamentos.

Otro de los métodos aplicados recientemente fueron los acuerdos de precios, utilizados por las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández: “Son políticamente simbólicos, e incluso efectivos a corto plazo, pero en la práctica no evitan aumentos a mediano plazo. La industria compensa luego con aumentos fuertes apenas se liberan, como pasó a principios de este año”, asegura a este diario una fuente del sector. 

Durante la gestión de Mauricio Macri, se implementó el “precio PAMI”, un sistema de precios diferenciado (con un tope) para el mayor financista del país, con actualizaciones que iban generalmente a tasas menores a la inflación. Esto llevó a que la industria compensara el costo aumentando los precios al resto del mercado, lo que perjudicó a consumidores sin obra social y generó una brecha considerable entre los precios de referencia de PAMI y los de venta al público.

Durante la gestión Fernandez de Kirchner, también se avanzó con la posibilidad de fortalecer la producción pública de medicamentos mediante Anlap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos), sobre todo para establecer valores testigo brindando transparencia sobre los costos reales y limitando el margen de acción de los monopolios. El lobby empresario logró, una vez más, detener estos avances. 

La idea más reciente de importar medicamentos desde países como India y China surge como herramienta para presionar a la industria local para moderar precios, y fomentar la competencia en un mercado oligopólico. En diálogo con elDiarioAR, la medida es fuertemente criticada por expertos que señalan riesgos tanto en la ejecución como en los efectos reales sobre los precios.

India es el mayor productor de medicamentos genéricos en el mundo, conocido como “la farmacia del planeta”. Sus laboratorios fabrican en grandes volúmenes medicamentos básicos como ibuprofeno, paracetamol y antibióticos genéricos. “Medicamentos que la industria farmacéutica nacional produce con buena calidad y a buenos precios”, indica la exfuncionaria y actual coordinadora de políticas públicas y equidad del HUb de Innovación en Políticas de Salud y Equidad (Hub IPSE) de la Unsam Sonia Tarragona. 

En diálogo con elDiarioAR, Tarragona asegura que la calidad de los productos varía considerablemente dependiendo del laboratorio, ya que no todos cumplen con estándares internacionales estrictos, e incluso ha habido reportes de contaminación cruzada en medicamentos. En 2022, se vincula la muerte de más de 60 niños a un jarabe pediátrico producido en la India. En la práctica, India carece de una agencia regulatoria reconocida mundialmente, como la FDA (Estados Unidos) o EMA (Unión Europea), lo que dificulta la validación directa de sus productos en Anmat. 

“La industria farmacéutica es considerada estratégica debido a su impacto en la generación de conocimiento científico, la tecnología, la atención de la salud y la producción de bienes con alto valor agregado. En total emplea a más de 40.000 personas de manera directa con altos niveles de formalidad, salarios y participación femenina, exporta más de USD 1.100 millones, genera casi la mitad de la inversión en I+D privada del país y permitió sostener el abastecimiento de productos esenciales durante la pandemia”, complementa Hernán Marmurek, consultor especializado en políticas productivas en salud. Según su visión, la apertura a la importación masiva de medicamentos pondría en riesgo esta estructura productiva.

Otra opacidad: el precio de los medicamentos

Detrás del debate por la importación está el aumento de los precios de los medicamentos en la Argentina, que impacta en el bolsillo de la gente de manera directa en las farmacias e indirecta a través de la estructura de costos de las obras sociales, del PAMI, del sistema de salud pública y de las prepagas. 

Pero al intentar señalar la evolución de los precios de los medicamentos aparece otra opacidad del sistema. “Me parece osado hablar de manera tan general del 'precio' de los medicamentos, porque es un sistema demasiado complejo en el que hay muchos precios, muchas marcas por droga, muchos descuentos que atraviesan el sistema de salud y que hablar de precios sin ponderar por el peso de su consumo en la población, conduce a sacar conclusiones equivocadas. Ninguna canasta que se seleccione refleja exactamente todas esas complejidades”, asegura Tarragona.

Mientras que algunos informes aseguran que el precio de algunos medicamentos aumentaron 200 y hasta 500 puntos por encima de la inflación general, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec indica que el rubro medicamentos dentro de la apertura Salud aumentó 156%, que son 7 puntos menos que la inflación en el acumulado diciembre-octubre. De acuerdo con fuentes privadas relacionadas con el sector, el aumento acumula en 2024 una variación de aproximadamente el 82%, más de 20 puntos por debajo de la inflación general. 

“Los medicamentos no aumentaron más que la inflación este año, aunque los aumentos de precios siempre son un problema, porque los medicamentos son importantes para la población”, asegura Tarragona y agrega que la particularidad del 2024 es que “probablemente la gente lo siente más por la interrupción de los programas nacionales que cubrían muchos medicamentos, desde el PAMI, pasando por Remediar, oncológicos, VIH, salud sexual y el pase a venta libre de algunos otros”.

La influencia del lobby farmacéutico en la Argentina no solo moldeó políticas y decisiones gubernamentales a lo largo de los últimos años y gobiernos sino que también puso en jaque la transparencia y la equidad en el acceso a medicamentos. Mientras los poderosos intereses de la industria continúen prevaleciendo sobre las necesidades de la población, la lucha por una regulación justa y efectiva seguirá siendo un desafío monumental. La pregunta que queda es: ¿podrá algún gobierno enfrentar este poderío y priorizar la salud pública por encima de los intereses económicos?

NR/JJD

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a una medida solicitada por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), y suspendió los artículos 319, 320 y 321 del DNU 70/2023 que modificaban la actividad laboral de los farmacéuticos.

Según la presentación del sindicato, el DNU 70/23 sacaba de circulación a los farmacéuticos porque derogaba artículos de la ley 17565 de farmacia, y favorecía la comercialización de los medicamentos y la ganancia de los laboratorios.

Con la medida cautelar, la justicia resolvió reestablecer la obligación de la presencia, la atención personal y la dependencia exclusiva del farmacéutico con la farmacia o establecimiento que dirija, durante todo el horario de atención.

También la obligación de reemplazar al farmacéutico ausente por otro profesional para poder continuar con la distribución y/o dispensación de los medicamentos, caso contrario la farmacia no podrá dispensar remedios recetados.

Además restablece la obligación de la dirección técnica farmacéutica en otros lugares como herboristerías, porque el uso de plantas medicinales también conlleva riesgo.

La resolución revoca la decisión de primera instancia que había rechazado la cautelar. Aún resta el dictado de una sentencia definitiva.

“Los perjuicios que se derivan de manera inmediata de la entrada en vigencia del DNU 70/23 en lo que hace a la modificación y derogación de los arts. 25, 26 y 42 de la ley 17.565 (cfr. arts. 319, 320 y 321 del DNU 70/2023) que afectan el trabajo y la profesión de los farmacéuticos, en su fuente laboral, todos los recaudos cautelares prima facie, se encuentran reunidos, por lo que corresponde revocar lo decidido en grado y hacer lugar -parcialmente- a la suspensión de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a las regulaciones implementadas por los arts. 319, 320 y 321 - exclusivamente- hasta tanto se dicte resolución definitiva”, consignó el tribunal de apelaciones.

Las autoridades del SAFYB se mostraron conformes con la decisión, afirmando que: “Sin farmacéutico, no hay farmacia, así como sin médico no hay clínica o sanatorio.”

Recordaron que “el objetivo de toda farmacia, droguería o laboratorio es garantizar el origen, la conservación y la información correcta de los medicamentos que consume la población, tareas que están a cargo del trabajador farmacéutico.”

La decisión confirma que cada profesional farmacéutico solo podrá dirigir un establecimiento, en el marco de los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, y la farmacia deberá garantizar la suficiente cantidad de personal farmacéutico para cumplir su función durante todo el horario de atención.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) anunció que será otra de las entidades que presentarán un recurso de amparo ante la justicia para intentar frenar la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei, y y advirtió que la decisión del Presidente “lleva a la destrucción a la profesión farmacéutica” a la vez que “pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos”.

Los farmacéuticos presentarán el recurso de amparo mañana en el Palacio de Tribunales junto con movilización por el centro porteño para lo cual llamaron a cerrar sus comercios durante una hora, de 12 a 13. La convocatoria a cerrar las farmacias en ese horario se repetirá en todo el país.

Según explicó el presidente de la entidad, Ricardo Pesenti, “esta no es una medida política; de hecho, muchos farmacéuticos votaron a este gobierno. Sin embargo, creemos que hay desconocimiento de las consecuencias graves que trae este DNU”.

En un comunicado, la Confederación señaló: “Con el argumento falso de bajar el precio de los medicamentos, el DNU lleva a la destrucción de la profesión farmacéutica, minando 20 artículos de la Ley 17.565 de ejercicio profesional”.

El decreto 70/2023, mediante la modificación de la ley 17.565, elimina la exigencia de que “los medicamentos denominados de venta libre y de especialidades farmacéuticas, cualquiera sea su condición de expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el territorio de la Nación, en farmacias habilitadas”.

Además, según explicó la COFA, deja afuera el texto que especificaba que “los medicamentos denominados de venta libre deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio”. Y también deja sin efecto lo que establecía la ley, que determinaba que “la venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal”.

La COFA advirtió que el DNU ·lleva al fin de las farmacias que están en los barrios más alejados, en los pueblos, beneficiando a las cadenas que se concentran en los grandes centros urbanos“, y aseguró que con estas medidas ”los medicamentos no van a bajar de precio, porque el precio lo fijan los laboratorios, no las farmacias“, pero ”lo que sí va a suceder es que se pone en extrema vulnerabilidad la salud de los argentinos quitando controles sanitarios sobre los medicamentos“.

“Si hay desvíos en la calidad, problemas de fabricación, adulteración o falsificación, no va a haber forma de detectarlo oportunamente ni de retirar esos productos del mercado”, destacó la entidad.

“Los farmacéuticos somos imprescindibles, sobre todo hoy, en un contexto de crisis del sistema sanitario, cada vez con mayor demanda de atención. Brindamos servicios fundamentales como el control de la presión, aplicación de vacunas, de inyectables, curaciones, manejo de la medicación”, concluyó COFA.

La farmacéutica estadounidense Nuvectis Pharma cerró todos los trámites para crear un nuevo medicamento, la pastilla NXP900, capaz de frenar diversos tipos de cáncer. Se trata de un hito histórico en la investigación de esta enfermedad que emana del trabajo del científico español Asier Unciti Broceta, director del laboratorio Institute of Genetics and Cancer de la Universidad de Edimburgo.

En declaraciones a EFE, este doctor en Química Médica nacido en Algeciras (Cádiz) en 1976, explica que este hallazgo es el resultado de una investigación que nació en 2010: “Desde el principio, enfocamos la investigación a la proteína SRC, que está involucrada en ciertos tipos de cáncer. Relativamente pronto, hicimos un descubrimiento de un fármaco, por un compuesto que inhibe esta proteína”, lo que les llevó a patentar el hallazgo en 2015.

La investigación liderada por Unciti se sumaba a las que se habían venido produciendo hasta entonces en la comunidad científica. “Cuando nosotros descubrimos un inhibidor, ya existían en el mercado inhibidores que se estaban utilizando para la leucemia, que inhibían a otras proteínas. La diferencia es que nunca se había logrado crear un fármaco que funcionara para combatir el cáncer”.

Su hallazgo supone, de hecho, un cambio de paradigma en las conclusiones que hasta entonces había adoptado a nivel mundial la investigación contra el cáncer: “Lo que hemos demostrado nosotros es que las otras medicinas anteriores no hacían el trabajo de inhibir esta proteína. Por eso la industria farmacéutica no hacía nuevos medicamentos. Eso provocó que haya tardado tanto en llegar mi píldora, porque hemos ido a contracorriente, tratando de demostrar que lo que estaba inventado no funcionaba”.

Este resultado llevó al equipo de investigación de Edimburgo a realizar en los últimos años ensayos preclínicos en animales: “Está parando en muchos ratones tumores como cánceres de pulmón, de mama o de próstata”.

“Hace cuatro o cinco años, todo el mundo ni siquiera pensaba que yo tenía razón. Hemos cambiado y hemos dado la vuelta al mundo académico y ahora los mayores expertos del mundo en esta proteína están diciendo que este fármaco es el que puede por fin curar ese tipo de cáncer. Ha habido un cambio de paradigma. En la ciencia ocurre poquísimo. Ha sido duro y ha tenido que venir una empresa innovadora como Nuvectis”, explica.

Asier Uniciti se refiere a la empresa farmacéutica que ya concluyó el proceso de elaboración de la pastilla NXP900, un paso definitivo para la aplicación de su investigación y un hito en la historia médica moderna.

Para ello, fue preciso contar con una inversión de más de 30 millones de dólares. Ahora, la empresa está ya finalizando la inscripción de esta píldora en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, así como el proceso para la introducción del compuesto en cápsulas.

Unciti detalla como curiosidad que, a pesar de la complejidad de demostrar la eficacia del tratamiento y de las pruebas preclínicas, una de las cuestiones más engorrosas para terminar de diseñar el medicamento fue la definición de un compuesto en polvo que permitiera que la solución fuera lo suficientemente deslizante como para introducirla en cápsulas.

Una vez realizados también los estudios toxicológicos, se espera que los primeros estudios clínicos en pacientes humanos se puedan realizar en el próximo verano.

El instituto de investigación contra el cáncer de la Universidad de Edimburgo está reconocido como uno de los mejores del mundo. Sin embargo, el hecho de que todo el paquete preclínico se haya realizado en el ámbito académico “es muy difícil. Lo normal es que esto lo realice la industria farmacéutica”, explica el científico español, que destaca cómo la empresa Nuvectis consultó con él todos los pasos para la elaboración del fármaco.

La nueva píldora supone además una menor intrusión en el organismo que la que producen otros tratamientos más agresivos como la quimioterapia. Inicialmente, su función no es la de curar el cáncer, sino la de frenarlo, aunque Unciti explica que “nuestra molécula es tan selectiva que para el tumor y el sistema inmunológico lo reconoce y termina por destruirlo. Es como si ayudara al sistema inmunológico”.

El científico español se muestra “muy ilusionado” ante las perspectivas de aplicación inminente de su medicamento, un nuevo paso en la investigación que puede suponer un momento histórico en la lucha contra el cáncer.

EFE.

IG

El consumo de medicamentos supone un gran desembolso de dinero por parte de la sanidad pública en España y cada año que pasa, la factura crece. Solo entre 2021 y 2022 este gasto consistía en más de 21.000 millones de euros, incluyendo gasto farmacéutico hospitalario y recetas de farmacias. Esto implica aproximadamente el 23% del gasto sanitario público y en torno al 1,6% del PIB (en 2022) de nuestro país. Lejos de disminuir, las previsiones apuntan a que el gasto farmacéutico seguirá creciendo en los próximos años.

Uno de los factores que contribuyen al aumento de este gasto es la compra de nuevos fármacos con moléculas protegidas por patentes y normalmente de precio elevado. Cada año, la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS) autoriza decenas de medicamentos novedosos para su comercialización en nuestro país. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce en la aparición de nuevas moléculas terapéuticas. Entre ellas encontramos los denominados medicamentos me too (yo también): moléculas derivadas de otras que ya existen en el mercado para tratar o prevenir un determinado problema de salud, pero cuya eficacia y seguridad no son significativamente mejores y no aportan ventajas terapéuticas a los pacientes. Eso sí, son notablemente más caros (por estar protegidos por patente).

A grandes rasgos, los medicamentos me too son más de lo mismo, pero con un precio elevado en comparación con aquellos similares comercializados durante años. No obstante, cierto porcentaje de este grupo de fármacos sí que aportan ventajas para algunos pacientes en cuanto que facilitan su tratamiento por ofrecer vías de administración o de eliminación, formas farmacéuticas o posologías más adecuadas para ellos. La cuestión es: ¿está justificado pagar un precio inflado por estas características?

La mayoría de los estudios que han evaluado el papel de los nuevos fármacos, lanzados al mercado desde los años 70, estiman que solo el 15% de ellos suponen una verdadera innovación en medicina. Joan Carles March, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, se preguntaba ya hace más de 10 años: “¿compramos humo a precio de oro?”.

Un negocio redondo

Una de las estrategias de las farmacéuticas para conseguir un retorno importante de dinero con una mínima inversión en investigación y desarrollo es lanzar medicamentos me too. Al ser moléculas muy similares a otras de eficacia ya probada y comercializadas, el riesgo de que no resulten efectivas es mucho menor y las probabilidades de comercialización son mucho más altas. Aunque estos fármacos aporten poco o nada a la salud de los pacientes, resultan muy rentables para los laboratorios farmacéuticos porque el precio de un fármaco no está definido por su valor terapéutico, sino por su novedad en el mercado (y la correspondiente protección de patente, que permite fijar un precio elevado).

Los nuevos medicamentos ofrecen una rentabilidad mucho mayor para las farmacéuticas que aquellos fármacos “veteranos” equivalentes (no protegidos por patente). Así que estas empresas concentran sus maniobras de marketing en estimular la prescripción de dichos medicamentos por parte de los médicos, cuenten o no con una ventaja real, y a un coste para el sistema sanitario mucho mayor.

En ocasiones, la presión para potenciar el consumo de un nuevo fármaco es total: las farmacéuticas deciden dejar de fabricar el equivalente antiguo, mucho más barato, para obligar a los sistemas sanitarios a emplear el nuevo.

Un informe sobre desabastecimiento y escasez de medicamentos, elaborado en 2020 por la Fundación Salud Por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y apoyado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, explica: “Algunos estudios muestran que los medicamentos con precios más bajos o que presentan menor rentabilidad para la empresa se ven más afectados por los problemas de suministro. En este sentido, es habitual que los laboratorios realicen retiradas voluntarias de medicamentos como parte de su estrategia de negocio: por suponer mercados menos rentables, para presionar a las autoridades en la negociación de precios o para favorecer la entrada en el mercado de otros productos de mayor interés comercial para la empresa”.

Una de las prácticas más polémicas a la hora de potenciar el uso de nuevos fármacos en detrimento de los equivalentes baratos la protagonizaron Novartis, Roche y Genentech en Europa. Se compincharon para difundir información alarmante sobre la seguridad del fármaco Avastin (8 euros por inyección) para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad ocular que puede provocar una importante pérdida de visión. La idea era convencer a los oftalmólogos de que el tratamiento adecuado para esta enfermedad era el medicamento Lucentis, 100 veces más caro, (891 euros por inyección en aquel entonces).

En realidad, los estudios clínicos mostraban que la eficacia y seguridad de ambos medicamentos era muy similar. Italia, Francia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenaron con multas multimillonarias a dichas compañías farmacéuticas por prácticas abusivas, mientras que en España la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) archivó el caso por no apreciarse irregularidad alguna.

La clave: desfinanciar los medicamentos “morralla”

El principal problema tras los medicamentos me too es que puede resultar muy complicado conocer exactamente qué valor añadido aportan en el mundo real comparado con otros fármacos similares, cuando acaban de salir al mercado. ¿La razón? En muchas ocasiones no se necesitan ensayos clínicos comparativos con el tratamiento farmacológico estándar, tan solo se requieren con grupo placebo, para recibir el visto bueno de las agencias de medicamentos.

Debido a la situación anterior, se necesitan años en el mercado y estudios independientes para comprobar la utilidad terapéutica real de los nuevos fármacos en comparación con los antiguos equivalentes. Por eso, no resulta nada extraño que ciertos medicamentos se vayan retirando o desfinanciando por presentar más efectos adversos que otros equivalentes, o por no estar a la altura en eficacia. Este fenómeno lleva a una recomendación general en medicina: en el uso de muchos medicamentos, a veces es mejor estar a la penúltima que a la última. 

En países de nuestro entorno como Alemania (IQWiG), Francia (Prescrire) o Inglaterra (NICE), existen instituciones sanitarias independientes que evalúan científicamente los medicamentos en el mercado de forma periódica. Separan el grano de la paja y aconsejan a gobiernos y ciudadanos qué fármacos se deberían evitar o desfinanciar. España no cuenta con instituciones como las anteriores, aunque a lo largo de los últimos años se han lanzado propuestas para crear un “NICE español”. 

No obstante, la propia AEMPS y las agencias de evaluación tecnológica de ciertas comunidades autónomas sí que realizan periódicamente estudios de revisión que analizan la costo-efectividad de los medicamentos y las decisiones terapéuticas basadas en la mejor evidencia científica disponible. Sin embargo, las recomendaciones de estos organismos son, a menudo, ignoradas por quienes deciden la financiación de los medicamentos.

El año pasado, Prescribe, institución sanitaria francesa, publicó en su revista la evaluación beneficio-riesgo de cientos de medicamentos autorizados en la Unión Europea o en Francia. 105 de ellos tenían una relación beneficio-riesgo desfavorable: por ofrecer un riesgo excesivo en comparación con los beneficios, por existir fármacos más recientes con relación beneficio-riesgo más favorable o por ser fármacos nuevos cuya relación beneficio-riesgo es peor que las alternativas disponibles con anterioridad, entre otras razones.

Por otro lado, un estudio de IQWiG (Alemania) evidenció que más de la mitad (58%) de los nuevos fármacos autorizados en Alemania (muchos en común con España) entre 2011 y 2017 que se analizaron no aportaban pruebas de un beneficio añadido, en comparación con el tratamiento estándar. De un total de 216 medicamentos analizados, solo 54 demostraban beneficio añadido considerable o importante. Por otro lado, una evaluación sistemática de medicamentos contra el cáncer aprobados por la Agencia Europea del Medicamento entre 2009 y 2013 mostró que la mayoría de ellos no aportaban pruebas suficientes de que mejorasen de forma significativa la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

En España, las altas esferas políticas hablan mucho de la “excelencia en ciencia”, pero muy poco de la “excelencia de los medicamentos”. Hay muchísima morralla totalmente prescindible entre los medicamentos comercializados que si se eliminasen supondrían un ahorro multimillonario para el sistema sanitario sin ningún perjuicio para los pacientes. Mientras que no se les exija a los nuevos medicamentos una mayor eficacia o seguridad, ventajas en el tratamiento de los pacientes o un mejor precio que los equivalentes en el mercado, no existirá un incentivo potente para la verdadera innovación farmacéutica.

En Argentina, todos los 22 de diciembre se celebra el Día Nacional del Empleado de Farmacia. La fecha se eligió en recuerdo a la formación del Centro de Auxiliares de Farmacia, que luego pasó a ser la Asociación Nacional de Empleados de Farmacia (ANEF) y actualmente es la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF).

Esta efeméride se comenzó a celebrar desde el año 2012, luego de unas 6 décadas donde el sindicato luchó para conseguir esta jornada y para que el empleado farmacéutico tenga ciertos derechos laborales, la posibilidad de solicitar un salario mínimo, beneficios sociales y distintos medios que mejoren su contratación.

Este día también cuenta con el aval de otros organismos como la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y el Sindicato de Empleados de Farmacia (SEF), y tiene como objetivo homenajear la tarea de los profesionales del rubro y recuerda a quienes lucharon por su reconocimiento.

En esos años, los trabajadores de farmacias buscaban acceder a un reconocimiento nacional, para poder cumplir lo previsto en el Art. 42 del Convenio Colectivo de Trabajo, que consiste en que estos profesionales pueden elegir descansar durante la jornada de hoy o acudir a sus trabajos siendo doblemente remunerados.

LC

El presidente del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar), Rubén Sajem, dijo que quienes adquieran antimicrobianos (antibióticos, antivirales y antiparasitarios) deberán presentar dos recetas médicas, si es a través de obras sociales y prepagas, y una, si es de manera particular.

Ayer miércoles, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece que para la compra de medicamentos de este tipo, será obligatorio presentar una “receta archivada”, y el médico debe incluir el diagnóstico en la nota. Asimismo, está previsto que la reglamentación del Poder Ejecutivo establezca que las cajas lleven impresa la leyenda “Este medicamento puede producir resistencia antimicrobiana”.

La ley apunta a la prevención y control de resistencia a los antimicrobianos que, según la ministra de Salud, Carla Vizzotti, “ya era un problema de salud pública y la pandemia no hizo más que acelerarlo y agravarlo”. Remarcó que “es una de las diez principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad”.

Al referirse al cambio que la ley implicará para las compras en farmacias, Sajem indicó que la venta será bajo receta archivada, que implica que “la receta queda en la farmacia y el farmacéutico tiene que pasarla a un libro recetario indicando la fecha en que se lo entregó y ese medicamento se puede comprar una sola vez”.

El farmacéutico apuntó que “este tipo de recetas generalmente se aplica a medicamentos psicotrópicos por las circunstancias particulares que pueden generar adicción, dependencia con el uso continuado”. En el caso de los antibióticos, Sajem indicó que muchas veces las farmacias se quedan con las recetas porque sirven para que “se pueda cobrar a las prepagas u obras sociales el reintegro que corresponda”. 

A partir de la nueva norma, en esos casos se van a tener que entregar dos recetas: una que va a las prepagas y obras sociales por el reintegro y otra para cumplir las normativas de la ley de tener la receta en la farmacia, para verificar que el antibiótico se entregó con receta.

“Aunque con los antibióticos ya había una resolución del Ministerio de Salud que indicaba que debían entregarse bajo receta médica archivada, en la práctica no existía el control que tenían los psicotrópicos, que llegan de las droguerías a las farmacias facturados de manera separada, lo que facilita el control”, agregó Sajem.

El control se puede establecer “cuando una farmacia compra demasiada cantidad de antibióticos o cuando se auditan las farmacias”. “Los controles se hacen en inspecciones y auditorías a las droguerías”, concluyó.

LC con información de agencia Télam

Eduardo Macchiavello es el CEO de Laboratorios Roemmers, propiedad de la familia dueña de la cuarta fortuna de la Argentina, detrás de la de Marcos Galperin, los Rocca y los Pérez Companc. También preside la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar). Desde la sede de CILFA, en compañía de su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, Macchiavello conversó con elDiarioAR.

¿Cómo ve la situación política y económica en esta semana de tanta y tanta tensión para Argentina?

Te lo digo del punto de la industria farmacéutica. Nosotros en este momento tenemos un compromiso del Gobierno de que no va a haber problema con los dólares para la importación de los principios activos o todas las cosas que importa la industria farmacéutica. Está bastante difícil de manejar porque importamos muchas cosas. Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero no sabemos qué va a pasar con muchos de otros insumos que utilizamos en procesos. Por decirte, las cajas, el aluminio. Entonces puede ser que empecemos a ver faltantes de determinadas presentaciones porque falta algún insumo.

Pero no me contestó de la situación política y económica en general...

Como a cualquier argentino, te molesta y te preocupa lo que esté pasando. Es un momento en que Argentina debería estar floreciente, siendo un país productor de alimentos y con todo lo que está pasando en Europa. Pero es la realidad de la Argentina.

Ahora sí, en cuanto a insumos importados, entonces por ahora el abastecimiento es normal...

Todo esto es muy nuevo. Cualquier tipo que importa un insumo tiene cuatro o cinco meses de inventario. O sea si va a haber un problema, vamos a ver de acá a un mes, por ahí casos puntuales. Tampoco sé si el Banco Central dentro de un mes empieza a tener dólares y empieza a liberar un poco más todo lo que es la importación. Cuando cuando el Gobierno se pone a cerrar la importación, nunca sabés cómo lo va a manejar y quién es el que toma la última medida.

Hoy se habla de remarcaciones de precios por el control de importaciones y el cambio de ministro de Economía, ¿qué está pasando en la industria farmacéutica?

En general, la industria farmacéutica viene acompañando un poquito por debajo la inflación. A partir de julio, los medicamentos han aumentado entre el 4, el 5 o el 6%. No es que veo como en otros rubros donde la gente está aumentando del 20 al 30%.

Cuando uno ve el contado con liquidación a 300 pesos, ¿no teme?

A mí no me preocupa tanto el precio de blue. Me preocupa mucho más el precio del dólar oficial. Mientras que puedan garantizar el precio del dólar oficial y a ese precio importemos... El problema sería que se devaluara muy rápido, que suba mucho el valor del dólar oficial, que es donde realmente nos inciden los costos a nosotros.

Pero más allá del dólar, en cuanto a la situación política y económica, hay gente que teme una hiperinflación, incluso dentro del oficialismo, Mauricio Macri dice que la inflación va camino al 100%. ¿Usted cómo ve esta situación? Hay gente que se pregunta si Alberto Fernández termina su mandato...

Tiene que ver mucho con que el Gobierno ajuste los números, con la medida en que el déficit fiscal no se descontrole, que puedan controlar la emisión del Banco Central... Son todas cosas macroeconómicas muy difíciles. Escuchás hablar a 25 economistas y cada uno dice una cosa distinta. La realidad nuestra es que vivimos al día. Estamos en la Argentina y los medicamentos es algo que vos tenés que garantizar. No podemos agarrar y decir “no vendo”. Vos por ahí si vendés cocinas, aires acondicionados, decís “esta semana no vendo”. La industria farmacéutica no puede hacer eso. Y nosotros somos casi todas compañías con más de 50 años de historia. En la Argentina siempre se abasteció. Y hemos tenido momentos de hiperinflación, así que sabemos cómo manejarnos en eso. A lo sumo acortarás un poco los plazos de pago, pero nunca la opción es dejar de vender.

¿Está competitivo el tipo de cambio oficial para una industria farmacéutica argentina que exporta al resto de América Latina?

Nosotros fabricamos mucho en Argentina para Brasil, Ecuador, Colombia. Para la industria farmacéutica es muy difícil medir la venta: independientemente de que el dólar esté más caro o más barato, no varía demasiado. Para exportar a un país, tenés primero que ir ahí, registrar la marca, hacer un registro sanitario donde declaras quién es el fabricante. No lo podés cambiar de un día para el otro. No es que el que te importa te va a cambiar de proveedor porque para cambiar necesita dos años validar una nueva planta y cambiar el registro. A pesar de que es cierto de que hay un pequeño deterioro del tipo de cambio, vienen creciendo las exportaciones en el sector farma: en mayo de 2022 contra mayo de 2021, un 11%.

Además de las medidas para evitar un descontrol del déficit fiscal y la emisión monetaria, ¿son necesarias otras soluciones políticas y económicas para evitar que se agrave la crisis?

Me encantaría que la Argentina dejara la grieta famosa y de una vez por todas hubiese alguien que planteara una mirada hacia adelante de un plan estratégico de Argentina a ver qué hacer como país, en qué posicionarnos y que todas las fuerzas políticas lo acompañen, no importa quién esté gobernando y que sea una política a largo plazo. Creo que si la Argentina se pusiera en eso, teniendo la riqueza que tiene en agricultura, ganadería, minería, pesca, petróleo, gas, debería estar hoy floreciente. Espero que algún día los políticos y la gente que nos gobierna tome conciencia de esto y se dejen de estar peleando por estupideces y se pongan a pensar a ver de una vez por todas qué queremos como país. Y a mí me gustaría que empecemos a pensar en todos nuestros hijos. Yo tengo de cinco hijos, tres que viven afuera. Uno se me acaba de ir hace poco y lo que percibo es que los chicos también quieren irse a otro país, no quieren estar acá porque están cansados. Me gustaría que la Argentina sea un país que vuelva a dar la oportunidad de que todos estos chicos se puedan desarrollar, no estén pensando en irse a otros países a vivir porque la Argentina no les da oportunidades.

AR

La logística del comercio electrónico, los servicios de investigación y desarrollo (I+D) como los análisis clínicos, y la informática son tres de los cuatro sectores que más rápido están creando empleo en una economía que se recuperó pronto de la pandemia, con una fuerte baja de la desocupación (del 13% al 7% en un año) pero bajo la creciente amenaza inflacionaria. Las actividades más pujantes están vinculadas con la tecnología, aunque no todas estén bien remuneradas, como es el caso del reparto de paquetes.

En el Informe de Panorama Productivo de marzo pasado, que elabora el estatal Centro de Estudios para la Producción (CEP), se señala que los sectores con mayor creación de empleo privado son los de correo y mensajería (54,1% u 8.000 puestos de trabajo más entre diciembre último y el mismo mes de 2019, es decir, previo a la pandemia y justo cuando comenzó el actual gobierno), que crecieron con las ventas por Internet sobre todo por la pandemia; seguido por el I+D (41,1% o 2.300 ocupados más), que incluye al área de salud, también impactada por el Covid-19 en un país que ha sido sede de pruebas de varias vacunas y de desarrollos de inoculaciones propias y tratamientos contra la enfermedad; obtención y dotación de personal (37,6%), que abarca mucho empleo temporario, de poca estabilidad y bajo salario; e informática (17,2% o 19.000 puestos más), impulsada por el impacto de digitalización y el trabajo remoto en la economía actual. 

El comercio electrónico también impulsó otro de los 20 rubros con más creación de empleo privado formal: el de almacenamiento y actividades de apoyo al transporte (5,7%). “Otros servicios de alta calificación que estuvieron entre los de mayor dinamismo fueron los servicios veterinarios (+8,2%) y otras actividades profesionales, científicas y técnicas (+12,8%), con una creación conjunta superior a los 1.000 puestos de trabajo”, destacó el informe del CEP, que dirige Daniel Schteingart.

“La industria en su conjunto creó más de 53.000 puestos de trabajo asalariados formales desde fines de 2019, con 18 de 24 ramas con mayor dotación de trabajadores en la actualidad que en los albores de la pandemia”, señala el informe. “De esas 18 ramas que crearon empleo, hay nueve que integran el top 20 de las de mayor dinamismo relativo, tales como electrónicos (+17,2%, impulsada por la demanda de digitalización de la pandemia), otros equipos de transporte (+15,2%, motorizada por el buen desempeño de la industria naval y el repunte en la producción de motocicletas y bicicletas), equipos eléctricos (+13,7%, con un particular buen desempeño de los electrodomésticos, traccionados porque las personas pasaron más tiempo en sus hogares y demandaron más este tipo de productos y, además, por un claro proceso de sustitución de importaciones), productos de caucho y plástico (+10,8%, con una buena performance particularmente en el segmento de plásticos), maquinarias (+8,7%, apuntalada sobre todo por el segmento de maquinarias agropecuarias, que en 2021 tuvieron el mejor año desde 1996), productos de madera (+8,2%, impulsados por una importante mejora de precios relativos y también por demandas de muebles), textiles (+7,9%, gracias a cierta sustitución de importaciones), medicamentos (+7,6%, debido a una mayor demanda por la pandemia) y automotriz (+7%, gracias a un marcado repunte de la producción local, incentivada tanto por mayores exportaciones como por un notorio incremento de los patentamientos de origen nacional, que pasaron de ser inferiores al 30% en 2019 a superar cómodamente el 50% en 2021)”, continúa el reporte.

Autopartistas

“En febrero y marzo contratamos 20 personas, ya somos 165 y queremos tener 30 o 40 más en el resto de 2022”, destaca el presidente de la autopartista Ventalum, Raúl Amil, que también preside la Asociación de Fabricantes Argentinos de Componentes (AFAC). Su fábrica de Villa Maipú, partido de San Martín, produce portaequipajes y estribos para las pick ups que Toyota, Renault, Nissan y Ford elaboran en la Argentina y que exportan a toda Latinoamérica. En el primer trimestre del año, la industria automotriz argentina produjo 17% más que en el mismo periodo de 2021. Amil atribuye su mayor producción a varios factores: la demanda aún insatisfecha que dejó la pandemia, la especialización argentina en pick ups que atienden a tres sectores clave de la economía latinoamericana cuyos productos básicos además se apreciaron por la guerra de Ucrania, como el campo, la minería y los hidrocarburos; y el apetito de ciertos consumidores argentinos por estos vehículos, que ya no son rústicos como antes sino bien equipados y que además abundan, a diferencia de los vehículos importados frenados por el cepo. Amil también destaca la calidad de las autopartes criollas. Si no, las automotrices no les comprarían. Claro que además el Mercosur les impone cierta integración de los coches con partes locales.

“Otro sector de gran dinamismo en 2021 fue la minería, con una suba del 7,6% en el empleo directo formal (+2.400 puestos)”, señala el CEP. “Tras un gran auge en la primera década del siglo XXI, el sector experimentó cierto estancamiento durante buena parte de la década de 2010; en los últimos años recobró un notorio dinamismo, de la mano del litio y de nuevos proyectos metalíferos. Con el crecimiento de 2021, el sector superó los 30.000 puestos directos formales en sus diferentes segmentos, alcanzando la mayor cifra desde que hay registro”, completa el centro dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, que encabeza Matías Kulfas.

Pese a la mejora del empleo privado, no todo es color de rosa. También hay sectores con menos trabajadores que hace dos años, sobre todo aquellos más afectados por las restricciones del Covid-19. “El transporte aéreo lidera las caídas relativas de empleo (-36,9%, -2.500 puestos), resultado determinado por la salida en 2020 de la empresa LAN en el segmento de los vuelos de cabotaje. Las agencias de viajes (-26%), los servicios culturales y museos (-17,5%), los servicios personales como por ejemplo peluquerías y spa (-17,4%), expendio de alimentos y bebidas (-15,3%) y los servicios de alojamiento (-13,8%) le siguen en orden de magnitud. Si en lugar de considerar las variaciones relativas tomamos las absolutas, las mayores bajas se dieron en expendio de alimentos y bebidas (-34.000 empleos) y en transporte terrestre (-23.100), muy afectado el de pasajeros tanto de ómnibus como de taxis y remises”, concluye el informe.

“La fuerte recuperación económica de 2021 permitió que en diciembre pasado se terminaran de recuperar los 187.000 puestos de trabajo asalariados privados formales que se habían perdido a principios de la pandemia”, hace balance el CEP. “En efecto, en diciembre hubo 10.000 asalariados privados formales más que en febrero de 2020; más allá de esta notable mejora, vale tener en cuenta que el empleo formal privado venía en retroceso desde abril de 2018 y, además, que la población en edad laboral crece en torno al 1% por año.”

El costado negativo de la reactivación son los salarios. La caída del sueldo promedio anual de los trabajadores registrados en el sector privado fue del 2,3% en 2021, en tanto que la de los informales fue del 7,1%, según el nuevo informe de coyuntura del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). “La perspectiva es negativa si se tiene en cuenta la aceleración del proceso de inflación en febrero y marzo de 2022 (4,7% y 6,7%, respectivamente)”, alertan en CIFRA-CTA.

AR

La Secretaria de Comercio Interior anunció esta noche que alcanzó un principio de acuerdo con los laboratorios para retrotraer el precio de los medicamentos a los valores vigentes al 1 de noviembre pasado y mantenerlos sin cambios hasta el 7 de enero próximo.

“El objetivo del acuerdo con las cámaras del sector es mejorar el acceso de la población a los medicamentos, disminuir el gasto en los hogares, que los argentinos y argentinas puedan elegir según su conveniencia e incrementar la transparencia y la disponibilidad de información”, señaló la secretaria que conduce Roberto Feletti tras la reunión que mantuvo junto con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con las cámaras del sector.

“Para ello también se reimpulsará la prescripción de medicamentos por nombre genérico y se conformó una mesa de trabajo permanente para continuar analizando el tema, dada la complejidad del sector”, precisaron en un comunicado.

En la reunión realizada en la sede de la cartera de Salud estuvieron presentes la ministra Carla Vizzotti, junto a su jefa de Gabinete, Sonia Tarragona; el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti; la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat; la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi; y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mezmezian.

También participaron Manuel Limeres, titular de la ANMAT y el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López.

Por el lado de los laboratorios estuvieron Nicolás Vaquer y Carlos Escobar, de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME); Laura Fabra y Alejandrina Arauz, de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario (CAPGEN); Eduardo Macchiavello y Eduardo Franciosi, de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA); Juan José Marconi, de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA); María Isabel Reinoso y Ricardo Pesenti , de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA); y Carlos Alberto Sandoval y Miguel Osio, de la Federación Farmacéutica (FEFARA).

DA

El Gobierno, las empresas del Estado, las cámaras de comercio y la patria contratista tienen un interés en común: cicatrizar definitivamente el capítulo del Cuadernos-gate y otros casos de supuesta corrupción en contrataciones con el Estado, que involucró a los gobiernos y a las firmas más importantes de la obra pública. Este año, la Oficina Anticorrupción desarrolló un proyecto que está empezando a poner en marcha: el Registro de Integridad y Transparencia de Empresas (RITE). En concreto, se trata de una plataforma para que las empresas, tanto las privadas como las públicas, carguen información sobre sus políticas de lucha contra la corrupción. Esos datos estarán disponibles para ser chequeados por los organismos de control estatal.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue copiado del modelo mexicano. Se ideó para dar correcto cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria o de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, durante la gestión de Cambiemos, que impone penas no sólo a los ejecutivos que cometan delitos contra la administración pública o en hechos de corrupción, si no también a las empresa. Las compañías que acepten participar en el RITE tendrán incentivos impositivos, además de certificar su política anticorrupción. Para el Gobierno, una ventaja indirecta sería sumar puntos en la búsqueda de inversiones extranjeras y el crédito barato. Además, la iniciativa pone la lupa en que la responsabilidad de evitar hechos de corrupción es compartida con el sector privado y que el compromiso debe quedar registrado públicamente por ambos sectores. 

El registro no es sólo para las contratistas de obra pública sino también de otros rubros que contratan en grande con el Estado, aseguró a elDiarioAR una fuente de la OA que trabaja directamente en el proyecto. Abarcaría también a los grandes bancos y los laboratorios y farmacéuticas, por ejemplo, destinatarios de contratos multimillonarios en medicamentos y vacunas. Sólo por el Covid-19, el Estado nacional había firmado contratos por US$478.254.000 entre octubre de 2020 y marzo de 2021 para acceder a casi 59 millones de vacunas. La mayoría de las cláusulas de estos contratos son secretas. 

El costo de certificar la honestidad 

El registro de la OA vuelve a instalar un debate de fondo: si las políticas de “buenas prácticas” de los privados, las actuales medidas de transparencia y apertura de información al público son realmente efectivas para prevenir pagos de sobornos, conflictos de intereses e irregularidades que le cuesten dinero al Estado y a los contribuyentes, o si es pour la galerie, el revoque de una pared gastada y difícil de limpiar. En el organismo de control creen que es una forma de empezar. Voceros de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) afirmaron ante la consulta de este medio que la entidad empresaria ve la medida como “un paso positivo”. “Si bien es voluntario va a ayudar a que las empresas con menos recursos puedan implementar sus programas de compliance (cumplimiento normativo). Es un proyecto modesto pero es positivo”, afirmó el abogado y extitular de la OA Manuel Garrido a elDiarioAR.

En un contexto mundial de normas de transparencia y de compliance cada vez más estrictas para el ámbito privado, las políticas anticorrupción también pueden convertirse en un buen negocio. 

Una de las constructoras más importantes del país, con actividad en el extranjero, que quedó directamente involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, invirtió alrededor de un millón de dólares solamente en la contratación de un importante estudio especializado en certificar con un “sello de integridad” que la compañía revisó, modificó y mejoró sus políticas internas de ética y buenas prácticas para evitarse otro escándalo en el futuro, según afirmó una fuente directa de esa compañía a elDiarioAR que habló en off the record sobre el proceso que atravesó. “Estás comprando un sello, una certificación para seguir operando, especialmente si cotizás en bolsa y operás en el mercado internacional”, agregó la persona consultada.

Es una herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad.

Félix Crous — Titular Oficina Anticorrupción (OA).

No fue lo único que debió pagar esa compañía, como muchas de las involucradas en el caso que impulsaron el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio. Los principales accionistas tuvieron que dar un paso al costado, transferir sus acciones y renunciar a sus cargos en el directorio, explicó la misma fuente. Además, montaron comités de auditorías internas, canales de denuncias, reestructuración del área legal, reestructuración del directorio con la incorporación de directores “independientes”, es decir, externos a la constructora. Todo eso llevó un año y medio para supuestamente garantizar que no volverán a pagar sobornos, como admitió haber hecho la compañía durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Para ponerle un freno a las prácticas corruptos “hay que pensar en cómo romper los altísimos niveles de corporativismo que tiene la Argentina en distintos órdenes: el sindical, la Justicia, los medios de comunicación, las empresas, la falta de competencia en todos los órdenes de la vida pública” y “el hiperpresidencialismo”, afirmó la abogada Natalia Volosin en el podcast Romper la rueda, de la Asociación Civil por la Igualdad (ACIJ), que se publicó en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, periodo en el cual también existieron denuncias y causas relacionadas con obra pública y conflictos de intereses en los negocios entre funcionarios, privados y el Estado. También propuso repensar el nivel de autonomía de los organismos de control que accione identificando los puntos débiles del Estado y actúe corrigiendo los agujeros u oportunidades de corrupción.

En la OA explicaron a este medio que el registro será en principio voluntario y que no impedirá que las compañías investigadas o denunciadas por presunta corrupción, tanto en el caso de los Cuadernos como en cualquier otro expedientes, puedan participar del registro y licitar con el Estado siempre y cuando no tengan una condena firme por estos supuestos actos ilícitos. El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta, está aún en pañales, confirmaron a elDiarioAR  fuentes judiciales y abogados de algunos de los funcionarios y empresarios imputados. Todavía no se abrió el proceso para que las defensas de los acusados presenten medidas de prueba previas al debate.

“Para que iniciativas o propuestas como el registro sean efectivas en relación a los objetivos que se proponen, que es el de son los de prevenir el fenómeno de la corrupción” deben ir de la mano de otras políticas “relacionadas a la transparencia dentro del propio sector privado, la transparencia financiera y fiscal, entre otras”, dijo a este medio Joaquín Caprarulo, abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ. También señala falencias legislativas: “Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de ética Pública data de 1998” y “ha demostrado no ser efectiva”, agregó.

Caprarulo enumera algunas de las medidas que considera necesarias para cumplir con el objetivo, como dar a conocer a los beneficiarios finales y verdaderos controlantes de las compañías que ganan contratos con el Estado; trasparentar el sistema de exenciones fiscales en Argentina, que califica como opaco; obligar a las empresas de mayor envergadura a que sus principales directivos presenten declaraciones juradas en los mismos términos que las presentan las y los funcionarios públicos; y la prohibición de que empresas que tienen cuentas en paraísos fiscales puedan ser contratistas del Estado; entre otras políticas.

Habría que sancionar una nueva ley de contrataciones que alcance bienes y servicios, obra pública. En este segundo caso, tenemos una ley de la década del 40 y la Ley de Ética Pública data de 1998 y ha demostrado no ser efectiva.

Joaquín Caprarulo — Abogado y coordinador del programa Fortalecimiento de la Democracia de ACIJ.

Grandes versus PyMES

Algunos especialistas en medidas de prevención de la corrupción advierten, sin embargo, que las exigencias del registro podrían generar una barrera de acceso para las empresas chicas y medianas. El Gobierno lo niega: ante la consulta asegura que existirán distintos niveles, en función de las escalas de los actores. Desde la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, dependiente de la Oficina Anticorrupción, ya avanzaron en conversaciones y acuerdos con las empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas -que ya dio su aval para entrar al registro- YPF, Aysa y las ferroviarias, entre otras. 

También mantienen conversaciones con privados. Los funcionarios de la OA ya tuvieron charlas con la Cámara de Comercio Argentino Alemana (que reúne a gigantes como el Deutsche Bank, Siemens y Volkswagen); la Unión Argentina de Proveedores del Estado (la UAPE, que nuclea a Pymes y empresas un escalón más grandes); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), con la que volverán a reunirse en los próximos días. Con la Cámara Argentino China tienen agendado un encuentro para la semana próxima.

Me parece un programa loable.

Hugo Wartman Jofre — Abogado penalista.

El Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis, trabaja con la Oficina Anticorrupción para afinar las preguntas que las empresas deberán responder en el registro, denominado RITE. El diálogo con Camarco arrastra el antecedente más pesado. La Cámara agrupa a 2.700 empresas de todo el país, repartidas entre constructores privados, pymes y compañías de ingeniería. 

Las compañías más importantes son las responsables de la obra pública. Ese sector de la patria contratista fue el más afectado por las denuncias de corrupción. El expresidente de la Cámara, Ricardo Wagner, quien ocupó ese cargo entre 2004 y 2012, confesó un sistema de distribución de obras y de pagos a funcionarios del kirchnerismo. Además fueron procesados los expresidentes de Camarco Aldo Roggio y Juan Chediak. Todos renunciaron a la Cámara tras las imputaciones del juez Bonadio. El 27 de abril, la Oficina Anticorrupción realizó un encuentro virtual con 270 referentes de la prevención de la corrupción y los programas de integridad. Ahí presentó los avances del Registro de Integridad y Transparencia de Empresas.

El exfiscal y presidente de la OA, Félix Crous, aseguró que el RITE será una “herramienta ágil y amigable, en donde las organizaciones y las empresas podrán dar prueba de los avances, de sus programas de integridad y de aquellos aportes al mejoramiento del desempeño gerencial. El desafío es transformarnos en promotores de este tipo de herramientas para las empresas”. El subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia, Luis Villanueva, explicó que el plan es “generar incentivos para las empresas que quieran participar”.

Uno de los invitados fue el abogado Hugo Wortman Jofre, abogado penalista del sector privado y consultor en programas de control de corrupción y del fraude. “Me parece un programa loable”, afirma Wortman Jofre. Pero a su vez advierte: “Hay que estar atentos a algunos detalles, para que el registro no se vuelva una herramienta de exclusión para que ganen los grandes y pierdan los chicos”.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -que nuclean a letrados de las empresas contratistas- también ubicaron la pelota del otro lado de la cancha: presentaron públicamente sus “ocho propuestas para una Justicia más eficaz”, entre las que incluyeron “mejores prácticas éticas en la Justicia: fortalecer los principios y valores fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de una ética judicial”.  

AF/ED

Con la ausencia de los cinco proveedores de vacunas contra el Covid-19, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos) encabezó este martes la comisión informativa convocada para escuchar e interrogar a los laboratorios que firmaron contratos con el Estado nacional. Las farmacéuticas habían sido citadas “bajo apercibimiento de ley”, y en acuerdo con el interbloque de Juntos por el Cambio, pero Massa anunció que ninguna de ellas se presentaría ante los diputados. 

Durante la reunión sí expusieron de manera virtual representantes de Pfizer -en negociaciones con el Ministerio de Salud- y del Laboratorio Richmond, que producirá en el país la vacuna Sputnik V.I.D.A., tras firmar un acuerdo con el Fondo de Inversión Ruso.

Al inicio de la comisión informativa, Massa aclaró que AstraZeneca hará su presentación por escrito; y que representantes del organismo Covax -que funciona como intermediario con los laboratorios extranjeros- expondría más adelante, posiblemente también por escrito. Se espera que la próxima semana. 

¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?

Sergio Massa — Durante la exposición de Pfizer.

Massa informó, además, que las farmacéuticas que dependen de los Estados de Rusia (el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso) y China (Sinopharm) responderán vía Cancillería las preguntas de los diputados de las comisiones parlamentarias de Salud y Legislación General.

Tanto antes como después de la exposición de Pfizer, oficialistas y opositores manifestaron o infirieron la posibilidad de modificar la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19, sancionada a finales de 2020 para posibilitar los acuerdos con los laboratorios.

La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas, pero éstas no se adecuaron a los requisitos de Pfizer, explicó este martes ante los diputados el gerente general de ese laboratorio, Nicolás Vaquer, aunque no precisó por qué, a pesar de las insistencias de legisladores de todos los bloques. 

Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales.

Nicolás Vaquer — Gerente general de Pfizer.

“¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?”, le preguntó Massa al ejecutivo en nombre de varios diputados. Vaquer reiteró: “Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual”. Previamente, Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, dijo durante la reunión que la oposición está dispuesta a debatir las modificaciones necesarias para acelerar y aumentar la entrega de vacunas.

En el caso de Richmond, el presidente del laboratorio nacional, Marcelo Figueiras, respondió: “No tenemos un acuerdo con el Gobierno nacional” para producir la vacuna Sputnik V.I.D.A. “Nuestro acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión no es confidencial”, agregó, tras remarcar que envió una copia a la oposición. 

“El Fondo Ruso ha visitado muchos laboratorios en Argentina”, respondió Figueiras al diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica), ante las dudas de la oposición sobre si el laboratorio, con buena llegada al Gobierno, había tenido ventajas sobre otras farmacéuticas locales para fabricar la vacuna rusa de manera exclusiva en el país. 

“Las primeras semanas fabricaremos 500 mil dosis semanales”, afirmó el empresario. “No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro”, aseguró el presidente de Richmond, quien inició su presentación solicitando una baja en los impuestos. “Es muy difícil invertir en estos proyectos de alto costo biotecnológico si no se encuentra una promoción impositiva”, sostuvo. “Debemos pagar sólo US$10 millones de derechos de importación de maquinaria productiva”, dijo. “Otros gobiernos nos llaman para que invirtamos en otros países pero aquí nos quedamos”, agregó el empresario.

El contrato que no fue

El ejecutivo de Pfizer aseguró que el actual marco legal para la provisión de vacunas en Argentina “no es compatible con los requisitos del contrato” debido a las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que la farmacéutica busca negociar con el Ejecutivo. El gerente también afirmó que el gobierno de Fernández no le solicitó “pagos indebidos” ni intentó imponer un socio local como intermediario en la provisión de las dosis. Así lo había sugerido la presidenta del PRO Patricia Bullrich.

Vaquer declaró que Pfizer firmó el 11 de julio de 2020 un acuerdo de confidencialidad con el Ejecutivo y que el primer ofrecimiento del laboratorio al Gobierno fue el 25 de julio de 2020. “El 6 de noviembre (de 2020), se publicó la nueva ley de vacunas y la segunda oferta (de la farmacéutica) fue el 1° de octubre. El Gobierno nos pidió acelerar las entregas y demostró interés para las vacunas que pudiéramos entregar antes de marzo de 2020”, dijo Vaquer ante los diputados.

Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual.

Nicolás Vaquer — Gerente general de Pfizer.

En 2020, Pfizer ofreció al Gobierno proveer “13,2 millones de vacunas, a ser entregadas a partir de diciembre” de ese año, según el representante del laboratorio. Detalló además que las entregas requeridas por el Ministerio de Salud constaban de una primera entrega de un millón de dosis antes de finales 2020: otros dos millones durante el primer trimestre de 2021; y otros 5 millones para el segundo trimestre. El resto sería entregado después. Pero el acuerdo nunca se selló.

El debate sobre la indemnidad

La mayoría de las preguntas de los diputados al representante de Pfizer giró en torno a por qué la ley actual, especialmente votada para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, no encuadra con los requisitos de protección legal que exige el laboratorio.

El representante sostuvo que ese conflicto está siendo discutido por los abogados del laboratorio con el Ministerio de Salud en una mesa de negociación para concretar el acuerdo y no brindó mayores detalles. 

Aseguró que las cláusulas de indemnidad son las mismas impuestas en 116 países donde firmaron y están proveyendo vacunas y cuya necesidad se basa en “los riesgos inusuales y sin precedentes” en la producción de las dosis, teniendo en cuenta que la velocidad y escalas de producciones son “requeridas por los gobiernos” de distintos países. 

El gerente dijo que las cláusulas también se deben a la necesidad de “intercambiar información con el Ejecutivo” que no sería de acceso público y dijo que Pfizer tiene “un cumplimiento contractual del 99,99%” en el mundo. También afirmó que el laboratorio proyecta producir 3.000 millones de dosis en 2021.

Desarrollar una vacuna lleva “de siete a diez años para producir” y “de 10 moléculas que se prueban, sólo una termina dando resultados”, dijo Vaquer. “Pfizer asumió los riesgos de acelerar esos procesos que llevan meses a semanas y de semanas a días” y “empezó a invertir para que si la vacuna era aprobada se esté en condiciones de entregarla al mundo”, justificó el gerente general en torno a los requisitos legales que el laboratorio impone en sus contratos.

“Pfizer no tiene ningún interés en intervenir con recursos del Estado, los glaciares, reservas del Banco Central, recursos naturales y culturales”, dijo antes de las preguntas de los diputados y ante los señalamientos de la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) en las últimas semanas.

No hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hemos hecho es con capital nuestro.

Marcelo Figueiras — Presidente de Laboratorio Richmond.

La vacuna local

Ante las preguntas de los diputados opositores, Figueiras declaró: “No hemos recibido de parte del Gobierno ninguna indicación de si nosotros debíamos o podíamos fabricar (la vacuna rusa), sino que a través de nuestros socios nos invitaron a participar”, afirmó en referencia al laboratorio indio que trabaja en conjunto con Richmond.

La diputada Carmen Polledo (Juntos por el Cambio) solicitó a Figueiras explicaciones sobre la suba de las acciones que percibió Richmond en la bolsa de comercio tras el anuncio del acuerdo. “El mercado de capitales argentino es chico y somos el único laboratorio nacional que cotiza en bolsa”, respondió Figueiras. Polledo había dicho que las acciones registraron una suba del 33% en una sola rueda.

Polledo también le preguntó sobre la transferencias de acciones de la compañía tras la visita de Alberto Fernández a la planta de producción del laboratorio el 5 de febrero. El empresario respondió: “Fue una transacción que se hizo (por parte de) alguien totalmente ajeno a nosotros, un empresario que le compró (acciones) a otro” y “no tiene nada que ver con la visita del Presidente a la planta”.

Los acuerdos

El país firmó cinco contratos hasta el momento para adquirir cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India). De los cinco proveedores contratados, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD.

Hasta el sábado último, Argentina había recibido un total de 18.450.150 unidades de diversas vacunas, según el último reporte del Ministerio de Salud. Es casi un tercio (31%) de las dosis contratadas a distintas farmacéuticas, entre octubre de 2020 y marzo de 2021: 58.924.000 dosis, según había informado el organismo a elDiarioAR y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Los datos oficiales también revelan que las entregas se aceleraron en las últimas semanas. De las 18.450.150 unidades recibidas, el 46% (8.522.205 unidades) llegó al país entre el 28 de abril y el 3 de junio, es decir, en los últimos 37 días, como informó este medio en base a datos oficiales. 

ED

Las organizaciones de derechos de datos personales y defensa de la privacidad han advertido que los pacientes carecen de una comprensión clara del modo con que se puede usar la información sobre su salud, empleo, contacto o detalles de ubicación domiciliaria si esta es  recopilada por entidades privadas durante la campaña de vacunación Covid-19.

Algunos defensores ya han expresado su preocupación de que la información pueda usarse para marketing, publicidad dirigida o desidentificación para venderse a la industria multimillonaria de datos de salud.

“Esta [vacuna] es un milagro de la ciencia moderna, y es muy importante que llegue lo más rápido posible a todas las personas, y sin embargo, todas las preguntas secundarias se han dejado de lado”, dijo Adam Tanner, profesor asociado en Instituto Universitario de Ciencias Sociales Cuantitativas de la Universidad de Harvad, en la ciudad de Cambridge del estado de Massachusetts.

Tanner, autor del libro Nuestros cuerpos, nuestros datos: Cómo las empresas ganan miles de millones vendiendo nuestros registros médicos, que explora el mercado de datos de salud no identificados, se pregunta: “¿Qué les sucede a todas estas personas cuyos datos ahora tiene un gran volumen?”

Los defensores de la privacidad advierten que las farmacias minoristas, en particular, están desdibujando la línea entre la salud pública y el comercio. Por ejemplo, la empresa Walgreens -que opera como la segunda cadena de farmacias más importante de los EEUU- requería que todos los clientes que buscaban una cita para recibir la vacuna crearan una cuenta, incluida la suscripción a los correos electrónicos de marketing, informó el sitio web de noticias de tecnología ReCode.

La empresa también alentó a las personas que buscan programar citas para vacunarse a unirse a su programa de lealtad, que proporciona datos a la rama de publicidad de la farmacia, Walgreens Advertising Group.

Los hospitales sin ánimo de lucro también se han sumado a este clima de aparente tranquilidad. RWJBarnabas Health, un gran grupo hospitalario de Nueva Jersey que opera el centro médico de la ciudad de Jersey, pidió a los pacientes que reciben una vacuna allí que firmen un formulario, que en una de sus partes, aclara: “Entiendo que pueden ser contactados como parte de las actividades de marketing del hospital”, y que también los pacientes podrían recibir comunicaciones “como parte de sus actividades de recaudación de fondos”.

EEUU tiene protecciones de información de salud relativamente sólidas para las personas en virtud de la Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros de Salud, mejor conocida como HIPPA. Esta ley regula cómo los hospitales, las farmacias, los médicos y las aseguradoras pueden compartir la información médica de las personas.

Sin embargo, permite la venta de datos “anónimos” y, en una era en la que gigantes de los datos como Google se asocian con proveedores de atención médica, los tribunales están considerando hasta qué punto HIPAA protege la información personal. Un riesgo distintivo es que, en asociación con grandes corporaciones que ya poseen una gran cantidad de datos de consumidores, los registros médicos de las personas podrían ser efectivamente “re-identificados”.

Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también parecen preocupados por la forma en que las entidades privadas recopilan datos en la campaña de distribución de vacunas y advirtieron contra el uso de datos personales con fines comerciales.

“Se prohíbe a los proveedores utilizar cualquier información recopilada en el curso de su participación en el programa de vacunación de los CDC Covid-19 ... con fines de marketing comercial”, escribió la agencia. La agencia continuó: “Dichos datos no se pueden vender ni proporcionar a ninguna otra entidad, excepto según lo requiera el acuerdo del proveedor”.

Sin embargo, los expertos en privacidad se muestran escépticos de que dicha orientación sea suficiente.

“Me sorprendería si eso tuviera algún efecto legalmente vinculante”, dijo Lee Tien, abogado senior y experto en privacidad de organización sin fines de lucro de San Francisco, Electronic Frontier Foundation. “Me encantaría si lo fuera, pero me sorprendería”.

En una declaración, RWJBarnabas dijo que “se compromete a proteger la privacidad del paciente y realizar cualquier divulgación sujeta a la autorización del paciente y utilizar solo los datos identificados del paciente según lo permitan las leyes estatales y federales, como se establece en nuestro consentimiento”. El grupo hospitalario también dijo que revisaría, “y, si es necesario, hará cambios a nuestras políticas de acuerdo con las pautas de los CDC del 2 de abril de 2021”.

Tanner dijo que se les pide a los pacientes que envíen todo tipo de información que podría ser útil tanto desde el punto de vista médico, por ejemplo, para evitar reacciones adversas graves a las vacunas, pero que también la misma información podría ser útil para las empresas privadas.

En su propio ejemplo, se le pidió que actualizara su dirección con CVS para recibir una vacuna. Esta importante información es vital para los vacunadores, sin duda, pero también podría utilizarse para comercializar a Tanner en el futuro sin que se pueda probar que se haya obtenido como resultado de la campaña de vacunación.

“Esa información es médicamente útil, pero también es útil para las ventas y el marketing, así que solo estoy planteando la pregunta: ¿los datos están debidamente protegidos en medio de esta importante campaña de vacunación?”, dijo.

Y agregó, “La respuesta está todavía un poco turbia.” 

Traducción de Alfredo Grieco y Bavio

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

Argentina firmó contratos para acceder a 58.924.000 dosis de vacunas contra el Covid-19 y se comprometió a pagar a las farmacéuticas un total de al menos US$478.254.000, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. Estas dosis no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la cartera a cargo de Carla Vizzotti tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por elDiarioAR y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

Según la respuesta oficial, se trata de cantidades comprometidas a entregar por los laboratorios contratados (ver más adelante). La inversión equivale a un promedio de US$10,62 la dosis por habitante (según el Banco Mundial, la Argentina tiene casi 45 millones de habitantes), según el análisis de los datos aportados. El monto total es sólo por las dosis, ya que no se obtuvieron datos sobre posibles costos extra, como garantías y logística.

La información fue solicitada en el marco de un proyecto transnacional que integra elDiarioAR con la alianza “Vigila la pandemia”*, que integran medios de Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México y Panamá, y liderado por Convoca.pe, y que se lanzará en los próximos días. La alianza periodística se une para investigar el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción durante la crisis sanitaria por el Covid-19 en América Latina. Busca, además, transparentar la información sobre la compra-venta de vacunas que se disputan las naciones. 

Llegó sólo el 15%

De las más de 58,9 millones de dosis que los laboratorios se comprometieron a entregar a Argentina, el país recibió, al 19 de abril, casi 9 millones de dosis, según informó la agencia oficial Télam. Es alrededor del 15% de las dosis contratadas, según el cruce de los datos entregados por Salud. Se esperaba un nuevo cargamento de otro millón de vacunas destinadas a aplicar la segunda dosis a ciudadanos ya vacunados, que llegarían entre hoy domingo y el miércoles 28 de abril y se sumarían a esos 9 millones.

“Argentina está trabajando intensamente en conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible y en concretar los contratos que tiene firmados con los proveedores”, dijo entonces la ministra Vizzotti en una conferencia de prensa, el 14 de abril último, ante los cuestionamientos por las demoras en las entregas y el ralentizado ritmo de la vacunación. Ese día, la funcionaria anunció que el sistema de salud estaba en estado “crítico” ante la escasez de camas de terapia intensiva por la segunda ola de contagios que atraviesa el país. 

En marzo, la falta de entrega de las vacunas forzó al Estado a posponer la aplicación de la segunda dosis en la población ya vacunada para poder alcanzar un mayor número de inmunizados. 

En la solicitud de acceso a la información realizada el 19 de marzo por ACIJ y elDiarioAR, el ministerio de Salud ha informado sólo aquellos datos de la adquisición de vacunas que no están alcanzados por las cláusulas de confidencialidad en los contratos con las farmacéuticas: informó el listado de proveedores de vacunas con los que el Estado Nacional ha firmado acuerdos e indicó cantidades contratadas y su precio unitario en dólares. 

Contratos en cuentagotas

El Estado Nacional firmó entre octubre de 2020 y marzo de 2021 cinco acuerdos con los proveedores para obtener un total de 58.924.000 dosis de cuatro tipos distintos de vacunas contra el Covid-19: AstraZeneca (Reino Unido), Sputnik V (Rusia), Sinopharm (China) y Covishield (India), según surge de la respuesta oficial. 

De los cinco proveedores, dos distribuyen la vacuna AstraZeneca. Los contratados son Limited Liability Company Human Vaccine LLC (Sputnik V), AstraZeneca, Fundación GAVI (GAVI Alliance, que distribuyó marca AstraZeneca), Serum Institute of India (Covishield) y Sinopharm International Hong Kong LTD. Los tres contratos más cuantiosos en términos de costos son los de las vacunas Sputnik V (por precio y cantidad), AstraZeneca (por cantidad, aunque aún no entregó ninguna dosis de su contrato directo) y Sinopharm (la vacuna más cara contratada). 

Luego le sigue el contrato con Fundación GAVI (que intercedió para que Argentina recibiera vacunas AstraZeneca, aunque el país pagó por adelantado y hasta el momento sólo recibió el 11,2% de lo que acordó). En quinto lugar, está el acuerdo comercial con Serum Institute de India (el que menos dosis vendió pero el único que entregó el 100% del contrato).

Sputnik V

El proveedor que se comprometió a entregar la mayor cantidad de dosis es Limited Liability Company Human Vaccine LLC, responsable de la entrega de la vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia. El 9 de diciembre de 2020, Argentina firmó un contrato para acceder a 30 millones de dosis, a un precio de US$9,95 cada una (se requieren dos dosis por persona), informó Salud a este medio. Total comprometido: US$298.500.000. 

Hasta el momento, el proveedor entregó entre el 24 de diciembre y el 19 de abril 5.267.745 dosis, poco más del 17,5% de lo comprometido en el total del contrato. Surge del relevamiento de artículos de Télam y comunicados del Ministerio de Salud. El titular del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, dijo a fines de enero en una entrevista de CNBC que las demoras para completar algunas entregas se deben a la alta demanda mundial.

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) anunció la semana última que Laboratorios Richmond Sacif produjo el primer lote de la vacuna Sputnik V en la Argentina, que ya fue enviado al Centro Gamaleya, en Moscú, para que se realice el control de calidad y la empresa pueda comenzar a fabricar las dosis en su planta local. La producción en el país está prevista para junio, según el anuncio del organismo ruso. “La Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología a los Laboratorios Richmond”, señaló el comunicado de la entidad.

India, China y Covax

La empresa Serum Institute of India PVT LTD se comprometió el 9 de febrero de 2021 a enviar 580.000 dosis de Covishield, la vacuna fabricada en India en alianza con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Argentina pactó el precio de la unidad en US$4.10 la dosis (se requieren dos dosis por persona). Total del contrato: US$2.378.000, según el cruce de los datos informados por Salud. La compañía entregó el 17 de febrero el 100% de las dosis pactadas, de acuerdo con un comunicado oficial.

La vacuna más costosa es proveída por la compañía Sinopharm International Hong Kong LTD. El 18 de febrero y el 10 de marzo de 2021, se contrató un total de 4 millones de dosis a US$20 la unidad, informó Salud. Total: US$80 millones. Esta vacuna también requiere la aplicación de dos dosis.

Entre febrero y marzo, la fabricante entregó dos millones de dosis al país (el 50% de lo pactado). Entre hoy y 28 de abril, se espera un nuevo cargamento con otro millón de vacunas para la aplicación de la segunda dosis de personas ya vacunadas. 

En septiembre de 2020, Argentina firmó acuerdo con GAVI Alliance, que gestiona el mecanismo Covax (Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19, que trabaja junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales). Así lo reveló France 24, tras acceder a copia del convenio.

En la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Mauricio Monsalvo, informó el 3 de febrero que para acceder a esta alianza Covax y obtener 9.070.000 millones de vacunas (de distintas marcas), Argentina debió pagar por adelantado unos US$32,1 millones (entre costos y la garantía). Fue “el costo para entrar” al programa internacional, dijo el funcionario. 

De aquel convenio general por 9.700.000 vacunas, hasta el momento, Fundación GAVI sólo pudo proveer el 11,2% de ese acuerdo con Argentina (que ya está pago), informó Salud a elDiarioAR. En ese marco, explicó el Ministerio, el 17 de octubre de 2020 firmó un acuerdo puntual para la provisión de 1.944.000 dosis a US$4 cada una. Un total de US$7.776.000 (que deberían descontarse de los US$32,1 millones ya entregados por el país). 

Al 18 de abril, Argentina había recibido, el 52,3% de este primer contrato firmado el 17 de octubre con el mecanismo Covax: 1.017.000 dosis de la marca AstraZeneca, que se entregaron a través de este programa, por fuera del contrato directo de la farmacéutica con el Gobierno. Aún resta que el país acceda a otras 927.000 dosis de este contrato puntual para completar las 1.944.000 vacunas pactadas. Además, quedan otras 7.126.000 vacunas pendientes de entrega por el convenio marco con GAVI Alliance, que ya se pagó.

El convenio Covax es un “compromiso de adquisición” y se realiza con la Fundación GAVI, que dirige el programa internacional. Esta adquiere vacunas a los proveedores internacionales y luego hace acuerdos para distribuirlas en los países de “manera equitativa”, según Covax. El contrato comercial se rubrica luego entre el país y el productor de la vacuna, según explicó Salud en su respuesta. 

El affair AstraZeneca

La farmacéutica AstraZeneca, que desarrolló su vacuna junto a la Universidad de Oxford, obtuvo el segundo contrato más importante con Argentina, firmado el 6 de noviembre de 2020: se pactó la provisión de 22,4 millones de dosis por un total de US$89,6 millones (cada dosis cuesta US$4 y se requieren dos por persona). La compañía no entregó ningún cargamento por este contrato, a pesar de que Argentina le pagó por adelantado el 60% del contrato, como informó elDiarioAR y luego reconoció la ministra Vizzotti en una entrevista con el programa Brotes Verdes, el 20 de abril último.

El fiscal Guillermo Marijuan abrió una investigación orientada a determinar si el Estado Nacional fue perjudicado ante el incumplimiento del contrato con la farmacéutica, informó una fuente con acceso directo a la investigación. Este viernes, el juez del caso, Julián Ercolini, ordenó a AstraZeneca SA (representación local del laboratorio) y al Ministerio de Salud que entreguen copia del contrato comercial y de los recibos de pagos realizados, confirmaron tres fuentes de la investigación. elDiarioAR se comunicó con la compañía para conocer su versión de los hechos y las razones de las demoras en la entrega de vacunas, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

El contrato formal es con la compañía AstraZeneca UK, Ltd, con sede central en Londres, según informó Salud a elDiarioAR y ACIJ. El 5 de marzo se firmó también un contrato con AstraZeneca AB, con sede central en Suecia. El ministerio de Salud no aclaró las diferencias entre estas dos compañías, que pertenecen a la misma farmacéutica, y si ambos contratos son parte del mismo acuerdo con AstraZeneca. 

Vizzotti explicó en dicha entrevista que la farmacéutica está a tiempo de cumplir con su contrato porque el acuerdo era entregar las vacunas durante el primer semestre de 2021 y que espera que lleguen pronto, incluso antes de que estén disponibles las dosis de la Sputnik V fabricadas en Argentina. La vacuna de AstraZeneca contratada por Argentina contiene un principio activo (materia prima) fabricado en el país por mAbxience, del empresario Hugo Sigman, pero se envasa en México. 

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

El gráfico “Contratos informados por Salud” se actualizó el 25 de abril a las 23:29.

*La alianza “Vigila la pandemia” es liderada por Convoca.pe e integrada por Runrunes y El Pitazo (Venezuela), Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador), Consejo de Redacción (Colombia), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI, México) y la participación de elDiarioAR (Argentina) y La Prensa (Panamá).

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