Raúl Dobarro, que manejaba hasta marzo los colectivos de Flybondi en el aeropuerto de Buenos Aires, se operó de dos nódulos en el pulmón pero en el medio la empresa de Leonardo Scatturice dejó de pagar la obra social y nunca pudo recibir la biopsia y no sabe cómo continuar el tratamiento. Matías Altamiranda, que hasta julio atendía en los mostradores de la low cost en Bariloche, se enteró de que le habían cortado la cobertura médica cuando un día fue a la farmacia para adquirir los medicamentos psiquiátricos y cardiológicos. Los toma desde hace tiempo, tras años de trabajar bajo el estrés de una empresa que acumula quejas de pasajeros. Johanna Belén Abba es de los 500 empleados que aún permanecen en la compañía pero también se quedaron sin obra social. Pide ayuda en Instagram para continuar con su tratamiento de un accidente laboral. Otras compañeras que esperan bebés afrontan sus embarazos sin los derechos que establece la ley para mujeres embarazadas.

Flybondi dejó de pagar los sueldos a partir del junio y también abandonó las contribuciones patronales a la seguridad social, con lo cual desde julio se quedaron sin protección médica tanto sus empleados como los que se habían acogido al retiro voluntario y que en teoría iban a seguir recibiendo esa cobertura hasta tres meses después. Flybondi empleaba hasta marzo pasado a 1.500 personas y entonces les ofreció el retiro a todos: unos 400 aceptaron, pese a la magra oferta, y otros 600 fueron despedidos después, según estiman estos extrabajadores que protestaron a mediados de agosto en Aeroparque Jorge Newbery y que siguen en la lucha en una cuenta de Instagram, Exempleados Flybondi.

“Me detectaron dos nódulos en el pulmón en marzo y yo pedí en abril el retiro voluntario porque no tenía el horario para hacerme el tratamiento”, recuerda Dobarro, de 44 años. No le daban tiempo para tratarse, debía trabajar tres días seguidos de 9 a 21, después descansaba tres y volvía a la rueda. “No me dieron licencia porque ya empezaron con los problemas dentro de la empresa”, explica el chofer. La low cost que comenzó a volar en 2018 empezó con cancelaciones y demoras a rolete después de la pandemia y fueron agravándose más y más hasta que en 2025 el fondo norteamericano Cartesian se la vendió a Scatturice, amigo y consejero del asesor presidencial Santiago Caputo.

Con el retiro, a Dobarro le aseguraba tener Swiss Medical hasta fines de julio. Así que se operó el 17 de ese mes. Tras la operación, el médico le contó que había podido ver que los dos nódulos eran benignos, pero quedaba pendiente que le dieran el resultado de la biopsia. Pero pocos días después se enteró que ya no tenía más prepaga. “La biopsia no me llegó. El médico me había dado ahí un resumen, pero me tenían que mandar la biopsia. Aparte me tenían que hacer una una revisión de los pulmones, me tenían que sacar una radiografía para ver cómo estaba, para ver cómo seguía el tratamiento”, explica el chofer.

“Recibí un mail de una chica del lugar donde ellos hacen la biopsia diciendo que, debido a que yo ya no estaba en el sistema de salud médica, no podía recibir lo el resultado de los nódulos”, lamenta. “No me dan los resultados para saber qué puedo llegar a tener en el pulmón, si seguía con otra enfermedad o si fue debido a algo.”

Dobarro no ha encontrado todavía trabajo, pero debe continuar con su tratamiento como puede. “Al no tener plata, no pude comprar ningún medicamento de mi bolsillo. Compré sólo los analgésicos para los dolores de la operación, pero no los que te manda el médico, y para eso me fueron ayudando mis hermanas, mi cuñada... Después fui vendiendo cosas de la casa también. Lo que estoy haciendo es ir a un médico particular cuando puedo conseguir plata. Gracias a Dios ya me sacaron los puntos porque tengo mi señora que es enfermera y me estuvo ayudando.”

Altamiranda tampoco está mucho mejor a sus 36 años. Sus padecimientos comenzaron en sus ocho años de empleado en el aeropuerto de Bariloche, antes de que en agosto lo despidieran. “Pasamos situaciones horribles de violencia, como maltratos verbal, psicológico, y no había respaldo de las autoridades”, despotrica a los anteriores y los actuales dueños. “Todos los días era lidiar con gente enojada y con razón, porque la empresa se venía manejando muy mal.”

“Tengo un tema médico propio ya nacido trabajando, que ya está en vías legales”, advierte. “Cursaba una licencia psiquiátrica porque todo lo acontecido me llevó a varias crisis, que también derivaron en mi otra enfermedad: tengo una deficiencia cardíaca severa. Tuve que operarme en base a eso en Buenos Aires y estuve cursando una licencia también. Y también estaba en tratamiento médico, tengo que tomar medicamentos diariamente para seguir el tratamiento.”

Este empleado de atención en mostradores llevaba sin cobrar tres meses cuando lo echaron. Pero antes del despido, en pleno junio, dejó de ser atendido por la obra social. “Un día que tenía que ir a retirar mis medicamentos me encontré con que la aplicación (de la cobertura médica) ya no me funcionaba”, recuerda. “Y no tuve manera de comunicarme con recursos humanos porque se borraron todos.”

“Yo sigo viendo a mi psiquiatra, a mi psicólogo, sigo tratando de ir, aunque conlleva un gasto y no estoy teniendo ingresos, pero trato de donde sea rasguñar y no faltar”, sostiene. “Los medicamentos desde agosto ya no los tengo. Tengo medicamentos que me quedaron porque armé un stock propio. Mi doctora, que me acompaña desde el día uno en esto, me dio un montón de muestras. Me ayudan chicos de Buenos Aires, que me están consiguiendo medicamentos. Nunca recibí ese trato de recursos humanos de la empresa. Ni siquiera sé si cubro la semana que viene, así que estoy viendo cómo hago. Los medicamentos son muy caros. Sin cobertura, prácticamente imposibles de conseguir para mí.”

Pero Altamiranda no baja los brazos: “Tengo a mi hija cargo. Así que tengo que mantenerme optimista. Anímicamente, es todo malo, pero yo tengo que pensar en la personita que viene atrás mío”, se compromete. “Esto se va a a resolver por temas legales porque los entes reguladores, el Gobierno o quien tenga que interceder ya dejaron mucho tiempo pasar. Miran para otro lado. Se habla mucho de favores políticos.”

Este cronista le escribió al WhatsApp a Scatturice para conocer su versión de los hechos, pero no respondió el empresariado con negocios en inteligencia e informática que el año pasado dio un salto en sus negocios criollos al comprar Flybondi, el correo Oca y el grupo logístico Flecha. Además, su firma OCP Tech consiguió unos 14 contratos con el gobierno de Javier Milei. En diciembre pasado había prometido inversiones por US$1.700 millones para comprar 35 aviones, pero en marzo, un mes después de la guerra de Irán que encareció el combustible a nivel mundial, anunció los retiros voluntarios, después profundizó las cancelaciones y demoras y desde el 6 de agosto que ya no vuela. Los empleados no cobran sus salarios y los extrabajadores tampoco reciben las cuotas de sus retiros voluntarios o indemnizaciones por despido, según el caso.

No se sabe qué ocurrirá a futuro, si se presentará en concurso preventivo. El Gobierno no la multa, a diferencia de Neuquén, ni le prohíbe volar, como sí hizo Brasil, pero sí le ha trabado embargos por deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Los exempleados de Flybondi especulan con que quizás transfiera las rutas aéreas a Oca y arme Oca Air, pero en el correo de Scatturice niegan que vaya a fundarse tal división.

La revolución de los aviones que prometió Macri

Fernando Dozo, profesor de política aérea de del Instituto de Derecho Aeronáutico y vocal de la Academia Argentina de Turismo, analiza por qué Flybondi, uno de los símbolos de la llamada “revolución de los aviones” de Mauricio Macri, haya terminado hundiéndose en la era de la desregulación y los cielos abiertos de Javier Milei. “La historia de Flybondi es una historia que termina mal, lamentablemente, a pesar de haber empezado muy bien porque fue la primera experiencia de low cost en la Argentina. Gracias a la presencia de low costs, un millón de pasajeros accedieron por primera vez al modo aéreo.”

“Pero presentó problemas desde el inicio porque Cartesian primero había presentado un equipo gerencial extranjero, de muy buen nivel y con antecedentes, pero lo sustituyó al poco tiempo por un equipo ya de no similares características”, relata Dozo, que fue gerente de Aerolíneas Argentina durante su etapa privada, de 1990 a 2009. “Ya se empezaron a notar ciertos incumplimientos en materia de horarios, particularmente por haber presentado una programación lo suficientemente extensa y muy ajustada para la cantidad de aeronaves de las que disponían y particularmente teniendo en cuenta que esas aeronaves eran aeronaves de cierta antigüedad.”

“La diferencia entre una low cost moderna adecuada a los tiempos actuales es que normalmente se opera con equipos de última generación, lo que facilita el cumplimiento de horarios poque no tienen ningún tipo de problema técnico”, explica Dozo. “Cuando los aviones van envejeciendo no es que sean menos seguros, sino que requieren de un mayor mantenimiento y la disponibilidad para la realización de vuelos disminuye en esos casos. Eso fue una una práctica que se fue repitiendo en el tiempo. Se hicieron anuncios de incorporar aeronaves que finalmente no se incorporaron. Se vendieron muchos más asientos de los que estaban en condiciones de transportar, lo que obligó a su vez a cancelaciones, cambios de programación y demás. Y finalmente esto terminó con una serie de problemas económicos financieros que hicieron que la flota disminuya notoriamente. Finalmente terminaron con la cuenta corriente de combustibles cancelada, con deudas con proveedores.”

El arribo de Scatturice

Sin más fondos para poner, Cartesian optó por vender Flybondi y entonces el gobierno de MIlei acercó a mediados de 2025 a Scatturice. El empresario residente en Miami, donde es vecino de su amigo Daniel Hadad, había saltado a la fama en la Argentina en marzo de ese año cuando su colaboradora íntima Laura Belén Arrieta llegó en un avión privado suyo y sus diez valijas no fueron revisadas por la Aduana. El juez Pablo Yadarola, recientemente ascendido a la Cámara Federal porteña por el voto unánime del Senado, se acaba de despedir de su antiguo cargo cerrando la causa de esas maletas.

“Scatturice compró sin saber, dice que puso US$70 millones, pero lo hizo mal y a destiempo”, cuentan fuentes internas de Flybondi. “Primero puso a Arrieta a llevar la gestión de la empresa, que no sabía nada, y luego puso de CEO a su mano derecha legal, pero también lo sacó en junio. Tuvo una enorme impericia, no sabe de grandes empresas, sólo manejaba una pyme (OPC Tech) con 300 tipos que representa el hardware de otro (Cisco). El plan de achique se hizo por decisión de él y otra mano derecha, a la que le dio el sombrero de recursos humanos... lo presentó en la Secretaría de Trabajo, donde le dijeron que podía hacerlo por goteo y que cumpliera con los pagos, no querían quilombo ni que el tema subiera públicamente a la agenda de desempleo. Finalmente hizo todo mal y eso generó mucho malestar en el Gobierno, que quedó expuesto como que no lo pueden tocar.”

“Lo que más llama la atención y preocupa es la total y absoluta inacción de la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Transporte Aéreo, la ANAC, ante el incumplimiento reiterado de los servicios, las demoras, los traslados interrumpido de los pasajeros, la falta de remuneración al personal”, opina Dozo. “Ni siquiera los fiscales han intervenido de oficio ante este cuadro de situación que en definitiva termina poniendo en riesgo la seguridad operacional. Lamentablemente esto termina muy mal. Paralelamente, vemos que esto no es lo que ha sucedido con la otra empresa de low cost que se presentó conjuntamente, JetSmart, y que ha venido desarrollando sus servicios con notoria eficacia y tiene la flota más moderna del país.”

Por ahora quedan solas en el mercado de cabotaje la estatal Aerolíneas Argentinas, que ha dejado de dar pérdidas, y JetSmart, de origen chileno. Hay dos empresas que están haciendo los trámites para comenzar a volar. Una es Joy, de Juan Maggio, exdueño de Southern Winds, que desapareció en 2005 tras la aparición de narcovalijas un año antes. La otra, Domus, de otro empresario argentino radicado en Miami, Damián Toscano, que en el gobierno de Macri había inscripto Alas del Sur pero nunca llegó a levantar vuelo.

Mientras, el drama de los empleados y extrabajadores de Flybondi continúa, incluso peor que el de los pasajeros que compraron vuelos y no pudieron viajar. “Es un abandono de persona, sabiendo que uno tenía una enfermedad, que trabajó cuatro años en la empresa, y nunca faltó”, se desconsuela Dobarro. Ahora busca trabajo y no encuentra. “Estoy con el temor de no poder conseguir, de que si consigo laburo, no me puedan tomar porque me tienen que hacer un preocupacional y no sé cómo va a salir la radiografía porque no seguí el tratamiento para ver si me habían quedado bien los pulmones.”

“Conmigo y con todos los trabajadores del país, el desamparo es total”, lamenta Altamiranda. “Los cabecillas que tenía esta empresa se reparten lo poco que quedó. Las personas que deberían ofrecer una cobertura a sus trabajadores, las del sindicato, todo negativo. Un ex delegado, al que veíamos todo el tiempo, apareció en una grabación en redes nombrando a seis personas que había que dejar en la calle”, se enoja quien cuenta que haber lidiado con la clientela de Flybondi le ayuda en su CV, pero trabajo “se consigue muy de a poquito por acá”. Ha conseguido algunas changas en informática y en un call center, pero nada formal. También ofrece sus conocimientos adicionales en electricidad, cableado, sonido y música.

AR/MG

El collage de la IA resulta, a veces, desconcertante. Microsoft suprime casi 5.000 empleos pocos días después de presentar unos resultados que vuelven a superar cualquier previsión del mercado. Meta se desprende de miles de trabajadores mientras acelera el fichaje de ingenieros especializados en IA con bonus retributivos millonarios. Oracle reconoce haber destruido más de 20.000 puestos de su plantilla, a reglón seguido de anunciar flujos de capital sin precedentes en infraestructuras para IA.

Amazon, Cisco, Salesforce, Microsoft, Coinbase o Cloudflare recorren el mismo camino. Nunca tantas compañías habían despedido trabajadores disfrutando simultáneamente de semejante fortaleza financiera. Microsoft anunció 4.800 despidos, el 2,1% de su plantilla mundial, en julio; Cloudflare, más de 1.100 (el 20% de sus empleados) en mayo, pese a consignar ingresos del 34% superiores a 2025 en el ecuador de este año; y Cisco, más de 1.100, casi el 5% de su censo de trabajadores.

No es como si el trabajo hubiera desaparecido, realmente. Más bien, cambia de dueño, funciones o responsabilidades. Durante décadas, el mercado laboral funcionó como una escalera en la que las empresas, que contrataban a jóvenes para realizar tareas rutinarias, los convertían con el paso del tiempo en empleados con experiencia y, más tarde, los ascendían hasta asumir unas competencias que exigían mayores niveles de responsabilidad y, por tanto, de retribuciones. La IA, sin embargo, amenaza con demoler este castillo de naipes. Desde su base. Y no precisamente porque estén sobradas de talento. Todo lo contrario. La explicación es meramente tecnológica y apunta a la revolución del algoritmo y su facilidad —o programación— para ejecutar actividades repetitivas que tradicionalmente servían como puerta de entrada a las profesiones cualificadas.

Este nuevo cuadro de mando productivo encierra una estrategia surrealista. Las firmas compiten por contratar expertos en IA al tiempo que hacen mermar las ofertas de jóvenes que aspiran a convertirse algún día en ellos.

La magnitud de este reajuste empieza a adquirir dimensiones estructurales. Según la plataforma especializada TrueUp, las tecnológicas estadounidenses eliminaron cerca de 150.000 puestos de trabajo durante el primer semestre de 2026 a través de 364 procesos de despido, una cifra que coincide con el mayor ciclo inversor de la historia de la industria de la IA americana.

Para Joseph Fuller, profesor de la Harvard Business School, no es un episodio coyuntural, sino el pistoletazo de salida de nuevos métodos de gestión del sector privado. Las empresas —dice—, “han entrado en una fase de sintonización continua (continuous tuning) en la que reestructuran sus plantillas sin registrar ciclos recesivos, con regulaciones sine die de expiración y con la única justificación de las latentes y cambiantes prioridades estratégicas que marca la IA.

Esta incertidumbre constante —aventura Fuller— “hará que las empresas se inclinen a acometer excesos de despidos”.

Goldman Sachs admite haber detectado esta transformación en tiempo real. Lo hace en la última edición de su informe AI Adoption Tracker, donde muestra que, aunque el impacto neto de la IA sobre el empleo estadounidense se moderó —de unos 16.000 puestos destruidos al mes a alrededor de 11.000, gracias al auge de la construcción de centros de datos—, el deterioro sigue concentrándose en trabajadores jóvenes y ocupaciones administrativas y técnicas.

El fenómeno no refleja todavía un aumento generalizado del desempleo, sino una creciente polarización del mercado laboral. Mientras electricistas, instaladores, especialistas en climatización o ingenieros civiles encuentran oportunidades ligadas al despliegue de infraestructuras digitales, diseñadores gráficos, analistas juniors, programadores noveles, puestos de atención al cliente o su personal administrativo ven que sus funciones comienzan a ser absorbida por modelos generativos.

La evidencia, además, se instaló también fuera de Wall Street. El AI Index 2026, elaborado por un instituto tecnológico de Stanford, revela que el empleo de desarrolladores de software de entre 22 y 25 años cayó un 20% respecto a 2024, mientras el de sus profesionales sénior progresa. El dato refleja que las empresas contratan ingenieros, pero buscan perfiles capaces de supervisar modelos, integrar sistemas complejos o rediseñar procesos. No solo escribir códigos rutinarios. La IA reduce el valor de las tareas repetitivas y demanda experiencia acumulada.

Abducidos por el tecno-empleo digital

Dario Amodei, fundador y CEO de Anthropic, es de los escasos ejecutivos tecnológicos dispuesto a describir abiertamente las consecuencias de esa transición. En su opinión, la IA podría eliminar hasta la mitad de los empleos administrativos de los próximos años si gobiernos y empresas no aceleran la readaptación de sus trabajadores y sistemas educativos. Su advertencia rompe con el optimismo dominante en Silicon Valley y coincide con las conclusiones de Boston Consulting Group (BCG).

La consultora estima que entre el 50% y el 55% de los empleos estadounidenses cambiarán sustancialmente de contenido antes de finalizar la década, aunque únicamente entre un 10% y un 15% desaparecerán por completo. Y hace suyo el argumentario de que la revolución tecnológica en ciernes no consistirá en una sustitución masiva de personas por máquinas, sino en una redefinición profunda de las funciones que desempeñan.

Esa misma idea subyace en los análisis de McKinsey. Esta firma asegura que las compañías más avanzadas utilizan la IA para automatizar tareas aisladas. Pero, sobre todo, para rediseñar sus procesos de negocio al completo. Un matiz sustancial. Porque automatizar una tarea permite reducir costos y remodelar las cadenas de valor. De modo que los equipos y áreas productivas se vuelven más reducidos, desaparecen niveles intermedios de supervisión y la toma de decisión se concentra en un ramillete de directivos asistidos por sistemas inteligentes. El gran cuello de botella se genera por la necesidad de encontrar profesionales capaces de entender el negocio, interpretar el contexto y supervisar correctamente las decisiones de los algoritmos. Bienvenidos a la economía digital.

Carrol Chang, CEO de Andela, mercado privado para seleccionar talento técnico, admite que los trabajadores auténticamente nativos IA son “difíciles de encontrar y extraordinariamente caros”, por lo que forman parte de profesionales que reciben ofertas salariales millonarias. Nunca se atisbó una brecha laboral entre el trabajo en cadena y el talento tecnológico tan profunda. Incluso entre empleados de una misma compañía y de bigtechs como Microsoft, Meta u Oracle, que expulsan masa laboral mientras contratan especialistas en modelos fundacionales.

Jeffrey Pfeffer, profesor de la Stanford Graduate School of Business, avisa de que este paradigma trasciende del mercado tecnológico. “Es una herramienta de gestión dirigida a erosionar todo lo que las empresas no pueden automatizar; es decir, la confianza, el conocimiento acumulado y la capacidad de coordinación entre equipos”. Y la pérdida de capital humano no siempre aparece reflejada en la cuenta de resultados, advierte. Aunque “termina deteriorando la innovación, la cultura corporativa y la productividad a largo plazo”. Fuller coincide con esta visión al anticipar que, cuanto más se extienda la IA, más valiosos serán los profesionales con habilidades para la comprensión de clientes, regulaciones, cadenas de suministro o mercados específicos. “Hay que conservar a la gente que sabe de qué está hablando”, resume el profesor de Harvard. Pese a que eso puede no detectarlo el algoritmo.

Esta tendencia se extiende por otras latitudes. Incluida Europa. Si bien a un ritmo más pausado. SAP reorganizó miles de puestos para acelerar su transición digital; Siemens utiliza sistemas generativos para automatizar tareas de ingeniería, mantenimiento y diseño industrial y firmas como Deutsche Telekom, BT, ING o Deutsche Bank intensifican la automatización de procesos administrativos y de atención al cliente. Klarna, por ejemplo, también convirtió la IA en uno de los pilares de su táctica operativa al demostrar que un solo asistente conversacional puede asumir el trabajo equivalente al de centenares de agentes. Telefónica, por su parte, situó la IA en el centro de su transformación tecnológica para simplificar operaciones, optimizar redes y automatizar funciones internas.

Europa avanza con mayor cautela, condicionada por una regulación laboral más protectora y un marco normativo como el reglamento europeo de IA que opera en la misma dirección; gestiones corporativas más ligeras, automatizadas y con demanda creciente de perfiles especializados.

La OCDE y el World Economic Forum (WEF), entidad organizadora de las cumbres de Davos, conformaron una misma radiografía de situación: la IA no provocará un colapso generalizado del empleo. Aunque engendrará periodos prolongados de reasignaciones laborales. Esta transición exige formación continua, reciclaje profesional y políticas educativas capaces de preparar a una fuerza laboral que convivirá constantemente con sistemas inteligentes.

Del despido masivo al ajuste continuo

Hasta hace muy poco, Silicon Valley velaba por el empleo. Era una de las señas de identidad de unas plataformas tecnológicas que competían por atraer talento en un mercado con escasez de ingenieros, que justificaba salarios desorbitados, oficinas convertidas en campus universitarios y plantillas que crecían a doble dígito año tras año. La pandemia llevó ese fenómeno al extremo. Con tipos de interés próximos a cero y una demanda digital disparada, las bigtechs contrataron cientos de miles de trabajadores, convencidas de que aquella expansión sería permanente. Es el continuous tuning o ajuste continuo, por el que las compañías tratan sus fuerzas laborales como una cartera que debe modificarse constantemente conforme cambia la tecnología.

Pero la irrupción de la IA generativa plasmó otra realidad que busca dar con El Dorado de la productividad a marchas forzadas para justificar los milmillonarios desembolsos de capital a lo que los llevó la desaforada carrera por la competitividad global con sus contrapartes chinas. En un proceso que reclama una reconversión tecnológica, productiva, administrativa y, por supuesto, de personal. La firma de cazatalentos Challenger, Gray & Christmas, precisa que la IA es la principal razón alegada por las empresas estadounidenses para justificar despidos. Al tiempo que AlphaSense, plataforma de búsqueda de talento en el mercado, revela un giro copernicano en la jerga corporativa. Mientras en 2022 apenas se podían encontrar referencias simultáneas a IA y despidos en las narrativas de resultados de empresas cotizadas, este año son más de un centenar por trimestre las que admiten que sus variables de IA aconsejan regulaciones de empleo.

Varias de las bigtechs americanas le dan la razón. Microsoft insiste en que sus últimos recortes no responden a la IA, sino a la necesidad de simplificar su organización. Pero los aborda. Meta mantiene un discurso de blanqueamiento similar, con expulsión de plantilla, mientras concentra miles de empleados en nuevas divisiones de modelos fundacionales. Cisco admite abiertamente que precisa desplazar inversiones a áreas con potencial de crecimiento a través del algoritmo y Oracle va aún más lejos al admitir en su informe regulatorio que la adopción de tecnología IA es la causa de un recorte de plantilla de 21.000 personas desde el verano pasado y al avanzar que el proceso está lejos de remitir en el futuro.

De hecho, las propias hojas de ruta de las bigtechs, sus estrategias corporativas a corto y medio plazo, así lo corroboran. Las cuatro tradicionales --Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta, ahora, con el permiso de Nvidia, la de mayor capitalización bursátil, con un PIB semejante al alemán-- prevén destinar 700.000 millones de dólares a redes vinculadas a la IA a lo largo de todo 2026. De modo que el dinero liberado por los ajustes laborales no desaparece de sus libros contables. Tan solo cambia de destino. A través de itinerarios y proyectos para financiar centros de datos, procesadores especializados, infraestructuras, contratos eléctricos y capacidad de computación. Con la inestimable ayuda del IA washing o blanqueo de expedientes de empleo por la IA por sus ejecutivos para ganar tiempo ante sus accionistas hasta que las milmillonarias inversiones en IA eleven márgenes y rentabilidades.

La industria automotriz volvió a mostrar en julio una recuperación partida: vende más al exterior, pero produce menos, coloca muchos menos vehículos en el mercado interno y arrastra a una cadena autopartista que sigue ajustando empleo. El último informe de ADEFA registró una baja de 18% en la producción nacional acumulada en los primeros siete meses del año y una caída de 40,9% en las ventas a concesionarios de vehículos nacionales.

El dato de julio confirmó que la actividad fabril sigue lejos de los niveles de 2025. La producción nacional fue de 31.189 unidades, con una baja de 15,8% frente a junio y de 16,0% contra el mismo mes del año pasado. En el acumulado enero-julio, las terminales produjeron 235.847 vehículos, contra 287.590 en igual período de 2025: son 51.743 unidades menos.

En enero y febrero, la producción ya había caído 30,1% interanual en cada mes. Marzo fue la única excepción, con una mejora mínima de 0,4%. Después volvieron los números negativos: abril cayó 17,5%, mayo 21,5%, junio 13,6% y julio 16,0%. La serie muestra un sector que no logró recomponer el ritmo productivo en lo que va del año.

El golpe es todavía más fuerte cuando se mira el mercado interno de vehículos fabricados en el país. Las ventas a concesionarios de vehículos nacionales fueron 9.461 unidades en julio, contra 18.484 en julio de 2025. La baja interanual fue de 48,8%. En siete meses, el retroceso acumulado llegó al 40,9%: 78.869 unidades en 2026 contra 133.408 en 2025.

Ese dato es el que acerca la estadística automotriz al mundo del trabajo. Menos vehículos nacionales vendidos implican menos presión de demanda sobre terminales, autopartistas, proveedores, logística y concesionarios. La industria automotriz no es sólo la fábrica que ensambla: alrededor de cada unidad producida hay piezas, turnos, transporte, mantenimiento, servicios técnicos y empleo industrial indirecto.

El informe de ADEFA no releva empleo, pero la señal laboral aparece en la cadena autopartista. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina citado por AFAC mostró que, en abril de 2026, el 48,9% de las empresas autopartistas redujo su dotación de personal respecto de marzo; el 40,4% la mantuvo y sólo el 10,6% la aumentó. Además, ante la baja de producción, el 9,4% de las firmas informó que aplicó o prevé aplicar reducción de turnos, el 9,1% adelanto de vacaciones y el 8,8% suspensiones.

La foto de 2026 aparece como continuidad de un retroceso previo. Según AFAC, el sector autopartista perdió 4.100 puestos de trabajo en 2025, una caída del 7,7% frente al año anterior. Ese antecedente no alcanza por sí solo para explicar lo que pasa este año, pero permite leer el dato de abril como parte de una misma secuencia: menos actividad, menos dotación y más medidas defensivas dentro de las fábricas.

El contraste con las exportaciones muestra el carácter incompleto de la mejora. En julio, las exportaciones automotrices subieron 4,5% frente a junio y 28,3% contra julio de 2025. En el acumulado de los primeros siete meses, exportaron 150.270 unidades, apenas 1,6% más que en el mismo período del año pasado. Es una señal positiva, pero no compensa el deterioro productivo ni el desplome de las ventas nacionales.

De hecho, las exportaciones representaron en julio el 75% de la producción mensual y el 63,7% de la producción acumulada. La industria depende cada vez más de colocar unidades afuera mientras el mercado interno sigue debilitado. Esa combinación puede sostener una parte de la actividad, pero no necesariamente alcanza para recomponer turnos, proveedores y empleo en toda la cadena.

Las ventas totales a concesionarios también retrocedieron con fuerza. En julio fueron 34.178 unidades, 22,5% menos que en junio y 31,9% menos que en julio de 2025. En el acumulado anual, la caída fue de 24,9%. La baja abarca tanto automóviles como utilitarios y muestra que el problema no se limita a un segmento puntual.

El único rubro con expansión fuerte es el de vehículos electrificados, aunque todavía sobre una base baja. Las ventas a concesionarios de modelos electrificados de las marcas de ADEFA crecieron 281,5% interanual en julio y acumulan una suba de 1036,5% en siete meses. Pero ese dinamismo convive con una industria general que produce menos y con ventas nacionales en retroceso.

Para los trabajadores, el dato central no está en la sofisticación de un nicho, sino en el nivel general de actividad. La cadena automotriz sigue siendo una de las ramas industriales con mayor capacidad de arrastre: cuando baja la producción, no sólo se resiente la terminal. También sienten el golpe las autopartistas, talleres, transportistas, servicios tercerizados y comercios vinculados al sector.

Por eso el informe de ADEFA, leído junto con los datos de UIA y AFAC, deja una conclusión laboral más amplia que la foto mensual de julio. La industria automotriz no está frenada por completo, pero tampoco muestra una recuperación capaz de ordenar la cadena. Exporta un poco más, produce bastante menos y vende muchos menos vehículos nacionales. En el medio, las autopartistas recortan dotaciones, reducen turnos, adelantan vacaciones o suspenden personal.

La caída de autos nacionales funciona así como un indicador del deterioro industrial. No habla sólo de concesionarios con menos unidades o terminales con menor volumen. Habla de una cadena que venía perdiendo empleo, que en 2026 sigue ajustando personal y que todavía no encuentra en las exportaciones un motor suficiente para recomponer trabajo.

JJD

Trabajadores del sector de ciencia y tecnología se movilizan este miércoles desde las 10 al Polo Científico, en rechazo a 379 despidos en el CONICET y 60 cesantías en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La protesta apunta a frenar la salida de becarios posdoctorales cuyos vínculos con el organismo terminan a fin de mes y a denunciar el deterioro de áreas estratégicas del sistema científico argentino.

El reclamo está dirigido al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al presidente del CONICET, Daniel Salamone; y al Directorio del organismo, que se reúne este miércoles. Los trabajadores piden que se habiliten prórrogas para las becas posdoctorales y advierten que, sin esa decisión administrativa y presupuestaria, cientos de investigadores quedarán fuera del sistema.

La movilización vuelve a poner en primer plano la crisis del empleo científico. No se trata sólo de contratos que vencen: detrás de cada beca hay años de formación, equipos de trabajo, proyectos en marcha y líneas de investigación que pueden quedar interrumpidas. En el caso de los becarios posdoctorales, se trata de trabajadores con una trayectoria extensa dentro del organismo, en muchos casos con alrededor de ocho años de antigüedad entre formación doctoral y posdoctoral.

Según los trabajadores, sostener las 379 líneas de investigación afectadas requeriría una partida presupuestaria adicional de entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. En términos del presupuesto nacional, plantean, es una suma menor frente al costo de perder investigadores formados durante años con recursos públicos.

La protesta coincide además con el conflicto abierto en la CNEA, donde se denuncian 60 despidos. El organismo atraviesa desde hace semanas reclamos sindicales, medidas de fuerza y cuestionamientos internos por cesantías en áreas sensibles. Para los gremios, el recorte en ciencia y tecnología no sólo afecta puestos de trabajo, sino capacidades estratégicas del Estado.

El caso del CONICET tiene una particularidad: los despidos no aparecen como una ola clásica de telegramas, sino como interrupción de carreras científicas por falta de prórroga. Esa forma vuelve menos visible el recorte, pero no reduce su impacto. Los investigadores pierden continuidad laboral y los equipos pierden personas ya formadas, con conocimiento específico y trabajo acumulado.

Puerto Madryn aparece como uno de los ejemplos más concretos. En el CONICET-CENPAT, tres investigadores en formación quedan sin trabajo este viernes 31 de julio. La ciudad tiene una fuerte presencia científica en relación con su población y concentra investigaciones vinculadas al territorio patagónico, el mar, la biodiversidad y el estudio de las ballenas en Península Valdés.

Ese ejemplo muestra que el ajuste no afecta sólo a laboratorios porteños o a estructuras administrativas. Cuando se corta una carrera científica en lugares como Puerto Madryn, también se debilita la capacidad de producir conocimiento sobre ecosistemas, recursos naturales y problemas locales que no pueden investigarse desde cualquier parte.

Los trabajadores denuncian que no reciben respuestas suficientes de las autoridades. “Prórrogas ya” es la consigna central de la movilización convocada por ATE CONICET Capital y colectivos de ingresantes autoconvocados. La demanda busca evitar que el Directorio deje caer los vínculos sin abrir una salida transitoria para quienes ya forman parte del sistema.

El conflicto se inscribe en una política más amplia de ajuste sobre el empleo público y los organismos científicos. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, los trabajadores del sector denuncian caída presupuestaria, paralización de ingresos, pérdida salarial, despidos y desfinanciamiento de institutos, proyectos y áreas técnicas.

En ciencia, el ajuste tiene un efecto particular: no sólo reduce personal en el presente, sino que puede desarmar capacidades futuras. La formación de un investigador lleva años. Implica becas, dirección académica, equipamiento, publicaciones, trabajo de campo, laboratorios, redes de cooperación y especialización técnica. Cuando ese recorrido se interrumpe, el Estado pierde más que un puesto: pierde inversión acumulada.

La situación también golpea sobre una generación de jóvenes científicos que ya completó estudios de grado, doctorado y posdoctorado, pero encuentra cerrada la posibilidad de continuidad laboral. Para muchos de ellos, la alternativa puede ser abandonar la investigación, migrar al sector privado, cambiar de actividad o buscar oportunidades en el exterior.

Los gremios advierten que ese proceso implica una nueva fuga de capacidades. La ciencia argentina no se vacía sólo cuando se cierran institutos; también se vacía cuando investigadores formados durante años quedan sin lugar en el sistema que los formó.

La movilización al Polo Científico busca presionar antes de que se concrete el vencimiento de las becas. El pedido inmediato es administrativo y presupuestario: prorrogar los vínculos para evitar que 379 trabajadores queden afuera a fin de mes. Pero el reclamo de fondo es más amplio: sostener el empleo científico, garantizar continuidad de líneas de investigación y frenar el deterioro de organismos estratégicos como CONICET y CNEA.

JJD

La inteligencia artificial ya no aparece sólo como una promesa de productividad futura; también empieza a modificar la forma en que las empresas contratan, organizan tareas y definen qué puestos necesitan. Un nuevo informe del Banco de Inglaterra advierte que la adopción de IA está reduciendo la demanda de algunos empleos administrativos, rutinarios y junior, justamente los que muchas veces funcionan como puerta de entrada al mercado laboral.

El dato surge del informe mensual de agentes del Banco de Inglaterra, publicado el 24 de julio, que resume conversaciones con empresas relevadas durante las seis semanas previas al cierre de junio. El documento señala que las compañías incorporan IA para ganar eficiencia, automatizar procesos y acelerar tareas de conocimiento, en un contexto de costos laborales elevados, demanda débil y presión sobre márgenes.

El informe no presenta a la IA como una ola homogénea ni como un reemplazo automático de todos los trabajadores. Pero sí registra un cambio concreto: las empresas que logran desplegar inteligencia artificial de manera efectiva pueden aumentar producción sin aumentar empleo y, en algunos casos, reducir sus necesidades de personal.

Las áreas más mencionadas son desarrollo de software, finanzas, funciones administrativas, atención al cliente, servicios profesionales y creación de contenidos. Allí, la IA permite automatizar tareas rutinarias y acelerar trabajos basados en conocimiento. El Banco de Inglaterra cita como ejemplo la investigación legal y la preparación de primeros borradores, que pueden completarse mucho más rápido que antes.

El impacto laboral más sensible aparece en los puestos de entrada. Según el informe, la automatización reduce la demanda de algunos roles iniciales y junior que tradicionalmente daban primera experiencia profesional. Entre las tareas afectadas aparecen la preparación de documentos, el procesamiento de facturas y el análisis básico.

Varias empresas de servicios profesionales reportaron menor contratación de graduados y menor demanda de personal administrativo y junior. Ese punto es central: la IA no sólo amenaza puestos existentes; también puede achicar los escalones por los que los jóvenes empiezan una carrera laboral.

Durante décadas, muchas ocupaciones calificadas se aprendieron desde tareas iniciales: revisar documentos, ordenar información, preparar informes, asistir a equipos, hacer análisis básicos o procesar datos. Si esas tareas se automatizan, las empresas pueden necesitar menos trabajadores junior, pero también pueden debilitar sus propios circuitos de formación.

Algunas compañías advirtieron sobre las implicancias de largo plazo para el desarrollo de habilidades y las “canteras” de talento. La pregunta laboral ya no es sólo cuántos puestos puede reemplazar la IA, sino qué pasa si desaparecen o se reducen los trabajos donde los empleados aprenden antes de ocupar funciones más complejas.

El Banco de Inglaterra también observa un desplazamiento en la demanda de perfiles: crece el interés por trabajadores con habilidades en IA, datos y análisis, además de roles que requieren juicio, supervisión y capacidad para resolver problemas. En paralelo, algunas firmas invierten en capacitación y reconversión de empleados actuales.

Esa transición, sin embargo, no ocurre en igualdad de condiciones. Los trabajadores con más formación, experiencia o capacidad para supervisar resultados generados por IA pueden beneficiarse más de la tecnología. En cambio, quienes ocupan tareas rutinarias, administrativas o de baja autonomía quedan más expuestos. La productividad aumenta, pero no necesariamente se reparte en más empleo ni en mejores trayectorias laborales para todos.

El informe británico confirma una tensión que ya aparece en otros países. Las grandes tecnológicas suelen presentar la inteligencia artificial como una herramienta para crear nuevas oportunidades, pero las empresas la incorporan primero como mecanismo de eficiencia, reducción de costos y reorganización de tareas. En la práctica, esa adopción puede traducirse en menos contratación, menos reemplazo de vacantes y estructuras más chicas.

El propio Banco de Inglaterra señala que las intenciones de empleo siguen prácticamente planas. Las empresas esperan mantener sus dotaciones estables durante los próximos doce meses y, cuando hay recortes, suelen producirse por rotación natural: no reemplazar a quienes se van. Ese mecanismo puede ser menos visible que un despido masivo, pero tiene efectos acumulativos sobre el mercado laboral.

También hay una dimensión generacional. Si las empresas contratan menos graduados, menos asistentes administrativos o menos perfiles de entrada, el ajuste no siempre aparece como pérdida inmediata de puestos, sino como oportunidades que directamente dejan de abrirse. Para los jóvenes, eso puede significar más competencia, trayectorias más lentas y mayor dificultad para conseguir la primera experiencia formal.

La discusión importa más allá del Reino Unido. En economías con alto peso de servicios, tareas administrativas, empleo profesional y trabajo de oficina, la IA puede operar como una tecnología de doble filo: mejora productividad, pero reduce la cantidad de personas necesarias para hacer ciertas tareas. En países con mercados laborales frágiles, informalidad alta y salarios presionados, ese efecto puede profundizar desigualdades existentes.

El informe también advierte que la adopción de IA no elimina todos los costos. La demanda de computación en la nube, centros de datos, software, licencias, semiconductores y personal especializado genera nuevas presiones. Además, las empresas reportan problemas asociados a contenidos de baja calidad o inexactos, postulaciones laborales falsas o masivas generadas con IA y mayor volumen de reclamos o solicitudes automatizadas.

Pero, aun con esas limitaciones, la dirección del cambio ya aparece. La IA permite hacer más tareas con menos horas humanas en áreas específicas. Para los trabajadores, eso abre una pregunta incómoda: si la tecnología aumenta productividad, quién captura ese beneficio y qué pasa con quienes ocupaban los puestos que ahora se vuelven prescindibles o dejan de crearse.

El Banco de Inglaterra no habla de un futuro lejano. Describe conversaciones recientes con empresas que ya están rediseñando procesos, precios y estructuras laborales. La puerta de entrada al empleo —los trabajos junior, administrativos y de aprendizaje— empieza a ser una de las primeras zonas afectadas.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado realiza este miércoles un paro y una caravana hacia el Centro Atómico Constituyentes en rechazo a los despidos y al “vaciamiento” de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La movilización fue convocada desde las 9.30 hacia la sede ubicada en avenida General Paz 1.499, en la Ciudad de Buenos Aires.

El gremio reclama la “inmediata reincorporación” de los trabajadores cesanteados la semana pasada y responsabiliza al Gobierno por el crecimiento del conflicto. “Si el Gobierno impulsa una nueva represión, será el exclusivo culpable por cualquier hecho que haya que lamentar”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La protesta ocurre en medio de una escalada del conflicto dentro de uno de los organismos más sensibles del sistema científico y tecnológico argentino. La CNEA es el organismo estatal encargado de desarrollar investigación, tecnología, formación y proyectos vinculados a la energía nuclear, un área estratégica para la soberanía energética, la medicina, la industria y la ciencia aplicada.

El conflicto sindical se profundizó después de los despidos en el organismo. ATE habla de cerca de 100 cesantías en la CNEA y denunció que el recorte afecta áreas claves. En paralelo, el reclamo inmediato del gremio apunta a la reincorporación de 62 trabajadores despedidos la semana pasada.

La medida de fuerza también se produce después de una renuncia significativa dentro de la estructura técnica de la Comisión. Ayer presentó su renuncia Juan Manuel Ranalli, gerente del área de Energía Nuclear de la CNEA. En una nota dirigida al presidente del organismo, Martín Porro, Ranalli comunicó su salida del cargo y agradeció “la confianza depositada” y “el profesionalismo de los equipos de trabajo” que lo acompañaron durante su gestión.

La carta no menciona los motivos de la renuncia. Pero la salida de Ranalli cobra relevancia porque se conoció después de que el funcionario cuestionara los despidos dentro del área. En un organismo de alta especialización técnica, la renuncia de un gerente nuclear en medio de cesantías y protestas confirma el deterioro institucional al que la motosierra con que Javier Milei y su ministro desregulador, Federico Sturzenegger, vienen podando al Estado, inclusive en las áreas más sensibles de la administración, como salud, educación, remedios para los jubilados y discapacidad.

ATE sostiene que los despidos forman parte de una política de ajuste sobre ciencia y tecnología. “Lo que pasa en la Argentina no ocurre en ningún otro país del mundo. Todos los estados desarrollados invierten en ciencia y tecnología, además, planifican su energía nuclear, mientras que acá recortaron el 55% del presupuesto en los organismos específicos y en tan solo dos años y medio expulsaron a cientos de científicos y técnicos altamente especializados”, señaló Aguiar.

El sindicato también apuntó contra las autoridades del organismo. Según ATE, las protestas se replicarán en sedes de la CNEA de todo el país y responden a la falta de respuestas oficiales. En comunicados previos, el gremio había denunciado que las autoridades evitaron el diálogo con los trabajadores y que los despidos alcanzan a personal que cumplía funciones clave.

La discusión no se limita a la cantidad de cesantías. Para los trabajadores estatales, el eje es el impacto de esos recortes sobre capacidades acumuladas durante décadas. En áreas como energía nuclear, la pérdida de personal especializado no se reemplaza de manera inmediata: implica conocimiento técnico, experiencia en proyectos complejos y continuidad de equipos de investigación y desarrollo.

La oposición también cuestionó el recorte. Diputados denunciaron que el vaciamiento de la CNEA y de los centros atómicos implica una afectación de la soberanía nuclear y pidieron la intervención de la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja. Según esos planteos, los trabajadores despedidos habían sido evaluados y cumplían funciones desde hace años.

El Gobierno, por su parte, había presentado meses atrás una reestructuración de la CNEA orientada a generar recursos propios y mejorar la eficiencia operativa. El secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, cuestionó entonces el funcionamiento histórico del organismo y anunció una reforma integral para orientarlo a resultados.

ATE rechaza ese diagnóstico. Aguiar sostuvo que la CNEA “no genera pérdidas” y que, por el contrario, “es superavitaria”. Para el gremio, no existe una justificación técnica o presupuestaria que explique el recorte y la medida forma parte de una política más amplia de ajuste sobre el empleo público, la investigación científica y los organismos estratégicos del Estado.

La caravana de este miércoles busca visibilizar ese conflicto. No se trata sólo de una pelea por puestos de trabajo, sino de una disputa por el futuro de un área estatal que concentra capacidades científicas difíciles de reconstruir. En la CNEA, cada despido no significa únicamente una baja en la nómina: puede implicar la pérdida de conocimiento acumulado, continuidad técnica y soberanía tecnológica.

JJD

Corea del Sur planea crear un fondo con ingresos fiscales adicionales generados por el auge de los semiconductores y la inteligencia artificial para financiar inversiones, apoyar emprendedores y promover empleo joven. La iniciativa fue presentada por el jefe de Gabinete surcoreano, Kang Hoon-sik, como una herramienta para impulsar el crecimiento futuro y responder a la desigualdad que puede profundizar el nuevo ciclo tecnológico.

La propuesta no apunta sólo a acelerar el desarrollo de la IA sino que pone sobre la mesa la discusión sobre quién se queda con los beneficios de esa transformación. Kang afirmó que el fondo servirá para “responder a la polarización” de una economía “en forma de K”, una expresión utilizada para describir procesos en los que algunas personas, empresas o industrias crecen con mucha fuerza, mientras otras quedan rezagadas.

El diagnóstico es relevante porque aparece en uno de los países más integrados a la cadena global de semiconductores: los materiales y componentes con los que se fabrican chips, procesadores y memorias, piezas indispensables para computadoras, celulares, servidores, autos y sistemas de inteligencia artificial. Corea del Sur es sede de gigantes como Samsung Electronics y SK hynix, dos actores centrales de esa industria. El Gobierno surcoreano acaba de presentar proyectos industriales en semiconductores, IA física y centros de datos, con inversiones cercanas al billón de dólares entre empresas privadas y agencias estatales.

La novedad está en que Seúl empieza a vincular de manera explícita el boom tecnológico con una pregunta social y laboral: si la inteligencia artificial genera nuevas rentas, más productividad y más recaudación, una parte de esos recursos debería financiar políticas para evitar que la riqueza quede concentrada sólo en las empresas ganadoras.

El fondo, según el Gobierno, se destinará a inversiones y a dar “apoyo para emprendedores y empleo para jóvenes de entre 20 y 30 años”. Los detalles todavía no fueron definidos. El portavoz del gobernante Partido Democrático, Kang Jun-hyun, aclaró que el Ejecutivo sólo “esbozó” el propósito general del instrumento.

La idea ya había generado polémica en mayo, cuando el jefe de la Oficina de Políticas presidencial, Kim Yong-beom, planteó la necesidad de repartir entre los ciudadanos los beneficios fiscales generados por el auge de la IA. Sus declaraciones fueron cuestionadas por sectores que interpretaron la propuesta como un intento de repartir beneficios empresariales. El presidente Lee Jae-myung negó esa lectura.

Durante los últimos meses, las grandes tecnológicas insistieron en que la inteligencia artificial creará nuevas oportunidades laborales, pero las empresas ya empezaron a usarla para reorganizar tareas, reducir costos y achicar estructuras. El discurso de la innovación convive con decisiones empresarias que presentan la automatización como una vía para necesitar menos personal en determinadas áreas.

Recientemente, Amazon admitió que la IA reducirá la necesidad de personal corporativo a medida que automatice tareas de oficina. En China, el Gobierno empezó a observar con más precisión el impacto de la inteligencia artificial sobre el empleo, en un contexto de preocupación por despidos silenciosos y reestructuraciones vinculadas a la automatización. Distintos estudios sobre demanda laboral también muestran que la IA no sólo elimina puestos: cambia qué tareas se valoran, qué perfiles ganan peso y qué trabajadores quedan más expuestos.

Por eso la iniciativa de Corea del Sur importa más allá de su diseño final. No presenta la IA sólo como una promesa de eficiencia, inversión y crecimiento. La reconoce también como una fuente potencial de desigualdad. En una economía “en forma de K”, la misma tecnología que dispara beneficios para empresas líderes puede dejar atrás a trabajadores jóvenes, empleos administrativos, sectores de menor productividad o regiones menos integradas a la cadena digital.

La pregunta de fondo es laboral. Si la IA permite producir más con menos trabajo, automatizar tareas repetitivas o concentrar ganancias en empresas con capacidad de inversión, el problema no es únicamente tecnológico. Es distributivo: quién captura la productividad, quién financia la transición y qué protección reciben los trabajadores desplazados o presionados por nuevas exigencias.

Corea del Sur intenta anticiparse a esa tensión con un fondo financiado por ingresos fiscales adicionales. La propuesta todavía es general, pero introduce una idea que otros países evitan discutir: si la inteligencia artificial genera una nueva ola de riqueza, una parte debería volver a la sociedad en forma de empleo, capacitación, inversión pública y políticas contra la desigualdad.

Para los trabajadores, la cuestión no es si la IA será buena o mala en abstracto. La cuestión es bajo qué reglas se incorpora. Sin regulación, sin medición del impacto laboral y sin mecanismos de redistribución, el aumento de productividad puede terminar convertido en despidos, precarización o mayor concentración de ingresos. Con políticas públicas, en cambio, puede abrir una discusión distinta: cómo hacer que la tecnología no sea sólo un negocio para las empresas que automatizan, sino también una herramienta para sostener empleo y reducir brechas.

El plan surcoreano todavía está en etapa inicial y enfrenta resistencia política. Pero marca una diferencia frente al entusiasmo acrítico que suele rodear a la inteligencia artificial. Seúl no sólo quiere atraer inversiones en chips, centros de datos e IA física. También empieza a preguntarse cómo evitar que ese crecimiento deje una economía partida en dos: arriba, las empresas y sectores que capturan el boom; abajo, los trabajadores que pagan el costo de la transición.

JJD

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia pasaron 21.864 horas. En ese mismo período, la industria textil perdió 22.156 empleos registrados. Es decir que por cada hora de gobierno de La Libertad Avanza hay un puesto de trabajo menos en la fabricación de tela, la confección, el cuero y el calzado. El sector se convirtió en el que más empleo destruye de toda la economía argentina.

El dato surge del último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, correspondiente a mayo. Según el informe, el empleo registrado privado en la actividad textil, confecciones, cuero y calzado cayó un 18% respecto de diciembre de 2023 —cuando La Libertad Avanza llegó al poder—, lo que equivale a 22.156 puestos de trabajo menos.

La contracción supera incluso a la de la construcción, otro de los sectores más golpeados por la recesión. La pérdida en la industria textil asciende a 20.727 empleos en el relevamiento de enero y a 21.339 en el de febrero, una secuencia que da cuenta de que la sangría laboral continuó profundizándose durante los primeros meses del año.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor al compararla con el resto de la economía. Según Pro Tejer, la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado encabeza la destrucción de empleo privado registrado desde diciembre de 2023. Ninguna otra actividad perdió una proporción tan alta de puestos de trabajo formales durante el mismo período.

En septiembre de 2025 la producción ya había registrado una caída interanual del 20%. Y la situación empeoró en el inicio de 2026, el tercer año de Milei en la Casa Rosada: en enero la actividad se desplomó 23,9%; en febrero, un 33,2%; y en marzo, un 23,3%.

La sucesión de caídas tan pronunciadas, de dos dígitos, evidencia la profundidad de la crisis textil. El derrumbe de febrero, superior al 33%, fue uno de los más pronunciados de toda la industria manufacturera.

La crisis no golpea solamente a las fábricas que producen telas. También alcanza a quienes transforman esas telas en prendas que llegan a las vidrieras. Pro Tejer distingue entre los “productos textiles” —fibras, hilados, tejidos y telas— y la fabricación de indumentaria, cuero y calzado. Ambos eslabones muestran números en rojo.

En el primer caso, la actividad se ubicó en marzo un 31,3% por debajo de los niveles de dos años atrás. En el segundo, la producción cayó 8,9% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja del 15,2% en el primer trimestre.

La comparación con 2023 permite dimensionar mejor la debacle: desde entonces, desapareció casi un tercio de la producción argentina de fibras, hilados, tejidos y telas, es decir, de los insumos que abastecen a buena parte de la industria de la indumentaria y el calzado.

Mirando directamente al interior de las fábricas, la consecuencia de esa caída productiva es el aumento de la capacidad ociosa: máquinas instaladas que permanecen apagadas porque no hay suficiente actividad para utilizarlas.

La Fundación Pro Tejer destacó que enero de 2026 fue el peor enero de la serie histórica para la industria textil en materia de utilización de capacidad instalada. Las fábricas trabajaron apenas al 23,7% de su potencial. O sea que casi tres de cada cuatro máquinas estuvieron paradas.

En febrero la situación mejoró, aunque continuó en niveles extremadamente bajos: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 39,9%, el peor febrero de la serie histórica. En marzo llegó al 40,2%, lo que implica que el sector siguió operando con cerca de seis de cada diez máquinas sin utilizar.

El deterioro productivo coincide además con un fuerte crecimiento de las importaciones textiles e indumentarias. Según los relevamientos de Pro Tejer, las cantidades importadas llegaron a crecer cerca de un 90% interanual durante 2025, una tendencia que la entidad identifica como uno de los factores que presionan sobre la producción local.

La pérdida de 22.156 puestos de trabajo equivale al 18% del empleo registrado que tenía la cadena textil, de confecciones, cuero y calzado a fines de 2023. Casi uno de cada cinco trabajadores formales del sector perdió su empleo durante los primeros dos años y medio del gobierno de Milei.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llegan al vencimiento de sus preavisos sin garantías de continuidad laboral y llevan el conflicto a los aeropuertos. Por eso, ATE realiza este viernes una jornada nacional de protesta contra el despido de 140 empleados del organismo y contra el cierre parcial de estaciones meteorológicas que, según el gremio, ya afecta controles nocturnos y puede comprometer la seguridad operativa. El epicentro de la medida es el Aeroparque Jorge Newbery desde las 10.30, con participación de otros gremios aeronáuticos.

La protesta ocurre después de un mes de conciliación obligatoria que, según ATE, no resolvió los reclamos. El sindicato informó que entre los 140 trabajadores alcanzados por los despidos hay 98 empleados de estaciones meteorológicas y 42 de la sede central. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, advirtió que si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral y no avanza con los aumentos salariales pautados, la próxima semana habrá un paro nacional.

El conflicto por los despidos ya salió del edificio del SMN y llegó a los aeropuertos porque el trabajo meteorológico forma parte de la seguridad aérea. La medida de este viernes no debería afectar los vuelos, aunque puede causar demoras. ATE anticipó que una huelga posterior tendría otro alcance si no hay una respuesta oficial. El reclamo reúne a trabajadores estatales y a gremios del sector, entre ellos APLA, APA, la CATT, personal de Intercargo y sectores vinculados a la actividad aeronáutica.

El reclamo tiene dos ejes materiales para los trabajadores: continuidad laboral y salarios. ATE sostiene que el Gobierno incumplió acuerdos y que las negociaciones no frenaron la amenaza de cesantías. Aguiar afirmó que no hubo respuestas concretas a las demandas del sector y acusó al Gobierno de repetir incumplimientos. La advertencia sindical llega el mismo día en que vence el mes de preaviso otorgado a los trabajadores que quedarían afuera del organismo.

La discusión laboral también tiene un impacto operativo. Según ATE, ya existen 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial y no realizan controles nocturnos. Ese recorte reduce la capacidad de observación en tiempo real y afecta tareas que no se limitan al pronóstico cotidiano. El SMN produce información para vuelos, alertas tempranas, navegación, actividad agropecuaria y gestión de emergencias.

Menos trabajadores en el Servicio Meteorológico significa menos capacidad para sostener turnos, estaciones y mediciones durante las 24 horas. En abril, empleados del organismo ya habían denunciado que los despidos podían afectar un servicio público que funciona todos los días del año. La protesta de entonces incluyó un paro nacional y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo, ante una lista de cesantías que, según ATE y profesionales del organismo, equivalía a más del 30% del plantel.

Desde hace ya varios meses se viene advirtiendo por la pérdida de mediciones nocturnas y por consecuencias sobre el servicio meteorológico aeronáutico. El conflicto actual retoma ese antecedente, pero lo concentra en una tanda concreta de 140 preavisos que vencen este viernes.

Los trabajadores del SMN sostienen tareas especializadas que no se reemplazan de un día para otro. El organismo elabora pronósticos, observaciones, boletines y alertas ante fenómenos que pueden representar riesgos para la población. También abastece de información a sectores que dependen de datos meteorológicos precisos, como la aviación, la navegación, el agro y los sistemas de emergencia.

El sindicato también rechaza el intento oficial de limitar las medidas de fuerza con el argumento de que el SMN sería un servicio esencial. ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo y sostuvo que esa interpretación afecta el derecho constitucional de huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Aguiar acusó al Gobierno de atacar las consecuencias de una protesta en los aeropuertos, pero no las causas del conflicto.

Los trabajadores del Servicio Meteorológico producen datos que permiten anticipar tormentas, inundaciones, olas de calor y condiciones para la operación aérea. La reducción de personal implica menos observación territorial y mayor fragilidad en áreas que requieren continuidad.

ATE anticipó que las protestas crecerán mientras sigan latentes las amenazas de despido y los incumplimientos salariales. La jornada de este viernes funciona como una advertencia antes de una posible huelga de mayor impacto. Si el Gobierno no garantiza la continuidad laboral de los 140 trabajadores alcanzados por los preavisos, el conflicto puede escalar la próxima semana desde los aeropuertos hacia una medida nacional con efecto directo sobre la actividad aérea.

JJD

Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD

Las advertencias sobre un escenario de “despidos masivos” en el INTI sumaron en las últimas horas nuevas voces y detalles que profundizan la preocupación interna. A la confirmación oficial de que se evalúa una fuerte reducción de personal, se agregaron denuncias de sectores sindicales y multisectoriales que señalan un proceso más amplio de ajuste y reconfiguración del organismo.

El tema quedó expuesto tras una reunión del Consejo Directivo, en la que el presidente del instituto, Miguel Romero, transmitió que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se impulsa una “nueva estructura” que incluiría la desvinculación de más de 700 trabajadores.

Sin embargo, tanto desde adentro del organismo como desde espacios multisectoriales advierten que ese número podría ser mayor. “La cifra que trascendió podría representar apenas una parte de lo que se está solicitando”, señalaron, en línea con versiones que indican que el recorte sería más profundo.

La discusión no se limita al personal. Según las denuncias, la reestructuración incluiría una reducción significativa de funciones, con el posible traslado de algunas actividades a empresas privadas. En ese marco, se menciona la eventual intervención de firmas vinculadas al entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.

El debate se da en paralelo a decisiones recientes que, según distintos análisis, implicaron la baja de cientos de servicios tecnológicos que el INTI brindaba al sector productivo y a la sociedad. Entre ellos, controles de calidad en alimentos, verificación de etiquetado, detección de contaminantes y certificaciones de seguridad en infraestructura como ascensores, además del seguimiento de cadenas sensibles como las de carne, lácteos y aceites.

En este contexto, el propio Romero tomó distancia de la posibilidad de avanzar con despidos masivos. “Si eso ocurre, no será bajo mi gestión. Ni yo ni mi equipo vamos a firmarlo”, aseguró, y remarcó que el planteo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la eliminación de puestos de trabajo.

El malestar también se expresó en el plano gremial. Sectores sindicales cuestionaron el rol de algunas conducciones internas y advirtieron sobre un debilitamiento de la representación de los trabajadores en las decisiones del organismo.

Frente a este escenario, trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de protesta para este martes 21 a las 10, con una conferencia de prensa en la sede del instituto. Desde la multisectorial, responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación y alertaron sobre las consecuencias que podrían derivarse tanto en el funcionamiento interno como en el entramado productivo que depende de sus servicios.

La disputa, que combina recortes presupuestarios, redefinición de funciones y tensiones políticas, abre un nuevo frente de conflicto en el sistema científico-tecnológico y suma incertidumbre sobre el futuro del organismo.

Con información de la agencia NA y de Infogremiales

Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

JJD

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y ordenó que un trabajador despedido cobrara su indemnización sin el recorte impuesto por la reforma. La sentencia dispuso aplicar el régimen anterior de actualización del crédito y dejó sin efecto el tope fijado por la nueva norma.

La decisión impactó de manera directa sobre cuánto dinero percibió el trabajador tras el despido, en un contexto donde la inflación deterioró el valor de los créditos laborales durante los procesos judiciales. El caso, “Martin c. Costa s. despido”, tuvo sentencia el 13 de marzo de 2026 y se conoció a partir de su difusión pública. Los jueces consideraron que el esquema impuesto por la reforma vulneró los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

El punto en disputa definió si la indemnización mantuvo o no su valor real durante el juicio. El artículo 55 estableció que, para causas en trámite sin sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos laborales se actualizaran con una tasa pasiva con techo en IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Ese criterio reemplazó el régimen previo utilizado en muchos tribunales.

Ese cambio afectó directamente a trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma y quedaron expuestos a cobrar menos por la misma indemnización. La actualización de los créditos no es un aspecto técnico: define cuánto de ese dinero conserva su poder de compra después de años de litigio.

El antecedente inmediato lo marcó un fallo en Córdoba, que también declaró inconstitucional el artículo 55. El juez Ricardo Gileta sostuvo el 10 de marzo que el trato diferencial entre juicios nuevos y en curso vulneró el principio de igualdad y afectó créditos de carácter alimentario. En ese caso, también se ordenó recalcular la indemnización con el régimen anterior.

Con la decisión de La Plata, el cuestionamiento judicial dejó de ser aislado y comenzó a consolidarse sobre uno de los núcleos de la reforma: el recorte en los costos asociados al despido. La norma buscó limitar la actualización de los créditos laborales en causas ya iniciadas, lo que trasladó el impacto de la inflación hacia los trabajadores que reclamaron judicialmente.

La discusión sobre indemnizaciones se inscribió en un paquete más amplio de cambios en las condiciones laborales. La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, modificó el cálculo indemnizatorio, habilitó esquemas como el banco de horas, alteró reglas de negociación colectiva y estableció nuevas restricciones sobre la actividad sindical.

En ese marco, el artículo 55 operó como una cláusula que redefinió cuánto cobraron los trabajadores en juicios ya en marcha. Según el fallo de Córdoba, su aplicación podía reducir significativamente el monto final respecto de los criterios anteriores, lo que explicó la rápida judicialización del tema.

JJD

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundiza con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de NA.

IG