Interpol declaró alerta amarilla por la desaparición de Lian Gael, el niño de 3 años desaparecido el sábado en Córdoba. En su página web difundió una foto con el rostro del niño, datos filiatorios, descripción física y los nombres de los padres con el objetivo de obtener datos sobre su paradero.

Horas antes, la abogada de la familia de Lian, Marina Romano, renunció a la defensa tras plantear una serie de cuestionamientos a la fiscalía de Bell Ville.

Por su parte, la Policía de la provincia de Córdoba informó que, bajo las inclemencias del tiempo que afectan la región, “se continúa con la intensa búsqueda de Lian”. A través de un escrito señaló: “Es en un trabajo coordinado que cuenta con el despliegue de más de 340 efectivos y recursos tecnológicos”.

“Pienso que alguien lo tiene”: la sospecha del padre de Lian

El padre de Lian Gael Flores Soraide, señaló: “Pienso que alguien lo tiene, me duele mucho”.

Elías Flores consideró en diálogo con los medios locales que “nunca le había pasado esto”: “Cuatro años que vivo ahí, todos los días hago el mismo trabajo, el mismo horario, esta vez no sé qué pasó que de una desapareció”, agregó.

MM con información de la agencia NA.

La justicia emitió un pedido de caputra nacional e internacional contra Orlando Alcides Lutz Fogar, el hombre que está acusado de incendiar la casa de una pareja de lesbianas en Cañuelas. Según su abogada, Interpol ya recibio el pedido para encontrar con el agresor de las mujeres quienes tuvieron que abandonar la vivienda que ocupaban junto a su hija de cinco años a causa de los continuos ataques homofobicos.

“El imputado ya tiene captura nacional e internacional”, le dijo a la agencia Noticias Argentinas, la abogada de la familia, Mayra Daniela Guzmán. Y detalló que allanaron la casa de Fogar, un odontologo de la zona, pero que “no estaba” y que “se dio a la fuga como era de esperarse”.

Una de las víctimas, Agui, aseguró que ambas mujeres están “preocupadas porque mientras tanto hay que seguir con la vida, moverse, laburar. Este tipo está suelto y puede generar represalias, por eso estamos muy asustadas”. 

“Las familias también están muy pendientes y por desgracia ya no tenemos la misma réplica en medios que teníamos. Es más, están saliendo a decir que ya lo agarraron cuando no es así”, señaló.

En el momento del incendio, ni la pareja ni su hija estaban en la casa ya que a causa de las continuas agresiones que sufrían tuvieron que mudarse. La última vez que pasaron la noche en la casa, el agresor, las había apuntado con una mira láser. Fue el último eslabón de una serie de agresiones que las mujeres vienen sufriendo desde que se mudaron a ese barrio y que todos habían sido denunciados ante la justicia. Desde entonces, se alojan en casas de amigos o familiares. “Estamos tratando de no difundir donde estamos, pero estamos parando en dónde podemos”, aseguró.

El incendio ocurrió tres días antes de la marcha antifascista y en defensa de la comunidad LGTBIQ+ y a una semana del discurso homofobico del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos.

CC

El gobierno de Venezuela emitió una orden de detención contra el dirigente opositor Juan Guaidó y pidió su captura a la Policía Internacional (INTERPOL) por “traición a la patria”, entre otros delitos. “La orden de aprehensión será solicitada por los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones, provecho o distracción de dinero, valores o bienes públicos; legitimación de capitales y asociación ilícita”, explicó el fiscal general Tarek Saab.

Según indicó el funcionario en conferencia de prensa, el Ministerio Público inició “un total de 23 investigaciones” penales por irregularidades en el gobierno interino que presidió Guaidó, al que calificó como “organización delictiva”. Dicha administración funcionó desde enero de 2019 por decisión de la Asamblea Nacional ─equivalente al parlamento─, luego de que la oposición, que era mayoría, desconociera el mandato iniciado pocos días antes por el presidente Nicolás Maduro bajo una elección irregular.

El gobierno de Guaidó llegó a reunir el apoyo de 60 países y continuó en funcionamiento incluso luego de que la Asamblea General se renovara en 2021 y el chavismo recuperara su hegemonía parlamentaria. Recién se disolvió a finales el año pasado.

A pesar del apoyo que logró a nivel internacional, este gobierno interino nunca consiguió ejercer poder de decisión real dentro de Venezuela. Sin embargo, sí accedió a la administración de activos venezolanos en países que lo respaldaban como Estados Unidos y Colombia, lo que derivo en la paralización de Mónomeros ─una empresa petroquímica radicada en su país vecino─ y el embargo de Citgo, una de las mayores petroleras norteamericanas.

Para Saab, la actuación del gobierno de Guaidó en esas compañías estatales generó un costo para el país de 20.000 millones de dólares que “ha resultado en la pérdida casi definitiva de Citgo”. Por este motivo, “se han acordado 288 órdenes de aprehensión, han sido detenidas 129 personas las cuales ya han sido acusadas y hay 13 personas con solicitud de extradición”, según especificó el fiscal. A esto se suman 63 personas ya condenadas, 137 allanamientos concretados y 149 incautaciones.

ACM con información de agencias.

El Gobierno pedirá a la Interpol dictar la alerta roja por Facundo Jones Huala para que quede detenido de forma preventiva hasta que se formalice el pedido de extradición.

  Lo hará a través de una nota remitida a la Embajada de Chile, dado que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encuentra en el juzgado federal de San Carlos de Bariloche por “una contravención”.

  Según supo NA, a requerimiento del juzgado, se solicitó a Chile el interés de la detención del activista en el marco de la causa por la que está prófugo. “Es lo que corresponde en estos casos”, revelaron fuentes oficiales.

  A raíz del interés de las autoridades chilenas en extraditar Jones Huala, la Argentina reclamará transformar el alerta azul de INTERPOL -que apunta a conseguir información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas- a roja. Se trata de “una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar”.

  El subsecretario del Interior de Chile, Manuel Monsalve, reveló que la administración del presidente Gabriel Boric inició los trámites para solicitar la extradición del líder mapuche, según informó el diario El Mercurio: “Hoy durante el transcurso de la mañana fue detenido Facundo Jones Huala en Argentina y, como saben, tiene una condena pendiente en Chile, por lo que se iniciaron ya los trámites para solicitar la extradición”.

  En la misma sintonía, la ministra de Seguridad y Justicia de la provincia de Río Negro, Betiana Minor, anticipó que el líder de la RAM podría quedar en libertad si Chile no efectivizaba el pedido por la extradición, dado que los delitos por los que se lo acusan al activista, no requieren de prisión preventiva.

  “Tenemos un plazo corto de 24 horas por los delitos ordinarios pero para sostener la detención necesitamos que Chile pida la extradición”, sostuvo la funcionaria, en diálogo con el sitio Río Negro, y reiteró que Jones Huala: “No tiene pedido de captura internacional, para eso Chile debe elevar el nivel de alerta de azul (como es actualmente) a rojo y solicitar la extradición”.

  El líder de la RAM es argentino y está prófugo desde el 11 de febrero de 2022. En 2013, fue condenado a nueve años de prisión por la justicia chilena por los delitos de incendio y porte ilegal de armas. Gozó del beneficio de libertad condicional hasta que fue revocada por la Corte Suprema.

  Durante la madrugada de este lunes fue detenido por efectivos de la Policía rionegrina por el delito de violación a la propiedad privada tras una denuncia de una vecina.

  Lo hallaron alcoholizado, vestido con pollera y zapatillas rojas, y escondido en el quincho de una vivienda del barrio La Esperanza, en El Bolsón.

  La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró que trabaja en coordinación para que “Chile emita la alerta roja por Jones Huala y hacer la extradición”.

  En diálogo con Radio Rivadavia, Carreras reveló: “Tuvimos un accionar muy destacados del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas federales porque actuaron en conjunto en un comando unificado”.

  Se trata de un tema que abrió debates al interior del oficialismo producto al acercamiento de un sector del Gobierno a los grupos mapuches, como fue el caso de la exministra de Seguridad Sabina Frederic y la extitular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda.

  A pesar de eso, Carreras destacó el apoyo del actual titular de la cartera, Aníbal Fernández.

  Por último, denunció: “Hace años que eran permanentes los delitos contra la propiedad y las personas. Con una convicción muy fuerte y un trabajo muy profesional de la policía de Río Negro, vamos dando respuestas”.

DA

Está todo listo para la deportación de Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe. De acuerdo a lo previsto por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Cositorto llegará en un vuelo de línea a la Argentina desde República Dominicana el martes, pasada la medianoche. De Ezeiza lo trasladarán a la alcaidía de Interpol, en Palermo. Luego de ser identificado y sometido a un chequeo médico, el mismo día será otra vez trasladado, pero al destino definitivo: Villa María, en Córdoba, donde lo investigan por presunta estafa y asociación ilícita. Sobre Cositorto pesaba un pedido de captura internacional desde hacía más de un mes. Fue detenido el lunes en una playa de Dominicana. 

“Está bien, entero. Ansioso por declarar”, dijo a elDiarioAR el abogado de Cositorto, Miguel Angel Pierri. El CEO de Zoe está alojado, por lo pronto, en una cárcel de Haina, municipio vecino de Guayacanes, donde lo encontró Interpol. Dado que Pierri no tiene matrícula para ejercer en Córdoba, asignó al abogado Guillermo Dragotto para que defienda a Cositorto en esa provincia. Dragotto también es abogado de la mano derecha de Cositorto, Maximiliano Batista. Batista, que también tenía pedido de captura, fue detenido hace tres semanas en Ezeiza, cuando llegó en un vuelo proveniente de Francia.

Cositorto tenía todo listo para festejar en unos días su cumpleaños en Susurros, el “Primer Spa Mental de Latinoamérica”, un all inclusive ubicado en Cartagena de Indias, Colombia, pero tuvo que cancelar. Interpol lo detuvo el lunes en Juan Dolio, un paraje costero de República Dominicana. Hacía más de un mes que Cositorto estaba prófugo de la Justicia, pero cada noche ofrecía coaching vía Zoom para su comunidad de “líderes”. Y cayó por un par de “detalles” del fondo que usó para sus últimos vivos: una columna y un cuadro.

Con Cositorto ya son 21 los detenidos en la Causa Zoe. Ayer en Córdoba dieron con Mariela Sánchez, responsable de Zoe Córdoba, quien quedó imputada por estafa y asociación ilícita. Generación Zoe era el nombre de una gran cantidad de unidades de negocios regenteados por Cositorto. La empresa tenía oficinas en varios países de Latinoamérica. Ofrecía capacitaciones “en liderazgo” a cambio de membresías en dólares. El dinero que cada aportante invertía iba a un fideicomiso. Había beneficios para los aportantes: si cada uno invitaba a otra persona a participar, la empresa le retornaba un 20% de lo invertido por el nuevo ingresante. Y más: un gramo de oro por cada criptomoneda Zoe Cash -el último beneficio publicitado- que los participantes habían adquirido. Con Interpol buscándolo y las detenciones que se produjeron en Córdoba durante febrero, Cositorto le cambió el nombre. Con la misma lógica de negocio, los último que promocionó es “Sunrise”.

Cositorto fue “el alivio cómico” del verano argentino. Primero se viralizaron en Twitter algunas de las presentaciones que hacía en sus giras por Latinoamérica: hubo burlas, pero sobre todo hubo sospechas. En enero la Asociación Civil Decodes denunció a Generación Zoe ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por estafa, captación de ahorro público y manipulación de mercado. Unas semanas después, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba recibió una serie de denuncias de personas que aseguran haber sido engañadas por Generación Zoe en esa provincia. La fiscal de Segundo turno de Villa María, Córdoba, Juliana Companys, pidió la captura internacional de Cositorto y otros siete integrantes de la empresa por presunta asociación ilícita y estafa. 

VDM

Cositorto tenía todo listo para festejar en unos días su cumpleaños en Susurros, el “Primer Spa Mental de Latinoamérica”, un all inclusive ubicado en Cartagena de Indias, Colombia, pero va a tener que cancelar. Interpol lo detuvo hoy en Juan Dolio, un paraje costero de República Dominicana, adonde había llegado hacía una semana. Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, estuvo más de un mes prófugo de la Justicia, pero cada noche ofrecía coaching vía Zoom para su comunidad de “líderes”. Y cayó por un par de “detalles” del fondo que usó para sus últimos vivos: una columna y un cuadro.

En enero, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) advirtió a Generación Zoe y a su unidad educativa, Universidad del Trading, que cesaran sus actividades, Cositorto se fue de la Argentina. Desde entonces estuvo de gira: Uruguay, México, Colombia... Para mediados de febrero, cuando se emitió el pedido de captura internacional e Interpol lo buscaba, a Cositorto le “perdieron el rastro”. Cada vez que dio una entrevista -y fueron varias- evitaba precisar su ubicación exacta. 

Pero la semana pasada envió a su canal privado de Telegram un video en el que desmentía un dato: “No estoy en Cartagena de Indias, no soy tan imbécil ni tan idiota, no voy a estar en un lugar en el que me van a ubicar tan fácil”, dijo. Detrás suyo se veía una piscina, vegetación: nada más. Cositorto ya estaba en Dominicana. Había alquilado, vía Airbnb -y no con su nombre- una casa y desde la piscina envió ese video a su equipo. Allí vivió un mes hasta que se mudó, hace una semana, a un departamento ubicado en un apart en la playa donde lo detuvieron, Juan Dolio. Fue Cositorto el que dejó las migas para que lo encontraran.

Juan Dolio es un paraje costero con una población estable de menos de 3 mil personas que vive, básicamente, del turismo. El paisaje es típico y es de póster: palmeras de diseño calibrado, arena blanca, mar turquesa. Cositorto dio el sábado una charla virtual y dio, también, una pista: “Yo estoy cerca de un lugar donde durante la semana hay poca gente o no hay nadie, y los sábados se llena de gente”. 

Con la mudanza cambió la escenografía de los vivos. Cositorto dejó de usar paredes blancas -e imposibles de identificar- como fondos a usar paredes con cuadros, cuadritos, relojes, adornos con formas de tablas de surf y las leyendas “Let´s go to the beach”... Pero hubo dos objetos que permitieron dar con su ubicación exacta: una columna de tipo “griega” que dividía un ambiente de otro y aparecía a su izquierda en los vivos y un cuadro que mostraba un sendero en la playa hacia el mar. Ahí estaban ambos elementos decorativos cuando Interpol detuvo esta mañana a Leonardo Cositorto.

La versión oficial de cómo dieron con Cositorto la dio Juliana Companys, fiscal de Villa María, Córdoba, impulsora de la investigación y las detenciones, que ya son 23 en el marco de la Causa Zoe: “Luego de un arduo trabajo realizado por Interpol argentina en conjunto con Interpol de República Dominicana, hemos dado con el paradero de Leonardo Cositorto contra quien pesaba un pedido de detención por asociación ilícita y estafas reiteradas”.

Hay otra versión, extraoficial, e indica que una persona de nacionalidad argentina -que no es usuaria de Twitter- tenía el dato de que Cositorto estaba viviendo en esa zona de Dominicana y que se dedicó a rastrear en Airbnb departamentos que coincidieran con la decoración que Cositorto usaba como fondo en los vivos de Zoom, que también se transmitían por YouTube. Cuando encontró el departamento dio aviso a la policía local. 

¿Cómo hizo Cositorto para trasladarse de un país a otro con una orden de captura internacional encima? ¿Por qué pudo seguir promoviendo de manera virtual un “emprendimiento” que está siendo investigado por la Justicia? Por lo pronto, la fiscal Companys trabaja con Cancillería para extraditar a Cositorto a la Argentina que, al llegar, será alojado en un penal de Córdoba. 

Un breve repaso por la Causa Zoe

En enero la Asociación Civil Decodes denunció a Generación Zoe ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) por estafa, captación de ahorro público y manipulación de mercado. Unas semanas después, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba recibió una serie de denuncias de personas que aseguran haber sido estafadas por Generación Zoe en esa provincia. La fiscal de Segundo turno de Villa María, Córdoba, Juliana Companys, pide la captura internacional de Cositorto y otros siete integrantes de la empresa por presunta asociación ilícita y estafa. 

A Cositorto y a otras ocho personas los buscaban por “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”: captar ahorros de personas a cambio de “membresías” para ser parte de una empresa -Zoe- que ofrecía capacitaciones “en liderazgo”. Las primeras detenciones se dieron en Córdoba. Ya hay 23 detenidos, entre ellos la mano derecha de Cositorto, Maximiliano Batista. Batista tiene 43 años y es profesor de zumba y danzas brasileñas, y Master Coach Internacional. Fue detenido por Interpol hace 15 días en Ezeiza, cuando llegó en una vuelo desde Francia. Cuando se inició la Causa Zoe, Batista estaba en México. Así que de alguna manera Batista se las arregló para partir a  Europa cuando regía sobre él el pedido de captura.

La Asociación Argentina de Coaching Ontológico denunció que Cositorto fue expulsado de su organización en 2016 y que no está habilitado a capacitar a personas en Coaching Ontológico dado que no se certificó en Master Coach. A principios de marzo, y desde algún lugar de Latinoamérica porque seguía prófugo, Cositorto lanzó Sunrise, un reemplazo de Zoe. Sunrise funciona igual que el emprendimiento anterior: para entrar hay que pagar una membresía en dólares que promete un retorno del 7,5% mensual a cambio de capacitaciones en coaching, marketing y liderazgo.

VDM

Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, fue detenido este lunes por Interpol en un barrio privado de República Dominicana, en el marco de la causa en la que se lo investiga por ser considerado el responsable de crear una organización que realizó estafas piramidales, además de acusaciones por asociación ilícita y lavado de dinero.

En la causa que involucra a la organización que, durante cinco años, atrajo clientes a través de la firma de un contrato a cambio de servicios de coaching ontológico, espiritual y educación financiera, ya hay 23 detenidos que intervenían con diferentes cargos en la empresa que montó Cositorto, mientras que el exjuez porteño Héctor Luis Yrimia permanece prófugo, acusado por la Justicia de ser asesor jurídico de Generación Zoe.

El último 29 de marzo, en diálogo con Radio 10, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una “estafa piramidal”. Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensuales en dólares, a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.

La firma es investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante presuntas maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como “esquema Ponzi o piramidal”.

Qué dijo su abogado

El abogado de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, afirmó este lunes que su cliente, detenido por Interpol en República Dominicana, por estafa a inversores argentinos, definirá en las próximas horas si acepta o no la extradición a la Argentina.

Perri confirmó a Radio 10 que una comisión policial se presentó este lunes “en el lugar en donde se ubicaba” Cositorto y lo detuvo.

El pedido de captura internacional lo hizo la fiscal de Villa María, Juliana Compañys.

Pierri precisó que, “si Cositorto no se resiste a la extradición, se lo extraditará a la Argentina, y, como paso de rigor, se lo envía a la dependencia local de Interpol, ubicada en la calle Cavia”.

En cambio, explicó que “si se resiste, se inicia un proceso de extradición, que resultará más largo”.

La palabra de Cositorto días atrás

“Yo me voy a defender desde donde estoy, tengo que sacar adelante el proyecto, por ende hasta que Miguel Pierri no me lo recomiende no me voy a entregar”, había dicho Cositorto, quien, ahora se sabe, se ocultaba en República Dominicana.

“En Argentina atacan a una empresa que daba educación a las personas... nosotros generamos mucha riqueza en Argentina, estábamos levantando escuelas en Pilar, es una vergüenza que haya personas detenidas por esto”, se defendía.

Hace dos meses, la Justicia argentina había solicitado la captura internacional de Cositorto. La fiscal que investiga el caso en Córdoba, Juliana Companys, afirmó que Generación Zoe ejecutaba “una estafa de manual” sobre la que “hay pruebas lapidarias”. La causa suma hasta el momento dos docenas de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María, Córdoba, y Buenos Aires.

¿Qué decía el pedido de captura sobre Cositorto?

El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el “haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada ”ZOE“ y ”Al Coaches SAS“ dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera”.

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados “haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”.

“Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, afirmó la Organización.

El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, “el metaverso” y los NFT.

Así hablaba Leonardo Cositorto en sus cursos

IG

Uno de los principales miembros de la estructura de Generación Zoe, Maximiliano Batista, fue detenido este lunes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Generación Zoe, encabezada por el prófugo Leonardo Cositorto, es una organización investigada por la Justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema ponzi o piramidal.

La fiscal de Instrucción de Segundo Turno de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Companys, manifestó esta mañana a los medios locales que Batista estaba prófugo y con pedido de captura internacional, y que hoy fue “detenido por Interpol al ingresar al aeropuerto de Ezeiza, proveniente de París en un vuelo de Air France”.

La funcionaria judicial dijo que en los próximos días será trasladado a Villa María, donde quedará detenido.

Batista está sindicado como el segundo en la estructura de la Organización Zoe, que preside Leonardo Cositorto, quien se mantiene prófugo en el exterior y tiene pedido de captura internacional.

La causa suma hasta el momento más de una docena de detenidos, entre ellos cinco efectivos policiales: cuatro de la provincia y uno federal.

Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas, en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.

Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el pasado jueves diez allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe.

Uno de los operativos fue en el estudio jurídico el ex juez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, y sobre quien se pidió la captura internacional.

El organismo de Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

Con información de agencias.

IG

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió hoy un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, el conglomerado de empresas acusado de llevar a cabo un esquema Ponzi y haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países, según confirmaron fuentes de Interpol.

El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el “haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada ”ZOE“ y ”Al Coaches SAS“ dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera”.

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados “haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”.

“Sin embargo, los incoatados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, afirmó la Organización.

El pasado 7 de enero la CNV inició un sumario administrativo a Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales.

A eso se sumó la emisión de una alerta internacional en el portal de IOSCO, organización que agrupa a los reguladores del mercado de capitales del mundo, y a los reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde también se detectaron actividades de la empresa que encabeza Cositorto.

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal conocida como esquema Ponzi en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.

Según promocionaba a los supuestos inversores, Zoe tenía activos como una criptomoneda llamada Zoe Cash que pasó de valer cerca de 30 centavos de dólar a principios de año a poco más de 1 centavo en la actualidad (-97%) y se ufanaba de garantizar un retorno del 7,5% al 10% mensual o de hasta el 120% anual en dólares, además de haber empezado a invertir en múltiples negocios como el fútbol, la gastronomía, “el metaverso” y los NFT.

DA

Luego de que la Justicia argentina le solicitara a la Interpol la detención de Mohsen Rezai, funcionario iraní acusado por el atentado a la AMIA, quien estuvo en la ceremonia de asunción de presidente de Nicaragua Daniel Ortega, surgieron versiones periodísticas que aseguran que pudo error en la identificación de la persona que viajó a Moscú junto al presidente iraní.

Después de que trascendieran las acciones de la justicia argentina, sobrevolaron algunas versionas que cuestionaron si Rezai efectivamente había estado en Moscú o si era otro funcionario iraní con su mismo apellido.

Una fuente con acceso directo a la investigación por el atentado ratificó a elDiarioAR que este jueves Cancillería informó a la UFI AMIA que la embajada argentina en Teheran había comunicado sobre la posible presencia de Rezai en Rusia como parte de una comitiva oficial iraní en ese país. Rezai estaría presente en Moscú jueves y viernes. La fuente de la embajada sería una noticia publicada en Teherán. De acuerdo a esa información UFI AMIA comunicó lo informado al juez Marcelo Martínez De Giorgi (quien se encuentra subrogando el juzgado federal 6) y el magistrado libró la orden de captura de Rezai a las autoridades rusas, vía Cancillería. Dos fuentes judiciales que intervienen en el caso explicaron que ni la fiscalía ni el juzgado saben si Rezai se encuentra o no en Moscú o si se trata de otra persona, ya que actuaron en base a la información aportada por el Ejecutivo.

Al momento de ser publicada la nota, desde la Cancillería no respondieron consultas de elDiarioAR al respecto.

Rezai, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, tiene un pedido de captura internacional de la justicia de Argentina por ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

Sin embargo, se consideraba poco probable que Rezai pueda llegar a ser detenido en Rusia, ya que el iraní cuenta con rango diplomático.

La “enérgica condena” del Gobierno a la presencia de Rezai en la toma de posesión de ortega

La semana pasada, el Gobierno argentino expresó “su más enérgica condena” a la presencia del funcionario en el acto de toma de posesión de Ortega en Nicaragua y señaló: “La Argentina reitera, como lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994”.

El Palacio San Martín remarcó que “el Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”.

“Nuestro país no cesará en su objetivo de lograr que todas las personas involucradas en dicho ataque comparezcan ante los tribunales argentinos, a fines de ser interrogadas y, eventualmente, condenadas”, señaló la Cancillería también en una nota enviada a la embajada de Nicaragua en Buenos Aires.

En esa línea, el Palacio San Martín consignó que “los hechos que se le imputan al Sr. Rezai constituyen un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional consuetudinario, razón por la cual, su presencia en la ciudad de Managua, aun cuando sea en su carácter de vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, no lo exime de responder ante la Justicia argentina, lo que nos obliga a expresar nuestro enérgico reclamo”.

“En el marco de lo expuesto, el Gobierno de la República Argentina, teniendo en cuenta los lazos de amistad que lo unen al Gobierno de la República de Nicaragua, así como las obligaciones que surgen del derecho internacional, espera contar con la plena colaboración de la comunidad internacional para asegurar la comparecencia de los imputados y el esclarecimiento de la Causa AMIA, lo que reviste la mayor importancia institucional para la República Argentina”, sostuvo.

FS

La Justicia argentina le pidió ayer a Interpol que detenga en la ciudad de Moscú al funcionario iraní acusado por el atentando a la AMIA Mohsen Rezai, quien estuvo en la ceremonia de asunción de presidente de Nicaragua Daniel Ortega junto al embajador argentino Daniel Capitanich. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar a la solicitud de detención formulada por la Unidad Fiscal AMIA en base a información que había remitido Cancillería. La información fue confirmada a elDiarioAR por una fuente judicial.

Rezai, quien ocupa el cargo de vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, tiene un pedido de captura internacional de la justicia de Argentina por ser uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

En tanto, consideraron poco probable que Rezai pueda llegar a ser detenido en Rusia, ya que el iraní acusado del atentado a la AMIA cuenta con rango diplomático.

El pasado 11 de enero, la Cancillería argentina emitió un comunicado en el que expresó “su más enérgica condena a la presencia de Mohsen Rezai en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega”.

“La Argentina expresa, como también lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994”, precisó el ministerio de Relaciones Exteriores.

En ese punto, la Cancillería completó: “El Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes”.

Luego del escándalo ocurrido en Nicaragua, la Argentina y Estados Unidos pidieron este martes ante la OEA que se reactiven las alertas rojas en todos los países para que la Interpol actúe contra los seis iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Tras la solicitud, el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles el pedido que promovieron conjuntamente la Argentina y Estados Unidos.

La resolución fue consensuada durante la reunión entre el canciller Santiago Cafiero y el jefe del Departamento de Estado estadounidense, Antony Blinken, en la ciudad de Washington.

Además, en un comunicado conjunto expresaron la condena de la reciente visita del actual vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán a Nicaragua.

DA

Esta información fue actualizada el viernes 21 de enero de 2022.

El Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó este miércoles un pedido en conjunto de Estados Unidos y Argentina para reactivar las alertas rojas contra los ciudadanos iraníes acusados por el atentado a la AMIA en 1994 en Buenos Aires.

El pedido de ambos países se produjo un día después de la reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores Santiago Cafiero y el secretario de Estado Antony Blinken en Washington en la que se trataron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros temas.

En una sesión virtual, la representante argentina, Cecilia Villagra, ante la ausencia del embajador Carlos Raimundi, solicitó “la inclusión del tema ´Declaración sobre las notificaciones rojas de Interpol en relación con el atentado a la AMIA´, en el Orden del Día”.

A través de sus discursos, el pedido fue apoyado por los diplomáticos de Chile; Antigua y Barbuda; Paraguay; Canadá; Brasil, Estados Unidos; Perú, Santa Lucía, Ecuador, Venezuela, Uruguay; Trinidad y Tobago; Colombia; el titular de la OEA, Luis Almagro, México y Bolivia.

En la nota conjunta, Estados Unidos declaró el apoyo a los esfuerzos de la Argentina para que se haga justicia por el atentado a la AMIA y ambos países condenaron la visita a Nicaragua y al hemisferio de Mohsen Rezai, uno de los acusados de ser autor intelectual del ataque terrorista a la mutual judía.

Además, se reclamó la colaboración a todos los miembros del sistema interamericano y a todos los miembros de la INTERPOL a que actúen, de manera apropiada, en relación con las Alertas Rojas relativas al atentado a la AMIA.

Mohsen Rezai estuvo cuatro días en Nicaragua, en ocasión de la asunción de Daniel Ortega como presidente y también mantuvo reuniones con el presidente cubano Miguel Díaz Canel y el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

La sesión entera

Desde agosto de 1994, la Justicia argentina ordenó capturas internacionales de ciudadanos iraníes por la supuesta autoría intelectual del atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, y desde entonces, indagar a los acusados y determinar si hay pruebas en su contra para sobreseerlos, procesarlos o continuar investigados es una situación que parece fuera de la realidad, según reconocen abogados, exfuncionarios, funcionarios y magistrados consultados por elDiarioAR. 

Ese fracaso o imposibilidad fáctica para resolver el caso AMIA volvió a materializarse la semana pasada en la presencia del vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Mohsen Rezai, en la ceremonia de asunción del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. “En febrero, estaré en la reunión del comité ejecutivo de Interpol, en Lyon, y vamos a hablar de estas cuestiones, como las que sucedieron la semana pasada en Nicaragua y Cuba, porque le quitan credibilidad a la organización. Debemos generar voluntades o medidas de la organización contra los que están incumpliendo en este y otros casos”, aseguró a este medio el comisario general Juan Carlos Hernández, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA). Desde septiembre de 2021, Hernández es delegado por América en el comité ejecutivo de Interpol.. 

Interpol es una organización internacional que no tiene facultades propias de detención de las personas, en ningún país.

Juan Carlos Hernández. — Jefe de la PFA.

Si bien, Rezai es uno de los acusados por el atentado terrorista de 1994, que se cobró la vida de 85 personas, y tiene un pedido de captura internacional ordenado por la Justicia argentina, con circular o alerta roja de Interpol, Managua no detuvo a Rezai para extraditarlo a Argentina. A pesar, también, de que Nicaragua es uno de los países miembros de la organización Interpol. Lo mismo sucedió en Rusia, Bolivia y Cuba. Irán siempre negó la autoría intelectual del atentado.

En estos cuatro países, algunos de los iraníes acusados por la voladura de la AMIA realizaron visitas oficiales sin que los países cumplieran con las órdenes de detención internacional de la Justicia argentina. En 2011, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió disculpas por haber recibido en su país al entonces ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, a quien debió expulsar porque también está acusado por el atentado y con orden de captura internacional. En 2018, la visita a Rusia del excanciller de Irán Ali Akbar Velayati activó un pedido de extradición a las autoridades de ese país por parte de la Justicia argentina que tampoco tuvo resultados positivos. Entonces, ¿cuál es la salida para la causa AMIA? ¿De qué sirven las alertas rojas de Interpol?

“Interpol es una organización internacional que no tiene facultades propias de detención de las personas, en ningún país. Lo que hace es comunicar a los 195 países miembros de la red cuando la Justicia de determinado país pide la captura internacional de una persona”, explicó Hernández a elDiarioAR.

La Cancillería argentina envió al día siguiente una nota no verbal de queja a la Embajada de Nicaragua en Buenos Aires, según el documento al que accedió elDiarioAR. El embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, había estado presente en el acto de asunción de Ortega. La oposición y familiares de víctimas del atentado criticaron que el gobierno de Alberto Fernández no haya reaccionado en el momento de la ceremonia, en la que Rezai fue incluso un invitado destacado. El canciller Santiago Cafiero incluso fue denunciado ante la Justicia.

“Países como Nicaragua deben cumplir con las órdenes de detención de Interpol para pertenecer a la organización”, afirmó el comisario general Hernández. También sostuvo que según el procedimiento de Interpol, en situaciones como las de la semana última, “Argentina no tiene que indicarle nada a Nicaragua o cualquier otro país de la red. El país en cuestión tiene que hacer cumplir la orden de detención de la Justicia argentina al revisar el ingreso del acusado. Para eso, debe intervenir la Justicia local y si ésta considera correcta la detención, se abre un proceso de extradición a la Argentina”.

“Cuando nos enteramos (de que Rezai estaba en Nicaragua), la delegación argentina (de Interpol) envió un radiograma a la oficina de Interpol en Managua, solicitando que se informen las particularidades de este caso: si efectivamente ingresó al país; si tenía inmunidad diplomática; y qué medidas se tomaron sobre la restricción de la circular roja”. 

“Hasta este momento no dieron ninguna contestación”, respondió Hernández. “Se lo hicimos saber a la fiscalía AMIA y repetimos el procedimiento con la delegación de La Habana, tras anoticiarnos por medios de comunicación de la visita de la misma persona en Cuba. Tampoco contestaron hasta el momento”, explicó el jefe de la Federal. “Argentina es uno de los países que cumple a rajatabla todos los mandatos de Interpol. Estamos haciendo extradiciones semanales”, indicó Hernández. 

Sobre sanciones y feria

“Es posible que Interpol haga recomendaciones tras un planteo de este tipo, pero la realidad es que las circulares rojas no son órdenes de detención, son avisos que Interpol hace a los países miembros sobre los pedidos de captura a requerimiento de determinado país”, aseguró una fuente vinculada a la organización internacional. “A partir de ahí entran en juego las legislaciones de cada país y las relaciones diplomáticas entre país requirente y país donde se encuentra un prófugo”, agregó.

Sobre la posibilidad de una consecuencia para países como Nicaragua o Cuba, la fuente sostuvo: “No hay antecedentes recientes de sanciones a delegaciones de países. Cuando los países entran en conflictos por estas cuestiones, Interpol toma distancia y prefiere que se arreglen entre los países. Interpol solo se ocupa de la publicación de las circulares rojas”.

“La ejecución de las detenciones deben ser gestionadas de país a país y por vía diplomática. Interpol, como organización internacional no produce detenciones, quienes detienen son las fuerzas que cada Estado dispone para que ejecuten esas órdenes. Depende del poder Ejecutivo y Judicial de cada país”, respondió la misma fuente ligada a la organización.

El episodio de Rezai ocurrió además en plena feria judicial. elDiarioAR intentó comunicarse con la fiscalía AMIA pero hasta el momento no logró una respuesta. El juzgado de la causa AMIA está vacante desde 2020 y distintos jueces lo han ido subrogando.

Actualmente, el expediente se encuentra a cargo de Daniel Rafecas, quien estaba de licencia durante el hecho. Este medio no pudo corroborar hasta el momento, si tras el episodio de Nicaragua, la Justicia argentina libró nuevos oficios o pedidos de detención contra Rezai y si de haberlo hecho, hubiesen llegado a tiempo. El funcionario iraní partió a Cuba desde Managua para reunirse con el presidente Miguel Díaz-Canel el miércoles 13, según la fotografía difundida por las autoridades cubanas.

Callejón sin salida

Alejandro Rúa fue abogado del fallecido canciller Héctor Timerman y de Cristina Fernández de Kirchner. Además, fue director de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia. “El problema tiene tres patas: las exigencias de la legalidad argentina, las exigencias de la legalidad iraní; y el real funcionamiento de una alerta roja”, sostuvo en diálogo con elDiarioAR.

Países como Nicaragua deben cumplir con las órdenes de detención de Interpol para pertenecer a la organización.

Juan Carlos Hernández. — Jefe de la PFA.

“En agosto de 1994, ya había pedidos de capturas de iraníes. Irán tiene su propia normativa y no extradita a nacionales por ningún motivo, como no lo hacen muchos otros países. Aunque no tengan pasaporte diplomático, tampoco fueron detenidos en distintas circunstancias y en la mitad del mundo”, afirmó Rúa. El fallecido fiscal Alberto “Nisman no paraba de acreditar en el expediente cada vez que uno de los acusados se movía por la mitad del mundo y no era detenido”, aseguró Rúa.

“Las dos veces que detuvieron a alguno de ellos, los liberaron. En Inglaterra, fue el caso de Hadi Soleinampur, exembajador de Irán en Buenos Aires. También sucedió en Bélgica con otros dos acusados”, sostuvo Rúa.

“Creo que un juicio en ausencia es lo único que veo que se puede hacer. Pero para eso hay que hacer una serie de modificaciones importantes de la legislación argentina. El juicio en ausencia no es algo que me gustaría que suceda, pero no le veo otra salida”, explica Tomás Farini Duggan, abogado de familiares de víctimas de AMIA y querellante en el juicio por el Memorándum con Irán, dejado sin efecto por el Tribunal Oral Federal número 8 en 2020.

“El juicio en ausencia no es posible en Argentina. El propio juez y autoridades del Ministerio Público Fiscal dejaron acreditados en el expediente del atentado los ‘reparos constitucionales’ al juicio en ausencia y por eso reclamaban la extradición. El único sentido hoy en la causa AMIA es poder indagar a los acusados y que el juez los tenga presentes en el acto de indagatoria”, opinó Rúa. 

“Esta situación es un problema que no tiene solución si no acordás con Irán un instrumento para solucionarlo”, agregó el abogado de Timerman en la causa por el memorándum con Irán. 

“El problema es tanto la posición de Irán como la de Argentina. En el caso de Nicaragua, hubo una omisión o retardo de un acto propio de la función pública de los funcionarios del Gobierno. Para empezar, le hubieran exigido al gobierno de Nicaragua la detención del acusado en el momento en el que llegaba al país. Creemos que el Gobierno sabía que iba a estar ahí y por eso no enviaron una delegación argentina”, dijo el abogado Farini Duggan, quien impulsa que se realice el juicio contra Fernández de Kirchner y el resto de los acusados por el acuerdo con Irán de 2013.

Rúa recordó cómo nació la idea de acuerdo bilateral que terminó en escándalo y proceso judicial contra la ahora vicepresidenta. “Néstor y Cristina Kirchner reclamaron a Irán ante la ONU que responda los exhortos de la Justicia argentina, que la comunidad internacional le exija a Irán una respuesta. Pero Irán respondía que no tenía ningún acuerdo o compromiso con Argentina que lo obligara a entregar a los iraníes acusados. Timerman le preguntó entonces a Jurídicos de Cancillería si era cierto el argumento de los iraníes y la Cancillería respondió que así era. Fue así que se decidió procurar un instrumento que los obligue a responder”.

“Si los iraníes no quieren cooperar no hay memorándum que baste. Si los iraníes quieren cooperar, las indagatorias se pueden tomar de manera remota y virtual”, respondió Farini Duggan ante la consulta de este medio sobre la posibilidad de un nuevo intento diplomático.

ED

A menos 48 horas de que se cumplan 27 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó este viernes la nulidad de la causa por el Memorándum con Irán en una audiencia oral y pública con el objetivo de frustrar el juicio en su contra, aún sin fecha de inicio. Se refirió al ataque como “el más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país” y definió la acusación como un “disparate judicial, institucional y político”.

“Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo el montaje de una mentira para poder ganar las elecciones y entretener a la gente”, aseguró sobre la causa del memorándum. Fernández de Kirchner enmarca el avance de este expediente en la “guerra judicial” o lawfare que, sostiene, se llevó adelante en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri para generarle numerosas causas judiciales siempre a cargo de los mismos jueces, con supuestos nexos con su opositor político.

La expresidenta, exfuncionarios y aliados políticos de su última gestión están acusados de encubrir a los iraníes imputados por la voladura del edificio de la mutual a través de un supuesto pacto de inmunidad denunciado por el fiscal Alberto Nisman, acusación que todos ellos han rechazado y que sostienen, se basa en evidencias presuntamente falaces. 

Ante el fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y el Tribunal Oral Federal número 8, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, Fernández de Kirchner expuso de manera virtual y desde su despacho en la presidencia del Senado. Cerca de las 14, más de 24.500 personas estaban conectadas para escuchar la audiencia, que además se trasmitió en directo por la TV Pública. La vicepresidenta se excedió de sus 45 minutos de exposición pero no fue interrumpida por la presidenta del tribunal, María Gabriela López Iñiguez. Eligió un tono político pero neutral para repasar cuestiones históricas y anecdóticas sobre el caso hasta el final, cuando se emocionó y elevó el tono de voz para defenderse de la supuesta persecución en su contra.

¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?

Aniversario

La audiencia comenzó alrededor de las 13, unas tres horas después de que se realizara el acto virtual por un nuevo aniversario del atentado terrorista que costó la vida a 85 personas, el 18 de julio de 1994. A las 9.53 de este viernes, familiares de las víctimas se congregaron en un encuentro virtual en el que sonó nuevamente la sirenas que recuerda el momento exacto de la explosión y se leyeron los nombres de cada uno de los asesinados.

Fernández de Kirchner volvió a explicar que el objetivo del memorándum era lograr un avance en la estancada investigación por el atentado terrorista y que se llegara a un acuerdo para indagar a los funcionarios y exfuncionarios iraníes acusados de ordenar el ataque, quienes nunca pudieron ser capturados, a pesar de las alertas rojas de Interpol.

“Me duele tanto porque tengo 68 años, ya fui presidenta dos veces y lo único que me mueve nada más que dejarles a mis hijos y a mis nietos y a mi nieta un país mejor”, dijo emocionada al final de su exposición. “¿En serio nos quieren hacer creer que estas causas son legítimas y legales?”; nunca vi una ilegalidad así, es un escándalo monumental nunca visto y es ocultado o disimulado por los grandes medios hegemónicos“, agregó.

La defensa de la vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó que el juicio debe ser anulado ante la posible parcialidad de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Casación que ordenaron reabrir la investigación en 2016.  El pedido de Fernández de Kirchner se basa en la reciente aparición de Borinsky y Hornos en los registros de visitas al expresidente Macri en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos poco antes de ordenar la reapertura de la causa. En los despachos de ambos jueces, en el primer piso de Comodoro Py, rechazan los planteos.

Durante la audiencia, CFK dedicó gran parte de su defensa a acusar a ambos jueces de la Casación de haber actuado en los expedientes en su contra con consonancia con el macrismo. También apuntó a quien instruyó el expediente. “Todo termina en Bonadio -quien instruyó la causa del memorándum, entre otras-, y arriba, Hornos y Borinsky”, dijo para sostener que los expedientes en su contra que llegaron a la etapa de juicio fueron casi todos instruidos por el fallecido juez federal Claudio Bonadio y luego confirmados en la Cámara de Casación Federal por los jueces Hornos y Borinsky. 

También mencionó al juez Julián Ercolini, a cargo de casos como Hotesur, Los Sauces y Vialidad. “En primera instancia, Ercolini y Bonadio, y después, estaban, en Casación, Hornos y Borinsky esperándome para darme, según ellos, lo que sería mi merecido”. “Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces”, dijo.

“Esto es como el rey desnudo”, agregó. “Acá hubo alguien que encontró en un informe sobre ingresos tanto a la Presidencia en Casa Rosada como a la Quinta de Olivos el ingreso del doctor Hornos y el doctor Borinsky de manera asidua” y en fechas relacionadas con las decisiones en su contra.

Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada.

La vicepresidenta hizo especial hincapié en el juez Borinsky, quien figura con 15 ingresos a la Quinta de Olivos y a quien adjudica además haber supuestamente asesorado a los familiares de víctimas de la AMIA sobre cómo lograr la reapertura de la causa del memorándum. “Jugaba al tenis y después se iba a comer con Mauricio Macri. ¿En serio pueden creer que ese juez iba a ser imparcial con Cristina Kirchner?”. “No les quedó nada por violar”, dijo en referencia al gobierno de Macri y sus supuestos aliados en la Justicia.

“Es bíblico casi, resucitaron una causa fenecida, acabada, y al otro día, el 30 de noviembre (de 2016), el presidente Macri en una radio de Mendoza salió felicitando con nombre y apellido a Hornos y Borinsky por el fallo en el que resucitaron la causa contra Fernández de Kirchner”, dijo. Definió la investigación judicial como una “cacería”. “Bonadio logró encarcelar a (Carlos) Zannini, a (Luis) D'Elía y a otros. Zannini sigue pidiendo que expliquen la razón por la cual estuvo preso cuatro meses”, aseguró Fernández de Kirchner.

Alrededor de las 13, había comenzado haciendo un repaso sobre a qué se dedicaban cada uno de los acusados al momento de que estallara la AMIA y remarcó que dos de ellos estaban en la escuela secundaria (los funcionarios Andrés Larroque y Juan Martín Mena). Fernández de Kirchner era entonces diputada provincial en Santa Cruz.

Contó que integró la comisión bicameral destinada al seguimiento del caso en el Congreso y que le valió tener que declarar como testigo durante el primer juicio por el atentado, que terminó anulando toda la investigación del juez Juan José Galeano por el pago al imputado Carlos Telleldín para que imputada a policías de la provincia de Buenos Aires como miembros de la “conexión local” de los terroristas. “Lo que todos seguimos queriendo saber es la verdad sobre la AMIA” y sostuvo que el caso “siempre fue utilizado por cuestiones políticas internas e internacional”, dijo. “Uno de las causas de la impunidad es el manejo político que se le dio a la causa”, agregó.

En la causa por el memorándum, familiares de víctimas de AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA) son querellantes pero anunciaron al tribunal que no estarían presentes en la audiencia, ya que se oponen a la nulidad del juicio y a la realización de la audiencia. La DAIA había solicitado posponer la audiencia ante la coincidencia con el acto del aniversario del atentado, propuesta rechazada por el tribunal debido a inconvenientes en la agenda de los jueces, que siguen varios juicios en diferentes tribunales, según explicaron en un escrito. 

La defensa del actual procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el gobierno de Fernández de Kirchner y uno de los imputados, también pidió la nulidad de la elevación a juicio de la causa. El mismo planteo fue realizado por otro funcionario acusado en la causa, Juan Martín Mena, viceministro de Justicia. Por este caso, también fueron elevados a juicio el senador y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona; el dirigente Luis D'Elia y Fernando Esteche (Quebracho), entre otros.

En excanciller Héctor Timerman declaró en indagatoria de juicio en julio de 2018, cinco meses antes de fallecer en diciembre de ese año. Lo hizo de manera anticipada debido a un avanzado cáncer. De anularse el juicio, será el único de los procesados del caso indagado por los jueces y el fiscal en etapa de audiencias orales y públicas. Su situación procesal aún no fue resuelta por el tribunal y hay un pedido para que se dicte su sobreseimiento. Fernández de Kirchner recordó al exfuncionario varias veces durante su alocución.

El Memorándum con Irán 

El acuerdo de entendimiento entre Argentina e Irán fue firmado en 2013 y aprobado por el Congreso pero en 2014 la Cámara Federal porteña lo declaró inconstitucional, por lo que nunca entró en vigencia.

El expediente judicial se basa en la denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada en enero de 2015, días antes de aparecer muerto en el departamento donde vivía. Ese mismo año, el juez federal Daniel Rafecas la desestimó y archivó, a pesar de que el fiscal Gerardo Pollicita había solicitado producir medidas para corroborar los supuestos hechos relatados por Nisman: un pacto para indagar a los exfuncionarios iraníes acusados de la voladura de la AMIA en un tercer país que supuestamente implicaba hacer caer las alertas roja de Interpol que pesan en su contra. A cambio de la “impunidad”, dijo Nisman, Irán garantizaría acuerdos comerciales con Argentina. Su denuncia se basó, principalmente, en escuchas telefónicas, en su mayoría, a dirigentes periféricos, algunos con llegada directa al kirchnerismo y a la dirigencia iraní en el país. Las intervenciones fueron realizadas por un sector de los servicios de inteligencia que se encontraba enfrentado con Fernández de Kirchner por la firma del acuerdo con Irán.

Tras el archivo de la causa original, dos familiares de víctimas del atentado, Luis Czyzewski y Mario Averbuch, solicitaron formalmente la reapertura del caso en 2016 en base a supuesta nueva prueba, durante el gobierno de Mauricio Macri. La Cámara de Casación Federal ordenó la reapertura ese mismo año en un expediente paralelo que estaba a cargo del juez Claudio Bonadio. 

En la búsqueda por dilatar o anular el inicio de las audiencias formales de los juicios, los argumentos de su defensa varían según el caso, pero siempre apunta a intentar demostrar que el Poder Judicial supuestamente montó las causas en su contra entre 2014 y 2019, pero especialmente durante el gobierno de Mauricio Macri. 

Fernández de Kirchner sostiene que los expedientes se construyeron sobre la base del lawfare o guerra judicial; la relación entre ciertos jueces con el expresidente de Cambiemos; y el presunto accionar en su contra de la “mesa judicial” del macrismo, entre otras cuestiones planteadas por su defensa. Por esa razón, este viernes la vicepresidenta dedicó parte de su exposición a enumerar los organismos y funcionarios de Macri y del Poder Judicial y medidas que supuestamente fueron parte de la embestida en su contra, entre ellos la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Próximos pasos

El juicio oral y público por el Memorándum con Irán está en condiciones de comenzar este año, según confirmó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. La audiencia de este viernes se enmarca en la estrategia judicial de la vicepresidenta para evitar el inicio de los juicios en su contra. 

La audiencia continuará el 4 de agosto para terminar con las exposiciones. Luego vendrá la decisión del tribunal. Los escenarios son diversos e inciertos debido a lo inédito de la audiencia, explicó una fuente directa de la causa. El tribunal podría anular el juicio o sostenerlo; podría ordenar los sobreseimientos anticipados de los imputados; o que el expediente regrese a primera instancia para ser investigado nuevamente por otro juez. Tras la decisión del tribunal, el caso terminará en la Cámara Federal de Casación, ya sea por recursos de la defensa o de las querellas.

Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA que actúan como querellantes en la causa, dijo a elDiarioAR que no acudirían a la audiencia, no sólo porque la fecha coincidió con el acto de aniversario del atentado sino también porque sostienen que la audiencia es ilegal, que “permite a los imputados exponer su versión de los hechos sin que nadie los refute, sin contrarrestar sus dichos con testigos y otras medidas de prueba”. “Es una parodia del juicio porque no existe la posibilidad de condena” antes del juicio, agregó Farini Duggan, quien pidió las recusaciones de los jueces y del fiscal del juicio, Marcelo Colombo por haber autorizado la reunión.

Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, explicó a este medio que el tribunal incorporó nuevas pruebas solicitadas por la defensa para argumentar la nulidad del juicio, como  registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos (durante la gestión de Macri); el contenido del teléfono celular de Darío Nieto (secretario privado del expresidente); y la causa sobre la mesa judicial (del macrismo), a quien CFK señala como parte del lawfare o guerra judicial en su contra.

Los planteos de los querellantes

La autorización de esta audiencia provocó un sismo entre el tribunal, la fiscalía y las querellas. En un escrito presentado este jueves, los familiares de la AMIA se dirigieron a los jueces: “Decidieron realizar una audiencia oral no legislada, que fue pedida por los imputados para tratar la nulidad de fallos dictados por la Cámara de Casación, el día en que se celebrará el acto en conmemoración de un nuevo aniversario del atentado terrorista a las sedes de AMIA-DAIA”. 

“Hemos decidido no participar de la audiencia. En primer lugar porque, como lo hacemos hace 27 años, respetaremos la memoria de 85 argentinos que perdieron la vida en ese infausto atentado terrorista, entre quienes se encontraban nuestras hijas; en segundo lugar, porque consideramos que la audiencia ordenada por el Tribunal es nula, y no la convalidaremos con nuestra presencia”, afirmaron. 

“Los familiares de las víctimas del atentado terrorista a las  sedes de AMIA-DAIA no le tenemos miedo a la verdad. Por el contrario, desde que el fiscal Nisman formuló su denuncia solo deseamos que se realice el juicio oral y público, oportunidad en la que los imputados podrán ejercer plenamente sus defensas”, concluye el escrito.

En junio, los familiares de la AMIA recusaron a los miembros del tribunal y, junto a la DAIA, al fiscal del juicio. Entre finales de junio y principios de julio, los jueces López Iñiguez, Obligado y Michilini rechazaron ambos planteos de los familiares de la AMIA y la DAIA. 

“Esta audiencia se inventó para estos imputados en particular y este caso en particular”, afirmó Tomás Farini Duggan, abogado de los familiares de la AMIA. “La estrategia de las defensas siempre fue que el juicio no se iniciara”, agregó ante la consulta de este medio a principios de julio.

El testigo más buscado

Fernández de Kirchner también cuestionó que aún no se haya citado en la causa a Ronald Noble, exsecretario general de Interpol (2000-2014), para que declare ante el tribunal como testigo en una audiencia previa al juicio. El tribunal ordenó la citación a fines de 2020,pero nunca ha podido notificarlo para proceder con su citación, confirmaron dos fuentes judiciales del caso.

Noble desmintió públicamente la denuncia de Nisman sobre un acuerdo entre el gobierno argentino e Irán para hacer caer las alertas rojas contra los exfuncionarios iraníes acusados por el atentado a la AMIA. La Justicia federal, en distintos momentos, ha intentado notificar a Noble vía Interpol, Cancillería, correo electrónico y mensajes de texto, pero sin éxito, explicó una fuente directa del caso.

La dificultad se basa en al menos dos cuestiones: Interpol no autoriza a su exfuncionario a declarar y Noble, a su vez, está imputado en otro expediente paralelo al juicio. El exjefe de Interpol fue denunciado por los familiares de la AMIA y luego sobreseído en octubre de 2020. Su caso está trabado en la Cámara Federal porteña porque tampoco logran ubicarlo para que nombre a su abogado defensor. 

Actualmente, el juez Julián Ercolini intenta rastrear a Noble, aún sin éxito, confirmó una fuente del expediente. En su defensa, un asesor legal de Noble en el país explicó a elDiarioAR que el exjefe de Interpol pasó “de testigo estrella a imputado” luego de presentar “un escrito ante el juez Bonadio (quien instruyó la causa) solicitando declarar y luego de que se supo que testificaría a favor del excanciller Héctor Timerman”.

ED

Interpol aceptó emitir una alerta roja contra Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que el abogado sea detenido y traído a Argentina a declarar ante la jueza María Servini, según le confirmó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La notificación de la policía internacional provino de la “División Investigación Federal de Fugitivos y extradiciones” en el marco de la causa caratulada “Mauricio MACRI y otros S/ asociación ilícita”, a cargo de la jueza María Servini.

“En el día de la fecha, la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol publicó la Notificación Roja del nombrado Rodríguez Simón”, indica la documentación. El parte consigna que “la presente causa guarda trascendencia política y mediática”.

La nueva situación de Rodríguez Simón implica que, ahora sí, formalmente el gobierno de Uruguay –donde permanece a la espera de una resolución sobre su pedido de refugio político- debe adoptar una decisión sobre su status.

Si bien Rodríguez Simón ya se presentó ante la Justicia uruguaya y obtuvo una suspensión del trámite de extradición hasta tanto se resuelva si lo admiten o no como refugiado, la orden de detención internacional supera ese marco jurídico.

Ello significa que Rodríguez Simón podría ser detenido, aun provisoriamente, en virtud del pedido emanado del Poder Judicial argentino.