Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

Los trabajadores vuelven a quedar alcanzados por la reforma laboral completa mientras la Justicia estudia si sus artículos vulneran derechos laborales y sindicales. La decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no resolvió el fondo del conflicto, pero cambió el efecto práctico del expediente: los artículos suspendidos por el juez Raúl Horacio Ojeda recuperan vigencia durante el trámite de la apelación del Estado nacional. Para quienes viven de su salario, el cambio no es una mera cuestión procesal. Afecta directamente a las reglas sobre contratación, indemnizaciones, jornada laboral y representación gremial, cuatro zonas donde se define cuánto vale el trabajo, cómo se organiza el tiempo y qué herramientas quedan disponibles frente a un despido o un conflicto colectivo.

La resolución fue dictada en el expediente “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciado por la CGT contra la Ley 27.802. La Sala VIII, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino, revisó la cautelar que había dictado Raúl Horacio Ojeda, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63, y modificó el efecto del recurso presentado por el Estado. La consecuencia directa es que la cautelar deja de aplicarse mientras la Cámara analiza la apelación.

Con efecto devolutivo, la suspensión de los artículos cuestionados seguía vigente hasta que el tribunal revisara la decisión de primera instancia. Con efecto suspensivo, la apelación del Estado paraliza la cautelar y permite que la reforma vuelva a regir. El tribunal fundó su decisión en la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado, y sostuvo que, cuando una cautelar suspende total o parcialmente una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo salvo supuestos excepcionales vinculados a derechos especialmente protegidos. Según la Cámara, esas excepciones no aparecían configuradas de manera inicial en este caso.

El cambio le da al Gobierno una victoria jurídica de corto plazo y desplaza el centro del conflicto. El debate ya no pasa por si la reforma puede aplicarse ahora, sino por cuánto tiempo regirá mientras los tribunales revisan su constitucionalidad. La CGT sostiene que una parte sustancial de la ley afecta derechos laborales y sindicales. En su planteo incluyó modificaciones al régimen de indemnizaciones, cambios en las condiciones de contratación, alteraciones en la jornada laboral y disposiciones vinculadas a la representación sindical. Esos puntos concentran el impacto material de la reforma: despidos, créditos laborales, duración del trabajo y poder de negociación dentro de los lugares de empleo.

Ojeda, el juez de primera instancia, había suspendido preventivamente los artículos cuestionados porque consideró acreditados la verosimilitud del derecho invocado y el riesgo de daño irreparable. También señaló que la aplicación inmediata de la reforma podía generar efectos difíciles de revertir sobre contratos y relaciones laborales vigentes. La Cámara no descartó esa discusión. La postergó. El fondo del expediente sigue abierto y deberá definir si esos artículos son compatibles con la Constitución, los tratados internacionales y los principios protectores del derecho del trabajo.

La decisión llega después de un derrotero judicial irregular para el Gobierno y para la CGT. Primero, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 suspendió buena parte del núcleo de la reforma a partir de la acción colectiva de la central obrera. Después, el propio Ojeda repuso la vigencia del artículo 55, que regula la actualización de los créditos laborales en juicios sin sentencia definitiva. El magistrado entendió que mantener frenado ese mecanismo podía perjudicar a los trabajadores, porque un crédito laboral sin criterio claro de actualización puede perder valor durante un juicio. Ese punto muestra que la pelea judicial no se reduce a una pulseada institucional: define concretamente cuánto cobra una persona después de perder el empleo y litigar durante años.

También hubo fallos en otras jurisdicciones contra artículos específicos de la reforma. En Córdoba, un tribunal declaró inconstitucional el artículo que permitía pagar indemnizaciones en cuotas, con el argumento de que ese mecanismo desnaturaliza el carácter alimentario del crédito laboral. En La Plata, el Tribunal del Trabajo Nº 3 declaró inconstitucional el artículo que modificó la actualización de créditos laborales en juicios en trámite, porque podía reducir el monto que reciben trabajadores después de años de litigio. La vigencia plena dispuesta ahora por la Cámara convive con un mapa de causas abiertas, planteos gremiales y sentencias que revisan caso por caso el impacto de la ley.

El Gobierno celebró la resolución como una validación política. Javier Milei compartió en redes un comunicado oficial y escribió: “No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!” (sic). La frase resume la lectura del oficialismo: la reforma laboral forma parte de su programa económico y de su diagnóstico sobre los costos laborales. Para el Ejecutivo, la ley apunta a reducir litigiosidad y promover la formalización del empleo. Para la CGT, implica una reducción de derechos y una alteración del sistema de protección laboral vigente.

La central obrera había presentado la cautelar como un primer paso dentro de una estrategia más amplia. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo después del fallo de primera instancia que el reclamo de fondo era la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Según el dirigente, la suspensión inicial había reconocido que los planteos sindicales tenían fundamentos suficientes para ser analizados por la Justicia. También afirmó que el impacto excedía a la CGT porque alcanzaba a todos los trabajadores comprendidos por la legislación laboral.

La Cámara alteró ese escenario sin cerrar la discusión. El expediente continúa y el tribunal deberá pronunciarse sobre la cautelar y, luego, sobre los planteos de fondo. El Gobierno también recurrió a la Corte Suprema mediante un per saltum para intentar acelerar la revisión de la suspensión. Mientras esa pelea avanza, la ley vuelve a operar sobre relaciones laborales activas, despidos, reclamos judiciales y negociaciones colectivas.

El costo de esa espera no se reparte de manera abstracta. Recae sobre trabajadores que ya enfrentan salarios presionados por la inflación, consumo debilitado y gastos fijos en aumento. En ese cuadro, cada regla sobre indemnizaciones, jornada o representación sindical modifica la relación entre ingreso, tiempo de trabajo y capacidad de defensa. La reforma recuperó vigencia, pero su constitucionalidad sigue sin definición. La novedad para los trabajadores es que deberán atravesar esa incertidumbre con la ley aplicada sobre sus contratos, sus juicios y sus condiciones de empleo.

JJD

Las advertencias sobre un escenario de “despidos masivos” en el INTI sumaron en las últimas horas nuevas voces y detalles que profundizan la preocupación interna. A la confirmación oficial de que se evalúa una fuerte reducción de personal, se agregaron denuncias de sectores sindicales y multisectoriales que señalan un proceso más amplio de ajuste y reconfiguración del organismo.

El tema quedó expuesto tras una reunión del Consejo Directivo, en la que el presidente del instituto, Miguel Romero, transmitió que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se impulsa una “nueva estructura” que incluiría la desvinculación de más de 700 trabajadores.

Sin embargo, tanto desde adentro del organismo como desde espacios multisectoriales advierten que ese número podría ser mayor. “La cifra que trascendió podría representar apenas una parte de lo que se está solicitando”, señalaron, en línea con versiones que indican que el recorte sería más profundo.

La discusión no se limita al personal. Según las denuncias, la reestructuración incluiría una reducción significativa de funciones, con el posible traslado de algunas actividades a empresas privadas. En ese marco, se menciona la eventual intervención de firmas vinculadas al entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.

El debate se da en paralelo a decisiones recientes que, según distintos análisis, implicaron la baja de cientos de servicios tecnológicos que el INTI brindaba al sector productivo y a la sociedad. Entre ellos, controles de calidad en alimentos, verificación de etiquetado, detección de contaminantes y certificaciones de seguridad en infraestructura como ascensores, además del seguimiento de cadenas sensibles como las de carne, lácteos y aceites.

En este contexto, el propio Romero tomó distancia de la posibilidad de avanzar con despidos masivos. “Si eso ocurre, no será bajo mi gestión. Ni yo ni mi equipo vamos a firmarlo”, aseguró, y remarcó que el planteo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la eliminación de puestos de trabajo.

El malestar también se expresó en el plano gremial. Sectores sindicales cuestionaron el rol de algunas conducciones internas y advirtieron sobre un debilitamiento de la representación de los trabajadores en las decisiones del organismo.

Frente a este escenario, trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de protesta para este martes 21 a las 10, con una conferencia de prensa en la sede del instituto. Desde la multisectorial, responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación y alertaron sobre las consecuencias que podrían derivarse tanto en el funcionamiento interno como en el entramado productivo que depende de sus servicios.

La disputa, que combina recortes presupuestarios, redefinición de funciones y tensiones políticas, abre un nuevo frente de conflicto en el sistema científico-tecnológico y suma incertidumbre sobre el futuro del organismo.

Con información de la agencia NA y de Infogremiales

Flybondi informó a su personal que no depositó los salarios correspondientes a marzo, en un escenario de incertidumbre laboral que se profundizó después de que la compañía impulsó un programa de retiros voluntarios. La comunicación llegó de manera directa a cada empleado y atribuyó la demora a “problemas administrativos”, sin precisar una fecha de pago.

La empresa envió un mensaje interno dirigido a los trabajadores —a quienes denomina “flybondiers”— en el que reconoció la situación. “Desde ya lamentamos la demora que se produjo y queremos llevar tranquilidad sobre esto”, señaló el escrito firmado por el “Equipo de Personas”. En la misma comunicación agregó: “Estamos 100% abocados a resolverlo a la brevedad y poder confirmarles el día de pago”.

El aviso llegó pocos días después de otro mensaje corporativo que había encendido las alarmas dentro de la aerolínea. Dos semanas antes, la compañía había comunicado a su personal la apertura de un plan de retiros voluntarios y había advertido que evaluaba “determinaciones drásticas” frente a su situación operativa.

Según reportó el medio especializado InfoGremiales, la empresa presentó el esquema de retiros en una reunión por Zoom con los trabajadores, en la que se detalló un cronograma breve para adherir al programa. La iniciativa se produjo en medio de tensiones internas y de un clima de presión para aceptar la desvinculación voluntaria, según reconstruyó ese portal sindical.

La aerolínea ya había anunciado semanas atrás un plan de retiros voluntarios dirigido a la totalidad de sus empleados, es decir 1.500 trabajadores, en el marco de un proceso de reorganización empresarial.

La compañía aérea privada explicó entonces que el programa formaba parte de un “rediseño organizacional” orientado a mejorar su eficiencia operativa. En ese contexto, ofreció condiciones de salida para quienes aceptaran desvincularse.

El conflicto salarial, por lo tanto, se produjo en un escenario de ajuste interno que ya había afectado a los trabajadores de la aerolínea. La demora en el pago de los sueldos sumó un nuevo factor de incertidumbre laboral para una plantilla que días antes había recibido propuestas de retiro.

Crisis del empleo y deterioro salarial

La situación en Flybondi se inscribe en un contexto más amplio de crisis laboral que atraviesa distintos sectores de la economía argentina. En los dos primeros años del gobierno de Javier Milei se perdieron 300.000 puestos de trabajo y desaparecieron 21.938 empresas desde noviembre de 2023, en un escenario marcado por cierres industriales y despidos en múltiples actividades.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate en San Fernando, que dejó a 1.500 trabajadores sin empleo después de 86 años de actividad industrial.

La crisis también alcanzó a otros sectores productivos. El frigorífico General Pico despidió 194 empleados y paralizó sus plantas, mientras que empresas textiles comenzaron a enfrentar reestructuraciones o procesos judiciales para ordenar sus deudas.

En paralelo, compañías históricas enfrentaron interrupciones productivas o conflictos laborales. La lechera Lácteos Verónica, por ejemplo, detuvo operaciones en una de sus plantas y dejó a 700 trabajadores en un escenario de incertidumbre laboral, con denuncias de vaciamiento y deudas salariales.

En ese marco, el índice salarial del sector privado registrado subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída del salario real superior a dos puntos. Y en el primer bimestre de 2026 la inflación volvió a salirse de las manos, al registrar casi un 6%, según el Indec, mientras consultoras privadas esperan otro 3% para marzo.

El deterioro salarial y la pérdida de puestos de trabajo son dos caras de un mismo proceso. En distintos sectores productivos, trabajadores enfrentan simultáneamente paritarias demoradas, suspensiones, planes de retiros o cierres empresariales. La demora en el pago de salarios en Flybondi se sumó a la cadena de tensiones laborales que atraviesan distintas actividades.

JJD

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizan este jueves un paro en todo el país y un abrazo simbólico en la sede central de Palermo para rechazar los 240 despidos que, según denuncian la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y profesionales del organismo, ponen en riesgo funciones críticas como el servicio meteorológico aeronáutico, el sistema de alertas tempranas y la red de observaciones climáticas del país.

La medida arrancó por la mañana en la sede del organismo ubicada en el barrio porteño de Palermo y se extiende con cese total de actividades, asambleas permanentes y movilización, después de que delegados gremiales afirmaran que la lista de cesantías ya estaba definida y que equivale a más del 30% del plantel actual.

El núcleo del conflicto no pasa sólo por la magnitud de los despidos sino por el impacto directo sobre quienes sostienen un servicio público que funciona las 24 horas, los 365 días del año. La conducción sindical de ATE en el organismo sostiene que el recorte afecta personal de estaciones meteorológicas y de la sede central, y advierte que, si se concreta en esos términos, obligará al cierre de 40 estaciones en distintos puntos del país y dejará sin mediciones nocturnas a parte del sistema, con consecuencias sobre el servicio aeronáutico. Sostienen que la lista habría sido confeccionada por la dirección del organismo a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabezó Federico Sturzenegger.

La preocupación de los trabajadores tiene un fundamento operativo concreto: el SMN no sólo elabora el pronóstico diario que consume la población sino que también integra la infraestructura que produce observaciones, datos y alertas para la aviación, la navegación, el agro y la gestión de emergencias.

En su sitio oficial, el propio organismo muestra que sostiene pronósticos a siete días, pronósticos semanales y trimestrales, radiación UV, modelos numéricos, monitoreo climático, observaciones y boletines especiales; además, su repositorio técnico describe el papel de las alertas meteorológicas ante fenómenos que pueden representar riesgo para la población.

Esa estructura depende de trabajadores especializados cuya tarea no resulta sustituible de un día para otro. En materiales institucionales del SMN aparecen pronosticadores de alertas, servicios sectoriales y pronósticos regionales que explican su trabajo en la elaboración de alertas, pronósticos marítimos y seguimiento de eventos severos. Por eso, cuando delegados y meteorólogos hablan de “apagón meteorológico”, no usan una fórmula retórica: describen el riesgo de perder observaciones locales, discontinuar series de datos y reducir la capacidad de respuesta frente a tormentas, inundaciones u olas de calor.

La dimensión del ajuste ya había sido anticipada semanas antes por los propios trabajadores, cuando empleados del organismo denunciaron la preparación de hasta 700 despidos en un servicio que ya funcionaba por debajo de su dotación necesaria.

ATE y el Centro Argentino de Meteorólogos enmarcan el conflicto en el vaciamiento de áreas estatales estratégicas. El sindicato sostiene que el recorte no constituye una mera reducción administrativa sino un desguace de un organismo clave para la prevención de riesgos y la seguridad pública. El ajuste compromete una función pública sensible: sin observaciones de superficie, sin estaciones operativas y sin planteles completos, el Estado pierde capacidad para producir información indispensable en tiempo real.

En el caso del SMN, esa política impacta sobre tareas cuyo valor social excede largamente la discusión presupuestaria. Menos personal significa menos observación territorial, menor capacidad para sostener turnos y mayor fragilidad para un organismo que debe responder tanto a la vida cotidiana como a eventos extremos. En un país atravesado por tormentas severas, incendios, olas de calor, actividad agropecuaria intensiva y una red aérea que requiere información meteorológica permanente, el ajuste no cae sobre un área administrativa marginal sino sobre trabajadores que producen datos esenciales para anticipar riesgos.

JJD, con información de NA

El cierre de la única fábrica del país que producía aisladores eléctricos dejó sin trabajo a sus operarios y obligó al Gobierno a modificar las reglas del mercado para evitar que falten esos insumos básicos. Se trata de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), una planta ubicada en Monte Grande que abastecía gran parte del sistema eléctrico nacional.

Los aisladores eléctricos son piezas que se usan en postes, líneas y transformadores para evitar fugas de energía y garantizar que la electricidad circule de forma segura. Sin esos componentes, la red eléctrica puede fallar o volverse inestable, lo que explica la reacción inmediata del Estado tras el cierre.

FAPA era la única empresa del país dedicada a fabricar estos productos y cubría cerca del 70% del consumo local. Su salida del mercado implicó que la Argentina pasara a depender completamente de importaciones para un insumo estratégico.

La empresa no solo cerró: también liquidó su planta y remató su maquinaria. Eso significa que no quedó capacidad instalada para retomar la producción en el corto plazo, lo que profundiza el impacto sobre los trabajadores y sobre toda la cadena industrial vinculada.

FAPA no era una firma menor ni reciente. Según la información institucional de la compañía, había sido fundada en 1938 en Monte Grande y durante décadas participó en obras clave del sistema energético argentino, produciendo componentes para líneas de alta tensión y estaciones transformadoras. Su desarrollo estuvo ligado a la expansión del sistema eléctrico nacional y a una industria local que buscaba reemplazar importaciones.

Tras el cierre, el Gobierno decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que regían desde 2015 para proteger la producción nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 345/2026 del Ministerio de Economía. El objetivo fue permitir el ingreso inmediato de aisladores desde el exterior y evitar problemas en el suministro eléctrico.

La decisión respondió también a pedidos de la propia industria, que advirtió que sin esos insumos podían demorarse obras energéticas o producirse fallas en la red. La Comisión Nacional de Comercio Exterior recomendó levantar los aranceles al considerar que, sin producción local, mantenerlos podía perjudicar el servicio eléctrico.

A partir de ahora, las empresas podrán importar aisladores —especialmente desde China, Brasil y Colombia— sin pagar esos recargos. El mercado quedó completamente abierto a proveedores externos, sin competencia nacional.

Para los trabajadores, el impacto fue inmediato. El cierre no solo implicó la pérdida de los puestos en la planta, sino también la desaparición de una actividad industrial específica que requería técnicos, operarios calificados y conocimiento acumulado durante décadas. La pérdida no es solo de empleo, sino de un saber productivo que no tiene reemplazo inmediato.

El caso se dio en un contexto más amplio de dificultades en la industria electromecánica. Datos del sector citados por InfoGremiales señalaron caídas en la producción durante 2025 y un escenario de cautela para 2026, con empresas enfocadas en sostener actividad y empleo. El cierre de FAPA se inscribió en ese proceso de retracción industrial.

La respuesta estatal priorizó garantizar que no falten insumos para la red eléctrica, pero no incluyó medidas para sostener la producción local ni preservar los puestos de trabajo. El resultado inmediato fue una transición desde la fabricación nacional hacia la importación, sin un esquema anunciado de reconversión laboral para los trabajadores afectados.

JJD

La reforma laboral de Milei avanzó con un objetivo obvio: abaratar el costo del despido y del litigio laboral. Pero ese diseño empezó a chocar con un límite concreto: su aplicación real sobre trabajadores despedidos. Y ahí aparecieron los fallos.

En pocos días, los tribunales empezaron a desarmar dos piezas centrales del esquema: el recorte en la actualización de indemnizaciones y el pago en cuotas. La discusión dejó de ser política o técnica y pasó a ser material: cuánto y cuándo cobra un trabajador después de un despido. Ahí es donde la reforma empezó a crujir.

La reforma laboral se aprobó como un paquete cerrado, con fuerte impulso político y negociaciones orientadas a reducir costos empresariales. Pero su aplicación concreta empezó a desarmarse en tribunales casi de inmediato. En menos de dos semanas, la Justicia ya cuestionó cuánto se paga y ahora también cuándo se paga una indemnización.

Lo que el Congreso sancionó como “modernización” empezó a ser reescrito caso por caso en los juzgados. No por una discusión abstracta, sino por el impacto directo sobre trabajadores que, después de perder su empleo, ven reducido o diferido el cobro de un derecho básico.

Un trabajador que ganó su juicio por despido no cobrará su indemnización en cuotas, aunque la nueva ley lo habilitara. La Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional el artículo 56 de la reforma laboral y dejó sin efecto el mecanismo que permitía a las empresas pagar sentencias en hasta seis o doce meses, según su tamaño.

La decisión impactó de manera directa sobre uno de los momentos más críticos para cualquier trabajador: el cobro efectivo de su indemnización tras un despido. El caso “Ceballos Gabriel Axel c/ Iris Energía S.A.S. s/ despido”, resuelto el 17 de marzo de 2026 por la Sala VII, rechazó el intento de la empresa de aplicar el pago en cuotas previsto en la nueva normativa.

El tribunal no se limitó a un aspecto formal: cuestionó de fondo la lógica del artículo 56. La norma, incorporada por la Ley 27.802, modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y habilitó que las sentencias laborales se cancelaran en cuotas mensuales, incluso cuando ya existía una resolución firme.

Para los jueces, ese esquema desnaturalizó el sentido mismo de la indemnización. En la resolución sostuvieron que permitir el pago en cuotas resultó “irrazonable” y violó el principio protectorio del derecho laboral, el derecho de propiedad y las garantías constitucionales que protegen al trabajador.

El punto central del fallo fue el carácter alimentario del crédito laboral, una categoría jurídica clave que define su función concreta en la vida de quienes trabajan. La Cámara remarcó que el salario y las indemnizaciones no son una deuda cualquiera: son el ingreso que permite cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y vestimenta.

Desde esa perspectiva, dividir el pago en el tiempo implicó afectar directamente esas condiciones de subsistencia. El tribunal advirtió que diferir el cobro de la indemnización, en un contexto de inflación sostenida, produce un desfasaje que reduce su valor real y compromete la reparación que la ley debe garantizar.

“No se vislumbra una sola razón atendible para justificar el pago en cuotas”, señalaron los jueces. Y agregaron que esa modalidad impide garantizar el cumplimiento oportuno de una sentencia firme, lo que vacía de contenido el derecho reconocido al trabajador.

La resolución también cuestionó la razonabilidad de la norma en el contexto económico actual. Indicó que la variación constante de precios, frente a ingresos que no se actualizan al mismo ritmo, vuelve insuficiente cualquier compensación diferida en el tiempo.

En ese marco, el tribunal sostuvo que el artículo 56 vulneró el artículo 14 bis de la Constitución Nacional —que garantiza protección contra el despido arbitrario—, así como el derecho de propiedad y los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos laborales.

El fallo se sumó a una serie de decisiones judiciales que comenzaron a cuestionar el núcleo indemnizatorio de la reforma laboral a pocos días de su entrada en vigencia. La semana anterior, un tribunal de La Plata y un juez de Córdoba declararon inconstitucional el artículo 55, que limitó la actualización de los créditos laborales en juicios en trámite.

En esos casos, la Justicia ordenó calcular las indemnizaciones con el régimen anterior, sin los topes introducidos por la nueva ley. La discusión no fue técnica: definió cuánto dinero efectivamente cobraron trabajadores que atravesaron años de litigio.

Con el nuevo fallo, el cuestionamiento dejó de centrarse solo en el monto de la indemnización y avanzó sobre el momento del cobro. Es decir, no solo cuánto se paga, sino cuándo se paga.

Ambos aspectos —actualización y forma de pago— forman parte de un mismo problema para quienes trabajan: la posibilidad real de acceder a una reparación plena tras un despido. La reforma intervino sobre esas dos variables al mismo tiempo.

La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, introdujo cambios que buscaron reducir los costos asociados al despido y a los juicios laborales. Entre ellos, la exclusión de ciertos conceptos del cálculo indemnizatorio, la modificación de la actualización de créditos, la creación de mecanismos alternativos como fondos de cese y la habilitación del pago en cuotas.

En ese esquema, el artículo 56 operó como una herramienta para trasladar en el tiempo el costo de las sentencias, incluso después de que la Justicia hubiera reconocido el derecho del trabajador.

La Cámara de Córdoba rechazó ese criterio y dejó sin efecto el intento de la empresa de acogerse a ese beneficio. En la resolución, además, declaró abstracto el pedido de aclaratoria presentado por la demandada, justamente porque la norma en la que se apoyaba fue considerada inconstitucional.

Los fallos dictados en menos de dos semanas mostraron que la aplicación de la reforma laboral ya entró en disputa en los tribunales. Tanto el monto como el cobro de las indemnizaciones quedaron bajo revisión judicial.

Hasta ahora, la ley sigue vigente, pero su capítulo indemnizatorio comenzó a fragmentarse en su aplicación concreta. En el caso Ceballos, el trabajador no cobrará en cuotas.

JJD

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral y ordenó que un trabajador despedido cobrara su indemnización sin el recorte impuesto por la reforma. La sentencia dispuso aplicar el régimen anterior de actualización del crédito y dejó sin efecto el tope fijado por la nueva norma.

La decisión impactó de manera directa sobre cuánto dinero percibió el trabajador tras el despido, en un contexto donde la inflación deterioró el valor de los créditos laborales durante los procesos judiciales. El caso, “Martin c. Costa s. despido”, tuvo sentencia el 13 de marzo de 2026 y se conoció a partir de su difusión pública. Los jueces consideraron que el esquema impuesto por la reforma vulneró los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

El punto en disputa definió si la indemnización mantuvo o no su valor real durante el juicio. El artículo 55 estableció que, para causas en trámite sin sentencia firme al momento de la entrada en vigencia de la ley, los créditos laborales se actualizaran con una tasa pasiva con techo en IPC más 3% anual y un piso del 67% de ese cálculo. Ese criterio reemplazó el régimen previo utilizado en muchos tribunales.

Ese cambio afectó directamente a trabajadores que iniciaron juicios antes de la reforma y quedaron expuestos a cobrar menos por la misma indemnización. La actualización de los créditos no es un aspecto técnico: define cuánto de ese dinero conserva su poder de compra después de años de litigio.

El antecedente inmediato lo marcó un fallo en Córdoba, que también declaró inconstitucional el artículo 55. El juez Ricardo Gileta sostuvo el 10 de marzo que el trato diferencial entre juicios nuevos y en curso vulneró el principio de igualdad y afectó créditos de carácter alimentario. En ese caso, también se ordenó recalcular la indemnización con el régimen anterior.

Con la decisión de La Plata, el cuestionamiento judicial dejó de ser aislado y comenzó a consolidarse sobre uno de los núcleos de la reforma: el recorte en los costos asociados al despido. La norma buscó limitar la actualización de los créditos laborales en causas ya iniciadas, lo que trasladó el impacto de la inflación hacia los trabajadores que reclamaron judicialmente.

La discusión sobre indemnizaciones se inscribió en un paquete más amplio de cambios en las condiciones laborales. La Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, modificó el cálculo indemnizatorio, habilitó esquemas como el banco de horas, alteró reglas de negociación colectiva y estableció nuevas restricciones sobre la actividad sindical.

En ese marco, el artículo 55 operó como una cláusula que redefinió cuánto cobraron los trabajadores en juicios ya en marcha. Según el fallo de Córdoba, su aplicación podía reducir significativamente el monto final respecto de los criterios anteriores, lo que explicó la rápida judicialización del tema.

JJD

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

La crisis en la empresa de lácteos Verónica se profundiza con suspensiones, jornada reducida y salarios impagos frente a lo que el gremio del sector presentó una denuncia ante la Secretaría de Trabajo nacional.

La compañía láctea les comunicó a sus empleados, mediante una nota, la necesidad de reconfigurar la jornada laboral a raíz de la baja productividad y la falta de insumos esenciales para garantizar el proceso industrial.

Al respecto, el escrito expuso que “atento a la evidente crisis que se encuentra atravesando la Sociedad, la que comprende entre otros serios conflictos la ruptura de la cadena de abastecimiento, nos vemos en la obligación de reestructurar los horarios de empleabilidad”.

Al fundamentar esta decisión, la empresa expuso que se toma en base a “los escasos niveles de productividad actuales y siempre en miras de la conservación de los puestos de trabajo en tanto procuraremos continuar gestionando la recuperación del aprovisionamiento de materia prima”.

En este marco, puntualizó que “por lo expuesto y dando estricto cumplimiento a la previsión convencional, con causa en la pública y notoria crisis que estamos padeciendo, reducimos y reestructuramos los horarios de prestación de tareas y salarios conforme a un esquema reducido de 4 horas diarias”.

La medida está prevista que se extienda hasta el mes de abril inclusive, “con la esperanza de recuperar prontamente niveles razonables de productividad y empleabilidad”, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Ante este panorama, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) presentó una denuncia por presunto lockout en la Dirección Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo.

En la presentación, el sindicato precisó que lácteos Verónica adeuda los salarios correspondientes a enero y febrero de 2026, sumado a la segunda cuota del aguinaldo pautada para diciembre pasado, y que incurre en retención indebida de aportes.

En este marco, trabajadores de la firma realizaron una presentación judicial en la Justicia Federal de San Isidro por presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y posible lavado de activos.

La empresa registra hace un año problemas financieros, cheques rechazados, atrasos en pagos a proveedores y demoras en salarios, aguinaldos y aportes de los trabajadores, lo que derivó en la delicada situación actual.

Con información de NA.

IG

La empresa Kopelco S.A., conocida por producir los preservativos de la marca Tulipán, despidió a 220 trabajadores en medio de la caída del consumo y la retracción de varios sectores industriales. Con esta decisión, la firma redujo su estructura laboral de 355 a 135 empleados, lo que representa un recorte superior al 60% de su planta.

En tanto, la empresa Moura cerrará dos líneas de producción en su planta del Parque Industrial de Pilar y comenzará a importar las baterías para camiones directamente desde Brasil, país de origen de la firma, por lo que peligran, al menos, 25 empleos de los 180 trabajadores en un contexto en el que ya hay retiros voluntarios. 

Tulipán ya perdió más del 60 % de su personal

La medida de Kopelko S.A. impacta directamente en los puestos de trabajo vinculados a las plantas que la empresa posee en el partido bonaerense de San Martín y en la provincia de San Luis.

Además de preservativos, la compañía produce insumos derivados del látex, como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales. Sin embargo, la caída de la demanda golpeó especialmente a esas líneas de negocio.

“Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, reconoció el gerente general de la empresa, Felipe Kopelowicz, quien explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

Desde la compañía señalaron que el problema no se limita al mercado de los preservativos, sino que afecta a varios segmentos industriales en los que participa la firma.

Durante años, la diversificación de productos fue uno de los pilares del crecimiento de la empresa fundada a fines de los años 80. Sin embargo, en el actual contexto económico, esa misma diversificación quedó expuesta a la caída simultánea de la demanda en distintos sectores.

A pesar de la crisis, la marca Tulipán mantiene una participación cercana al 40% del mercado local de preservativos, lo que le permite sostener parte de la actividad gracias a precios competitivos.

No obstante, el retroceso del consumo interno y la contracción de otras unidades de negocio dejaron a Kopelco S.A. en una situación compleja.

El propio Kopelowicz definió el momento como un “jaque total” para la compañía, en un escenario en el que la industria enfrenta una de las caídas más fuertes de los últimos años y que ya comienza a reflejarse en la pérdida de cientos de puestos de trabajo.

Ajustes para Baterías Moura

Moura decidió en los últimos días cerrar dos líneas de producción en su planta del Parque Industrial de Pilar y sus baterías pesadas para camiones desde ahora serán importadas directamente desde Brasil, por lo que peligran al menos 25 puestos de trabajo, de acuerdo a la información de Pilar a Diario.

El Sindicato Químico Pilar busca negociar la reubicación de los 25 operarios que se desempeñan en las dos líneas destinadas al cierre, aunque algunos trabajadores ya acordaron un retiro voluntario con indemnización, de acuerdo al medio pilarense.

En la planta trabaja un total de 180 personas, entre operarios, administrativos y encargados de logística.

“Esto forma parte de la masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia”, lamentó el titular del sindicato Químico, Sergio González, quien manifesto su temor sobre el avance del ajuste sobre otros productos de Moura y que se profundice la reducción de la planta.

“Esto se da en el contexto de la reforma laboral. Encima, no hay con quien hablar en el gobierno para tratar de buscar soluciones”, reclamó el dirigente sindical, aunque aclaró que “la empresa no tiene voluntad de irse del país”.

La fábrica de sweaters Mauro Sergio suspendió a 175 trabajadores

La empresa textil Textilana, fabricante de la marca Mauro Sergio, suspendió a 175 trabajadores desde el 16 de noviembre en su planta de Mar del Plata debido a la caída de las ventas y al stock acumulado de mercadería. Los operarios debían reincorporarse el 1 de abril, pero advierten que la falta de demanda podría extender las suspensiones y profundizar la incertidumbre sobre la continuidad laboral.

El conflicto afecta a la mayor parte de la plantilla productiva de la compañía. La firma tiene menos de 300 trabajadores en total, entre operarios y personal administrativo, lo que implica que más de la mitad de la planta quedó sin tareas. En la fábrica solo continúan trabajando alrededor de 65 operarios mientras se mantiene paralizada gran parte de la producción.

Textilana es una de las empresas textiles más importantes de Mar del Plata y una de las pocas que conserva un proceso productivo integrado, desde el hilado y tejido hasta la comercialización de los sweaters. La marca Mauro Sergio llegó a producir hasta dos millones de prendas en sus años de mayor actividad, cuando la empresa tenía cerca de 1.000 trabajadores y una red de más de veinte locales.

La situación actual es muy diferente. La empresa redujo su plantilla a menos de un tercio de la que tuvo en su etapa de mayor expansión, en un contexto de caída del consumo interno y aumento de las importaciones que afectó a buena parte del sector textil. Según explicó el delegado Mauro Galván, la compañía acumuló un volumen de stock que no logra vender, lo que llevó a detener gran parte de la producción.

La crisis que atraviesa Textilana se inscribe en una crisis que afecta a la industria argentina, en general, y en ese marco a todo el sector textil, que opera actualmente con niveles muy bajos de utilización de su capacidad productiva. Un informe del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la Universidad de Buenos Aires señaló que la industria textil funciona apenas al 40% de su capacidad instalada.

Ese retroceso productivo tuvo consecuencias directas sobre el empleo. El mismo estudio registró que la actividad textil perdió al menos 11.500 puestos de trabajo en los últimos dos años, en una de las ramas industriales históricamente más intensivas en mano de obra.

El deterioro del sector se vinculó a varios factores simultáneos. Por un lado, la caída del consumo interno redujo las ventas de indumentaria y productos textiles en el mercado doméstico. Por otro, el aumento de las importaciones de prendas desplazó parte de la producción local en los comercios y presionó sobre la actividad de las empresas que abastecen el mercado interno.

Mar del Plata fue una de las ciudades donde ese proceso se volvió más visible. La localidad fue conocida durante décadas como la “capital del pulóver”, con una red de fabricantes y talleres que abastecían buena parte del mercado nacional. En la década de 1970 existían alrededor de 500 empresas dedicadas a la producción de sweaters; hoy quedan menos de 100 entre fábricas y talleres.

La empresa Kopelco S.A., fabricante de los preservativos Tulipán, despidió a 220 trabajadores y redujo su plantilla de 355 a 135 empleados en sus plantas del partido bonaerense de San Martín y de la provincia de San Luis. El recorte representó una reducción superior al 60% de la dotación laboral y dejó a cientos de familias sin ingresos en medio de un deterioro más amplio del empleo industrial.

El ajuste se produjo en un contexto de caída del consumo y retracción de distintos sectores productivos que afectan a las líneas de negocio de la compañía. Además de preservativos, Kopelco fabrica insumos derivados del látex como elásticos para ropa interior, globos y distintos tipos de hilados industriales, segmentos que también registraron una baja en la demanda.

El gerente general de la firma, Felipe Kopelowicz, reconoció la gravedad de la situación. “Estamos muy preocupados, es un momento muy desafiante”, afirmó, y explicó que en algunos rubros las ventas llegaron a desplomarse hasta un 50%.

El impacto laboral del recorte es significativo. Las plantas de San Martín y San Luis concentran buena parte de la producción de la empresa, que durante décadas se consolidó como uno de los principales fabricantes de preservativos del país. Con la reducción de personal, la estructura productiva quedó fuertemente reconfigurada y el número de trabajadores se redujo a poco más de un tercio de la plantilla original.

A pesar del ajuste, la marca Tulipán continúa siendo una de las más fuertes del mercado local. Según datos del sector citados por la empresa, mantiene una participación cercana al 40% en la venta de preservativos en la Argentina. Sin embargo, la posición dominante en ese segmento no alcanzó para compensar la caída de otras unidades de negocio vinculadas al látex industrial.

La crisis en Kopelco se inscribe en un deterioro más amplio de la industria argentina, donde suspensiones, despidos y cierres de plantas se multiplicaron en distintos sectores manufactureros. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires señaló que la actividad industrial cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que el sector perdió 100.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023. Ese retroceso equivale a un promedio de 160 empleos industriales menos por día.

El deterioro del empleo se combinó con un proceso de reestructuración empresarial que incluyó cierres de plantas, repliegues productivos y retiros de compañías del país en distintas ramas fabriles. Investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana de la UBA identificaron movimientos de ese tipo en sectores que van desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, con impactos directos sobre la producción y el empleo.

En paralelo, el debilitamiento del consumo interno redujo la demanda de bienes producidos localmente, lo que afectó la actividad de empresas que dependen del mercado doméstico. Ese proceso se reflejó en conflictos laborales, concursos de acreedores, suspensiones de personal y despidos en diferentes ramas industriales.

La situación de Kopelco también muestra cómo la diversificación productiva, que durante años funcionó como un factor de crecimiento para muchas empresas industriales, puede transformarse en una vulnerabilidad cuando la caída del consumo afecta simultáneamente a distintos sectores. En el caso de la firma, el retroceso no se limitó a los preservativos, sino que alcanzó a otras líneas de productos vinculadas al látex que abastecen tanto al consumo masivo como a distintos segmentos industriales.

El gerente de la compañía definió el momento que atraviesa la empresa como un “jaque total”, una expresión que sintetiza la magnitud del ajuste en curso. La reducción de más del 60% de la plantilla dejó expuesta la fragilidad de la actividad industrial frente a la caída del mercado interno, un factor que se repite en distintos sectores productivos del país.

En ese escenario, los 220 trabajadores despedidos pasan a engrosar una estadística que se repite en distintos puntos del país: la pérdida de puestos de trabajo en la industria, uno de los sectores históricamente más vinculados al empleo formal y a la producción de bienes con valor agregado.

JJD, con información de NA

La reforma laboral que entró en vigor este viernes en Argentina, y que conlleva un gran recorte de derechos, afectará especialmente a las mujeres, según afirman trabajadoras del sector petrolero durante una visita de EFE a una planta dedicada al refinado de crudo, en provincia de Buenos Aires, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Acá no estamos hablando de una modernización, estamos hablando de retrocesos y las mujeres vamos a ser las más perjudicadas”, dijo Yanina Ponce, quien trabaja desde hace casi dos décadas en esta planta de la Destilería Argentina de Petróleo S.A. (DAPSA), ubicada en la localidad de Avellaneda.

Ponce, integrante de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Sindicato Petróleo, Gas, Energías Renovables y Biocombustibles Privados de Avellaneda, afirmó que los esquemas laborales más flexibles tendrán un impacto desigual entre hombres y mujeres, ya que ellas suelen enfrentar mayores dificultades para conciliar a causa de las responsabilidades familiares.

Y una de las razones está en que la nueva normativa crea un “banco de horas”, que permite acumular el tiempo extra trabajado y compensarlo con días libres o jornadas reducidas.

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), las mujeres argentinas dedican en promedio 6 horas y 31 minutos diarios al cuidado, casi el doble que los hombres, y cerca de 1,8 millones de mujeres de entre 25 y 59 años están fuera del mercado laboral porque no pueden compatibilizar trabajo y cuidados.

La ONG advirtió que la nueva ley podría profundizar las brechas salariales y limitar aún más la participación femenina en el mercado laboral.

Lilian Capone, integrante de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), dijo a EFE que la reforma va afectar principalmente “las cuestiones sociales, familiares y personales, en un contexto en que las mujeres ya afrontan problemáticas como el trabajo informal, no registrado, la disminución del salario por ser mujer y coordinar el trabajo con los cuidados”.

Agustina Micaela Nievas, de 27 años y operaria de DAPSA, contó a EFE que acaba de reincorporarse tras ser madre y realiza una tarea más tranquila, con horario reducido, pero apuntó que con la reforma laboral la situación para las madres podría complicarse.

Capone agregó que otro aspecto de la ley que afecta a las trabajadoras es que podrían no coincidir sus vacaciones con las de sus hijos, ya que el nuevo esquema prevé que la coincidencia con el receso estival sería obligatorio al menos una vez cada tres años.

Para Angie Vanesa Torilla, empleada del sector de envasado de la petrolera, la nueva ley cambiará “la igualdad laboral, que fue lo que se luchó y por lo que hoy estamos acá en una empresa de tantos varones”.

Industria dominada por hombres

Las preocupaciones por la reforma laboral se suman a los desafíos que enfrentan las mujeres en el sector petrolero, siempre dominado por hombres. En DAPSA, por ejemplo, solo tres mujeres trabajan como operarias.

“Los mayores desafíos fueron romper socialmente con el tabú de que es un trabajo de hombres. Uno se imagina que agarrar una brida grande y poder abrir una válvula es difícil para las mujeres. Sin embargo, tenés compañeras en la refinería que hacen eso”, añadió Ponce.

Un estudio presentado en 2025 por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la consultora Mercer reveló que las mujeres ocupan el 19,9 % de los puestos de trabajo en la industria petrolera argentina, con menor presencia en áreas operativas y cargos jerárquicos.

La operaria Bárbara Cristina Schulze explicó a EFE que ya había trabajado en sectores con mayoría masculina: “Siempre está el 'ah, porque sos mujer' pero a medida que ven que podemos hacer el mismo trabajo que ellos, pasa”.

Para Ponce, la presencia de mujeres en la industria petrolera es todavía reciente y requiere sostener condiciones laborales que permitan su permanencia.

 “El desafío fue enfrentar el miedo y darse cuenta de que la fuerza colectiva es lo que termina logrando que las compañeras puedan acceder a los distintos puestos de trabajo”, concluyó la dirigente sindical.

Laura Guarinoni, para la agencia EFE.

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alertó sobre “síntomas alarmantes” de crisis en el sector industrial argentino, con caída de la producción, pérdida de empleo y menor peso del sector en la economía.

El documento fue elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza la evolución del sector entre 2023 y 2025.

El dato que preocupa a la industria

Uno de los datos más importantes del informe es la fuerte reducción del peso de la industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI). Según el informe, la participación industrial pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que se asemeja al que tenía la Argentina antes de la Segunda Guerra Mundial, hace más de 80 años.

Además, el relevamiento señala que 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que refleja una crisis extendida dentro de la estructura productiva.

Creció la economía pero bajó fuerte la industria

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria registró una caída del 8,3%.

El informe también identifica otros sectores que sufrieron retrocesos:

En contraste, algunas actividades mostraron un fuerte crecimiento:

Menos empleo: el dato que preocupa a todos

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Durante 2024 y 2025, el uso de la capacidad instalada de la industria se ubicó por debajo del 60%, lo que implica más de 40% de capacidad ociosa.

En paralelo, el informe advierte sobre una fuerte destrucción de empleo industrial. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día en el sector.

Cuáles son los sectores más golpeados

Entre las ramas industriales que registraron las mayores caídas —entre 20% y 25%— se encuentran:

En tanto, algunos sectores mostraron mayor resistencia, aunque también registraron retrocesos menores, como la industria alimenticia, las tabacaleras y la industria del transporte.

Menos exportaciones industriales y más commodities

El estudio también detecta un proceso de simplificación exportadora. Las exportaciones industriales de mayor valor agregado —conocidas como MOI— cayeron al 28% del total exportado por la industria, cuando en 2011 habían alcanzado un pico histórico del 35%.

Esto implica que la canasta exportadora del sector se concentra cada vez más en alimentos y commodities, con menor contenido tecnológico y menor generación de empleo.

Según el informe, el sector industrial también enfrenta un recorte en el apoyo estatal. En el Presupuesto 2026, los recursos y exenciones destinados a la industria registraron una reducción del 40%.

Los investigadores señalan que el apoyo público se concentró principalmente en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), orientado a grandes proyectos de capital extranjero vinculados a energía, minería y siderurgia.

Estado de alerta

El documento advierte además sobre la situación del sector de bienes de capital, considerado estratégico para el desarrollo industrial. Entre 2023 y 2025, la producción local cayó casi 25%, mientras que las importaciones crecieron 77%.

A esto se suma el impacto del Decreto 273/2025, que flexibilizó la importación de maquinaria agrícola usada. Entre mayo y octubre de 2025, estas importaciones se multiplicaron por ocho respecto al mismo período de 2024.

Los autores del informe advierten que esta tendencia podría afectar el desempeño del complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.

Retroceso de cuatro décadas

Finalmente, el estudio concluye que el PBI industrial per cápita registró un fuerte deterioro: el nivel actual es similar al de 1985, lo que implica un retroceso de aproximadamente 40 años en términos de producción industrial por habitante.

Los investigadores advierten que estos indicadores reflejan un proceso de desindustrialización que, de profundizarse, podría tener impactos estructurales en el empleo, la producción y el perfil exportador de la economía argentina.

“Esto lo hacemos para que los argentinos puedan comprar barato y para que se creen nuevos empleos”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al defender la apertura de importaciones y la reducción del costo laboral, que según explicó pasaría de 18 a 2 puntos. “El problema de Argentina era que te despedían y la gente no podía conseguir trabajo”, insitió Caputo, el martes pasado, desde la Fundación Mediterránea.

“Yo todavía no pude conseguir trabajo”, responde Ayelén Monzón, una de las 220 trabajadoras despedidas hace cuatro meses de Whirlpool, la fábrica de lavarropas que cerró en noviembre pasado. “Antes mis hijos tenían desayuno, merienda, almuerzo y cena. Ahora tengo que decidir si toman una leche o si a la noche pueden comer. A veces tengo que entretenerlos para que no estén todo el día con hambre”.

La situación de Ayelén se repite entre sus ex compañeros y parte de los 330 mil trabajadores que perdieron empleos registrados tras el cierre de más de 22 mil fábricas desde noviembre de 2023 y noviembre del 2025, según datos oficiales que publicó el 12 de febrero el Ministerio de Capital Humano.

Muchos invierten tiempo y dinero en currículums, transporte y búsquedas laborales. Recorren agencias de empleo y deambulan por parques industriales y fábricas. En las entrevistas, según relatan, las ofertas rondan entre $600.000 y $800.000 por jornadas de 12 horas.

“A mí me ofrecieron trabajar de 8.30 de la mañana a 11 de la noche en una paquetería de General Pacheco por $150.000 semanales, es una locura”, dice Ayelén. “La mayoría hacen Uber o Pedidos Ya. Los que consiguieron trabajo cuentan que Whirlpool no era nada comparado con lo que viven ahora. A varios no les pagan lo que corresponde por la categoría y los amenazan con el despido”.

“Muchas veces te agarran el CV y directamente lo tiran”, agrega otro ex trabajador de Whirlpool.

“Busqué trabajo en Pilar, Garín, El Talar y en todas las agencias de Don Torcuato y General Pacheco. Me descargué Computrabajo y LinkedIn, armé CV y mandé a todos lados. Nadie me llama”, cuenta otra ex empleada que pidió no ser nombrada.

Un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sugiere que el problema laboral es mayor al que reflejan las estadísticas oficiales. Mientras el desempleo se ubica en 6,6%, el llamado “desempleo encubierto” –personas con trabajos precarios o pocas horas que buscan más ingresos– alcanza 13,8%, más del doble.

El fenómeno también crece entre los adultos mayores: en el último año el desempleo encubierto aumentó 34,1% entre personas de más de 66 años y, respecto de 2023, los jubilados en esa situación se multiplicaron por 2,5.

Clima de desolación

Muchos de los despedidos contactados para esta nota no respondieron o pidieron que su nombre no aparezca. Dos ex empleados de Dass en Coronel Suárez –la empresa que fabricaba zapatillas Adidas y cerró su planta en la provincia de Buenos Aires en enero pasado despidiendo a 360 personas– contaron por Whatsapp que ahora venden comida en la calle o manejan Uber.

Uno de ellos pidió “ni ser nombrado” porque su historia no “cambia nada” ante la “pasividad de la gente” y prefiere “no amargarse”.

Un clima similar se percibe en Suipacha, localidad bonaerense de 12 mil habitantes donde funcionaba La Suipachense, empresa láctea que empleaba a 142 familias y era el principal motor económico del pueblo. Su cierre en noviembre dejó de inyectar $300 millones mensuales en salarios que circulaban en comercios y servicios.

“La pobreza se ve en todo el pueblo, porque la fábrica era el corazón económico”, dijo en su momento el ex operario Walter Oliva, quien contó que muchas familias sobreviven con rifas y colectas solidarias.

Desde diciembre, sin embargo, pocos vecinos aceptaron hablar. En enero, la dueña de un restaurante dijo que el pueblo pasó una “navidad tristísima” y hace una semana una panadera respondió que la situación sigue siendo “crítica”.

La vida cambió

El 22 de octubre de 2022, cuando Whirlpool inauguró en Pilar su planta más moderna del mundo (fabricaba lavarropas en 40 segundos), Ayelén Monzón ingresó al área de limpieza y su vida cambió. Tenía 25 años y era madre soltera de tres hijos. Sus padres la ayudaban y ella limpiaba casas para sostener su familia, pero recién se estaba armando y el sacrificio no se sentía tanto porque no había mucho margen para la incertidumbre.

Tras unos meses en la fábrica, ascendió como operaria de submontaje, logró mudarse y les dio un techo a sus nenes de 2, 5 y 9 años. Conoció los derechos laborales (vacaciones, aguinaldo), y el sindicato, que más tarde la nombró delegada, le proveía mochilas y útiles escolares. Con frecuencia negociaban bonos por la alta productividad de la empresa.

No le sobraba, trabajaba 8 horas y el sueldo le rondaba el millón de pesos, pero tenía ducha caliente, cuatro comidas y su día empezó a tener horarios claros que separaban la vida laboral de la maternal y el ocio. Descubrió algo que “no tiene valor económico”: la paz que da la estabilidad.

De repente la empresa bajó la productividad. En un solo mes, pasó de producir 700 lavarropas por día a 400. El miércoles 26 de noviembre de 2025 el director reunió a todos en el comedor. Semanas atrás habían echado a los 26 “trabajadores eventuales”. “Van a importar y la empresa ya no necesita el trabajo que realizan, esta planta cierra definitivamente”, les informó.

Entre el alquiler, las necesidades básicas y lo invertido en la búsqueda de otro empleo, en dos meses Ayelén se quedó sin el dinero de la indemnización. Volvió a casa de sus padres y cada tanto alguna amiga la ayuda. Cuando hay oportunidad, limpia en casas. Redujo las comidas a dos por día y ya no pude comprarle útiles escolares y mucho menos zapatillas a sus hijos. Su vida volvió a cambiar.

“Mami no te preocupes”, le dijo su hija más pequeña, de 5 años. “Yo hago pulseritas y te voy a contratar, vamos a poder salir juntas a vender”.

Un mapa de empresas en crisis

El cierre de Whirlpool no es un caso aislado. La crisis de la industria de electrodomésticos también alcanza a marcas tradicionales. Aires del Sur, dueña de Electra y Fedders, presentó un pedido de quiebra y ya despidió a 140 trabajadores, mientras que Goldmund S.A., controlante de Peabody, inició un concurso preventivo para reestructurar sus deudas en medio del impacto de las importaciones y la caída de las ventas.

En distintos sectores se multiplican quiebras, suspensiones y plantas paralizadas en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones, según advierten empresas y trabajadores. La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, histórica cadena de electrodomésticos que arrastraba un concurso preventivo desde 2021. En la industria también impacta el cierre anunciado por Fate, que planea despedir 920 trabajadores.

En alimentos y bebidas, Cervecería Quilmes redujo su planta de Zárate de 260 a 80 empleados, mientras Alimentos Refrigerados S.A., productora de yogures de SanCor, quebró dejando 400 despedidos. La láctea Verónica, en Santa Fe, mantiene plantas paralizadas y acumula meses de salarios impagos, con 700 puestos en riesgo.

La crisis alcanza también a otros sectores: Grupo Dass recortó personal en Misiones, Emilio Alal cerró sus fábricas en Corrientes y Chaco con 260 despidos, y Acindar acumula suspensiones desde 2024.

En paralelo, la avícola Granja Tres Arroyos enfrenta conflictos salariales, la fabricante de aires Aires del Sur quebró en Tierra del Fuego, el frigorífico San Roque cerró en Morón con 140 despidos, y la distribuidora Beer Market bajó 20 locales en el AMBA, dejando más de 90 trabajadores sin empleo.

La vida precaria

“Era un buen lugar la fábrica”, dice Ayelén sobre Whirlpool. “Estaban abiertos al diálogo y con el sindicato el trabajador mejoraba; por ejemplo conseguimos trabajar un solo sábado al mes y que se pague un 15% extra”.

Tras el cierre, la estabilidad desapareció. “Después de la fábrica todo fue muy duro. La industria está muy mal. No es que nos echaron y conseguimos trabajo en otro lado”.

En la vida cotidiana, el panorama es más delicado. Ayelén agotó la indemnización, perdió la obra social y depende de la ayuda de sus padres para sostener a sus tres hijos pequeños.

“Antes podía comprarles todo para la escuela. Hoy ni siquiera eso”, dice. A veces compra pan para que coman durante el día y por la noche van a la casa de sus padres si hay comida. O pide fiado en el almacén.

“Uno grande puede tomar un mate y aguantar –dice–. Pero ¿cómo le digo a mis hijos que no les puedo dar de comer?”.

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa. La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro en el fallo fechado el pasado 4 de marzo pero conocido este jueves.

D’Alessandro argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, y el control pasará a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia. El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

Los locales ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro fueron clausurados y se ordenó, además, su inspección.

No solo Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanzará a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias.

La situación de las empresas no da respiro y escala el número de firmas que cierran o presentan distintos problemas laborales, luego del cierre dispuesto por la emblemática empresa de neumáticos FATE y la reciente quiebra del gigante de los electrodomésticos.

La Anónima

La cadena de supermercados La Anónima declaró que les está costando “ser rentables o tener buena relatividad”. Así lo expuso el gerente general, Nicolás Braun, quien sostuvo que debido a esos problemas, empresas como Walmart y Carrefour “se fueron o se están yendo”.

“Aunque mucha gente no lo debe creer, hoy como cadena de supermercados que trabaja en la formalidad es muy difícil. Cuando lo comprarás, en términos relativos, con cómo le va a los supermercados en Uruguay, Chile, Brasil y el mundo a nosotros nos va muy mal”, indicó Braun.

Cervecería Quilmes

La mítica compañía de bebidas tuvo que despedir parte de sus 260 empleados totales que poseía en la planta ubicada en Zárate. Ahora operarán con 80 trabajadores, un recorte del 43% del personal total. Había sido inaugurada hace seis años, en 2020, con una inversión por más de $5.000 millones. 

Entre las principales causas, desde la firma sostiene que la caída en el consumo y la apertura de importaciones golpearon en su situación financiera, que venía siendo arrastrada desde el 2025.

Alimentos Refrigerados

La Justicia declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), compañía que producía yogures y postres de SanCor, y tuvo que despedir alrededor de 400 trabajadores entre las dos plantas de Buenos Aires (Lincoln) y Córdoba (Monte Cristo), con 180 y 200 empleados respectivamente.

El cierre se dio luego del fallido concurso preventivo iniciado a principios del 2024. ARSA acumulaba deudas con proveedores, transportistas y empleados, sumado al atraso en el pago de salarios. 

En la firma atribuyen la quiebra al contexto económico nacional, donde detallan las tasas de inflación, caída en el consumo y el encarecimiento de la leche cruda.

Lácteos Verónica

Trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos realizaron la semana última una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe. 

La situación de crisis en la empresa de lácteos alcanza a sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.

En ese sentido, Clason lleva meses parada, mientras que Lehmann y Suardi dejaron de operar “hace unas dos semanas, cuando se terminó el fasón”.

La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo. 

“Estamos sin cobrar los sueldos de diciembre, al igual que el aguinaldo”, señalaron desde la planta de Clason. 

También entra en juego la posible venta de la compañía, lo que se considera como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. Si bien la empresa no formalizó su cierre definitivo, puertas adentro las plantas quedaron vacías, sin actividad y hasta el transporte que llevaba al personal de la láctea dejó de funcionar.

Granja Tres Arroyos

La empresa avícola atraviesa un conflicto laboral, dado que adeuda pago de salarios, aguinaldos, horas extras y vacaciones.

Eso derivó en que los trabajadores accionen con medidas de fuerza y tensiones operativas significativas, según consignó el CEPA a través de un informe.

Casa Montes

La bodega ubicada en la provincia de San Juan se encuentra hundida en una crisis financiera por más de $450 millones.

Casa Montes es la responsable de marcas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora, Baltazar.

Grupo Dass

La empresa textil desvinculó, a principios del 2026, a más de 40 trabajadores. Con sede en la ciudad misionera de Eldorado, la firma se vio obligada a hacer un recorte en su plantilla dado un menor nivel de actividad productiva y caída de la demanda. 

Actualmente, la planta tiene personal limitado y su producción solo estaría garantizada hasta junio del 2026.

Emilio Alal

La compañía textil cerró de forma definitiva sus plantas ubicadas en Corrientes (Goya) y Chaco (Villa Ángela). 

La medida afectó a más de 260 trabajadores, dejándolos sin empleo y a su vez, afectando a numerosos empleos indirectos vinculados a proveedores y servicios locales.

Acindar

La productora de acero lleva registrados varios períodos de paradas temporales en su producción. En 2024, aplicaron 3 suspensiones: 1.700 en febrero, 3.000 en marzo y 460 en junio. 

En 2025, ese número tuvo mayor frecuencia: 980 suspensiones en febrero, 130 en junio, 600 en julio, 600 en septiembre, 200 en octubre y casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre. 

Además, se efectuaron despidos en marzo de 2024 (al menos 115), febrero (65 despidos luego de una asamblea) y junio de 2025 (130 trabajadores tercerizados). 

ADS

Aires del Sur (ADS), la fabricante de aires acondicionados de Tierra del Fuego para la marca Fedders, se declaró en quiebra y los trabajadores, que no cobran desde diciembre, tomaron la fábrica.

Los 140 operarios actúan amparados por la UOM. En tanto, los 16 supervisores -en idéntica situación salarial- desempeñan sus funciones desde la regional local de ASIMRA ante el silencio de la conducción nacional encabezada por Luis García Ortíz.

San Roque

El frigorífico, ubicado en la localidad bonaerense de Morón, cerró en forma definitivo su planta de producción lo que provocó el despido de 140 trabajadores. 

La medida se concretó el último viernes 27 de febrero. La empresa fundamentó la decisión en el impacto de los cambios en las condiciones económicas del país, la baja del consumo interno y la apertura de las importaciones de carne.

Beer Market

La distribuidora de bebidas y alimentos cerró definitivamente sus negocios y despidió a más de 90 empleados, a los que busca abonarles compensaciones en lugar de indemnizaciones.

La firma promocionaba su actividad detallando que “cuenta con 20 sucursales distribuidas en todo AMBA y un equipo de más de 90 colaboradores que trabajamos con pasión y estamos comprometidos en dar nuestro valor agregado, siendo los agentes de cambio y protagonistas esenciales de nuestro éxito”.

Fate

Uno de los casos más recientes fue el de la histórica fabricante de neumáticos, que anunció su cierre definitivo de manera inmediata y despedirá a 920 empleados.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Tras haber dictado la conciliación obligatoria, todavía no se logró llegar a un acuerdo entre el gremio (SUTNA) y la empresa. El plazo final es hasta el 11 de marzo, por lo que “aún quedan audiencias pendientes”, informó el Ministerio de Capital Humano.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate se movilizan este miércoles a la Secretaría de Trabajo en una jornada que puede definir el futuro de la planta y de los puestos laborales. La protesta acompaña una audiencia entre la empresa, el sindicato del neumático y funcionarios del Gobierno en medio de un conflicto por el cierre de la fábrica y los despidos.

La convocatoria se realizó para las 11 en la sede laboral ubicada en Alem 650, en la Ciudad de Buenos Aires. Participan los trabajadores junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con apoyo de organizaciones sindicales de la CGT y de las dos CTA.

El eje de la movilización es el reclamo de “reincorporación inmediata” y la defensa de la continuidad productiva de la planta, que permanece paralizada tras la decisión empresaria de frenar la producción. En esa audiencia podría resolverse una prórroga de la conciliación obligatoria o cerrarse definitivamente la posibilidad de reactivar la fábrica.

Los trabajadores buscan evitar ese escenario. En la convocatoria pública afirmaron: “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, y llamaron a organizaciones sindicales y sociales a sumarse a la protesta frente a la Secretaría de Trabajo.

El conflicto escaló en los últimos días después de que el gremio resolviera profundizar el plan de lucha. La asamblea de trabajadores definió convocar a un paro nacional de 24 horas en todas las fábricas de neumáticos y realizar una presentación judicial para exigir la puesta en marcha de la planta con todo el personal.

Entre los puntos de esa acción judicial, el sindicato planteó que la empresa incumplió un acuerdo firmado en mayo de 2025 con la Secretaría de Trabajo y el gremio, que le otorgaba beneficios de no pago de aportes hasta julio de 2026 a cambio de mantener los puestos laborales.

Además, la organización sindical evalúa solicitar la figura de “ocupación temporánea” para que el Estado intervenga la empresa en caso de que el accionista decida abandonar la producción. El objetivo del reclamo es sostener la continuidad industrial y evitar la pérdida de empleos en el sector.

En paralelo a la audiencia, los trabajadores organizan actividades en la calle durante la jornada de protesta. Entre ellas se anunció un festival frente al edificio laboral con la participación de músicos y organizaciones que acompañan el conflicto.

Empresas en crisis y cierres

Mientras el conflicto de Fate continúa abierto, otras empresas atraviesan situaciones críticas que impactan en el empleo.

La compañía Goldmund S.A., responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un proceso de concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos. La empresa comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una “etapa de reestructuración” orientada a ordenar sus compromisos financieros y sostener su continuidad operativa.

La decisión se produce en un contexto de dificultades para varias firmas del sector de electrodomésticos. Según la comunicación enviada por la compañía, el proceso judicial busca reorganizar su situación económica y fortalecer la estructura empresarial para continuar operando.

En el sector cárnico, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta ubicada en Morón y despidió a 140 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída del consumo interno y al aumento de importaciones de carne para el mercado local.

El establecimiento dejó de operar el 27 de febrero y las desvinculaciones se encuadraron en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Mientras tanto, los trabajadores participan de audiencias en el Ministerio de Trabajo para discutir las condiciones de las indemnizaciones.

La crisis también alcanzó al sector textil en Tierra del Fuego. La empresa Sueño Fueguino, fabricante de marcas de ropa de cama como Danubio y Cannon, suspendió a 70 trabajadores de su planta de Río Grande durante tres meses.

El acuerdo alcanzado con sindicatos prevé que los trabajadores cobren el 70% del salario bruto y el 100% de los conceptos no remunerativos, lo que representa aproximadamente el 90% del ingreso neto durante el período de suspensión.

La empresa ya había despedido previamente a 35 trabajadores en octubre en la misma planta.

JJD

El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo apuntó a la suspensión de los despidos. La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Esta medida se activó tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta en San Fernando, luego de 80 años de servicio, y el despido de 920 trabajadores que quedaron en la calle.

Hasta el momento, ambas partes deben abstenerse de tomar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral mientras dure el período de negociación.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, expresó a través de un comunicado que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó.

Con información de la agencia NA

El cierre total de la planta de Fate en San Fernando dejó a 1.500 trabajadores en la calle y marcó un punto de inflexión en la crisis industrial. Los operarios encontraron los portones con cadenas y un operativo policial, sin aviso previo, según denunció el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización salarial en la empresa.

La histórica fabricante nacional anunció el cese definitivo de actividades tras 70 años de producción. La dotación había sido de alrededor de 3.000 trabajadores dos años atrás y quedó reducida a más de 1.500 al momento del cierre. La empresa informó que se trató de una clausura total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente, aunque no comunicó públicamente un cronograma detallado.

En paralelo al conflicto paritario, los trabajadores ya enfrentaban una pérdida de poder adquisitivo. Mientras otras empresas del sector habían adelantado aumentos a cuenta, Fate no había ofrecido anticipos y acumulaba 14 meses sin incrementos, según denunció el gremio.

El caso Fate no quedó aislado. En La Pampa, el frigorífico General Pico —creador de la hamburguesa Paty y propiedad de Ernesto “Tito” Lowenstein— despidió a 194 empleados y paralizó sus tres plantas ubicadas en Trenel, General Pico y Arata. Semanas antes había suspendido a sus 450 trabajadores.

La firma acumuló deudas por $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones correspondieron a bancos públicos, y más de 1.000 cheques rechazados por más de $12.000 millones. También había informado que pasó de faenar 600 cabezas diarias a menos de 50, en un contexto de caída de ventas y retracción de exportaciones.

En Trenel, una localidad de 7.000 habitantes, 79 familias reclamaron el pago de indemnizaciones que, según denunciaron, no se abonaron en la fecha prevista.

El sector textil sumó otro capítulo. Hilado S.A., una de las principales compañías del grupo TN Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores para afrontar compromisos financieros y preservar la continuidad operativa. La empresa, perteneciente a la familia Karagozian, atravesó un proceso de reestructuración en un contexto de caída del consumo, aumento de importaciones y elevado costo financiero.

Hilado S.A. contó con alrededor de 800 trabajadores distribuidos en La Rioja, Monte Caseros y Tucumán. En los meses previos, el grupo acumuló cierres y despidos: 190 trabajadores en la planta de Los Gutiérrez, 100 en Las Piedritas, 50 despidos y 12 contratos no renovados en La Rioja, además de 300 reducciones en Monte Caseros durante 2025.

Los casos individuales se inscribieron en una contracción más amplia del entramado productivo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2023 el sistema registraba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. En noviembre de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores.

En ese período se produjo una caída neta de 21.938 empleadores y 290.602 trabajadores registrados. En noviembre de 2025, el cierre neto mensual fue de 892 empleadores.

La reducción del empleo formal se combinó con pérdida salarial. El índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras la inflación alcanzó 27,9% en el mismo período. La diferencia implicó una caída real de más de dos puntos.

En ese marco, ir a trabajar también se encareció. El Poder Ejecutivo dispuso una nueva suba en los colectivos que unen la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires: el boleto mínimo pasó de $494 a $650 en febrero y se anunció otro incremento de 10% para marzo.

El cierre de Fate dejó 1.500 trabajadores sin empleo en un día. En La Pampa, 194 empleados fueron despedidos y las plantas quedaron paralizadas. En el sector textil, 800 trabajadores quedaron bajo la incertidumbre de un concurso preventivo. En dos años, el sistema perdió 290.602 puestos registrados.

Hasta el momento, ni Fate ni el frigorífico General Pico informaron públicamente fechas concretas de pago de indemnizaciones ni abrieron instancias de negociación con intervención efectiva del Estado nacional.

JJD

La planta de Fate en San Fernando cerró por decisión de sus dueños y dejó a 1.500 trabajadores sin empleo, según confirmó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). El anuncio se conoció esta mañana mediante un comunicado empresarial que informó el cese de actividades tras 70 años de producción. Los operarios que se presentaron a las 6 de la mañana encontraron los portones con cadenas y un operativo policial en el ingreso.

Alejandro Assumma, integrante del Sutna y trabajador de la fábrica, relató en AM 530 Somos Radio que el sindicato se acercó a la planta ante rumores de cierre que circulaban desde hacía dos días. “Nos encontramos con los portones con cadenas, la fábrica militarizada”, describió. Según su testimonio, cuando el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, intentó ingresar como lo hacía habitualmente, fue detenido por efectivos policiales. “Lo detuvieron y está acá rodeado de policías”, afirmó.

La empresa comunicó que la planta cerró después de siete décadas de actividad. Assumma sostuvo que el cierre fue “totalmente desleal, sin aviso a los trabajadores”. La fábrica empleaba a más de 1.500 personas entre operarios de producción y personal administrativo. Hace dos años, según el dirigente, la dotación rondaba los 3.000 trabajadores.

El impacto social es inmediato: 1.500 familias quedaron sin su fuente de ingreso de un día para el otro, en un contexto de deterioro salarial y negociaciones colectivas paralizadas. La paritaria del sector llevaba 13 meses sin actualización en el caso de Fate, tal como publicó trabajAR semanas atrás. En aquella ocasión, los operarios denunciaron que la empresa no presentó ninguna propuesta de recomposición salarial en el marco de la paritaria 2025 y que acumulaban más de un año sin aumentos.

Mientras Pirelli había adelantado un 20% y Firestone un 24% a cuenta de futuros acuerdos, Fate no había ofreció siquiera un anticipo. Un trabajador de la planta afirmó entonces: “Estamos cobrando un salario que perdió más del 30% de poder de compra”. La inflación acumulada en 2025 fue del 31,5%.

La falta de actualización salarial se combinó con un escenario más amplio de pérdida del poder adquisitivo. Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9% en el mismo período, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales. En ese contexto, los trabajadores de Fate enfrentaron el cierre con ingresos ya deteriorados.

Assumma vinculó el desenlace con el conflicto paritario sin resolver. “Tenemos ya 14 meses que estamos sin aumento”, sostuvo en la entrevista. También señaló que el gremio esperaba una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación por ese motivo, pero que no tuvo diálogo con autoridades nacionales en las horas previas al cierre.

El dirigente afirmó que la familia Madanes Quintanilla, dueña del grupo empresario, al que identificó como parte de un holding con inversiones en energía y aluminio, decidió reorientar la inversión hacia el sector eléctrico. “Está dejando a 1.500 trabajadores en la calle”, denunció. No hubo, hasta el momento, información oficial de la empresa sobre el pago de indemnizaciones ni sobre eventuales retiros voluntarios.

Durante la mañana, un grupo de trabajadores ingresó a la planta y se subió a los techos en señal de protesta, según relató Assumma. El gremio convocó a una permanencia en la puerta de la fábrica y pidió la liberación inmediata del secretario general detenido. “Estamos llamando a todos los compañeros que se acerquen y a todas las organizaciones que se solidaricen con esta lucha”, expresó.

El cierre de Fate se produjo en un clima de fuerte tensión sindical por el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, distintos gremios denunciaron retrocesos en derechos de los trabajadores. En el sector del neumático, los trabajadores ya habían advertido que la negociación fragmentada por empresa anticipaba un esquema regresivo .

La planta de San Fernando concentraba una parte central de la producción nacional de neumáticos. Con su cierre, el sector quedó reducido a las multinacionales que operan en el país, Pirelli y Firestone. El Sutna se encontraba en plan de lucha frente a las tres empresas que concentraban la producción nacional, entre ellas Fate .

La empresa no informó públicamente un cronograma de pago de indemnizaciones ni abrió una instancia de diálogo con el sindicato. Los operarios permanecían esta tarde en la puerta de la planta, mientras el gremio exigía la liberación de su secretario general y la intervención del Estado nacional.

¿Qué dice el comunicado de la empresa?

El comunicado de la compañía informó: “Fate S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

La planta que dejará de estar operativa es la mayor del país y tenía una capacidad productiva que superaba los cinco millones de neumáticos por año. El cierre se da en un contexto de crisis para la industria afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Al respecto, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

El cierre es el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

En este marco, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

JJD, con información de NA