La escritora nicaragüense exiliada en España Gioconda Belli dijo este martes que nunca pensó de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, “sería un peor tirano” que el dictador Anastasio Somoza Debayle.

En un escrito publicado por The New York Times y replicado en sus redes sociales con el título: “El dictador de mi país me quitó la ciudadanía. Lo que me pasó es una advertencia”, la escritora contó que fue privada de su nacionalidad hace más de dos años por el Gobierno que preside Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, y pese que sabía lo que era el exilio, no estaba preparada para vivirlo otra vez después de cumplir sus 70 años.

La novelista y poeta también alertó sobre el alcance del régimen sandinista en el exilio y puso como ejemplo el asesinato del opositor nicaragüense desnacionalizado y militar en retiro Roberto Samcam, ocurrido hace 47 días en Costa Rica.

No estaba preparada para su segundo exilio

En su escrito, Belli recordó que tenía 26 años la primera vez que tuvo que exiliarse. Era 1975, y salió de Nicaragua por ser parte de la resistencia al régimen de Somoza Debayle, “el último dictador de una dinastía que había gobernado el país durante casi medio siglo”.

En ese entonces, dijo, era una revolucionaria comprometida, dispuesta a morir por su país en la lucha contra la tiranía somocista.

“El exilio en el que me encuentro ahora, obligada a empezar una nueva vida en Madrid, es un exilio que nunca habría imaginado, un exilio que me impuso (Ortega) quien ayudó a derrocar a Somoza con la promesa de que Nicaragua nunca volvería a estar bajo el yugo de un dictador”, reprochó.

En febrero de 2023, Belli, junto con el escritor Sergio Ramírez y otros cientos de intelectuales y disidentes nicaragüenses, fueron despojados de su nacionalidad acusados por “traición a la patria”.

“Darme cuenta de que no tenía donde vivir me sacudió. No olvido cuan desorientada me sentí”, confesó la autora, quien aseguró que sus “amigos y lectores españoles” la hicieron sentir bienvenida en Madrid.

Belli: Ortega ha demostrado ser un dictador

Por otro lado, según Belli, aun quienes han encontrado refugio en el extranjero “ya no nos sentimos seguros” y citó el caso de Samcam, un mayor en retiro del ejército y crítico declarado de Ortega, quien fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica, el 19 de junio pasado.

“Nadie ha sido detenido, a pesar de que se trata de al menos el sexto disidente nicaragüense atacado, secuestrado o asesinado en Costa Rica desde 2018”, advirtió.

Para Belli, el asesinato de Samcam “revela que nada queda del Ortega que luchó por la libertad y del que fue compañero en la batalla contra la tiranía” de los Somoza.

“Él (Ortega) ha demostrado ser, sin duda, un dictador. Igual que otros autócratas en el pasado ha usado el despojo de la ciudadanía y la inmovilidad como armas para castigar a sus oponentes políticos”, argumentó.

“Para colmo, ahora, parece que Nicaragua está entre los Estados que van más allá de sus fronteras para silenciar las voces que perciben como amenazas a su poder”, alertó.

Para ella, “el régimen de Ortega está extendiendo su largo brazo más allá” de las fronteras y “lo que le pasó a Samcam se lee como una advertencia de que hasta quienes vivimos en el exilio estamos vigilados”.

“Es el mismo mensaje de los más sangrientos dictadores del mundo de que nadie está fuera de su alcance”, anotó la escritora, quien enfatizó que “nunca pensé que Ortega sería un peor tirano que Somoza”.

A juicio de Belli, que formó parte del primer Gobierno sandinista (1979-1990), Ortega y Murillo “han dado rienda suelta a su paranoia” porque viven “temerosos de su propio pueblo”.

El artículo completo publicado en The New York Times en Español

El dictador de mi país me quitó la ciudadanía. Lo que me pasó es una advertencia

Sabía lo que era el exilio, pero nada me preparó para vivirlo otra vez después de cumplir los 70.

Tenía 26 años la primera vez que tuve que exiliarme. Era 1975, y salí de Nicaragua por ser parte de la resistencia al régimen de Anastasio Somoza Debayle, el último dictador de una dinastía que había gobernado el país durante casi medio siglo. En ese entonces, era una revolucionaria comprometida, dispuesta a morir por mi país en la lucha contra la tiranía.

El exilio en el que me encuentro ahora, obligada a empezar una nueva vida en Madrid, es un exilio que nunca habría imaginado, un exilio que me impuso quien ayudó a derrocar a Somoza con la promesa de que Nicaragua nunca volvería a estar bajo el yugo de un dictador.

En 2023, junto con otros cientos de intelectuales y disidentes nicaragüenses, fui despojada de mi ciudadanía por el presidente Daniel Ortega, quien ha gobernado Nicaragua durante casi dos décadas. Aun quienes encontramos refugio en el extranjero ya no nos sentimos seguros. Roberto Samcam Ruiz, mayor retirado del ejército y crítico declarado de Ortega, fue asesinado en su casa en San José, Costa Rica, el 19 de junio. Nadie ha sido detenido, a pesar de que se trata de al menos el sexto disidente nicaragüense atacado, secuestrado o asesinado en Costa Rica desde 2018.

Este hecho revela que nada queda del Ortega que luchó por la libertad y del que fue compañero en la batalla contra la tiranía. Él ha demostrado ser, sin duda, un dictador. Igual que otros autócratas en el pasado ha usado el despojo de la ciudadanía y la inmovilidad como armas para castigar a sus oponentes políticos. Para colmo, ahora, parece que Nicaragua está entre los Estados que van más allá de sus fronteras para silenciar las voces que perciben como amenazas a su poder.

Ha sido muy doloroso ver caer a mi país de nuevo en la violencia y la represión. La primera vez que salí de Nicaragua para eludir la represión de los Somozas, también viví en Costa Rica. Cuatro años más tarde, después de que los sandinistas, el movimiento de izquierda del que Ortega y yo éramos parte, derrocó a la dictadura en 1979, pude regresar. Fue un momento de grandes esperanzas, y yo me dispuse a trabajar para construir el sueño de un país libre y democrático.

La guerra de guerrillas de la Contra, milicias de derecha respaldadas por Estados Unidos para deponer a los sandinistas, dejó claro muy pronto que ese sueño era una fantasía. El conflicto, que Ortega presidió durante su primer gobierno, de 1985 a 1990, dejó a los nicaragüenses exhaustos por la muerte y la escasez, y por las tendencias cada vez más autoritarias de Ortega, que vi de primera mano como parte de su gobierno.

Cuando Violeta Barrios de Chamorro, la candidata de la oposición, lo derrotó de manera contundente en las elecciones de 1990, muchos sintieron alivio. Para sorpresa de sus críticos, Chamorro se empeñó en lograr una transición pacífica del poder y promovió la reconciliación de una sociedad profundamente polarizada. Pero Ortega nunca superó su derrota, y sus ataques al nuevo gobierno alejaron a muchos sandinistas del movimiento, yo incluida.

Ortega regresó al poder en 2007, en apariencia más moderado. Pero al poco tiempo puso manos a la obra para desmantelar la democracia que con tanto esfuerzo habíamos construido. Él y su esposa, Rosario Murillo, quien fue nombrada vicepresidenta en 2017, centralizaron el poder, eliminaron los límites a los mandatos presidenciales y llenaron el gabinete, los tribunales y el ejército de personas leales mientras mantenían una fachada democrática. Los acuerdos beneficiosos con la Venezuela de Hugo Chávez sirvieron para sostener la frágil economía.

El espejismo de una Nicaragua próspera y democrática se hizo trizas en la primavera de 2018. Cuando el régimen intentó modificar el sistema de seguridad social, hubo protestas pacíficas que fueron reprimidas por la fuerza y manifestantes recibieron disparos. Hubo muertos. Lo que siguió fue un estallido nacional y espontáneo impulsado por la represión y por el descontento acumulado en silencio por largo tiempo. Miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la renuncia de Ortega y Murillo. La pareja respondió con sangre y fuego. Las protestas, declararon, eran un intento de golpe de Estado orquestado por el imperialismo y los cómplices traidores, de la oposición.

Grupos de paramilitares sembraron el miedo en los barrios, dispararon a civiles desarmados y derribaron barricadas que la gente había construido para protegerse. Médicos y otros trabajadores de la salud en los hospitales públicos que habían atendido manifestantes heridos fueron despedidos. La imagen de hombres armados y encapuchados en camionetas y de cuerpos sin vida tendidos en las calles evocó recuerdos del terror de la dictadura de los Somoza. Para julio, la bandera nicaragüense se había convertido en un símbolo de la resistencia. El miedo invadió los hogares. Miles de personas, entre ellas Samcam, se exiliaron en Costa Rica, como habían hecho antes generaciones de nicaragüenses.

Yo permanecí en Nicaragua. Aunque había roto con el sandinismo desde 1993, nunca pensé que Ortega sería un peor tirano que Somoza.

Cuando en mayo de 2021 dejé mi casa en Managua para visitar a mis hijas en Oregón, Estados Unidos, no sabía que me marchaba para siempre. Mi marido y yo empacamos poca ropa porque esperábamos regresar en julio. Pero conforme se acercaban las elecciones previstas para noviembre de ese año, Ortega y Murillo empezaron una redada y encarcelaron a posibles candidatos de la oposición, además de a periodistas independientes, empresarios y defensores de los derechos humanos.

Mis amigos me alertaron del peligro y aconsejaron que no regresara, así que no lo hicimos. Darme cuenta de que no tenía donde vivir me sacudió. No olvido cuan desorientada me sentí. Casi un año después, nos trasladamos a Madrid con una oferta de trabajo. Alquilamos nuestra casa en Managua. Mis amigos y lectores españoles me hicieron sentir bienvenida. No estaba exiliada de mi lengua, y eso era una bendición. Durante un tiempo, me sentí segura.

Pero, en febrero de 2023, recibí la llamada de un amigo de Nicaragua. Lo que me dijo me dejó anonadada: el régimen de Ortega nos despojaba de nuestra ciudadanía a mí y a decenas de nicaragüenses, entre ellos mi hijo. Sin derecho a la defensa nos declararon traidores. Además, confiscaron nuestros bienes, anularon nuestras pensiones y más tarde borraron también nuestros nombres de muchos registros públicos.

Al día de hoy, el nicaragüense que viaja corre el riesgo de que se le prohíba regresar a su país sin ninguna explicación. En el aeropuerto para retornar a Managua, las compañías aéreas les impiden abordar y les informan que “no están autorizados” para volver. Los funcionarios de migración están legalmente facultados para denegar la entrada a cualquiera que se considere una amenaza para la paz y la seguridad. Incluso una publicación crítica en las redes sociales puede desencadenar una prohibición.

Temerosos de su propio pueblo, Ortega y Murillo han dado rienda suelta a su paranoia. Agentes de policía patrullan las calles. Las reuniones públicas, incluso las procesiones religiosas, están sujetas a restricciones. Una reforma constitucional reciente convirtió a la pareja en copresidentes y oficializó la existencia de una fuerza paramilitar. En medio de rumores sobre el deterioro de la salud de Ortega, Murillo parece tener prisa para asegurarse de que nadie desafíe su sucesión. La semana pasada, se dio a conocer que el excomandante sandinista Bayardo Arce, un rico y poderoso aliado de Ortega, había sido detenido, una medida que muchos entienden como una purga de la élite dirigente del país.

Para impedir la resistencia de la sociedad civil, el régimen ha cerrado miles de organizaciones no gubernamentales. Decenas de sacerdotes y misioneros católicos han sido detenidos o expulsados del país. Las universidades han sido tomadas. La Prensa, el periódico nicaragüense que tiene casi una centena de años y ha sido un faro de la libertad de expresión, se vio obligado a trasladarse al extranjero después de que sus oficinas fueran allanadas y gran parte de su personal tuviera que salir del país.

Ahora, el régimen de Ortega está extendiendo su largo brazo más allá. Lo que le pasó a Samcam se lee como una advertencia de que hasta quienes vivimos en el exilio estamos vigilados. Es el mismo mensaje de los más sangrientos dictadores del mundo de que nadie está fuera de su alcance.

EFE y The New York Times.

Al menos 293 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses abandonaron su país por razones de seguridad o fueron desterrados desde abril de 2018, según un informe divulgado este jueves por la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.

El informe, titulado 'Gobierno de Nicaragua intensifica el hostigamiento y las represalias contra familiares de periodistas exiliados', señala que al menos cuatro comunicadores se exiliaron entre abril y junio pasado.

“Entre abril y junio de 2025, FLED documentó el exilio forzado de cuatro periodistas, elevando a 293 el total de comunicadores obligados a abandonar Nicaragua desde 2018”, puntualizó ese organismo, con sede en Costa Rica.

“Este dato confirma la persistente persecución contra la prensa crítica” nicaragüense de parte del gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, añadió.

Asimismo, la FLED señaló que en el segundo informe trimestral 2025 documentaron 40 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, de los cuales 28 ocurrieron en el entorno digital.

“El desplazamiento de las agresiones al ámbito digital reflejó una consecuencia alarmante: la presencia física del periodismo en el territorio nacional es cada vez más limitada”, valoró en el estudio.

“A medida que el exilio y el silencio forzado redujeron la cobertura desde el terreno, las campañas de hostigamiento, amenazas y ataques se trasladaron con mayor fuerza a las plataformas digitales, donde el control y la vigilancia también se intensificaron”, alertó esa ONG.

Se incrementa negativa para ingresar a Nicaragua

Ese organismo aclaró que el número de casos documentados no abarca la totalidad de las agresiones que suceden en el país, debido a que “el miedo persiste como una barrera que impide a muchos periodistas denunciar lo que viven”.

Durante el segundo trimestre de 2025 también se observó “un incremento sostenido en los casos de negativa de ingreso a Nicaragua, particularmente dirigidos a periodistas y creadores de contenido”, de acuerdo con el informe.

La FLED observó que “estas restricciones alcanzaron incluso a profesionales de la comunicación de bajo perfil o con poca trayectoria entre el gremio periodístico”.

“A diferencia de episodios anteriores, cuando las acciones represivas se centraban en figuras de alto perfil o voces abiertamente críticas, las recientes negativas de ingreso afectaron a comunicadores que no necesariamente son reconocidos y que intentaban regresar al país por razones personales o familiares”, anotó ese organismo.

Entre 2018 y 2023 se cerraron al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y La Trinchera de la Noticia, según esa ONG.

Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y social, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta y con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, consideraron este lunes que su aliado y homólogo venezolano, Nicolás Maduro, enfrenta un “nuevo intento de golpe de Estado” tras las elecciones presidenciales celebradas el domingo, en donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó mandatario reelecto y cuyos resultados son rechazados por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.

“Denunciamos ante la comunidad internacional lo que según nuestras propias experiencias frente a los imperialistas de la tierra se va haciendo cada vez más evidente”, señalaron Ortega y Murillo en una declaración pública divulgada en Managua.

“Denunciamos al mundo que el pueblo de (Simón) Bolívar, de (Hugo) Chávez, de Nicolás, que ha resistido y vencido todos los intentos de humillación y destrucción de sus derechos, al vencer una vez más en estas elecciones, ha vencido a los imperios y su desfachatez, y está enfrentando ya un nuevo intento de golpe de Estado”, agregaron.

Según Ortega y Murillo, que son los principales aliados de Maduro en Centroamérica, “hoy se confabulan nuevamente para seguir ejerciendo todas las formas de odio contra esa Venezuela admirable, de grandes batallas e infinitas victorias”, basados “en la soberbia y los permanentes afanes de dominio y saqueo de nuestros pueblos y nuestros recursos”.

“Sumamos nuestra experiencia y voz a los pueblos y Gobiernos que en el mundo queremos paz, justicia, y el derecho de trabajar y prosperar juntos en cooperación respetuosa, fraternal y solidaria, en nuestras propias tierras”, continuaron.

“El fascismo que hoy pretende nuevamente ensañarse en tierras venezolanas, por supuesto que no pasará”, añadieron, sin precisar a qué Gobiernos tildaban de fascistas.

En su pronunciamiento, Ortega y Murillo dijeron: Hacemos “murallas de sublimes voluntades y nos convocamos a acompañar a Venezuela, en espirituales batallas y en formidables caminos de vencimiento y luz, enfrentando con maestría a la oscuridad, que no ha podido, no puede, ni podrá”.

“Siempre más allá, Nicolás, Venezuela heroica, pueblos de nuestra América caribeña”, concluyeron.

Maduro denunció este lunes que está en marcha un intento de golpe de Estado “de carácter fascista”, en vista de los cuestionamientos a su reelección -anunciada el domingo por el ente electoral-, que fue rechazada por la oposición mayoritaria y buena parte de la comunidad internacional.

Según el mandatario venezolano, “la misma ultraderecha, los mismos grupos dirigidos por el imperialismo norteamericano, los mismos países” están detrás de este plan golpista.

Maduro hizo esa denuncia minutos después de que nueve países (Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) pidiesen una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados electorales de Venezuela.

Asimismo, otras naciones han expresado su preocupación ante las denuncias de fraude de la oposición, al tiempo que piden a las autoridades garantizar la transparencia del proceso y permitir un conteo detallado de los votos.

EFE.

IG

El gobierno de Nicaragua informó hoy que retiró de manera inmediata a su embajador en Argentina, Carlos Midence, ante la próxima toma de posesión del nuevo presidente Javier Milei, debido a los dichos del libertario sobre el presidente Daniel Ortega.

Milei, que asumirá la Presidencia el 10 de diciembre tras ganar el balotaje de mediados de noviembre, ha prometido reformas como la dolarización y una profunda austeridad para tratar de encarrilar a la economía argentina.

El canciller nicaragüense, Denis Moncada, aseguró en un comunicado que la decisión se había tomado “frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes”, pero no dio detalles.

La salida del embajador de Nicaragua en el país sudamericano se da luego de que el gobierno del presidente Ortega felicitara a Milei tras su victoria en las urnas.

“El retiro se hace efectivo de forma inmediata”, informó Nicaragua, por lo que el país no tendrá embajador cuando Milei llegue a la Casa Rosada el próximo domingo.

MM con información de NA

Las declaraciones del papa Francisco el 10 de marzo pasado: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”  a pesar de su decisivo contenido presentan sólo una de las últimas piezas de un cuadro complejo que signa la relación de la Iglesia Católica con el poder político de Nicaragua ejercido por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La siguiente cronología a pesar de su carácter sucinto presenta suficientes factores para una interpretación derivada de la anotación de los mismos hechos.

La hora de Medellín

Durante los 300 largos años del período colonial hispánico (1523-1821) y el siglo y medio de independencia antes de la Conferencia Episcopal de Medellín (1968) que introdujo una nueva práctica pastoral, la Iglesia de Nicaragua tuvo un desarrollo muy similar al de otros países centroamericanos y latinoamericanos. Casos aislados de defensores de los derechos de los indios y sacerdotes que a comienzos del siglo XIX protagonizan el proceso político independentista. La Iglesia apoyó a los conservadores, estuvo a la defensiva con los liberales (por laicistas), se mantuvo cómplice entre los años 1912-1933 de la intervención norteamericana e ignoró la resistencia del revolucionario Augusto Sandino, el respetado ‘héroe nacional’. La jerarquía eclesiástica despertó de la  larga noche de la dictadura somocista (1936-1979) al mismo tiempo que la burguesía beneficiada por el régimen mientras el pueblo llevaba un largo desvelo originado por la pobreza y la represión.

En 1969, cuatro años después de finalizado el renovador Vaticano II, en plena dictadura somocista, el balance que los mismos sacerdotes y religiosos hicieron de la Iglesia mostró el conservadurismo de una jerarquía eclesiástica ajena al pueblo.  Diez años después, el triunfo sandinista conmoverá las estructuras sociales y las de la Iglesia.

Una carta pastoral profética y el apoyo masivo a la Cruzada de Alfabetización

Desde fines de los ‘60, se originaron y crecieron movimientos renovadores en zonas campesinas y en algunas parroquias de Managua, los Cursillos de Cristiandad. Un caso excepcional, la comunidad campesina de Solentiname, fundada por el padre Ernesto Cardenal que transmitió una vivencia del cristianismo nicaragüense original y aislado como el archipiélago de donde había surgido. Si bien no se logró la transformación de la estructura básica que históricamente fue la base de la Iglesia Católica la potencialidad de estos factores no fue menor.

El pueblo de Nicaragua es religioso. No más que otros pueblos del continente y la renovación de la iglesia no fue una “exclusiva nicaragüense” sino un fenómeno universal y especialmente latinoamericano- frente a la mayoritaria iglesia tradicional, que durante muchos años gozó de las rentas de la sociedad y el estado.

El 19 de julio de 1979, se consumó el triunfo sandinista que derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CONFER) se expresó ante el acontecimiento revolucionario el  17 de noviembre de 1979 a través de una histórica Carta Pastoral que expresaba su apoyo al proceso revolucionario y a la insurrección armada, su valoración del pensamiento de Sandino y del proyecto socialista al que se dirige. El texto de los obispos era no sólo anti-dictatorial ni sólo progresista sino auténticamente revolucionario.

El Papa Juan Pablo II confirió su apoyo al gobierno revolucionario con su beneplácito a  la Cruzada de Alfabetización coordinada por el sacerdote Fernando Cardenal y puesta en marcha en todo el país con la participación de religiosos de 52 congregaciones que trabajaban en Nicaragua y miles de alumnos de los colegios católicos de todos los departamentos. La unidad nacional de todas las capas sociales fraguada en los dos últimos años de la dictadura se mantenía viva. La Iglesia también parecía unida.

Sin embargo, en los comienzos de los ‘80, la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) connotado internacionalmente por sus posiciones conservadoras lanzó a nivel continental una campaña de oraciones y una colecta para ayudar a la Iglesia de Nicaragua. Fue la primera vez que se transmitía al mundo que esa Iglesia “sufría” persecuciones.

El comienzo del quiebre de la unidad nacional

Un comunicado de la CONFER en el que los obispos manifestaron que los sacerdotes en puestos públicos deberían  abandonar sus cargos, “habiendo transcurrido las circunstancias de excepción” inició un conflicto de larga duración en el que intervinieron las más altas jerarquías del Vaticano, las bases católicas de Nicaragua, teólogos de varios países y los más altos dirigentes de la Revolución.

Cuando en octubre de 1980, la Dirección Nacional del FSLN publicó un Comunicado sobre la Religión, que trascendió las fronteras de Nicaragua: por primera vez, un movimiento revolucionario contemporáneo en el poder, rompía con el rígido esquema de ver en la religión el opio del pueblo y uno de los frenos de la historia, la respuesta de los obispos no ponderó la novedad de ese texto. El ultimátum del 1 de junio de 1981 expresó que aquellos sacerdotes que no renunciaran “los consideraríamos en actitud abierta rebeldía y formal desobediencia a la legítima autoridad eclesiástica, expuestos a las sanciones previstas por las leyes de la Iglesia”. Los sacerdotes aludidos o denunciados eran Miguel D'Escoto (Canciller), Ernesto Cardenal (Ministro de Cultura), Edgar Parrales (Ministro de Bienestar Social, desde 1982 Embajador en la OEA) y Fernando Cardenal, (Vicecoordinador de la Juventud Sandinista).

La aceptación del Vaticano de que los sacerdotes continuaran en sus cargos siempre que renuncien al ejercicio del ministerio sacerdotal dentro y fuera de Nicaragua no detuvo antes bien propició las expulsiones de sacerdotes de las parroquias en barrios populares, manifestaciones callejeras y tomas de iglesias publicitadas ampliamente en los medios de comunicación que apoyaban a la Revolución. La Carta Pastoral del Papa Juan Pablo II en junio 1982, que expresó el apoyo incondicional a los obispos y crítica a la “Iglesia Popular” originó dos caracterizaciones articuladas del conflicto religioso en el país: “persecución religiosa” y “peligro de la Iglesia popular”.

Si la ‘contra’ Fuerza Democrática de Nicaragua (FDN) asesinó salvajemente a 14 campesinos en la aldea de San Francisco del Norte “en nombre de Dios” - el inicio de macabros hechos repetidos-; en Managua, autoridades del FSNL llevaron a cabo una celada para desacreditar al padre Bismarck Carballo, vocero de la Curia y director de la estación eclesiástica Radio Católica, implicándolo en un escándalo sexual.

La violencia viene de Honduras

La lucha ideológica-religiosa sostenida durante 1980- 1982 pasó a un segundo plano ante la situación de guerra impuesta a Nicaragua desde Honduras por voluntad de EEUU. Creció la demanda a los obispos para que condenen públicamente la violencia contrarrevolucionaria que originaba el desplazamiento de los escasos recursos humanos y materiales del país hacia la defensa armada. El total silencio de un sector de la jerarquía contradijo la condena de la Iglesia que ha siempre ha declarado su repudio a “toda violencia, venga de donde venga”. La violencia venía de Honduras con pretensiones de una “guerra santa” contra el comunismo bajo la invocación de Dios.  

La visita del Papa, “la gran noche oscura”

En ese contexto, el 4 de marzo de 1983, el Papa Juan Pablo II llegó por primera vez a Nicaragua. Ernesto Cardenal, uno de los sacerdotes de la corriente progresista fue amonestado por el Papa. Muchos no olvidaron esa humillación. Durante la misa oficiada por el Sumo Pontífice simpatizantes del Gobierno vocearon consignas de “poder popular” y “queremos la paz”. El Sumo Pontífice respondió “la primera que quiere la paz es la Iglesia”. Juan Pablo II recordó esa primera visita como “la gran noche oscura”.

Los obispos volvieron sobre los acontecimientos de Managua para “lamentar y condenar enérgicamente el incalificable irrespeto cometido contra la Eucaristía y la persona del Vicario de Cristo” por “una minoría”. Cuando El Nuevo Diario reclamó a la jerarquía igual energía para condenar los actos criminales de las bandas armadas en la frontera, los obispos insistieron en que la división estaba creada por quienes “tratan de edificar una Iglesia llamada ‘popular’ y mezclan lo cristiano con lo político y ‘partidista’”.

Iglesia de mártires

El 11 de mayo de 1983 fue expulsado de Nicaragua el sacerdote español Timoteo Merino, párroco de la Azucena y de otros pequeños pueblos cercanos a la frontera sur, acusado por el gobierno de favorecer la penetración del grupo contrarrevolucionario ARDE entre la población campesina.  Merino declaró en Roma que su expulsión era otra expresión de la persecución religiosa del gobierno.

En las vísperas de la celebración del Cuarto Aniversario de la Revolución, el matrimonio de Felipe y Mery Barreda, católico y sandinistas de larga trayectoria en Estelí, fue asesinado en un campamento contrarrevolucionario hondureño, después de ser bárbaramente torturados. La celebración en la Catedral de Estelí de los esposos Barreda como nuevos mártires sostuvo que “entre cristianismo y revolución no hay contradicción”. El asesinato de los Barreda fue seguido por el de decenas de otros cristianos revolucionarios, especialmente campesinos, delegados, jóvenes milicianos, quienes murieron  víctimas de la guerra impuesta a Nicaragua o de la crueldad de la contrarrevolución.

Ley de Servicio Militar Patriótico y la objeción de conciencia

En 1983, la decisión del gobierno de establecer el servicio militar como estrategia para enfrentar las guerrillas antirrevolucionarias financiadas por EEUU de quien se esperaba una eventual invasión fue rechazada por la CONFER que sugirió la objeción de conciencia a la Ley. Los dirigentes revolucionarios afirmaron que “en Nicaragua sí hay persecución religiosa”: la desatada por algunos obispos contra sacerdotes, religiosos y fieles que apoyan el proceso revolucionario.

En 1987 a pesar de todas las desavenencias, la Iglesia católica fue parte medular de los Acuerdos de Paz Esquipulas II que dieron paso a elecciones libres y democráticas en 1990, en las que Daniel Ortega y los sandinistas perdieron el poder que recuperarán en las elecciones de noviembre de 2006.

En esos 16 años, Ortega buscó congraciarse con la Iglesia: pidió perdón por “los errores y atropellos en contra de figuras de la Iglesia en el pasado” y contrajo matrimonio eclesiástico con su compañera Rosario Murillo luego de 25 años de convivencia. Quien ofició la misa, fue el cardenal Miguel Obando y Bravo, crítico en los ‘80 de sus políticas y quien en 1996 en la víspera de las elecciones que perdió Ortega había pronunciado la homilía conocida como “la parábola de la víbora” o “el viborazo”, en la que advertía a los votantes sobre una víbora moribunda a la que no había que acoger porque, al recuperarse, mataría a su salvador. Muchos la consideraron un espaldarazo al candidato contrincante Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista, quien obtuvo la victoria. Luego de tres intentos fallidos, en 2006, Ortega recuperó el mando del país que mantiene hasta hoy gracias a una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Nueva ola de persecución contra obispos y sacerdotes

El régimen mantuvo una relación distante con la iglesia, pero respetuosa hasta el estallido social de 2018 cuando el gobierno intentó  reformar las leyes del Seguro Social. La violenta represión a las protestas de repudio que se extendieron por cinco meses en todo el territorio nicaragüense dejó como saldo  355 muertos, numerosos heridos y más de 100.00 exiliados. La Iglesia católica que defendió a quienes protestaron pacíficamente fracasó en la mediación de un acuerdo. Tres meses después del estallido social, en Plaza la Fe con la presencia del representante personal del Papa, el Nuncio Waldemar Sommertag, un Ortega furibundo acusó a los sacerdotes de ser parte de una conspiración en su contra. Los religiosos de ser los mediadores en la crisis sociopolítica pasaron a ser acusados de golpistas y se les declaró la guerra.

Entre la sucesión de hostilidades que se sucedieron partir de julio de 2018: la agresión de paramilitares a obispos y sacerdotes en el Departamento de Carazo y el ataque a la Iglesia de La Divina Misericordia, en Managua, con la muerte de dos personas. El 23 de abril de 2019 se produjo la necesaria salida de monseñor Silvio Báez, a petición del papa Francisco, atento a que la Embajada de EEUU en Nicaragua habría informado probables planes para asesinar a Baéz. Y el 31 de julio de 2020: el incendio de la imagen de la Sangre de Cristo con más de 380 años de antigüedad, en la Catedral de Managua.

En enero de 2022 con toda la oposición acallada, Ortega asumió por quinta vez (cuarta consecutiva) la presidencia de Nicaragua, en medio de un gran rechazo de la comunidad internacional. El 12 de marzo de ese año, el nuncio apostólico en Managua, monseñor Waldemar Stanisław Sommertag fue expulsado del país. El 6 de julio, la expulsión de 18 religiosas de la Caridad de la orden Santa Teresa de Calcuta y el 19 de Agosto, la retención de monseñor Rolando Álvarez, cinco sacerdotes, tres seminaristas y dos laicos en la curia diocesana de Matagalpa

La valentía del obispo pone a prueba las relaciones con el Vaticano

El obispo de Matagalpa monseñor Álvarez, quien después de haber estado bajo arresto domiciliario desde agosto pasado se negó abordar un avión para el exilio a EEUU junto a otras 222 personas, sacerdotes, seminaristas, opositores políticos o simples críticos del régimen fue condenado por la Corte de Apelaciones que lo calificó de “traidor a la patria” y dictó su prisión hasta 2046.

El Papa Francisco, en la misma entrevista donde no dudó en calificar al régimen Ortega-Murillo de “hitleriano” , en referencia al Obispo Álvarez destacó “Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”. “Una excelente descripción” ponderó la abogada Martha Patricia Molina, quien ha documentado más de 400 ataques de la dictadura de Ortega y Murillo en contra de la Iglesia Católica. “El Papa nunca ha estado en silencio, él ha permanecido orando por lo que sucede en Nicaragua, sin embargo, sus declaraciones públicas actuales han sido realizadas en tiempo prudente, cuando observa que no hay salidas ni medios”, detalló Molina. El tiempo mostrará si recrudece la represión del gobierno hacia la iglesia católica del país centroamericano. En lo inmediato Vatican News, el portal de noticias del Vaticano, confirmó el 13 de marzo el “verbalmente expresado” deseo del Gobierno nicaragüense de “suspender las relaciones diplomáticas” que implica el cierre de la Nunciatura Papal, la representación diplomática del Vaticano en Managua. Sin embargo, el derecho internacional no conoce la “suspensión” o la “interrupción” de relaciones diplomáticas. Existen o no existen. Muchos observadores ven las interpretaciones dadas en Managua y el Vaticano más bien como un juegos de palabras o ballet diplomático.

AGB

“Perdón la demora, dimos vuelta por todo Miami”. Así tuvo que presentarse Patricia Bullrich este lunes en la Florida International University (FIU), donde un atraso involuntario de más de una hora la obligó a excusarse al inicio de una exposición a la que fue invitada para hablar de “seguridad jurídica”. 

Con traje de candidata, la titular del PRO se tomó un respiro de la interna amarilla y realizó una gira exprés a Miami, donde mezcló promesas de campaña con críticas al kirchnerismo. El viaje a Estados Unidos le ocupó apenas las últimas 48 horas, en las que también aprovechó para visitar a un grupo de nicaragüenses expatriados por Daniel Ortega.

“Es una de las promesas más grandes del futuro de Argentina. Es la candidata más importante en este momento”, la presentó Eduardo Gamarra, profesor de relaciones internacionales en la FIU. “El rol de ministra de Seguridad es lo que la opinión pública destaca, por la valentía que tuvo en enfrentar al narcotráfico, que es hoy uno de los problemas más serios de la Argentina”, la elogió. Bullrich había sido invitada por el Inter-American Institute for Democracy y el Adam Smith Center for Economic Freedom, un think tank creado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el republicano que busca disputarle la interna del partido a Donald Trump de cara a las presidenciales de 2024. La conferencia pudo seguirse en vivo por YouTube.

En ese marco, la ex ministra de Seguridad habló con certeza de que ganará las próximas elecciones y remarcó: “El kirchnerismo es un régimen corporativo, populista, de status quo, que quiere hacer la ley a su manera, donde se creó una enorme fábrica de pobres y la seguridad jurídica es sólo la palabra de los gobernantes. En esa situación vamos a tomar el gobierno”.

“Las dictaduras tienen un camino paralelo al populismo”, dijo Bullrich, aunque evitó darle esa connotación autoritaria a la gestión del Frente de Todos. Se mostró preocupada por “la crisis del gobierno de las leyes” a nivel global y planteó: “Los regímenes construyen una ley que está por fuera del marco general jurídico o constitucional. Y eso genera inseguridad jurídica y ruptura de los valores democráticos”.

La precandidata presidencial del PRO usó algunos ejemplos de la política vernácula para asentar sus ideas. Recordó intenciones del kirchnerismo de que los jueces también fueran elegidos por el voto popular en las elecciones, así como el proyecto de ampliar la Corte Suprema a 25 cargos, uno por cada provincia y el restante elegido por la Casa Rosada –el año pasado tuvo media sanción en el Senado–. Incluso hizo mención a la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad, cuyos fundamentos se conocieron la semana pasada. “La respuesta de la vicepresidente fue el desconocimiento de la ley. Ella no reconoce a la Justicia como un instrumento en el que todos tenemos que confiar para que el país pueda funcionar”, le endilgó.

Bullrich prometió que si llega a ganar las elecciones va a proponer una “descontaminación normativa” en el marco legal del país. “En Argentina tenemos más leyes que derogar que dictar, porque la cantidad de leyes que hay se enredan entre sí”, explicó. “Uno contamina las leyes para que la corrupción pueda entrar por cualquier rincón. Por eso la ley tiene que ser clara, para que no puedan tener una doble lectura o tener atajos”, abundó.

La ex funcionaria de Mauricio Macri viajó a EEUU de la mano de Paula Bertol, ex embajadora ante la OEA y una de las puntales de su campaña electoral. También estuvo con su jefe de campaña, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza. 

“Hay que terminar con los operadores judiciales de los gobiernos”, dijo al momento de las preguntas cuando le consultaron qué primeras medidas tomaría para lograr seguridad jurídica. “Se entrometen”, comentó. Será un desafío, teniendo en cuenta que también el macrismo tiene sus vínculos aceitados con la Justicia, como el conocido caso de Daniel Angelici o los chats difundidos entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro –actualmente de licencia–, y Silvio Robles, vocero del cortesano Horacio Rosatti. 

También planteó impulsar una ley de protección de las inversiones. “Nos gustaría tener un estatus mayor, pero todavía no queremos tocar la Constitución”, sugirió. Y, por último, dijo que va a prohibir que el Banco Central emita pesos y financie el Tesoro. “Eso va a permitir bajar la inflación y un camino de certeza para que el dinero vuelva a los bancos”, aseguró. “No hay desarrollo sin seguridad jurídica”, había dicho antes, y puso como ejemplo el caso de Perú, que pese a su crisis política tiene hace 14 años al mismo titular de su banco central. “Nos gustaría ser como Perú”, dijo. “No es el mejor ejemplo por su caída de presidentes, pero mantuvo una columna vertebral de estabilidad económica”.

Bullrich también aprovechó el viaje para encontrarse este domingo con Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua, que fue recientemente expulsado del país por Ortega. El régimen liberó y expatrió a 222 presos políticos, a los que también les quitó su ciudadanía. La precandidata también participó de un evento convocado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH).

MC

El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a los escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Gioconda Belli, y a “todos los que están padeciendo lo que está sucediendo” en ese país, donde el régimen de Daniel Ortega retiró a 92 personas la nacionalidad y los acusó del delito de “traición a la patria”.

“El Gobierno argentino está dispuesto a otorgar la ciudadanía argentina a @sergioramirezm @GiocondaBelliP y todos los que están padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua”, indicó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de Twitter.

E canciller Santiago Cafiero ratificó: 'Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo'

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero ratificó -en declaraciones a la FM Radio Con Vos-: “Si Sergio Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se inicia un trámite sencillo y la Argentina está en condiciones de hacerlo”.

En ese sentido, Cafiero explicó que “se trata de un trámite personal” que deben iniciar las personas en particular.

Días atrás, Ramírez, premio Cervantes 2017 y quien fuera vicepresidente de Ortega entre 1984 y 1990, dijo que podría pedir la ciudadanía argentina. Consultado acerca de una declaración de un grupo de intelectuales y dirigentes políticos que pidieron al gobierno argentino que le ofrezca la nacionalidad, dijo: "Esa declaración todavía no tiene respuesta. Si el gobierno argentino respondiera me hago argentino".

“La Argentina está en condiciones de darles la ciudadanía. El solicitante tiene que iniciar el trámite, que es muy sencillo, en la Embajada argentina”, precisó el titular del Palacio San Martín. Dijo: “Lo hemos conversado con el presidente (Alberto Fernández) cuando vimos los sucesos de Nicaragua”.

Además, recordó que la Argentina “siempre ha marcado la necesidad de que es país vuelva a respetar los derechos humanos”.

Recordó que fue conformada una comisión en el ámbito de Naciones Unidas “para estudiar la violación de derechos humanos” en ese país y que la Argentina “ha condenado la persecución que han sufrido muchos nicaragüenses”.

La semana pasada, la justicia de Nicaragua retiró la nacionalidad a los escritores y exmilitantes sandinistas Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como a otras 92 personas, por considerarlos culpables de “traición a la patria”, informó la prensa local e internacional.

La decisión fue notificada por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez.

Además de quitarles la nacionalidad, el juzgado ordenó que se incauten todas las propiedades a nombre de los afectados.

Ramírez, que tiene 80 años y también posee nacionalidad española, formó parte de la junta del “gobierno de reconstrucción nacional” que se creó tras el triunfo de la revolución sandinista, en 1979. El coordinador de esa junta era el actual presidente, Daniel Ortega. Tras las elecciones de 1984, Nicaragua fue gobernada en 1985-90 por Ortega como presidente y Ramírez como vicepresidente, hasta que en los comicios siguientes ganó la opositora Violeta Barrios de Chamorro, quien también había integrado la junta revolucionaria de 1979.

En 1990-95, Ramírez fue jefe de la bancada sandinista en la Asamblea Nacional (parlamento) y en 1996 fue candidato a presidente por el Movimiento Renovador Sandinista, una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que siguió a cargo de Ortega.

Con información de Télam

Intelectuales y organizaciones de diferentes países latinoamericanos, agrupados en el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, lanzaron un comunicado en solidaridad con los presos políticos expulsados el 9 de febrero de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega y pidieron a los gobiernos del mundo que aíslen al régimen nicaragüense. 

“Desde el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur expresamos nuestra solidaridad con lxs 222 presxs políticxs que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo expulsó a los Estados Unidos el pasado jueves, 9 de febrero de 2023, así como con lxs 94 disidentes en el exilio a quienes despojó de su nacionalidad y de sus bienes una semana después, el 16 de febrero”, señala el texto.

Añade que “ambos grupos se les despojó no solamente de su nacionalidad, sino también de sus derechos ciudadanos. Con estas acciones de destierro, el régimen de Ortega/Murillo actúa contra todos los tratados internacionales de derechos humanos y contra la propia Constitución de Nicaragua, que en su artículo 20 establece que ”ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad“”.

“Burlando cualquier noción de debido proceso, lxs exiliadxs fueron declarados prófugos de la justicia y condenados como supuestos ”traidores de la Patria“, aunque nunca se les había acusado judicialmente y mucho menos procesado”, sostiene el comunicado, que pide aislar al régimen de Ortega. “Apelamos a los gobiernos del mundo a aislar el régimen Ortega-Murillo y a acoger a sus víctimas con todos los derechos y la solidaridad, para permitirles reiniciar una nueva etapa de su vida”.

El texto está firmado, entre otros, por Pablo Bertinat, Maristella Svampa, Beatriz Sarlo, Enrique Viale, Rafael Colombo, Roberto Gargarella, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Guillermo Folguera, Inti Bonomo, Horacio Tarcus, Claudia Aboaf, Pablo Stefanoni, Pablo Alabarces (todos de Argentina), Rita Segato (Argentina-Brasil), Carmen Aliaga (Bolivia), Breno Bringel (Brasil), Lucio Cuenca (Chile), Arturo Escobar, Tatiana Roa Avendaño, Marilyn Machado (Colombia), Alberto Acosta, Esperanza Martínez, Miriam Lang (Ecuador), Edgardo Lander, Liliana Buitrago (Venezuela), Raphael Hoetmer, Jose De Echave, Virginia Vargas Valente, Mirtha Vasquez, Rocio Silva Santisteban (Perú) y numerosas organizaciones sociales.

Este comunicado se suma a otro publicado el viernes y firmado por más de 500 artistas e intelectuales de todo el mundo, que expresaron su preocupación por los “abusos” y “violaciones de los derechos humanos” del gobierno del presidente Ortega y se solidarizaron con los nicaragüenses a los que se les ha despojado de su nacionalidad.

Ganadores del Premio Nobel de Literatura como el peruano Mario Vargas Llosa (2010) y el turco Orhan Pamuk (2006), los mexicanos Elena Poniatowska, Juan Villoro, Guillermo Arriaga y Jorge Volpi; el francés Emmanuel Carrère; los españoles Enrique Vila-Matas y Manuel Vilas; el británico de origen indio Salman Rushdie; el cantautor panameño Rubén Blades y el periodista estadounidense John Lee Anderson, entre otros, firman una carta manifestando su sentir ante estos hechos con el lema “Son y serán nicaragüenses”.

Los firmantes de la misiva, entre ellos también el estadounidense Jonathan Franzen, el colombiano Héctor Abad Faciolince y el chileno Jorge Edwards, denuncian que “estos hechos violan el derecho humano fundamental a tener una nacionalidad y la prohibición a que se prive arbitrariamente de ella a cualquier ser humano”.

Destacan además que en los últimos años “al menos dieciocho universidades han sido canceladas arbitrariamente como una forma de control ante la rebelión estudiantil de 2018 que dejó 328 muertos, cerca de 2 mil heridos y cientos de detenidos”.

De igual manera señalan que el gobierno de Ortega “ha cancelado el estatus legal de más de 3 mil organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas que defienden los derechos humanos y de las mujeres”, resaltando que “veintiséis medios de comunicación han sido cerrados y más de doscientos periodistas han debido exiliarse”.

Recuerdan que “por si fuera poco, desde 2018 se prohíbe la entrada a organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.

Los signatarios del documento exhortan a la comunidad internacional “a que se pronuncie y asuma un papel activo en todas las acciones que puedan llevar al cese de los abusos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo”.

Igualmente piden al gobierno nicaragüense que “detenga la represión contra su pueblo”.

Con el retiro en los últimos días de la nacionalidad a un grupo de 94 ciudadanos y el destierro de 222 presos políticos, la cifra de apátridas nicaragüenses se sitúa en 316.

En ese sentido, los firmantes de la carta recuerdan que “el 9 de febrero de 2023 el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de modificar la Constitución de Nicaragua, despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, incluyendo jóvenes universitarios, militantes políticos, líderes campesinos, sacerdotes y periodistas.

Asimismo, destacan que “el 15 de febrero se despojó a otros 92 nicaragüenses de su nacionalidad, entre los cuales se encuentran el escritor y premio Cervantes de literatura Sergio Ramírez y la reconocida poeta Gioconda Belli”.

CRM

Intelectuales agrupados en el espacio “La Mesa de discusión sobre derechos humanos, democracia y sociedad” solicitaron al presidente Alberto Fernández que conceda la nacionalidad argentina a 317 personas “arrojadas a la condición de apátridas por el régimen de Daniel Ortega” en Nicaragua.

“La decisión del gobierno nicaragüense no solo es arbitraria sino violatoria de las principales declaraciones y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos de las que nuestro país es signatario, y para las cuales la nacionalidad es un derecho propio e inalienable del individuo”, sostiene una carta dirigida al presidente Fernández difundida este jueves que cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de 1969- Pacto de San José de Costa Rica. “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra”, recuerda.

Días atrás, el gobierno de España ofreció la nacionalidad a 222 presos políticos liberados y expulsados por Nicaragua el jueves 9 de febrero y trasladados a los Estados Unidos. Según el Tribunal de Apelaciones de Managua, los , según la resolución del Tribunal, cometieron “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”. 

La carta a Fernández, firmada por Graciela Fernández Meijide, Claudia Hilb, Hilda Sabato, Patricia Tappatá Valdez, Alejandro Katz, Sergio Bufano, Lucas Martín, Hugo Vezzetti, Rubén Chababo, pide que al Gobierno “honrar la tradición argentina de los derechos humanos, una tradición que es el suelo común de nuestra democracia y que se expresa en la inclusión de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos en nuestra Constitución”.

“Honrar esa tradición, señor Presidente, nos obliga a incluir en nuestra comunidad política a quienes han sido brutalmente privados de su nacionalidad. Entre esas personas se cuentan figuras relevantes de la vida pública nicaragüense, algunas de las cuales han sido destacados combatientes contra la dictadura de Somoza”, dice.

La situación en Nicaragua “exige una respuesta urgente y que pondría una vez más a nuestro país en la vanguardia del cuidado de los derechos humanos”, asegura.

Entre los opositores liberados estaba la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro, así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios. Ambos son hijos de la exmandataria Violeta Chamorro (1990-1997).

La Unión Europea reaccionó con “satisfacción y alivio” a la excarcelación y deportación de más de 200 “presos políticos” en Nicaragua y tendió la mano al Gobierno de Daniel Ortega para entablar un “diálogo político”.

El Servicio de Acción Exterior de la UE aseguró que estas personas “no deberían haber pasado un sólo día en prisión” y agradeció el papel de Estados Unidos, que no sólo ha gestionado el viaje sino que también ofreció un primer apoyo de emergencia a los liberados.

Para la UE, se trata de “un paso positivo y esperado” que debería preceder a “más acciones” por parte de las autoridades nicaragüenses, a las que ha afeado que haya adoptado represalias contra los presos como despojarles de la nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en una reunión extraordinaria una reforma constitucional que implica la retirada de la ciudadanía de todos los “traidores a la patria”.

El presidente, Daniel Ortega, señaló que la deportación de los 222 presos no fue fruto de una “negociación o trueque” con Washington, sino que se debe a una cuestión de principios. También el Gobierno de Joe Biden descartó algún tipo de contraprestación hacia el país centroamericano.

Europa Press.

IG

Juntos por el Cambio encontró finalmente un eje unificador. ¿Un programa de libre mercado que no tropiece con abismos sociales, fuga de dólares y capitalismo de amigos? ¿Un sendero republicano que prescinda de tours a Lago Escondido, espionaje a cuñados, stornellis y supremos vergonzantes? ¿Un mecanismo efectivo para resolver disputas internas y trazar un cordón sanitario con la ultraderecha? Nada de eso. La concepción líquida de la política impone otras urgencias.

Desde la semana pasada, la alianza apuntada como favorita para las elecciones de octubre centra su atención en tres “dictadores” latinoamericanos convocados para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). La cita con representantes de 33 países es el martes próximo en el Hotel Sheraton de Retiro. Una eventual foto de Alberto Fernández estrechando la mano de Nicolás Maduro ya tiene reservado un lugar estelar en los medios que se brindan como altavoces de ese tipo de causas.

Si la alianza de derecha se muestra remisa a hablar de sus planes de Gobierno más allá de un par de generalidades, la elección de un blanco en Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y Miguel Díaz-Canel (Cuba) exhibe problemas en múltiples dimensiones: históricos y futuros, de coherencia y conveniencia.

Un sello se aventura

La ausencia de memoria es un componente esencial de la modernidad líquida descripta por Zygmunt Bauman hace más de dos décadas. El legado del sociólogo polaco da lugar a debates, pero su descripción de una práctica política fugaz, endogámica y sumisa es ilustrativa de las formas que adquiere la discusión de los asuntos públicos en muchas democracias.

La corta experiencia de la comunidad nacida en 2010, con el objetivo de crear un ámbito de coordinación de los países americanos con exclusión de Estados Unidos y Canadá, sirve de respuesta al cúmulo de indignaciones proclamadas por los dirigentes de JxC y las siglas de ultraderecha LLA y AL, de Horacio Rodríguez Larreta a Javier Milei, de María Eugenia Vidal a Patricia Bullrich.

En principio, no son esperables órdenes de detención que pondrían a la Argentina en situación bélica con tres países.

No todo fueron declaraciones y tuits contra el eje del mal latinoamericano. El sello Foro Argentino por la Democracia y la Región (FADER), integrado por exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri (Jorge Faurie, Paula Bertol), legisladores de JxC (Waldo Wolff, Karina Banfi, Sabrina Ajmechet, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro), la venezolana Elisa Trotta y conductores de Radio Mitre (Eduardo Feinman, Marcelo Birmajer, Alfredo Leuco), presentó una denuncia por presuntos delitos de lesa humanidad contra los jefes de Estado de Venezuela, Cuba y Nicaragua (de ellos, llegarían a Buenos Aires Maduro y Díaz-Canel, ya que Ortega rara vez sale de su país). La causa, a la que se sumaron dos querellantes venezolanos que reclamaron la indagatoria de Maduro, quedó radicada en el juzgado de Sebastián Casanello y la fiscalía de Gerardo Pollicita.

En principio, no son esperables órdenes de detención que pondrían a la Argentina en situación bélica con tres países. El criterio del juzgado es que deben analizarse presuntas pruebas de violaciones a los derechos humanos, a la vez que la admisión de la jurisdicción universal supone la ausencia de investigaciones en los países de origen o en tribunales internacionales. Las horas que restan hasta el fin de la cumbre no parecen suficientes para tamaña tarea, amén de que el Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional estipula el respeto a la inmunidad de los mandatarios.

“Bienvenido, don Raúl”

El primer presidente pro-témpore de la CELAC fue Sebastián Piñera, referente del centroderecha latinoamericano y afiliado a uno de los dos partidos creados por el pinochetismo. En la cumbre fundacional del bloque (Caracas, diciembre de 2011) también se designó a quien sucedería a Piñera: Raúl Castro. “Bienvenido don Raúl Castro, lo felicito y le entrego el mando”, le dijo el chileno al cubano durante el traspaso en Santiago, el 28 de enero de 2013. El primer Piñera ensayaba lo que también prometía Macri en ese momento. Una derecha menos dogmática, capaz de convivir con gobernantes de otro signo.

Hace seis años, Gabriela Michetti viajó a Quito en representación de la Argentina. La entonces recién asumida vicepresidenta celebró “la unión en la diversidad” de la CELAC. A diferencia de sus colegas de FADER, Michetti no propugnó la detención de Díaz-Canel y Maduro, quienes la escucharon con atención en la sede de la extinta Unasur antes de sacarse la foto de rigor junto a Dilma Rousseff, Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto (México) y otros catorce presidentes del continente.

Más adelante, la avanzada de Macri en Argentina, Jeanine Añez en Bolivia, Iván Duque en Colombia, el segundo Piñera en Chile y Lenín Moreno en Ecuador procuró bajarle el precio a la CELAC. Brasil, el miembro más importante por PBI y población, se autocanceló durante el mandato de Jair Bolsonaro. La derecha latinoamericana se desenamoró de la diversidad y se afincó en sellos como Prosur y el Grupo de Lima, esta vez sí, con un blanco único: Maduro.

Débil en su armado institucional, sin requisitos de permanencia por apego a formas democráticas, la CELAC hibernó hasta que Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández aprovecharon el declive conservador y la reflotaron. Aun con su escasa operatividad, una cita con casi todos los países del continente no deja de convocar a potencias globales. De allí que la Casa Blanca enviará a la reunión del Sheraton a Christopher Dodd —un exsenador de larga relación con la Argentina y con gobiernos peronistas en particular— y que la cancillería china haya prometido un video de salutación de Xi Jinping.

Más allá del sinsentido de procurar vetos en un cuerpo como la CELAC y dar rienda suelta a la incoherencia de condenar a unos (el trío del mal), pero no a otros sobre los que pesan denuncias de similar tenor (los gobiernos anteriores de Honduras, el actual de Nayib Bukele en El Salvador, o el de Dina Boluarte en Perú, que lleva contados 46 manifestantes asesinados en un mes), la carrera por el extremismo en JxC demuestra la pobre concepción sobre el papel que le toca a la Argentina en el ámbito regional.  

Lula por el gas, Scholz por el hidrógeno verde

La presencia más trascendente para los intereses nacionales no es la de ninguno de los tres presidentes que entretienen al macrismo estos días. Luiz Inacio Lula da Silva llega esta noche al Aeroparque de Buenos Aires.

Además de haber decidido el reingreso de Brasil a la CELAC como una de sus medidas inaugurales del tercer mandato, el brasileño retomó una costumbre previa al vandalismo bolsonarista y eligió a la Argentina como primer destino extramuros. “La visita a Buenos Aires constituirá la oportunidad de relanzar la relación bilateral al más alto nivel, después de un período de distanciamiento entre los gobiernos y una reducción en la dinámica de la integración estratégica”, escribió ayer Itamaraty.

El lunes, la agenda de Lula incluye una reunión con Alberto al mediodía y, casi seguro, otra con la vicepresidenta por la tarde-noche. El líder brasileño desplegará su capital político ante sus pares latinoamericanos, pero particularmente entre los Fernández, a quienes conoce como pocos fuera de la Argentina.

La carrera por el extremismo en JxC deriva en una pobre concepción sobre el papel que le toca a la Argentina en el ámbito regional.

En el acotadísimo albertismo dan crédito a la versión de que Lula le habría dicho al Presidente que lo quiere ver en Casa Rosada en 2024. Ambos mandatarios deberían confirmar el diálogo. En cualquier caso, está claro que Lula no ahorra gestos de cercanía con su par argentino. Retribución de aquella visita de Alberto, en 2019, a la cárcel de Curitiba a la que el líder del Partido de los Trabajadores había sido condenado por el exjuez Sergio Moro y la íntima colaboración del exfiscal e integrista evangélico Deltan Dallagnol, hoy senador y diputado opositores, respectivamente.

Además del despliegue político, Lula anunciará con Fernández que el banco de desarrollo brasileño BNDES financiará la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner desde la provincia de Buenos Aires a Santa Fe.

El primer tramo de esa infraestructura clave, entre Tratayén, en Vaca Muerta, y Salliqueló, en Buenos Aires, estará concluido en junio próximo, si el Estado argentino y los constructores Tecpetrol Ingeniería, del Grupo Techint, y SACDE, de Marcelo Mindlin, cumplen con lo pautado. A fines de junio, el gasoducto Néstor Kirchner comenzará a transportar once millones de metros cúbicos de gas y, tareas de compresión mediante, el volumen llegará a 22 millones en diciembre.

La ampliación que se proponen Lula y Alberto extiende la capacidad de ese caño a 39 millones de metros cúbicos. Ya la primera parte del gasoducto reducirá al mínimo el déficit de la balanza energética el año que viene (el rojo fue de US$ 5.000 millones en 2022). Si las cosas se hacen medianamente bien, infraestructuras en gas y petróleo en vías de ejecución transformarán la ecuación en superavitaria a partir de 2025.

Lula tiene dos objetivos estratégicos para financiar el gasoducto. Por un lado, necesita que el gas de Vaca Muerta se acerque a Brasil para reemplazar la acelerada declinación del combustible que vende Bolivia a la industria de San Pablo. Los yacimientos de gas del oriente boliviano se están agotando y Vaca Muerta tiene recursos abundantes y a precios muy competitivos. Además, el crédito del BNDES será para Confab, la filial de Techint en Brasil que produce el acero con las pulgadas necesarias para transportar el gas de Vaca Muerta en grandes trayectos.

Queda en la desmemoria de la política líquida aquella ocurrencia de Cristina de que esos caños de acero debían ser fabricados en la Argentina. Fue hace sólo siete meses, durante un acto en Tecnópolis. No había ni hay una planta con esa capacidad en el país. Tampoco había tiempo para construirla porque la licitación del gasoducto llevaba años de retraso y los dólares para pagar las importaciones se agotan. “Alberto, te pido que uses la lapicera”, le dijo la vicepresidenta al Presidente en esa noche de otoño. La frase quedó para la militancia. La construcción de los tubos, para la filial de Techint en Pindamonhangaba.  

La obscena predilección de Trump y Bolsonaro por el macrismo resulta problemática para una coalición cuyo superyó le dice que es liberal e institucionalista

Si Patrcia Bullrich, Macri o Rodríguez Larreta quieren gobernar la Argentina a partir de diciembre, deberán negociar intereses con Lula. La relación con el mexicano López Obrador, el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro (el primero sale poco de México y el segundo y el tercero estarán en el Sheraton) también será crucial para la articulación latinoamericana. Está visto que las aventuras con los Áñez y los Bolsonaro de la vida para cumplir el denigrante papel de ser un espadachín contra un apuntado por Washington tienen poco vuelo.

La que comprendió lo inconducente de apostar a políticos de cartón es la Casa Blanca. El “luchador por la libertad” Juan Guaidó pasó a ser una figura incómoda para los países que lo crearon, máxime cuando los propios colegas de la Asamblea Nacional (todos, como Guaidó, con mandato vencido) lo destituyeron con poca honra el pasado 4 de enero. Si Waldo Wolf —flamante incorporación de campaña de Horacio Rodríguez Larreta— logra su cometido y Maduro es arrestado, la Casa Blanca quedará en un brete luego de haber enviado a funcionarios de alto nivel a Caracas para tratar de recomponer la industria petrolera de Venezuela. ¿Enviará Washington negociadores al penal de Ezeiza para hablar con Maduro? ¿Qué sería del mundo, qué habría sido de la cumbre del G20 en Buenos Aires apuntada por el macrismo como su máximo logro de gestión, quien alojaría a monarcas qataríes en su estancia patagónica, si tribunales locales dispusieran arrestos de jefes de Estado acusados de violaciones a los derechos humanos?

Pocos días después de recibir a Lula, otra visita de máximo interés para las relaciones internacionales aterrizará en Buenos Aires. El canciller alemán Olaf Scholz estará en Argentina los días 28 y 29 de enero junto a unos veinte empresarios. La histórica relación industrial y comercial de ambos países se ve desbalanceada por un tema urgente: la locomotora europea es la mayor importadora de energía del continente, su histórico proveedor de gas (Rusia) dejó de serlo por completo, necesita reemplazar el carbón por una razón ecológica y de gobernabilidad, y Argentina tiene recursos de todo tipo, fósiles para la transición y alternativos. Scholz y Fernández buscarán dar otro paso en el proyecto de producir hidrógeno verde en las costas de Río Negro, del que ya hablaron en encuentros anteriores.

El superyó acechado

A esta altura del partido, ¿alguien consigue un voto por pedir el arresto de Maduro? La obsesión de la derecha política y mediática con Venezuela encuentra razones no fácilmente asumibles. Cuando la Cancillería se precipitó a validar la destitución de Rousseff y reconocer a Michel Temer como presidente de Brasil (Argentina fue el primer país del mundo en hacerlo), el relato del macrismo asumió un tono de didáctica pragmática porque había que cuidar la relación con un país clave, más allá de nombres en el Planalto. Luego, el ala honestista del macrismo recibió con los brazos abiertos el proceso contra Lula, estrategia coronada con aquella recordada visita del juez Moro auspiciada por el ministro Germán Garavano, el cortesano Ricardo Lorenzetti y una asociación de abogados de grandes estudios.

Cada uno es libre de tener su propia lectura sobre el perfil de Juntos por el Cambio. La de Bolsonaro y Donald Trump es inequívoca; lo dieron todo para evitar el regreso del comunismo a la Argentina.

La predilección obscena de ese dúo, con pocas equivalencias (el antimacrista Maduro sería un ejemplo en sentido contrario), resulta problemática para una coalición cuyo superyó le dice que es liberal e institucionalista. Dos autoritarios, promotores de la violencia paraestatal y la discriminación de las minorías, líderes de lunáticos funcionales que asaltan Congresos, no tuvieron un atisbo de duda sobre su preferencia política en la Argentina.

Aquí entra a jugar un vaso comunicante entre las diferentes derechas que pinta una era y desdibuja las geografías del denominado populismo. Su ascenso político en años recientes de dio de la mano de una ofensiva judicial contra opositores que prescindió del estado de derecho. Jueces designados o removidos ad hoc, pruebas originadas en una Inteligencia burda, arrepentimientos premiados y contubernios económicos dejaron huella en países como Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Periodistas de los grupos mediáticos más poderosos, que fueron protagonistas de tramas de Inteligencia espuria, últimamente se dedicaron a poner el grito en el cielo cuando perciben que el hackeado es uno de sus cómplices

Desde que esa podredumbre quedó expuesta, el capítulo argentino ofrece una anomalía.

Jueces y fiscales que no sólo se valieron del espionaje ilegal que les ofrecieron células de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sino que lo organizaron y lo utilizaron en beneficio propio, dan carpetazos a causas que involucran a funcionarios de Macri o Larreta porque descubren, de buenas a primeras, la teoría del fruto del árbol prohibido. Magistrados que frecuentaban a Macri en Olivos antes de emitir fallos desmerecen denuncias sobre pares que frecuentaban a Macri en la quinta de Los Abrojos, porque ello no es prueba de parcialidad. El cajoneo de las causas inconvenientes ya es una institución en Comodoro Py. Martín Irurzun se olvidó de su propia teoría sobre la influencia residual de los exfuncionaros y el inmaculado Horacio Rosatti no ve necesario dar una explicación de por qué su secretario le dictaba estrategias judiciales a un ministro de la Ciudad de Buenos Aires.

Un elenco inconmovible de jueces, fiscales, periodistas y políticos tira de la cuerda y vacía de sentido al Poder Judicial. Hay cronistas en los grupos mediáticos más poderosos que fueron protagonistas de tramas de Inteligencia espuria y eludieron procesamientos gracias, precisamente, a la red a la que aportaron, y últimamente ponen el grito en el cielo cuando perciben que el presunto hackeado es uno de los suyos.

El viernes, Cristina definió a esta red como una “mafia mediática-judicial”. Otros la llaman lumpenaje, debacle institucional o lawfare. Son descripciones válidas, incluso en boca de alguien como la vicepresidenta, quien debe explicaciones sobre su relación y la de su marido con el régimen de Jaime Stiusso y operadores como Javier Fernández durante al menos una década, o su anuencia, todavía hoy, con personajes de baja calaña en los tribunales que quedaron fuera de la red que abastece a la derecha.

El Gobierno juntó el profuso material probatorio y lo llevó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El lunes expondrá el caso en una sesión especial en Ginebra. La secuencia en la que una representación estatal denunciará violaciones a los derechos humanos en su propio país será extraña, pero acaso siente un hito para mover el avispero de una dinámica que excede con creces las fronteras argentinas. Los dirigentes de Juntos por el Cambio encontraron en esa denuncia otro previsible motivo para la unidad y rechazaron la presentación como “una vergüenza”. Es entendible.

Si hablar de Brasil no conviene; si la visita de Scholz demuestra que los países centrales se relacionan con la periferia en función de sus intereses contantes y sonantes, por encima de ilusiones ideológicas; si el vínculo entre Rosatti y Larreta o el espionaje indiscriminado perpretrado durante gran parte de la vida política de Macri resultan imposibles de abordar, mejor pedir el arresto de tres presidentes extranjeros.

SL

En los comicios del país centroamericano de Nicaragua, emplazado entre Costa Rica y Honduras,  del 7 de noviembre 2021, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa,  renovaron su cuarto mandato consecutivo  sin la participación en el proceso electoral de otros candidatos que dispuestos a disputar en la contienda sus cargos se encontraban en prisión o en el exilio obligado acusados de delitos contra la patria. La ausencia de protocolares salutaciones de otros mandatarios no trajo los perjuicios que sí acarrearon el repudio internacional y las sanciones económicas que complican la situación de Nicaragua que en los últimos tres años ha sumado más de 100.000 ciudadanos exiliados de su población de 6.702.679  millones de habitantes.

Venezuela y el oro negro

El gobierno de Ortega desde el 2007 que accedió al poder para cumplir lo anunciado como la continuación de la Revolución Sandinista contó con la inapreciable ayuda del gobierno del ex presidente venezolano Hugo Chávez que  llegó a gastar cinco veces más que EEUU en ayuda a países latinoamericanos  gracias al precio del barril de petróleo que pasó de 10 a 100 dólares entre 1998 a 2008. Venezuela fortaleció la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) con abundantes préstamos para los países miembros. Nicaragua que fue el tercero en incorporarse  en 2007 inició su dependencia a los petrodólares venezolanos. De 2010 a 2014 sumaron 7.275 millones, más de la mitad del pib anual de Nicaragua. Sin embargo, progresivamente fueron descendiendo para desparecer en 2019 de forma irreversible cuando la crisis en Venezuela hizo inviable la continuidad de esa línea crediticia.

Los invitados al festín. Lazos comerciales y financieros 

Un número significativo de empresarios nicaragüenses obtuvieron contratos muy favorables para construcciones, megaproyectos energéticos, minería y turismo que gozaron de exenciones fiscales gracias a los petrodoláres, sostén del “Modelo de Alianza y Consenso” Que incluyó fuera del territorio nacional a otros gobiernos y funcionarios vinculados con  el hondureño de Juan Orlando Hérnandez, los salvadoreños del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén y algunos vinculados al presidente milleniam Nayib Bukele. Sumado la burguesía guatemalteca respecto a ingenios y compra de latifundios para la plantación de la palma africana.

El desplome del petróleo no desbarató el Modelo de Alianza y Consenso, sí la Rebelión de 2018 que trastornó el paisaje de esa tierra de lagos y volcanes por una polémica reforma de pensiones. El sector del empresariado escuchó las demandas; Ortega en vísperas de las elecciones, entre junio y octubre de 2021, hizo encarcelar al presidente, al vicepresidente y a un ex-presidente del Consejo Superior de la Empresa Provada ( cosep), y también arrestó a dos ex-directivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (funides), el think tank del empresariado. Las protestas de las organizaciones empresariales que fueron débiles y rutinarias sostuvieron un  acuerdo tácito y de mutua conveniencia para preservarse de la intervención de Ortega quien se beneficia de los  negocios mancomunados en palma africana y energía, y las crecientes inversiones en la banca y en la zona franca, imprescindibles para la salud económica de los próximos años.

El damero internacional

La ayuda multilateral ha seguido proporcionado fondos a Nicaragua entre 2019 y 2021. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 357 millones de dólares, el Banco Mundial (BM), 205 millones de doláres. El Fondo Monetario Internacional FMI, 187 millones estadounidenses, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 715 millones. En su conjunto los préstamos aumentaron de 290 a 488 millones de dólares por año. El BM, el FMI y el BID otorgaron préstamos por el covid 19 en el marco de una cláusula de la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (NICA ACT)   de 2018, orientada a vetar préstamos salvo los dedicados a necesidades humanas básicas.La  Ley Reforzar el Cumplimiento de condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER) con la que EEUU busca sancionar el gobierno de Ortega mantiene esa excepción con la obligación de identificar cuándo y cómo se aplica lo que significa que puede suspenderse.

EL BCIE es fuente segura de divisas para  Nicaragua pero no suficiente. Si bien Honduras y El Salvador votan a favor del otorgamiento de préstamos; Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y España lo han hecho en contra. Y se ha perdido el voto a favor de Taiwán debido a que Nicaragua ha roto relaciones y México, Argentina y Corea podrán dar la espalda. El tratado de Libre Comercio (CAFTA) con EEUU peligra y el comercio con la Federación Rusa no es significativo (6 millones de dólares en 2020)

Nicaragua es el cuarto país de Latinoamérica que ha girado hacia China. En su momento, el presidente Ortega quien había sostenido fructíferas relaciones con las dos Chinas – las  donaciones de Taiwán y el proyectado canal a cargo del empresario chino Wag Jing quien en 2020 fue expulsado de la Bolsa de Valores de Sanghai no habían sido excluyentes- rompió sus lazos con Taiwán que desde 2007 a 2020 había  aportado, 350,6 millones, un 12% de toda la cooperación bilateral.

China Popular,  ¿cubrirá las donaciones de Taiwán?

China podrá buscar en Nicaragua un proveedor de materia prima , por ejemplo, el oro que es el principal producto de exportación pero su producción está en manos de empresas canadienses y estadounidenses que venden el 97 % de la producción aurífera a EEUU. Y China tendría que iniciar sus propios procesos de exploración y explotación. Respecto a algunos préstamos para favorecer  la balanza comercial y también donativos, Beijng es reacio a donaciones tan profusas como los préstamos.

China donó 50 millones para la construcción de una nueva escuela de Policía en Costa Rica, pero las importaciones de Nicaragua son un 46% menos que las que Costa Rica le compró a China en 2020. Esta dificultad puede compensarse con una exploración minera agresiva o por la revivificación del canal interoceánico  que conllevaría conflictos geopolíticos, y China en Panamá tiene inversiones por 3.585 millones. Difícilmente el presidente Ortega logre que China sea el pilar financiero de su gobierno.

EEUU, el amigo-enemigo

Al margen del dinamismo de las relaciones con China en el futuro, Nicaragua depende de los más de 2.000 millones de dólares de remesas provenientes de EEUU y que ayudan y mucho al déficit de la balanza de pagos. Y el 71% de los depósitos financieros del país están en dólares. EEUU es el principal socio comercial (27% e importaciones y 49% de las exportaciones) y el mercado de bienes y servicios de la zona franca asciende a casi 3.000 millones de dólares. Las FFAA de Nicaragua tiene sus fondos en New York de cuya seguridad y rentabilidad dependen las pensiones de militares retirados, antiguos guerrilleros del FSLN y militares activos que anhelan un retiro dorado muy posible porque el ejército es la única institución estatal que paga el jubilaciones al 100% del último salario. Las sanciones podrían congelarlos y de esta situación algunos opositores esperan que eventualmente los militares retiren su apoyo al gobierno dado que a modo de ominosa pero diáfana advertencia, las sanciones de EEUU del 10 de enero alcanzaron a dos generales vinculados a la administración de ese fondo.

Sanciones al oro

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acompañadas de una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, ha impuesto sanciones a la industria aurífera de Nicaragua, por ser una “pieza importante” que financia al gobierno, e impedirá la entrada a 500 nicaragüenses, en una batería de castigos para aumentar la presión sobre el presidente  Ortega. El blanco de las sanciones es la Dirección General de Minas (DGM), “una pieza importante de las operaciones de oro controladas por el Estado”.

La nueva orden ejecutiva cita al sector aurífero y permite restringir algunas relaciones comerciales, incluyendo tanto las importaciones a EEUU desde Nicaragua como las exportaciones estadounidenses a este país. El sector del oro puede ser el primero de una lista, dado que Washington deja la puerta abierta para extender estas medidas a otras industrias. La restricción prohíbe también las inversiones de cualquier estadounidense en Nicaragua en esta materia, regla que se extiende también a las empresas extranjeras con oficina en EEUU.

“Lo interesante es ver que Estados Unidos decidiera sancionar la industria del oro, que recientemente ha tenido niveles récords en producción”, afirma Désirée Reder, investigadora del Centro de Estudios sobre Conflictos de la Universidad Philipps en Marburgo y del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), con sede en Hamburgo. La misma postura sostiene  Tatiana Benavides, consultora internacional quien reitera que Nicaragua es el mayor productor de oro en Centroamérica. “La industria del oro se ha convertido en la mayor fuente de divisas de Nicaragua en los últimos años. En 2021, el país exportó un récord de 348.532 onzas del metal, según datos del Banco Central de Nicaragua y según las proyecciones, se esperaba que pudiera llegar a las 500.000 onzas para 2023”, indica y agrega que el sistema de exportación de oro en Nicaragua se enmarca dentro de un sistema de “clientelismo” con quienes apoyan y son cercanos al régimen.  

Las nuevas sanciones de EEUU vienen a cambiar el panorama económico, no solo para Nicaragua, sino también para las más de 140 empresas internacionales que tienen conexiones con la producción de oro en el país centroamericano. Una de ella es la mina canadiense Calibre que, ante el anuncio de EEUU, emitió un comunicado de prensa en el que señala que acatarán las nuevas medidas: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir cumpliendo con todas las leyes y restricciones internacionales permanentes”, se expresa en el boletín.

Dirigentes opositores nicaragüenses han acusado que parte del oro que se exporta en Nicaragua en el último tiempo proviene de Venezuela, debido a que aún continúa el bloqueo económico para ese país. Es probable, afirman las expertas, que surjan nuevos compradores de los llamados de los ‘países aliados’ Rusia, Irán o China.

Managua, Moscú y la Casa Blanca

La guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania ha complicado todavía más las relaciones de Nicaragua con EEUU. La Casa Blanca repudió el 21 de octubre que el gobierno de Ortega-Murillo que haya aumentado su cooperación con Moscú al autorizar la presencia continua de personal y equipo militar ruso en el país. Nicaragua fue uno de los cuatro países, y el único latinoamericano, que se alineó con Rusia en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba el intento de Moscú de anexión ilegal de partes de Ucrania. Las nuevas medidas de Biden llegan días después de que la Unión Europea (UE) renovara por un año su paquete de sanciones al país centroamericano.

AGB

El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva inaugura una nueva etapa en América Latina mientras varios líderes del centro-izquierda recuperan el poder en la región. En el último año, el candidato del Partido de los Trabajadores ganó las presidenciales en Brasil, Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia y Gabriel Boric llegó a La Moneda en Chile. Las cinco principales economías de la región, con Argentina y México incluidas, estarán a partir del 1 de enero administradas por gobiernos que se identifican con la izquierda.

Pero este nuevo momento de América Latina poco tiene que ver con la primera oleada hacia la izquierda en la región. El mundo cambió, la situación económica es otra, la inflación erosiona a los gobiernos y a los partidos. La subida del gasto público, que le permitió ganar popularidad y votos a los líderes en una primera etapa, ofrece riesgos cuando la inflación escala. La incapacidad del Gobierno peronista en Argentina de contener la galopante inflación, que ya supera el 83% interanual, es muestra de ello.

Para hablar de nuevo ciclo de izquierda es necesario que exista una convergencia entre los intereses y coincidencia en las acciones. “Los hechos electorales no parecen suficientes para determinar la orientación y las acciones posteriores de un Gobierno”, escribió Manuel Canelas, ministro de Comunicación de la Bolivia de Evo Morales entre 2015 y 2020, en este artículo. Para Canelas, las victorias electorales no son un indicador suficiente para hablar de un segundo ciclo progresista en la región. Habrá que esperar a ver qué hacen, o hasta dónde pueden, una vez en el Gobierno. “Un hecho electoral no es suficiente para sostener afirmaciones ideológicas rotundas”, dice el exministro de Evo Morales con la mirada puesta en Bolivia.

El caso más evidente de la incapacidad de cambio que la izquierda afronta en la región queda en evidencia en el Gobierno de Pedro Castillo en Perú, que además de ser resbaladizo a las etiquetas ideológicas, no ha podido hacer más que esquivar pedidos de destitución en casi dos años de mandato. Una situación de inmovilismo que también vive Argentina, donde el Gobierno de Alberto Fernández, un peronista moderado que llega al último año de gobierno muy debilitado, parece no hacer más que tiempo a una llamada a nuevas elecciones.

Alianzas electorales de izquierda a derecha

La conformación de grandes alianzas electorales amplias, así como vastos acuerdos interpartidarios en el Congreso, para poder ganar una elección no hace más que moderar a los gobiernos. La pregunta ahora en Brasil es hasta dónde podrá Lula. No solo por el peso del sector cercano a Jair Bolsonaro en el Legislativo sino por las tensiones internas. Lula ganó las elecciones gracias una alianza de 10 partidos, que van desde el centro-derecha a la izquierda más radical, con innumerables respaldos personales de líderes políticos, como el de la tercera candidata más votada, Simone Tebet, del mismo partido de centro-derecha que el expresidente Michel Temer, al que Lula llama “golpista”.

Excepto por los casos de Colombia y Chile, países que no vivieron el primer momento con la intensidad de sus vecinos, el resto de los nuevos gobiernos de izquierda que vuelven al poder llegan sin el empuje social de las calles de ese primer momento. Si algo ha debilitado la narrativa de “golpe parlamentario” en Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff en 2016, esto ha sido que ni los propios militantes del PT salieron a las calles de manera masiva y organizada en ese momento, como sí en otras épocas, a demostrar el rechazo al nuevo gobierno. “Un Gobierno de centro-izquierda en ausencia de sincronía con un amplio movimiento social activo, es un gobierno meramente administrativo de cambios precedentes, defensivo de antiguos derechos”, explicaba el expresidente de Bolivia Álvaro García Linera en esta entrevista.

División

Es una izquierda que se presenta divida. La supervivencia de Nicolás Maduro en Venezuela, así como Daniel Ortega en Nicaragua, por medio del uso de la fuerza y la conformación de regímenes autoritarios, divide al progresismo en América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha mostrado más de una vez su condena a la violación a los derechos civiles y políticos en estos países, aportando un poco de aire fresco a la izquierda latinoamericana.

Sin embargo, para líderes como la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Evo Morales y posiblemente Luiz Inácio Lula da Silva no es posible ni siquiera imaginar una condena pública a estos países. Las supervivencia de las izquierdas autoritarias en América Latina no hacen más que debilitar la unión entre los distintos gobiernos progresistas en la región. En el primer momento, el bloque era mucho más compacto.

Además, “la segunda marea rosa parece más verde que la primera”, como dice Oliver Stuenkel, doctor en Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas. Si bien presidentes como Gabriel Boric o Gustavo Petro han buscado “reforzar sus credenciales ambientales” y se espera que Lula siga este camino, líderes como Rafael Correa, Evo Morales o Cristina Kirchner, que han defendido políticas extractivistas, ahora no suelen hacer referencias al tema.

Derecha más organizada

Del otro lado, la derecha dentro de cada uno de estos países está mucho más organizada que hace 20 años. A principios de este siglo, los primeros líderes de izquierda tomaron por sorpresa a los exponentes de los partidos que se vieron sorprendidos por victorias electorales contundentes. Pero ahora, los candidatos conservadores han aprendido a desplegar un discurso popular y atender ciertas demandas urgentes, en definitiva, a ganar elecciones. Y además, este nuevo momento está caracterizado por la emergencia de las expresiones de extrema derecha y libertarias, que consiguen traducir en votos el descontento social y llegando a interpelar, incluso mejor que las izquierdas, el inconformismo de esta época.

La radicalización por la derecha del electorado no responde tanto a una preferencia ideológica sino más bien al descrédito de toda la política. Bolsonaro, el hombre sin partido, el presidente que no ha hecho más que desprestigiar las instituciones y las organizaciones políticas, consiguió este domingo seducir al 49% de los brasileños. Es decir, muchos de esos viejos moderados, incluso los tradicionales izquierdistas, han votado a un candidato de extrema derecha.

La escalada de confrontación del gobierno de Nicaragua en contra de la Iglesia Católica alerta la opinión internacional respecto al presidente Daniel Ortega y su estrategia de institucionalizar el Estado policial en la nación silenciando toda voz crítica o no subordinada

Sin embargo, no siempre la figura de Ortega ha estado en el centro de esta acusación. Por el contrario, por largo tiempo se lo asoció a la Revolución Sandinista, integrante    del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que en julio de 1979 derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía Somocista -luego de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle- que había gobernado el país por 44 años. Con el inmediato establecimiento una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del diario La Prensa asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo, presidida por Daniel Ortega.

En noviembre de 1979, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) publicó la pastoral Compromiso Cristiano para una Nicaragua Nueva  que considera el “proceso revolucionario” como una oportunidad para el país y convoca a la población a hacer los sacrificios necesarios y una “profunda conversión del corazón”. Los obispos pidieron “un amplio espacio de libertad que le permita (a la Iglesia) cumplir su labor apostólica sin interferencias”.

Tres sacerdotes conocidos promotores de la teología marxista de la liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D’Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores (1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura (1979-1987); y Edgar Parrales fue viceministro subdirector General del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar Social (1980-1982) y embajador de Nicaragua ante la OEA (1982-1986).

En enero de 1980, la CEN decidió que ya no podían integrar el gobierno sandinista. Y en abril de ese año, el Papa Juan Pablo II recibió a los obispos nicaragüenses en el Vaticano y en su discurso sostuvo que “una ideología atea no puede ser el instrumento orientador del esfuerzo de promoción de la justicia social”. Los sacerdotes continuaron en sus cargos a pesar de que los obispos le pidieron que renunciaran. En febrero de 1984, Juan Pablo II suspendió ad divinis a los tres sacerdotes y al padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, quien hasta 1990, fue ministro de Educación.

Violeta Chamorro había renunciado a la Junta en abril de 1980 por el rumbo socialista del FSLN y la influencia de Cuba en el gobierno. Robelo por iguales motivos había hecho lo mismo para luego integrar el directorio político de la Resistencia Nicaragüense (los “contras”) financiada por EEUU que sostuvo una guerra civil con los sandinistas durante toda la década. En 1985, la Junta entregó el poder a Ortega, ganador de las elecciones presidenciales de 1984 con el FSLN, ya un partido político.

Poderes terrenales vs poderes celestiales 

Desde la década de los ‘80, el gobierno de la revolución sandinista mantuvo una relación enconada con la Iglesia Católica que en el transcurso de sus mandatos no amenguó sino que por el contrario ha ido en aumento hasta el clímax bien álgido originado con la reciente  detención del obispo Rolando Álvarez, titular de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí,  la autoridad católica más crítica y más perseguida por el poder político de  Nicaragua. 

Desde el mediodía del 3 de agosto, Álvarez  de 55 años se encuentra secuestrado junto a otros sacerdotes y laicos en la casa episcopal donde vive. Los Ortega-Murillo  han iniciado una investigación en su contra  por “intentar organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población (...) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

Después del exilio forzado del obispo Silvio Báez  en 2019, Álvarez se ha convertido en una de las principales voces de la pastoral que además de incomodar al gobierno es el centro de la persecución contra la iglesia Católica. El obispo de Matagalpa ha sufrido además la cancelación de las radios y televisoras católicas que dirigía en Nicaragua.

El obispo no sólo ha cuestionado la represión desde las protestas sociales de 2018, sino que antes encabezó en el municipio de Rancho Grande protestas contra una concesión minera entregada a una transnacional cuya fuerza numérica y decisión hizo que el gobierno tuviera que revocarla.

Durante la  pandemia los líderes religiosos suspendieron las procesiones para evitar las aglomeraciones mientras que los alcaldes sandinistas convocaron procesiones con réplicas de imágenes de santos, filarmónicos y algunos promesantes. En esa oportunidad, el obispo Álvarez, declaró que “Se ha llegado al extremo de que ahora las alcaldías se han vuelto seudos parroquias y los alcaldes se han vuelto seudos sacerdotes, porque están tomando el lugar que le corresponde al templo”. En una de sus homilías más recientes, Álvarez recordó con énfasis: “no tocar a Dios con las manos sucias”.

Treinta años atrás

La práctica de montar acusaciones contra sacerdotes, desprestigiarlos, golpearlos, expulsarlos del país, acusarlos de “actitud antipatriótica y criminal” cuenta con un historial de atropellos por parte del gobierno contra la Iglesia católica iniciado hace tres décadas.

El padre Bismarck Carballo, desnudado y golpeado en público el 12 de agosto de 1982, fue objeto de una manipulación- en la que se le atribuía tener una amante- armada en su contra por  Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), dirigida por Lenín Cerna.

Y en 1984, los sandinistas acusaron al sacerdote Luis Amado Peña de conspirar con la Contra, lo llevaron a los Tribunales Somocistas y lo confinaron durante cuatro meses en el Seminario. Fueron expulsaron de Nicaragua a 10 sacerdotes extranjeros que se solidarizaron con Peña. 

En 1986, el Monseñor  Pablo Antonio Vega, vicepresidente de la Conferencia Episcopal de entonces y uno de los obispos que más fuerte alzaba la voz contra el gobierno sandinista - junto al cardenal Miguel Obando y Bravo, Bosco Vivas y Abelardo Mata- viajó  a Washington para denunciar ante el Departamento de Estado el crimen contra tres de sus ministros laicos a manos de los sandinistas, y la represión que estos seguían ejerciendo contra el campesinado. Cuando regresó a Nicaragua, fue detenido y trasladado en helicóptero hacia la frontera con  Honduras, donde lo dejaron abandonado acusado por los sandinistas de “actitud antipatriótica y criminal” al apoyar a la guerrilla antisandinista y justificar una eventual intervención norteamericana en el país.

El cardenal valiente y la parábola de la víbora

El cardenal Miguel Obando y Bravo, quien fue  el primer religioso con este alto rango en Centroamérica nombrado en 1985 por Juan Pablo II, distinguido en los años del somocismo por su defensa a los derechos humanos, en las elecciones de 1990, llamó a todos los ciudadanos a votar conforme a sus conciencias, “no por miedo ni por dádivas”.

Ortega, candidato del FSLN, perdió frente a Violeta Barrios de Chamorro por la Unión Nacional Opositora (UNO), lo llamó “fariseo” y lo acusó de “ensuciar la palabra de Cristo”. Obando y Bravo sin demora respondió que “una serpiente, que vive, mata y muere escupiendo veneno”. 

El cardenal dos días antes de las elecciones siguientes de 1996, en las que competía nuevamente Ortega por el Frente Sandinista, pronunció desde el púlpito de la Catedral de Managua  la parábola de la víbora. Dos hombres encontraron en el camino una víbora que se moría a causa del frío. Uno de ellos quiso darle calor para salvarla y el otro le advirtió “que esa víbora era peligrosa, que ya había matado y si la revivían, volvería a matar”. Sin embargo, el primero pensando que las circunstancias habían cambiado, alzó al reptil y lo puso sobre su pecho para darle calor. La víbora al revivir, lo mordió y lo mató. “El cristiano no tiene odio, pero debe tomar ciertas normas de prudencia, sino le va a pasar lo que dice la leyenda”, dijo el cardenal. Dos días después, Daniel Ortega volvió a perder las elecciones frente al candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán (1997-2002).

Para la campaña electoral de 2006, para obtener más soporte político en una Nicaragua católica, el ‘comandante Daniel’ pidió perdón a la Iglesia por todos los actos cometidos por sandinistas en contra a los religiosos en los ’80 y buscó un acercamiento con el cardenal Obando. El cardenal no sólo dio la primera comunión a la actual pareja en el poder sino que también los casó en una ceremonia privada. El religioso se plegó al discurso sandinista, que por entonces llamaba a trabajar “por el bien común” y la “reconciliación”. Ortega le llamaba “capellán del somocismo” y cuando asumió por segunda vez la presidencia en 2007 penalizó el aborto terapéutico para congraciarse con el influyente obispo quien murió en 2018.  

La crisis política y social de 2018

El gobierno de Ortega hasta 2018, mostró un sostenido crecimiento económico que entre 2007 y 2017 promedió 4,2%. A diferencia de otros países centroamericanos, en Nicaragua los indicadores de criminalidad e inseguridad eran relativamente bajos y a pesar de la informalidad, el porcentaje de personas activas en la seguridad social se duplicó. El gobierno estableció alianzas con capital privado que favoreció el nacimiento de un nuevo grupo de poder económico alrededor de la familia Ortega-Murillo y el Ejército, con un fuerte dispositivo de control y vigilancia para contener cualquier expresión de descontento social, y participación en negocios amparados por fondos venezolanos.  Ortega subordinó el poder militar a la presidencia y como también los demás poderes del estado como la Corte Suprema y la Contraloría General de la República. 

En abril de 2018, un estallido social interrumpió la marcha del proceso autoritario de Ortega- Murillo cuando miles de personas salieron a las calles del país para expresar el descontento por el anuncio de reformas en la seguridad sociales que afectaba a jubilados y empleadores. La respuesta gubernamental fue de violenta represión por parte de la policía. El 23 de abril la organización gremial del  Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) convocó una marcha en ciudad capital de Managua con el inédito reclamo de que Ortega dejara el poder marcando el fin de la alianza del gobierno con el empresariado.

Durante las protestas, la Catedral de Managua fue invadida por simpatizantes del Gobierno quienes agredieron a los jóvenes reunidos en el templo para recoger víveres y entregarlos a los manifestantes reprimidos en diferentes puntos del país

El padre Edwing Román de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya fue uno de varios religiosos católicos que acompañó a las víctimas de la represión. Asistió a heridos, intercedió por secuestrados y resguardó a ciudadanos amenazados. En noviembre de 2019 vivió, junto a varias madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre por la libertad de sus hijos en su parroquia, un asedio brutal de la Policía en el que durante nueve días les cortó los servicios de agua y luz eléctrica para someterlos. La acción dio la vuelta al mundo y despertó la solidaridad de miles de personas. 

La Conferencia Episcopal en las protestas de 2018 tuvo un papel mediador y denunció la masacre de más de 350 personas, una trágica cifra cercana a los 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 solamente.

Recuperar la paz haciendo la guerra

Ante las últimas elecciones presidenciales, la Arquidiócesis de Managua dirigida por el cardenal Leopoldo Brenes emitió un comunicado expresando que “no existen condiciones para celebrar elecciones democráticas” en Nicaragua después de que el régimen arrestara a 32 líderes de la oposición a esa fecha, entre ellos siete aspirantes a la presidencia y se cancelara la personería jurídica a tres partidos políticos. Tres días después, el presidente en busca de su quinta reelección los llamó “hijos del demonio” porque “algunos (manifestantes en 2018) le pegaron fuego a los ciudadanos que fueron asesinados, torturados o a los policías que fueron torturados y luego quemados vivos, con el aplauso y aliento de algunos curas”. 

Esa misma noche, Rosario Murillo llamó a los sacerdotes “hijos del diablo”. El cardenal Brenes, declaró que  “en una ocasión se dijo que la iglesia siempre asiste al funeral de sus perseguidores”. Desde 2018, Ortega y Murillo han ordenado quitarles a casi todas las parroquias del país los fondos que recibían del Presupuesto General de la República con una reforma a finales de ese año. La Arquidiócesis de Managua, que dirige el cardenal Brenes, fue la más afectada con la reducción de fondos.

Once días después de ser reelegido sin oposición, el presidente Ortega anuló, a través de un decreto, la figura de “Decano del Cuerpo Diplomático”, que desde el año 2000 correspondía al nuncio apostólico. El 7 de marzo de este año, la nunciatura informó que su representante en Managua, el polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, se “ausentó del país”, y que el secretario, Marcel Mbaye Diouf, quedaba al frente, sin aclarar las razones.

En 2019 y en 2021 fueron expulsados el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y el sacerdote Edwin Román.

El pasado 6 de julio, el mundo se enteraba de que el gobierno había expulsado a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad, después del cierre de su asociación, junto a otras organizaciones benéficas y civiles.

En el mes de junio, detuvieron a Manuel García, el primero de los siete sacerdotes que guardan prisión hasta hoy. El párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime fue enjuiciado y condenado por violencia doméstica contra una mujer que pasó de víctima a acusada por no inculpar al sacerdote. Los otros presbíteros detenidos: Leonardo Urbina, enjuiciado por el supuesto delito de abuso sexual a una menor; y Óscar Benavidez, a quien de momento no le han formulado cargos. Además José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino y Raúl González, todos de la diócesis de Matagalpa.

En los últimos incidentes se prohibió procesionar en Managua con la imagen peregrina de la Virgen de Fátima.

Desde 2018, la Iglesia denunció discriminaciones en la política migratoria en contra sacerdotes extranjeros, y a favor de ex presiente corruptos.

La Sangre de Cristo, las persecuciones a los católicos y la ‘prudencia’ del Vaticano

Desde julio de 2018, cuando Daniel Ortega acusó a los obispos de “golpistas”, hasta agosto de 2020, cuando ocurrió el incendio que calcinó la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIH) contabilizó 24 ataques directos contra la Iglesia Católica. El más grave fue el incendio en la capilla de la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. A pocos minutos de ocurrido y sin tener mayores detalles, Rosario Murillo  declaró que el incendio había sido provocado “por la existencia de veladores en el entorno de la Sangre de Cristo… Son las veladoras que encienden los feligreses”. Sin embargo, el cardenal Brenes desmintió a Murillo: “en el lugar no había veladoras… porque las imágenes antiguas con más de 50 años no se les pone veladoras alrededor”. El acto fue declarado como atentado por el papa Francisco,  una de las pocas condenas del pontífice a la persecución de los pastores de su grey en Nicaragua.

En estos días, religiosos y políticos de diversas latitudes transmitieron su apoyo, preocupación y solidaridad a los católicos y al episcopado de Nicaragua. Las  palabras pronunciadas por el Papa Francisco en el Ángelus del domingo, fueron consideradas decepcionantes ante la urgente y repetida situación: “Sigo desde cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Quisiera expresa mi convicción y mi deseo de que, por medio de un diálogo abierto y sincero, se pueda aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”. No parece un medio eficaz ante la urgencia de la situación pedir a los detenidos, incomunicados, torturados, perseguidos, prohibidos, oprimidos por Ortega que se abran al “diálogo”. Una oración “en abstracto” considera Vilma Nuñez la directora del CENIH.

AGB

La Diócesis del municipio nicaragüense de Matagalpa denunció este viernes que la Policía ingresó en su sede y se llevó al obispo Rolando Álvarez, quien se encontraba retenido allí hace más de dos semanas, acusado por el Gobierno de Nicaragua de organizar “grupos violentos”.

Durante la madrugada, la “Policía del régimen de Daniel Ortega allanó la curia episcopal de la Diócesis de Matagalpa donde desde hace 16 días se encontraba en casa por cárcel (arresto domiciliario) el obispo, monseñor Rolando Álvarez, junto a cinco sacerdotes y tres laicos”, reportaron en redes sociales medios de la iglesia católica.

Extraoficialmente, se informó que Álvarez fue sacado por agentes sin conocerse hasta el momento su paradero, consignó el diario nicaragüense La Prensa.

Fuentes ligadas a la iglesia informaron a este medio, bajo condición de anonimato, que tras el asalto a la curia episcopal, que habría ocurrido alrededor de las tres de la mañana, la policía se llevó a todas las personas que se encontraban allí.

Además de monseñor Álvarez, se encontraban en el lugar los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral San Pedro, respectivamente.

También Óscar Escoto, párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe; Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista, quien padece de diabetes, y el padre Raúl González.

Álvarez, obispo de Diócesis de Matagalpa, norte del país, estaba retenido en su curia junto a una decena de personas desde el pasado 4 de agosto. 

La reclusión del obispo ocurrió días después de que denunciara el cierre por parte de las autoridades de cinco emisoras católicas y reclamó respeto a la “libertad” religiosa al gobierno de Ortega.

La policía anunció que la Diócesis de Matagalpa es investigada por intentar “organizar grupos violentos” e incitar al “odio” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua”.

“Nosotros estamos en las manos de Dios”, expresó el prelado ayer, en un mensaje de agradecimiento por las muestras de solidaridad desde variados sectores ciudadanos, en medio de crecientes tensiones entre el clero y el Gobierno de Ortega, un exguerrillero de 76 años que se mantiene en el poder desde el 2007, amparado en tres reelecciones sucesivas.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno argentino, a través del embajador en Venezuela, Oscar Laborde, criticó la decisión de la Justicia de mantener secuestrado el avión venezolano-iraní y retenidos a sus tripulantes, al tiempo que consideró que se trata de “un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”.

“Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Y objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente haya nada que reprocharles y hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia. Por suerte a muchos les queda claro en los últimos días que hay una intención de la Justicia, una Justicia que en la Argentina muchos la padecen, y muchos explican que es un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”, sentenció Laborde en declaraciones a radio AM750.

De acuerdo al diplomático, “esto hay que transitarlo con inteligencia, porque son muchos los intereses que pretenden que sea una pelea que perjudique más a Venezuela y al proceso de la CELAC”.

En cuanto a los reclamos de Venezuela por la actitud del Gobierno argentino de no intervenir frente a las decisiones del juez Federico Villena, que el 11 de agosto oficializó el secuestro del avión de Emtrasur, de acuerdo a una petición de Estados Unidos para incautar la aeronave, que antes era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Washington, Laborde dijo saber “que tenemos esta dificultad con los amigos venezolanos”, pero aclaró que no hay “ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería”.

A estas quejas del gobierno de Nicolás Maduro, este martes se sumó su par de Nicaragua, Daniel Ortega, que durante un acto por el 42 aniversario de la Fuerza Naval de ese país, sostuvo que el presidente Alberto Fernández “está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace el secretario general de la OEA”, el uruguayo Luis Almagro, “que abiertamente es instrumento de los gringos”. Y se preguntó: “¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas, a los jueces norteamericanos, y a las persecuciones de los Estados Unidos?”

Asimismo, Ortega aseveró no saber “qué fin irá a tener la Celac si Argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio”. Frente a estos comentarios del presidente nicaragüense, Laborde le limitó a decir que no le corresponde “responderle a Daniel Ortega”.

El pasado 1° de agosto, el juez Villena ordenó confiscar los pasaportes e impedir la salida del país del piloto iraní y otras seis personas que iban en el avión venezolano Boeing 747 retenido desde el 6 de junio en el marco de una causa por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Pero liberó a 12 tripulantes que deberán regresar a su país de origen en vuelos de línea. 

Con información de agencias.

IG

Según el último informe del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua, las personas detenidas arbitrariamente por el régimen del matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo son 192. Hay de todas las edades y de todas las ideologías. Como en toda dictadura, las razones primeras para privarlos de la libertad son de orden inmediatamente práctico: eliminar amenazas al régimen. Pero hay algo que distingue a éste: con el eco inconfundible de los procesos de Moscú llevados adelante por Stalin entre 1936 y 1938, Ortega y Murillo están ejecutando un plan de venganza sistemática contra los camaradas de armas que no los siguieron en el camino del autoritarismo. Una de ellos lleva casi once meses en la cárcel y ostenta una trayectoria que vale la pena recordar aquí

En 1978, un 22 de agosto, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle sufrió la herida por la que se desangró hasta ser derrocada menos de un año más tarde. Ese día seminal, tres guerrilleros quedaron marcados con los números que ordenaban su jerarquía en el comando que ejecutó la “Operación Chanchera”, el asalto al Palacio Nacional de Managua. El Comandante Cero Edén Pastora, el Comandante Uno Hugo Torres Jiménez y la Comandante Dos Dora María Téllez tomaron de rehenes a diputados somocistas y obtuvieron a cambio la liberación de camaradas de armas encarcelados antes de huir a Panamá.

Menos de un años más tardes los tres participaron la entrada en Managua del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), pero seguirían caminos bien distintos tras el triunfo de la revolución. Mientras que Pastora se transformó en 1982 en uno de los líderes de la contrarrevolución, Torres y Téllez serían tan fieles al mandato democrático de la lucha antisomocista, que rompieron, en 1995, con un FSLN monopolizado por Daniel Ortega y donde no había lugar ni para el ideal democrático, ni para seis de los nueve comandantes de la “dirección histórica” que encabezó la última revolución armada triunfante en América Latina.

Gabriel García Márquez, en su crónica para el diario ABC de Madrid de la acción guerrillera de 1978, describió a la comandante de 22 años como “una muchacha muy bella, tímida y absorta, con una inteligencia y un buen juicio que le hubieran servido para cualquier cosa grande en la vida”. El buen juicio le serviría para ser una Ministra de Salud del gobierno revolucionario a quien se recuerda por su eficaz lucha contra la epidemia del VIH-SIDA, una historiadora con aportes significativos sobre el despojo de las comunidades originarias de Nicaragua durante el siglo XIX y una crítica permanente de la deriva autoritaria del orteguismo. A este respecto, Téllez identificó como una de sus causas el hecho de que “la revolución sandinista no hizo una crítica del sistema político que derrotaba”, perpetuando incluso en la constitución adoptada después del derrocamiento del somocismo una matriz que facilitaba la concentración de poder. 

Telléz sostuvo también en una oportunidad que “el arrepentimiento es de la gente que se queda con los brazos cruzados”, mientras reivindicaba su propia identidad política: “del sandinismo quedamos los sandinistas, que estamos luchando contra el orteguismo”. Esta postura de la Comandante Dos es la que la ha hecho objeto particular de la ira dictatorial. Ortega no está dispuesto a compartir el legado revolucionario con nadie, porque sabe que la amplia base de apoyo que aún mantiene se apoya en partes iguales en la fuerza que le da el control monopólico del estado y en la que deriva del monopolio ritualista del relato de la revolución. Los extremos a los que él y su esposa están dispuestos a llegar están graficados brutalmente por la muerte en prisión del comandante Torres Jiménez, el hombre que liberó de la cárcel somocista a Ortega y que fuera detenido por el gobierno actual por los mismos días que su compañera de guerrilla.

La actual dictadura fue precedida por un giro político de Ortega que se inicia en 2005 y que incluyó una alianza con la jerarquía ultramontana de la iglesia católica local y con el empresariado antes furibundamente antisandinista. Con esos antecedentes (ilustrados por la adopción de una ley contra el aborto que es tal vez la más punitiva en el hemisferio), no debe sorprender que los propagandistas del régimen destaquen, con feroz lesbofobia, la opción sexual de Téllez y de Ana Margarita Vijil, su compañera y ex-presidenta del Movimiento Renovador Sandinista (actualmente Unamos), condenada a 10 años de prisión por “conspiración” en febrero. Pocos días después de esa condena, Téllez recibiría la suya, a ocho años, por cargos igualmente vagos.

Los tipos penales abiertos e indefinidos, típicos de regímenes no democráticos, están siendo aplicados a todos los opositores detenidos y son la amenaza que pende sobre la cabeza de todos los que aún están en libertad. Como si no bastara ese abuso del derecho penal, en los así denominados juicios se prohíbe la presencia de público y a muchos detenidos se les niega la asistencia de un abogado defensor. En el colmo de la hipérbole somocista, estas farsas se llevan a cabo en el mismo Complejo Policial Evaristo Vásquez, la prisión designada para los opositores, ni siquiera en la sede de un tribunal. Conocido como “El Chipote” (el chichón), supuestamente por la forma de la loma donde se ubica, el nombre evoca, tal vez de manera no intencional, las torturas que antes de 1979 y ahora se aplican en el lugar. Hace cuatro años, tras el levantamiento popular que Ortega sepultó bajo 481 cadáveres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió ese predio y determinó que no reunía “los estándares mínimos” y que “el solo encierro allí constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante”.

Nada distingue los derechos de los que debería gozar Dora María Téllez de aquellos que deberían tener garantizados los demás 191 presos de Ortega y Murillo. Nada en las luces y las posibles sombras de una trayectoria política como la suya la hace merecedora de una reivindicación distinta de la que merecen todos quienes fueron arrojados a las mazmorras de un régimen odioso. Sin embargo, la acumulación de agravios que convergen sobre ella merece ser puesta en evidencia porque resume la vileza de una pareja dictatorial sobre la que los gobiernos democráticos de América Latina están lejos de aplicar toda la presión que debieran. Una parte de la vergüenza seguirá siendo de éstos mientras no le arranquen concesiones. Ortega y Murillo no tienen recursos ni envergadura para resistir una campaña por la libertad de los presos con la que las democracias latinoamericanas se comprometan con mínima seriedad. La esperamos con desesperada impaciencia.

GP

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó este jueves una resolución que establecerá un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno de Daniel Ortega. La Argentina votó a favor, junto a Brasil, México y Paraguay. Venezuela, Bolivia, Cuba, Rusia, China, Honduras y Eritrea fueron los únicos en contra.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor de países miembros, siete en contra y 20 abstenciones, y decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de “recolectar, preservar y analizar información y evidencias” sobre esas posibles violaciones de derechos humanos, “identificando a sus responsables”.

Con un mandato inicial de un año, esta misión tendrá una labor similar a la aprobada en 2019 para Venezuela mediante otra resolución del Consejo de Derechos Humanos, por lo que es el segundo mecanismo de investigación de este tipo para países de Latinoamérica.

La resolución había sido presentada por Ecuador, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, y contó con el patrocinio de cerca de medio centenar de gobiernos.

El documento expresa además preocupación por “el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua”, donde se ha producido “un aumento de las restricciones al espacio democrático y de la represión a la disidencia”.

Esta represión incluye “actos de intimidación, acoso y vigilancia ilegal o arbitraria de defensores de derechos humanos”, subraya un texto que lamenta la falta de rendición de cuentas ante estos hechos desde hace cuatro años, así como la prohibición de manifestaciones pacíficas y los juicios sin el debido proceso.

El documento reclama a las autoridades nicaragüenses el cese de las detenciones arbitrarias y la intimidación, la liberación inmediata de los detenidos injustamente y la investigación de casos de acoso a líderes políticos, periodistas, activistas y otros críticos con el Gobierno de Ortega.

Menciona expresamente y lamenta la reciente muerte del prisionero político Hugo Torres, histórico exguerrillero sandinista fallecido el 12 de febrero tras meses de detención “en condiciones indignantes”.

La resolución muestra además su preocupación por las violaciones de los derechos civiles y políticos en el contexto de las elecciones del pasado año y lamenta “el fracaso del Gobierno de Nicaragua a la hora de poner en práctica reformas electorales e institucionales que garantizaran unas elecciones libres y justas”.

Antes de la votación de la resolución, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales, intervino por videoconferencia para mostrar el “rechazo absoluto” del Gobierno nicaragüense a ésta y otras decisiones tomadas en años recientes por el Consejo de Derechos Humanos que condenaron la situación en el país centroamericano.

Los textos de estas resoluciones “siguen haciendo valoraciones derivadas de intereses económicos y políticos de países imperialistas cuya única finalidad es afectar a la dignidad y soberanía de los pueblos”, aseguró.

Delegaciones de países miembros del Consejo que votaron en contra, como Venezuela, Cuba, China o Rusia, coincidieron en rechazar un texto que en su opinión supone una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua con “motivaciones políticas”.

El mecanismo de investigación creado “no cuenta con el consentimiento del país y no ayuda a promover el diálogo ni la cooperación, alentando la confrontación y la politización de este Consejo”, aseguró la delegación china, mientras Venezuela afirmó que el grupo de expertos tendrá “atribuciones parapoliciales”.

En Nicaragua el mecanismo de investigación de la ONU ya había sido solicitado el mes pasado por actores de la sociedad civil como el Colectivo 46/2, que aglutina a 16 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Con información de EFE.

IG

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, decidió este miércoles dejar de “guardar silencio” y arremetió contra “la dictadura” de Daniel Ortega en su país.

“Tengo que hablar aunque tenga miedo, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí”, declaró durante una sesión telemática del organismo.

McFields, nombrado por Ortega como embajador ante la OEA en octubre del año pasado, dijo tomar la palabra “en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida” en Nicaragua desde 2018.

“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, prosiguió el embajador.

McFields reveló que en noviembre pasado, días antes de que Nicaragua anunciara su salida de la OEA, pidió a la Cancillería la liberación de 20 opositores presos de la tercera edad y de otros 20 con un estado de salud delicado, pero no le hicieron “caso”.

“En el Gobierno nadie escucha y nadie habla, lo intenté varias veces durante varios meses pero todas las puertas se me cerraron”, expresó.

El diplomático lamentó que en su país “no haya libertad de publicar un simple tuit” y reprochó que no queden organismos de derechos humanos.

Sin embargo, opinó que “hay esperanza”, porque, según dijo, “la gente de adentro del Gobierno y de afuera está cansada de la dictadura”.

“Cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz siempre puede más que las tinieblas”, sentenció.

Ortega inició el 10 de enero su quinto mandato, el segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, tras unas elecciones marcadas por el encarcelamiento de opositores, y con nuevas sanciones de EE.UU y la Unión Europea (UE) contra familiares y allegados del mandatario.

Con información de EFE.

IG

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, anunció este jueves que la región separatista georgiana de Abjasia abrirá “pronto” su sede diplomática en Managua.

El anuncio fue hecho por el canciller Moncada cuando recibió en nombre del gobierno del presidente Daniel Ortega, las copias de estilo de Inar Igorevich Ladaria que lo acreditan como embajador de la República de Abjasia en Nicaragua.

En la ceremonia participó Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien es asesor presidencial para las Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional.

Abjasia, que se independizó de Georgia en el mismo proceso que Osetia del Sur, tiene en Nicaragua a uno de varios países que la reconocen como Estado, incluyendo Rusia, Venezuela, y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalú.

Durante el encuentro, según una declaración del Ejecutivo, el canciller Moncada expresó que “con el hermano pueblo de Abjasia” a Nicaragua le “unen lazos de amistad, solidaridad y colaboración, los cuales se verán fortalecidos con esta acreditación y la pronta apertura de la sede de la embajada de Abjasia en Nicaragua”.

Por su lado, el embajador Ladaria expresó “sentirse altamente honrado y agradeció por la oportunidad de poder presentar sus copias de estilo a las autoridades nicaragüenses”, según la nota oficial.

También manifestó su deseo de fortalecer las relaciones entre Nicaragua y Abjasia en todas las esferas: culturales, educativas, juveniles y deportivas, conforme a un acuerdo suscrito en noviembre de 2021.

Abjasia, que se independizó de Georgia en el mismo proceso que Osetia del Sur, tiene en Nicaragua a uno de varios países que la reconocen como Estado, incluyendo Rusia, Venezuela, y los pequeños Estados insulares de Nauru y Tuvalú.

AGB con información de EFE y agencias