La Corte Suprema de Justicia rechazó ocho recursos interpuestos por el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, y dejó firme su condena a siete años y medio de prisión. El ex funcionario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de arma de guerra.

En la causa por la que hoy está condenado se determinó que López incrementó su patrimonio ilícita e indiscriminadamente durante su ejercicio como secretario de Obras Públicas entre el 28 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015.

En este contexto, también se investigó el hallazgo de bolsos de dinero por parte de la policía durante un operativo realizado el 14 de junio de 2016 en el Monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima en General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. Durante el hecho, se secuestró un arma de fuego, lo que condujo a la sentencia contra López el 21 de octubre de 2017.

El 1 de septiembre de 2020, el Tribunal Oral 1 dispuso la unificación de las condenas por ambos delitos: se le impusieron siete años y medio de prisión, inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial para portar y tener armas por el plazo de tres años y dos meses y una multa del 60% del valor del enriquecimiento. En este marco, se decidió decomisarle 8.982.047 dólares estadounidenses, 153.610 euros, 159.114 pesos, relojes de lujo y otros valores que quedaron a disposición de los hospitales de Pediatría Juan Garrahan y de Niños Ricardo Gutiérrez.

ACM con información de agencias

Fue uno de los argumentos centrales del oficialismo y de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían sostenido la frase de la discordia: la entonces presidenta “no podía no saber” que en su gobierno los funcionarios que manejaban la adjudicación de la obra pública estaban supuestamente incumpliendo leyes y reglamentos oficiales para favorecer al empresario Lázaro Báez.

En los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu sostuvieron que Fernández de Kirchner es penalmente responsable de una defraudación a la administración pública, a pesar de no haber sido la funcionaria que adjudicó las 51 obras viales cuestionadas durante el juicio por el caso Vialidad.

Los abogados de Fernández de Kirchner, encabezados por Carlos Alberto Beraldi, sostienen dos cosas: que no existieron irregularidades ni delitos en la adjudicación de la obra pública durante los gobiernos de la expresidenta y que, en último caso, si hubiera sospechas de que así fuera, la exmandataria no puede ser penada por hechos en los que no participó, ya que las obras se licitaron en el área de Vialidad y la secretaría de Obras Públicas. 

De hecho, los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 absolvieron al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, superior directo del entonces secretario de Obras Públicas, José López, pero condenaron a López y a Fernández de Kirchner.

“No podía no saber” fue la frase más criticada por las defensas públicas de sus abogados y aliados políticos desde que la pronunciaron los fiscales durante su alegato en agosto último.

Sin embargo, los jueces ratificaron su significado y sentido en los fundamentos de la sentencia que se dieron a conocer este jueves al resaltar una “realidad” que definieron como “curiosa e igualmente innegable: por qué ninguna de las alertas activadas durante el período en cuestión (2007-2015), relativas a la ‘corrupción en la obra pública en Santa Cruz’, logró inquietar a la imputada -en referencia a la vicepresidenta- para, como mínimo, esperar alguna acción interruptiva del iter criminis de su parte”.

La defensa de la vicepresidenta sostiene que esas “alertas” no tenían peso porque no existieron irregularidades o ilegalidades en la adjudicación de la obra pública y porque argumentan que los negocios entre los Kirchner y Báez eran “legales”.

Sin embargo, los jueces del tribunal enumeraron algunas de ellas: “la denuncia sobre cartelización en la obra pública efectuada por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, en el año 2005 ante el auditorio de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (por cuanto fue anterior a los dos mandatos presidenciales correspondientes a la imputada)”, ya que el hecho sucedió cuando era senadora y primera dama y gobernaba Néstor Kirchner. Luego, existieron, según el tribunal, otros “múltiples avisos dando cuenta de lo que sucedía en Santa Cruz, precisamente, con relación a las maniobras aquí investigadas”.

“Entre ellos, vale destacar la denuncia formulada por un grupo de diputados del espacio CC-ARI, del 12 de noviembre de 2008”; “el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobado por Resolución número 33/2010, elaborado a partir del examen realizado por ese órgano de control en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad”; y “la nota publicada en el diario La Nación el día 28 de abril de 2013, que indicaba que el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, ‘advirtió que la Casa Rosada le pidió que firmara un anticipo del 30 por ciento sobre el costo total de las obras para las empresas allegadas al gobierno”. También, un informe de la AGN de 2013 sobre irregularidades en la adjudicación de las obras.

“A la luz de los hechos develados se explica por qué, pese a las alertas judiciales, administrativas y mediáticas, la ex Presidenta no tomó ni una sola medida en dirección a dilucidar aquello que se denunciaba con tanta insistencia. Hoy podemos observar que ello habría implicado investigarse a sí misma o a sus secuaces”, aseguraron los jueces.

“Incluso para peor, sobre finales de su primer mandato, Cristina Fernández fue más allá y mediante el Decreto número 299, de fecha 10 de marzo de 2011, designó en el cargo de sub-administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad nada más y nada menos que al Ingeniero Carlos Joaquín Alonso, hombre del riñón del Grupo Austral, persona de confianza de Lázaro Báez y actor relevante en el cese ejecutivo de la maniobra”, afirmaron los magistrados. 

Judiciable o político

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por lo que Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro Nacional y ex secretario de Legal y Técnica de ambos exmandatarios, explicó cuando declaró como testigo en el juicio oral y público. Destinar fondos nacionales a la expansión de la red vial de la provincia de Santa Cruz fue una política de Estado para el matrimonio que vino, dijo el funcionario, a remediar décadas de olvido y desinversión en dicho territorio.

Entonces, dicha decisión no puede entenderse judicialmente sino políticamente, sostuvo Zannini, entre otros testigos que declararon en el juicio a favor de los imputados. Sin embargo, el tribunal argumentó que cuando los hechos del caso se analizan como una “película completa” y no se aíslan unos de otros “podemos observar perfectamente cómo la decisión de implementar una gestión de desarrollo vial especialmente centrada en la provincia de Santa Cruz, política pública del gobierno nacional de la ex Presidenta que a nuestro modo de ver integra a priori la categoría de cuestiones políticas no judiciales, frente a los hallazgos del juicio, toma otro cariz”.

“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, afirmaron los jueces.

Hotesur y Los Sauces

La “película completa” incluye un segundo capítulo que no fue juzgado en este juicio pero sí contemplado por los jueces: Fernández de Kirchner garantizó el beneficio de “las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.

“Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en referencia a las contrataciones realizadas en paralelo a la adjudicación de las licitaciones entre el empresario Báez y dos empresas privadas de la familia Kirchner: Hotesur (hoteles) y Los Sauces (inmobiliaria).

El “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” quedó “evidenciado”, dicen los jueces, “en la participación de la nombrada en el producto del delito a través de múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas (incluso en forma paralela y concomitante a la adjudicación de las obras licitadas y ejecutadas en perjuicio de la DNV)”.

Socios

Los jueces afirmaron que existió una “maniobra ilícita inicial” en la adjudicación de las 51 obras a Báez de manera irregular, garantizando el flujo de fondos “de manera discrecional” mediante un decreto de Fernández de Kirchner de 2009 y sin control en la ejecución de las obras. 

La “ultrafinalidad” de la entonces presidenta en esa “maniobra ilícita ilegal” era beneficiar primero a Báez y luego a sí misma, según los magistrados, “sin margen a segundas interpretaciones”. “Los beneficios indebidamente obtenidos por el empresario a raíz de la maniobra defraudatoria tenían como destino final, en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta”, en las que Fernández de Kirchner participaba “en forma personal, a través de sociedades en las que era accionista o a consecuencia de negocios heredados de su difunto esposo”.

“Este esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal, proyectó sus aciagos efectos sobre las contrataciones públicas realizadas en materia vial en la provincia de Santa Cruz, sobrepasando todo límite ético para constituir, lisa y llanamente, una infracción penal”, concluyeron en uno de los párrafos más duros entre las 1.616 páginas del fallo.

Los fundamentos completos

ED

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una “asociación ilícita” articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Estos son todos los pedidos de pena de la acusación

Con información de agencias.

IG

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

Hagan sus apuestas

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

El veredicto

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

“La verdad cuando se busca, aparece”. Es la única coincidencia entre la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Así lo destacó durante su alegato el penalista Carlos Alberto Beraldi, principal defensor de la expresidenta en el juicio oral y público por el caso Vialidad. Pero la definición de qué se acerca a la verdad y qué es literalmente mentira los divide por completo.

Fernández de Kirchner enfrenta un pedido de pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua por liderar una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación ilegal de 51 obras viales al empresario Lázaro Báez, exsocio comercial de los Kirchner.

La defensa sostiene que la fiscalía creó una “fantasía” en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentar que ese tipo de incidencia no era posible, Fernández de Kirchner y Beraldi describieron las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. 

La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez. Por ejemplo, dijeron Luciani y Mola, a la hora de garantizar el envío de fondos del Tesoro Nacional para enviar las obras que se adjudicaban al empresario amigo.

El rol de Fernández de Kirchner en la adjudicación de obra pública durante sus dos mandatos (2007-2015) y su alcance legal es uno de los puntos centrales del juicio. En ese marco, la supuesta reunión con Báez a finales de 2015 en medio del plan “Limpiar Todo” es otro de los principales contrapuntos entre la fiscalía y la defensa, y de los más resaltados por funcionarios y aliados de la vicepresidenta en medios de comunicación y redes sociales durante la semana última. “Los fiscales mintieron”, dijo la vicepresidenta. 

“Lázaro Báez” son las palabras menos pronunciadas por la vicepresidenta en público. Fernández de Kirchner evita nombrar al empresario que fue amigo de su esposo y socio comercial de sus empresas, como Hotesur, sociedad en la que la expresidenta tuvo el 45% de las acciones, según las actas de la propia compañía.

En su alegato Cristina Fernández de Kirchner no mencionó a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades). El abogado Carlos Beraldi sí lo hizo: sostuvo que la relación comercial se basó en alquileres de propiedades y hoteles y que eran negocios legales.

La fiscalía sostuvo que Fernández de Kirchner no podía desconocer los beneficios que su socio recibía de su gobierno y que la entonces presidenta firmó Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y decreto de designación de funcionarios que permitieron la continuidad del esquema que heredó del gobierno de Néstor Kirchner en 2007.

Pero, además, el fiscal Luciani hizo especial hincapié en un supuesto encuentro que rompía, para la fiscalía, la supuesta lejanía entre el empresario y la funcionaria: la reunión del 30 de noviembre de 2015 por la tarde, en Santa Cruz, en la que la entonces presidenta tomó decisiones sobre el “plan huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral. 

El “plan limpiar todo” o “plan huída” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal. “Limpiar todo”, fue la orden del secretario de Obras Públicas, José López, al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, tras una reunión con la Presidenta en Olivos, a finales de noviembre de 2015. La fuente que permitió a la fiscalía reconstruir estas reuniones y decisiones son los mensajes de texto y chats extraídos del teléfono de López; y un video que registró al avión presidencial, Tango 01, aterrizando en Río Gallegos el 29 de noviembre por la tarde.

La defensa sostuvo que la fiscalía mintió, que esa reunión entre CFK y Báez no existió y ofreció como prueba los registros en medios de comunicación que ubican a Fernández de Kirchner en un acto oficial en Bariloche, ese lunes 30 de noviembre por la tarde. No podía, entonces, estar en dos lugares al mismo tiempo. 

En base a información publicada por la Casa Rosada en 2015, por la propia Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter y por medios de Río Negro, y los mensajes del teléfono de López, elDiarioAR pudo establecer que existe una posibilidad fáctica de que Báez y la vicepresidenta se hayan reunido en esas fecha y que no es cierto que es imposible que así haya sido. También surge de un mensaje enviado por Báez a José López el 1° de diciembre a las 21.34 horas que el empresario y la entonces presidenta hubieran conversado, aunque no se hubiesen reunido físicamente.

Para cruzar la información, primero hay que tener en cuenta que en la extracción del contenido del teléfono de López, todos los mensajes y chats figuran con un huso horario distintos al que corresponde a los mensajes, debido a que el programa que extrae el contenido del celular no registra el material en el huso horario de Argentina, sino del Coordinated Universal Time (UTC)+0, equivalente a tres horas más tarde. Es decir que los mensajes registrados a las 15 horas, ocurrieron en realidad a las 12 horas de Argentina, según explicó el fiscal Luciani durante su alegato. En este artículo se transcriben los horarios reales de los mensajes.

El sábado 28 de noviembre, López escribió al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, mano derecha de Báez, que tenga listo la “nómina de empleados y liquidación final”. “Lunes (por el 30 de noviembre) a primera hora para (que) la Señora vea y tome decisiones”. Mendoza les respondió: “Mirá, nos encontramos en RG (Río Gallegos) el lunes mediodía y vemos”.

Ese domingo 29, López viajó por sus medios a Río Gallegos y se hospedó en la casa de su suegra, según le contó en un mensaje a Nelson Periotti, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, quien también debía viajar para estar en la capital de Santa Cruz en la misma fecha. Algo los congregaba en la provincia y según los mensajes gira en torno a Báez.

El Tango 01 aterrizó en Río Gallegos el domingo 29 por la tarde y quedó registrado en video porque el piloto realizó un vuelo rasante sobre el aeropuerto que despertó la curiosidad de quienes se encontraban en la pista y lo grabaron.

El lunes 30, Fernández de Kirchner aterrizó en el aeropuerto de Bariloche a las 17 horas, según el medio Bariloche Opina, y desde allí se trasladó por tierra unos 60 kilómetros hasta la localidad de Pilcaniyeu para encabezar el acto al que se refirió su defensa en el alegato: la inauguración de la producción de uranio enriquecido en una planta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), según publicó la Casa Rosada.

El mensaje que presupone que Fernández de Kirchner se reunió con Báez esa tarde fue enviado por Mendoza a López el mismo lunes 30 a las 12:35: “Llega la señora a la tarde y L se junta con ella”.

Para arribar a las 17 horas desde Río Gallegos (o El Calafate, porque no está claro dónde fue la reunión) a Bariloche, el Tango 01 requiere despegar de Santa Cruz alrededor de las 15. El avión presidencial viaja a menos de 900 kilómetros por hora y la distancia es de unos 1.500 kilómetros entre los dos puntos geográficos.

Antes del inicio del acto en Pilcaniyeu, Fernández de Kirchner mantuvo comunicación por videoconferencia con Santa Cruz, la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Pilar para otras tres inauguraciones virtuales.

El acto oficial comenzó alrededor de las 18.15, según un twitt de la funcionaria, y culminó pasados los 27 minutos, es decir, antes de las 19 horas. Luego, se trasladó en helicóptero hasta el centro que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, consignó Página/12. Ese medio también afirmó que la presidenta había estado en Santa Cruz el fin de semana.

¿Era imposible que se hubiera reunido con Báez ese día? Una posibilidad es que la reunión que niega la defensa y la propia vicepresidenta se podría haber concretado antes de las 15 horas del 30 de noviembre, cuando debió partir hacia Bariloche, ya que se encontraba efectivamente en Santa Cruz, como consignó Página/12 y el aterrizaje del Tango 01 en Río Gallegos.

No está claro dónde pasó la noche. si regresó a Santa Cruz o viajó desde Bariloche a Buenos Aires. Al día siguiente, el 1° de diciembre de 2015, la entonces presidenta estaba en la Casa Rosada al menos desde el mediodía. Almorzó con gobernadores del Frente para la Victoria en la sede de Gobierno y por la tarde se reunió con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, según los registros oficiales y de medios.

¿Qué otro indicio hay de que existió un encuentro con Báez? En los mensajes registrados en el teléfono de López,  Mendoza y López se refieren a Fernández de Kirchner como “la señora”. Por eso, la fiscalía sostiene que Báez hablaba de la presidenta cuando le envió a López dos mensajes el 1° de diciembre por la noche con esa misma referencia y en el contexto que aporta el resto de los mensajes previos y posteriores. 

Para ese 1° de diciembre por la noche, el encuentro, haya sido en Buenos Aires, en Bariloche o en Santa Cruz, o la conversación entre ambos, según Báez, ya había ocurrido. Aunque el empresario nunca menciona la palabra “reunión”. A las 21.32, el empresario escribió a López: “José atendeme un minuto Lázaro gracias (sic)”. Dos minutos después, Báez agregó: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora. gracias”. Austral Construcciones había activado el “plan de salida”, dijo la fiscalía.

ED

La defensa del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala pidió este viernes la absolución por inexistencia de delito en la denominada Causa Vialidad.

El abogado Lucio Simonetti le explicó presencialmente al tribunal los errores que, según su criterio, cometió la fiscalía al elaborar la acusación y pedir para Fatala la pena de cuatro años de prisión.

Simonetti señaló que su defendido no fue incluido en la acusación inicial que formuló el ex titular de Vialidad Nacional durante el Gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel, sino que fue añadido mucho después de que tramitara la causa a raíz de un dictamen de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques.

Pero, además, refutó la base de la imputación –formulada por el fiscal Sergio Mola- quien sostuvo que Fatala debió haber pedido informes de contralor sobre las obras que le eran adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez.

“No podía hacerlo, no tenía facultades para ello. Es como si una Sala de la Cámara de Casación le dijera a otra de igual jerarquía lo que tiene que hacer en un fallo. ¿Se imaginan una situación así? No podría pasar, porque no tienen la posibilidad ni la autoridad para hacerlo”, ejemplificó.

Además, Simonetti recordó que ninguno de los testigos que declaró a lo largo de los tres años de juicio incriminó a Fatala y que los fiscales Diego Luciani y Mola le formularon una imputación por no haber adoptado conductas que la propia ley le impedía adoptar.

En el mismo sentido, el defensor subrayó que Fatala fue uno de los varios subsecretarios de obras públicas que desempeñaron esas funciones entre 2003 y 2015 –todo el período investigado- pero es el único que fue investigado.

Simonetti aclaró que ninguno debió haber sido investigado: ni Fatala, ni los otros ex funcionarios.

Menos aún, el abogado se quejó porque a Fatala se le imputan hechos que ocurrieron en 2007, cuando ni siquiera era funcionario del Gobierno.

En ese sentido, también refutó las acusaciones fiscales sobre que era “un hombre de confianza de Néstor Kirchner”.

Simonetti reseñó que llegó a la función pública desde otro espacio político y que no formó parte de la administración provincial en Santa Cruz, que –según los fiscales- fue trasladada a la esfera nacional cuando Kirchner accedió al Gobierno en 2003.

El juicio continuará el lunes próximo, desde las ocho de la mañana, con el inicio del alegato de la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Alberto Beraldi.

Con información de NA.

IG

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investiga el blanqueo de un fideicomiso en las Islas Caimán realizado por el empresario Nicolás Caputo, mejor amigo y socio del expresidente Mauricio Macri, según pudo determinar el equipo argentino del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra elDiarioAR junto a La Nación. 

En esta segunda etapa de la filtración Pandora Papers, ICIJ accedió a una nueva tanda de documentos de estudios radicados en paraísos fiscales, que permitieron establecer que Caputo abrió en 2015 una cuenta bancaria en Suiza a nombre de una estructura offshore para depositar dinero no declarado, que luego blanqueó durante el sinceramiento fiscal impulsado por el exmandatario de Cambiemos. 

Ante la consulta del equipo argentino, una fuente del entorno de Caputo explicó que el empresario tributa por esta cuenta bancaria desde 2016 pero aclaró que está siendo objeto de una fiscalización de la AFIP.

Caputo aparece en la Pandora Papers relacionado con tres estructuras offshore: una sociedad panameña creada en 2009 para adquirir un departamento en Miami (Nicky Worldwide Corporation, declarada desde el inicio y hoy en manos de su hermano José Antonio); un fideicomiso (The Newman Trust) en Islas Caimán y una segunda sociedad (Newman Ltd) en ese mismo paraíso fiscal del Caribe. A través de estas dos últimas, bautizadas en homenaje al Instituto Cardenal Newman, controla la cuenta bancaria en Suiza. Caputo y Macri se conocieron en ese colegio.

La cuenta bancaria fue abierta en 2015 en el Julius Baer de Zurich, Suiza. Macri también tuvo una cuenta en el Julius Baer con más de $18 millones en la sucursal de Islas Bahamas y los repatrió en mayo de 2016. El banco quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos por su rol en el FIFA Gate. En diciembre de 2019, tras el cierre de la entidad, Caputo mudó sus activos al Pictet & Cie SA Banque, en Ginebra.

Fiscalización

En agosto de 2021, y tras recibir información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Dirección Microcentro de AFIP inició un proceso de fiscalización a Caputo.

La ley de sinceramiento fiscal impulsada por Macri en mayo de 2016 y luego sancionada por el Congreso, había permitido declarar este tipo de fideicomisos a un valor simbólico de $1. Por esa razón, la AFIP inició recientemente la fiscalización para conocer los activos totales de las estructuras armadas por argentinos en el exterior, entre ellos, Caputo, informó la fuente de su entorno ante la consulta del equipo argentino de ICIJ.

“La AFIP detectó una situación potencialmente anómala”, afirmó la fuente, porque los activos de The Newman Trust habían sido declarados en $1.

Caputo, quien divide sus días entre Buenos Aires y Estados Unidos y recientemente se ubicó del lado de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio, puso a disposición de los inspectores de la AFIP los balances, resúmenes bancarios y documentos que acreditarían que el único activo del fideicomiso radicado en Caimán es la cuenta bancaria que abrió en 2015 en Suiza y que declaró en 2016 durante el blanqueo y por la que el empresario ya tributa, agregó la fuente cercana a Caputo. 

Como parte de otra filtración, Paradise Papers, en 2017, el equipo argentino de ICIJ reveló que el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, primo de Nicolás, había ocultad al asumir como secretario de Finanzas en 2015 que tenía acciones en dos compañías en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

En 2018, el equipo argentino reveló durante la segunda entrega de Panamá Papers que Gianfranco Macri, empresario y hermano del entonces presidente, había declarado ante la AFIP que él era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation durante el blanqueo promovido por Macri y exteriorizó más $63,5 millones negros que mantenía en una cuenta en el extranjero a nombre de esa firma.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Un hogar de clase media baja, con ingresos de, por ejemplo, unos $ 150.000 acechados por la inflación, probablemente supo esta semana que un fiscal pidió una pena de prisión para la vicepresidenta por negocios con un contratista amigo de su esposo, que los empresarios del entorno de Mauricio Macri eran los que mantenían contacto más fluido con los funcionarios emblemáticos de la corrupción, que un diputado pidió la pena de muerte para Cristina, que los principales medios informaron que Alberto Fernández amenazó al fiscal acusador y que Horacio Rodríguez Larreta aprueba o veta congregaciones en Recoleta de acuerdo a la cara y la ideología del manifestante, y da pasos en falso que lo dejan expuesto. La secuencia comenzó temprano el lunes y continuaba a la medianoche del sábado.

El trabajador o la trabajadora de ese hogar puede creer más o menos lo que lee y escucha, le puede interesar más o menos la calidad de la democracia, pero tiene preocupaciones más urgentes a la vez que persistentes. Hace al menos una década que él o ella, sus padres y su barrio reman con ingresos deteriorados sin perspectiva de mejora, y no logran resolver temas cruciales para la vida como el acceso a la vivienda, escuelas públicas para que los pibes reduzcan la brecha con las elites, o medios de transporte y servicios públicos eficientes.

La memoria de hogares humildes indica que el último Gobierno de Cristina (2011-2015) tuvo más proclamas épicas que logros concretos en términos de ingresos, si no retrocesos. El período que siguió, el de Macri (2015-2019), que prometía razonabilidad para superar lo que identificaba como desvarío populista, abrazó el desvarío de la deuda externa. Resultado: aumento del trabajo precario, caída de 17 puntos en la capacidad adquisitiva de los salarios y resquebrajamiento social. Escenario propicio para que llegara una pandemia, una guerra de impacto global y un Gobierno con pulsión irrefrenable para tropezarse con sus propios pasos.

Mientras los debates se repiten en loop con un elenco con poca rotación, una voz disonante aparece hace un tiempo en el prime time de la tele y en las redes. Javier Milei promete incendiar todo e identifica a un enemigo que lastra a los individuos, sobre todo los blancos, que habitan el país: la casta. En una proclama alocada, el economista rockero defiende la venta de bebés y órganos humanos. Salvajadas, claro, pero que no terminan de causar estruendo un ambiente aturdidor, y que pueden ser dispensadas por un ciudadano que se siente un poco harto de todo.

Algo de eso registraron en agosto al menos dos consultoras mediante encuestas que todavía no son públicas. La intención de voto al candidato de ultraderecha demuestra una resiliencia que parecía amenazada por la crueldad mercantilista disparada por su boca. Son indicios que surgen de sondeos que, como se sabe, pueden fallar, pero aun en el registro de un estado de ánimo potencialmente cambiante o superficial, la hipótesis de Milei como postulante competitivo para 2023 podría durar más que un suspiro.

La semana en la que la desmesura alcanzó su cúspide merece ser revisada:

Lunes

El fiscal Diego Luciani termina la novena jornada de su alegato con un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner. “Crimen de extrema gravedad”, “mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, “defraudó las expectativas de los ciudadanos que la votaron”, “éste es el momento: corrupción o justicia”. Aduce estar plantado sobre “toneladas”, no de piedras, sino de pruebas.

Luciani creyó tener todo para sospechar que “Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner”. Fueron doce años de relación contratista-gobernante de explicación difícil, si no imposible. El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el exmarido de Karina Jelinek que revelara que la fortuna malhabida de Báez era en realidad de la familia Kirchner, o, en su reemplazo, alguna pista real de un soborno. En cambio, a Luciani le sobraron algunas cosas cosas: autoelogios, decibeles y un par de partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri.

El fiscal lo tuvo todo, menos lo fundamental: un documento, un testimonio, una clave bancaria, un Panamá Papers, un arrepentido con menos pinta de farsante que el marido de Jelinek que revelara que la fortuna de Báez era, en realidad, de los Kirchner

Martes

Presentación de hora y media de Cristina en Youtube, no tanto para ejercer su derecho de defensa, sino para señalar que las coimas a José López y Ricardo Jaime, funcionarios encargados de presupuestos multimillonarios durante su Gobierno, fueron pagadas por familiares, socios y amigos de Macri. La vicepresidenta denuncia (prueba) que los jueces que visitaban Olivos, la Casa Rosada y la quinta de Los Abrojos no tienen ninguna intención de investigar al jefe de la oposición. El ataque encuentra un blanco, pero se desentiende del aspecto autoincriminatorio que significa que los supuestamente coimeados fueran designados y sostenidos por Néstor Kirchner y ella misma. Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato mientras Cristina hablaba en su despacho en el Senado, que a los presidentes santacruceños se les escapó la tortuga. Hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números.

Acotaría Diego Maradona, cuya mirada observaba desde un portarretrato a Cristina mientras hablaba en su despacho en el Senado, que a los Kirchner se les escapó la tortuga, hipótesis benévola para una pareja tan obsesiva con los números

Miércoles

Como si le faltaran elementos para probar la relación promiscua de muchos integrantes de Comodoro Py con el elenco macrista, Cristina cree oportuno sacar a relucir un aviso fúnebre de 2021 por la muerte de Manuel de Abelleyra, hermano de la esposa de Luciani, firmado por Fabián Rodríguez Simón. “Todo sigue haciendo juego con todo”, razona falazmente la vicepresidenta. Lo único que prueba ese aviso es que el operador judicial de Macri era amigo de Abelleyra y que le expresó condolencias, “con cariño, a Ana y los chicos”. Cabe preguntarse cómo se habrán sentido Ana, los chicos y los familiares mayores del fallecido al ver el nombre de su ser querido expuesto como un argumento político fallido, salvo que todos deban hacerse cargo de las relaciones sociales de su cuñado.

Un hombre probo aunque un poco vengativo con el exmarido de su actual pareja al punto de planear plantarle droga para sacarlo de la cancha, como el fiscal Carlos Stornelli, venía insinuando que el Gobierno de Alberto Fernández podía mandar a matar a Luciani como le había ocurrido a Alberto Nisman en enero de 2015. Los mismos medios que desde hace siete años tratan de reivindicar, con severísimas dificultades, la figura de Nisman y de transformar su aparente suicidio en un asesinato multiplicaron esa sospecha, que se transforma en una pregunta directa al presidente en una entrevista en el canal TN. Éste explica con gestos y palabras que le parece un disparate, alude a lo que está expresado en los peritajes del cuerpo médico forense de la Corte Suprema y la Policía Federal (luego contradichos por la Gendarmería de Patricia Bullrich) en cuanto a que los indicios apuntan a una muerte sin intervención de terceros, y reflexiona que espera que Luciani no se suicide. Una de más, una de menos, la nada misma en un intento por responder con lógica una pregunta intoxicada.

Jueves 

La prensa que usa a Nisman se excita y lee en la respuesta de Fernández en “A 2 Voces” una amenaza de muerte. Ese periodismo se vuelve a poner en la árida tarea de elucubrar hipótesis sobre el asesinato en un departamento y baño cerrados, sin indicios de violencia ni rastros de terceros.  

Volcada a una deriva halconista definitiva, la bancada de diputados de Juntos por el Cambio pide juicio político a Alberto Fernández por su “amenaza” a Luciani. Firman todos menos Facundo Manes, quien se desmarca para “no banalizar el funcionamiento institucional”. Acto seguido, como buena paloma de la coalición conservadora, el neurocirujano se ve forzado a sobreactuar y denuncia su indignación por las “declaraciones mafiosas” de Fernández. Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa, lo lógico sería adherir al juicio político.

El procurador interino Eduardo Casal envía una carta a Fernández en la que reclama por “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones… que afecta el principio republicano de división de poderes”.

Manes se pone en un brete, porque si realmente cree que el Presidente incurrió en una amenaza mafiosa para terminar con la vida de un fiscal, lo lógico sería adherir al juicio político.

Rara preocupación de Casal. Está sentado en la silla de la Procuración General gracias al acoso y derribo de su predecesora, Alejandra Gils Carbó, quien, a diferencia de él, había sido designada con aprobación del Senado. La ofensiva del macrismo contra Gils Carbó incluyó el siguiente diálogo entre Rodríguez Simón y el fiscal del fuero de Seguridad Social Gabriel de Vedia, en octubre de 2017.

–¿No se puede acabar la persecución?

–Mirá, si vos me traes la renuncia, la persecución obvio que se acaba.

–Pero ella no va a renunciar.

–Y bueno, meteremos presas a las hijas, y a ella. Va por el orden que digo primero.

Luego de ese diálogo edificante en un despacho de Casa Rosada, Gils Carbó dejó el puesto y asumió, interinamente, Casal.

Viernes

De visita en Córdoba, Mauricio Macri eludió la desmesura y prefirió la ironía. “Hoy me decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella”, dijo en una de las entrevistas de su gira cordobesa. Es cierto, el hombre que arrojó bolsos con US$ 9 millones en un convento fue secretario de Obras Públicas de Néstor y Cristina, aunque los chats dieran cuenta de mayor familiaridad con los empresarios del entorno de Macri que con la expresidenta o con el propio Báez.

Macri se deja entrevistar con la tranquilidad que le brindan dos certezas:.no recibirá repreguntas y los jueces visitadores de Comodoro Py no lo investigarán por las graves sospechas sobre negocios con parques eólicos, el soterramiento del Sarmiento, los peajes y el Paseo del Bajo generados por medidas de su Gobierno con sus propias empresas o exempresas, o las de sus socios, como beneficiarios. El líder opositor también navegará sin despeinarse por las causas originadas en el espionaje sistemático ejercido durante los Gobiernos del PRO en CABA, provincia de Buenos Aires y Nación contra enemigos, rivales, aliados y familiares molestos.

Sábado

Las inmediaciones del departamento de Cristina en Uruguay y Juncal, en Recoleta, amanecen valladas, tras una semana de vigilia de los partidarios de la vicepresidenta, que habían dejado el lugar por la tormenta nocturna y ante la perspectiva de actos en plazas de la Ciudad y el conurbano, por la tarde. La torpeza del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se transforma en un llamado a los cristinistas para volver a manifestarse ante lo que se percibe abusivo. Avanza el día con gases lacrimógenos y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes, en una repetición de lo que había ocurrido el lunes por la noche, cuando los jóvenes kirchneristas abrumaron con su número a la enésima manifestación de vecinas atildadas que suelen congregarse en esa misma esquina para insultar y amenazar a la “yegua montonera”.

A los “vecinos” anti-K que asedian esa esquina o la del Instituto Patria, la Policía de la Ciudad les regala palmaditas en el hombro. A los alienígenas, palos.

Larreta pretende presidir la Nación argentina e invierte fortunas publicitarias en ello, pero se tienta con actuar como intendente de Recoleta. Cristina le cobró esa tendencia anoche, pero más caro pagará Larreta ante Patricia Bullrich en la interna opositora el haberse puesto en situación de tener que recular.

Mientras tanto, el Liverpool de Luciani, Rodrigo Giménez Uriburu y Mariano Llorens pidió fecha libre este fin de semana.

¿Y el lanzallamas?

Andrés “Cuervo” Larroque guardó el lanzallamas (término acuñado por la periodista María Cafferata en Página 12) que utilizaba contra Martín Guzmán y dio paso a un estilo lacónico en Twitter para narrar la semana. “Con Cristina no se jode”, “Y esto recién empieza”, “Cuando digas y donde digas”, “Cristina contra el poder, en el medio no hay nada”. Esas microfrases y un par de entrevistas sin revisión del pasado reciente no eximen a Larroque, ni a Máximo Kirchner ni a Cristina de la pregunta de por qué creían, dos meses atrás, que el intento de Guzmán de reducir los subsidios para ricos y contener transferencias a provincias era vendepatria, y los recortes anunciados esta semana por Sergio Massa en obras públicas, jardines de infantes y compras de medicamentos forman parte de la nueva épica “refundacional”.

El cristinismo se entusiasma con el movimiento de bases que copó calles y plazas esta semana. Una y otra vez, se demuestra que no hay otro dirigente político que cuente con tal intensidad de adhesión como Cristina. Ese factor contiene una dosis de imprevisibilidad que resultó fundamental para revertir las múltiples oportunidades en que rivales y columnistas de diarios anunciaron el fin del kirchnerismo en los últimos quince años. Habrá que ver en esta ocasión si el resurgir cristinista excede a sus adherentes, que muestran ganas de ir por más, o si es la expresión de un núcleo que se desconectó de las preocupaciones más acuciantes de la mayoría. Por lo pronto, lo que parece fuera de duda es que no hay 2023 para el peronismo sin conducción o auspicio nítido de la líder.  

La principal oposición dirime cómo barajar su entusiasmo ante encuestas que marcan una amplia brecha sobre cualquier alquimia peronista y la hipótesis de una condena por corrupción contra Cristina que recorrerá zócalos, hashtags y portales durante meses. Eso sí, sus dirigentes pueden medir mal los efectos de una sentencia por el estilo. Los sondeos y los resultados de 2021 dan cuenta de que no se trata tanto de una recuperación de una mayoría para la coalición conservadora sino de una debacle del peronismo. Los votos aparentemente perdidos por el Frente de Todos buscan un destino, pero nadie debería descartar la opción de que vuelvan a estructurarse si el crecimiento del PBI se combina con la recuperación del ingreso real, baja de la inflación y la mística cristinista. Poco probable, no imposible.

La citada fortaleza aparente de Milei en un contexto de agobio económico para muchos combina con la incertidumbre que afecta a los dos principales bloques: en el Frente de Todos, por la desorientación programática y la defección en la conducción del Gobierno, y en Juntos por el Cambio, por la disputa irresuelta por el liderazgo que dejó fluir, días atrás, acusaciones por narcotráfico y corrupción.

La presunción de que existe una farsa en la cima —el postulado con el que engaña Milei al autoexcluirse— encuentra eco en una sospecha potente: Cristina fue jefa de funcionarios que cobraron coimas y Macri fue jefe o socio de empresarios que las pagaron. Así las cosas, el economista gritón, self made man del vale todo, figurita preferida de las producciones televisivas, seductor del alma libertaria de los Cristiano Ratazzi de la vida, libertario contra las amarras que impone lo que él dibuja como casta, está llamado a su juego preferido.  

SL

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este jueves un documento del FBI que revelaría que parte del dinero que tenía en su poder el exsecretario de Obras Públicas José López cuando fue detenido fueron enviados al banco Finansur, propiedad de Jorge Sánchez Córdova, un dirigente ligado al macrismo.

“Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como ”los bolsos de López“, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?”, se pregunta la vicepresidenta en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

En una nota enviada en 2018 por Miguel Ángel Osorio, director regional del FBI, se responde a un requerimiento de información solicitado por la Justicia Argentina a través de la Oficina del Agregado Jurídico de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

En ese informe se detalla que uno de los paquetes sellados de dólares se encontró un orden secuencial de billetes de US$ 100.

La cantidad de ese paquete contenía US$ 3,2 millones y habían sido remitidos desde Estados Unidos a través de un servicio puerta a puerta efectuado por la empresa Briks Global Service al Banco Finansur, Banknotes.

“¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de (Daniel) Angelici”, subraya Cristina Fernández de Kirchner.

Y agrega: “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López”.

“Ya transcurrieron casi cuatro años y medio sin que ello se investigue. Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”, remarcó la exmandataria.

Con información de agencias.

IG

Con una lectura parcializada de los testimonios del juicio de Vialidad y de los mensajes de texto del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó expuesto este martes que uno de sus principales exfuncionarios mantenía estrechos vínculos con empresarios amigos de Mauricio Macri y les achacó el presunto pago de sobornos durante su propio gobierno.

Durante una transmisión por redes sociales que denominó “derecho de defensa”, la expresidenta le respondió a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, tras el pedido para que sea condenada a doce años de prisión en el juicio oral y público en el que se la acusa de haber sido la jefa de una asociación ilícita para defraudar al Estado a través del desvío de fondos al empresario Lázaro Báez, exsocio de su familia. La fiscalía también pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 dicte un veredicto a finales de este año.  

A lo largo de su exposición, que sólo en la plataforma YouTube superó en doce horas las 242.000 vistas, Fernández de Kirchner remarcó en reiteradas oportunidades que quieren condenarla como jefa de una asociación ilícita pero que el que “se sentaba a comer con los empresarios de la construcción” era López; obvió referirse a los mensajes que expusieron la supuesta participación de su hijo, Máximo Kirchner, en la adjudicación de obras a Lázaro Báez; de su propia relación comercial con el dueño de Austral Construcciones; de las irregularidades detectadas en los expedientes de las licitaciones; de los testigos del juicio que contradijeron la versión de las defensas.

Sí mostró mensajes de texto del exfuncionario López que son parte de la prueba del supuesto pago de coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento durante su última presidencia. Esos mensajes extraídos del teléfono celular del ex secretario de Obras Públicas forman parte de la investigación a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien debe definir la situación procesal de los exfuncionarios y de los empresarios y ejecutivos acusados por Picardi.

Habló de López como si se tratara de un funcionario de otra administración y dijo que se  sentía “una boluda”, tras leer los mensajes que su secretario de Obras Públicas intercambiaba con empresarios como Nicolás Caputo, el “hermano del alma” de Macri.

Tras revelar los numerosos mensajes de texto que intercambiaron Caputo y López entre finales de 2013 y agosto de 2015, la vicepresidenta dijo que “el problema son los criterios de Luciani y Mola”. “No creo que la amistad sea un pecado pero el que lo considera un delito es el fiscal Luciani”, dijo en referencia a las reiteradas menciones a la amistad de Báez con Néstor Kirchner. 

En los mensajes, “este trato de familiaridad (con López) lo van a ver con dos empresarios: con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez”, del Grupo Farallón, y por quien Caputo intervino ante López para que ejecuten pagos atrasados en obras para Nación.

Esa “familiaridad” incluyó saludos por Navidad, Año Nuevo, Pascuas, Día del Amigo, envío de abrazos y reuniones personales y familiares. Además, López y Caputo buscaban siempre la forma de que no queden registros de lo que hablaban y Fernández de Kirchner dijo que López “cuidaba” a Caputo. 

Además, resaltó que “al momento de revolear los bolsos” en el convento de General Rodríguez, López vivía en una casa de “ese señor”, en referencia a Gutiérrez.

“No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos”, dijo Fernández de Kirchner. “Ahí no hubo asociación ilícita”, dijo irónicamente y visiblemente molesta, y dijo que ningún fiscal quiso investigar de dónde venía el dinero que tenía López cuando quedó detenido.

En una serie de mensajes de octubre de 2014, según Fernández de Kirchner, Caputo dio apoyo a la intención de López de ser gobernador o diputado por Tucumán. “Yo me opuse” a que López sea candidato, aseguró la expresidenta. No explicó por qué sí lo mantuvo como secretario de Obras Públicas durante sus dos gestiones. Las denuncias e investigaciones periodísticas por enriquecimiento ilícito de López comenzaron cuando CFK estaba en la Presidencia.

La última comunicación entre Caputo y López fue a mediados de agosto de 2015, en medio de las elecciones primarias en las que ganó Macri.

Soterramiento

El 18 de diciembre de 2013 por la noche, López se comunicó con Caputo desde San Pablo, Brasil, y le pidió hablar. De acuerdo con los mensajes, se supone que hablaron después de las 22:38. Unos 45 minutos más tarde, Lopez recibió un mensaje de su jefe de gabinete, Amilcar Freder. Fernández de Kirchner no mostró los registros de llamadas por lo que no queda claro si López llamó a su subalterno después de hablar con Caputo. López y Fredes hablaron sobre la obra del soterramiento, bajo investigación desde hace siete años por presunto pago de coimas:

-El certificado del soterramiento se paga mañana con clearing 24 horas-, dijo Amilcar Fredes a López.

A la mañana siguiente, López ordenó a su subalterno “parar” el pago programado a las constructoras a cargo del soterramiento.

La obra del soterramiento, que se adjudicó en 2008 pero nunca se completó, estaba a cargo del consorcio empresario integrado por Odebrecht, Ghella, Comsa y Iecsa, de Angelo Calcaterra, otro empresario de estrecho vínculo con Mauricio Macri: es su primo. Ganaron la obra porque Odebrecht garantizaba financiamiento privado con fondos del Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, crédito que nunca llegó. 

“Iecsa era Macri y no sé si sigue siendo Macri”, dijo Fernández de Kirchner, descreyendo de que el empresario Marcelo Mindlin haya comprado realmente la compañía, como se anunció en 2017. “El padre -por Franco Macri- se la pasó al sobrino -por Calcaterra- porque el hijo -Mauricio Macri- iba a ser presidente”. La supuesta compra-venta entre Franco Macri y Calcaterra había sido en 2007, en el contexto de la asunción de Macri como jefe de Gobierno porteño.

No tengo dudas de que esos US$9 millones (que López tenía en los bolsos que le encontraron en 2016) se los dieron ellos.

El 19 de diciembre de 2013, poco antes de las 14 hs, Fredes alertó a López: “José, están bombardeando a llamados los brasileños”, “pues ya vieron que el expediente volvió a la Unidad” (de Ejecución del Soterramiento).

-Diganle que hablen con el Corcho Rodríguez-, respondió el secretario de Obras Públicas. Dos minutos después se arrepintió:

- No mejor, que hablen con Rodney y Flavio, que no se hagan los bolu. Retiro lo del Corcho-, aclaró López a su subordinado.

Tres horas más tarde, Caputo escribió a López: 

-Hola José. No piensa por ahora volver a salir. Igual cuando vuelvan, vale la pena hacer un párrafo, y te comento su manera de pensar y lo que me dijo -no identifica a quién se refiere-. Abrazo y buen viaje. 

-Ok. Te aviso-, le respondió López.

En síntesis, según los mensajes, López estableció un contacto con Caputo desde Brasil. Inmediatamente después, averiguó si iba a haber un pago por el soterramiento, lo confirmó y horas más tarde ordenó frenar el pago a la brasileña Odebrecht y sus socias por esa obra. Cuando los brasileños se quejaron, los mandó a “hablar” con el Corcho Rodríguez, pero cambió de parecer y les mandó a decir que hablen con sus jefes, Flavio Farias y Rodney Carvalho y que no se hagan “los boludos”. 

Farías y Carvalho estaban entonces a cargo de Odebrecht en Argentina y son señalados como quienes ejecutaban los pagos de coimas a los funcionarios del gobierno de Fernández de Kirchner para cobrar los certificados de obra, según declararon sus jefes ante la Justicia brasileña en 2016.

Fernández de Kirchner saltó en su exposición todo el capítulo del Lava Jato argentino, que según los brasileños arrepentidos ocurrió entre 2006 y 2014, cuando pagaron sobornos por unos US$35 millones para operar en el país. 

La vicepresidente pasó directamente a 2016, cuando el gobierno de Macri decretó que el Estado nacional financiara la obra del soterramiento a cargo de la empresa de su primo, Odebrecht y las otras dos socias, con una ampliación del presupuesto por $45.000 millones. La obra, igualmente, no se terminó. 

Testigos de la fiscalía

“Todos los testimonios propuestos por los fiscales Luciani y Mola colapsaron”, dijo Fernández de Kirchner este martes en su exposición. Según la vicepresidenta, hubo testigos citados por la fiscalía que desmintieron la hipótesis de la acusación. 

La fiscalía que entre 2003 y 2015, los Kirchner lideraron una organización dentro de la Administración pública pensada para desviar miles de millones de pesos a las empresas de Báez, a través de licitaciones “armadas” para adjudicarle 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, que fueron en gran medida abandonadas o realizadas en forma parcial.

Fernández de Kirchner citó a cuatro testigos de la fiscalía. En el caso de una abogada jefa de Legales del distrito de Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, contó que tras la asunción de Macri, en 2016, la funcionaria recibió al flamante director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y que fue “intimidada” y “se vio obligada a firmar un documento en el que decía que a las empresas de Lázaro Báez ya se les había pagado todo y no se les debía nada”, para demostrar que el Estado no estaba en mora con el Grupo Báez. Luego, Iguacel denunció la supuesta maniobra que ahora está en juicio.

Otros dos testigos, también funcionarios de Vialidad Nacional en la delegación de Santa Cruz, dijeron que “todas las obras del país” presentaban “atrasos, postergaciones, prórrogas”, como las de Báez. Leandro Martín García, interventor de Vialidad Nacional en Santa Cruz, nombrado por Iguacel, también fue citado por la vicepresidenta en su exposición. 

Fernández de Kirchner recordó que ante el tribunal, García dijo: “No encontré ninguna situación anómala”, al menos “no diferente a otros distritos” y que “las demoras en las obras son habituales”. En el caso de Báez, los fiscales afirmaron que hubo demoras que alcanzaron los diez años.

La expresidenta no hizo referencia a otros empleados de Vialidad, quienes, según los fiscales, admitieron presiones para evitar controlar las obras de Báez, fueron removidos de sus cargos por intentar investigar al empresario o por negarse a firmar informes que avalaban el avance de sus obras.

ED

El fiscal Diego Luciani solicitó este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a doce años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y que se le decomisen sus bienes por haber sido jefa de una asociación ilícita organizada para favorecer al empresario Lázaro Báez y como autora de defraudación a la Administración pública en miles de millones de pesos desviados a las compañías del exsocio de su familia.

“Fue la maniobra más grande de corrupción en la historia del país”, dijo el fiscal, y sostuvo que la expresidenta “defraudó las expectativas de los ciudadanos cuando la votaron”, que tuvo “poder de dirección respecto al resto de los imputados” y que la motivó buscar el  “lucro individual”. 

Luciani sostuvo que Fernández de Kirchner evidenció un “desprecio hacia la ciudadanía, en general, y de Santa Cruz, en particular, que vieron dilatada la ejecución de rutas que necesitaban durante años e incluso de obras que fueron abandonadas”. También le adjudicó el “desprecio hacia los empleados de las empresas Austral (Construcciones) y Kank (& Costilla) que de un día para otro se vieron sin trabajo en pos de ocultar la maniobra”. 

Entre los agravantes que tuvo en cuenta para solicitar penas para Fernández de Kirchner y otros imputados, Luciani mencionó la “magnitud” de los hechos investigados; “su poder de dirección”, en el caso de la vicepresidenta; la “extensión del daño”; y el “lucro personal”.

Luciani le dijo a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini que la “pretensión” de Fernández de Kirchner de ser “juzgada por la Historia” es “una falacia”. “A los funcionarios públicos los juzga el poder Judicial”, dijo el fiscal, en abierta referencia a la declaración indagatoria de la vicepresidenta ante el tribunal en 2019. El fiscal instó a los jueces a que el juicio se convierta en “un antes y un después” en materia de corrupción en la Administración pública. “La sociedad está harta de la corrupción” y “reclama justicia”, aseguró al dirigirse al tribunal. “Es corrupción o justicia, y ustedes tienen la decisión”.

También le reprochó al presidente Alberto Fernández haberse “hecho el desentendido” y haber realizado una “defensa pueril” de su compañera de fórmula durante su declaración testimonial en el juicio sobre cuestiones que había afirmado en entrevistas periodísticas mientras estaba enfrentado políticamente a la expresidenta. Además, resaltó que durante el actual gobierno, dos organismos de control, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaron como querellantes en el juicio habrían incumplido con esa función.

Más penas 

La fiscalía también solicitó al Tribunal Oral Federal número 2 que condene al empresario Lázaro Báez a doce años de prisión; al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, a diez años; al ex secretario de Obras Públicas, José López, a una pena de diez años; y al ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, a diez años de prisión como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Pidió, además, que se le decomisen bienes y que se los habilite de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

Luciani dijo que la imputación contra el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, no se condice con el delito de defraudación, pero que su conducta sí implicó un abuso de autoridad, por lo que pidió que el exfuncionario sea condenado como autor del delito de incumplimiento de sus deberes. Luciani solicitó dos años de prisión en suspenso, ya que es una pena excarcelable. Carlos Kirchner fue responsable de no controlar desde su función, en la cual se mantuvo durante años por decretos firmados por Fernández de Kirchner, dijo el fiscal.

La fiscalía pidió cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitó penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro (tres años en suspenso).

Luciani solicitó a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso decomisos por casi US$1.000 millones, incluyendo todos los bienes de Báez, sus hijos y sus empresas, incluyendo las numerosas estancias adquiridas por la familia en Santa Cruz.

Denuncias

Durante el petitorio final, Luciani solicitó que se investigue a varios exfuncionarios y particulares por la posible comisión de ilícitos en torno a las obras adjudicadas al empresario Lázaro Báez, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner. También denunció a las empresas “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez. 

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida.

Decomisos

La fiscalía solicitó decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados en el juicio y Luciani pidió que los bienes decomisados sean destinados a fines sociales.

La cifra incluye la suma de todo lo derogado por el Tesoro Nacional en obras abandonadas, en redeterminaciones de precios mal otorgadas, en la remediaciones de canteras y en el producto de la cartelización de 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015. 

“Vamos a solicitar que se actualice este monto”, dijo Luciani poco antes de pedir las penas.

Mola afirmó que se trata de un cálculo parcial, pero que fue la cifra a la que la fiscalía pudo llegar en base a los datos oficiales. “El perjuicio -dijo- no resulta menor a $5.321.049.272,47, equivalente a US$926.166.134”.

Mola fue el encargado de resumir este lunes las pruebas de supuesto perjuicio por parte de los imputados y contra el Estado nacional. “Miles y miles de millones de pesos tirados a la basura”, dijo en referencia a los montos pagados a Báez por obras que quedaron abandonadas, rutas pavimentadas por tramos “que no sirven para nada”. Habló de “lapidación de lo invertido por el paso del tiempo y el abandono producto de la administración infiel de los imputados”.

La maniobra, según los fiscales, implicó sobreprecios: la cartelización permitió que el Estado debiera pagar a Báez montos muy por encima de los presupuestos oficiales de las obras, ya que “no existía competencia real” entre las constructoras. 

Sólo por este último punto, el perjuicio fue calculado en más de US$539 millones, unos $3.571.577.180,69 “y nos quedamo cortos, señores jueces”, dijo Mola, debido a que la fiscalía considera que es un cálculo acotado, sólo en base a 17 expedientes de las 51 obras investigadas en los que detectaron que las constructoras del empresarios sólo ejecutaron parte del contrato (entre 24% y 78%). 

En cuanto al perjuicio por modificaciones obra y redeterminación de precios, “la ley especialmente establecía que los precios se podían actualizar siempre y cuando se estuviera cumpliendo en término con la ejecución de los contratos, situación que hemos visto que no se ha cumplido en ninguno de los casos”, explicó Mola. 

El Estado ni siquiera dejó registrado lo que pagó por todas las obras investigadas, ya que faltan registros en el Sistema Integral de Gestión de Obras (SIGO), que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad, dijo Mola.

“Báez prestó sus empresas para que la maniobra sea realizada”, “manejaba sus propios expedientes”, “para Báez se dictaron las resoluciones para disminuir los controles” y que se le permitiera incumplir los plazos y pautas del contrato y de las normas de licitación pública.

“Todas las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”, había asegurado el fiscal Luciani en una de las primeras audiencias del alegato. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, agregó entonces Luciani, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos “los jefes de Estado”, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

ED

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitarán este lunes penas de cárcel y posibles decomisos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una supuesta asociación ilícita organizada para defraudar al Estado Nacional entre 2003 y 2015, según adelantaron durante la audiencia del viernes en el juicio oral y público. Durante el petitorio final de su alegato, también solicitarán penas y decomisos para los otros imputados y denunciarán a empresarios que aún no habían sido investigados como presuntos partícipes de la maniobra. 

Además, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta y quien no ha sido acusado en la causa Vialidad, fue señalado por los fiscales por haber dado supuestas órdenes y haber tomado decisiones que podrían ubicarlo como presunto partícipe de la organización delictiva. Esto podría abrir un nuevo capítulo judicial para él si los fiscales consideran que hay indicios suficientes para solicitar que se lo investigue. Durante el alegato, también hicieron hincapié en presuntos beneficios que el empresario Lázaro Báez habría recibido de autoridades del Banco Nación, como el expresidente de la entidad Juan Carlos Fábrega, sobre quien Luciani dijo que “se comportaba como (si fuera) contador” del exsocio de los Kirchner “a costas del erario” público.

Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada”.

El delito de asociación ilícita tiene una pena máxima de diez años de prisión y la figura de “jefa” implica agravantes que acercan a ese máximo impuesto por la ley. Las penas por el delito de defraudación a la Administración pública pueden alcanzar los seis años de prisión.

Al finalizar el alegato de la fiscalía, será el turno de las defensas para responder los argumentos de la acusación expuestos durante las últimas tres semanas. Cada abogado tendrá dos audiencias para defender a sus clientes. Los alegatos se extenderán por 36 audiencias más, unas diez semanas, por lo que se estima que finalizarán a mediados de noviembre. 

Uno de los primeros abogados que alegará frente al Tribunal Oral Federal número 2 es Juan Villanueva, defensor de Báez, supuesto beneficiario de la maniobra montada por la asociación ilícita: el direccionamiento de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz para desviar más de 8.000 millones de pesos del Tesoro Nacional hacia sus empresas, segun la acusación de los fiscales de instrucción, Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques. ¿Por qué razón? Porque según la fiscalía, “Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández” y su grupo empresarial fue montado deliberadamente en 2003  como vehículo del delito, es decir, para captar los fondos desviados. Báez es sindicado como uno de los organizadores de la asociación ilícita.

Tras los alegatos, los acusados tendrán la posibilidad de dirigir sus últimas palabras ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Se espera un veredicto para diciembre.

Cristina

El juicio tiene trece imputados, acusados por los mismos delitos pero a quienes la fiscalía les adjudica, de acuerdo a sus supuestos roles en la asociación ilícita, distintos grados de responsabilidad. La mayoría de ellos son considerados “muertos políticos”, no forman parte  del gobierno de Alberto Fernández y ya nadie mueve fichas por ellos. Saben, también, que una condena en su contra no pesa lo mismo que una sentencia contra Fernández de Kirchner. “Es la única que importa”, dijo una de las defensas en los últimos días.

Una eventual pena de prisión en Vialidad sólo será efectiva una vez que la condena quede firme, generalmente por la Corte Suprema, de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal.

Para cuando el caso Vialidad llegue a esas instancias, si Fernández de Kirchner llegara a ser condenada a una pena mayor a los tres años -una condena inferior sería excarcelable- ya habrá cumplido los 70 años, que celebrará el próximo 19 de febrero. Podrá, entonces, gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Si aún mantuviera fueros como vicepresidenta, gozará de inmunidad de arresto y para ser detenida deberá ser sometida a juicio político. Si entonces tuviera fueros parlamentarios como senadora o diputada, la cámara que integre deberá decidir sobre su desafuero.

Luciani afirmó este viernes que “una estructura de la naturaleza descripta” no hubiese podido operar sin la aprobación de los expresidentes. La fiscalía dedicó varios tramos del alegato a desterrar la teoría de que los negocios con Báez era cuestiones manejadas por Néstor Kirchner y a las que Cristina Fernández era ajena. Por ejemplo, Luciani mostró registros de visitas de Báez a la Quinta de Olivos, reveló mensajes de texto y chats del teléfono de José López que acreditarían reuniones entre el empresario y la entonces presidenta, y que demostrarían que a finales de 2015 Fernández de Kirchner “coordinó el plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral para borrar todo rastro de la presunta maniobra.

Los fiscales también expusieron decretos y nombramientos que llevan la firma de la entonces presidenta para ubicar personas en el gobierno que identificaron como centrales en la ejecución de la maniobra a lo largo de los años.

Además, ahondaron en los estrechos vínculos entre Cristina, su familia y Báez, tanto comerciales como co-propiedad de inmuebles mientras el empresario era proveedor de obra pública, cobraba adelantos millonarios del Estado nacional pero abandonaba muchas de esas obras.

Los otros 

La fiscalía también pedirá penas y posibles decomisos para otros acusados de participar en la organización de la presunta asociación ilícita que buscó instaurar la corrupción en la obra pública de Santa Cruz, de acuerdo a la información reunida por elDiarioAR en las últimas semanas. Se trata del empresario Lázaro Baéz; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti. Todos ellos, junto a los expresidentes Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner “instauraron una matriz de corrupción en la Administración pública”, dijo Luciani en la audiencia del viernes.

Luciani afirmó que desde 2003, “se montó un ministerio de Planificación (para ejecutar la maniobra) y se lo dotó de funcionarios de confianza que no cambiaron durante las dos presidencias de Fernández de Kirchner”.

Sus funciones eran “omitir los controles legalmente establecidos sin perjuicio de que sí se encargaron de controlar el éxito de la maniobra para la adjudicación de manera direccionada con mecanismos arbitrarios a una misma persona”: Báez.

Los otros ocho imputados en el juicio son funcionarios de menor rango que de acuerdo a la fiscalía participaron en la defraudación al Estado nacional al acatar y consentir las órdenes impartidas por los jefes y organizadores de la maniobra. Están acusados de presunta defraudación a la Administración pública. 

Son el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala; quienes se desempeñaban como directores general de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro; y Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, ex jefes de distrito de Vialidad Nacional.

Las obras

Estas son las características de esas obras viales que se reiteraron tanto en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como durante ambas gestiones de la expresidenta (2007-2015), de acuerdo con los fiscales:

Habrá denuncias

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

ED

En el último tramo del alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía solicitará que se investigue a al menos tres constructoras que han sido señaladas en las últimas dos semanas como presuntas partícipes de la maniobra para supuestamente defraudar al Estado. La constructora “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, serán denunciadas, según anunció Luciani el viernes 5 de agosto y corroboró elDiarioAR de una fuente de la investigación.

Los fiscales sostienen que estas empresas habrían participado en la “acción delictiva  analizada” durante su alegato y pedirán que se las investigue penalmente cuando llegue el momento del petitorio final, es decir, cuando la fiscalía solicite al tribunal las penas y decomisos contra todos o algunos de los imputados. Todos los acusados han negado siempre haber cometido delitos.

“El Grupo Báez y la Administración pública no actuaron en soledad. Contaron con la cooperación de empresas ajenas al Grupo, que oficiaron de acompañantes en las licitaciones investigadas y que le allanaron el camino a Báez para simular competencia y lograr adjudicaciones por montos muy superiores a los presupuestos oficiales”, dijo Luciani la noche del viernes 5, hacia el final de la audiencia de esa jornada. “Algunos ejemplos muy concretos de estas empresas son Peterser, Esuco y Equimac”, afirmó entonces.

Otras constructoras mencionadas por los fiscales durante las últimas dos semanas de  alegato fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, principal entidad empresaria del rubro) y CPC (de Cristóbal López). Estas también participaron en licitaciones viales que terminó ganando Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, pero lo hicieron en menor medida, por lo que la fiscalía se encuentra analizando si habrían o no participaron en la presunta simulación.

Eleprint, por ejemplo, aparece compitiendo con Báez y Eskenazi en la primera obra vial de Santa Cruz licitada durante la gestión de Fernández de Kirchner, en 2008, por la que el patagónico cobró un adelanto millonario pero comenzó la obra dos años más tarde.

elDiarioAR se comunicó con un vocero de Grupo Petersen, con la sede de la constructora Petersen y con la de Esuco, pero ninguna de las dos constructoras ni el holding respondieron sobre su versión de los hechos. En Equimac, nunca contestaron las llamadas ni respondieron un correo electrónico. Tampoco en CPC. En Eleprint, aseguraron a este medio que la empresa no tiene causas judiciales y que no abordarán el tema “por el momento”. También declinaron de hacer comentarios sobre la denuncia en la Cámara Argentina de la Construcción, que integran las cinco compañías. 

Una fuente ligada a Esuco descartó la acusación de la fiscalía y dijo a este medio que Báez siempre compitió con costos más bajos que sus competidoras “por la cantidad de obras ordinarias que realizaba”. También dijo que la constructora de Wagner tenía en esa época una base en Santa Cruz porque la provincia era uno de sus mercados.

Patrón

Un punto recurrente en la supuesta maniobra es que la Administración pública permitió sistemáticamente que las distintas empresas del Grupo Báez participaran en las mismas licitaciones, compitiendo entre sí, lo cual está expresamente vedado por la ley de contrataciones públicas, según los expedientes administrativos que expusieron los fiscales.

En muchos de los 51 casos analizados en el juicio, dos compañías de Báez se presentaban a las mismas licitaciones y competían con una tercera empresa para “simular” que las constructoras de Báez tenían competencia en la provincia, afirmaron Mola y Luciani. Este tercer oferente quedaba sistemáticamente descalificado porque no se ajustaba a las exigencias del pliego: ofertaba por encima de lo permitido (20% del presupuesto oficial), presentaba una garantía que de entrada se sabía que no iba a ser aceptada, entre otros “errores”. 

Luciani denominó a esta empresa como “acompañante de cortesía”. Esto implicaba, afirmaron los fiscales, que existía un acuerdo entre las empresas de Báez, los funcionarios y la empresa perdedora: ninguna de las empresas descalificadas se quejó, interpuso impugnaciones o denunció irregularidades porque eran parte de la maniobra en los doce años que duró la maniobra denunciada, dijeron los fiscales durante su alegato.

Petersen, de Eskenazi

El Grupo Petersen es de la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi, un empresario que supo construir excelentes vínculos con la familia Kirchner y llegó a adquirir el 25% de las acciones de YPF, cuando la petrolera era controlada por la española Repsol y a instancias de un intento de Néstor Kirchner por dotar de “capital nacional” a la empresa.

Petersen se presentó en 38 de los 51 procedimientos “ficticios”. Sin embargo, “en esas 38 oportunidades, no logró una sola adjudicación”, aseguró Luciani al exponer los detalles de los expedientes administrativos.

En 15 de las 38 licitaciones, la constructora presentó un presupuesto por arriba del 20% permitido por la ley, afirmó el fiscal. “Nos preguntamos si era razonable que una empresa que opera desde 1920, emita más de una treintena de ofertas inválidas, viciadas con los mismos errores”, agregó.

Enrique Eskenazi tenía y sigue manteniendo la concesión del Banco de Santa Cruz, luego de que la institución fuera privatizada por Néstor Kirchner, recordó Luciani en su alegato. Antes de convertirse en empresario de la obra pública, Báez había sido empleado en el banco.

Además, el fiscal mostró los ingresos de distintos empresarios de la familia Eskenazi, quienes “visitaron con asiduidad la quinta presidencial de Olivos, en donde residían Néstor Kirchner y Cristina Fernández”. Entre 2007 y 2011, suman 61 ingresos, según las planillas obtenidas del Ejecutivo por parte de la ONG Poder Ciudadano.

En 2008, la familia Kirchner obtuvo cuatro créditos por más de US$10 millones por parte del Banco Santa Cruz, “pocos días antes de que se concretara la adquisición del paquete accionario de la firma Hotesur, explotadora del hotel El Alto Calafate”, dijo el fiscal.

“Los estrechos vínculos entre la familias Kirchner, Eskenazi, Báez son suficientes para empezar a entender el porqué del comportamiento de la firma Petersen, Thales & Cruz en los procesos licitatorios”, sostuvo. “Esa empresa fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez”, agregó. 

Esuco, era Wagner

La constructora Esuco era entonces manejada por Carlos Wagner, otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, quien dejó el mando de la compañía en manos de sus hijos luego de haber sido detenido en 2018 por el juez Claudio Bonadio y de haber declarado como arrepentido en el caso de los cuadernos. Por esa causa, debe afrontar un juicio por presunta asociación ilícita junto con Fernández de Kirchner, Julio De Vido y José López.

Este año, Esuco ganó el contrato para construir una planta compresora para el gasoducto Néstor Kirchner, según publicaron diversos medios.

Esuco participó en diez licitaciones en las que se presentó “y aparentó competencia” con las empresas de Báez, dijo Luciani. “Siempre que Esuco presentó ofertas lo hizo por montos mucho más altos que las empresas de Báez y superó en muchas ocasiones el 20% permitido, por lo cual sabía que iba a quedar descalificada”, aseguró el fiscal.

“Esto se hizo absolutamente adrede” y “no existía intención real de competir en estas licitaciones”; “nunca iba a ser considerada como la oferta más conveniente. Incluso, en una oportunidad, Esuco fue más allá y directamente resultó excluida (de la licitación) sin que llegara a conocerse su cotización”, detalló Luciani en referencia al expediente de repavimentación de la ruta 3, tramo San Julián-Aeropuerto de Río Gallegos.

Petersen fue absolutamente funcional a los intereses del grupo Báez.

Diego Luciani — Fiscal.

Equimac

En 2018, Cecilia Sztemberg, una de las accionistas de esta constructora con amplia trayectoria en la obra pública se presentó a declarar como arrepentida ante el fiscal Carlos Stornelli en el caso cuadernos. Como otras compañías del rubro vial, Equimac había sido nombrada como miembro del “Club de la Obra Pública” en la declaración de Wagner.

Aunque en menor medida que Petersen y Esuco, la empresa también formaría parte de la maniobra del caso Vialidad, según explicó Luciani.

“Equimac se presentó en siete de las 51 licitaciones” investigadas pero nunca ganó. Siempre se presentaba con montos más altos que Báez y en algunas oportunidades por encima del 20% del presupuesto oficial, afirmó el fiscal.

Hubo incluso licitaciones (por ejemplo la 10.562 y la 10.563) “en las que Equimac adquirió los pliegos de bases y condiciones con posterioridad a la presentación de la oferta”, aseguró Luciani. Eso estaba prohibido en el mismo pliego, según el documento exhibido en el alegato. 

Esto se hizo absolutamente adrede. No existía intención real de competir en estas licitaciones.

Diego Luciani — Fiscal.

Las ofertas de Equimac presentadas en esos expedientes tienen fecha del 16 de mayo de 2011. La apertura de sobres fue al día siguiente. Pero el recibo de compra del pliego, paso necesario para poder presentar dichas ofertas, fue fechado el 23 de mayo de 2011, cinco días más tarde.

Además, se cumplió otro patrón más que se ve en los casos de Esuco y Petersen: las licitaciones en las que participó Equimac tuvieron tiempos muy acotados para preparar las ofertas técnicas, cumplir con los términos de publicación del proceso y la real competencia. En un caso de 2005, tuvo apenas 96 horas para planificar y presupuestar una obra. “Era imposible presentar una oferta en ese tiempo”, afirmó Luciani. Equimac tampoco impugnó ninguna de las decisiones de los funcionarios que beneficiaron a Báez.

En una de las primeras licitaciones investigadas en la causa, de diciembre de 2004, quedó preadjudicada en una licitación con la oferta más conveniente, pero tres meses antes de que comenzaran las obras, Equimac se presentó ante Vialidad provincial para informar que había firmado un acuerdo con dos empresas de Báez (Austral Construcciones y Adelmo Biancalani) para cederles la obra, según los documentos expuestos por la fiscalía en el alegato. 

“Este frustrado triunfo de Equimac no fue causal. Por tratarse de una de las primeras licitaciones, Austral Construcciones (de Báez) carecía de capacidad para ganarla y por lo tanto el artilugio consistió en adjudicarla a una empresa con capacidad para después cederlas al Grupo”, explicó Luciani.

A partir de este martes, está programado que los fiscales continúen con el alegato por al menos tres audiencias más y hacia el final soliciten penas, decomisos y la investigación de la participación de estas empresas en una supuesta maniobra en la que la fiscalía adjudica a Fernández de Kirchner el rol de jefa.

ED

La Fiscalía Federal número 1 ante los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py 2002 se jacta de una eficacia del 97% en los juicios orales y públicos que ha llevado adelante su titular, Diego Luciani. En los pocos casos en los que perdió en los últimos ocho años, el fiscal recurrió a instancias superiores y logró condenas en tribunales de revisión, aseguró a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado, quien enfrenta ahora el caso que pone a prueba mucho más que una estadística de rendimiento. 

El veredicto en el juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada de una presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública se daría a conocer a finales de este año.

Las frases categóricas, cargadas de adjetivos, y su tono enérgico, con destellos de indignación y cruzada, convirtieron las primeras tres audiencias del alegato del fiscal Luciani en el eje de las críticas de funcionarios y aliados políticos de Fernández de Kirchner. 

El fiscal debe su elocuencia y oratoria, en parte, a un entrenamiento personal. Desde hace una década, expone como acusador en juicios orales y públicos, pero además cursó la carrera de docente universitario y acumula 28 años al frente de aulas en distintas universidades de Argentina y en las de Salamanca y en la Panamericana de México. 

Realizó, además, un curso intensivo en destrezas en litigación oral del California Western School of Law, en San Diego, Estados Unidos, especialmente enfocado en las técnicas de persuasión durante los juicios orales, algo en lo que abogados y fiscales estadounidenses se destacan: su éxito depende de su poder de convencimiento a los jurados. Luciani viajó a San Diego durante sus vacaciones y lo costeó de su bolsillo, aclaró una fuente de su entorno.

Su estilo se repite en otros de sus alegatos, como el que atravesó el año pasado el falso abogado Marcelo D’Alessio, en el que terminó condenado por un intento de extorsión a un empresario.

Además de investigar durante cuatro años el expediente de la causa Vialidad junto a un equipo de cinco personas de su fiscalía, para afrontar este juicio Luciani cursó un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona para profundizar sus conocimientos sobre contrataciones públicas y en 2021 rindió su tesis doctoral sobre “La corrupción en la contratación pública” (sobresaliente cum laude), dice en su curriculum vitae. Cuando aplicó por primera vez, pero una autoridad de la universidad catalana lo contactó para sugerirle que volviese a presentarse al año siguiente y quedó. También lo costeó de su bolsillo, aclaró la misma fuente cercana al fiscal. 

Su preparación para este juicio fue más allá de lo profesional. Luciani restringió su vida social para evitar daños colaterales. Calcula hasta dónde y con quién ir a jugar al fútbol. Comenzó a meditar, a practicar yoga, a buscar escapes espirituales al estrés. En la última semana, se aisló por completo de los medios de comunicación y las redes sociales. 

Durante esta semana, funcionarios, legisladores y organismos públicos publicaron en comunicados y redes sociales mensajes de apoyo a la vicepresidenta por una presunta “campaña” o “embestida judicial” en su contra en este juicio. Sí sabe que el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) pidió su declaración jurada en la Procuración General de la Nación. Muy cerca del fiscal aseguran que lo tiene sin cuidado. 

Tras el juicio por Vialidad, Luciani deberá afrontar otro caso de alto impacto: fue sorteado como fiscal de la causa de las plantas de Aysa de Odebrecht y Camargo Correa, en el que deberá acusar a algunos de los empresarios más relevantes de la obra pública, como Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA), además de exfuncionarios y del lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez.

La carta

El hermetismo y el factor sorpresa son otros dos aliados. Luciani se guardó hasta último momento una carta extra bajo la manga: parte del contenido del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López, que incluye mensajes de texto y de Whatsapp nunca antes expuestos en público y que hasta poco no formaban parte del expediente de Vialidad. Se llevaron parte de los titulares en los medios de comunicación durante la última semana.

Cuando terminaron las declaraciones de los testigos y poco antes de que comenzara la ronda de alegatos, el Tribunal Oral Federal número 2 abrió la etapa de incorporación de prueba documental final para todas las partes. En una audiencia que pasó desapercibida, antes de la feria judicial de invierno, la fiscalía sorprendió a las defensas con el pedido para incorporar los mensajes del teléfono de López, una prueba de otra causa que le valió al exfuncionario de los bolsos con US$9 millones una condena a seis de prisión por enriquecimiento ilícito.

El defensor oficial de López en el juicio por Vialidad, Santiago Finn, se opuso. Sostuvo que la incorporación de los mensajes atenta contra el derecho a la intimidad y que se trata de prueba obtenida en otro proceso y eso le impedía controlar la legalidad de la prueba. Ninguna de las defensas sabía de la existencia de esos mensajes hasta el momento.

Los jueces rechazaron su planteo y aceptaron que se incorpore el contenido del teléfono al juicio. Sostuvieron que se presume la legalidad, ya que los mensajes y chats del teléfono de López se utilizaron entre 2018 y 2019 como prueba en el juicio oral y público en su contra. 

Las defensas de los trece imputados, que incluye al ex ministro Julio De Vido, además de a López, Báez y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del organismo de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, tendrán unas 39 audiencias en total para sus alegatos ante el tribunal y podrán responder su versión sobre esos mensajes . 

El lunes, el fiscal Luciani expuso una serie de mensajes de López con un secretario privado de Fernández de Kirchner; con la entonces pareja de Máximo Kirchner, Rocío García; con el empresario Báez; y con el entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza  que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta y el empresario Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

El viernes, Luciani volvió a recurrir al factor sorpresa y reveló mensajes de texto intercambiados durante 2014 entre el entonces secretario de Obras Públicas y el actual diputado Máximo Kirchner, a través de un intermediario y de manera directa. Entonces, el hijo mayor de la mandataria no ocupaba ningún cargo público pero de acuerdo a las conversaciones intervino en el armado de al menos una obra adjudicada a Báez: decidió dónde se ubicarían cien cuadras a pavimentar en Río Gallegos.

Los mensajes fueron el corolario de la primera etapa de su alegato: fundamentar que el supuesto direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz hacia las empresas del entonces socio y amigo de la familia de la vicepresidenta contaba no sólo contaba con el conocimiento de la entonces presidenta sino que Fernández de Kirchner habría dado órdenes, a través de López, entre otros, sobre cómo Báez debía proceder.

En las últimas tres audiencias, el fiscal hizo hincapié en desmoronar la teoría que sostenía que Fernández de Kirchner se mantuvo siempre al margen de los negocios de Báez y que esa relación era exclusiva de Néstor Kirchner. 

A pesar del impacto de los mensajes, el fiscal está convencido de que las principales pruebas contra Fernández de Kirchner están en los expedientes de las licitaciones y en el diseño y moldeado de las áreas clave que intervinieron en la adjudicación y control de las obras viales a través del nombramiento de funcionarios leales al kirchnerismo más puro o del propio Báez. 

Luciani expuso decretos firmados por la entonces presidenta, designaciones de ex empleados de las empresas de Báez y las irregularidades que habrían permitido los funcionarios de su gobierno. Resaltó especialmente las presuntas irregularidades de la primera licitación ganada por Báez en Santa Cruz durante la primera presidencia de Fernández de Kirchner. “Se encuentra plagada de los mismos vicios”, aseguró. 

En las próximas audiencias, Luciani responderá las críticas de Fernández de Kirchner y otros imputados y sus abogados que realizaron durante el juicio en torno a la teoría del lawfare (guerra judicial) y a que la acusación que encabeza Luciani sería parte de una causa “montada”, “fraguada”, y construida por el gobierno de Mauricio Macri.

Nota: se corrigió “administración pública” por “Administración pública”.

ED

“Una colosal defraudación en perjuicio del Estado”, dijo este viernes el fiscal Diego Luciani para resumir la maniobra que atribuye a Néstor y Cristina Kirchner, al final de la tercera audiencia de su alegato. Los gobiernos de ambos expresidentes siguieron el mismo patrón de irregularidades en el supuesto direccionamiento de las 51 obras viales adjudicadas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, según expusieron este viernes con documentos oficiales y expedientes administrativos los fiscales Luciani y Sergio Mola durante su alegato en el  juicio oral y público contra la vicepresidenta. Fernández de Kirchner solicitó al tribunal autorización para ausentarse este viernes de la audiencia virtual, confirmó a elDiarioAR una fuente judicial.

Con el objetivo de cerrar la primera línea de la acusación -cómo se orquestó el supuesto direccionamiento de estas obras públicas-, los fiscales describieron ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso cómo se desarrollaron las licitaciones y adjudicaciones de cada una de las 51 obras. Durante el inicio de su alegato, este lunes, Luciani había descripto esta maniobra como “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país” ordenadas y organizadas tanto por Néstor Kirchner como por Cristina Fernández.

Durante el último tramo de la audiencia, Luciani reveló mensajes de texto intercambiados durante 2014 entre el entonces secretario de Obras Públicas, José López, y el actual diputado Máximo Kirchner, a través de un intermediario y de manera directa. Entonces, el hijo mayor de la mandataria no ocupaba ningún cargo público pero de acuerdo a las conversaciones intervino en el armado de al menos una obra adjudicada a Báez.

El teléfono de López

El lunes, el fiscal Luciani había sacado a la luz mensajes extraídos del teléfono de López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015. También hizo referencia a un mensaje entre López y la nuera de la entonces presidenta, Rocía García, en el que López, siguiendo instrucciones de la mandataria, pide hablar con Máximo Kirchner en relación a las obras de Báez.

En la audiencia de este viernes, los mensajes también demostraron que Máximo Kirchner era consultado por López en la previa de una licitación, directamente o a través de Matías, Bezi, un dirigente de confianza del hijo de Fernández de Kirchner.

“Pudiste hablar con Maxi para definir la ubicación de las 100c” (100 cuadras), preguntó López a Bezi el 17 de abril de 2014. “Hola José, si, algo definimos”, fue la respuesta. López luego explica: “El miércoles o jueves quiero tener el proyecto para firmar el convenio con la Muni y llamar a licitación”. “Máximo Kirchner, que no era funcionario, que no cumplía ninguna función, es la persona encargada de definir la ubicación de las cien cuadras”, resaltó Luciani.

El 6 de mayo de ese año, López vuelve a intercambiar mensajes con Bezi para darle explicaciones sobre por qué se había atrasado la licitación en cuestión. “Se demoraron por la inclusión de unos pluviales en la calle Maradona”. Bezi responde: “Que quede previsto eso, e incluyeron el cómputo por metro cuadrado”.

Cuando estos mensajes ocurrieron, todavía no se había convocada a ninguna licitación para la pavimentación de las cien cuadras ni se había firmado el convenio entre Vialidad Nacional y la municipalidad de Río Gallegos. “Esto demuestra, señores jueces, que las licitaciones se arreglan con anterioridad”, afirmó el fiscal.

Esta licitación, adjudicada a Kank & Costilla, una de las empresas de Báez, costó más US$25,3 millones para hacer cien cuadras. “Esto es algo así como US$250.000 por cuadra”, dijo Luciani. Como otras licitaciones adjudicadas a Báez, se hizo con caracter de “urgente” e implicó “una simulación de licitación pública”, “ni tenía presupuesto asignado”, como exige la ley, entre otras irregularidades, pero con una particularidad: “Aparecen como intermediarios el hijo de la presidenta y José López”, afirmó Luciani.

En julio de 2015, López escribe al teléfono celular de Máximo Kirchner para mantenerlo al tanto de otras obras: “Encaminado lo de la Viv (sic) de El Calafate y de 28 de Noviembre. El miércoles firma los dos convenios Nivello. Viaja a los dos lugares”.

Obra 1, año 2008

Una de las obras sobre las que se explayó el fiscal este viernes fue el proyecto para la ruta provincial número 41, que comenzó a licitarse en febrero de 2008 y fue la primera obra vial de Santa Cruz licitada por Báez durante la primera gestión presidencial de Fernández de Kirchner. 

La obra consistía en la pavimentación de unos 100 kilómetros por un presupuesto oficial de $148,6 millones (más de US$47 millones de esa fecha). El fiscal Luciani explicó que el proceso de licitación comenzó en febrero de 2008 con un llamado a licitación “urgente” y una adjudicación acelerada, según uno de los documentos oficiales que expuso en la audiencia. “Deben acortarse los plazos legales estipulados ya que se encuentra ubicada en zona cordillerana y es necesario su inicio perentorio antes de la temporada invernal”, afirma la resolución.

La obra se adjudicó en abril de 2008 a Austral Construcciones, que ganó el contrato ofreciendo realizar las tareas por un monto similar al presupuesto oficial. Las empresas que según el fiscal “simularon” competir con la constructora de Báez fueron Eleprint (de Gustavo Weiss, actual presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) y Petersen (de la familia Eskenazi, que compitió en numerosas licitaciones viales contra las empresas de Báez y siempre quedó descalificada sin haber interpuesto ninguna queja en ningún caso).

La obra no tenía partida presupuestaria ni en la provincia ni en Nación, es decir, no se le habían asignado fondos públicos en los presupuestos de 2008 y fue financiada vía transferencia discrecional del Tesoro y por compensaciones de proyectos, agregó Luciani. “La primera obra convocada durante el gobierno de Cristina Fernández nunca pasó por el Congreso”, aseveró.

La obra debía durar 30 meses pero se extendieron por 74 meses, y además, avanzó sólo un 73%. Aún así, en 2008 Austral recibió anticipo financiero de casi US$7,5 millones (a esa fecha) y beneficios que no estaban previstos en el pliego de la licitación. A pesar de la premura inicial por realizar la licitación y que el Estado pagara el adelanto millonario, una vez adjudicada a Báez, el contrato de la obra se firmó dos años después: el 2 de junio de 2010. 

“Cuando uno ve este tipo de excusas, nos preguntábamos si era cierto”, dijo Luciani. “La pregunta se responde sola, mirando el expediente de la licitación. Por eso, yo siempre pido al tribunal que lea y analice los expedientes como hicimos nosotros porque de su lectura se advierten las huellas del delito”, aseguró el fiscal durante la audiencia.

“Lo único que se hizo en los primeros seis meses desde el contrato fue la certificación del anticipo financiero (pidieron que se le pague) y la movilización de obra, pero la obra comenzó en sí recién en 2010. ¿Qué pasó con esa plata durante ese tiempo? ¿Cuál era el motivo de la urgencia? Ninguno, sólo asegurarse que la obra fuera adjudicada a una empresa de Báez”, alegó Luciani.

“La primera licitación convocada durante el gobierno de Cristina Ferández se encuentra plagada de los mismos vicios” que se detectaron en las licitaciones llevadas adelante por el gobierno del expresidente Kirchner, aseguró el fiscal.

Información privilegiada

La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos -como el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicos José López- y el exsocio de su familia, Báez, por supuesta defraudación a la Administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión. Estos delitos también pueden implicar inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Todos los acusados han negado siempre la comisión de delitos y Fernández de Kirchner sostiene que se trata de “una causa fraguada” y que “los jueces ya tienen escrita y firmada la sentencia”. El veredicto está, hasta el momento, estimado para finales de este año.

Era “un elefante fucsia dentro de una habitación y nadie lo veía”, dijo Luciani sobre la cantidad de irregularidades que acusa la fiscalía. En una licitación ganada por Austral Construcciones que describió este viernes, explicó que la empresa de Báez adquirió el pliego el 10 de abril de 2007, 17 días antes de la fecha del llamado a licitación, , y resaltó: “Alguien tenía información privilegiada”. “Ni siquiera se había elevado el pliego al presidente de la AGVP (Agencia General de Vialidad Provincial) para su consideración”, lo que sucedió recién el 12 de abril. “Las licitaciones se manejaban desde antes, las licitaciones tenían nombre y apellido, fue una farsa”, dijo Luciani.

Nota: se corrigió “administración pública” por “Administración pública”.

ED

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola continuarán este viernes con el alegato en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de cerrar la primera línea de la acusación: cómo se orquestó el supuesto direccionamiento de 51 obras viales a las empresas de Lázaro Báez, entonces socio de la familia Kirchner, en la provincia de Santa Cruz.

Durante la tercera audiencia del alegato, que tendrá lugar este viernes, Luciani expondrá durante la mañana y Mola, por la tarde. El alegato de la fiscalía comenzó el lunes de esta semana, cuando Luciani sostuvo que “al asumir Néstor Kirchner la presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Elisabeth Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de la provincia de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.

Durante esta semana, funcionarios, legisladores y organismos públicos publicaron en comunicados y redes sociales mensajes de apoyo a la vicepresidenta por una presunta “campaña” o “embestida judicial” en su contra en este juicio.

Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez.

La vicepresidenta se había conectado vía Zoom a la audiencia virtual, ya que el tribunal exige a los imputados escuchar el alegato de los acusadores, pero a pesar de haber estado habilitada para conectarse a la segunda audiencia no lo hizo.

La acusación en el caso de presunta corrupción en la obra pública de la provincia patagónica, también conocido como Vialidad, se extenderá por al menos dos semanas más. Las audiencias se retomarán el lunes, martes y viernes a las 8.30 de la mañana y serán transmitidas por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Las defensas de los trece imputados, que incluye al ex ministro Julio De Vido, además de a López, Báez y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del organismo de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, tendrán unas 39 audiencias ante el Tribunal Oral Federal número 2 para responder a la acusación de la fiscalía. 

Lunes

En la primera audiencia del lunes, el fiscal Luciani expuso también mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta y el empresario Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Los mensajes nunca habían salido a la luz. Forman parte de las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López en “la causa de los bolsos”, en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito.

Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada” y ante la consulta de elDiarioAR a su abogado Carlos Beraldi respecto a los mensaje exhibidos este lunes en el juicio, el letrado respondió que la defensa esperará que finalice el alegato de la fiscalía antes de pronunciarse. Fernández de Kirchner sostiene que se trata de una “causa fraudulenta” y que los jueces ya tienen “la sentencia escrita y firmada”.

Martes

Durante la segunda audiencia, Luciani y Mola expusieron ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso sobre el direccionamiento de las 51 obras viales bajo investigación en esta causa. Ambos fiscales sostuvieron que se modificaron normativas, resoluciones y reglas oficiales para “dar apariencia de legalidad a la maniobra” que favorecía “a un empresario amigo”. 

Luciani expuso cuatro ejemplos -los “más burdos”, dijo-, para afirmar que “las licitaciones fueron una ficción, fueron un montaje que aparentaban una legalidad”. “Se organizó una estructura de funcionarios que fueron funcionales al direccionamiento hacia Báez”, aseguró, y se celebraron convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad y la agencia provincial de Vialidad en Santa Cruz para diluir la responsabilidad de los funcionarios nacionales, incluidos los jefes de Estado, en referencia a Néstor y Cristina Kirchner.

El fiscal expuso extractos de documentos, normas, convenios, resoluciones, expedientes administrativos y un informe de auditoría interna de Vialidad Nacional de 2013 para fundamentar la acusación, junto con las declaraciones de los testigos de la fiscalía durante el juicio.

El caso

Vialidad acumula más de tres años de audiencias, 600 horas de juicio y más de tres toneladas de documentación, afirmó una fuente directa del caso a este medio. 

La vicepresidenta es juzgada junto a exfuncionarios de sus gobiernos -como el exministro Julio De Vido- y el exsocio de su familia, Báez, por supuesta defraudación a la administración pública -con penas de hasta seis años de prisión- y asociación ilícita -con hasta diez años de prisión- en la adjudicación de 51 obras viales a las empresas del patagónico en la provincia de Santa Cruz. Todos los acusados han negado siempre la comisión de delitos.

Estos delitos también pueden implicar inhabilitación para ejercer cargos públicos por lo que una condena eventual a Fernández de Kirchner le impediría, una vez firme, ocupar cargos públicos.

La sentencia condenatoria o absolutoria llegaría a finales de este año, según las estimaciones del tribunal.

ED

El fiscal Diego Luciani expuso este lunes mensajes de texto y de Whatsapp extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Francisco López que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

Los mensajes nunca habían salido a la luz. Forman parte de las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López en “la causa de los bolsos”, en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito.

La principal expectativa en torno al alegato del fiscal Luciani giraba en torno a la vicepresidente y el rol e importancia que el representante del Ministerio Público Fiscal le adjudicaría en la presunta asociación ilícita por la cual es juzgada. Este delito implica penas de hasta diez años de prisión. Fernández de Kirchner fue señalada como una de las jefas de esa asociación.

Los acusados en el caso Vialidad siempre han negado las imputaciones. Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de “una causa fraguada” y ante la consulta de elDiarioAR a su abogado Carlos Beraldi respecto a los mensaje exhibidos este lunes en el juicio, el letrado respondió que la defensa esperará que finalice el alegato de la fiscalía antes de pronunciarse.

El fiscal resaltó también el nombramiento de distintos empleados de las empresas de Báez en la Dirección de Vialidad Nacional, como el caso de Carlos Joaquín Alonso, exdirectivo y accionista de empresas de Báez designado en 2011 directamente por Fernández de Kirchner como Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Sobre los mensajes extraídos del teléfono celular de López, Luciani resaltó que del análisis de la fiscalía surgió que “se dieron solamente con Austral Construcciones” y no con otras empresas.

Cuando el gobierno de Fernández de Kirchner perdió las elecciones presidenciales de 2015, Báez comenzó “la huída” y el abandono de las obras, afirmó Luciani. “La huída fue digitada por la entonces presidenta” y consistió en “un plan limpieza”, que incluyó el despido de unos 1.500 trabajadores de Austral Construcciones y una segunda constructora de Báez, Kank y Costilla, y requirió la intermediación de la cartera de Trabajo de la provincia de Santa Cruz y de la Dirección de Vialidad Nacional.

“El 23 de noviembre de 2015, el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López, coordina una reunión de urgencia con Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones y quedan en reunirse el jueves de esa semana”, explicó Luciani al exponer los mensajes.

“Nos preguntamos, cuando vimos esto, por qué motivo, dos días después de perder las elecciones, el secretario de Obras Públicas le pide una reunión al presidente de Austral Construcciones”, agregó el fiscal.

“Te cambio lugar y hora”, dice uno de los mensajes de Whatsapp de López a Mendoza. “Te espero a las 16 hs. en Diagonal Norte 725, Hotel Continental. 9° piso”, dice otro mensaje de López a Mendoza el 26 de noviembre de 2015.

“Si una reunión entre el secretario de Obras Públicas y el presidente de Austral Construcciones ya es atípica y totalmente inusual, más atípico es el lugar donde se produjo el encuentro porque no fue en la secretaría de Obras Públicas, no fue en el ministerio de Planificación, no fue en alguna oficina pública donde iba a quedar registro, sino en un hotel, lo que demuestra la opacidad absoluta de esa gestión” y de “la clandestinidad de esta sombría reunión”, aseguró Luciani.

“Luego de la reunión con Julio Mendoza, José Francisco López coordina una reunión para el día siguiente con la doctora Cristina Fernández. No es casual esta reunión justo después de reunirse con Mendoza”, afirmó Luciani al exponer transcripción de los mensajes de texto entre el exfuncionario y el ex secretario privado de la entonces mandataria, Mariano Cabral.

Cabral le confirmó a López que Cristina lo recibiría en Olivos a las 11.30 de la mañana del 27 de noviembre. 

Un minuto y medio después, según los mensajes expuestos, López volvió a escribirle al presidente de Austral Construcciones por Whatsapp. “Mañana la veo 11.30 hs. Esperame”. La respuesta de Mendoza fue: “Ok. Hacerle fuerza el negro” (sic).

La reunión entre Cristina y López se concretó, según consta en los mensajes. Ese mismo día, después de la reunión en Olivos, López se comunicó con la nuera de Fernández de Kirchner, Rocío García, entonces pareja de Máximo Kirchner. “Hola, me pidió Cristina que lo vea a Maxi hoy”, le escribió López en un mensaje de texto. García le respondió que le avisaría al hijo de la entonces presidenta.

Al día siguiente a la reunión en Olivos, López, Mendoza y Nelson Periotti -titular de Vialidad Nacional durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- coordinan viajar a Río Gallegos, según un intercambio de mensajes que quedaron registrados en el teléfono de López.

“Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó Luciani en base a esas mismas comunicaciones. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.

El 28 de noviembre de 2015, López le escribió a Mendoza: “Lunes necesitaría ver nómina de personal con valores de quincena, liquidación final y Fondo Desempleo”. El presidente de Austral Construcciones le respondió: “¿Qué sos, el auditor?”. López amplía: “Lunes a primera hora. Para (que) la Sra. Nva (vea) y tome decisiones”.

“Limpiar todo”, fue la siguiente orden de López al presidente de Austral Construcciones el mismo 28 de noviembre. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó el entonces funcionario. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.

“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal. Luciani explicó que Vialidad, ya a cargo de Javier Iguacel, durante el gobierno de Mauricio Macri, pagó certificados de obra vencidos a las empresas de López para que éstas saldaran sus deudas con los trabajadores que protestaban en Santa Cruz por los despidos.

Para Luciani, no hay dudas “de la connivencia entre Lázaro Báez y la entonces presidenta de la Nación”. El lunes 30 de noviembre de 2015, Mendoza le escribió a López: “La señora llega a la tarde (a Río Gallegos) y L (se sobreentiende, Lázaro) se junta con ella”.

 El 1° de diciembre de 2015, el propio Báez escribió desde su teléfono a López: “José, atendeme un minuto. Lázaro. Gracias.” y agrega: “Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias”.

Ese mismo día, Carlos Joaquín Alonso, exdirectivo y accionista de empresas de Báez designado en 2011 directamente por Fernández de Kirchner como Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad envió a la constructora de Báez una nota comunicando que el organismo no pagará los certificados de obra “debido al agotamiento de las partidas presupuestarias anuales” y que debían ser aprobadas por el ministerio de Economía a través de partidas extraordinarias.

Luciani sostuvo que esa nota fue remitida como parte del plan de limpieza coordinada desde el Ejecutivo. Luego expuso una serie de mensajes y cruces de llamados previos a la acreditación de esos fondos que debía aprobar Economía. 

Sin embargo, “para esa fecha no existían certificados de obra pendientes (para las empresas de Báez) e incluso se habían abonado por adelantado”. El objetivo de esa nota, dijo Luciani, fue darle “un justificativo para abandonar las obras que hasta ese momento estaba obligada a cumplir” cuando concluía el mandato presidencial de Fernández de Kirchner.

ED/MG

La declaración testimonial del presidente Alberto Fernández en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó contradicciones y preguntas clave sin responder. La expresidenta está imputada en este juicio por los presuntos delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita en la adjudicación de obras a Lázaro Báez, exsocio de la familia Kirchner, en la provincia de Santa Cruz. La exmandataria, el empresario patagónico y el resto de los acusados han negado siempre las acusaciones en su contra.

El martes, ante el Tribunal Oral Federal número 2, Fernández declaró como exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner y despegó a los exmandatarios de las imputaciones pero se contradijo en al menos tres cuestiones sobre las que ya se había referido en entrevistas televisivas y radiales, y que están directamente relacionadas con la actuación en el juicio, según argumentó el fiscal Diego Luciani durante el debate, y que se confirman tras analizar la transcripción realizada por elDiarioAR durante la audiencia que se transmitió en vivo por Zoom, con acreditación previa.

Cómo y cuándo conoció a Báez, el rol de los funcionarios públicos en la cartelización de las constructoras y las sospechas y advertencias de Fernández sobre la presunta corrupción en la obra pública que realizó en 2016 fueron los ejes de esas contradicciones.

Además, no respondió algunas de las preguntas que la fiscalía intentó realizar, debido a que el tribunal no las avaló ante los reclamos de algunas defensas.

Durante las declaraciones del juicio, las partes -abogados, fiscalía y querellas- tienen derecho a objetar las preguntas a testigos y acusados. De hacerlo, suelen argumentar el porqué de la objeción y luego el presidente del tribunal -en este juicio es el juez Jorge Gorini- decide si el testigo debe o no responder la pregunta. Si el fiscal o el abogado no está de acuerdo con la decisión del titular del tribunal, se consulta a los tres jueces que lo integran, quienes tienen la palabra final, por unanimidad o mayoría.

Las objeciones fueron una constante durante la audiencia del martes y gestó un clima de tensión durante la segunda parte de la testimonial, cuando el fiscal Diego Luciani comenzó su interrogatorio al Presidente. Ese clima no se había dado durante las declaraciones de otros exjefes de Gabinete que declararon antes que Fernández. 

Sobre todos y todo

A mitad de su interrogatorio, el fiscal Luciani intentó preguntarle a Fernández por sus declaraciones en una entrevista radial que había brindado en junio de 2016, al día siguiente de que se dieran a conocer las imágenes de la cámara de seguridad del convento en el que López, exsecretario de Obras Públicas, arrojó bolsos con casi US$9 millones.

Tras varias objeciones de las defensas, el presidente del tribunal invalidó la pregunta. “Acá no se trata de confrontar lo que dijo en alguna nota sino el conocimiento técnico y concreto que le cabe como exjefe de Gabinete”, sostuvo el juez Gorini. 

-¿Tengo derecho a agregar algo?- preguntó Fernández.

Tras el permiso del presidente del tribunal, el mandatario sostuvo: “Yo no recuerdo esa grabación, sinceramente, pero también tengo opinión sobre todo esto que está pasando y lo he dicho muchas veces públicamente, y tengo opinión particularmente sobre este juicio, y lo he dicho públicamente. Si lo que quiere el señor fiscal es conocer mi opinión sobre cómo lo veo yo, cómo todo ha transcurrido, yo encantado, le brindo mi opinión, es pública y notoria, pero lo que yo trato de evitar es que se segmenten las cosas, porque si no puede ser malinterpretado lo que yo he dicho y lo que digo”.

El fiscal insistió con su pregunta y pidió argumentar la razón por la cual sostenía que estaba directamente relacionada con el juicio. Entonces, Fernández debió retirarse momentáneamente de la sala de audiencias para no presenciar el debate sobre la pregunta y que pudiera condicionarlo como testigo.

Fernández ha dado numerosas entrevistas en las que habló de Báez, los Kirchner y la obra pública pero la fiscalía eligió una en particular, realizada por Albino Aguirre, en FM Cielo en 2016, al día siguiente de que el exsecretario de Obras Públicas José López fuera arrestado en la puerta de un convento con US$9 millones en bolsos y armas. Aguirre asumió como gerente de Noticias de la Televisión Pública en enero de 2021, es decir, un periodista y locutor que actualmente se desempeña en la gestión elegida por el gobierno de Fernández. 

Este fue el argumento de Luciani: “Entendemos que la pregunta, incluso la extensión del audio resulta absolutamente pertinente en la medida en la que el testigo así se ha expresado sobre las maniobras que son objeto de juzgamiento en este debate y en la que ha hecho expresa referencia a dos personas que están imputadas en esta causa”. Tiene que ver, agregó Luciani, con “lo que el testigo pudo haber conocido en virtud de la función pública que desempeñó”. Ofreció exhibir el audio de la entrevista radial.

A continuación, el fiscal dijo: “Se refirió a cuestiones vinculadas a la obra pública”. Luego, Luciani leyó este extracto de los dichos de Fernández en la entrevista: “Lo que sucedió ayer fue un hecho bochornoso, espero que se esclarezca. Yo en mi texto de renuncia había incluido una frase donde le recomendaba a Cristina que aprovechara mi salida para oxigenar su gobierno. Oxigenar su gobierno era prestar atención a lo que estaba pasando en la obra pública”.

“¿Por qué lo hice? -dijo Fernández durante aquella entrevista radial- porque en ese momento empezaban los primeros atisbos de que algo estaba pasando en la obra pública. En ese momento fue la denuncia de Carrió, por ejemplo -se refiere al caso de presunta asociación ilícita entre los Kirchner, Báez y Cristóbal López- y yo soy de los que siempre creyó que cuando las cosas empiezan a sonar así en los gobiernos es mejor sacar la piedra del camino y seguir caminando”.

El fiscal siguió argumentando: “Me hace mucho ruido que los hechos han ocurrido en Santa Cruz porque toda la cuestión que se está discutiendo son obras en Santa Cruz y esto no es un dato menor porque es la provincia de Néstor, esta es la realidad”. 

“Cuando se presentó el licenciado Lavagna -otro de los exfuncionarios citados como testigo en el juicio- y justamente se le consultó sobre circunstancias que había manifestado públicamente sobre irregularidades en la obra pública, nadie me objetó esa pregunta”. Y agregó los casos de otros dos testigos del juicio a los que se interrogó sobre sus dichos en redes sociales y medios de comunicación.

Los jueces del tribunal debieron debatir entre ellos para tomar una decisión que podría haber puesto a Fernández en el lugar al que el Presidente no quería llegar. Los magistrados Gorini y Basso votaron por invalidar la pregunta clave del fiscal, quien no pudo preguntar a Fernández sobre sus dichos. El juez Giménez Uriburu voto en disidencia.

En la entrevista, Fernández había dicho: “Yo en el texto de mi renuncia… lo que pasa es que todo es tan frágil, la memoria es tan frágil, y todo acá en la Argentina se vive con tanto vértigo… Me llama la atención que los periodistas muchas veces no repasen el texto de mi renuncia”. 

-Y cuando usted le recomendó eso a Cristina… -le dio pié Albino Aguirre. 

-Se enojó conmigo, se enojó conmigo. Estuve ocho años… acá la memoria es muy frágil…  que lo pasé muy mal. Acá la memoria es tan frágil. Que la gente tenga memoria frágil lo puedo entender, pero los periodistas los discrimino un poco más. Se enojó tanto conmigo que durante ocho años la pasé mal y yo no sé si usted se acuerda, pero, ¿a usted nunca lo sacaron del aire, no? A mí me sacaron de C5N del aire. Y llamaban a los clientes míos de mi consultorio (se refiere al estudio jurídico) y le decían que era recomendable que no sean mis clientes. Durante ocho años, estuve criticando a Cristina y padeciendo las arbitrariedades de Cristina.

“Me parece que es tremendo que no se explique nada, porque el silencio es como que el que calla, otorga, dice el refrán. Y que Cristina se calle, no diga nada, da derecho a pensar todo lo que usted acaba de decir”, dijo en la entrevista Fernández ante las preguntas sobre presunta corrupción en el kirchnerismo. “También debió haberlo dicho con Lázaro Báez”, agregó Fernández. 

Tras la decisión de los jueces Gorini y Basso, Fernández reingresó a la sala de audiencias para continuar con su declaración.

-¿Doctor, por qué motivo renunció al cargo de jefe de Gabinete?

-No… renuncié porque… ¿puedo contestar? -se dirigió Fernández al tribunal-... Renuncié francamente porque tenía, creo que había… que el gobierno sufrió un desgaste muy grande con motivo de la 125. Me pareció que iba a ser difícil que yo siguiera adelante en la misma fuerza que tuve durante la gestión de Néstor y preferí dar un paso al costado.

-Cuando renunció, ¿usted tenía algún grado de conocimiento con respecto al señor Lázaro Báez?

Rusconi, abogado de De Vido, se opuso nuevamente a la pregunta. El tribunal la avaló. Fernández debió responder:

-Voy a tratar de ser lo más explícito posible para aventar dudas en el fiscal. No conozco al señor Lázaro Báez. Lo conocí una vez en (El) Calafate. Recuerdo perfectamente el diálogo. Me dijo: ‘Buenos días’ y le dije: “Mucho gusto’. Fue la única vez que hablé con él. Nunca, nunca más lo ví a Lázaro Báez ni con motivo de mi función ni nada. Recuerdo que en el año 2005, 2006 se hizo la denuncia, por lo que yo recuerdo, por lo mismo que se investiga acá, que llevaba adelante el juez federal, en ese momento, Guillermo Montenegro. Y que él se declaró incompetente y lo mandó al Sur, a Santa Cruz, porque precisamente se investigaban las obras dadas a Santa Cruz. Y esa causa, si yo no me equivoco, tardó dos o tres años en resolverse. Y ahí escuché por primera vez las afirmaciones, la historia de Lázaro Báez y su presunto vínculo con Kirchner. Por lo que recuerdo, terminó sobreseída definitivamente… inclusive, me llamó la atención porque después se volvió a repetir la denuncia acá con los mismos argumentos de aquella causa y me llamó la atención que prosperara esta investigación.

-Algunas precisiones le voy a pedir -volvió a preguntar el fiscal.

-Estando en El Calafate, había ido con Néstor, Néstor estaba terminando de hacer su casa. Si no me equivoco fue en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí en (El) Calafate.

-¿Quién se lo presentó?

-Yo estaba con Néstor.

-¿Se lo presentó Néstor?

-Sí. Yo estaba con Néstor, él se acercó a saludar y se produjo el diálogo que ya comenté.

-¿Cuándo fue esto?

-2003, 2004, no tengo idea.

Sobre Báez

Durante su declaración testimonial, el Presidente aportó tres detalles diferentes de la anécdota a la que ya se había referido en distintas entrevistas durante 2016: la fecha, el lugar exacto y lo que Báez habría estado haciendo en El Calafate durante el encuentro. Evitó así mencionar algo central que estaría directamente relacionado con otra pregunta de la fiscalía en la que se terminó contradiciendo con sus dichos pasados: que Báez estaba construyendo una obra en el hotel Los Sauces, propiedad de los Kirchner, según dijo el propio Fernández en 2016.

El 22 de marzo de 2016, en el programa Plan M, conducido por el periodista Maximiliano Montenegro y emitido por Canal 26, Fernández dijo en el piso: “Lo ví una vez en mi vida a Lázaro en (El) Calafate, cuando estaban construyendo Los Sauces, estábamos en la obra. Tampoco lo ví en la casa de Néstor”. 

Fue un dato que Fernández también obvio durante su declaración testimonial cuando el fiscal le preguntó:

-¿Sabe si entre 2003 y 2015 los Kirchner celebraron algún tipo de operación comercial con Báez?

-No, no lo conozco a Lázaro Báez, no sé qué hace de su vida ni qué vínculos tiene con gente.

En 2018, la periodista Mariela Aries informó en La Nación que los Kirchner y Báez firmaron tres convenios para la ampliación del hotel Los Sauces, vecino a la casa del matrimonio en El Calafate. Uno de los convenios fue firmado en noviembre de 2006 para la construcción del spa del hotel, de 250 metros cuadrados y un área de servicios de 139 metros cuadrados. Por lo menos tres módulos del hotel fueron construidos por Báez y el pago por las obras se realizó mediante la cesión de un terreno que había sido adquirido por los Kirchner dos años antes como tierra fiscal. 

Ese terreno no quedó registrado a nombre del dueño de Austral Construcciones en el Registro de la Propiedad Inmueble, aunque sí consta en un acta notarial secuestrada por la Justicia durante los allanamientos a una escribanía en Santa Cruz. “En el acta se acordó que el pago a Báez era por $1.644.570 más IVA. Esa retribución se realizaba con un terreno que Cristina Kirchner le había comprado al municipio dos años antes por 45 veces menos ese valor: $35.000”, publicó la periodista.

El 9 de junio de 2016, en La Quinta Pata, en la Televisión Pública, Fernández había dicho: “Voy a contestar por enésima vez, en mi época yo sabía que Lázaro Báez era un señor que hacía obra pública en Santa Cruz. Lo ví una vez en mi vida, en (El) Calafate, cuando Kirchner estaba construyendo el hotel Los Sauces y él estaba haciendo una obra que consistía en tirar cables de teléfono o de luz para instalar en lo que fue el hotel posteriormente”. 

No lo conozco a Lázaro Báez, no sé qué hace de su vida ni qué vínculos tiene con gente.

En 2016, durante una entrevista en Plan M, Fernández se había referido también a su único supuesto encuentro fortuito con Báez. “No era alguien que venía al Gobierno nacional, no sé, lo conocerán de Santa Cruz, donde Lázaro hacía sus obras, sus trabajos o su defalco, no sé, como lo llamen”, respondió durante la entrevista.

En 2013, además, había dicho otra cosa, el 15 de abril de ese año, horas después de la emisión de Periodismo Para Todos (PPT), en Canal 13 reveló el caso conocido como “la ruta del dinero K”. Entonces, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar habían aparecido en cámara relatando el circuito de lavado de dinero de Báez, por el que el empresario terminó condenado en 2021 a 12 años de prisión.

“La verdad es que no lo conocí a Lázaro Báez, no sé si me lo habré cruzado en una reunión. Escuché las cosas que se decían siempre”, dijo en 2013 Fernández a los periodistas Florencia Etcheves y Guillermo Lobo. “Lo que yo escuché (en PPT) son casos de lavado de dinero muy graves”, agregó el ahora presidente. 

Sobre la obra pública

El fiscal también preguntó sobre los dichos públicos del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien en noviembre de 2005, poco antes de renunciar a su cargo, habló sobre la cartelización de la obra pública en la 53° reunión de la Cámara Argentina de la Construcción. En aquella oportunidad, Lavagna había dicho: “Hay cierto grado de cartelización de la obra pública con los sobrecostos que ello implica” y mencionó “el caso de (la Dirección de) Vialidad, el cual es bien conocido por ustedes y saben que está siendo investigado por la Comisión de Defensa de la Competencia, e incluso por el Banco Mundial”.

Cinco abogados defensores se opusieron a la pregunta. El fiscal la reformuló. Cuatro de ellos se volvieron a oponer. Finalmente respondió. “Sí recuerdo el acto en la Cámara de la Construcción y allí Roberto hizo una suerte de mención al problema histórico que tiene la Argentina con la cartelización de la obra pública, pero no es que lo haya hablado conmigo particularmente”.

-¿Sabe si esto tuvo algún impacto en el desempeño de la gestión pública de Lavagna?-, le preguntó el juez Gorini.

-Ninguno.

Conocí a Lázaro Báez estando en El Calafate, había ido con Néstor, Néstor estaba terminando de hacer su casa. Si no me equivoco fue en el parque porque estaba haciendo alguna obra allí.

Néstor Kirchner le pidió la renuncia a Lavagna seis días después de sus declaraciones.

-¿Se realizó algún tipo de auditoría tendiente a descartar los dichos del ministro?- quiso saber el fiscal.

-El comentario de Roberto Lavagna fue un comentario absolutamente genérico que hablaba de un problema histórico de la Argentina que es la cartelización de la obra pública, que en verdad lo tiene al Estado de víctima, no de promotor. La verdad es que yo no recuerdo que se haya promovido una investigación particular sobre ese tema porque la cartelización es algo que hacen los empresarios privados y la víctima es quien los contrata. El Estado es víctima de la cartelización: hay un grupo de empresarios que se ponen de acuerdo para jorobar al Estado. Yo entendí que lo dijo en esos términos.

El 16 de junio de 2016, en la entrevista con Albino Aguirre, Fernández dijo: “Hay un grupo de empresas que se divide la obra pública entre ellos y usted va a ver que en Santa Cruz ganaba Lázaro Báez, en Capital ganaba (Nicolás) Caputo y en cada provincia hay uno que gana”.

El juez Gorini le preguntó a Fernández

-Mientras usted se desempeñó como jefe de Gabinete o después, ¿tomó conocimiento de un acuerdo de voluntades a los efectos de direccionar la obra pública de Santa Cruz o favorecer a algún empresario?

-Definitivamente no-, respondió el Presidente de la Nación.

El 9 de junio de 2016, había dicho en La Quinta Pata. “Que la obra pública está cartelizada no cabe la menor duda, pero no por Lázaro Báez”, dijo en referencia a las grandes constructoras que históricamente ocuparon el ranking de licitaciones públicas, aunque no las nombró. “Obviamente que hay problemas de sobreprecios”, sostuvo Fernández en tiempo presente.

Dos años más tarde, el 14 de agosto de 2018, Fernández amplío en una entrevista  con el periodista Luis Novaresio y fue explícito sobre el rol de los funcionarios públicos en las maniobras de cartelización. “La obra pública empezó a convertirse en un mecanismo espurio por la cartelización de los prestadores que conlleva a comprar voluntades en el Estado y empezó con la dictadura” militar.

La intención del fiscal de interrogar al Presidente sobre una planilla con detalles de las obras públicas presupuestadas en 2008 también generó diversas oposiciones de los abogados. El presidente del tribunal le dio la razón a los defensores. “Ya el testigo se ha manifestado respecto de todo el proceso de elaboración de presupuestos”, dijo el juez Gorini.

Luciani solicitó que se le exhibiera a Fernández la planilla.

-¿En serio? ¿Me preguntan en serio?

-¿Lo ve bien? - preguntó Gorini.

-No, no veo nada.

El fiscal le pide que vea la ruta nacional 288. 

-Quiero entender lo que estoy viendo. Esto es un anexo de la Ley de Presupuesto. ¿A Dónde quiere llegar, doctor?- le preguntó Fernández al fiscal.

-A mí me da la impresión de que usted no me escuchó antes.

-Yo lo escuché bien -, dijo Luciani.

-Entonces tiene un problema de comprensión.

-No me falte el respeto, doctor -le respondió el fiscal mientras intervenía el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal-. La inquietud es si usted nos puede aclarar alguna circunstancia respecto de esa obra.

-De ningún modo quise faltar el respecto doctor, quise ser descriptivo -, afirmó Fernández.

No tengo la menor idea de eso. Me podría preguntar por todas las otras. Tampoco tengo la menor idea.

El fiscal solicitó exhibir al testigo una actuación donde se resuelve adjudicar la licitación pública de la ruta. Pero el presidente del tribunal no le permitió la pregunta ante los planteos de las defensas. “No le voy a hacer lugar a la exhibición en la medida en la que no se trate de una documentación en la cual el testigo haya tenido intervención, de modo tal que no podría tener conocimiento de la misma”, dijo Gorini.

El fiscal procedió con la pregunta, sin exhibir el documento, “En la planilla se informa un un importe a devengar de 150 millones de pesos. La adjudicación, que fue en marzo del año 2007, es decir, con anterioridad a que se envíe estas planillas (al Congreso) fue por 225 millones de pesos. Es decir, que hay un sobrante de 75 millones de pesos. Yo le quiero preguntar concretamente cómo es posible que esto suceda y si suele suceder”.

-La interpretación de esa planilla correrá por una cuestión de valoración de cada uno-, dijo Gorini luego de no permitir que el testigo responda la pregunta. Ante la insistencia del fiscal, los tres jueces del tribunal deciden habilitar la pregunta. Pero la respuesta de Fernández fue: 

-La verdad es que no tengo idea. No sé exactamente. No es tan simple de analizar cómo se intenta hacer. Como le dije antes, no, la verdad que no tenía presente ninguna de las obras. La memoria es buena, pero no llega a tanto. Y la verdad es que no sé qué pasó después para que pueda haber pasado eso. Creo que pueden haber distintas explicaciones que no quiero dar porque son todas hipótesis y no tiene mucho sentido. 

-A mí sí me interesa saber. ¿Nos puede dar alguna explicación?- insistió el fiscal.

-No puedo explicar algo que no conozco.

“Está respondido”, los frenó el juez Gorini.

Sobre De Vido y López

Con el exminstro de Infraestructura y Planificación Federal, Julio De Vido, imputado en el juicio de Vialidad, “tenía el mismo vínculo que con otros ministros”, dijo Fernández ante la pregunta del fiscal.

Con Novaresio, en 2018, el ahora Presidente había afirmado: “Nunca fue bueno  (su vínculo con De Vido) porque a mí me daba la impresión de que era un ministerio que funcionaba con mucha laxitud en las decisiones”. 

Cuando el fiscal lo interrogó el martes sobre cómo era el diálogo con los ministros a la hora de armar el presupuesto de obras públicas, Fernández dijo: “No tuve ningún vínculo especial con Planificación para la elaboración del presupuesto. Tampoco con otros ministerios”.

“Cada ministerio tiene su propia área administrativa, que son las que participan en la elaboración del presupuesto. Los ministros siguen lineamientos del Gobierno nacional, se recopilar de cada ministerio lo que se necesita”, agregó Fernández.

Pero esta vez, ante el tribunal, Fernández eludió apuntar a De Vido. También a José López.

-¿Quién planteaba o quién le planteaba a usted esta necesidad de reasignar fondos?-, preguntó el fiscal sobre la reasignación de las partidas a obras de Santa Cruz.

Maximiliano Rusconi, abogado de De Vido, objetó la pregunta. El tribunal la avaló y Fernández debió responder.

-Otra vez más se lo cuento. En realidad la toma de decisiones tiene que ver con el momento y la circunstancia. Hay que ver exactamente qué necesidades hay en la administración nacional y se decide.

-Disculpeme, doctor Fernández -lo interrumpió Gorini, presidente del tribunal-, me parece que la pregunta del Ministerio Público apunta a cómo, materialmente, se instrumentaba ese mecanismo para la reasignación de partidas.

-Era una cuestión de mérito, oportunidad y consecuencia. Acá está sobrando plata, saquemosla de acá y pongámosla en este lugar. Es muy simple…

-Pero me parece que la inquietud gira en torno al circuito.

-La reasignación es una decisión de la Jefatura de Gabinete y lo que hacemos es hablar con los ministros para explicarle que le está sobrando esto y que se lo doy a otro. Es eso, pero es una decisión de la jefatura de Gabinete. 

Sobre López, dijo en el juicio: “No dependía de mí y no tenía prácticamente trato con él”.

En 2016, en la entrevista con Aguirre sobre la que quería interrogarlo el fiscal, Fernández había dicho: “Cuando yo renuncié, con esa referencia que te hice (a la obra pública), uno de los que peor se lo tomó fue López porque se sintió directamente aludido. Hacía bien en sentirse aludido, y durante ocho años me estuvo insultando y maltratando en todos lados y eso me causa mucha gracia y pena. Me acusaba de ser un lobbista de Repsol, un enviado de Clarín, un traidor al proyecto nacional y popular. Resulta que el traidor tiene menos bienes que cuando fue ministro y él, el militante nacional y popular del peronismo revolucionario, anda con ocho millones y medio de dólares en el auto”.

ED

“Todo esto ocurrió en Santa Cruz”. Néstor Kirchner “me lo presentó (a Lázaro Baéz) como un amigo, como una persona cercana a él”. “A mí me pidieron que sea parte de un gobierno, nadie me pidió que sea cómplice de un delincuente”. “Todo esto me parece que ocurrió después (de) que yo me fui porque en mi época esto yo no lo ví así”. “Yo no puedo decir que los Kirchner no tienen nada que ver con los Báez porque van al mausoleo de Néstor juntos, ¿cómo no van a tener que ver?”. “Yo quisiera que no haya nuevos Lázaros Báez”. Son algunos de los textuales de entrevistas televisivas en los que el ahora presidente Alberto Fernández se refirió al empresario patagónico y a la presunta corrupción en las obras viales adjudicadas a sus empresas durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente será el testigo estrella en el juicio oral y público por el caso Vialidad, el único en pie contra la vicepresidenta, imputada en este expediente por los presuntos delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita en la adjudicación de obras a Báez. 

El Presidente integra la lista de exjefes de Gabinete de Fernández de Kirchner citados como testigos a pedido de la defensa de la exmandataria. El abogado Carlos Beraldi lideró los interrogatorios de los tres que ya declararon en lo que va de febrero: Juan Manuel Abal Medina, Jorge “Coqui” Capitanich y Aníbal Fernández. Tras la declaración de Fernández, resta escuchar a  Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados.

La verdad es que no lo conocí a Lázaro Báez, no sé si me lo habré cruzado en una reunión. Escuché las cosas que se decían siempre.

En TN, 15 de abril de 2013.

Beraldi trajo al juicio el rol de los jefes de Gabinete y su responsabilidad en la ejecución del presupuesto de la obra pública y la reasignación de partidas, uno de los puntos de la acusación. 

El archivo de algunas de las entrevistas televisivas que el ahora Presidente realizó entre 2013 y 2018 permite reconstruir sus textuales sobre el empresario Báez, la acusación en el caso Vialidad, la obra pública, el rol de los jefes de Gabinete y la expresidenta -a quien nunca acusó directamente por este caso, como sí lo hizo sobre el memorándum con Irán-. Esos textuales demuestran que, a diferencia del resto de sus compañeros de cargo, Alberto Fernández ha reconocido sus sospechas sobre Báez; ha hablado sobre el estrecho vínculo del dueño de Austral Construcciones con los Kirchner; ha reclamado explicaciones sobre la llamada ruta del dinero K; y ha criticado la gestión del exministro Julio De Vido, otro de los acusados en este juicio. 

Aunque ha realizado declaraciones contradictorias sobre el caso a lo largo de este periodo de tiempo (2013-2018), el archivo de algunas entrevistas disponibles en YouTube que analizó elDiarioAR marcan dos periodos claros: entre 2013 y 2017, cuando estaba más cerca de Sergio Massa, se mostraba crítico a Fernández de Kirchner y reclamaba explicaciones a la familia Báez; y en 2018, cuando comenzó a reconocer en los medios que había retomado el diálogo con Fernández de Kirchner y suavizó sus críticas a la exmandataria y sus sospechas sobre Báez.

Presidencia no tiene ningún operativo especial preparado para este martes, confirmó una fuente oficial a elDiarioAR. Fernández deberá presentarse ante el Tribunal Oral Federal número 2 a las 9.30 y declarará ante al menos dos de los jueces de manera presencial (suelen turnarse por protocolo Covid-19, dos presencial y uno virtual), mientras que el fiscal Diego Luciani, los abogados defensores y las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) -dos organismos que dependen del Ejecutivo- presenciarán la testimonial conectados por Zoom, al igual que la prensa, con acreditación previa del tribunal. El mandatario estará acompañado por su escolta y no habrá seguridad extra a la habitual, informó la fuente oficial.

El Presidente no está obligado legalmente a atenerse a sus propias declaraciones públicas, aunque podría ser interrogado sobre ellas durante la audiencia del martes. Para la Justicia, sólo es válido lo que un testigo declara ante el tribunal y en la medida en la que no se contradiga con otras declaraciones que haya prestado ante la Justicia sobre el caso. En 2018, el periodista Luis Novaresio le preguntó a Fernández por el caso de la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, y sus declaraciones públicas sobre “bolsos con dinero” en la Casa Rosada. “Miriam Quiroga en la Justicia dijo todo lo contrario (a lo que dijo en los medios)”, lo interrumpió Fernández.

La acusación que lleva adelante el fiscal Luciani tiene un punto central sobre el que el Presidente se ha referido en entrevistas: el vínculo entre Báez y los Kirchner, sus relaciones comerciales y personales, y el crecimiento exponencial de las empresas y negocios del cajero bancario que se convirtió en empresario de la obra pública de la mano del entonces gobernador Néstor Kirchner y más tarde, con la llegada del matrimonio Kirchner-Fernández al poder, según la acusación. Esta relación preexistente, que se extendió a lo largo de las presidencias de CFK, es la base, para los acusadores, de la presunta defraudación y la supuesta asociación ilícita entre los imputados.  

“No lo conocí”

El 15 de abril de 2013, horas después de la emisión de Periodismo Para Todos (PPT), en Canal 13, Fernández dio una entrevista telefónica a Todo Noticias (TN) para referirse a las revelaciones de “la ruta del dinero K”. Por primera vez, Leonardo Fariña y el financista Federico Elaskar habían aparecido en cámara relatando el circuito de lavado de dinero de Báez, por el que el empresario terminó condenado en 2021 a 12 años de prisión.

“La verdad es que no lo conocí a Lázaro Báez, no sé si me lo habré cruzado en una reunión. Escuché las cosas que se decían siempre”, dijo Fernández a los periodistas Florencia Etcheves y Guillermo Lobo. “Lo que yo escuché (en PPT) son casos de lavado de dinero muy graves”, agregó el ahora presidente. 

No era alguien que venía al Gobierno Nacional, no sé, lo conocerán de Santa Cruz, donde Lázaro hacía sus obras, sus trabajos o su defalco, no sé, como lo llamen.

En Plan M, 22 de marzo de 2016.

“Una vez en mi vida”

Tres años más tarde, en distintas entrevistas que realizó durante 2016, Fernández sí reconoció conocer a Báez y dio detalles sobre la única vez en que la dijo haber estado con el exdueño de Austral Construcciones. El 5 de abril de ese año, Báez quedó detenido por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de la acusación de lavado, ex expediente distinto al de Vialidad pero extrechamente conectado: en la sentencia de 2021, dos de los jueces sostuvieron que el empresario lavó dinero proveniente de la obra pública.

El 22 de marzo de 2016, en el programa Plan M, conducido por el periodista Maximiliano Montenegro y emitido por Canal 26, Fernández dijo en el piso: “Lo ví una vez en mi vida a Lázaro en (El) Calafate, cuando estaban construyendo Los Sauces, estábamos en la obra. Tampoco lo ví en la casa de Néstor”. Faltaban 14 días para que Casanello ordenara la detención de Báez por el caso de lavado. Restaba un mes para que naciera el caso Vialidad.

Era 2005, dijo Fernández sobre aquel encuentro fortuito con Báez. “No era alguien que venía al Gobierno nacional, no sé, lo conocerán de Santa Cruz, donde Lázaro hacía sus obras, sus trabajos o su defalco, no sé, como lo llamen”, respondió durante la entrevista.

“No era como ahora, no tenía la dimensión de ahora. Los hechos que relatan Elaskar y Fariña son de 2010. Antes se decían cosas, pero tampoco se le puede crédito a todas las cosas que se dicen”, agregó en su defensa.

Ese mismo año, en el programa Animales Sueltos, el periodista Alejandro Fantino le preguntó por el empresario. Néstor Kirchner “me lo presentó como un amigo -dijo Fernández-, como una persona cercana a él, estábamos en Santa Cruz, yo no le presté mucha atención”. Entonces, puso en duda las acusaciones contra el empresario de haber lavado a través de paraísos fiscales, bancos suizos y compra de propiedades casi US$60 millones de la obra pública. Fernández dijo estar preocupado: “Si esto no llega a ser cierto, cómo afecta esto a la memoria de Kirchner es muy grande”. Fantino le recordó: “Esto es cierto”.

El 9 de junio de 2016, Fernández fue entrevistado por los periodistas de La Quinta Pata, en la Televisión Pública. Entonces, la Justicia ya había iniciado el expediente conocido como Vialidad, tras la denuncia del titular de ese organismo en el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel. “Voy a contestar por enésima vez, en mi época yo sabía que Lázaro Báez era un señor que hacía obra pública en Santa Cruz. Lo ví una vez en mi vida, en (El) Calafate, cuando Kirchner estaba construyendo el hotel Los Sauces y él estaba haciendo una obra que consistía en tirar cables de teléfono o de luz para instalar en lo que fue el hotel posteriormente” 

Obviamente que hay problemas de sobreprecios.

En La Quinta Pata, 9 de junio de 2016.

Esto pasó pero en Santa Cruz

En el programa Plan M, Fernández habló con una pantalla de fondo que reproducía el video de una cámara de seguridad de la financiera SGI en el que se veía a Martín Báez, hijo mayor de Lázaro y ejecutivo de Austral Construcciones, contando fajos de dólares en 2012. 

Montenegro le preguntó si lo que se veía había sido parte de un mecanismo sistemático de corrupción para defraudar fondos del Estado. “Esto me parece gravísimo. Es todo lo que te puedo decir. Me asombra que nadie dé una explicación. Si a mí me llegas a imputar algo así, vengo acá, me siento y te explico todo, si es mentira. Y si no, me entrego, qué sé yo”.

“La verdad me parece increíble que nadie explique nada -se extendió Fernández ante las repreguntas-. Olvidate de lo judicial, lo judicial es muy complejo, acá todos graciosamente dicen por qué el juez (Casanello) no avanza, es una cosa difícil de resolver”.

“Desde lo político, lo que digo es que esto hay que explicarlo porque el que calla otorga”, agregó Fernández. Sobre Hotesur, un caso en el que también estaban acusados Fernández de Kirchner, sus hijos y Báez, entre otros, dijo entonces: “Ese es otro expediente que se está tramitando y van a tener que explicar porque es todo muy loco lo que pasó ahí”.

“A mí me pidieron que sea parte de un gobierno, nadie me pidió que sea cómplice de un delincuente. Si alguien hizo esto, pues que responda”, dijo en alusión al video. “Yo quisiera que no haya nuevos Lázaros Báez”, afirmó.

-Ahora esto empezó en 2003, ¿no? - le preguntó el periodista Diego Genoud sobre el crecimiento exponencial de las empresas constructoras de Báez y la adjudicación de obras públicas.

-No… esto es 2012, las denuncias de (Jorge) Lanata, 2010.

-Si, pero Austral Construcciones como empresa y Lázaro Báez como socio de Néstor Kirchner…

-Pero ordenemos un poco las cosas: todo lo que estás hablando, ocurrió en Santa Cruz. No ocurrió en el Gobierno nacional…

-No, las obras las otorgó Vialidad Nacional…

-No, todo ocurrió en Santa Cruz, no ocurrió en el Gobierno Nacional.

-Pero los fondos son de Vialidad nacional…

-Está bien, pero el Gobierno gira los fondos y la provincia es la que licita, no es el Gobierno Nacional.

-La pregunta es si este sistema que ahora se ve (señala el video) acompañó al kirchnerismo desde 2003 - insitió Genoud.

-No, a mí no me consta. A mí me consta que los hechos que denuncia Lanata son de 2010 y que esta filmación data de 2012. 

“Yo no puedo decir que los Kirchner no tienen nada que ver con los Báez porque van al mausoleo de Néstor juntos, ¿cómo no van a tener que ver? -afirmó Fernández en la entrevista-. Lo que espero es que alguien diga algo, que alguien explique algo, algo más que decir ‘esto es una persecusión’, porque esto no es una persecución, esto son unos tipos contando plata que no sabemos de dónde salió”, agregó.

A mí me pidieron que sea parte de un gobierno, nadie me pidió que sea cómplice de un delincuente. Si alguien hizo esto, pues que responda.

En Plan M, 22 de marzo de 2016.

La obra pública

Juan Villanueva, abogado de Báez, aseguró a elDiarioAR que para la defensa “uno de los puntos de la acusación sostiene que desde la Presidencia se redirgieron partidas presupuestarias para beneficiar a la provincia de Santa Cruz por sobre otras provincias, y en particulas a las empresas de Báez. Pero quedó demostrado -luego de las declaraciones de Abal Medina, Capitanich y Aníbal Fernández- que no fue así porque las leyes de presupuesto y las reasignaciones de partidas son firmadas por los jefes de Gabinete y acreditan una distribución homogénea de obra pública para todas las provincias del país”.

“Otro punto de la acusación -afirmó Villanueva- sostiene que la provincia de Santa Cruz fue beneficiada con más obras de las que debería haber recibido en la distribución del presupuesto porque la provincia tiene pocos habitantes, pero los exjefes de Gabinete explicaron que la decisión no tiene que ver únicamente con la concentración de población, de ser así únicamente se harían obras públicas en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, en detrimento del interior del país. Deben analizarse también otras variables, como el desarrollo económico y turístico, factores de soberanía y desarrollo energético, además de la extensión territorial y la cantidad de kilómetros de red vial en cada jurisdicción”, aseguró el abogado del empresario.

Sin embargo, el eje central de la acusación de la fiscalía sigue siendo el vínculo entre los Kirchner y Báez, el supuesto direccionamiento de las obras a sus empresas y su exponencial crecimiento económico a partir de la llegada de los Kirchner al gobierno nacional, según el requerimiento de elevación a juicio. “No puedo desatender el dato de que todo ocurrió en Santa Cruz y que es la provincia de Néstor. Pero hay que poner todo en su exacto punto”, dijo Fernández en marzo de 2016 en Plan M.

En la acusación también se sostiene que las empresas de Báez, en especial, la principal de ellas, Austral Construcciones, fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales. Todos los acusados han negado en reiteradas oportunidades haber integrado una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado. 

En la entrevista en La Quinta Pata, del 9 de junio de 2016, conducido por Damián Glanz y Marcela Pagano, Fernández también respondió preguntas sobre la supuesta corrupción en la obra pública asignada a Baéz y repitió los argumentos que había dado en marzo en Plan M. También aprovechó para despegar su gestión como jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner (mayo 2003-julio 2008) del circuito denunciado. “Todo esto me parece que ocurrió después (de) que yo me fui porque en mi época esto yo no lo ví así”, dijo.

“Si miran mis bienes, tengo menos bienes que en 2003”, afirmó Fernández en la misma entrevista, ante los cuestionamientos de los periodistas. “Hay un presupuesto nacional, que aprueban obras públicas, el gobierno nacional distribuye y cada provincia licita y paga a través de Vialidad provincial”, sostuvo. “Que la obra pública está cartelizada no cabe la menor duda, pero no por Lázaro Báez”, dijo en referencia a las grandes constructoras que históricamente ocuparon el ranking de licitaciones públicas, aunque no las nombró. “Obviamente que hay problemas de sobreprecios”, sostuvo Fernández. 

Dos años después, el 14 de agosto de 2018, Fernández dio una explicación similar sobre el rol de los jefes de Gabinete al periodista Luis Novaresio. El periodista le había preguntado por la causa de los cuadernos, que había monopolizado la agenda una semana antes. “Ningún jefe de Gabinete, ningún presidente participa jamás de una licitación”, respondió.

“El sistema de obra pública no es un sistema que resuelve un ministro ni el Presidente, es un sistema que resuelve el Congreso Nacional -dijo en relación a la ley de Presupuesto-. En cada negociación presupuestaria vos tenés que negociar con los diputados de cada provincia qué obras públicas quieren en las provincias”. En esta misma línea, una fuente de la defensa de Julio De Vido afirmó a elDiarioAR que en las declaraciones que ya dieron Abal Medina, Capitanich y Aníbal Fernández “quedaron en claro los múltiples controles que existen en la elaboración del Presupuesto y la imposibilidad que existe de incluir fondos para una obra en un presupuesto sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie la chequee”. “Nadie protestó ni antes ni durante ni después y los controles no los ejercen solamente los funcionarios del Ejecutivo sino de otros poderes”, agregó la fuente consultada.

Si hay un problema es el de la cartelización en la obra pública, donde Lázaro Baéz era un cuatro de copas.

En Luis Novaresio entrevista, 14 de agosto de 2018.

El exministro de Infraestructura y Planificación es uno de los acusados en el juicio, junto con el exsecretario de Obras Públicas, José López; quienes junto a Fernández de Kirchner y otros ocho exfuncionarios están imputados por supuestamente haber favorecido a las constructoras de Báez con 51 licitaciones públicas para obras viales en Santa Cruz, que, según la acusación, habrían sido dirigidas a sus compañías, beneficiadas, a su vez, por el supuesto desvío de partidas presupuestarias para el pago de obras que en muchos casos ni siquiera se realizaron, según la fiscalía. 

Tanto Abal Medina como Aníbal Fernández y Capitanich dejaron en claro ante el tribunal que los jefes de Gabinete no habrían tenido forma de conocer y controlar si las empresas de Báez efectivamente realizaban las obras para las cuales reasignaban fondos de la obra pública y que la reasignación de partidas, si bien eran firmadas por el jefe de Gabinete, venían solicitadas por el ministerio de De Vido.

“La obra pública empezó a convertirse en un mecanismo espurio por la cartelización de los prestadores que conlleva a comprar voluntades en el Estado y empezó con la dictadura” militar, afirmó Fernández en la entrevista de Novaresio en 2018, y pateó la pelota al macrismo: “No es casualidad que el grupo Socma se haya creado en diciembre del 76”. También fue muy crítico del expediente de los cuadernos, del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, a quien definió como “su amigo”.

Cristina

Ese 14 de agosto de 2018, Novaresio le preguntó:

-Me admitís la pregunta burda. ¿Para vos Cristina no choreó?

-Yo no estoy en condiciones de afirmar eso. Nunca la vi involucrada en temas económicos.

“Acá se construyó la idea de que Cristina estaba al tanto de todo. Y la verdad es que yo no estoy seguro de que estaba al tanto de todo”, agregó Fernández. “Tal vez tengas razón -dijo al entrevistador- (en) que hay una responsabilidad política, pero estamos hablando de responsabilidad penales”.

En esta misma entrevista, Fernández cuenta que ya había retomado entonces el diálogo con Cristina Kirchner y que habían hablado ese mismo día. Sus declaraciones sobre Báez tomaron otro color. 

-¿Como puedo yo creer que una presidenta que se manejaba así no sabía que en su ministerio de Infraestructura pasaba lo que pasaba?-, le preguntó Novaresio sobre el caso cuadernos.

-No lo sé pero es posible.

“Cristina era una máquina de exigir acción, hacer, hacer y conseguir resultados”, afirmó, y sostuvo que en sus gestiones como mandataria se realizó “una cantidad de obra pública impresionante”.

 “Todo esto empezó como una suerte de ‘carterizaciones’ entre los Kirchner, los Cristóbal López y los Báez. Y ninguno de ellos aparece en esta historia” (de los cuadernos) ¿Qué investigamos durante todos estos años?“, se diferenció Fernández de declaraciones pasadas. ”Si hay un problema es el de la cartelización en la obra pública, donde Lázaro Baéz era un cuatro de copas“, agregó.

Acá se construyó la idea de que Cristina estaba al tanto de todo. Y la verdad es que yo no estoy seguro de que estaba al tanto de todo.

Con Novaresio, 14 de agosto de 2018.

-Después de todas las pruebas que se acumulan sobre el vínculo de Cristina y Lázaro, ¿usted cree que ella es inocente, por ejemplo en el caso Hotesur? - le preguntó dos años antes el periodista Santiago Fioriti, en La Quinta Pata. 

-No, no sé si es inocente y no sé si es culpable -dijo Fernández-. Lo que necesito es que rápidamente se sepa porque, como yo, ha habido mucha gente que abrazó este movimiento político honestamente, creyendo en los postulados políticos que sigo defendiendo hasta el día de hoy, y lo que necesitan es que esto se aclare porque yo partícipe de un proyecto político, no fui cómplice de nadie.

De Vido

-¿El problema era De Vido? -, le preguntó Marcela Pagano en 2016.

-No, no sé quién era el problema..

El jefe de Gabinete no es el que toma la decisión por arriba de todos los ministros. Y el Presidente tampoco.

En La Quinta Pata, 9 de junio de 2016.

“Nunca el que delinque anda contando que anda delinquiendo, no se lo cuenta ni a sus compañeros de Gabinete”, dijo Fernández en una de las entrevistas, sin alusión a ningún funcionario.

Sobre su vínculo con De Vido, respondió a Novaresio en 2018: “Nunca fue bueno porque a mí me daba la impresión de que era un ministerio que funcionaba con mucha laxitud en las decisiones”. 

En la defensa de De Vido sostienen que “los que están imputados hoy fueron elegidos selectivamente. Está imputado un ministro, una presidenta, pero en la elaboración del presupuesto interviene el Ministerio de Economía y un conjunto de organismos, incluso el jefe de Gabinete y los miembros del Congreso, que no están imputados y tenían la misma intervención casi nula de De Vido”. “Ninguno de ellos debería estar imputado”, aclaró la fuente.

“El que tiene que defender su gestión es De Vido, no soy yo. Yo me fui, tuve diferencias con De Vido sobre el manejo de ministerio y en su momento le aconsejé a Cristina que oxigene su gobierno”, dijo en 2016 en La Quinta Pata.

“El jefe de Gabinete no es el que toma la decisión por arriba de todos los ministros. Y el Presidente tampoco. Muchas decisiones las toman los ministerios sin que nosotros tengamos participación. Yo sólo quiero recordarles que (el exsecretario de Transporte Ricardo) Jaime está procesado en una causa por una compra que hizo y la dividió en tres y según dice el juez -yo me enteré por el fallo- lo hizo para evitar pasar por la Jefatura de Gabinete”, declaró Fernández en aquella entrevista.

La testimonial

El abogado de Báez, Villanueva, dijo a elDiarioAR que para la defensa las declaraciones de los exjefes de Gabinete han ayudado a “rebatir puntos centrales de la acusación” y que en el caso del Presidente “es esperable que su testimonio sea similar al de Abal Medina, Capitanich y Aníbal Fernández porque las preguntas son sobre las leyes, la Constitución Nacional y la práctica de un jefe de Gabinete en torno a la formulación de la Ley de Presupuesto y la reasignación de partidas presupuestarias”.

“La declaración más rica hasta el momento fue la de Abal Medina. Creo que fue la más clara y pedagógica respecto de las leyes y artículos de la Constitución que rigen el cargo y el Presupuesto”, sostuvo el defensor. “Las planillas anexas a la ley de presupuesto y a las decisiones administrativas que las reasignan acreditan que a las empresas de Báez también le quitaron partidas presupuestarias ya asignadas para redirigirlas a otros destinos, lo cual falsea la principal hipótesis de la fiscalía”, afirmó Villanueva.

El juicio del caso Vialidad seguirá en la etapa de testigos por al menos hasta mediados de este año. Luego será el turno de los alegatos. Mientras tanto, las defensas, en especial la de la vicepresidenta, aguardan desde 2019 que la Corte Suprema resuelve una serie de planteos de nulidades que buscan hacer caer este juicio antes del veredicto.

ED