EL JUICIO CONTRA LA VICEPRESIDENTA

CFK en el incómodo espejo de De La Rúa: la represión de 2001 y la obra pública en la era K

El estallido de 2001, el 19 de diciembre, frente al Obelisco.

El alcance del fallo sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en el caso Vialidad planteará un precedente inédito para la clase política, coinciden jueces y fiscales consultados por elDiarioAR ante el alegato de la defensa de la vicepresidenta que culminó este viernes.

¿Pudo estar la entonces presidenta ajena a las decisiones que su gobierno tomaba en torno a su principal socio comercial y a su principal política de Estado en inversión? La fiscalía aseguró que no podía desconocerlo. La defensa enfatizó que Fernández de Kirchner no tenía competencia para tomar ninguna de esas decisiones y que las que sí tomó son legales porque fueron validadas por el Congreso, según expusieron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy y la propia funcionaria ante el Tribunal Oral federal número 2.

Sin mencionar a Báez ni su relación comercial con el empresario (construyó sus hoteles y otras propiedades, gerenciaba sus hoteles y le alquilaba propiedades), Fernández de Kirchner comparó cómo los jueces de Comodoro Py habían juzgado al expresidente Fernando De La Rúa por las muertes ocurridas en diciembre de 2001, en el marco de la represión policial ordenada por el gobierno del radical.

“En esa jornada trágica, murieron más de 31 personas. Hubo juicios que tramitaron en el juzgado de Bonadio, se investigaron cinco homicidios cometidos. Bonadio sobreseyó al doctor De la Rúa. La Cámara de Apelaciones, Martín Iruzun y Eduardo Farah confirmaron el sobreseimiento de De la Rúa por el delito de homicidio culposo, Casación también lo sobresee, todo Comodoro Py”, argumentó.  “Todo Comodoro Py lo sobreseyó (y) señalaron que no estaba en las competencias de De la Rúa todo lo ocurrido”, pese a “haber dictado el Estado de sitio” que terminó con la brutal represión y los homicidios, afirmó Fernández de Kirchner. Y citó un extracto del fallo de sobreseimiento al radical: “Dijeron que juzgarlo sería incurrir en cuestiones que no están dentro del Derecho Penal”. “Pero mirá qué bien, cuando se trata de un gobierno no peronista el Código Penal se respeta”, agregó la vicepresidenta.

Si bien se trata de delitos muy diferentes (De La Rúa estaba acusado de un delito culposo y Fernández de Kirchner es acusada de delitos dolosos, en los que se analiza su voluntad de cometer el supuesto delito de corrupción), la vicepresidenta comparó el alcance de la responsabilidad de los presidentes. “¿De La Rúa no veía lo que estaba pasando en la plaza, no veía la televisión, no escuchaba lo que estaba pasando?”.

Teoría vs. práctica

Otros de los puntos centrales de la defensa es sostener que la fiscalía creó una fábula en la que Fernández de Kirchner decidía sobre sus ministros, jefes de Gabinete y diputados y senadores. Para argumentarlo, se basó en las reglas, normas y procedimientos constitucionales que establecen las funciones y competencias del Presidente, el jefe de Gabinete y otros cargos clave. La fiscalía, en cambio, remarcó varias veces durante su alegato que Fernández de Kirchner no necesita presionar o solicitar a otros que beneficiaran a Báez, ya que habría contado con la complicidad de los organizadores de la supuesta asociación ilícita: el ministro Julio De Vido; el secretario de Obras Públicas, José López; el director nacional de Vialidad, Nelson Periotti; y Báez.

Cristina lo remarcó este viernes al sostener que el Estado funciona como marca la Constitución y que las voluntades políticas nunca tuercen esas normas. Sostuvo, por ejemplo, que era fantástico creer que los jefes de Gabinete seguían órdenes de Néstor y Cristina Kirchner a la hora de decidir qué obras se financiaban en la provincia de Santa Cruz.

“Las competencias en derecho administrativo no son tácitas porque delimitan las responsabilidades” de los funcionarios, explicó la vicepresidenta en su alegato de este viernes. Lo dijo para deslindarse del diseño de los presupuestos anuales que le garantizaron la ejecución de partidas presupuestarias a las empresas de Báez: el diseño y ejecución del presupuesto, dijo, es de los jefes de Gabinete y el presidente sólo tiene potestad de control sobre el jefe de ministros. “Hubo toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”, agregó.

“¿Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”, afirmó Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato. “Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio”, aseguró el penalista.

ED

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