El diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert dijo durante un Congreso en la Universidad Católica Argentina (UCA) que Florencia Kirchner es “hija de una gran puta”, en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue repudiado por el público presente.

Espert reflotó en su exposición un tuit del año 2014, en el cita un textual de la hija de la ex mandataria nacional.

“Flor Kirchner. 'Parece q mi pecado es ser Kirchner'. Y si tesoro bonito, ser una Hija de Puta Literal es jodido”, dice el tuit original fechado del 2 de septiembre.

La anécdota relatada por Espert fue fuertemente cuestionada por un puñado de asistentes, entre ellos, otros diputados y senadores nacionales. Tanto fue el repudio, que el legislador se vio obligado a retirarse. El video de los hechos se hizo viral en redes sociales.

Más tarde, el senador y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, escribió en su cuenta oficial de X: “REPUDIO TOTAL y ABSOLUTAMENTE, como lo hice en el escenario del #CongresoBA, la falta de respeto, la violencia y misoginia de Espert en referencia a Cristina Fernández de Kirchner”.

“Este tipo de expresiones perpetúan una cultura de odio, machismo y degradación hacia las mujeres. No hay contexto ni justificación posible para este tipo de insultos, que atentan directamente contra la dignidad, integridad y humanidad de quienes los reciben”, agregó Uñac.

Repudio de la UCA

Con información de la agencia NA

Fue en los años noventa cuando se borró la frontera entre la vida privada y la vida pública de los políticos, los artistas y los más comunes de los mortales. Lo que antes era una excepción, se convirtió en moneda corriente.

Los estudios de las audiencias por parte de sociólogos, politólogos, psicólogos y otros científicos sociales de las agencias de marketing y publicidad fueron taxativos: la intimidad vende. Y en una sociedad donde todo se consume a ritmo vertiginoso como si fuera mercadería, ¡incluso las personas!, la producción no debe parar.

Esa desaparición de los límites se fue incorporando al inconsciente colectivo. Como si los aspectos más frágiles de las personas, su vida amorosa, sus relaciones familiares, sus consumos, su salud y su cuerpo, se hubieran convertido en propiedad de todos. Tu vida me pertenece, parece ser la frase que sintetiza esa tiranía generada en la curiosidad y el morbo de las masas, e incentivada por los medios.

Ese fenómeno de poner en el centro del interés general los aspectos personales de la humanidad llegó para quedarse, aunque cada vez son más las voces que lo critican. Justamente los medios audiovisuales estuvieron a la vanguardia de esta nueva modalidad que destaca la imagen y el efecto emocional que los personajes notorios producen en la gente, más que las propuestas programáticas de los dirigentes que aspiran a llegar al poder o de los aportes estéticos de los artistas contemporáneos. Un show de la vida interior, los trapitos al sol en la era del espectáculo.

Primero, florecieron los programas de chismes, sobre todo en la tevé abierta, pero luego, casi sin que nos diéramos cuenta, hubo un desplazamiento de ese estilo corre-ve y dile a los programas de información general y de actualidad.

Ese es el antecedente, la genealogía, de esa mezcla discepoliana de biblia y calefón en que se convirtieron los dichos de la periodista Laura Di Marco quien, en diálogo con la animadora Viviana Canosa, dijo: “Esas personas que son corruptas, que le robaron a su gente y que llegaron con malas artes como llegaron Néstor y Cristina tienen vidas muy lastimosas, hijos adictos, suicidios. No me quiero meter en un tema tan delicado, pero la hija de Cristina me da mucha pena. Florencia tiene una anorexia nerviosa galopante que, para quienes estudian la enfermedad, es falta de madre, de nutrición materna”. Fue el pasado 6 de abril en el programa + Viviana del canal LN+.

Más allá de las simpatías o antipatías personales y políticas, no es función de una comunicadora realizar un diagnóstico médico o psicológico ni analizar las causas de la supuesta patología ni cómo determinada persona ejerce su rol materno. E incluso, si el que emitiera la supuesta información fuera un profesional matriculado, el estado de salud de cualquier persona es confidencial, debe preservarse su identidad e intimidad. Es muy obvio que esas declaraciones están destinadas a bajarle puntos a la funcionaria, estigmatizan a Florencia Kirchner y no surgen de la “pena” que manifestó la periodista.

Las expresiones de Di Marco no solo fueron cuestionadas en las redes sociales, sino que recibieron el rechazo de la Asociación Argentina de Salud Mental, que emitió un comunicado en el que señaló “el más enérgico repudio” por las expresiones vertidas por la periodista Laura Di Marco, en relación con la supuesta enfermedad que, según ella, padece la hija de la vicepresidenta de la Nación. Por otra parte, la institución llamó a tratar con seriedad los temas de salud y pidió sancionar estas “actitudes miserables”. 

“No sólo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada con relación al estado de salud de una persona, sino que realizó por televisión un diagnóstico en forma ilegal”, prosiguió la AASM. Por otra parte, el escrito señaló que Di Marco “describió con conceptos falsos, incoherentes y absurdos la supuesta causa de ese padecimiento”.  Finalmente, la entidad médica expresó su solidaridad “con todas las personas y las familias que están atravesando esta gravísima problemática” y exigió al periodismo a “tratar con seriedad los temas de salud y a las autoridades a tomar las medidas necesarias para sancionar esta miserable actitud”.

El Colegio de Psicoanalistas advirtió sobre la “peligrosidad y ligereza” con la que se realizaron las afirmaciones sobre la salud de Florencia Kirchner, mientras que el Ente Nacional de Comunicaciones, Enacom, informó que inició un sumario a LN+ “ante la presunta violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual donde se habrían difundido enunciados estigmatizantes y discriminatorios sobre la vicepresidenta de la Nación y su hija”.

Mientras se espera el análisis de la responsabilidad y eventual sanción que le cabe al canal televisivo por este acto de violencia simbólica, otros organismos oficiales se pronunciaron contra las opiniones “ignorantes y maltratadoras” de Di Marco.

¿Qué puede inducir a una periodista a pronunciar con certeza especulaciones acerca de psicología, psiquiatría, psicoanálisis, conjeturas acerca de la etiología de los trastornos mentales, afirmaciones acerca de diagnósticos y enlaces causales entre los diferentes elementos que se ponen en escena cuando se intenta abordar la complejidad de un padecimiento mental?

Como profesionales de la salud mental consideramos que la potencia discursiva que contienen determinadas opiniones emitidas en espacios públicos con una notable difusión, debiera obligar a quienes hacen uso de ellos a realizar una profunda reflexión para poner en escala las consecuencias de sus manifestaciones. 

¿Se autorizaría incluso a un/a profesional de salud mental a afirmar la monocausalidad de cuadros como la anorexia nerviosa, la psicopatía, la adicción? ¿Y aun más, a reducir esa monocausalidad exclusivamente al vínculo materno, obviando la complejidad del funcionamiento del aparato psíquico, la complejidad de su historia constitutiva, las variables culturales e históricas que contribuyen a modelar el psiquismo, las marcas transgeneracionales, las investigaciones que desarrollan las neurociencias? Difícilmente.  

Si algo hemos aprendido a lo largo de décadas de estudio es a ser prudentes, humildes frente a lo que puede permanecer como pregunta o interpelación a nuestro conocimiento, moderar nuestras certezas, no hacer afirmaciones temerarias, universales, absolutas sobre un territorio que ofrece tantos desafíos epistemológicos, clínicos y terapéuticos.

La periodista Laura Di Marco -en un diálogo con una complaciente Viviana Canosa- emitió al menos siete afirmaciones diagnósticas y etiológicas: adicción, abuso, anorexia nerviosa, psicopatía, narcisismo patológico, bipolaridad, intento de suicidio. Cada una de estas clasificaciones, ya sea de índole diagnóstica o por hechos acontecidos, en manos de un/a profesional de salud mental, sería el resultado de un trabajo minucioso, de la utilización de una batería de elementos diagnósticos (múltiples entrevistas o herramientas variadas de psicodiagnóstico) y formulada después de un lapso variable de tiempo de estudio y análisis hasta llegar a conclusiones, siempre provisorias y en continua revisión. La ligereza con la cual se han realizado estas afirmaciones en el diálogo televisivo citado nos resulta peligrosamente problemática por múltiples motivos.

La Asociación Colegio de Psicoanalistas y los profesionales de salud mental que la constituyen llamamos a la reflexión a lxs comunicadorxs sociales. En ningún caso debiera justificarse la indelicadeza de juzgar y exponer públicamente consideraciones acerca de la salud mental de un oponente político ni de ninguna persona. Se atraviesan límites que trascienden la intencionalidad de quien opina y pueden ser tremendamente peligrosos en sus consecuencias. Consideramos que la amplia difusión de la palabra de estxs comunicadorxs tiene efectos materiales y produce consecuencias irreversibles, hiriendo y dañando a una importante porción de la población y a sus familias que, precisamente por su vulnerabilidad, debieran ser protegidas por la comunidad toda.

Un tribunal debe decidir si la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos afrontarán un nuevo juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces y el presunto lavado de dinero proveniente de los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia. 

La expresidenta y el resto de los acusados, entre ellos el diputado Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, se encuentran sobreseídos por decisión de la mayoría del Tribunal Oral Federal número 5, que a finales de 2021 hizo lugar a los planteos del abogado Carlos Beraldi y anuló el inicio del juicio oral y público por supuesta inexistencia de delito. 

Los plazos formales de la Cámara Federal de Casación para expedirse en este caso están vencidos, ya que las últimas audiencias se realizaron en noviembre de 2022, pero el tribunal que revisa las sentencias de juicios no se maneja con tiempos perentorios y los plazos suelen extenderse. Aún así, algunos de los jueces de la Sala I consideran que están dadas las condiciones para que el fallo vea la luz a partir de esta semana, confiaron fuentes directas del caso.

El expediente ya tiene dos votos, los de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, pero no se conocen aún sus posiciones: si revocarán los sobreseimientos anticipados y ordenarán la realización de un juicio o si, por el contrario, confirmarán la decisión a favor de los imputados. 

La jueza Ana María Figueroa -actualmente, presidenta de la Casación Federal- debe presentar el tercer voto. La magistrada tiene el caso en estudio desde el 12 de diciembre último, de acuerdo con los registros del sistema. 

Una vez que los tres votos estén disponibles, los jueces se reunirán para poner argumentos en común y debatir el fallo final. Puede ser una decisión unánime o dividida. Se requieren dos votos en el mismo sentido para confirmar los sobreseimientos y evitar el juicio o bien revocarlos y ordenar que se realice un debate oral y público en un nuevo tribunal de juicio. 

En el tribunal esperan que la presidenta de la Casación Federal presente su voto a sus colegas de la Sala en los próximos días, pero, podría incluso seguir en estudio. La jueza viene de participar en un seminario sobre neocolonialismo en el Vaticano, en el que el lawfare fue uno de los temas planteados por la comitiva argentina, informó la agencia oficial Télam.

Figueroa es una convencida de la existencia del lawfare o guerra judicial con fines políticos y económicos, uno de los argumentos de la defensa de Fernández de Kirchner para replicar el avance de las causas contra la vicepresidenta durante el gobierno de Mauricio Macri (entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019) y solicitar el sobreseimiento de la expresidenta. 

Hacia atrás y hacia adelante

El caso llegó a Casación por los planteos del Ministerio Público Fiscal. Cuando la defensa de Fernández de Kirchner y otros imputados en Hotesur-Los Sauces, planteó en 2021 que los acusados debían ser sobreseídos antes del inicio del juicio oral y público por inexistencia de delito y otros argumentos en el Tribunal Oral Federal número 5, el fiscal del juicio, Diego Velázquez, se opuso al cierre de la causa. Sin embargo, los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg le dieron la razón a las defensas.

El fiscal llevó el caso a Casación a finales de ese año. Ante el máximo tribunal penal del país, el fiscal general Mario Villar acompañó el planteo de su colega y reclamó la realización del juicio oral y público. Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de los jueces Obligado y Grunberg al dictar los sobreseimientos de los imputados, ya que el expediente no cuenta con “una prueba clara” que se imponga sobre la ya existente para demostrar los planteos de las defensas. 

Este último argumento es central para que un tribunal decida cambiar el rumbo de un expediente que está en etapa de juicio. Debe aparecer una nueva prueba que demuestre que los acusados no cometieron los delitos de los que se los acusa. Este fue el argumento de los jueces Petrone, Barroetaveña y Figueroa para sobreseer a Fernández de Kirchner y el resto de los acusados en el caso Dólar Futuro, explicó entonces el fiscal Villar ante esos mismos jueces, que ahora deben decidir sobre Hotesur-Los Sauces. Se refirió así a una pericia realizada luego de que la causa fuera elevada por el juez Claudio Bonadio a juicio oral y público.

Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos grupos empresarios proveedores del Estado: los de los empresarios Báez, Cristóbal López y De Sousa. 

Fernández de Kirchner ha atravesado un único juicio oral y público hasta el momento, que le valió una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación a la Administración pública en la adjudicación de obras viales a Báez.

El ex dueño de Austral Construcciones ya tiene dos condenas en su haber: la Cámara Federal de Casación bajó su condena de primera instancia (12 años) a diez años de prisión por lavado de dinero agravado por el caso conocido como “la ruta del dinero K”; y tiene otra sentencia de seis años en su contra por el caso Vialidad, por su participación en una defraudación a la Administración pública liderada supuestamente por la entonces presidenta y socia del empresario, que debe ser revisada en el mismo tribunal superior. 

López y De Sousa fueron absueltos por el voto de la mayoría de los jueces en el juicio por la causa Oil Combustibles, con apelación mediante del fiscal, que espera que Casación revoque esa sentencia a favor de los empresarios del Grupo Indalo, quienes fueron juzgados por presunta defraudación a la Administración pública. El Tribunal Oral Federal (TOF) número 3 condenó al ex titular de la administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a cuatro años y ocho meses de prisión por el mismo delito en este mismo juicio.

Escenarios

Si la Casación confirma por unanimidad o por el voto de la mayoría los sobreseimientos en Hotesur-Los Sauces, el fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte Suprema para que los jueces del máximo tribunal vuelvan a analizar el caso.

En este escenario, la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte, y la causa Hotesur-Los Sauces continuará cerrada.

En otro escenario posible, en el que los jueces de Casación (por voto de la mayoría o por unanimidad) revoquen los sobreseimientos anticipados, Comodoro Py deberá realizar un nuevo juicio contra Fernández de Kirchner. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, por lo que los acusados verán restringidas sus opciones para acudir ante la Corte Suprema y seguir dilatando el inicio de un juicio oral y público, aseguraron fuentes judiciales con conocimiento del caso. 

Los abogados defensores pueden, igualmente, recurrir de manera excepcional a un planteo de “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero la Corte suele rechazar de plano este tipo de planteos. 

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo del juicio porque el fallo de Casación no se suspende. Además, la Corte no tiene plazos para fallar.

Si la Casación ordena realizar el juicio, Fernández de Kirchner deberá ser juzgada por un nuevo tribunal. Los jueces que intervinieron originalmente en la causa no podrían seguir haciéndolo. El fiscal Villar incluso solicitó que se aparte a los magistrados Obligado y Grunberg del sorteo, argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre la inexistencia de delito en el caso. 

ED

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció las “prácticas mafiosas” en las que incurren los medios hegemónicos de comunicación, a raíz de una nota publicada por el diario La Nación, en la cual “una vez más” se volvió a “amenazar con meter presa” a su hija, Florencia Kirchner.

En un texto publicado en sus redes sociales, la exmandataria recordó el “episodio mafioso y dramático” del que fuera víctima la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, cuando en el diario Clarín se publicó el número del teléfono celular de una de sus hijas.

Además, la Vicepresidenta reclamó que en el Día Internacional de los Derechos Humanos “no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”.

“Si un punto en común tiene la mafia y al narcotráfico, es el sicariato que se ejerce sobre los hijos y familiares de las personas que ellos decretan como enemigos. La Nación una vez más vuelve a amenazar con meter presa a Florencia, mi hija. Parece que no les bastó a los medios hegemónicos con enfermarla”, aseveró la exmandataria en una publicación que compartió en sus redes sociales.

De esta forma, Fernández de Kirchner respondió a la nota publicada este sábado en La Nación bajo el título “Certezas y dudas de la contraofensiva cristinista”.

La expresidenta compartió el siguiente fragmento de esa información, en la cual se afirma: “Esa hipótesis se refuerza cuando se incorpora la variable Florencia, su hija, la única integrante de la familia que no tiene fueros y que después de esta condena pasa a ser considerada más vulnerable judicialmente y susceptible de una condena que no la liberaría de la cárcel. Ese, cuentan en el entorno de la vicepresidenta, ha sido siempre y es el mayor desvelo de la madre”.

Cristina Kirchner agregó que en la misma publicación también se puso “en duda que haya dado positiva de Covid”.

“El fragmento reseñado de la nota se refiere a las causas Hotesur y Los Sauces armadas por Claudio Bonadío (ya fallecido), el juez sicario, y concluidas por Julian Ercolini, el juez mutante que devino en juez viajero”, contextualizó la vicepresidenta haciendo referencia al viaje a Lago Escondido en el que habría participado el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 10.

De esta forma la exmandataria hace referencia a Ercolini, quien junto a otros magistrados, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación viajó a Lago Escondido, donde el magnate inglés Joe Lewis posee una estancia.

Las personas que realizaron este viaje formaron un grupo de chat, cuyo contenido se difundió en los últimos días, y en el cual los involucrados mantuvieron conversaciones para dar una versión falsa sobre esa la excursión que realizaron a las tierras de Lewis.

El gobierno nacional denunció esta semana a magistrados, funcionarios y empresarios por dádivas, y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare pidió profundizar la investigación sobre estas personas.

“En esas causas (Hotesur y los Sauces), que el tribunal oral que intervino unificó, se dictó el sobreseimiento por inexistencia de delito”, recordó la titular del Senado.

Además, la Vicepresidenta hizo referencia a las conversaciones del grupo de chats de los involucrados en el viaje a Lago Escondido, y señaló que en una de las conversaciones también participa el juez Pablo Cayssials quien llevó adelante la causa “contra la procuradora fiscal Gils Carbó (ultima designada constitucionalmente en el cargo)” y que originó su renuncia.

“(La causa) le fue solicitada por el director del diario (léase Julio César Saguier) conforme se desprende del propio texto del chat publicado en la web el pasado fin de semana”, aseguró y compartió una captura del material filtrado.

En dicho fragmento se menciona a una periodista llamada Paz que “corresponde a una periodista del mismo diario” y otro colega que “contaba con una versión diferente sobre el episodio mafioso y dramático que vivió la entonces procuradora”.

“Héctor Magnetto ordenó publicar en el diario Clarín el número de teléfono de una de sus dos hijas, a quienes también les habían armado una causa. Y ya que hablamos de mafias e hijos e hijas, viene al caso recordar que Gils Carbó fue la Fiscal que se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal del grupo Clarín”, remarcó la expresidenta.

Fernández de Kirchner recordó que el fiscal de Cámara, Gabriel de Vedia, declaró que el exasesor presidencial del expresidente Maurcio Macri, Pepín Rodríguez Simón, “fue el encargado de hacerle saber personalmente que debía renunciar, si no quería ir presa ella y sus dos hijas”.

“Finalmente, como es de público y notorio, la procuradora constitucional renunció”, subrayó.

Por último, la exmandataria sostuvo que el fragmento aludido “no trae ninguna originalidad”, sino que se trata de “la simple repetición de prácticas mafiosas que, a fuerza de mantenerse impunes, siguen llevando adelante”.

“Hoy 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y a 39 años de haber derrotado a la dictadura, no permitamos que a la democracia se la lleven puesta las mafias”, concluyó.

Sobreseída o nuevamente en el banquillo de los acusados de un juicio oral y público, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner continuará en el centro de la escena durante el año electoral. Además del inminente veredicto por el caso Vialidad, aún están en  juego los dos sobreseimientos anticipados que la vicepresidenta obtuvo a finales de 2021 en las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Las definiciones deberían llegar el 20 y 22 de diciembre próximos, aunque los fallos podrían demorarse hacia febrero o marzo, explicaron a elDiarioAR fuentes judiciales que intervienen en ambos casos.

Estos sobreseimientos anticipados fueron ordenados por los tribunales orales federales número 8 (Memorándum) y 5 (Hotesur-Los Sauces) en octubre y noviembre del año pasado. Le permitieron a la expresidenta evitar el inicio de dos juicios orales y públicos pero ambos expedientes llegaron a la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país que revisa las decisiones que toman los jueces de los tribunales de juicio. Todos los acusados en estas causas siempre han negado la comisión de delitos por los hechos investigados. En el caso de los hoteles, el diputado Máximo Kirchner y su hermana menor, Florencia, hijos de la exmandataria, también fueron sobreseídos y se decidirá si se les revoca ese fallo y deben ir a juicio. En Memorándum, también estuvieron acusados el senador Oscar Parrilli; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Ambos casos recayeron en la Sala I, integrada por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, los mismos que ya intervinieron en la causa Dólar Futuro y ordenaron los sobreseimientos anticipados de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados por inexistencia de delito (el caso está pendiente en la Corte Suprema, con un dictamen del procurador general Eduardo Casal a favor de la realización del juicio).

Tras un año en la Casación, los tres jueces están en condiciones de decidir si confirman los sobreseimientos y el cierre de ambas causas o si los revocan y ordenan realizar los juicios orales y públicos.

Figueroa, la única mujer integrante de la Sala, tiene una posición tomada en los casos relacionados con Fernández de Kirchner, en los que suele fallar en consonancia con los planteos de la defensa de la vicepresidenta, por lo que su voto podría ser el más predecible, aunque cada expediente es un mundo.

Los jueces Petrone y Barroetaveña, en cambio, han votado en el caso de los cuadernos en posición contraria a las defensas, aunque a favor en Dólar Futuro. Hay que salvar las diferencias entre determinadas causas y otras, advierten en Comodoro Py ante las consultas de elDiarioAR: Dólar Futuro fue un expediente criticado por muchos juristas, incluso lejanos a las posiciones de los kirchneristas. 

El caso Memorándum tiene un perfil similar, ya que se cuestiona que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán en 2013, que buscaba que la Justicia argentina indagara a los acusados iraníes en un país neutral- no encuadraría la comisión de delitos sino de decisiones de política internacional con intentos de incidencia en el desarrollo de la causa AMIA. 

Otro cantar es Hotesur-Los Sauces, un caso basado en el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner a través de sus negocios privados en hoteles y propiedades inmuebles con dos proveedores del Estado: los empresarios Lázaro Báez y, en menor medida, Cristóbal López y Fabián De Sousa. El primero está condenado a doce años de prisión por lavado de dinero agravado de la corrupción y tiene un pedido idéntico de pena en Vialidad como presunto integrante de una asociación ilícita para defraudar al Estado. Los otros dos están sobreseídos por la causa Oil Combustibles y su caso fue apelado por el fiscal de juicio.

Los plazos de Casación vencen el 20 y 22 de diciembre para definir el futuro de los juicios de Hotesur-Los Sauces y Memorándum, respectivamente, ya que las últimas audiencias ante los jueces para que las partes expongan sus argumentos fueron el 23 y 24 de noviembre últimos, y los jueces tienen 20 días hábiles para fallar, aunque estos plazos muchas veces no son cumplidos. Estos son dos los escenarios que enfrenta la vicepresidenta.

Escenario sobreseída

En abril de 2021, esta misma sala de Casación sobreseyó a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados por el caso Dólar Futuro y anuló así el comienzo del juicio oral y público. Esa decisión de los jueces Figueroa, Barroetaveña y Petrone fue recurrida (como se define a la apelación en este tribunal) por el fiscal general Raúl Plee, en representación del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó a la Corte Suprema que revoque el fallo y ordene la realización del juicio.

El fiscal Pleé pudo acudir ante la Corte porque el fallo de Casación es equiparable a una sentencia definitiva, ya que implicó el cierre de la causa Dólar Futuro. Es en este escenario en el que las partes de un proceso tienen herramientas procesales para solicitar la intervención del máximo tribunal.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el fiscal del juicio, Diego Velazquez se opuso al cierre de la causa y llevó el caso a Casación a finales de 2021. En dicha instancia, el fiscal general Mario Villar reclamó la realización del juicio oral y público y tendrá la misma opción que su colega Pleé si los jueces de Casación confirman los sobreseimientos de la vicepresidenta y el resto de los imputados por el presunto lavado de dinero de la familia Kirchner y los empresarios Báez y López. 

El fiscal Villar podrá presentarse ante la Corte para que los jueces del máximo tribunal decidan si confirman los sobreseimientos o los revocan y ordenan la realización del juicio.

En Memorándum la situación es diferente. El fiscal de juicio, Marcelo Colombo, y la querella, integrada por dos familiares de víctimas de la AMIA y representada por el abogado Tomás Farini Duggan, se opusieron a los sobreseimientos anticipados y al cierre de la causa dictados en octubre de 2021 por el tribunal oral federal. Llevaron el caso ante la Casación. Sin embargo, el fiscal general Javier De Luca, que representa al Ministerio Público en dicha instancia, planteó que la firma del acuerdo con Irán no implicó la comisión de ningún delito, es decir, coincidió con la lectura de los jueces del tribunal de juicio. Eso resta posibilidades a la reapertura del juicio, explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Aún así, la participación de la querella garantiza que si Casación confirma los sobreseimientos el caso llegará a la Corte, ya que los familiares de las dos víctimas de la AMIA tienen potestad para oponerse al fallo y recurrir al máximo tribunal. 

En este escenario, en el que la vicepresidenta seguiría sobreseída, aún existiendo oposiciones y planteos ante la Corte las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum  seguirán cerradas y los juicios no se realizarían hasta que la Corte decidiera ordenar lo contrario.

Los cortesanos no tienen plazos para intervenir. Tampoco apuro. El caso Dólar Futuro ingresó a la Corte en junio de 2021 y un año y medio después aún no hay fallo.

Escenario a juicio

En el escenario posible de que la Sala I (por voto de la mayoría de los jueces o por unanimidad) revoque los sobreseimientos anticipados dictados por los tribunales orales federales en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán y ordene la realización de los juicios, ambos casos no quedarán en la misma situación que Dólar Futuro. 

Revocar los sobreseimientos y ordenar que comiencen los juicios anulados no es equiparable a una sentencia definitiva, explicaron fuentes judiciales de Casación y del Ministerio Público Fiscal ante la consulta de elDiarioAR. ¿Qué implica este escenario para la vicepresidenta y el resto de los imputados en Hotesur-Los Sauces y Memorándum? Si Casación opta por este camino, los acusados deberán atravesar los juicios orales y públicos y no hay posibilidad de frenarlos. Al menos no dentro de las normas.

Este escenario no habilita a las defensas a recurrir el fallo ante la Corte, aseguraron las fuentes consultadas. 

Como caso excepcional, los abogados podrían alegar “arbitrariedad” de los jueces de Casación y presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal, aclaró uno de los juristas en diálogo con este medio, pero las chances de demostrar realmente que la decisión de los magistrados fue arbitraria es muy baja en estos casos y la Corte suele rechazar de plano los planteos. Además, el máximo tribunal no tiene plazos para fallar.

El hecho de que las defensas recurran a esta vía no implica frenar el comienzo de los juicios, afirmó la fuente, porque el fallo de Casación no se suspende.

Nuevos jueces

Si la Casación optara por este camino en uno o ambos casos pendientes, se reconfigurará el mapa de los jueces en ambos casos: deberán enviar los expedientes nuevamente a sorteo entre los tribunales orales federales de Comodoro Py. 

Los jueces que intervinieron originalmente en estas causas no podrían seguir haciéndolo. El Tribunal Oral Federal número 8 planteó por unanimidad que en el caso del Memorándum no existió la comisión de ningún delito, por lo que los tres jueces ya opinaron y no podrán juzgar el caso. 

Lo mismo sucede con dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal número 5, del caso Hotesur-Los Sauces. De hecho, el fiscal Villar ya solicitó que se aparte a ambos magistrados del sorteo en caso de que se ordene la realización del juicio argumentando que se excedieron al cerrar la causa cuando opinaron sobre el fondo de la cuestión. 

Memorándum sin fiscal

En el caso de que Casación ordene la realización del juicio por el acuerdo con Irán, las posiciones encontradas entre el fiscal de juicio y el fiscal de Casación abren la posibilidad de que el juicio deba realizarse sin la intervención de una fiscalía, aseguraron fuentes directas del Ministerio Público Fiscal. Esto se debe a que el fiscal de Casación, en este caso De Luca, planteó la inexistencia de delito por lo que el fiscal Colombo perdió margen para sostener su acusación.

En ese caso, la acusación quedaría en manos de la querella. 

Tiempos

De ordenarse el inicio de los juicios por Hotesur-Los Sauces y/o por Memorándum, Casación podría apurar o no los plazos en su fallo, indicando celeridad a los tribunales orales federales o, de lo contrario, obviando ese punto, abriendo la posibilidad de que se dilate el comienzo de las audiencias. 

¿Cuánto tiempo más podrá Comodoro Py evitar el inicio de los juicios en este escenario? En ambas causas, las partes ya han presentado sus pruebas y los casos están en condiciones de iniciar las audiencias. 

Sin embargo, hay cuestiones no jurídicas que incidirán, explicaron las fuentes consultadas en los tribunales: 2023 es año electoral y aún resta saber qué rol ocupará Fernández de Kirchner, si será candidata presidencial, armadora política de la sucesión de Alberto Fernández o si se mantendrá al margen.

El veredicto por el caso Vialidad también incidirá, aseguran en los tribunales de Retiro. Los jueces estarán atentos al humor social que cultivará una absolución, condena o condena parcial a la vicepresidenta. Y si los fallos de la Sala I de Casación llegan a término, en decir, a finales de diciembre, ese humor social vendrá de la mano con el rebote que generará en las mismas fechas el desempeño de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol y el factor distracción.

ED

La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió hoy, a través de sus abogados, que se ratifique su sobreseimiento y el de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, con el objetivo de evitar el juicio oral y público por el caso de lavado de dinero conocido como Hotesur y Los Sauces.

Se trata de dos causas que están en trámite en un único expediente y donde el Tribunal Oral Federal 5 resolvió no hacer el juicio. Luego del sobreseimiento, la fiscalía apeló ante la Cámara Federal de Casación Penal y ahora la sala II del Tribunal deberá resolver si ratifica la decisión para la familia o bien se lleva a cabo el proceso.

En la audiencia no estuvieron los propios imputados, sino sus abogados, incluido Ary Llernovoy, por la defensa de exmandataria. No obstante, previo a la audiencia, la vicepresidenta presentó sus argumentos por escrito por lo cual reclama se ratifique el sobreseimiento. 

La defensa criticó con dureza al fiscal general Mario Villar, quien hace pocos días pidió al Tribunal que ordene la realización del juicio al considerar que se trata consideró de una instancia clave para determinar si existió o no delito.

“No tiene ningún sentido llevar a cabo un juicio oral (máxime si su sustanciación puede insumir varios años) cuando a partir de los elementos incorporados al expediente los magistrados arriban a la convicción apodíctica de que los hechos denunciados no resultan típicos, antijurídicos, culpables ni/o punibles”, replicó la titular del Senado en el escrito.

También volvió a un argumento reiterado en la causa sobre los pagos hechos por Valle Mitre S.A, de Lázaro Báez, y M&S. SA y Alcalis Patagonia SAIC -estas dos vinculadas a Cristóbal López- y a la empresa “Los Sauces” fueron “banderizados y ”efectuados mediante la entrega de cheques o a través de transferencias bancarias“.

De esta manera, niegan categóricamente que haya existido maniobras de lavado de dinero. Al igual que minutos más tarde lo hicieron los abogados de distintos acusados, dijo que no existió prueba nueva por la cual analizar reanudar el caso, sino que “está resuelto” en cuanto a que no existió delito.

“Nuevamente vuelve a quedar en evidencia cómo los Fiscales intentan construir una nueva acusación a los martillazos a efectos de revertir un auto de sobreseimiento debidamente fundado que, como tal, debe ser convalidado en esta instancia”, criticó la defensa de exjefa de Estado. 

La decisión de los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone no tiene fecha definida y pueda que sea dé antes de finalizar el año, algo que tiene que resolver es si el juicio no se hace porque ratifican el sobreseimiento, o caso contrario que sí debe realizarse.

Concretamente, las maniobras bajo sospecha son los pagos hechos por Cristóbal López y Lázaro Báez a los Kirchner en concepto de alquiler tanto de hoteles como de complejos habitacionales en Santa Cruz. 

Es el único caso en el que la vicepresidenta está imputada junto a sus dos hijos, aunque ella no solo está en etapa de definición en este caso, sino también en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso AMIA y donde también la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si ratifica su sobreseimiento o bien ordena que se haga el juicio y se determine si es o no condenada. 

En la causa, el Tribunal Oral sobreseyó a la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia y empresarios que contrataban alquileres en propiedades o plazas hoteleras de “Los Sauces” y “Hotesur”, pertenecientes a la familia Kirchner.

Entre los sobreseídos están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa y también Romina de los Ángeles Mercado, y Osvaldo Sanfelice,

El fiscal Villar sostuvo que hubo “arbitrariedad” en la decisión de dos votos del TOF5, los de Daniel Obligado y Adrián Grunberg, contra uno en minoría -el de la jueza Adriana Palliotti- que tomó el tribunal para dictar los sobreseimientos de todos los imputados.

Con información de NA y Télam

Condenada o absuelta, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marcará a fondo la agenda judicial de diciembre y de los meses subsiguientes, mientras se abre el camino hacia las próximas elecciones presidenciales. El Tribunal Oral Federal número 2 comunicará el veredicto del caso Vialidad los primeros días de diciembre, de acuerdo con estimaciones de las partes que intervienen en el juicio oral y público por presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública consultadas por elDiarioAR.

Antes y después del veredicto en el único juicio en su contra, otras causas centrales para Fernández de Kirchner tendrán movimientos y definiciones: Comodoro Py debe decidir si se realizarán o no los juicios por dos casos en los que la vicepresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de forma anticipada y los debates oral y públicos se anularon. Se trata de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán.

Un cuarto caso que va camino al juicio oral y público, la causa de los cuadernos de la presunta corrupción en la obra pública, avanza pero lentamente, y la posibilidad del inicio de las audiencias parece lejano. Aún así, cuadernos se reinstalará en la agenda judicial cuando los ecos de una pericia oficial rebote en el futuro del debate.

Ya no como imputada o sobreseída, sino como querellante, Fernández de Kirchner espera decisiones clave en el expediente en el que se investiga el homicidio agravado en tentativa por el atentado contra la vida. 

Por lo pronto, sus abogados tendrán audiencias este martes, miércoles, jueves y viernes por los cuatro casos mencionados. Este es un resumen de los acontecimientos judiciales que tendrán a la vicepresidenta como protagonista en las próximas semanas, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes judiciales, de los abogados intervinientes, el Ministerio Público y documentos de los expedientes.

Querellante

En la previa al veredicto de Vialidad, la expresidenta espera un fallo de la Cámara Federal porteña en la causa por el intento de matarla, ocurrido el 1° de septiembre último. El camarista Leopoldo Bruglia se encuentra analizando la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, presentada por los abogados de Fernández de Kirchner en el expediente del atentado fallido, y deberá también definir sobre medidas de prueba solicitadas por la querella. Ambas decisiones marcarán el pulso de la investigación.

Bruglia, integrante de la Sala I de la Cámara de apelaciones, tiene como una de sus prioridades de agenda definir si la jueza Capuchetti seguirá o no a cargo de la causa del atentado. La jueza ya presentó un informe de 43 páginas rechazando su apartamiento del expediente y a partir de este miércoles, cuando se realice una audiencia con la querella, Bruglia estará en condiciones de definir el incidente (al ser una recusación, interviene sólo un juez del tribunal de apelaciones), explicaron dos fuentes con acceso directo al caso.

La querella pidió que la magistrada sea apartada por presunta negligencia y temor de parcialidad, en el primer punto por el reseteo del teléfono del principal acusado, Fernando Sabag Montiel; y en segundo, por considerar que la jueza no profundizó algunas pistas importantes para que la querella, que podrían profundizar sobre más responsables en la planificación del atentado. 

Una de esas pistas en conflicto es la que apunta a Milman y por negarse a secuestrar los teléfonos celulares de las dos asesoras que acompañaba al diputado el 30 de agosto en la confitería Casablanca cuando, de acuerdo con un reciente testigo, Milman habría dicho: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”. El diputado negó haber pronunciado la frase en un escrito que presentó ante el juzgado.

La Sala I de la Cámara Federal también deberá definir sobre el secuestro de los teléfonos de ambas mujeres, ya que la querella apeló la negativa de la magistrada, aunque con conocimiento de que tiene pocas chances de ganar (las cuestiones relacionadas a medidas de prueba no son apelables por reglamento).

La jueza afirmó en el informe ante la Cámara revisora que investigó todas las hipótesis, “incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración”, de acuerdo con el escrito. También sostuvo que los planteos de la querella sobre supuestas irregularidades al inicio de la investigación se plantearon recién dos meses después, lo que ni siquiera es admisible en el Código Procesal Penal.

Bruglia no tiene plazo para tomar una decisión: si confirmar o apartar a la jueza de la causa, pero en la Cámara estima que será pronto. 

Audiencias en Casación

Esta semana, además, se celebrarán las últimas audiencias de dos casos centrales para la vicepresidenta en otra instancia: la Cámara Federal de Casación -máximo tribunal penal del país-, que tiene pendiente resolver si Fernández de Kirchner debe o no afrontar los juicios oral y públicos por Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán. 

En ambos expedientes, la expresidenta y el resto de los imputados fueron sobreseídos de manera anticipada por “inexistencia de delito” y ambos expedientes están siendo revisados por los mismos jueces de Casación, integrantes de la Sala I: Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El expediente en el que se acusa a la expresidenta y otros exfuncionarios y aliados del kirchnerismo por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de un pacto con el gobierno iraní tendrá su segunda audiencia este jueves 24 para terminar de escuchar a las partes a favor y en contra del cierre de la causa previo al juicio oral y público que debía desarrollarse este año en el Tribunal Oral Federal número 8. Tras la audiencia, los jueces estarán en condiciones de decidir el futuro de la causa, que ha despertado críticas incluso de juristas ajenos al kirchnerismo.

Este caso se sostiene por el impulso de la querella, integrada por los padres de dos víctimas del atentado de la mutual judía, ya que el fiscal Javier De Luca entendió, al igual que los jueces del tribunal oral, que la firma del memorándum no implicó un delito.

En el caso Hotesur-Los Sauces, el Tribunal Oral Federal número 5 debía juzgar a Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia y otros acusados, pero dictó los sobreseimientos anticipados de todos en noviembre de 2021. 

Tras el planteo del fiscal Diego Velazco, el caso llegó a Casación. La segunda audiencia para revisar si el juicio debe realizarse será el martes. El fiscal Mario Villar ya expuso a principios de noviembre y se opuso al cierre de la causa: solicitó a los jueces que ordenen realizar el juicio oral y público por el caso de presunto lavado de dinero a través de los hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner.

Los jueces Barroetaveña, Petrone y Figueroa ya intervinieron en un caso de este tipo: en abril de 2021, sobreseyeron a la vicepresidenta y al resto de los imputados del caso Dólar Futuro, antes del inicio del juicio, por inexistencia de delito. 

Este caso -también criticado por juristas no alineados al kirchnerismo y aún pendiente de revisión en la Corte Suprema- es un precedente clave para las causas Memorándum y Hotesur-Los Sauces, pero tanto en Comodoro Py como entre las defensas, saben que el talón de Aquiles de Fernández de Kirchner es su relación comercial con Lázaro Báez, el empresario proveedor de obra pública que comparte banquillo de acusados en el juicio por Vialidad y ya fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos agravado provenientes de la corrupción.

Vialidad

El juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal número 2 por la supuesta adjudicación irregular de 51 obras viales al empresario Báez, y en el que la vicepresidente enfrenta un pedido de pena de 12 años por parte de la fiscalía, ingresó en su etapa final, previa al veredicto: las palabras finales de los imputados. Los jueces fijaron audiencias para escuchar a los acusados que quieran dirigirse por última vez a los magistrados antes de escuchar el fallo final.

Las primeras dos audiencias de esta etapa serán el próximo viernes 25 para escuchar a Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Julio De Vido y Abel Fatala; y el martes 29, para Fernández de Kirchner, Héctor Garro, Carlos Santiago Kirchner y José López. 

Ese día, el tribunal debería fijar fecha para una tercera audiencia, con el objetivo de escuchar a los últimos cuatro acusados y comunicar el veredicto, que se espera para los primeros días o primera quincena de diciembre. Todos los imputados se han declarado inocentes.

Ya sea absuelta o condenada por ambos delitos o sólo por uno de ellos -asociación ilícita y defraudación a la Administración pública-, Fernández de Kirchner podrá recurrir el fallo a la Casación. También podrán hacerlo los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en caso de una absolución total o parcial. Esto significa que Vialidad no terminará en diciembre, aunque el veredicto será la principal noticia que logre opacar el Mundial de Fútbol.

Cuadernos

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública también ingresó en una etapa clave para el futuro del caso pero muy lejos del juicio de Vialidad. 

En la causa, serán juzgados decenas de los empresarios otrora más poderosos del país, exfuncionarios y la vicepresidenta por presunto cohecho o pago de sobornos registrados en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien trabajaba para el funcionarios Roberto Baratta, del ministerio de Planificación. 

Fernández de Kirchner está acusada de haber liderado una asociación ilícita que recaudaba dinero de empresarios contratistas del Estado (obra pública, transporte, energía).

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes satélites que vienen más atrasados-. 

Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se suspenda la vista hasta que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. Como consecuencia, todo podría demorarse más, pero dependerá de los jueces del tribunal.

El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos de Centeno, y varias defensas han vuelto a solicitar que se realicen pericias caligráficas de los escritos para determinar cuándo se escribieron, ya que algunos abogados sostienen que no habrían sido escritos como un diario, a lo largo de los años, sino que formarían parte de una operación contra el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los nunca fueron peritados en la causa. Los jueces deberán decidir si ordenan la pericia caligráfica. Ahora tienen un antecedente que algunas de las defensas no dejarían pasar: en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

ED

El abogado José Manuel Ubeira, que patrocina a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, aseguró que la titular del Senado tiene “enorme preocupación” por la seguridad de sus hijos, sobre todo por la del diputado nacional Máximo Kirchner.

“Ella está absolutamente tranquila, sigue con su vida normal, cotidiana, pero con enorme preocupación por sus hijos, sobre todo por Máximo, que es el que anda todo el día por la calle y va al Conurbano”, sostuvo el letrado.

En declaraciones radiales, el representante legal de la titular del Senado se refirió al avance de la causa que investiga el atentado que sufrió Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio y destacó la tarea de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

“La intención es seguir el ritmo de los acontecimientos. La jueza me dijo que lo que tiene que hacer ahora es ordenar la cantidad de información que tiene, darle absoluta garantía a todo el mundo y que el expediente se lleve conforme al libro”, remarcó.

En ese sentido, Ubeira afirmó que “el interés de Cristina es que no haya ningún tipo de interferencia ni de la política ni de ningún juez del edificio” de los Tribunales de Comodoro Py.

Al ser consultado sobre la posibilidad de impulsar un pedido de recompensa para aquellos que brinden información sobre la denominada “banda de los copitos”, el abogado descartó esa chance por considerar que así “se habilitaría la cacería de brujas más grande de la historia argentina”.

Al analizar la cantidad de detenciones y pruebas que hay en el expediente del atentado contra la vicepresidenta, el letrado señaló que “lejos del loquito suelto, el lobo solitario, ahora se ve una organización primaria y a esta altura del partido no se sabe cuáles van a ser las terminales, que tienen más trascendencia de la que se piensan y ramificaciones en todo el país”.

“Es el resultado de años de prédica deshumanizando a la vicepresidenta, tratándola de chorra, puta, loca, yegua. Lo que más pena le da a Cristina es que son pibes de 20 años y eso hace pensar en cuál es el país que hemos gestado en estos últimos tiempos”, concluyó Ubeira.

Con información de NA.

IG

La Cámara Federal de Casación comenzará a revisar a partir del 10 de noviembre próximo el sobreseimiento de todos los imputados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, en las causas conocidas como Los Sauces y Hotesur, las firmas que administraban los hoteles y otras propiedades de la ex familia presidencial.

El máximo tribunal penal convocó a una audiencia para analizar las apelaciones contra el fallo que declaró el sobreseimiento de todos los imputados, acusados por el delito de lavado de activos.

La fecha de la audiencia es coincidente con el tramo final de la Causa Obra Pública, en la que los fiscales Diego Luciani y Jorge Mola están terminando con sus alegatos.

La audiencia estará a cargo de la Sala I de la Casación, presidida por el juez Diego Barroetaveña, e integrada también por los vocales Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

Las partes pueden optar por una audiencia presencial con exposiciones orales (como ocurrió, por ejemplo, en las causas Dólar Futuro y Memorando de Entendimiento con Irán) o presentar sus argumentos por escrito para la evaluación de los jueces.

Para el caso de que la audiencia fuera oral, el tribunal previó una segunda jornada que eventualmente se celebrará el 22 de noviembre.

Cristina Kirchner y el resto de los imputados, entre ellos sus hijos Máximo y Florencia, llegarán a esta instancia sobreseídos por una decisión adoptada por el Tribunal Oral Federal número cinco, que a fines del año pasado adoptó tal decisión por mayoría.

Del resultado de esa audiencia dependerá que los sobreseimientos sean confirmados o que, en su defecto, la Casación los revoque y ordene que se sustancie el debate oral y público.

En ese caso, lo más probable es que el máximo tribunal penal ordene que se sortee un nuevo tribunal para realizar el juicio, para preservar la garantía de imparcialidad.

Con información de agencias.

IG

El sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces antes del inicio del juicio oral y público podría resumirse en dos factores recurrentes en los tribunales de Comodoro Py 2002: sintonía y sincronización, según surge de la lectura de los últimos fallos, escritos y dictámenes del expediente que analizó elDiarioAR. Esas dos variables son, paradójicamente, las que también le valieron algunos de sus procesamientos más cuestionados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era la principal figura opositora, pero también el avance de algunos de los expedientes en los que la prueba advertía una complicación más judicial que política.

Un fallo de abril de 2019 del Tribunal Oral Federal número 5, que sobreseyó este viernes a la expresidenta, muestra una interpretación muy diferente de uno de los argumentos que tomaron dos de los jueces para fallar a favor de la funcionaria, según los escritos analizados y las consultas a fuentes directas de la causa. Entonces, cuando aquel fallo de hace más de dos años y medio contradijo a los abogados de Fernández de Kirchner, gobernaba Mauricio Macri y el nuevo escenario político que marcarían las elecciones presidenciales aún no podía vislumbrarse. 

¿Qué cambió en el caso Hotesur-Los Sauces entre 2019 y 2021?

La incorporación al tribunal del juez Adrián Grünberg y el cambio de interpretación del juez Daniel Obligado sobre dos puntos clave del fallo: por un lado, su determinación de que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y en segundo lugar, el planteo, después de siete años, de que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011.

El tribunal 5 decidió sobreseer a Fernández de Kirchner de manera anticipada tras un nuevo planteo de sus abogados, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy. La decisión fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg fallaron a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

La defensa viene presentando sus argumentos desde hace siete años en distintas instancias, desde planteos de nulidades de la causa hasta pedidos de nuevas pericias contables y recusaciones de jueces. Los Kirchner reconocen el pago de los alquileres de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López pero sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En el tribunal 5 ya habían demostrado flexibilidad con la familia de la vicepresidenta: atendieron las solicitudes en torno a Florencia Kirchner, su estadía en Cuba y su salud; pero también rechazaron en 2019 y 2020 planteos de nulidades que buscaban evitar o dilatar el juicio oral y público. 

Esta vez, el planteo de la defensa de la vicepresidenta y sus hijos se basó en un recurso que habilita el Código Procesal Penal de la Nación para solicitar el sobreseimiento antes del inicio de juicio. Para que la Justicia haga lugar a dicho planteo, deben cumplirse ciertas condiciones. Dos de ellas son que aparezca nueva prueba que demuestre “que el imputado obró en estado de inimputabilidad”, se extinga la acción penal -por el paso de los años- “y para comprobarla no sea necesario el debate”, o “el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna”. 

Según el último dictamen del fiscal de juicio, Diego Velazco, ninguna de esas condiciones estaba dada en el expediente. De hecho, resta incorporar los resultados finales de dos pericias contables solicitadas por las defensas y suspendidas por los jueces Obliga y Grünberg este viernes tras el fallo.

Una composición a tiempo

Para conseguir los sobreseimientos anticipados en Hotesur-Los Sauces, los abogados de Fernández de Kirchner tenían dos cartas clave, la temporalidad y la escasez, y dos votos sincronizados y en sintonía. 

Cada tribunal oral federal debe estar compuesto por tres jueces titulares pero la cantidad de magistrados no alcanza para ocupar todas las vacantes y los magistrados van rotando entre tribunales, cubriendo los baches, ya que el poder político no avanza con los concursos de nombramiento desde hace años.

Actualmente, el tribunal oral federal número 5 está integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, quien dejará ese cargo suplente el 30 de noviembre, es decir, este martes, y será sustituido por otro juez. 

Grünberg ya había coincidido con otros planteos de la defensa de Fernández de Kirchner. En otro tribunal, el magistrado entendió que la vicepresidenta y el resto de los imputados debían ser sobreseídos de manera anticipada en la causa Dólar Futuro, tras analizar los resultados de una pericia. Sus colegas en el Tribunal Oral Federal número 1 rechazaron ese planteo de los abogados defensores. La cuestión terminó en la Cámara Federal de Casación con un fallo a favor de los acusados a principios de año.

El martes último, el presidente del tribunal, Obligado, notificó a sus colegas que debían presentar sus votos sobre el planteo de Fernández de Kirchner antes de la mañana del lunes 29.

La jueza Palliotti votó en contra de los sobreseimientos, dijo que no estaban dadas las condiciones que exige el Código Procesal Penal de la Nación para hacerlo y planteó que los argumentos de la defensa debían tratarse en el juicio oral y público. Los jueces Grünberg y Obligado apoyaron la postura de la defensa de la familia Kirchner. 

Interpretación

Uno de los antecedentes centrales en la causa es un fallo del tribunal 5 de abril de 2019. En aquella fecha, los tres jueces que intervenían entonces en el caso Hotesur rechazaron varios planteos de la defensa de Fernández de Kirchner, entre ellos un pedido de nulidad de la causa y los consecuentes sobreseimientos anticipados de los acusados. Entonces, Obligado criticó a las defensas por supuestamente entorpecer el avance del juicio oral y público y rechazó un argumento que ahora le valió a Fernández de Kirchner un fallo favorable: la conexidad con el caso Vialidad. 

En 2019, el tribunal que debía llevar adelante el juicio estaba compuesto por los jueces Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino. 

El planteo de la defensa ante el tribunal 5 fue sólo por la causa Hotesur, ya que recién en mayo de ese año, los expedientes de Hotesur y Los Sauces serían unificados en un único juicio. 

Los abogados solicitaron a los jueces del tribunal que declaren la nulidad de la elevación a juicio de Hotesur y que se archiven las acusaciones por presunta asociación ilícita, debido a que la expresidenta estaba ya siendo juzgada por ese supuesto delito en el caso Vialidad por el Tribunal Oral Federal número 2 e implicaba una “doble persecución penal”.  

“Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso”, dijeron entonces los tres miembros del tribunal 5, incluidos Palliotti y Obligado, quien también sostuvo, junto con sus colegas, que las resoluciones de la causa Hotesur criticadas por la defensa “lejos están también de carecer de motivación suficiente o de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”.

La conexión con la causa Vialidad es una de las claves del fallo de este viernes a favor de la vicepresidenta: es uno de los puntos que los jueces Grünberg y Obligado tomaron como válido para habilitar el pedido de sobreseimientos por el supuesto delito de asociación ilícita en Hotesur, según explicaron en el fallo del viernes. 

Prueba nueva

¿Qué tomaron este viernes los magistrados como “nueva prueba no valorada durante la instrucción” del caso? Las elevaciones a juicio oral y público de los casos Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz) y Oil Combustible (el juicio en trámite contra Cristóbal López), aunque los jueces Grünberg y Obligado aclararon que no podían interpretarse como tal de manera estricta. Ambos fallos son de 2018, según consta en los archivos del Centro de Información Judicial (CIJ).

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita en Hotesur-Los Sauces contra Fernández de Kirchner y Báez “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en el juicio de Vialidad contra ambos acusados. 

Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Entre 2008 y 2013, la empresa Hotesur -propiedad de la familia Kirchner- recibió alrededor de $33,4 millones de Báez por “cánones locativos” de dos hoteles mientras las constructoras del empresario patagónico ganaban licitaciones y contrataciones de obras públicas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini en base a una pericia contable. Entre 2009 y 2016, Los Sauces SA -otra compañía de los Kirchner- facturó otros $25 millones de empresas de Báez y Cristóbal López, otro beneficiario de la obra pública y negocios con el Estado, de acuerdo con el fallo de la Cámara Federal porteña que confirmó los procesamiento. 

Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso.

Fallo del Tribunal Oral Federal 5, 2019.

A diferencia del fallo de este viernes, en abril de 2019, Obligado había votado junto con el resto de los jueces del tribunal (Palliotti y Martínez Sobrido), en contra de los argumentos de la defensa de que avanzar con Hotesur-Los Sauces implicaría una doble persecución penal a Fernández de Kirchner y Báez. elDiarioAR intentó consultar este viernes y sábado al juez Obligado para ampliar su explicación sobre la diferencia entre los fallos de 2019 y 2021, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

Entonces, Obligado y sus colegas citaron el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado los procesamientos del caso Hotesur y para rebatir los planteos de los abogados de Fernández de Kirchner y sus hijos y reprodujeron los argumentos del camarista Leopoldo Bruglia, cuyas palabras definieron como “de una justeza y claridad tal, que torna innecesario agregar otros argumentos”.

Esas palabras de “justeza y claridad” sostenían que si bien existe una conexidad entre los casos Vialidad y Hotesur, “se observa que el temperamento adoptado en esas actuaciones -Vialidad- abarca otros extremos fácticos distintos de los que aquí se investigan. Los cuales, si bien podrían estar relacionados, resultan claramente diferenciables”. 

“En la causa citada -Vialidad- se investigan las maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, mediante el otorgamiento ilegal de contrataciones a las empresas vinculadas a Lázaro Báez; así como la conformación de una organización criminal con el fin de cometer esa clase de actos delictivos”, citaron en 2019 Obligado y sus colegas del tribunal. 

“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, continúa el fallo de 2019. 

Luego, el Tribunal Oral Federal número 5 agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”, citando al juez Bruglia.

La ley más benigna

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon esta vez que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011. 

El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción. 

La nueva ley permite juzgar el lavado como delito autónomo, explicó uno de los magistrados especializados en este tipo de delitos ante la consulta de elDiarioAR. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, agregaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

ED

El Tribunal Oral Federal número 5 sobreseyó de manera anticipada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en el caso Hotesur-Los Sauces. En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles. 

El caso gira en torno a los alquileres pagados por Báez y Cristóbal López a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, mientras las constructoras de los empresarios obtenían licitaciones y contratos de obra pública. Este es el tercer expediente en el que la expresidenta es sobreseída este año antes del inicio del juicio oral y público. Ya lo había conseguido en el caso Memorándum con Irán, por presunto encubrimiento del atentado a la mutual judía AMIA, y en la causa Dólar Futuro, por presunta administración fraudulenta. 

La decisión del tribunal 5, que respondió a un pedido de los abogados de la vicepresidenta, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg inclinaron el fallo a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia (pareja de la fiscal Natalia Mercado, otra de las sobrinas de la vice), entre otros.

El Código Procesal Penal admite el sobreseimiento anticipado en casos en los que surja nueva prueba que demuestre la inexistencia de delito, entre otros argumentos, pero este juicio aún tiene dos peritajes contables pendientes, solicitados por la defensa de Fernández de Kirchner, cuyos resultados aún no han sido entregados. 

La defensa de CFK argumentó que la entrega de resultados parciales de una de las pericias es argumento suficiente para plantear nueva prueba a su favor pero la jueza Palliotti resaltó en su voto de este viernes que esos resultados parciales no podían considerarse “prueba nueva” y que aún restaba la conclusión final de ambos informes contables y las declaraciones testimoniales de los peritos para explicar en el juicio el por qué de sus argumentos. Fue uno de los argumentos de la magistrada para oponerse a los sobreseimientos anticipados.   

Los Kirchner no niegan haber recibido dinero de Báez y López por el pago de alquileres Los abogados de la vicepresidenta sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según el escrito presentado por la defensa ante el planteo.

El fiscal del juicio, Diego Velazco, se había opuesto a los sobreseimientos anticipados y había solicitado que se permitiera el desarrollo del juicio para determinar luego si los imputados debían ser condenados o absueltos. Además, cuestionó duramente los resultados parciales de una de las pericias contables. En su último escrito, Velazco afirmó que el planteo de la defensa implicaba “una flagrante afectación de principios y garantías constitucionales como ser el debido proceso legal” y sostuvo que pretendía una “ficción de juicio”.

Valle Mitre, la sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013 le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de “cánones locativos” y otros $6.909.708 por la gerencia del hotel Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido. Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL.

Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña. Entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.

Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresa del Grupo Báez por 2alquileres para viviendas u oficinas“. Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa. La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.

Los argumentos para sobreseer

Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que los fondos utilizados para pagar los alquileres eran de “origen lícito” porque estaban bancarizados y porque “estuvieron respaldados por normas y decisiones emanadas de organismos oficiales y/o autoridades públicas” que autorizaron las contrataciones a las constructoras de Báez y López. 

“La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor”, afirmaron los jueces Obligado y Grünberg.

Los magistrados también sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en otro juicio contra Fernández de Kirchner y Báez, entre otros argumentos. Se refirieron al caso Vialidad, el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.

Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina. 

La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011.

La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento.

Jueces Obligado y Grünberg.

Antecedentes

El fiscal Velazco podrá apelar la decisión del tribunal ante la Cámara Federal de Casación. Esta semana, los jueces que eventualmente revisarán el fallo de sobreseimiento anticipado también fallaron ante un planteo de la defensa en Hotesur-Los Sauces. La Sala I, compuesta por Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, rechazó por dos votos contra uno un pedido de nulidad de la elevación del expediente a juicio, según publicó La Nación. 

En el caso Hotesur-Los Sauces, la defensa de Fernández de Kirchner ya había solicitado los sobreseimientos con anterioridad y los jueces Obligado y Palliotti habían rechazado el planteo en abril de 2019, de acuerdo con el fallo al que accedió elDiarioAR.

Las pruebas de Hotesur-Los Sauces están relacionadas con el juicio por el caso Vialidad (que está en pleno desarrollo y debe determinar si existió corrupción en la adjudicación de obras a Báez) y a la sentencia del juicio contra Báez por lavado de dinero de la obra pública (bautizado como “la ruta del dinero K”). En el veredicto anunciado en febrero último, Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado agravado de activos y los jueces de Tribunal Oral Federal número 2 establecieron en sus argumentos que los US$55 millones fugados y blanqueados por el exsocio de la familia Kirchner fue dinero proveniente de la corrupción. 

La particularidad de Hotesur-Los Sauces es que el caso arrastra el mayor peso personal para Fernández de Kirchner: sus hijos Máximo y Florencia integran la lista de acusados por integrar las sociedades comerciales investigadas. A diferencia de Máximo, la menor no tiene fueros, pero el caso en su contra es el más débil, según confió una fuente judicial que se encuentra trabajando en el caso. 

Según la acusación, el actual diputado y jefe de bancada oficialista en la cámara baja, Máximo Kirchner, sí tuvo un rol activo en los negocios familiares, en especial tras la muerte de Néstor Kirchner a finales de 2010. Por ejemplo, era apoderado de una cuenta bancaria de Hotesur y según actas de la compañía, que constan en el expediente, tomaba decisiones con respecto al rumbo de la empresa.

La instrucción complementaria del caso también se centraba en demostrar irregularidades en la forma en la que los Kirchner se capitalizaron para adquirir los hoteles. La fiscalía de juicio tiene en la mira un mutuo hipotecario con Báez; un préstamo del Banco de Santa Cruz (manejado por la familia Eskenazi, que ingresó a YPF justamente en 2008 gracias a la bendición oficialista); y la compra-venta de un terreno de dos hectáreas adquirido por Kirchner a la Municipalidad de El Calafate en unos $150.000 y luego revendido en alrededor de US$2,4 millones al grupo Cencosud (beneficiado más tarde con la demorada aprobación de la fusión de Disco y Jumbo). 

ED

A fines de octubre la defensa de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, había pedido la desvinculación de las causas Los Sauces y Hotesur. Finalmente este miércoles el fiscal federal Diego Velasco solicitó que se rechace el planteo de los Kirchner y de otros acusados y que se fije una fecha para el juicio oral.

En una nota del periodista Martín Angulo para Infobae, fuentes judiciales informaron que “Velasco presentó esta mañana su dictamen ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de Comodoro Py que ahora debe resolver si sobresee a Cristina Kirchner y al resto de los acusados o si rechaza los planteos y confirma la realización del juicio oral”.

El fiscal indicó que las prueba se tienen que analizar en el proceso oral para el que solicitó que se pacte su fecha de inicio para juzgar una presunta asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de hoteles y propiedades.

“Previo trámite de ley, se dicte el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en orden a los delitos por los cuales fuera acusados, con expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta su buen nombre y honor”, decía la presentación de 65 páginas que hizo la defensa en octubre.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario Lázaro Báez.

Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.

Con información de Infobae.

AB

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y sus hijos, el diputado de la nación Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner pidieron su sobreseimiento en “Los Sauces” y “Hotesur”.

En una nota del periodista Martín Angulo para Infobae, fuentes judiciales informaron que la solicitud fue llevada a cabo la semana pasada por el abogado de los Kirchner, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 que tiene a su cargo el expediente. El abogado además pidió el sobresiemiento de Romina de los Ángeles Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner, y de Patricio Pereyra Arandia, otros dos acusados del caso.

“Previo trámite de ley, se dicte el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Romina de los Ángeles Mercado y Patricio Pereyra Arandia en orden a los delitos por los cuales fuera acusados, con expresa mención de que la formación de este proceso en nada afecta su buen nombre y honor”, dice la presentación de 65 páginas que hizo la defensa.

En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública, como del empresario Lázaro Báez.

Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.

La causa se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer, mientras que la ex presidenta había sido indagada por estos hechos en noviembre del año pasado.

Con información de Infobae.

AB

La hija de la vicepresidenta Cristina Fernández, Florencia Kirchner, evoluciona favorablemente de un proceso infeccioso que motivó su internación en las últimas horas en el Sanatorio Otamendi.

 “Florencia Kirchner se encuentra cursando su segundo día de internación general por proceso infeccioso. Su estado de salud es bueno y evoluciona favorablemente del cuadro que generó su internación. Asimismo, la paciente no presenta ningún síntoma compatible con el Covid-19”, expresó el Sanatorio Otamendi a través de un escueto comunicado.

Durante la jornada, circularon por redes sociales informaciones falsas que daban cuenta que la hija de la expresidenta había sido ingresada en el sanatorio del barrio porteño de recoleta por tener síntomas compatibles con el Covid-19. Esta versión fue desmentida por las autoridades del Otamendi.