El Gobierno británico respondió a la decisión de la Argentina de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. Londres anunció que prepara medidas para proteger a las empresas y ciudadanos británicos y advirtió que actuará frente a cualquier intento argentino de obstaculizar sus actividades comerciales en las islas.

A través de un comunicado, el gobierno laborista de Andy Burnham reafirmó su posición sobre el archipiélago. “El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, sostuvo.

El texto también anticipó que el Ejecutivo británico prepara medidas en el marco de la legislación sobre Protección de los Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) y subrayó que el Reino Unido “no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”.

La legislación invocada por Londres data de 1980, dos años antes de la guerra de Malvinas, y tiene como objetivo proteger a las personas y empresas británicas frente a leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por otros países que puedan afectar los intereses comerciales del Reino Unido.

El secretario de Estado de Comercio e Industria británico, Jonathan Reynolds, advirtió que su gobierno “actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido”.

“Estas medidas envían una clara señal de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas”, agregó el funcionario.

La controversia también tuvo repercusión en la prensa británica. Según publicó The Guardian, el Reino Unido solicitó a Interpol que rechazara eventuales pedidos de detención contra personas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion. Sin embargo, de acuerdo con la información disponible, la Argentina no había presentado una solicitud de esas características.

El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar

La respuesta británica se produjo luego de que el Gobierno argentino presentara ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido agraven la controversia territorial reconocida por las Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial, la medida forma parte del procedimiento arbitral que el Gobierno nacional inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y sus recursos naturales.

El Ejecutivo explicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite requerir medidas provisionales mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral. El mecanismo tiene como finalidad preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino cuando la urgencia de la situación así lo requiera.

En su presentación, la Argentina reafirmó sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La viabilidad del acuerdo con el que Donald Trump consiguió que Venezuela le entregue 65.000 millones de barriles en reservas sigue generando muchos interrogantes. Pero algo resulta cada vez más evidente: Washington está tratando a Caracas como un protectorado de facto.

La concesión petrolera es la última de las dinámicas en las que Estados Unidos se dedica a plantear los acuerdos y anunciarlos, mientras el Gobierno interino de Delcy Rodríguez le sigue el paso. Después de que Trump anunciara la privatización del 22% de las reservas petroleras de Venezuela, un elemento crítico que incide sobre la soberanía del país, Rodríguez intentó paliar la noticia remarcando que Caracas obtendrá 209.000 millones de dólares en impuestos y 100.000 millones de inversión.

“Si se legitima este acuerdo desde el punto de vista jurídico, se hipoteca el futuro del país a 100 años, más de lo que ya lo habían hipotecado tanto Chávez como Maduro con el desmantelamiento democrático”, advierte Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA). La investigadora, que siguió de cerca la deriva del país desde que Estados Unidos intervino militarmente para deponer a Nicolás Maduro, señala que “Venezuela no está atravesando una transición democrática” y que este nuevo trato es una muestra más.

Francisco Rodríguez, académico venezolano y economista del Center for Economic and Policy Research, subraya cómo la dinámica entre Washington y Caracas “se asemeja” a “otras situaciones similares a protectorados, como Irak bajo la ocupación de EE.UU., o a principios del siglo XX en Cuba, la República Dominicana y Haití”. Además, Dib señala cómo la prioridad del Gobierno de EE.UU. es afianzar “actores que cumplen con los deseos de forma incuestionable de la Administración Trump, y eso es lo que ha hecho Delcy Rodríguez”.

Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente

Laura Cristina Dib — Directora del Programa para Venezuela del grupo de Defensa de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA)

El lunes por la noche, la Casa Blanca publicó un nuevo comunicado en el que detallaba que la empresa encargada de explotar los 17 campos petroleros para extraer esos 65.000 millones de barriles será la compañía North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa, que estará asociada directamente con el Gobierno estadounidense, es propiedad del millonario venezolano Alejandro Betancourt, investigado por la justicia en España y Suiza por su supuesta participación en un esquema de lavado de miles de millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA –acusaciones que él rechaza–.

Dib opina que la confirmación por parte de la oficina presidencial de que se ligará a NABEP supone “institucionalizar aún más la corrupción, pero ahora con el apoyo de Estados Unidos”. Para la investigadora, que se haya cerrado un acuerdo de este calibre con una empresa va en contra de los supuestos objetivos de democratizar Venezuela. “Estados Unidos, lejos de ser el bastión de la democracia y la libertad, está siendo el principal actor de la erosión democrática en todo el continente”, lamenta.

“Es cierto que ha habido cerca de mil excarcelaciones desde el 3 de enero para acá, pero también es fundamental, cuando uno hace este balance, ver qué es todo lo que no ha cambiado. Y realmente, cuando lo pones en una balanza, ves que Venezuela no está atravesando una transición democrática. Mi mayor miedo es que este acuerdo petrolero le da espacio a actores que sabemos que son responsables de la corrupción; por lo que se fortalece el sistema autoritario y cleptocrático”, sentencia Dib.

La asociación con la compañía de Betancourt incluye que el Pentágono, a través de su Oficina de Activos Estratégicos, tendrá el 35% de la propiedad de la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, además, tendrá garantías para adquirir el 20% de la producción de todos los pozos petroleros operados ahora y en el futuro por la compañía venezolana, a precio de coste. Y tendrá prioridad de compra sobre el 80% del petróleo restante, “lo que proporcionará una fuente de energía garantizada en nuestro hemisferio en situaciones de emergencia”.

Posibles contratiempos

Más allá de que se tardarán décadas en restaurar la dañada industria petrolera para empezar a poder extraer el crudo, Dib apunta que, una vez este acuerdo llegue al Congreso estadounidense, aún puede haber más contratiempos. Especialmente, si después de las elecciones de noviembre los demócratas consiguen recuperar el control de ambas cámaras.

“Hay muchas preguntas desde el punto de vista jurídico sobre qué implicaciones tiene este acuerdo con un gobierno que no es legítimo”, advierte la investigadora, que subraya: “El artículo 12 de la Constitución venezolana prevé que los recursos minerales y petroleros le pertenecen a la República y, por tanto, tienen un marco jurídico distinto que lo regula”.

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentaron una acción judicial para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en aguas próximas a las islas Malvinas.

La demanda fue presentada ante el Juzgado Federal de Río Grande, con competencia sobre Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y plantea una acción preventiva de daño ambiental colectivo con una dimensión adicional: la protección de la soberanía argentina sobre el territorio y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

Las organizaciones solicitaron la suspensión inmediata de las obras, perforaciones y movimientos del lecho marino vinculados con el proyecto, así como de las operaciones financieras destinadas a sostenerlo.

Sea Lion -denominado León Marino en la presentación judicial- se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas. Las empresas proyectan comenzar la extracción de petróleo durante el primer semestre de 2028 y mantener la producción durante más de 30 años.

El proyecto fue autorizado por las autoridades de las islas Malvinas, pero, según la demanda, no cuenta con evaluación de impacto ambiental ni con las autorizaciones requeridas por la legislación argentina.

Un proyecto de gran escala

De acuerdo con la información aportada por las organizaciones, las primeras dos fases de Sea Lion contemplan la perforación de 23 pozos submarinos: 16 productores, seis destinados a la inyección de agua y uno de gas.

El desarrollo incluye cañerías y equipamiento instalado sobre el lecho marino, además de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. Navitas informó que la primera etapa contempla 11 pozos y la segunda, otros 12.

La infraestructura no se limitaría al área offshore. El proyecto prevé utilizar Puerto Argentino como centro logístico, con ampliaciones portuarias, depósitos, viviendas y plantas destinadas al almacenamiento y tratamiento de combustibles, químicos y lodos de perforación.

Según las organizaciones demandantes, durante 2026 comenzaron trabajos vinculados con el muelle y la base terrestre, mientras que las compañías avanzaron en la fabricación de equipos y en la adaptación de la unidad flotante que será utilizada en el yacimiento. La perforación está prevista para comienzos de 2027.

El volumen y la extensión temporal de la iniciativa son uno de los argumentos utilizados por AAdeAA y CECIM para sostener que se trata de una explotación de gran escala, cuyos potenciales efectos deben ser evaluados antes de que se produzcan daños ambientales.

Sin evaluación ambiental argentina

Uno de los principales argumentos de la demanda es que las empresas no realizaron ante el Estado argentino las presentaciones obligatorias para explorar o explotar hidrocarburos ni iniciaron un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Las organizaciones indicaron que habían realizado pedidos de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Economía en enero de 2026 y que las respuestas oficiales confirmaron la ausencia de esos trámites.

La evaluación de impacto ambiental, sostienen, permite identificar riesgos, exigir estudios, analizar alternativas y garantizar la participación ciudadana antes del inicio de una actividad potencialmente dañina.

En ese sentido, AAdeAA y CECIM sostienen que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas no pueden reemplazar las exigencias de la legislación argentina ni habilitar la disposición de recursos naturales ubicados en áreas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

La situación se suma, según la presentación, a los antecedentes de las dos empresas en el país.

Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años. Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó el anuncio de inversión realizado por ambas compañías y sostuvo que la iniciativa carecía de autorización argentina y contradecía las resoluciones de Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía.

Rockhopper conserva el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65%.

El riesgo para el Mar Argentino

El reclamo judicial también advierte sobre los posibles efectos ambientales de la explotación petrolera sobre los ecosistemas del Atlántico Sur.

La demanda identifica dos ecorregiones que podrían verse afectadas: Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur. Según las organizaciones, ambas mantienen además una conexión ecológica con la Antártida.

La ecorregión del Mar Argentino comprende las aguas de la plataforma continental y presenta una elevada productividad biológica. Allí habitan, se reproducen o se alimentan unas 300 especies de peces, además de ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, albatros, petreles, cormoranes, orcas, delfines, tiburones y rayas.

Los denunciantes señalan que la explotación petrolera implica perforaciones, movimientos del lecho marino, circulación de embarcaciones, generación de ruido submarino y utilización de sustancias químicas, además del riesgo de derrames.

El planteo sostiene que un eventual derrame podría extender sus efectos a otras áreas del Atlántico Sur debido a las corrientes marinas, afectando zonas utilizadas para la alimentación, reproducción y migración de distintas especies.

A esto se sumarían los impactos asociados a las instalaciones terrestres de Puerto Argentino, como la ampliación de infraestructura portuaria, el almacenamiento de combustibles y productos químicos, la generación de residuos, el aumento del tránsito y la construcción de instalaciones industriales.

Para las organizaciones, la actividad offshore y las obras terrestres forman parte de un mismo sistema extractivo y deben ser consideradas de manera integral al evaluar sus consecuencias ambientales.

La soberanía, otro eje de la demanda

La acción judicial incorpora además un argumento vinculado con la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes.

Los demandantes sostienen que el proyecto implica una modificación unilateral de la situación existente mientras permanece abierta la disputa entre la Argentina y el Reino Unido.

En ese sentido, la presentación cita la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

Para AAdeAA y CECIM, el desarrollo de infraestructura, la inversión de capital y la proyección de décadas de extracción de hidrocarburos constituyen una modificación de hecho sobre un territorio cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

El reclamo también se apoya en la Primera Disposición Transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía.

Los demandantes plantean que la soberanía debe ser considerada un bien jurídico colectivo y que su protección está vinculada también con la preservación ambiental y con los derechos de las generaciones futuras.

Qué le piden a la Justicia

Además de solicitar la suspensión de las obras, las organizaciones pidieron impedir nuevos contratos, desembolsos, transferencias o garantías destinados al proyecto Sea Lion.

También solicitaron que se informe de la existencia de la causa a los organismos de control financiero y a los mercados donde cotizan las dos compañías: la Bolsa de Londres, en el caso de Rockhopper, y la Bolsa de Tel Aviv, para Navitas.

Otro de los pedidos apunta a que las petroleras identifiquen a los bancos, fondos de inversión, aseguradoras y demás actores involucrados en el financiamiento de la explotación.

La intención, explicó Enrique Viale, presidente de AAdeAA, es conocer quiénes sostienen financieramente el proyecto para eventualmente solicitar medidas cautelares sobre esos actores.

La demanda también pide que las licencias otorgadas por la administración británica de las islas sean consideradas inoponibles a la República Argentina, al sostener que esas autorizaciones no pueden sustituir los permisos y procedimientos establecidos por la legislación argentina.

Un reclamo que reúne ambiente y soberanía

La presentación reúne dos trayectorias que hasta ahora habían transitado ámbitos diferentes. AAdeAA tiene entre sus principales líneas de acción la defensa jurídica de los ecosistemas y los bienes comunes, mientras que el CECIM, integrado por exsoldados conscriptos de la guerra de 1982, desarrolla desde hace décadas una agenda vinculada con los derechos humanos, la memoria y el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Ambas organizaciones definieron su planteo como una «tutela ambiental soberana», al considerar que en este caso la protección del ambiente y la defensa de la soberanía recaen sobre un mismo espacio.

“Sobre un mismo espacio se superponen dos bienes colectivos: ambiente y soberanía. El daño nace de un proyecto hidrocarburífero de enorme escala, ejecutado sin evaluación ni autorización argentinas. La herida es doble. Afecta los ecosistemas. Afecta el derecho del pueblo a decidir y preservar lo propio”, afirmaron.

La acción se inscribe además en los antecedentes de AAdeAA contra la explotación petrolera offshore. En 2022, la organización, junto con otras entidades y asambleas, promovió una acción judicial contra la exploración hidrocarburífera frente a Mar del Plata, que derivó en una medida cautelar y abrió un antecedente relacionado con la evaluación de impactos acumulativos.

Ahora, el objetivo es que la Justicia intervenga antes del inicio de las perforaciones y evite que el avance de la explotación genere daños ambientales o consolide una situación de hecho sobre un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de una disputa internacional.

Para los demandantes, la prevención es central: una vez producido un derrame u otro daño ambiental de gran escala, sus consecuencias podrían resultar irreversibles, mientras que la instalación de infraestructura y el comienzo de una explotación proyectada durante décadas podrían convertir una decisión unilateral en un hecho consumado.

Con información de la agencia EFE y Abogados Ambientalistas

El reciente acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela desató un largo reguero de críticas. Todavía no se conocen los términos exactos, pero sí lo suficiente como para constatar que el gobierno de Estados Unidos logró un control efectivo sobre la gestión de gran parte del petróleo venezolano. Así, no se cumplieron las advertencias de Diosdado Cabello, ministro de Interior, que hace menos de un año afirmaba que no se entregaría “ni una gota” de crudo a los estadounidenses en caso de producirse una agresión. Finalmente, se produjo la intervención militar, incluyendo el secuestro del presidente, y se transferirá más de una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Según el propio Donald Trump, el acuerdo es para 65.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de todas las reservas del país.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, es decir, de cantidades que son recuperables del subsuelo con la tecnología y precios actuales. Esa circunstancia geológica moldeó profundamente la política del país latinoamericano desde que se descubrieron los primeros yacimientos en 1914, cuando Venezuela llevaba ya un siglo siendo independiente, pero todavía era un país básicamente agrario y muy pobre. Vale la pena remontarse brevemente a ese momento porque, paradójicamente, guarda una similitud sorprendente con lo que está pasando ahora mismo.

La maldición de los recursos

Como muchos países en desarrollo saben, que un territorio sea abundante en recursos no significa que tenga un billete garantizado hacia el desarrollo económico. De hecho, es más habitual lo contrario, es decir, que las naciones más abundantes en recursos naturales sean también las más pobres. En economía se conoce como maldición de los recursos a una hipótesis que intenta explicar esa paradoja, y según la cual el problema principal es que el país se vuelca tanto en explotar ese sector abundante en recursos (por ejemplo, petróleo) que se 'olvida' de casi todo lo demás.

En realidad, no es una cuestión de decisiones gubernamentales sino de la propia orientación del mercado, ya que tanto el capital internacional como el nacional fluyen, lógicamente, hacia ese sector abundante en recursos que, como es deseado por todo el mundo, genera tasas de ganancia más elevadas y deja de fluir hacia el resto. El país se convierte rápidamente en un exportador del recurso natural y la dinámica económica hace el resto (por ejemplo, el tipo de cambio se encarece y eso dificulta otro tipo de ventas al extranjero, como las industriales).

Cuando a comienzos del siglo XX se fueron descubriendo los yacimientos de petróleo por todo el mundo, solo unas pocas empresas estadounidenses e inglesas tenían la capacidad tecnológica y financiera para extraer el recurso y, además, refinarlo para convertirlo en un producto utilizable por la sociedad (por ejemplo, gasolina, lubricantes, productos petroquímicos, etc.). Aunque el petróleo estaba en el subsuelo venezolano, no había en el país ninguna empresa capaz de convertirlo en algo útil, de modo que se permitió que fueran las empresas multinacionales las que se encargaran de todo. El proceso ganó orden a partir de 1922, cuando el presidente Juan Vicente Gómez declaró los recursos del subsuelo propiedad del Estado y este pasó a controlar tanto las concesiones como los royalties e impuestos aplicables. Eran tales las reservas venezolanas que en los años treinta el país ya se había convertido en el principal exportador de petróleo del mundo.

Gracias a los impuestos aplicados a la actividad extractiva, el Estado fue capaz de desplegar una estrategia de creación de infraestructuras y servicios públicos que dinamizaron la economía, elevándose también el consumo de una emergente clase media, al tiempo que se fortalecía su autoridad sobre el territorio. El contexto de boom del petróleo favoreció que los países en los que las multinacionales extraían el recurso reclamaran una mayor porción de la torta y Venezuela fue, además, pionera en la lucha y ejemplo posterior para países de Medio Oriente. La legislación de 1943 y, posteriormente, la consolidación del principio 50-50 (reparto por igual de los beneficios) hicieron que el Estado capturase una parte mucho mayor de los beneficios generados por la actividad petrolera.

En el contexto de posguerra, de intervencionismo económico y descolonización, se extendió el imaginario de que el desarrollo económico pasaba por controlar y explotar directamente los recursos naturales. La idea de desarrollo nacional y económico iban de la mano en un imaginario extractivista que se interpretaba como condición para igualar la riqueza de los países más avanzados. Tras los precedentes de Rusia en 1917 y México y Bolivia en los años treinta, en 1951 Irán fue el primer país de Oriente Medio en nacionalizar su petróleo y expulsar a las empresas occidentales. Pero solo dos años después el gobierno de Mossadegh fue derrocado por un golpe de Estado de Reino Unido y Estados Unidos.

En 1957, Irán permitió la entrada de la multinacional italiana ENI, que aceptó un acuerdo 75-25 que puso nerviosas al resto de multinacionales y demostraba que los países petroleros estaban interesados en captar mayores cuotas de las rentas del sector. En septiembre de 1960, algunos de estos países, a instancia de Venezuela, formaron la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para fortalecer sus demandas y elevar la participación del Estado al menos a una ratio 60-40. En los años setenta se producirían las primeras grandes nacionalizaciones de compañías occidentales, primero en Argelia y Libia, y luego, y de forma progresiva, en los países del Golfo Pérsico. Los llamados países productores demostraban tener ya la capacidad tecnológica y financiera para realizar la actividad ellos mismos y sin mediaciones, es decir, capturando completamente toda la renta petrolera.

La compañía estatal de Venezuela fue PDVSA, creada en ese contexto internacional en 1976. La renta petrolera era tan alta que los partidos políticos dominantes se repartieron su influencia en el denominado pacto del Punto Fijo. El sistema seguía siendo el mismo: un desarrollo económico totalmente dependiente de las rentas petroleras, donde el gobierno tenía un margen enorme para decidir qué hacer con ellas (con una fuerte autonomía de PDVSA respecto del poder político y problemas crecientes de corrupción) y consecuentemente muy vulnerable a las caídas del precio del petróleo. Durante esas décadas fracasaron todos los intentos de diversificar la estructura productiva, como la industrialización por sustitución de importaciones, que logró crear determinadas capacidades industriales, pero no consiguió modificar sustancialmente la dependencia estructural de la renta petrolera. La caída de los precios a mediados de los años ochenta llevó al país a una crisis económica que fue gestionada a la manera neoliberal, desembocando en una profunda crisis política que duró hasta que en 1998 Hugo Chávez ganó las elecciones.

El chavismo se construyó sobre el rentismo petrolero

La victoria de Chávez no gustó a las élites que habían gestionado la renta petrolera hasta entonces, razón por la cual sufrió el golpe de Estado de 2002. Tras superarlo gracias al apoyo popular y de los militares, y tras un paro patronal de la empresa PDVSA, Chávez despidió a miles de trabajadores y gestores de la empresa y tomó un control mucho más activo sobre sus decisiones. Los precios del petróleo acompañaron y el gobierno logró poner en marcha políticas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza y redujeron de manera muy notable la desigualdad. Sin embargo, todo el sistema seguía dependiendo en última instancia de las rentas petroleras.

Se suele hablar de PDVSA como una suerte de para-Estado porque asumió proyectos que no tenían nada que ver con su función económica, como programas sociales o proyectos de infraestructuras urbanas. Así, el endeudamiento de la empresa quedó no sólo vinculado a su actividad inversora y extractiva sino también a la necesidad de acometer proyectos sociales ajenos a la entidad. Por otro lado, la cualificación de los nuevos dirigentes parecía estar lejos de las capacidades de los anteriores. Además, políticamente era una forma de llevar a cabo una intervención pública que no pasaba por los controles habituales de la asamblea nacional. Algunos o todos estos elementos ayudan a entender por qué la empresa PDVSA ya se encontraba en niveles de actividad económica y financieros muy bajos antes de que llegaran las primeras sanciones estadounidenses en 2017. Las sanciones no crearon el deterioro de PDVSA, que ya era evidente antes de 2017, pero sí contribuyeron posteriormente a profundizarlo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el peso del petróleo en las exportaciones siempre fue muy alto en Venezuela. Curiosamente, la mayor dependencia del petróleo se produce durante el período chavista, con niveles por encima del 95%, lo que da muestra del fracaso de las estrategias de diversificación industrial. Eso sí, durante el período de Hugo Chávez, el PIB por habitante fue recuperándose desde los niveles anteriores, lo que es congruente con otros indicadores sociales que también mejoraron durante ese período.

Lo cierto es que durante el chavismo las rentas petroleras, en vez de financiar opulentos modos de vida de una minoría de la población vinculada a las elites y los burócratas de PDVSA, sirvieron para combatir la desigualdad y la pobreza. No obstante, sin la erradicación completa de la corrupción. Pero en ambos casos las rentas servían para garantizar la estabilidad social y política de los tiempos de 'vacas gordas'. Cuando las rentas se secaban, devenían los problemas.

Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro heredó un modelo económico extremadamente dependiente del petróleo y, un año después, el desplome de los precios internacionales del crudo desencadenó una crisis económica de enorme magnitud. El apoyo electoral al chavismo se fue debilitando y, tras perder la mayoría parlamentaria en 2015, el Gobierno respondió mediante una creciente concentración del poder institucional y una progresiva erosión de los mecanismos democráticos. Mientras tanto, la gestión de la renta petrolera quedó crecientemente en manos de fracciones militares leales al gobierno. Lejos de abandonar el modelo extractivista, en el año 2016 Nicolás Maduro aprobó el proyecto del Arco Minero del Orinoco, pensado para extraer oro y otros minerales de una inmensa área de Venezuela. El objetivo declarado era fomentar las exportaciones de estos minerales, algunos de los cuales son importantes en la transición energética hacia energías renovables, y con una fuerte participación de empresas estatales y actores vinculados a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, en la actualidad la producción petrolera venezolana se encuentra muy por debajo de su potencial y de sus niveles históricos. La coyuntura de precios internacionales, la mala gestión de la empresa y las sanciones provocaron un desplome de la actividad petrolera que privó de las rentas al Estado venezolano. En esas condiciones, Venezuela vuelve al comienzo, es decir, a la necesidad de atraer capital extranjero para realizar las inversiones necesarias para extraer el combustible fósil.

El papel de Estados Unidos

Para Estados Unidos el petróleo venezolano es especialmente importante, porque se trata de un tipo de crudo pesado que necesitan para una parte importante de la capacidad de refino estadounidense, pero cuya producción doméstica no basta para abastecerla. Aunque Estados Unidos se convirtió en el mayor productor mundial de petróleo gracias, entre otros factores, al desarrollo del fracking, siguen siendo importadores netos de petróleo pesado. Y no parece casualidad que sus dos principales fuentes de petróleo pesado hayan sido hasta hace poco Canadá y Venezuela, países con los que está tratando de redefinir su relación (con una guerra comercial en el primer caso, y con la violencia en el segundo). En el caso de Venezuela, como podemos ver en el siguiente gráfico, la caída de importaciones fue progresiva durante el gobierno de Hugo Chávez y terminó desplomándose después. Con los nuevos acontecimientos, la Casa Blanca se aseguró que ese flujo se reactiva.

Aunque habrá que esperar a conocer los términos exactos del acuerdo, los cálculos preliminares parecen indicar que la captura de la renta que hará el Estado venezolano del sector petrolero será notablemente inferior a la que existía incluso durante el período del Punto Fijo. En este sentido, Estados Unidos logró capturar una parte sustancial de esa renta que hasta hace unos años era impensable; y lo logró a través de las sanciones, que terminaron de machacar la débil capacidad productiva de PDVSA, y de la violencia ejercida contra otro país soberano.

Por otro lado, merece la pena remarcar de nuevo que durante el chavismo la renta petrolera permitió una importante redistribución social y una mejora de numerosos indicadores de bienestar, pero no consiguió transformarse en una diversificación productiva suficiente capaz de reducir la dependencia del petróleo. El apoyo popular al chavismo era real y está claramente acreditado, y sobre bases razonables, pero todo el sistema se sostenía sobre los precios del petróleo, de modo que cuando se agotó el flujo extraordinario de rentas comenzó también la deslegitimación ciudadana.

El economista Edward Barbier señalaba, reflexionando sobre la paradoja de la maldición de los recursos, que para que un país se desarrolle no sólo es necesario tener recursos abundantes y extraer renta de ellos sino, y muy especialmente, reinvertir esas rentas en diversificar la actividad económica y crear encadenamientos (de modo que las industrias se necesiten unas a otras). Este último paso es el que no fue capaz de completar Venezuela en los últimos cien años. Y tampoco el chavismo, a pesar de haberlo proclamado.

En realidad, hay un irónico componente cíclico en todo esto. Porque primero fue el capital extranjero el que explotó un recurso sobre el que el Estado apenas tenía capacidad efectiva de intervención. Después, a través de impuestos, nacionalizaciones y finalmente la creación de PDVSA, el Estado fue capturando una parte cada vez mayor de esa renta hasta hacerse prácticamente con su totalidad. El chavismo heredó ese modelo de rentismo estatal y utilizó sus extraordinarios ingresos para redistribuir la riqueza, pero no consiguió transformar de manera suficiente esas rentas en una estructura productiva diversificada. Cuando la producción y los precios se desplomaron, también lo hizo la capacidad del Estado para sostener ese modelo. Y ahora, un siglo después del comienzo de la explotación petrolera moderna, Venezuela vuelve a necesitar capital extranjero para explotar su principal recurso. Es como si varias décadas de luchas políticas y sociales en torno a la captura de renta por actores extranjeros hubieran desaparecido de golpe. Y al menos Venezuela sigue sin saber responder a qué hacer con la renta que genera un producto, el petróleo, que además tiene los días contados. El problema adicional es que ahora ni siquiera lo deciden ellos.

El presidente Donald Trump, anunció este viernes un “histórico” acuerdo con Venezuela para controlar sus reservas petroleras que duplicará las que tiene Estados Unidos. En su red Truth Social, lo calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y declaró que el convenio asegura el “control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela”.

“La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo”, añadió. Trump describió el acuerdo como una “alianza con el sector privado” que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, “en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela”, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela también confirmó horas después el “histórico acuerdo” petrolero con Estados Unidos y agradeció “altamente” a Trump y a Rubio por “su disposición en el desarrollo” de una alianza que describió como “un hito histórico en las relaciones bilaterales”. En un comunicado, la líder chavista, al frente del Gobierno venezolano tras la detención de Nicolás Maduro en Caracas por parte de EE.UU. en enero de este año, aseveró que el acuerdo permitirá “incrementar considerablemente la producción de petróleo con la participación de operadores privados”.

La mandataria expresó que el convenio fue suscrito gracias al “fortalecimiento de la relación” entre Caracas y Washington, que reanudaron formalmente sus vínculos diplomáticos en marzo pasado tras siete años de ruptura, y tendrá un “impacto significativo en el renacimiento” de Venezuela. Además, facilitará un “importante flujo de inversiones destinado a la recuperación y reconstrucción de infraestructura estratégica para el desarrollo” de la industria de los hidrocarburos, que cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

“Venezuela consolida así una nueva etapa de recuperación, crecimiento, producción, seguridad y prosperidad para nuestro pueblo”, agregó la presidenta encargada, quien el pasado lunes había dicho que su país produce hoy 1,23 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, su nivel más alto desde febrero de 2019.

Por su parte, Rubio describió el acuerdo como “una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”. Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, “respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”. “Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de ”Estados Unidos primero“: asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país”, dijo.

Desde el secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

¿Qué se sabe del acuerdo?

Aunque aún faltan muchos detalles del trato, Delcy Rodríguez ha precisado que supondrá el desarrollo de 17 campos estratégicos en el país con las mayores reservas de crudo probadas del mundo y una inversión de más de US$100.000 millones. El millonario acuerdo anunciado, tras meses de negociaciones, en torno a un sector estratégico clave, cimenta la relación entre las dos Administraciones sobre la que Trump ha declarado en varias ocasiones que Estados Unidos “está a cargo” de Venezuela.

Empresas estadounidenses explotarán la mayor parte de unas reservas con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, lo que, según Trump, supondrá duplicar con creces las reservas probadas petroleras de Estados Unidos que contaba con 46.400 millones de barriles de crudo y condensado al cierre de 2023, según la Administración de Información Energética (EIA).

Venezuela, cuya industria petrolera representa el corazón de su economía, cuenta con reservas de 303.806 millones de barriles, según el Ministerio de Hidrocarburos. Por tanto, el volumen acordado entre ambos países, de unos 65.000 millones de barriles, representa más del 21 % del total de reservas del país suramericano.

Según Rodríguez, las operaciones aportarán más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado, mientras que Trump destacó que el acuerdo no tendrá coste para el contribuyente estadounidense y reducirá los precios de la gasolina en medio de un aumento por la guerra de Irán.

Según medios estadounidenses, Chevron, que opera en Venezuela, sería una de las petroleras implicadas en el acuerdo.

Flexibilización de sanciones

Trump valoró desde el principio a Rodríguez como una interlocutora fiable. Pronto flexibilizó las sanciones impuestas a Venezuela mediante excepciones aunque mantuvo la base sobre el Gobierno y la petrolera estatal PDVSA.

A finales de enero, autorizó a “entidades estadounidenses establecidas” a comprar, levantar, exportar, transportar, almacenar y vender con condiciones crudo o productos venezolanos; en marzo habilitó ciertas transacciones con PDVSA y este 27 de agosto actualizó la autorización de operaciones de petróleo y gas para seis compañías: BP, Chevron, Eni, Maurel & Prom, Repsol y Shell, y sus subsidiarias.

Reformas oportunas en Venezuela

La Venezuela de Rodríguez cedió el control estatal sobre la actividad petrolera para abrir las puertas al capital privado y extranjero al reformar de manera sustancial la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una medida que analistas interpretan como el desmantelamiento del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

Esa reforma, que se aprobó el mismo enero en que fue detenido Nicolás Maduro, ha permitido la llegada de nuevo capital: según Rodríguez, se ha suscrito medio centenar de acuerdos para nuevas inversiones en “más de 76 áreas productivas de hidrocarburos”.

Rodríguez también anunció que su país está produciendo hoy 1,23 millones de bpd, su nivel más alto desde febrero de 2019. En 1998, un año antes de que el chavismo llegara al poder, se produjeron 3,1 millones de barriles por día (bpd) de crudo.

Yacimientos de crudo pesado

La Faja Petrolífera del Orinoco, una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados y está ubicada al sur de los estados de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro (este), contiene el 87 % de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos, según Pdvsa. Esta zona fue descubierta en 1936 y nacionalizada en 2007 por el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez (1999-2013).

Sin embargo, los yacimientos petroleros venezolanos son difíciles de explotar al tratarse de principalmente de crudo pesado, que requiere de procesos complejos para extraerse y refinarse, especialmente con una infraestructura en mal estado. El mismo Trump, en su anuncio, advirtió que el suministro de petróleo venezolano ayudará a Estados Unidos “a largo plazo”.

Con información de EFE

Argentina se encamina a entrar este año en el top 20 de exportación de petróleo, por encima de Colombia, y a partir de 2027 con el futuro oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en funcionamiento quizás supere a finales de la década a México (puesto 16) y Venezuela (17). En 2026 aspira a convertirse en el segundo exportador de litio, sólo por detrás de Australia, pero por arriba de Chile y China. Por ahora sólo una pequeña mina produce cobre, en Jujuy, pero sueña con entrar al top 10 exportador del mineral en 2035. Son todos resultados de políticas de gobiernos anteriores, pero también del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), con sus rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación, con su cesión inédita de soberanía en los eventuales litigios, y gracias a la relajación de la ley que antes protegía a los glaciares.

Con ese salto en los hidrocarburos y la minería se va configurando una nueva burguesía empresaria, en parte nacional y en parte extranjera. Para identificar los rostros de esos ganadores, se pueden identificar, por un lado, las principales fusiones y adquisiciones (M&A, como se las llama en inglés) en dos años de gobierno de Javier Milei. Por otro, los ganadores de las privatizaciones que por ahora se han concretado. Y, finalmente, las mayores inversiones previstas en el RIGI.

El director de fusiones y adquisiciones de la consultora norteamericana KPMG en Argentina, Ramiro Isaac, elaboró un informe para elDiarioAR sobre las principales compras entre 2024 y 2026. “2024 marcó un punto de inflexión para el mercado argentino de M&A. En un contexto de políticas pro mercado, la actividad registró un crecimiento del 39% respecto de 2023, alcanzando el nivel más alto desde 2019. Se observó una mayor participación de compradores locales respecto de años anteriores, una dinámica habitual en etapas de transición donde dichos actores suelen mostrar una mejor capacidad para interpretar y anticipar los ciclos económicos locales”, comenta Isaac. Ese año se concretaron las siguientes operaciones:

“Durante 2025, el contexto local continuó condicionado por la incertidumbre originada por el proceso electoral de medio término. Sin embargo, grandes transacciones llevaron a un incremento interanual del 63% en el valor agregado de las operaciones anunciadas”, recuerda el ejecutivo de KPMG. En 2025 se materializaron las siguientes compras:

“Durante el primer semestre de 2026, la actividad se ubicó por debajo de los niveles alcanzados durante el mismo periodo de 2025”, admite Isaac. Estas fueron las operaciones registradas:

En la segunda mitad del año, la estatal YPF ya concretó la venta de Metrogas a Edenor, la eléctrica de Manzano, Vila y Mauricio Filiberti, por US$780 millones. No se descarta que juntos se presenten en la privatización de AySA, de modo de controlar así la mitad de la distribución de luz y el total del gas y el agua en la capital y sus alrededores. El Gobierno aspira a recaudar US$500 millones por la empresa de agua potable y cloacas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Nuevas inversiones se sumaron esta semana a Vaca Muerta. El norteamericano Thiel Macro, el fondo del nuevo vecino palermitano Peter Thiel, compró el 1% de Vista en la bolsa por US$76 millones. Harold Hamm, uno de los pioneros del fracking estadounidense, compró con su empresa Continental Resources el 50% de Phoenix Global Resources, de Manzano.

Otras privatizaciones resonantes han sido las cuatro centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: Central Puerto, de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, retuvo Piedra del Águila por US$245 millones, Manuel Santos Uribelarrea se quedó con El Chocón por US$235 millones y Edison, con Alicurá y Cerros Colorados, por US$226 millones. La hidrovía del río Paraná fue concesionada al anterior gestor, la belga Jan de Nul, pero ahora en sociedad con Servimagnus, de la familia Román, mientras que los ferrocarriles de carga Belgrano, San Martín y Urquiza serán disputados por el Grupo México contra un consorcio de cerealeras (Aceitera General Deheza, AGD, de Roberto Urquía; las norteamericanas Bunge y Cargill, la neerlandesa LDC y la cooperativa ACA.

El Observatorio RIGI, que integran diversas organizaciones no gubernamentales, señala que el 43% de las inversiones comprometidas son en petróleo, el 24% en cobre, el 17% en gas y el 10% en litio. En cuanto a la minería, los mayores compromisos de inversión corresponden a:

En cuanto a hidrocarburos, YPF promete US$28.777 millones; la norteamericana Chevron, US$14.214 millones; Pluspetrol, US$12.654 millones y Pampa, de Mindlin, US$10.379 millones. Pese a tantos anuncios, la inversión cae 7% en lo que va del año, según mide la consultora de Orlando Ferreres. “Normalmente sería del 21% del PBI, o sea un poco más de US$ 100.000 millones, pero ahora está alrededor de 14% del PBI, es decir, US$ 75.000 millones”, explica Ferreres. “Todos los RIGI dan un flujo de US$ 5.500 millones por año. Es decir es muy poco lo que se obtiene con los diferentes RIGI en relación a la inversión bruta total. Es un buen mecanismo, pero el que tiene capital le cuesta invertirlo ahora, cuando falta algo más de un año para las elecciones”, reflexiona Ferreres.

Más allá de las promesas de inversión, el Observatorio del RIGI, que nuclea a organizaciones como FARN, CELS y ETFE, entre otras, lanza las siguientes advertencias sobre el régimen:

AR/MG

Javier Milei acumula negacionismo. El climático: niega que el ser humano sea responsable del calentamiento global. El del terrorismo de Estado: niega que la última dictadura haya orquestado un plan sistemático de secuestro, tortura y asesinato y dice que sólo hubo abusos. El de la desigualdad salarial de género: niega que las mujeres cobren menos que los varones por igual tarea. Ahora se suma el negacionismo de la actualidad económica. ¿Qué dirá del incipiente fenómeno de emigración de líneas de producción industrial a las tierras de su enemigo Lula da Silva, Brasil?

Este jueves, en la edición anual argentina del Council of the Americas, organización empresarial norteamericana, en el hotel Alvear, Milei negó que haya subido el desempleo, pese a que el Instituto de Estadísticas (Indec) demuestra que se elevó de 6,9% al 7,8% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2026 -última medición-, y pese que parte de los despedidos de la economía formal encontró salida, aunque con menos ingresos, en la precariedad de las apps y otros rebusques. También negó que hayan bajado los salarios, pese a que el Indec informó este jueves sobre los sueldos de junio y sus datos demuestran que están en el caso del sector privado formal 3,2% debajo del nivel de por sí bajo que dejó el anterior gobierno y en el del estatal, 16,6% inferior.

Pero Milei celebró el dato poco creíble del Indec de que mejoró 40% el salario informal. De ser así no bajaría año tras año el consumo. La consultor Scentia difundió este jueves que el consumo masivo cayó 2,6%, pese al efecto positivo del Mundial, y a pesar de que las ventas online de alimentos, bebidas y artículos de higiene subieron 39,9%. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) reconoció al mismo tiempo que en el primer semestre su actividad disminuyó 5%, mal que le pese a Marcos Galperin, uno de los pocos empresarios que sigue fanático con Milei. Otro es Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y anfitrión del Council, que en su apertura dijo que el cierre de empresas -30.000 en la era Milei- y los despidos -411.000 en el sector privado formal- valen la pena: “Si es el precio para transformar nuestro país, para que nuestros hijos, nietos en mi caso, puedan vivir en un país normal”.

Milei se enojó con los que hablan de una economía dual, pero en el público empresario que lo recibió con fríos aplausos se percibe esa dicotomía. El canciller Pablo Quirno eran quien encabezaba la acotada claque de su discurso. En cambio, se retiraron sin oírlo Juan Martín Bulgheroni, vicepresidente de Pan American Energy (PAE), que tenía un almuerzo programado y no pudo esperarlo, y Marín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se fue a tomar un café con su colega José Urtubey al lobby del hotel.

De un lado vuela el crecimiento de la minería y Vaca Muerta, pero por otro caen el comercio, la industria y la construcción y hasta el campo se queja de la rentabilidad y las retenciones. Por lo menos eso hace Marcos Pereda, que pasó por el Council en medio de su campaña para desplazar al oficialista Nicolás Pino de la presidencia de la Sociedad Rural Argentina en las elecciones del 9 de septiembre. Votan 3.000 afiliados.

Por el estado del Council pasaron algunos ganadores del modelo libertario: Martín Pérez de Solay, CEO de la minera Glencore, una de las más favorecidas por la relajación de la ley de protección de glaciares; María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de la minera Newmont; Hugo Eurnekian, CEO de la petrolera CGC; y Rodolfo Freyre, su par de Southern Energy, el proyecto que llevará gas de Vaca Muerta al mar para exportar al mundo. Otra iniciativa, Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), hará lo propio con el crudo y así meterá ya en 2027 a Argentina entre los 20 principales exportadores mundiales. Superará así a Colombia y expertos como Nicolás Gadano no descartan que pronto se alcance también a potencias petroleras como México y la golpeada Venezuela.

Por eso no es extraño que en esta misma semana, en que los Gandalf marcharon a la residencia porteña de Peter Thiel, su fondo, Thiel Macro, anunció que compraba en bolsa 1% de Vista Oil & Gas, la petrolera de Miguel Galuccio que se centra 100% en el crudo de Vaca Muerta. Galuccio no lo negoció con Thiel: se enteró de la adquisición al mismo tiempo que Thiel Macro la informaba a las autoridades regulatorias de EE UU. Fue días antes de que uno de los pioneros del fracking en ese país, Harold Hamm, comprara con Continental Resources el 50% de Phoenix Global Resources, la petrolera de José Luis Manzano. Se nota que el empresario mendocino dueño de Edenor necesitaba hacerse de fondos tras adquirir recientemente la privatizada Metrogas y la refinería y las estaciones de servicio Shell. Además avanza como candidato para quedarse con la privatización de AySA en sociedad con Mauricio Filiberti, el señor de la producción de cloro. Juntos controlarían medio servicio de luz y todo el de gas y agua de la capital y sus alrededores. ¿Lo objetará la Comisión de Defensa de la Competencia, como a Telecom Clarín, que debió vender parte de la telefonía celular de Movistar a Metrotel?

Pero incluso los triunfadores del modelo tienen negocios que se ven afectados por la merma del consumo, la apertura importadora o el peso sobrevaluado. Y no hay perspectivas de que nada de esto cambie de acá a las elecciones presidenciales de octubre de 2027: ni por mayor empleo, ni mejor salario, ni reactivación del crédito ante la morosidad no sólo de individuos sino también de empresas. Es gracioso cuando funcionarios o empresarios adictos sostienen que el tipo de cambio es el que marca el mercado, cuando el Banco Central está desplegando una artillería de medidas, incluida la suba de la tasa de interés, para evitar que el dólar mayorista supere los $1.500 y se estire la inflación mensual del 2%.

Una de cada cuatro pymes deja de pagar impuestos por su crisis, según el Observatorio Pyme. Es lo primer oque dejan de abonar: la morosidad con bancos sube pero está aún en 3,5%, lejos del 12,8% de las familias (con las billeteras virtuales llega al 30,1%), según datos oficiales recopilados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La menor recaudación impositiva complica el superávit fiscal y es uno de los impulsores de la suba del riesgo país, que se elevó a 506 puntos básicos. También crece en la medida en que la economía y la corrupción -comidilla de los empresarios del Council, que la ven a diestra y siniestra- desgastan a Milei y refuezan al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. No por nada la presidenta del Council, Susan Segal, quiso reunirse a solas con Kicillof al finalizar su evento y antes de partir a EE.UU. El establishment duda de que pueda haber un tercer candidato pro mercado, más allá del revoleo de nombres de Jorge Brito, Daniel Hadad, Carlos Melconian o Hernán Lacunza. ¿Y Horacio Rodríguez Larreta? Por ahora juega en capital.

En ese contexto cada vez más empresas mudan líneas de producción a Brasil o Paraguay, o deciden que la próxima inversión se radicará allá para exportar al mercado ahora abierto de la Argentina. “Varios de nuestros clientes cerraron producción en Argentina para abastecer desde Brasil”, comenta un consultor. En una de las principales empresas de golosinas reconocen: “Firmas que operaban a fasón en nuestras plantas han llevado algunas producciones a Brasil”.

El consultor Diego Coatz también observa la emigración al socio mayor del Mercosur: “En los últimos años, Brasil viene consolidando un entorno relativamente más atractivo para la localización de inversiones industriales, a partir de una combinación de factores macroeconómicos, comerciales y de política productiva. Si bien en Argentina el mayor orden macro y el menor nivel de regulaciones son una buena noticia, cepo y brecha cambiaria fueron muy nocivos para producir en Argentina, la apreciación del peso vuelve menos competitiva la producción local frente a otros países en un contexto de un sistema tributario que presiona al sector formal y la ausencia de crédito a largo plazo. Además, Brasil lanzó políticas activas: la Nova Indústria Brasil articula financiamiento, innovación, digitalización, exportaciones y transición energética. A esto se le suman otros instrumentos como financiamiento para bienes de capital e innovación y márgenes de preferencia en las compras públicas para bienes producidos localmente.

“La industria automotriz es un ejemplo claro. El programa Mover otorga créditos financieros a las empresas a cambio de inversiones en investigación, desarrollo y producción tecnológica realizadas en Brasil”, cita Coatz. “Al mismo tiempo, Brasil mantiene una política comercial orientada a estimular la producción automotriz local: desde julio los vehículos eléctricos e híbridos importados enfrentan un arancel del 35%, que en 2025 había subido a 25%”, señala, mientras en la Argentina se redujo a 0%.

Hace una década y media, por cada dólar que las multinacionales automotrices invertían en Argentina, destinaban cinco a Brasil, una relación proporcional al mercado de cada país. Ahora la brecha es de uno a 20, según el presidente de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella. “En los últimos 11 años, 55 empresas autopartistas cesaron su actividad en Argentina, 40 de ellas multinacionales y 15 locales. Once de ellas cesaron en los últimos dos años y medio”, aclara Cantarella. Es decir, el ritmo de cierres no se redujo con Milei: con él dejaron de producir TCCI, Faurecia, Clean Air, SKF, Dana San Luis, Fate, Sintermetal, Metrofund, Cabot, Adient y Cruccianelli.

“En el caso de las multinacionales, ahora proveen mayoritariamente desde Brasil, donde buscan optimizar las inversiones que realizaron allá”, comenta el presidente de AFAC. Son los casos de SKF y Adient. Moura dejó de fabricar baterías para camiones en Pilar y comenzó a traerlas desde su casa matriz en Brasil. Cantarella atribuye el éxodo al “desastre macroeconómico que debió afrontar Argentina, fuerte incertidumbre, gran inseguridad jurídica, falta de competitividad estructural, carga tributaria, esquemas laborales arcaicos que se intentan revertir, sumado a incentivos que se mantuvieron en Brasil”. Rescata el ordenamiento macroeconómico y advierte que “queda pendiente un mayor pragmatismo en la política sectorial”.

Citroën Berlingo y Peugeot Partner dejaron de producirse en El Palomar para importarse de Brasil, Uruguay y Europa. Los productos de cuidado personal Kenvue que se elaboraban en Pilar ahora se importan desde el gigante sudamericano o Colombia. La química Clariant cambió Zárate por Brasil. La fábrica de aisladores eléctricos de porcelana FAPA cerró en Monte Grande y ahora importará desde el socio mayor del Mercosur, Colombia y China. Whirlpool cambió los lavarropas de Pilar por los brasileños.

La fabricante de pinturas Sinteplast dejó de exportar desde la Argentina a mercados como Chile y comenzó a hacerlo desde sus fábricas en Brasil. “Hay un montón de cosas, no solamente la impositiva. También las cargas sociales. Argentina tiene salarios en dólares muy altos. Uno tiene salarios altos en dólares pero la gente no llega a fin de mes. El producto termina siendo más caro acá. En este contexto, los salarios en Argentina son los más caros de la región”, comentó Marysol Rodríguez, directora de Sinteplast, en Ahora Play.

“Hay cierres de líneas de producción de empresas que pasan a comercializar desde China y, en menor medida, desde Brasil”, comenta Roberto Nolazco Masson, director de la consultora brasileña Prospectiva. “Brasil tiene una industria muy potente y un mercado muy atractivo, pero aún así tiene temas impositivos y otros no tan atractivos”.

“El país que crece lento pero de manera sostenida en industria es Paraguay, con un régimen de maquila que obliga a exportar el 100%, con 3% de impuestos, autoabastecimiento energético con hidroelectricidad, lo que reduce la huella de carbono y les facilita el crédito”, destaca Nolazco. “Es un país mediterráneo pero va a exportar langostinos, los productos Peabody, las zapatillas Dass”, se refiere a las máquinas que dejaron de producir Nike y Adidas en Coronel Suárez y se trasladaron a Paraguay.

Cierres de industrias y comercios, mudanza a Brasil, caída del uso del transporte público, pero también de los accesos por autopistas, mayor descreimiento de la política… cualquier parecido con 2001 debe evitar suponer que la historia se repite. Como decía Heráclito, “nadie se baña dos veces en el mismo río”.

AR/CRM

Pocos pensadores han hecho tanto en los últimos años por desplazar el centro de gravedad de la economía política crítica hacia el petróleo —y, con él, también hacia Oriente Medio— como Adam Hanieh, profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres (SOAS) y figura de referencia en el cruce entre los estudios sobre el golfo Pérsico, la crítica ecológica y el marxismo contemporáneo. Autor de una trilogía imprescindible sobre la región pérsica —Capitalism and Class in the Gulf Arab States (2011), Lineages of Revolt (2013) y Money, Markets, and Monarchies (2018)—, Hanieh se ha volcado en demostrar que esa zona del mundo es uno de los núcleos productivos y financieros más activos e innovadores del capitalismo global.

Crude Capitalism: Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market (Capitalismo del crudo: petróleo, poder empresarial y el nacimiento del mercado global, Verso, 2024) es, en cierto modo, la culminación de su obra, una historia del desarrollo capitalista escrita desde el petróleo. No desde el petróleo como combustible o como botín geopolítico, sino desde el petróleo como sustrato material de una forma específica de vida social, la que ha hecho posible la mecanización de la producción, la aceleración del tiempo de rotación del capital, la urbanización del automóvil, la arquitectura financiera del dólar y, sobre todo, la silenciosa colonización petroquímica de los objetos cotidianos, que vuelve al crudo omnipresente y, al mismo tiempo, invisible.

Hanieh habla con elDiario.es sobre cómo esta narrativa histórica puede arrojar luz sobre un presente, el nuestro, marcado por los límites y posibilidades de la transición ecológica, la guerra contra Irán, el genocidio en Gaza o los dilemas estratégicos del internacionalismo de izquierdas.

–Crude Capitalism sitúa el petróleo como la mercancía clave del capitalismo contemporáneo. ¿Por qué?

–Desde mediados del siglo XX, el petróleo ha sostenido la producción industrial, ha apuntalado la supremacía militar, ha modelado los patrones de urbanización y de transporte, y ha proporcionado la materia prima para innumerables petroquímicos, plásticos, fertilizantes y bienes manufacturados. El petróleo es, además, central para la arquitectura financiera del capitalismo global. La fijación del precio del crudo en dólares, el reciclaje de los petrodólares a través de los bancos y los mercados financieros internacionales, y el papel de los ingresos petroleros en el sostenimiento tanto de los centros financieros occidentales como de los fondos soberanos del Golfo: todo ello ha vinculado profundamente el petróleo a la configuración de las finanzas modernas.

El argumento central del libro nace de la insatisfacción con cierto modo habitual de hablar del petróleo, una suerte de determinismo de la mercancía, que pretende explicar el aparente poder del petróleo sobre nosotros a partir de las propiedades físicas de la mercancía misma, en lugar de situarlo en las relaciones sociales y en el tipo de sociedad y sistema económico en el que vivimos. Lo que intento hacer en el libro es justamente lo contrario: inscribir el petróleo en nuestro sistema social y comprender de qué modo sus propiedades físicas —la densidad energética, la portabilidad y demás— se enlazan con las dinámicas internas del capitalismo: la tendencia a una acumulación en expansión permanente, la aceleración del tiempo de rotación del capital, de la producción y del consumo, la mecanización, etcétera.

Desde mediados del siglo XX, el petróleo ha sostenido la producción industrial, ha apuntalado la supremacía militar, ha modelado los patrones de urbanización y de transporte y ha proporcionado la materia prima para innumerables productos

–Su libro funciona como una elocuente narrativa sobre cómo la hegemonía estadounidense promovió el tránsito del carbón al petróleo, especialmente en Europa Occidental, y cómo el petróleo, a su vez, consolidó la influencia global de EEUU. ¿Cómo llegaron a entrelazarse el petróleo y la hegemonía estadounidense? ¿Qué papel desempeña el militarismo?

–Petróleo y hegemonía estadounidense se entrelazaron en torno a la Segunda Guerra Mundial y esa relación cuajó en las décadas de posguerra. Hasta entonces, el carbón había sido el combustible dominante del capitalismo industrial, sobre todo en Europa. Pero el petróleo presentaba una serie de ventajas: era más denso en términos energéticos, más fácil de transportar y especialmente apto para la guerra mecanizada, el poder naval, la aviación y, después, el uso masivo del automóvil. Estados Unidos resultó decisivo en este viraje porque emergió de la guerra como el principal productor mundial de crudo y como la potencia capitalista dominante. Disponía de la capacidad industrial y del alcance militar necesarios para reorganizar el orden de posguerra en torno al petróleo.

Esto sucedió por varias vías. Estados Unidos contribuyó a reconstruir Europa Occidental sobre un modelo de crecimiento basado en el automóvil, el transporte por carretera, la petroquímica y la industria alimentada con petróleo. Al mismo tiempo, las compañías petroleras estadounidenses se expandieron por Oriente Medio, asegurando al capital occidental el acceso a crudo barato en condiciones favorables. La fijación del precio del crudo en dólares y el reciclaje de los ingresos petroleros a través de los mercados financieros estadounidenses ataron entonces los hidrocarburos a la arquitectura más amplia del poder financiero norteamericano, sobre todo a partir de los años setenta, tras la ruptura del vínculo entre el dólar y el oro.

El militarismo atraviesa toda esta historia. El giro hacia el petróleo estuvo impulsado en buena medida por la guerra, porque el crudo se volvió esencial para las nuevas máquinas militares: tanques, aviones, buques de propulsión petrolera... Pero el militarismo también contribuyó a sostener el orden petrolero una vez establecido. Estados Unidos construyó alianzas militares, bases e infraestructuras navales para asegurar los flujos de crudo y proteger las regiones estratégicas, especialmente el golfo. El petróleo quedó así profundamente imbricado con el poder coercitivo necesario para construir y reproducir el dominio global estadounidense.

–Pese a la centralidad de EE.UU., su relato es, en realidad, global. ¿Cómo influyeron —y desafiaron— la Unión Soviética y los países poscoloniales en el sistema petrolero mundial?

–La estructura del sistema petrolero global se conformó bajo presiones, desafíos y alternativas constantes, provenientes tanto del bloque soviético como del mundo poscolonial. La URSS resultaba importante porque se situaba, en parte, fuera del orden petrolero dominado por Occidente. Desarrolló una industria petrolera propia a gran escala, suministró energía a Estados aliados y ofreció un polo alternativo de poder industrial y militar. Esto no derribó el sistema petrolero global, pero sí significó que el control sobre el petróleo estuviese siempre entreverado con las pugnas por la influencia que la Guerra Fría libraba en Europa, Asia, África y Oriente Medio.

El giro hacia el petróleo estuvo impulsado en buena medida por la Segunda Guerra Mundial, porque el crudo se volvió esencial para las nuevas máquinas militares. Pero el militarismo también contribuyó a sostener el orden petrolero una vez establecido

Los países poscoloniales fueron igual de importantes, en particular, los grandes Estados productores de Oriente Medio y América Latina. Tras la descolonización formal de la posguerra, esos Estados plantaron cara al poder extraordinario que las grandes petroleras occidentales habían ejercido durante décadas. La fundación de la OPEP a comienzos de los años 70 y la oleada de nacionalizaciones de los recursos en los 60 y 70 cuestionaron el viejo patrón colonial según el cual las firmas extranjeras controlaban la producción y se apropiaban de la mayor parte de la renta. Estas luchas contribuyeron a desplazar una porción mayor de los ingresos petroleros hacia los Estados productores y les confirieron un mayor peso geopolítico.

Pero aquí también había una contradicción. Estados productores clave, como Arabia Saudí, pudieron nacionalizar sus recursos petroleros, pero al mismo tiempo quedaron incorporados a las estructuras del poder estadounidense a lo largo de los años 70 y 80, sobre todo en el plano financiero. Estados Unidos garantizó la supervivencia de las monarquías del golfo a cambio de la estabilización de los mercados del crudo y de la recirculación continua de los excedentes financieros hacia los mercados estadounidenses. La nacionalización del petróleo, en otras palabras, alteró los términos en que los Estados productores participaban en la economía mundial, pero también ayudó a edificar un orden global que siguió dominado por Estados Unidos.

–Dos episodios anclan la historia del petróleo en Oriente Medio a mediados del siglo XX: el golpe de Estado de 1953 contra Mohammad Mosaddeq en Irán y el ascenso y posterior disolución del movimiento 'Todo el petróleo árabe para los árabes' bajo Gamal Abdel Nasser en Egipto.

–El golpe contra Mosaddeq supuso un punto de inflexión decisivo, porque demostró que cualquier intento de someter el petróleo a un control nacional pleno podía desatar la intervención imperial directa. La nacionalización por Mosaddeq de la Anglo-Iranian Oil Company representaba un desafío más amplio a las estructuras a través de las cuales las potencias occidentales habían dominado durante mucho tiempo los recursos de la región. El golpe, respaldado por Reino Unido y Estados Unidos, restauró el régimen monárquico y reafirmó la influencia extranjera sobre el sector petrolero iraní. Al hacerlo, instituyó un patrón que resonaría en las décadas siguientes: el petróleo era demasiado central para la economía mundial emergente y para el poder estratégico occidental como para dejarlo en manos de agentes verdaderamente autónomos. Irán solo se hizo con el control efectivo de sus recursos petroleros tras la revolución [islámica] de 1979.

El nacionalismo árabe, especialmente en el Egipto de los años 50 y 60, expresaba la esperanza, compartida por amplios sectores en Oriente Medio, de que el petróleo pudiera movilizarse como instrumento de soberanía, de desarrollo regional y de unidad antiimperialista. Pero ese proyecto chocó con límites políticos y estructurales considerables. La guerra de 1967 entre Israel y los principales Estados árabes constituyó una ruptura profunda: debilitó al nasserismo y asestó un duro golpe al proyecto panarabista en su conjunto, que había buscado poner el petróleo al servicio de una transformación a escala regional. Al mismo tiempo, el centro de gravedad de la economía petrolera se desplazaba hacia las monarquías conservadoras del golfo —con Arabia Saudí a la cabeza—, cuyo creciente peso en la OPEP contribuyó a alejar la política del petróleo de las ambiciones desarrollistas y panárabes de Nasser.

La nacionalización del petróleo, en otras palabras, alteró los términos en que los Estados productores participaban en la economía mundial, pero también ayudó a edificar un orden global que siguió dominado por EEUU

–¿Qué papel juega el petróleo en el secuestro de Maduro por EE.UU. o la guerra contra Irán?

–No creo que el secuestro de Maduro tuviera que ver con la captura directa del crudo venezolano, sino más bien con un intento más amplio por parte de Estados Unidos de reafirmar su autoridad en su esfera de influencia tradicional. Esto también se ha vuelto más urgente conforme China ha ampliado su presencia económica en América Latina. La presión sobre Venezuela busca, por tanto, demostrar que Washington sigue fijando los límites de lo política y económicamente posible en la región.

Irán se sitúa en el filo más afilado de este proceso. La guerra está vinculada al intento de restaurar la primacía estadounidense en Oriente Medio a través de Israel, impulsar la normalización entre Israel y las monarquías del golfo y consolidar un bloque regional alineado con el poder de EE.UU. Irán obstaculiza ese proyecto. Y se ubica además en un espacio regional en el que China se ha convertido en el principal comprador del crudo del golfo y en una presencia diplomática y económica creciente, pese a que los excedentes financieros del golfo siguen profundamente enlazados con los mercados estadounidenses y con el sistema financiero centrado en el dólar.

–¿Cómo reconfiguran estos nuevos conflictos la demanda global de combustibles fósiles?

–El efecto inmediato de la guerra sobre la demanda de combustibles fósiles ha sido contradictorio. A corto plazo, los precios más altos, las disrupciones del transporte marítimo y la desaceleración de la economía mundial han deprimido el consumo. Pero el efecto político más amplio de la guerra apunta en sentido contrario.

Conflictos como estos refuerzan la centralidad estratégica de los combustibles fósiles, porque aceleran el rearme y empujan a los Estados a anteponer la seguridad energética a los objetivos climáticos

Conflictos como estos refuerzan la centralidad estratégica de los combustibles fósiles, porque aceleran el rearme y empujan a los Estados a anteponer la seguridad energética a los objetivos climáticos. El gasto militar global ya había alcanzado los 2.887 billones de dólares en 2025 —el undécimo aumento anual consecutivo— y esta guerra está intensificando esa tendencia, sobre todo en Europa, Oriente Medio y Asia. Los ejércitos modernos son instituciones extraordinariamente intensivas en el uso del petróleo y un mundo organizado en torno a la preparación permanente para la guerra es también un mundo más firmemente atado a los hidrocarburos.

–Escribe que es falsa “la imagen popular de las grandes petroleras como dinosaurios arrastrados a regañadientes hacia el inevitable final de la era fósil” y que estas empresas “están desempeñando un papel protagónico en la determinación de las opciones energéticas futuras”. ¿De qué modos están configurando ese futuro?

–Lo que quería cuestionar con esa frase es la idea reconfortante de que las petroleras se limitan a ir por detrás de un viraje energético inevitable. En realidad, las petroleras están configurando activamente el aspecto que adopta esa supuesta transición. Una de las vías es orientar la inversión hacia formas de energía que preserven su poder existente. El ejemplo más claro es el gas, en particular el GNL (Gas Natural Licuado). La Agencia Internacional de la Energía señaló a finales de 2025 que las decisiones finales de inversión en nuevos proyectos de GNL se han disparado, mientras que grandes compañías como Shell o TotalEnergies siguen presentando el GNL como una línea de negocio central en términos de crecimiento. Dicho de otro modo, el futuro que se está construyendo no desplaza los combustibles fósiles, los prolonga.

Las petroleras también están moldeando el futuro mediante un control selectivo sobre los términos que toma el proceso de descarbonización. En lugar de aceptar un repliegue rápido del petróleo y el gas, las grandes firmas se han concentrado en falsas soluciones: captura de carbono, hidrógeno vinculado al gas natural, biocombustibles, compensaciones y negocios eléctricos que conviven con la expansión continua de los hidrocarburos.

Cuando uno se detiene un instante, mira a su alrededor y advierte hasta qué punto el petróleo es ubicuo. Es una paradoja: el petróleo está en todas partes, pero no podemos verlo

Un último elemento es político. Las petroleras contribuyen a definir el horizonte de lo que los gobiernos consideran realista. Hacen lobby, se asocian con los Estados y atan a las economías a sistemas infraestructurales de larga vida útil basados en los combustibles fósiles. Una dimensión muy importante en este punto es el papel de Estados ricos en petróleo no occidentales, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que están desempeñando un papel destacado en la dirección de la política climática actual. Lo que distingue a estos Estados es que tienen un asiento fijo en la mesa donde se elabora la política climática.

–El libro otorga un peso poco habitual a la petroquímica, a la omnipresencia —y relevancia— de plásticos, cauchos, pinturas o fertilizantes, una dimensión a menudo desatendida de la supremacía del petróleo.

–La transición hacia un mundo sintético comenzó a mediados del siglo XX. Y supuso que productos naturales como la madera, el vidrio, el caucho natural o los fertilizantes se vieran desplazados sistemáticamente por derivados del petróleo: plásticos, fibras sintéticas, fertilizantes sintéticos y otros productos químicos de base petrolera. Esto hizo posible una expansión enorme de la cantidad y la diversidad de mercancías que podían producirse y consumirse, abarató la manufactura y redujo los costes laborales y aceleró el tiempo de rotación de la circulación del capital. Por supuesto, todo ello vino acompañado de consecuencias ecológicas desastrosas.

Ese momento fue fundamental para la consolidación del petróleo como principal combustible fósil del mundo, porque permitió que el crudo se convirtiera en el sustrato material de prácticamente todas las mercancías que nos rodean. Cuando uno se detiene un instante, mira a su alrededor y piensa de dónde proviene todo eso, advierte hasta qué punto el petróleo (y, cada vez más, el gas fósil) es ubicuo. Ha tejido los combustibles fósiles en nuestra vida cotidiana, pero de manera invisible. Es una paradoja: el petróleo está en todas partes, pero no podemos verlo.

Esto obliga a desplazar la conversación sobre el petróleo y sobre el origen de su aparente poder en una dirección distinta. Y también ayuda a pensar el problema de los plásticos de otro modo. La narrativa dominante sobre los plásticos sostiene que el problema radica en los residuos tóxicos y en la necesidad de mejorar el reciclaje. Es evidente que los residuos plásticos son un asunto enormemente importante, pero, cuando situamos la emergencia de la petroquímica en el cuadro más amplio de lo que aporta al capitalismo, el problema resulta ser mucho mayor. Esto ayuda asimismo a explicar por qué la demanda de petroquímicos y plásticos crece tan deprisa. Las estimaciones indican que el consumo de plásticos se triplicará para 2060.

Es evidente que los residuos plásticos son un asunto enormemente importante, pero, cuando situamos la emergencia de la petroquímica en el cuadro más amplio de lo que aporta al capitalismo, el problema resulta ser mucho mayor

–A la luz del giro autoritario en EE.UU. y en tantos otros lugares del mundo, ¿se parecerá nuestro futuro a la situación actual de los países del golfo, con esa fusión entre sistema dictatorial, riqueza familiar y dependencia fósil? Trump no oculta su fascinación por el modelo saudí.

–Hay similitudes, pero yo sería cauto con cualquier afirmación simple del tipo “Estados Unidos se está convirtiendo en Arabia Saudí”. Las monarquías del golfo descansan sobre una estructura social muy específica, con poblaciones de ciudadanos relativamente reducidas, una fuerte dependencia de la mano de obra no ciudadana temporal y sistemas políticos organizados en torno a la monarquía y a la distribución gestionada de la riqueza. Eso no es lo mismo que Estados Unidos.

Lo que sí parece comparable es la estrecha fusión entre política autoritaria, desigualdad espectacular, enriquecimiento personal y un desprecio cada vez más abierto por los procedimientos democrático-liberales. La relación de Trump con Arabia Saudí siempre ha sido reveladora a este respecto. Ha elogiado abiertamente al reino y ha profundizado los lazos empresariales con socios del golfo, incluidos importantes proyectos vinculados a Arabia Saudí. Esto no demuestra una imitación en sentido estricto, pero sí evidencia una afinidad con un modelo en el que la riqueza del Estado y la de la familia gobernante están estrechamente entrelazadas.

–¿Y cuán estables son hoy los regímenes árabes del golfo Pérsico?

–Ninguna de las monarquías del golfo parece estar al borde del colapso. Conservan aparatos coercitivos formidables, mantienen grandes reservas financieras y pueden absorber choques que desestabilizarían a Estados más pobres. Pero la guerra ha puesto al descubierto algunas vulnerabilidades reales. El golfo aparece ahora bastante menos seguro que la imagen pulida que se proyectaba antes de la guerra.

El conflicto ha agudizado, además, las tensiones internas del Consejo de Cooperación del Golfo. La decisión de Emiratos Árabes Unidos de abandonar la OPEP [el pasado abril] es un buen reflejo de estas fricciones. Por supuesto, estas divisiones no comenzaron con la guerra: ya eran visibles en los alineamientos políticos rivales y en los grupos armados respaldados por Emiratos y por Arabia Saudí en lugares como Yemen o Sudán. Pero la guerra ha vuelto esas fracturas más consecuentes.

–¿Cómo se verá afectada la hegemonía estadounidense en la región por la guerra en curso?

–El panorama es incierto. En cierto sentido, la guerra ha confirmado que Estados Unidos sigue siendo la única potencia exterior capaz de ofrecer protección militar a las monarquías del golfo. Arabia Saudí y Emiratos se han acercado a Washington a lo largo del conflicto. Pero la guerra también ha expuesto los límites del poder estadounidense. La asimetría militar entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por otro, es enorme. Y, sin embargo, Irán no necesita una paridad militar avanzada para infligir daños graves. Su capacidad para perturbar el tráfico marítimo en Ormuz –e imponer así costes mayúsculos a la economía global– muestra cómo una potencia más débil puede aún explotar las vulnerabilidades de un mundo articulado en torno al petróleo.

La capacidad de Irán para perturbar el tráfico marítimo en Ormuz –e imponer así costes mayúsculos a la economía global– muestra cómo una potencia más débil puede aún explotar las vulnerabilidades de un mundo articulado en torno al petróleo

–El libro señala los diversos límites e insuficiencias de la apuesta por la bioenergía, los vehículos eléctricos y el hidrógeno verde como pilares de la transición verde, pero cuando trata de apuntar hacia una 'alternativa ecosocialista', las recetas parecen excesivamente lejanas, carentes de la acumulación de fuerzas necesaria. ¿Cómo debería la izquierda navegar la brecha entre la crítica estructural lúcida y una política capaz de jugar a la vez a corto y a largo plazo?

–Creo que la izquierda tiene que rechazar la falsa disyuntiva entre lo que se siente inmediatamente realista y el replegarse a un maximalismo abstracto. La crítica estructural importa precisamente porque nos dice qué es lo que en última instancia hay que cambiar: el capitalismo. Pero esa estrategia tiene que partir de donde la gente realmente está. Eso significa construir demandas que mejoren la vida en el presente, al mismo tiempo que fortalezcan los movimientos a largo plazo. Por ejemplo: en lugar de reclamar más vehículos eléctricos como respuesta a la dependencia de los combustibles fósiles, deberíamos exigir sistemas de transporte público gratuitos y verdes y formas distintas de organizar la vida urbana.

A menudo, hay una confusión entre estrategia y táctica. Podemos sostener una estrategia anticapitalista orientada al cambio revolucionario y, al mismo tiempo, recurrir a un repertorio de tácticas modeladas por las circunstancias concretas en las que nos organizamos. Eso significa pensar en serio en cómo construir poder en el presente, sin perder de vista el horizonte más amplio de la transformación. Las tácticas variarán según los lugares y los momentos, pero la estrategia debe mantenerse clara respecto a la magnitud de la crisis y a la profundidad del cambio requerido.

Como parte de esto, la izquierda necesita ser mucho más audaz al articular tanto la visión como la posibilidad de una transformación social real. Una de las lecciones más nítidas del vaciamiento de la socialdemocracia convencional en los últimos años es que la timidez no nos protege. La política de la acomodación no ha frenado a la derecha ni ha inspirado movimientos populares duraderos. En muchos casos, no ha hecho más que ahondar en el desencanto y dejar el campo político abierto a las fuerzas autoritarias y nacionalistas.

Ocho de las mayores petroleras acumularon beneficios de más de 90.000 millones de dólares en solo tres meses, mientras el conflicto con Irán disparaba los precios de la energía y la crisis climática, agravada por las emisiones, provocaba olas de calor mortales.

Estos beneficios extraordinarios derivados de la guerra reavivaron los llamamientos para que las grandes petroleras y gasísticas, como Saudi Aramco y BP, paguen por el daño medioambiental causado al “sacar provecho del sufrimiento humano” y financien una rápida transición hacia las energías renovables.

Un análisis de The Guardian revela que las ocho productoras petroleras que cotizan en bolsa obtuvieron casi 93.000 millones de dólares en los tres meses hasta finales de junio -el primer trimestre fiscal- completo después de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocara un repunte de los precios mundiales del petróleo hasta máximos superiores a los 126 dólares por barril, como puede verse en el siguiente gráfico, que refleja la evolución del crudo Brent.

Las empresas aprovecharon la mayor interrupción del suministro de combustibles fósiles en la historia para casi duplicar sus beneficios conjuntos, que el año pasado por estas mismas fechas rondaban los 50.000 millones de dólares, mientras que los activistas advierten que millones de hogares están pagando las consecuencias en forma de facturas más elevadas y caos climático.

Los datos sugieren que las ocho empresas petroleras -Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron y ExxonMobil- obtuvieron más de 700.000 dólares de beneficio cada minuto durante el trimestre de primavera.

Mientras sus valoraciones bursátiles se disparaban en unos 600.000 millones de dólares hasta superar los 3 billones, las temperaturas se disparaban hasta provocar una serie de olas de calor mortales, todas ellas más probables y más severas debido a la quema de combustibles fósiles.

Las emisiones de carbono de las mayores empresas de combustibles fósiles del mundo se relacionaron directamente, por primera vez, con episodios mortales de calor extremo, según un análisis científico publicado el pasado mes de septiembre. El estudio reveló que las emisiones de cualquiera de las 14 empresas más grandes bastaban por sí solas para provocar más de 50 olas de calor que, de otro modo, habrían sido prácticamente imposibles.

Los mayores beneficios petroleros del trimestre de primavera los obtuvo la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, que registró un aumento del 34% en sus beneficios netos trimestrales hasta superar los 33.000 millones de dólares, a pesar de que sus infraestructuras sufrieron daños a causa de los ataques con drones y misiles perpetrados por las fuerzas iraníes y hutíes.

La producción de combustibles fósiles de Saudi Aramco la convirtió en la mayor empresa de emisiones de carbono de la historia, según la base de datos Carbon Majors; le siguen Chevron y ExxonMobil, mientras que Shell y BP figuran entre las diez primeras. Arabia Saudita lleva décadas liderando con éxito los esfuerzos por bloquear y retrasar la acción internacional contra el cambio climático.

El martes, BP se convirtió en una de las últimas grandes petroleras en publicar sus resultados correspondientes al periodo de abril a junio, con unos beneficios trimestrales de 5.73 mil millones de dólares -los más altos desde el primer año de la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania y más del doble de los 2.5 mil millones de dólares de los tres meses anteriores-.

El siguiente gráfico compara los beneficios de las mayores petroleras obtenidos en el segundo trimestre de este año frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Patrick Galey, responsable del área de combustibles fósiles en Global Witness, afirma: “Los beneficios astronómicos de BP son un escandaloso recordatorio de quién se estuvo enriqueciendo a costa del sufrimiento humano este año. Mientras los incendios forestales amenazan a comunidades de todo el mundo, la sequía azota y los costos energéticos se disparan, las familias de a pie están pagando el precio de que las grandes petroleras antepongan la riqueza de los accionistas a un planeta habitable”.

Y añade: “Es hora de hacer que los gigantes petroleros paguen para reparar la crisis climática que ellos mismos están provocando. Piensa en cuántas defensas contra incendios e inundaciones podríamos construir, o cuántos paneles solares podríamos instalar, si las grandes petroleras pagaran la parte que les corresponde en impuestos”.

Rosie Downes, directora de campañas de Friends of the Earth, afirma: “Mientras BP se embolsa otra ronda de enormes beneficios, millones de hogares están pagando el precio a través de facturas de energía desorbitadas y una crisis climática que se está acelerando rápidamente y se está saliendo de control”.

La nueva directora ejecutiva de BP, Meg O’Neill, defendió los beneficios de la empresa afirmando que esta estaba “centrada en las medidas que podemos tomar para intentar ayudar a abordar la situación”, como producir de forma fiable una mayor cantidad de los productos petrolíferos que escasean.

La empresa fue recortando el gasto en energía verde desde que, a principios del año pasado, abandonó sus ambiciones medioambientales en el marco de un “reajuste fundamental”, reduciendo su presupuesto anual para la transición energética de 5.000 millones de dólares a entre 1.500 y 2.000 millones de dólares.

En los últimos años, BP escindió sus parques eólicos marinos del Reino Unido en una empresa conjunta y vendió su negocio eólico terrestre en EE.UU., y el martes anunció que vendería su negocio de biogás en EE. UU., valorado en 4.000 millones de dólares, que captura metano de vertederos y es el mayor productor de gas renovable del país.

Según el Financial Times, se encuentra en negociaciones avanzadas para vender su negocio de energía solar, Lightsource, a un consorcio respaldado por el fondo soberano de Kuwait.

El viernes, BP puso a la venta su negocio de petróleo y gas del Mar del Norte tras más de 60 años de explotación, lo que reavivó los llamamientos al Gobierno británico para que descarte la explotación de dos controvertidos yacimientos del Mar del Norte en esta cuenca en proceso de envejecimiento.

Shell comunicó la semana pasada sus segundos beneficios trimestrales más altos de su historia, ya que sus ingresos netos se dispararon hasta los 9.840 millones de dólares, a pesar de producir menos gas en su planta de Qatar debido a los daños por valor de miles de millones de dólares causados por la guerra. Los beneficios de Equinor ascendieron a 3.200 millones de dólares en el mismo periodo, frente a los 1.800 millones del trimestre de primavera del año pasado.

En EE.UU., los beneficios declarados por Chevron y ExxonMobil provocaron las críticas de Donald Trump. El presidente estadounidense acusó a ambas empresas de «ganar demasiado dinero» gracias a su guerra contra Irán y advirtió que se les obligaría a devolver los beneficios a la ciudadanía, en un momento en el que se acercan las elecciones de mitad de legislatura de noviembre y sus índices de popularidad están en baja.

Chevron declaró unos ingresos netos de 12.200 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone un aumento de más de cinco veces con respecto al mismo periodo del año anterior. ExxonMobil declaró un beneficio de 14 500 millones de dólares, el doble de lo que ganó en el mismo periodo del año anterior y su mayor beneficio trimestral desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Para Galey “se sabe que las grandes petroleras nos están tomando el pelo cuando uno de sus mayores aliados, Donald Trump, les está diciendo que frenen su especulación”.

Entre las consecuencias de esta temporada se encuentra la peor ola de calor de la historia de Europa, otra de las que los científicos califican de “imposible” sin el calentamiento global provocado por el ser humano. Se estima que unas 20.000 personas fallecieron a causa de las temperaturas extremas, incluidas cerca de 3.000 en el Reino Unido solo en mayo y junio.

Corea del Sur y Japón también registraron temperaturas récord de hasta 42,5 °C; la agencia meteorológica coreana ordenó a la población que “cesara inmediatamente todas las actividades al aire libre”, mientras que la crisis climática provocó un aumento de las temperaturas en gran parte de África en julio.

El gráfico anterior refleja el aumento de las temperaturas como consecuencia de la contaminación por carbonoo. Son promedios móviles de cinco años, en relación con el valor de referencia preindustrial

El calentamiento global hace que cada ola de calor sea más intensa y más probable, y el aumento de las temperaturas globales mata a una persona por minuto en todo el mundo, según estimó en octubre un informe publicado en The Lancet.

El responsable de clima de la ONU, Simon Stiell, afirmó: “En todo el mundo, los desastres provocados por el clima están alcanzando proporciones de pesadilla. Lo que hay que hacer está claro: abandonar el carbón, el petróleo y el gas más rápidamente, ampliar las energías renovables y proteger a las personas allí donde los efectos ya están golpeando con mayor dureza”.

La sucesión de olas de calor en Europa resecó los suelos y provocó una sequía extrema, lo que dañó los cultivos, desde el maíz hasta el girasol y las lechugas. Se prevé una pérdida de al menos 9 millones de toneladas de cereales; el Reino Unido, por ejemplo, se enfrenta a la peor cosecha de su historia.

Las condiciones de sequía también propiciaron enormes incendios forestales en España (a los que corresponde la foto anterior), Francia, Portugal y Grecia, que causaron daños por valor de miles de millones. Los incendios provocan un aumento vertiginoso de la contaminación atmosférica tóxica y, en EE.UU. y Canadá, se estima que los incendios ocurridos entre el 15 y el 23 de julio causaron unas 4.000 muertes en la semana posterior a la exposición. La crisis climática está agravando las condiciones meteorológicas propicias para los incendios y el humo de los incendios forestales acorta la vida de alrededor de 1,5 millones de personas al año.

En el sur de Asia, la crisis climática está potenciando las precipitaciones extremas: el aire que es 1 °C más cálido retiene un 7 % más de agua. A principios de julio, por ejemplo, cayeron más de 40 cm de lluvia en 24 horas en Chattogram (Bangladesh), lo que provocó inundaciones repentinas. Las inundaciones y los deslizamientos de tierra se cobraron vidas y destruyeron medios de subsistencia en Pakistán y la India. También se produjeron decenas de víctimas mortales en el noroeste de China, donde se evacuó a muchos miles de personas debido a fuertes tormentas.

Se contactó con las ocho empresas petroleras para recabar sus comentarios.

El Brent —barril de referencia en Europa— traspasó la psicológica barrera de los US$100 en una semana en la que redoblaron todas las campanas por una nueva escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán. Con tal acústica los expertos se vieron obligados a dar un giro copernicano a sus relatos y trasladar la idea de que la guerra dejó de ser una amenaza regional. El cóctel explosivo de la reanudación de “ataques masivos” a las infraestructuras estratégicas iraníes, la cada vez mayor militarización del Estrecho de Ormuz —por donde transitaba el 20% del petróleo mundial— y la extensión del colapso de los flujos de crudo a otro cuello de botella, el de Bab el-Mandeb, bajo control de los hutíes yemeníes aliados de Teherán, elevó el termómetro de una confrontación que devuelve la preocupación a los mercados, los observadores diplomáticos y los economistas.

La interrupción de esta pasarela mercante recortaría otro 7% los flujos petrolíferos y perjudicaría seriamente los gasísticos, con precios superiores a los 62 dólares el MW/hora en Europa. Así como al oro negro, en máximos desde marzo, al inicio del conflicto contra Irán. Pero, además, dañaría la navegación por el Canal de Suez, chokepoint esencial de mercancías transoceánicas entre el Índico y el Atlántico por el atajo mediterráneo.

En consecuencia, la dialéctica belicista de la Administración Trump, las represalias iraníes sobre sus vecinos pérsicos, la incontinencia militar israelí contra los territorios libanés y palestino, y el aumento de los ataques contra el tránsito marítimo han vuelto a disparar las primas de riesgo geopolítico. Justo cuando los inventarios globales de crudo permanecen en cotas especialmente reducidas y el margen de maniobra de los grandes productores es cada vez más limitado.

Firmas como Goldman Sachs contemplan ahora un escenario en el que el Brent alcance los US$120 por barril si las disrupciones en Ormuz persisten hasta el último trimestre del año. Y no parece que vaya a proclamarse un nuevo alto el fuego. La Casa Blanca reconoce que el conflicto le ha ocasionado ya US$132.000 millones de factura militar y pide al Congreso una partida urgente de 67.000 millones para avalar una campaña de duración incierta e impopular a cuatro meses vista de los comicios midterm (en noviembre). Mientras Trump amenaza con destruir Pickaxe Mountain, emplazamiento subterráneo donde Benjamín Netanhayu aduce que Irán alberga sus reservas de uranio enriquecido y centrifugadoras avanzadas para construir su supuesto arsenal atómico y anuncia un acuerdo de colaboración nuclear con Arabia Saudí supeditado a la normalización plena de relaciones entre Riad y Tel Aviv.

Esta guía podría contribuir a entender los resortes que la guerra ha vuelto a poner encima del complejo tablero de ajedrez de un orden mundial en constante estado de mutación.

El petróleo vuelve a ser el termómetro del enfermo económico mundial

En apenas unas semanas, el Brent retornó a los tres dígitos tras encadenar un salto del 30% propulsado por la interrupción efectiva del suministro y el incremento del riesgo geopolítico. Al control de Ormuz se suma ahora otro foco de inestabilidad en el Mar Rojo, donde los hutíes han atacado los primeros buques con destino a puertos saudíes. La advertencia, con resultados tangibles, se saldó con varios petroleros cargados con crudo saudí y rumbo a Asia que bordearon la zona. El tráfico marítimo comienza a virar sus rutas. So pena de asumir mayores costes logísticos y primas de riesgo de aseguradoras.

Los analistas descuentan que Ormuz y Bab el-Mandeb sufrirán obstrucciones simultáneas. Así lo alerta Helima Croft, de RBC Capital Markets, para quien el mercado “ha dejado de cotizar por el petróleo que falta en la actualidad y sitúa en sus cálculos el que podría dejar de recibir a corto y medio plazo”. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) avisa de un descenso de 143 millones de barriles en mayo y de que, desde el inicio de las hostilidades, el ritmo medio al que caen las reservas globales es de 3,8 millones de barriles al día, que se sitúan en sus cotas más bajas entre los socios de la OCDE desde diciembre de 1990. Y admite que generarán impactos notables en el negocio del gas. Porque, pese al avance de las renovables, los combustibles fósiles continúan aportando el 57% de la electricidad global y siendo la principal fuente del transporte y de las industrias pesadas. De modo que su interrupción contagia de inmediato a bolsas y economías.

Reservas desiguales frente al shock energético

El impacto bélico no será uniforme. Mientras EE.UU. afronta la crisis con un aumento coyuntural de sus stocks de gasolina, diésel y destilados, según su agencia Energy Information Administration (EIA) Europa encara el próximo invierno en una posición delicada. El precio del gas de referencia TTF se ha disparado cerca de un 50% en un mes con sus inventarios muy por debajo de los objetivos fijados por países como Alemania, que alberga el 45% de su capacidad, cuando aspira a llegar al 70% antes de noviembre.

Equinor, el mayor proveedor de gas del continente, admite que Europa podría llegar al invierno sin las reservas previstas si continúan las perturbaciones en el estrecho de Ormuz.

Asia es la tercera incógnita de esta ecuación. Las olas de calor han disparado el consumo de luz y sus mercados pagan primas superiores por el Gas Natural Licuado (GNL) por los desvíos de cargamentos inicialmente destinados a Europa. “Nos acercamos al aprovisionamiento invernal con una volatilidad mucho más sensible que hace unos meses”, dice Christoph Halser, analista de Rystad Energy, quien enfatiza que cualquier retraso en la normalización del tráfico por Ormuz mantendrá tensionados tanto el mercado del gas como el del petróleo. A medio plazo, además, los expertos dirigen sus miradas a China. A la evolución de su demanda que determinará también si el barril de crudo se instala por encima de los 100 dólares o vuelve a moderarse. Pekín será el mercurio que module el termómetro petrolífero.

Inflación, bancos centrales y el riesgo de tipos altos por más tiempo

El conflicto reanuda el temor al espectro de la estanflación. Tras varios meses de moderación de los IPCs de EE.UU. y de la zona del euro —favorecidos en gran medida por la corrección de los precios energéticos bajo el frágil memorándum de paz—, tanto la Fed como el BCE habían readaptado sus estrategias de wait and see, convencidos de que disponían de margen para observar las facturas energéticas y eludir encarecimientos del dinero en verano. El banco europeo la mantiene; el americano tendrá que decidir esta próxima semana.

Sin embargo, un barril instalado en los 100 dólares y un gas europeo disparado vuelven a situar el horizonte monetario en zonas borrascosas. Los bancos centrales no pueden ignorar otro shock energético persistente “porque corren el riesgo de desanclar las expectativas de inflación”, avisa Mohamed El-Erian, presidente del Queens' College de Cambridge. En línea con Paul Donovan, economista jefe de UBS Global Wealth Management. A su juicio, las perturbaciones geopolíticas actúan como “un impuesto sobre el crecimiento”, reducen el poder de compra de hogares y los márgenes empresariales y obligan a las autoridades monetarias a mantener unas condiciones restrictivas durante más tiempo.

La guerra amenaza con devolver a la economía global al incómodo equilibrio entre inflación y tipos altos con crecimiento anémico.

Las cadenas de valor vuelven al riesgo geopolítico

Como en tiempos de la Gran Pandemia o de los bloqueos de los chokepoints navales y logísticos. La ralentización de los flujos mercantes en Ormuz y el Mar Rojo implica una doble prima de riesgo —energética y aseguradora— para dar salida al combustible fósil del Pérsico, la primera, y proteger a los buques, la segunda. Todo ello, además, encarece progresivamente las importaciones y retarda las entregas a industrias; sobre todo, a las más dependientes de las cadenas internacionales de suministro como la automoción, la electrónica o la química. Cada desvío supone más días de navegación, más factura energética y más costes logísticos que se trasladan a fabricantes, distribuidores y consumidores. Es decir, más inflación.

A diferencia de la crisis de la Covid-19, ahora no existe un problema de déficit productivo, sino de vulnerabilidad de las arterias del comercio global. Más del 80% de los flujos de mercancías se transportan por vía marítima. Las mercancías que conectan Asia, Oriente Próximo y Europa atraviesan por alguno de los corredores afectados por el conflicto.

“Las cadenas de valor ejercen una resistencia que se corresponde a la de su eslabón más débil, la geopolítica”, resume Peter Sand, analista jefe de Xeneta, plataforma mundial de inteligencia naval. Su advertencia reconoce un cambio de rumbo. Las empresas buscan proveedores más eficientes; aunque, por encima de todo, líneas de suministro capaces de soportar hostilidades geopolíticas frecuentes y prolongadas.

La nueva geopolítica del petróleo

Arabia Saudí vuelve a convertirse en el productor decisivo para estabilizar —o tensionar— el mercado mediante su capacidad excedentaria; Rusia aprovecha unos precios más elevados para reabastecer sus arcas, con las que financia su contienda bélica en Ucrania, y China gana influencia como gran comprador de crudo. Europa, en este escenario, se mantiene como actor vulnerable por su alta dependencia energética exterior y EE.UU. combina su estatus de gestor del crudo como primer productor global con un aumento de protagonismo militar que alimenta su convicción de que garantizar la seguridad de los corredores marítimos significa preservar su influencia económica global.

Christof Rühl, investigador del Center on Global Energy Policy y ex economista jefe de BP, precisa que el mercado del crudo resiste más que en crisis precedentes por la mayor diversificación de sus suministros, sus nuevas infraestructuras y una economía menos intensiva en petróleo. Pero advierte de que esa resiliencia activa “puede inducir a los gobiernos a asumir riesgos cada vez mayores”. En otras palabras, cuanta más habilidad muestran los mercados para absorber shocks, mayor puede ser la tentación política de usar la energía como arma de presión geopolítica.

EE.UU. exhibe su fortaleza energética como ventaja estratégica

El conflicto contra Irán está amplificando una de las grandes transformaciones geoeconómicas recientes. EE.UU. no afronta este shock energético como importador de crudo y gas, sino como el mayor de sus proveedores. Eso sí, en función de cuándo abra sus grifos productivos. Cada interrupción de flujos procedentes de Oriente Próximo mejora su atractivo energético a los ojos de Europa y Asia y las ganancias de sus supermajors y su industria fósil. “Existe una clara prima geopolítica en el mercado que hace repuntar con suma celeridad sus precios”, explica Torgrim Reitan, director financiero de Equinor.

La guerra refuerza una ventaja competitiva que Washington ha construido durante años gracias a la revolución del shale, el petróleo no convencional extraído a partir de esquistos y que reporta pingües beneficios al sector estadounidense.

Un nuevo orden mundial fragmentado y que asume mayores riesgos

“El mercado del crudo es mucho más frágil de lo que cree la Administración Trump”, asegura Ali Ahmadi, analista de Foreign Policy. A lo que Will Walldorf, profesor de Wake Forest University, suma un horizonte de tensión creciente, dado que “la experiencia histórica demuestra que los dirigentes que inician una guerra rara vez la terminan”, porque el coste político de reconocer un fracaso “suele pesar más que el cheque económico de prolongar el conflicto”.

La reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su extensión al tráfico petrolero en el mar Rojo dispararon este jueves el precio del crudo a máximos de dos meses, lo que golpeó a los mercados globales y volvió a presionar sobre los activos argentinos. El riesgo país trepaba al inicio de la jornada a 429 puntos, los bonos y las acciones locales caían, así como el dólar retomaba la tendencia alcista.

En ese contexto de aversión al riesgo, los bonos soberanos argentinos caían 0,7% en promedio y el riesgo país de JP Morgan subía 18 unidades hasta los 429 puntos, después de haber arrancado la rueda en 422 —apenas días después de que Moody's elevara la calificación crediticia del país de Caa1 a B3 y mejorara la perspectiva de estable a positiva, en línea con Fitch y S&P, lo que había impulsado una baja previa del riesgo país—. El dólar acompañaba esa tensión: el mayorista subía $5,50 (+0,4%) hasta $1.483 y el blue avanzaba otros $10 hasta un nuevo récord nominal de $1.555. Pese a esos movimientos, el oficial acumula apenas $1 de suba en julio y $28 (1,9%) en todo 2026, muy por debajo de la inflación del semestre, mientras el Banco Central sigue comprando divisas: las adquisiciones de julio ya suman unos US$1.500 millones y las reservas volvieron a superar los US$49.000 millones.

Detrás de ese movimiento está la escalada en Medio Oriente. El barril de petróleo Brent, referencia para Europa y para buena parte de las importaciones argentinas, subía este jueves cerca de 5% hasta rondar los US$98,7, su nivel más alto en dos meses, mientras el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 4,5% hasta los US$90,7. Es la quinta rueda consecutiva de subas: antes de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, a fines de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares, valor al que había regresado tras el acuerdo de paz entre ambos países, pero que volvió a quedar atrás en los últimos días.

El detonante fue el quiebre de esa tregua, que Donald Trump dio por terminada, y la reanudación de los ataques cruzados: esta madrugada Estados Unidos completó su duodécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán, con blancos en Andimeshk, Ahvaz y Bushehr, y con al menos dos muertos y once heridos reportados por Irán en la localidad fronteriza de Shalamcheh.

Teherán respondió reivindicando ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y asegurando haber destruido un radar del sistema THAAD en Jordania, y declaró el estrecho de Ormuz “completamente cerrado” a todo tránsito no coordinado con Irán —un petrolero se incendió allí tras una explosión y otros dos buques debieron dar marcha atrás—.

La tensión se extendió además a un segundo punto crítico del comercio marítimo: los hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacaron con drones y misiles a dos petroleros sauditas en el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y concentra cerca del 12% del comercio marítimo global, lo que llevó a Trump a advertir que tanto Irán como los hutíes “recibirán un severo castigo militar” si continúan los ataques a la navegación.

El nerviosismo se trasladó de lleno a Wall Street, que abrió este jueves en rojo: el Dow Jones cedía 365 puntos (-0,7%) hasta los 51.853 enteros, el S&P 500 bajaba 0,78% y el Nasdaq, el más golpeado, perdía 1,52%.

A la presión del petróleo se sumó la reacción a los balances trimestrales de Alphabet, matriz de Google, que cayó 5,8% pese a reportar una ganancia neta de 174.685 millones de dólares en el primer semestre (+178% interanual), después de elevar su proyección de gastos de capital en infraestructura de inteligencia artificial a entre US$195.000 y 205.000 millones; y de Tesla, que se desplomó 10,8% tras más que duplicar sus propios gastos de capital. En ese clima, el oro cayó 2,08% hasta US$4.065 la onza, la plata retrocedió 3,51% hasta US$58,18, y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 3,9 puntos básicos hasta 4,707%, mientras las bolsas europeas cerraron en baja y las asiáticas mostraron un comportamiento mixto.

Con información de agencias EFE y NA

El estrecho de Ormuz, convertido en la principal arma de la guerra en Irán, evidenció la importancia de los estrechos para la estabilidad geopolítica y el comercio de energía y mercancías que sostienen la economía global. 

La importancia de esos cuellos de botella, que conectan océanos, mares y mercados y permiten a los barcos llegar más rápidamente a distintas partes del mundo, no depende de su tamaño, sino de lo difícil que resulta sustituirlos y la distancia marítima que logran acortar. “Los estrechos más importantes son los llamados sistémicos, es decir, los que no tienen una alternativa si el tránsito queda bloqueado”, explica a elDiario.es el investigador en Geopolítica Global y Seguridad Víctor Burguete, del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). En segundo lugar, el experto señala la importancia que tienen “a nivel regional por un producto específico o en términos militares”.

Estrechos y canales clave para el suministro de petróleo mundial

Estrecho

de Malaca

Estrecho

de Bering

6

Canal de

La Mancha

7

4

2

1

5

8

3

Estrecho de

Magallanes

Estrecho

de Ormuz

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Estrecho de Malaca

Estrecho de Ormuz

Cabo de Buena Esperanza

Canal de Suez

Bab el-Mandeb

Estrechos Daneses

Estrechos Turcos

Canal de Panamá

23,2

20,9

9,1

4,9

4,2

4,9

3,7

2,3

*Millones de barriles por día durante la primera mitad de 2025

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE EE. UU. (EIA), FEBRERO DE 2026.

Estrechos y canales clave para el

suministro de petróleo mundial

Estrecho

de Malaca

Estrecho

de Bering

Canal de

La Mancha

Estrecho de

Magallanes

Estrecho

de Ormuz

*

1

2

3

4

5

6

7

8

Estrecho de Malaca

Estrecho de Ormuz

Cabo de Buena Esperanza

Canal de Suez

Bab el-Mandeb

Estrechos Daneses

Estrechos Turcos

Canal de Panamá

23,2

20,9

9,1

4,9

4,2

4,9

3,7

2,3

*Millones de barriles por día durante la primera mitad de 2025

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE EE. UU.

(EIA), FEBRERO DE 2026.

Malaca

El Estrecho de Malaca, situado entre Malasia e Indonesia, es el paso marítimo más transitado del mundo y uno de los más peligrosos, con alta amenaza de la piratería. Conecta el océano Índico con el mar de China Meridional y el océano Pacífico, lo que lo convierte en “la gran puerta de acceso a Asia, sobre todo a China, pero también a Japón y Corea” y en una ruta comercial “esencial” entre Asia y Europa, dice Burguete. “Si se cerrase, lo primero que hay que ver son las alternativas”.

Por este paso circularon, según la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés), unos 23,2 millones de barriles de petróleo en el primer semestre de 2025, cifra equivalente a cerca del 29% del flujo mundial de crudo por vía marítima. Casi el 80% de las importaciones de petróleo de China pasan por este punto, por lo que el gigante asiático no quiere perder su control y, de cerrar, su economía podría hundirse. Según el investigador, en caso de conflicto bélico entre China y EE.UU. por el dominio marítimo en la región, la circulación por el paso podría verse afectada “de forma grave”, y el gigante asiático enfrentaría “una serie de limitaciones para alcanzar la salida al Índico o al Atlántico”.

Ormuz

Epicentro de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz, que tiene entre 60 y 100 kilómetros de ancho, conecta el Golfo Pérsico, al sudoeste, con el Golfo de Omán, al sureste, y el Océano Índico. Por él circula cerca del 20% del petróleo y gas licuado del planeta y su bloqueo —la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia— ha tenido efectos en el comercio mundial, especialmente en el precio de los combustibles. 

El volumen de tráfico marítimo por este paso se había retomado de forma progresiva después de que EE.UU. levantara su bloqueo tras la firma del memorando pactado con Irán, pero este sábado Teherán anunció un nuevo cierre. El Ejército iraní denunció a Washington por “flagrante incumplimiento” de los términos del acuerdo preliminar al haber sido incapaz de impedir la continua ofensiva israelí en Líbano que entre el viernes y el sábado dejó más de un centenar de muertos.

Más allá de cuándo se pueda reabrir Ormuz, el gremio de propietarios independientes de buques tanque alerta de que la reactivación total tomará meses, pues el centro del estrecho está bloqueado por unas 80 minas que deben ser retiradas para que se reanude la navegación normal.

Entre los puntos del principio de acuerdo que generan más confusión hay la posibilidad de cobrar peajes (pago por el paso) o tarifas (por servicio prestado) por parte de Irán. Donald Trump ha asegurado que “no habrá peajes” durante los 60 días del periodo de alto el fuego, “ni tampoco después de que expire ese plazo”.

Aunque Irán había dicho que no cobraría “peajes de tránsito”, pero sí podría cobrar “tarifas” sin especificar qué servicios prestaría en el paso, este domingo el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha asegurado que “no se cobrarán tasas, ni de tránsito ni de servicio” en Ormuz, y ha añadido que “actualmente hay barcos navegando en ambas direcciones”, desmintiendo que esté cerrado, como anunció ayer Irán.

La legalidad de cobrar por pasar a través de una vía marítima natural ha sido cuestionada por expertos en la materia (en vías navegables artificiales, los estados ribereños administradores de los canales sí prestan servicios e infraestructura) y ha generado preocupación entre los líderes mundiales, quienes temen que Ormuz nunca recupere su estado anterior a la guerra.

“Ormuz afecta no solamente al crudo iraní, sino también a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Irak y Baréin”, apunta Burguete, que menciona varias dificultades para encontrar alternativas para estos países.

Para el investigador del Real Instituto Elcano Federico Steinberg, el estrecho de Ormuz es “vital y estratégico” y “tiene difícil sustitución”, aunque —admite— es verdad que el precio del petróleo “ha subido menos de lo que se preveía” porque ha sido posible extraer petróleo del Golfo a través de oleoductos que puso en marcha, sobre todo, Arabia Saudí, y de aumentos de producción en otros países.

Al igual que Malaca, el control sobre el estrecho de Ormuz no depende de una única bandera. Burguete explica que esto es consecuencia de “un intento deliberado de las grandes potencias por no entregar a un solo país el poder geopolítico de cerrar una ruta de navegación clave”. Cuando los británicos se retiraron de estos territorios, “se preocuparon de dividir la Península Arábiga para no tener la emergencia de un gran poder que pudiese controlar la zona”.

Bab el-Mandeb, Canal de Suez y Canal de Panamá

Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es la puerta de entrada de la ruta más corta entre Europa y Asia. Situada entre el cuerno de África y la península arábiga, se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad marítima por la creciente presencia de milicias hutíes de Yemen, aliadas de Irán, que han atacado embarcaciones y amenazan con cerrar el paso. Además del comercio, su importancia radica también en los flujos migratorios que atraviesan la región del Cuerno de África, afectada por conflictos armados, hambrunas y desplazamientos forzados.

El canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, conecta Asia y Europa sin tener que rodear África a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que solía implicar 24 días de navegación frente a las 16 horas que se tarda, de media, en cruzar el canal. Aproximadamente el 12% del comercio marítimo global, incluido el 10% del petróleo, transita por este paso. En 2021, el bloqueo de siete días provocado por el buque Ever Given, que quedó encallado en medio del paso y detuvo el comercio de medio planeta, provocó pérdidas billonarias. Controlado por Egipto, que lo opera y cobra tarifas por utilizarlo, ha sido objeto de ataques por parte de los hutíes en respuesta a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

“Bab el-Mandeb y el Canal de Suez están en segunda línea de importancia porque, pese a ser relevantes, tienen una alternativa: Estrecho de Buena Esperanza. Es más costoso, más largo e implica disrupciones temporales en las cadenas globales de valor, pero las mercancías llegan”, explica el analista.

Bab el-Mandeb y el Canal de Suez están en segunda línea de importancia porque, pese a ser relevantes, tienen una alternativa

Víctor Burguete — Investigador en Geopolítica Global y Seguridad del CIDOB

El Canal de Panamá no es un estrecho como tal, pero con sus 82 kilómetros de ancho, funciona como si lo fuese: conecta los océanos Pacífico y Atlántico y acorta la ruta sin tener que rodear Sudamérica. Gestiona alrededor del 2,5% del comercio marítimo mundial, una proporción modesta, pero concentrada en carga estratégica. Para Estados Unidos es un paso clave porque transporta el 40% de todos sus envíos en contenedores. La drástica disminución del agua en los embalses de agua dulce del canal provocada por las sequías en 2023 y 2024 obligó a restringir el número y el tamaño de los buques. En 2025, Donald Trump amenazó con tomar su control ante la creciente gestión de China en algunos de sus puertos.

“Estados Unidos, cuenta Burguete, es el mayor usuario del canal: lo utiliza para conectar la costa este y oeste, tanto a nivel de comercio como a nivel militar, por lo que tener que dar la vuelta por el cabo de Hornos, no es buena estrategia ni por tiempo ni por dificultades de la navegación”.

Estrechos daneses y turcos

Los estrechos turcos del Bósforo y Dardanelos son la única vía marítima entre el mar Negro y el Mediterráneo, además de dividir la ciudad de Estambul en dos continentes: Europa y Asia. Por ellos transita el 3% del comercio marítimo mundial, con peso importante del gas, fertilizantes y grano (incluido el 20% de las exportaciones globales de trigo desde Ucrania y Rusia hacia Europa y África). En el contexto de la guerra, su valor estratégico se ha incrementado. Turquía controla el acceso militar al estrecho, un poder que Ankara ha utilizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 para restringir el movimiento de buques de guerra, manteniendo abierto el tráfico comercial.

“A nivel militar y en el ámbito regional es importante el control del estrecho de los Dardanelos y el Bósforo por parte de Turquía, que puede cerrar el acceso a Rusia a las aguas calientes del Mediterráneo”, señala el experto del CIDOB. A través de este embudo, Moscú exporta su petróleo al mundo.

Durante cuatro siglos Dinamarca cobró peajes marítimos por el paso por los estrechos daneses: el Øresund, el más oriental; el Gran Cinturón (Storebælt), el canal principal y el más ancho entre el mar Báltico y el océano Atlántico, situado en el centro del país; y el Pequeño Cinturón (Lillebælt), el más occidental y estrecho de los tres. Desde 2021, el volumen de petróleo que transita por las aguas danesas ha aumentado un 58% y ahora que el estrecho de Ormuz está inoperativo, el país nórdico se ha convertido en el tercero del mundo por donde pasa un mayor volumen diario de petróleo —sin el bloqueo virtual de Irán, el estrecho danés ocuparía el cuarto lugar—.

Intereses del futuro: ¿Bering y Magallanes?

Ubicado donde el Pacífico Norte se une con el Océano Ártico, el de Bering es un estrecho que captará el interés en un futuro. El deshielo del Polo Norte, provocado por el cambio climático, permitirá abrir rutas marítimas más cortas y baratas. Situado entre Siberia y Alaska, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, es un paso que las potencias mundiales tienen en su radar y como próximo elemento en disputa, además de otra de las razones por las que Trump muestra tanto interés por Groenlandia.  

A pesar de sus pocos kilómetros, puede provocar una crisis a escala global. “Irá cada vez a más”, dice Bruguete. “Será un punto de control, porque estamos entrando en un contexto geopolítico en el cual la geografía y el control y acceso a los recursos naturales es cada vez más importante”. 

Para el académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, en el contexto actual de tensiones entre China y Estados Unidos “el Estrecho de Magallanes y otras rutas que conecten el Atlántico con el Pacífico recuperarán cierta vitalidad”. 

El Estrecho de Magallanes y otras rutas que conecten el Atlántico con el Pacífico recuperarán cierta vitalidad

Gilberto Aranda — Experto de la Universidad de Chile

El estrecho de Magallanes, localizado en la Patagonia, en la isla Grande de Tierra del Fuego, fue junto con el Canal Beagle, una de las pocas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico antes de la construcción del Canal de Panamá. Esta ruta de mar abierto, con fuertes vientos huracanados, icebergs y corrientes marítimas, abre una ruta “crucial” a “un continente helado y rico en minerales críticos”, dice Aranda. 

Según él, “los espacios que quedan más cerca de la Antártida, aun cuando están a muchas millas náuticas, se convertirán en puntos muy codiciados por las potencias tanto globales como regionales”. En el último tiempo, explica, Estados Unidos ha intentado llegar a acuerdos con países próximos al estrecho, como Argentina, y eventualmente podría ser con Chile, “para ir cerrando el hemisferio americano a otros competidores”.

Sin embargo, cierra Steinberg, más allá de la notoriedad que puedan adquirir estos estrechos, su evolución “irá despacio” y requerirá “estructurar” las nuevas rutas, por lo que “será difícil sustituir la concentración de petróleo en el Golfo”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, puede resultar imprevisible, pero tiene un incentivo para respetar el acuerdo de paz que acaba de firmar con Irán: las elecciones legislativas de medio término de noviembre próximo, que había comenzado a perfilársele mal por el encarecimiento del combustible en una sociedad tan dependiente del auto grande y propio. El final del conflicto depende no sólo de ambos países sino también de lo que haga el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pero en caso de sostenerse la tregua, provocará impactos económicos en el mundo en general y en la Argentina, así como el inicio de la guerra los había tenido también.

El barril de petróleo Brent, antiguo yacimiento escocés cuyo precio sirve de referencia en países como la Argentina, había arrancado 2026 en US$60, un nivel que si se perforaba podía ralentizar inversiones en yacimientos como Vaca Muerta. Con el inicio de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta iraní atacando instalaciones de hidrocarburos en el Golfo Pérsico y cerrando el estrecho de Ormuz, por donde salen y entran los buques de la zona, el crudo llegó a tocar los US$120, el doble que a principios de año. Ahora está en US$80, 33% menos que en el peor momento del conflicto bélico, pero 33% más que cuando el mercado ni imaginaba que se desatara semejante guerra con parate productivo en la región que produce la mitad del petróleo mundial.

Cuando comenzaron a tronar las armas hubo quienes interpretaron que se trataba de una buena noticia económica para la Argentina, dado que se ha convertido en un país exportador de petróleo y gas gracias a Vaca Muerta y la construcción de gasoductos y oleoductos. Pero otros advirtieron que un conflicto que encarecía el combustible y todos los otros derivados del crudo, como los fertilizantes, iba a elevar la inflación local y global y, por tanto, iba a ralentizar la actividad económica criolla y planetaria, al tiempo que los capitales especulativos huirían de mercados emergentes, como el nuestro, para refugiarse en los ricos y seguros. ¿Ahora se desandará todo ese camino y ocurrirá lo contrario? En parte sí, en parte no.

“En qué valor se estabiliza el valor internacional del crudo en los próximos meses va a depender de la velocidad de la recuperación de la producción en Arabia Saudita, Irak, Kuwait y el resto del Golfo Pérsico y por la velocidad con que se recupere el almacenamiento a nivel internacional”, señala el consultor Nicolás Arceo. China, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, evitaron el colapso de sus mercados gastando sus reservas de petróleo importado.

En EE.UU, el galón (3,70 litros) de nafta subió de US$2,80 a principios del año hasta US$4,55, un 62%, y ahora bajó a 2,90, 3% más que antes de la guerra. En la Argentina, en cambio, el gobierno libertario optó por no seguir los vaivenes tan bruscos del mercado y entonces la estatal YPF remarcó el litro de nafta un 30%, de $1.500 a $2.000, pero desde abril aplicó un buffer (amortiguador) por el que estabilizó el precio en la cumbre del barril, lo que se compensará ahora que se abarató la materia prima.

“La baja en el precio local del combustible más lento, que no se debería verificar en el corto plazo. Dependiendo de la evolución internacional, debería empezar a bajar recién en agosto o septiembre”, apunta el economista Arceo. Sus colegas Juan Francisco Pisano, analista financiero, y Orlando Ferreres, consultor, coinciden en que así como el encarecimiento del petróleo impulsó la inflación argentina en los meses anteriores, incluidas las tarifas de luz y gas, la merma del barril puede contribuir a la desinflación que se inició en mayo y que viene explicada también por la contracción monetaria. De todos modos, Ferreres advierte que todavía las tarifas de luz, gas, agua, colectivo y tren deben aumentar más para cubrir sus costos y dejar de depender de subsidios y de ahí que espera que la inflación cierre el año en 31,8%, apenas por encima de la de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la Argentina aumentó sus exportaciones de energía un 33%, medidas en dólares. Es que subió 44% su valor y además se aprovechó la escasa oferta de Medio Oriente y la mayor cotización para enviar al exterior 8% más volumen. Eso explica por qué en mayo se batieron récords de exportaciones y superávit comercial en el país. Dado que se espera que el barril continúe por encima del nivel inicial del año, Arceo pronostica que la balanza energética elevará su saldo positivo de US$7.800 millones el año pasado a más de 10.000 millones en 2026.

Y eso que se espera que a partir de ahora ingresen al país menos dólares de exportaciones petroleras que en el comienzo del año porque ya pasó el pico de la cotización y de la escasez en el mercado mundial. “Cada suba de US$10 del Brent equivale aproximadamente a US$1.300 millones de exportaciones adicionales en términos anuales, y viceversa”, calcula Pisano.

“El aumento del precio internacional les otorga a las petroleras un flujo de caja adicional en torno a los US$5.500 millones, lo cual va a potenciar y permitir acelerar los niveles de inversión”, sostiene Arceo. Es decir, no pareciera necesitaran que el Gobierno haya incluido la extracción de crudo y gas en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Por el contrario, la guerra no sólo les mejoró los valores del barril y del gas, también reforzó el posicionamiento de Vaca Muerta como proveedora segura de hidrocarburos. Es un proceso que había comenzado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania, pero se potenció ahora. Hace una semana, en el festejo por el Día del Periodista el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que ya tiene todo el gas natural licuado (GNL, el que se exporta por barco) contratado a largo plazo para vender a Europa, aunque también Asia lo demanda. La Argentina comenzará a exportar GNL en 2027, comenzando por Alemania.

El negocio del crudo se maneja con pedidos de corto plazo y durante la guerra de Irán en una petrolera local recibieron peticiones de la costa oeste de EE.UU., Singapur y otras naciones asiáticas, todas regiones que antes nunca lo habían hecho. En otra compañía argentina comentan el interés europeo y japonés por el gas y en una multinacional hablan de exportar más gas natural por gasoductos a Chile y Brasil.

“Así como el inicio de la guerra nos beneficiaba, el fin de la misma, con la posible caída del precio del petróleo y otras commodities como las agropecuarias, seguramente nos perjudicará un poco”, advierte Ferreres. No obstante, el campo, mientras espera que dentro de dos meses baje el gasoil, se ilusiona con un descenso de los fertilizantes, que en su mayoría produce el Golfo Pérsico, y que se llegue a tiempo para la siembra de trigo, que comenzó en mayo pero finaliza en julio.

Por eso, algunos economistas prevén que suba un poco el dólar, que estaba bastante barato en términos históricos. De hecho, en el último mes se elevó de $1.410 a $1.480, un 4,9%, bastante más que la inflación y que el rendimiento del plazo fijo o las billeteras virtuales. Sin embargo, a la vez que el aumento de las exportaciones petroleras crecerán a menor ritmo que en la primera mitad del año, también se espera el ingreso de divisas por el canal financiero por la menor inflación mundial que puede derivar en menores tasas de interés internacionales y, por tanto, en mayor apetito por mercados emergentes. Una entrada semejante contrarrestaría el impacto de los envíos del crudo y sostendría el tipo de cambio bajo.

“Un clima internacional más relajado, con menor inflación internacional por la caída de los precios del petróleo, facilita a los bancos centrales la baja de los tipos de interés, lo que hace que el Tesoro argentino pueda colocar deuda internacional, si así lo quisiera, más barata”, observa Pisano. El riesgo país estaba arriba de los 500 puntos básicos a principios de mes y bajó a 429. En la medida en que se reduzca por debajo de los 300, el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé colocar deuda en los mercados internacionales para afrontar los abultados vencimientos pendientes en 2026 y 2027. De esta manera, ingresarían divisas y, al mismo tiempo, se liberaría financiamiento local que hasta ahora va al Estado y que en adelante iría al sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Pero al menos dos integrantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas advierten en privado que también puede ocurrir que no se alineen los planetas y que el riesgo país se mantenga alto. Y que en caso de que efectivamente baje se consolidará un modelo económico basado en la producción de materias primas agrícolas, mineras y energéticas, con un tipo de cambio bajo, que alienten el consumo de productos y servicios importados, en detrimento de los locales, con altos costos para los alimentos, la industria y la construcción privada, con destrucción de empleo de calidad, creación de puestos de trabajo precarios, sin suficiente inversión en capital humano e infraestructura, y con los sectores más rezagados de la economía sosteniendo un Estado desfinanciado por las actividades más pujantes pero que menos tributan por el RIGI y si se aprueba en el Congreso, por el Súper RIGI.

AR/MG

Los precios internacionales del petróleo suben hasta los US$110 este martes, alcanzando el mayor valor en tres semanas, en medio de la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para concretar el fin definitivo de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, avanza durante esta jornada 3,23%, cotizando a 111,73 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos trepa un 4,07% y se ubica en 100,30 dólares por barril.

Ambos índices de referencia se revalorizan más de un 50% desde el inicio de la guerra. Pese a una cierta estabilidad en los últimos días, sobre el final de abril los precios retoman la senda alcista y vuelven a superar los US$100.

Antes de la ofensiva estadounidense e israelí contra Teherán el 28 de febrero, el Brent cotizaba en torno a los 73 dólares por barril, pero el impacto del conflicto armado afectó a los mercados energéticos, que ven reducida su capacidad de abastecimiento por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El retorno de la tendencia alcista en el precio del crudo se da frente a la demora en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar una paz duradera y que se libere definitivamente el tránsito fluvial en la vía navegable por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

La salida de Emiratos Árabes de la OPEP

En paralelo, Emiratos Árabes Unidos anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del 1 de mayo, dando un golpe de escena en la entidad de la que forma parte desde 1967.

De esta manera, ante la crisis de producción y exportación del crudo, el cuarto mayor productor del grupo con 3,5 millones de barriles, buscará poder producir sin las limitaciones de la alianza que mantiene el control del mercado.

El ministro de Energía del país petrolero, Suhail Mohamed al-Mazrouei, explicó que “esta decisión viene de una revisión de toda la política de producción y nuestra futura capacidad”, remarcando que “es una decisión basada en nuestro interés nacional”.

Asimismo, sostuvo que “reafirmamos nuestro aprecio por la alianza de la OPEP y les deseamos el mayor éxito” y señaló que “durante el tiempo que estuvimos en la organización, hemos realizado importantes contribuciones y aún más grandes sacrificios para el beneficio de todos”.

Con información de agencias.

El barril de petróleo brent para entrega en junio bajó este martes un 4,60 %, hasta situarse en los 94,79 dólares, ante las perspectivas de nuevas rondas de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, después del intento fallido del pasado fin de semana en Pakistán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cayó 4,57 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 99,36 dólares.

Después de empezar la semana rozando de nuevo los 100 dólares, el brent reaccionó a la baja ante el optimismo de los inversores de que Washington y Teherán retomen las negociaciones, mientras el estrecho de Ormuz permanece todavía cerrado al tráfico, prolongando la interrupción de suministro, que ya dura más de un mes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que las conversaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos dos días.

En una entrevista telefónica con una enviada especial del New York Post, el jefe de la Casa Blanca le recomendó permanecer en la capital paquistaní, Islamabad, más tiempo: “Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos dos días, y nos inclinamos más a ir allí”.

La firma de asesoría energética Ritterbusch & Associates indicó este martes en una nota que la caída del oro negro refleja “la posibilidad de que se reanuden las conversaciones, lo que podría conducir a un acuerdo nuclear, que a la larga reimpulsaría la apertura del estrecho (de Ormuz).

“Cualquier atisbo de progreso en las negociaciones puede provocar fácilmente una drástica caída de los precios”, agregó.

El pasado fin de semana fracasaron las conversaciones de paz en Pakistán, tras más de 20 horas de negociación, y Trump ordenó un bloqueo contra todos los barcos de todas las naciones que entren o salgan de puertos iraníes a partir del lunes, lo que se tradujo en fuertes subidas en el precio del crudo.

Con información de EFE

JIB

El anuncio de Donald Trump de que pretende el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, el paso fundamental para el 20% del petróleo y el gas que se consumen en el mundo, devolvió a los mercados a la incertidumbre tras el tímido oasis de la semana pasada. El movimiento busca eliminar la principal carta iraní del conflicto, la de cerrar esta vía clave para la energía mundial. Pero el costo se traducirá en todavía más inflación y menor crecimiento, alargando un conflicto que se acerca a los dos meses de duración.

Tras el anuncio de Trump, el precio del petróleo Brent se disparaba este lunes cerca de un 7% y el barril volvía a superar los 100 dólares por primera vez desde la tregua entre Estados Unidos e Irán anunciada la semana pasada. Una incierta tregua que “no sabemos si está rota o no”, resume al teléfono el jefe de Análisis Geopolítico de la consultora Rystad Energy, Jorge León. Con las debidas cautelas ante la enorme incertidumbre, León pronostica que el precio del crudo se mantendrá en el entorno de los 110 dólares “en las próximas semanas”, aunque hay “mucha volatilidad”.

Con el bloqueo del paso de Ormuz, calificado de “piratería” por el régimen de los ayatolás, Trump intenta aumentar la presión sobre Irán (y, por extensión, también sobre China, principal consumidor del crudo persa) tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán entre Washington y Teherán el pasado fin de semana.

“Lo que se llama escalar para desescalar”, resume León, que recuerda que hasta ahora Irán todavía estaba exportando algo de crudo, “muy poco”, matiza, a través del estrecho de Ormuz, el enclave por el que antes de la guerra transitaba en torno al 20% del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consumen en el mundo, además del 15% del amoníaco y el 21% de la urea, clave para la fabricación de fertilizantes, fundamentales para la industria alimentaria.

El órdago de Trump “tensa la cuerda” del conflicto

Los efectos económicos del bloqueo iraní han contado con ciertas “válvulas de escape”, como las define la socia directora de Análisis Económico y de Mercados de AFI, María Romero, como los pasos alternativos al estrecho de Ormuz o la liberación de reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Estas han permitido atenuar el shock de oferta para la economía mundial, desde una reducción de 20 millones de barriles diarios a unos 6 o 7 millones. Pero el nuevo pulso de Trump “tensa mucho más la cuerda” y acerca la situación al peor de los escenarios anticipados al inicio del conflicto.

El desencadenante de esta nueva amenaza de la Casa Blanca fue el “peaje” anunciado por Irán. “A Trump no le gusta que haya países que estén pasando por el Estrecho porque pagan los dos millones que les pide la Guardia Revolucionaria. Trump pretende estrangular ese canal de financiación bélico y esa apuesta que lanza Irán al resto del mundo para negociar desde una posición más competitiva”, explica Romero.

Según los datos de la plataforma de monitorización marítima MarineTraffic, el fin de semana, antes de la amenaza de Trump, cruzaron el estrecho de Ormuz 14 buques por día, un tráfico “muy por debajo de la media previa al conflicto”, que se situaba en torno a 100 naves al día.

El analista de Rystad Energy cree que Trump “no va a cerrar Ormuz de manera permanente”, ante el efecto que esto tendría en los precios de los combustibles, también en Estados Unidos, con las elecciones de medio mandato del próximo noviembre en el horizonte. León aleja la posibilidad de un racionamiento de combustible en la UE, medida que han aplicado en las últimas semanas algunos países asiáticos. Tampoco en el caso del queroseno, aunque voces autorizadas no descartan ya problemas de suministro en Europa.

Este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, alertaba de que la prolongación del conflicto en Irán podría generar nuevas preocupaciones en torno a la disponibilidad de combustible para la aviación, aunque España tenga menor dependencia. El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, advertía que Europa puede enfrentarse no solo a precios más altos de la energía, sino también a problemas de disponibilidad física de combustibles si no se pone fin a este conflicto.

El precio amenaza a Europa, no el suministro

Jorge León insta a “diferenciar” la situación de las economías europeas y las asiáticas. “En Asia son economías emergentes y el coste de los combustibles en una familia promedio es muy significativo”: a un hogar con una renta de 10.000 euros al año una subida del 40% del coste del combustible le “afecta muchísimo”, mientras que en Europa “no te mata”. En el Viejo Continente, explica, el impacto “es mucho más importante sobre la potencial inflación que pueda haber en las próximas semanas. Europa depende mucho de importar energía y eso puede hacer que ese aumento lleve a más inflación y el BCE tenga la necesidad de subir tipos. El riesgo es macroeconómico”.

Una posibilidad, la de una subida de tipos, a la que apuntaba este lunes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, al asegurar que cualquier posible respuesta de la política monetaria, particularmente el encarecimiento del precio del dinero, ante la situación desencadenada por la guerra de Irán “dependerá de los efectos de segunda ronda”.

En España, los riesgos para la economía no proceden tanto por una eventual crisis de suministro como por la subida de los precios de la energía. “Podemos ver un repunte de los precios que puede llevar la inflación a cotas elevadas, cuando pensábamos que ya había pasado lo peor”, explica el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo. “Cuanto mayor dure esta situación, mayor traslado tendrá hacia los precios y más estructural será. Creo que estamos en una situación bastante menos grave que la que vivimos en 2022. Pero llueve sobre mojado y no sabemos cómo van a evolucionar las economías a un segundo shock inflacionario, aunque sea más moderado”, detalla.

La experta de AFI coincide en que la situación no es la misma que hace cuatro años, aunque “si se enquista podría repetirse ese fantasma del pasado”. La verdadera clave está en los efectos del conflicto sobre las infraestructuras energéticas: “Aunque el tránsito se restablezca, la producción ha sido dañada y tardará tres o cuatro meses en madurar. Y luego entre tres o cinco años en invertir y restablecer toda la infraestructura”, augura Romero.

“Puedes intentar minimizar el impacto que esta situación tiene en tu salud mental, pero se está volviendo imposible”. Tras seis semanas varados en el Golfo, uno de los 20.000 marineros atrapados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz está llegando a su límite.

Sin embargo, con el frágil alto el fuego en Medio Oriente ya resquebrajándose, el trabajador del petrolero —que habló por primera vez con The Guardian hace un mes— dijo que cualquier esperanza de poder marcharse pronto se evaporó, si es que alguna vez pareció real.

“Estamos fondeados, cerca de decenas de petroleros cargados. Nadie se ha movido ni un centímetro”, dijo el tripulante, uno de los cientos fondeados frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos con una vista clara del petrolero kuwaití cargado que fue incendiado por un misil iraní hace dos semanas.

A las pocas horas de acordarse el alto el fuego, las reveladoras estelas de los misiles interceptados surcaron el cielo sobre sus buques. Tras un mes y medio de ataques con drones e informaciones sobre minas submarinas, muchos marineros se sienten reacios e incapaces de atravesar el estrecho, incluso si el alto el fuego les permitiera hacerlo.

Negarse a navegar

“Presenté mi renuncia hace un mes”, dijo el marino. “He informado al capitán de que no estoy dispuesto a navegar por el estrecho. Es una cuestión de seguridad, se trata únicamente de seguridad”.

A bordo del mismo petrolero, la mayoría de la tripulación opina lo mismo, añaden, y señalan que alrededor del 90% de los tripulantes quiere ejercer su derecho a negarse a navegar. Un miembro de la tripulación sufrió una “crisis nerviosa” y sus compañeros lo están vigilando regularmente.

“No me cabe duda de que este problema concreto, este colapso mental, está ocurriendo [en los petroleros] a nuestro alrededor debido al estrés de esta situación. Las líneas de apoyo [telefónicas] para marineros están intentando ayudar, pero desde el principio todos sabíamos que no sería suficiente”, dijo el marinero.

Líneas de apoyo

Desde el inicio del conflicto, el sindicato Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) recibió alrededor de 1.000 consultas de marineros de 300 buques diferentes. Aproximadamente el 20% procedía de personas que solicitaban la repatriación. Otras preocupaciones tenían que ver con los salarios o al acceso a suministros esenciales como combustible, alimentos y agua.

Tras el reciente ataque al petrolero Al-Salmi de Kuwait, a solo unos kilómetros de distancia, el marinero llamó a la línea de ayuda por primera vez. “Me sentía un poco abrumado y no estaba seguro de poder manejar lo que sentía. Para mí es importante que los demás no me vean llorar. Me ayudó mucho poder desahogar todos mis sentimientos con un desconocido”.

Además del desgaste mental que la amenaza de violencia supone para las personas —el hecho de estar allí, prácticamente indefensas—, también está la incertidumbre y el no saber cuánto tiempo va a durar

David Appleton — Alto cargo de Nautilus

Sin embargo, los consejos y el apoyo desde la distancia tienen sus límites, según David Appleton, alto cargo de Nautilus, que representa al personal de los buques. “Todo el mundo hace lo que puede para ayudar, pero lo que realmente se quiere es sacar a la gente de esa situación”, afirmó.

“Además del desgaste mental que la amenaza de violencia supone para las personas —el hecho de estar allí, prácticamente indefensas—, también está la incertidumbre y el no saber cuánto tiempo va a durar”, añadió Appleton.

El deterioro de la salud mental de quienes se encuentran a bordo de los petroleros varados reavivó los llamamientos a los armadores para que sustituyan a sus tripulaciones por marineros dispuestos a ofrecer relevo. Según la normativa marítima, las compañías navieras no pueden obligar a los marineros a trabajar en zonas peligrosas, pero seguirá habiendo quienes estén lo suficientemente desesperados como para aceptar el trabajo.

“La mayoría de nuestros posibles sustitutos son marineros ucranianos; aquellos que están lejos de sus hogares y gastan dinero en países europeos extranjeros porque no pueden volver a casa”, dijo el marinero.

Las compañías navieras están obligadas a ofrecer el doble de salario a la tripulación que trabaja en zonas peligrosas. Se espera que busquen a quienes estén interesados en un ascenso y les ofrezcan un rango superior para que se enrolen. También buscarán a quienes lleven más tiempo en tierra y necesiten el trabajo.

“La única diferencia entre ellos y nosotros es la elección. Al menos ellos tomarán la decisión de venir aquí, independientemente de por qué elijan hacerlo”, explicó el marinero.

“La situación más difícil en la que he estado nunca”

Esperan que, en las próximas semanas, su petrolero sea llevado a un fondeadero para permitir que la nueva tripulación ocupe el lugar de quienes no quieran o no puedan continuar. “El capitán mantuvo una conversación informal con nuestro jefe de tripulación, que intentaba convencer a la tripulación de que se quedara a bordo hasta llegar al puerto de descarga, pero él lo descartó de inmediato”.

“No estoy en condiciones mentales para realizar ninguna tarea intensa después de todo esto. Es la situación más difícil en la que me he encontrado nunca”, relató el trabajador.

No hay garantía de que vuelvan al mar. “He trabajado en petroleros toda mi vida. Irme significa dejar atrás todo lo que he logrado. Pero seguir en este trabajo significa que existe la posibilidad de que tenga que volver aquí tarde o temprano. Solo podré tomar esa decisión después de unos meses fuera de este buque. En casa”, dijeron.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se muestra “muy pesimista” respecto a la crisis energética actual, que es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas, y teme un abril “negro” si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

En una entrevista publicada este martes en el diario francés Le Figaro, Birol insiste en que aunque la AIE trabaja en diferentes líneas, como medidas para ahorrar petróleo y gas y podría decidir sacar al mercado una parte más importante de sus reservas estratégicas, “la única, verdadera solución” es “la reapertura del estrecho de Ormuz”.

“Mientras siga cerrado, la economía mundial se seguirá enfrentando a muy grandes dificultades”, añade.

Sobre la situación actual, “el mundo no ha vivido nunca una perturbación del aprovisionamiento energético de tal magnitud. Si se observan las tres grandes crisis petrolíferas y gasísticas pasadas, la crisis actual es más grave que las de 1973, 1979 y 2022 juntas. Nos enfrentamos a un gran choque energético que combina choque petrolero, choque gasístico y choque alimentario”, aseguró.

Da por hecho que “la economía mundial va a sufrir” y que los países en desarrollo “serán los más afectados por los precios elevados del petróleo, del gas, de la alimentación y por la aceleración de la inflación”. Por eso se muestra “muy pesimista”.

Preguntado por la decisión tomada por los miembros de la AIE de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para tratar de estabilizar los mercados, señala que se está llevando a cabo “progresivamente” y que va a continuar “en las próximas semanas”.

Birol recuerda que es la mayor liberación de reservas de la historia de la organización (que se creó tras la crisis de 1973), que supone un 20 % de las que disponen los países y que el resto se utilizará “si es necesario, pero espero que no lo sea”.

El director de la AIE explica que con la guerra en Oriente Medio han resultado dañadas por los ataques 75 infraestructuras energéticas y “más de un tercio” están “gravemente o muy gravemente afectadas” y volverlas a poner en marcha costará “mucho tiempo”.

Ante esas circunstancias, anticipa que “la arquitectura del sistema energético mundial va a cambiar”, algo que costará “años” pero al final “la geopolítica de la energía se transformará profundamente”.

De esa transformación, destaca que las renovables, la solar y la eólica que permiten una rápida instalación, van a progresar de forma mucho más acelerada, “en una escala de unos meses”, un fenómeno que ya se dio con la invasión rusa de Ucrania.

Además, “la vida de las centrales nucleares existentes se prolongará; de ahí sacaremos capacidades adicionales”.

Y también prevé que, como en los años 1970, la industria automovilística se va a transformar, con un desarrollo mucho más rápido de los coches eléctricos, en particular en Asia, donde la demanda de petróleo es más fuerte.

Su recomendación para los países es, en primer lugar, “utilizar la energía de la forma más prudente posible, ahorrando y mejorando su eficacia. Luego, hay que seguir apoyando el crecimiento de las renovables y desarrollar importaciones de diferentes socios comerciales”.

EFE

Las cosechas mundiales de 2026 están, ahora en marzo y abril, al borde del precipicio. Una escasez de alimentos sobrevuela el mundo por el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. Al final de una cadena que comienza con el cierre del transporte de fertilizantes por el estrecho de Ormuz asoma un descenso en la producción de comida y un incremento “de la presión migratoria sobre Europa a lo largo de 2027”, según un documento de análisis interno del gobierno español al que ha tenido acceso elDiario.es.

La guerra en Oriente Próximo se ha notado muy rápidamente en los carburantes por la dependencia que todavía persiste de los combustibles fósiles: el petróleo y el gas. “A medio plazo los fertilizantes pueden subir los precios agrícolas”, dice el documento.

Aunque el ministro de Agricultura de España, Luis Planas, ya pidió a los eslabones de la cadena alimentaria “cuidado para evitar que las familias paguen el incremento de precios” –la siempre temida por cualquier ejecutivo inflación–; el análisis interno de Moncloa apunta a una crisis más global.

“En el peor momento posible”

Porque una agricultura intensiva basada en productos químicos derivados de los combustibles fósiles tiene ahora sus consecuencias: si la producción agrícola se lleva el 15% del uso del petróleo y gas, según la FAO, buena parte de ese consumo está dedicado a la fabricación de fertilizantes. Y el conflicto desatado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha interrumpido simultáneamente la producción y la exportación de fertilizantes del Golfo pérsico “en el peor momento posible del calendario agrícola”, analizan en el Ejecutivo, que es “la temporada de siembra en el hemisferio norte”.

La realidad es que lo que no se fertilice ahora en primavera, se pierde. No puede recuperarse. “La cosecha del hemisferio norte 2026 se está decidiendo ahora y el defecto será visible en las estadísticas de producción global a partir de agosto”, explica el documento del Ejecutivo.

“Para los países africanos que dependen de las importaciones de fertilizantes, esta crisis llega en un momento especialmente delicado –explica la ONG International Fertilizer Developing Center–. De ahora a julio, muchos países entran en su periodo principal de siembra cuando la demanda de fertilización llega a su pico”. La organización juzga “urgente” la disponibilidad de estos productos para evitar “disrupciones en las cosechas de 2026”.

Pero la escasez de fertilizantes ya está desplegada. Por el estrecho de Ormuz transitaba, aproximadamente, un tercio del comercio de estos productos químicos. Catar es conocido por ser un gran suministrador de gas, pero también es el principal exportador de urea –el fertilizante sintético nitrogenado más utilizado obtenido con gas fósil–. Desde el inicio de los bombardeos contra Irán el 28 de febrero, las salidas de fertilizantes por el estrecho se han desplomado como se ve el siguiente gráfico.

Este país ha paralizado la producción de urea tras los ataques a su planta de gas de Ras Laffan llevados a cabo por Irán como respuesta a los bombardeos de Israel y EE.UU. Su Gobierno estima que reparar la planta puede llevar tres años.

Al mismo tiempo otros productores importantes de fertilizantes como Bangladesh, India y Pakistán han tenido que reducir su fabricación por la escasez de gas licuado que les llegaba, precisamente, desde Catar. “El precio de la urea ha subido un 47% en tres semanas y podría duplicarse”, calcula el Gobierno español. No se trata de una estimación particular de la administración española, ya que la misma FAO reitera que sus proyecciones indican “que los precios globales de los fertilizantes podrían estar en una media entre un 15% y un 20% más altos en la primera mitad de 2026 si la crisis persiste”.

De hecho el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, coincide con esta evaluación: “No se trata únicamente de un shock energético, sino que se trata de un shock sistémico que afecta los sistemas agroalimentarios”, ha dicho.

Así que, aunque el precio de los combustibles es lo que se lleva principalmente la atención, “uno los golpes más severos lo padece la seguridad alimentaria y la producción agrícola”, ha insistido Torero. “Los agricultores hacen frente a una doble crisis. Por un lado, deben asumir el encarecimiento de los fertilizantes y, por otro, en respuesta a esto fertilizan menos o plantan cultivos menos demandantes”. Y además aclara que “incluso una reducción modesta en la aplicación de fertilizantes puede resultar en una reducción desproporcionada en la cosecha, sobre todo allí donde ya se usaban poco de base”.

“Una caída significativa de rendimientos agrícolas en los países más dependientes de importaciones del Golfo Pérsico, como el Sahel, Yemen, Egipto, Pakistán o Bangladés elevaría los precios de los alimentos en el cuarto trimestre de 2026 y la presión migratoria sobre Europa a lo largo de 2027”, explica la evaluación interna del Ejecutivo.

El documento desarrolla que “el choque va de los fertilizantes a la cosecha global, de la cosecha a los alimentos, de los alimentos a la inestabilidad política en economías frágiles, y de la inestabilidad a los flujos migratorios hacia Europa”.

El ministro Planas ha acudido este lunes a Bruselas para instar a la Comisión Europea a activar algún tipo de plan para garantizar el abastecimiento y contener los precios.

En un estudio para el Banco de España sobre Crisis alimentarias y migración forzada, Federico Carril-Caccia, Jordi Paniagua y Marta Suárez-Varela concluyen que “incluso después de tener en cuenta otros determinantes, las crisis alimentarias tienen un impacto directo en los flujos migratorios internacionales”. Según su análisis, “las menos severas tienden a incrementar la migración internacional, mientras que las más severas tienden a impulsar los flujos hacia países en vías de desarrollo”.

La relación entre escasez de alimentos y migración forzada es directa. El Informe global de la crisis alimentaria coordinado por la ONU calcula que la falta de comida obligó a desplazarse a 95 millones de personas en 2024 de los que 24 millones buscaron refugio o asilo fuera de sus países de origen. Fue un 5,5% más que un año antes. Desde 2013, la cantidad de personas desplazadas en países con crisis alimentaria ha pasado de 44 a esos 95 millones. Un salto de más del 100% en algo más de una década.

Agricultura dependiente de los fósiles

La cuestión es que la llamada Revolución Verde que multiplicó la cantidad de alimentos disponibles a partir de 1960-70, se desarrolló no únicamente por la selección genética de los cultivos sino a base de “triplicar la aplicación de fertilizantes inorgánicos”. Entre 2000 y 2020 el uso de fertilizantes en el mundo subió un 49% según la FAO: de 150 a 189 millones de toneladas. “Una contribución significativa a la alimentación mundial”, lo denomina esta organización.

La otra cara de la moneda ha sido la dependencia de estos combustibles fósiles para producir alimentos y, además, la carga de calentamiento global que ha impuesto esta fórmula intensiva de cultivar.

El método intensivo que confía en los fertilizantes sintéticos para incrementar las cosechas ha disparado las emisiones del gas de efecto invernadero denominado óxido nitroso (N2O). Se ha generado un conflicto entre la manera en la que se alimenta la población y el clima. De hecho, el nivel de emisiones hace muy difícil cumplir los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático, según evidenció una investigación internacional que revisó el N20 inyectado por la agricultura y la ganadería a la atmósfera.

La potencia de efecto invernadero de este compuesto y su larga duración en la atmósfera (superior a los cien años) le convierten en el tercer agente responsable del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático en la Tierra.

De la errática estrategia de EE.UU. en la ilegal guerra contra Irán asoma en los últimos días la posibilidad de una invasión real del país de Medio Oriente, después de que las más de cuatro semanas de bombardeo diario de objetivos militares y civiles no hayan logrado el fin declarado de provocar un cambio de régimen.

Mientras las cadenas internacionales de suministro energético viven pendientes del bloqueo del estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense es capaz de anunciar en una misma frase la inminencia de un acuerdo de paz y la destrucción segura del enemigo, como volvió a quedar patente este lunes. “Se lograron grandes avances, pero, si por cualquier motivo no se llega pronto a un acuerdo [y se reabre el estrecho de Ormuz] [...], concluiremos nuestra encantadora 'estancia' en Irán volando por los aires y arrasando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos de petróleo y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”, amenazó en su red, Truth Social.

Esto era el lunes por la mañana, pero el domingo, en una entrevista con el Financial Times, Trump confesaba que su opción “favorita” era hacerse con el petróleo del país y coqueteaba con hacerse con el control de la isla de Jarg, situada en el golfo Pérsico y donde se ubica una de las principales refinerías del país. El mismo día dijo, en declaraciones a periodistas, que si Irán no cumplía con las exigencias de EE.UU., los iraníes “no van a tener un país” y que, en todo caso, el régimen entregaría a los estadounidenses “el polvo nuclear”, en referencia a sus reservas de uranio enriquecido.

Con una superficie superior a tres veces la de España y 93 millones de habitantes, el número de tropas necesarias para la operación, la duración de esta o sus objetivos son materia para la especulación de los analistas militares y los intérpretes del humor de Donald Trump, que amaga con una operación masiva.

Hasta 50.000 soldados

Al tiempo que dice negociar -las autoridades iraníes insisten en negar que se esté hablando de nada con los estadounidenses- EE.UU. anunció la semana pasada el despliegue de dos unidades expedicionarias de la infantería de marina (MEU) -con unos 5.000 marines, en conjunto- provistas de aviones de caza F-35, aviones Osprey de despegue vertical, helicópteros de combate y artillería. Una de las unidades ya está en la zona y la otra tardará una semana en llegar, según recopila un informe del Soufan Center, un think tank estadounidense.

A los marines hay que añadir entre 2.000 y 3.000 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada que el Departamento de Guerra anunció la semana pasada que llegarían a la región del golfo Pérsico, acompañados de vehículos acorazados. Y, potencialmente, otros 10.000 soldados que el Ejecutivo estadounidense está pensando mandar, según altos cargos citados el viernes por el Wall Street Journal. Sumados a los que ya están en el terreno, dedicados hasta el momento a la tarea del bombardeo, la presencia total de tropas rondaría los 50.000 soldados, según el informe.

Todo este despliegue no es necesariamente antesala de una invasión, insiste, sin embargo, Marco Rubio. El secretario de Estado defendía el viernes, tras la reunión del G7, que los objetivos de EE.UU. podían lograrse sin enviar tropas y de lo que se trata es de “dar al presidente las máximas opciones y oportunidades para adaptarse a las contingencias que puedan surgir”. El lunes reiteró en declaraciones a Al Jazeera, pese las amenazas públicas de su jefe, que Trump “prefiere la diplomacia”, pero recalcó en que el estrecho de Ormuz debe abrirse “de una manera o de otra”.

En busca del uranio

El Wall Street Journal (WSJ) reveló el domingo algunos detalles de otra de las operaciones que sopesa ejecutar el Departamento de Guerra: desplegar en Irán un equipo para recuperar los 440 kilos de uranio enriquecido sepultados en las repetidamente bombardeadas plantas nucleares de Natanz e Isfahán y sacarlo del país. Trump aduce que uno de los motivos de la guerra es impedir definitivamente que Irán pueda desarrollar armas nucleares, que requieren de ese elemento.

“Esto no es cosa de entrar y salir sin más”, declaró al medio neoyorkino el general retirado Joseph Votel, antiguo comandante de Operaciones Especiales. El equipo en cuestión tendría que llegar a los emplazamientos, previsiblemente bajo fuego iraní, guardar la posición mientras los zapadores excavan el área y luego llevarse el material en varios camiones, para después escapar en un aeródromo improvisado, advertía el WSJ.

Las islas del golfo

Tomar la isla de Jarg, situada a unos 25 kilómetros del continente, tampoco sería fácil para los soldados de EE.UU. Aunque hacerse con ella dejaría a Irán sin la infraestructura desde la que exporta el 90% del petróleo que produce, los 1.500 soldados que el general Votel estima que serían necesarios para la misión estarían expuestos al desesperado contraataque iraní.

Algunos analistas señalan que la geografía de las islas del Golfo ofrecen otros objetivos más provechosos con menor riesgo si el objetivo es reabrir el estrecho de Ormuz: las dos islas de Tunb (mayor y menor) y la de Abu Musa, situadas en el extremo occidental del llamado “arco de defensa” iraní en el paso marítimo. Sucede además que la soberanía iraní de las tres -controladas efectivamente por Irán desde 1971, durante el reinado del sha- no la reconocen los Emiratos Árabes Unidos, por lo que la ilegalidad de la maniobra no sería tan manifiesta.

La reacción iraní

Aunque la postura mediática de Irán es desafiante -algunas reacciones públicas muestran displicencia a la bravuconería de Trump-, el Gobierno persa parece estarse tomando en serio los planes de invasión estadounidense, según analiza en X Hamidreza Azizi, experto en política exterior y de seguridad iraní y profesor visitante en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP) en Berlín. “Las declaraciones de los militares hacen hincapié en la preparación para escenarios como la toma de islas, las batidas en helicóptero o las incursiones limitadas, al tiempo que califican esas operaciones como oportunidades para infligir importantes bajas a las fuerzas de EE.UU.”, escribe.

Una de las voces que con más rotundidad se expresan desde el lado iraní es la del presidente del Parlamento, Mohamed Bagher Ghalibaf, que ante la secuencia de asesinatos de figuras públicas del Gobierno parece haber asumido cierto liderazgo en la rama civil del régimen. Las fuerzas iraníes “están esperando a la llegada de las tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales permanentemente”, retó. En declaraciones al New York Post sobre el rol de Ghalibaf, Trump señaló que “en una semana” se sabrá si el líder parlamentario es un interlocutor aceptable para EE.UU., un comentario que el rotativo entiende que encierra un ultimátum.

De puerta a fuera, los iraníes muestran firmeza, no obstante. “Dentro de Irán el cambio de tono es apreciable”, señala Azizi, que detalla: “Si al principio de la guerra se mostraba preocupación por la supervivencia del régimen, el discurso actual pone el foco más en lograr resultados estratégicos y modificar el equilibro a largo plazo [...] lo que incluye continuar controlando el estrecho de Ormuz, los lanzamientos de misiles y la implicación de aliados regionales como Hizbulá o los Hutíes”.