Más de dos siglos de injerencias, golpes de Estado, torturas, asesinatos y dictaduras. “Fui secuestrada junto a mi padre, Carlos, y mi hermano menor, Tato, por los servicios de inteligencia de la DINA de Pinochet, quien dio un golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos de Norteamérica contra el gobierno democráticamente elegido por el pueblo del presidente Salvador Allende en el marco de la Operación Cóndor”. Así empezó su relato Luz de las Nieves Ayress Moreno, una víctima del imperialismo estadounidense que participó en la presentación de la iniciativa legislativa en la Cámara de Representantes de EE.UU.

La resolución está impulsada por un grupo de congresistas progresistas demócratas, entre ellas Nydia Velázquez (D-NY), Delia Ramírez (D-IL), Rashida Tlaib (D-MI) y Chuy Garcia (D-IL), para poner fin a la Doctrina Monroe y reemplazarla por una “Nueva Política del Buen Vecino” hacia América Latina y el Caribe.

“Fui secuestrada, desaparecida y torturada por argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños y chilenos después, y gente que hablaba inglés y alemán me desnudaron y me vendaron los ojos”, prosigue Ayress Moreno: “Me aplicaron corriente eléctrica en todo el cuerpo y en las partes más sensibles. Me violaron en muchas oportunidades. Me hicieron los teléfonos que te rompen los tímpanos. Me obligaban a tener contacto sexual con mi padre y con mi hermano. Me sumergían con aguas y excrementos llamados submarinos. Me cortaron los senos, el cuerpo, con hojas de afeitar y me ponían alcohol y electricidad en las heridas. Me cortaron el vientre con una cuchilla que usan los militares. Me cortaron las orejas. Me raparon la cabeza”.

Y añadió: “Estas torturas las realizaron los militares dirigidos por Manuel Contreras, jefe de la DINA, de los servicios de Inteligencia. Y todas estas torturas fueron aprendidas aquí en las escuelas de las Américas, aquí en los Estados Unidos. Yo acuso y culpo al Gobierno norteamericano de Nixon y Kissinger, que ayudaron con armas, instrucciones y dinero a la dictadura militar de Chile. Esto es parte de la doctrina Monroe que han aplicado todos los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Llamamos a anular la doctrina Monroe. Todos somos americanos. Solo el pueblo salva al pueblo”.

La iniciativa legislativa está impulsada por la congresista demócrata por Nueva York Nydia Velázquez, quien señaló que la resolución pide cuatro cosas principales: “Primero, el Departamento de Estado debe confirmar formalmente que la Doctrina Monroe ya no es política estadounidense; segundo, terminar las sanciones unilaterales que crean crisis humanitarias sin lograr sus objetivos; tercero, desclasificar archivos sobre golpes de Estado y dictaduras respaldados por Estados Unidos; y cuarto, reformar las instituciones financieras internacionales para dar a los países latinoamericanos una voz real”.

En este sentido, Velázquez señaló que “la intervención militar en Venezuela no es para procurar la democracia, es para extraer los recursos naturales como han hecho en Ecuador, en Centroamérica. Y luego se preguntan por qué la migración. La migración ha sido forzada por la intervención de Estados Unidos en la extracción de recursos naturales en todos esos países, pagando salarios de miseria, obligando a estas familias a emigrar y dejar a sus países”.

Jennifer Harbury, abogada, activista de derechos humanos y esposa de un líder maya desaparecido por el ejército guatemalteco, participó en la presentación este martes en el Capitolio para “describir personalmente” las consecuencias de la doctrina Monroe:

“Mi esposo fue torturado hasta la muerte por los militares que pusimos en el poder en Guatemala en virtud de la doctrina Monroe en 1954. El primer gobierno reformista liderado por el presidente Arbenz buscó implementar reformas humanitarias y políticas muy básicas en Guatemala para abordar la pobreza, el hambre y la injusticia rampantes que azotaban el país. Esto incluyó algunas reformas agrarias básicas que solo se aplicaban a los mayores propietarios de plantaciones. La United Fruit Company se sintió ofendida. Denunció el comunismo y la CIA llevó a cabo su habitual golpe, dejando en el poder a una dictadura militar, y se mantuvo en el poder hasta bien entrada la década de 1980. Estados Unidos insistió en que convertiría a Guatemala en un ejemplo de democracia aportando enormes cantidades de fondos a esta brutal y corrupta dictadura militar. Se desató un previsible baño de sangre. Estalló la guerra civil, que duró hasta 1996. La Comisión de la Verdad informó que 200.000 personas habían sido asesinadas, entre civiles, y 40.000 habían desaparecido, torturado y asesinado, y que 660 aldeas mayas habían sido borradas del mapa por una campaña genocida del gobierno guatemalteco”.

“Mi esposo fue desaparecido forzosamente en 1992 por el ejército guatemalteco”, explicó Harbury: “Fue capturado y torturado durante al menos dos años en un centro secreto. Hay muchas versiones sobre su ejecución. Una es que lo llevaron en helicóptero, quizás encapsulado en cemento, y lo arrojaron al océano. La otra, más probable, es que lo desmembraron en un cañaveral y lo esparcieron por todas partes. Esto se debe a que los cañaverales se queman todos los años durante la cosecha. De esa manera, jamás podría recuperar sus restos. Según archivos estadounidenses desclasificados, muchos miembros del equipo de inteligencia que lo torturó y lo mató se formaron en la Escuela de las Américas, al igual que Pinochet”.

Rashida Tlaib, congresista demócrata por Michigan, insistió en la denuncia del neoimperialismo trumpista: “No se trata de democracia ni de derechos humanos. Se trata de los intereses corporativos estadounidenses que dominan la región, desde el petróleo hasta el litio, la tecnología y las telecomunicaciones, y que sofocan los intentos de reclamar la soberanía de los pueblos. Y se trata de cambios de gobierno y dominación. Lo vemos en el bombardeo de Venezuela por parte de la Administración Trump y el secuestro de su presidente. Lo vemos en la interferencia ilegal de Trump en las elecciones de Honduras y Argentina. Y lo vemos en la horrible orden ejecutiva nueva de la administración Trump para aislar y estrangular al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba se muere de hambre por culpa de nuestro país. Lo están aislando del resto del mundo mediante sanciones y un bloqueo total de combustible. Un país de 11 millones de personas sin combustible. Piensen en eso. Hogares, escuelas, hospitales sin electricidad. Niños sin comida ni medicinas. La hambruna de todo el pueblo cubano es pura crueldad. Los pueblos de América se enfrentan a las mismas fuerzas represivas que nuestro pueblo afronta aquí. Las tácticas del Comando Sur de EE.UU. en el extranjero están íntimamente ligadas a los secuestros de ICE aquí y a los asesinatos en Estados Unidos. Estamos unidos en esta historia, es la militarización estadounidense, que Trump ahora pretende expandir con un presupuesto militar de 1,5 billones de dólares”.

Francesca Emanuele, analista del think tank CEPR (Centro de Investigación Económica y Política), explicó durante la presentación de la resolución, que consideró “un acto de memoria histórica, un acto de justicia y un acto que también representa el reconocimiento de la responsabilidad de este gobierno y de parte de este Congreso y de este país en una larga lista de crímenes y abusos, muchos de los cuales están enumerados en esta legislación”.

“Desde principios del siglo XX, Estados Unidos participó, directa o indirectamente, en al menos 23 golpes de Estado y muchas intervenciones militares en la región”, prosiguió Emanuele: “El ataque ilegal no provocado contra Venezuela es el legado continuo de la doctrina Monroe, una doctrina que impone el dominio estadounidense en el hemisferio occidental por cualquier medio necesario. Por eso, hoy quiero destacar especialmente el daño causado por las sanciones estadounidenses, ahora acompañadas de aranceles punitivos, aranceles impulsados políticamente que han tenido efectos devastadores, y actualmente estamos viendo estos efectos devastadores en el bloqueo petrolero ilegal contra Cuba, que pronto podría resultar en un colapso humanitario, como advirtió el secretario general de las Naciones Unidas. Es hora de dejar atrás estas políticas imperialistas fallidas e iniciar una nueva política de buena vecindad que pueda contribuir a la paz regional, a la prosperidad y a la cooperación. Superar la Doctrina Monroe no es solo una cuestión de justicia histórica, sino una elección por un futuro diferente”.

La congresista demócrata por Chicago Delia Ramírez añadió: “Durante más de 200 años, EE.UU. utilizó la Doctrina Monroe para justificar un enfoque paternalista, violento y perjudicial en las relaciones con nuestros vecinos de América Latina y el Caribe. Demasiados momentos devastadores han sido obra de esta doctrina obsoleta: dictadura en Chile, inestabilidad económica en Venezuela, interferencia electoral en Honduras, hambruna y pobreza extrema en Cuba, contaminación ambiental en Guatemala, asesinatos de independentistas en Puerto Rico o defensores de la tierra en Honduras. La migración extrema a través del colonialismo del Darién, la intervención militar, la privatización de tierras, y la lista podría seguir. Desde Monroe hasta Trump, nuestro legado en el hemisferio occidental ha sido doloroso. Ha sido de destrucción y desconfianza. Por eso, ya es hora de que cambiemos nuestro enfoque, porque no se puede lograr la paz a partir de las semillas de la violencia”.

Chuy García, congresista demócrata por Illinois de origen latino, señaló, por su parte: “Soy uno de esos inmigrantes, como muchos de mis electores, latinos de todo Estados Unidos. Somos testimonio viviente de las consecuencias humanas de la política de más de 200 años de utilización de la doctrina Monroe como excusa para justificar un intervencionismo de gran alcance en el hemisferio occidental. Esto ha abarcado desde ocupaciones militares hasta golpes de estado, invasiones y guerras. Hasta 70 intervenciones en todo Estados Unidos han permitido y apoyado dictaduras brutales como la de Pinochet en Chile, la ocupación militar de Haití durante 19 años, la invasión de la diminuta Granada. La lista es interminable. Y más recientemente, el legado de la Doctrina Monroe se ha manifestado de maneras menos visibles, como la violencia económica contra la población civil mediante sanciones o la intromisión en las elecciones. En su segundo mandato, Trump nos está devolviendo a la fuerza bruta del militarismo, a la vez que perpetúa la guerra económica. Esto incluye el secuestro de Nicolás Maduro, los ataques a pequeñas embarcaciones en el Mar Caribe y el estrangulamiento humanitario de Cuba”.

No le importó que pudieran abuchearlo ni tampoco que el presidente de EE.UU. lo hubiera despreciado durante meses: Bad Bunny, envuelto en los colores de Puerto Rico, clamó por la identidad cultural de Latinoamérica en el espectáculo más estadounidense que existe y el que supone el evento deportivo más mediático del mundo. El artista hizo del Super Bowl 2026, que celebra la final de la NFL —la liga nacional de fútbol americano—, el “baile inolvidable” de los más de 68 millones de latinos que hoy sufren la represión migratoria de Donald Trump. Un baile que, presumiendo de mucho orgullo, recordó los valores perdidos a un país que antaño llegó a ser la imagen de la libertad.

“Seguimos aquí”, declaró de forma tajante Bad Bunny en el descanso del partido disputado entre los Patriots de Nueva Inglaterra contra Seattle Seahawks. Lo hizo tras enumerar todos los países del continente americano y ondeando la bandera de Puerto Rico, con la que se presentó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, para ofrecer la que apunta a ser su única actuación en EE.UU. este año. Preocupado por la crueldad del ICE —la policía antiinmigración del Gobierno de Trump—, el cantante excluyó de su gira al país para proteger a los fans latinos de posibles redadas donde programara sus conciertos. Desde entonces, este Super Bowl se tornó en una declaración de intenciones.

Precisamente por ello, Bad Bunny montó una pequeña isla sobre el terreno de juego, con sus palmeras y sus cañas de azúcar. Aprovechando la luz del día que tiñó la final, el cantante representó a Puerto Rico en un espectáculo que comenzó con su icónica Tití me preguntó. Quien no pudo escucharla desde el estadio es Donald Trump, que tildó de “terrible” la elección del cantante para actuar en el intermedio del partido. Pese a acudir el año pasado, esta vez se excusó en la duración del vuelo para no estar presente. Sin embargo, Bad Bunny no lo extrañó, ni a él ni a sus políticas opresivas, aunque en esta ocasión no protestó directamente contra el ICE.

La protesta de Bad Bunny, en cambio, llegó cargada de positividad. “Lo único más poderoso que el odio es el amor”, declaró el artista hace una semana en la gala de los Grammy. Hoy, ese amor se materializó en una actuación que ensalza la cultura latinoamericana. Desde un niño durmiendo sobre tres sillas juntadas hasta los vendedores de puestos de comida que acostumbran a acompañar las calles, el cantante celebró la riqueza de su tierra. Además, el segundo tema interpretado fue Yo perreo sola, con el que rompe con la creencia de que las mujeres dependen de los hombres para pasarla bien en una discoteca. A partir de ahí, el baile había empezado y ya era imparable.

“Buenas noches, Santa Clara. Mi nombre es Benito y si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí”, manifestó el cantante tras subirse a una furgoneta para cantar Eoo, Voy a llevarte pa PR y Mónaco. Hubo momentos en los que le costó afinar, pero el show estaba servido, e incluso se subió al techo de una casa para caer y encontrarse dentro con las estrellas Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Young Miko y Jessica Alba. Pero la primera de las dos figuras invitadas a cantar aguardaba fuera, apareciendo justo después de que se oficializara una boda real sobre el césped: Lady Gaga interpretó una versión latina de su hit Die With A Smile que, pese a la sorpresa, se sintió bastante fuera de lugar.

Aunque Lady Gaga también compartió varios pasos junto a Bad Bunny de su Baile inolvidable, mucho menos forzada fue la bonita escena en la que el artista ofreció su premio Grammy a un niño que parecía representarlo a él de pequeño. Lo hizo después de cantar Nuevayol, un homenaje a Un Verano en Nueva York de El Gran Combo de Puerto Rico y Andy Montañez, uno de los éxitos de la salsa puertorriqueña de los años 70. A continuación, Ricky Martin cantó la reivindicativa Lo que le pasó a Hawaii, canción de Bad Bunny en la que se reflexiona sobre la pérdida de identidad sufrida por Hawái: “Quieren quitarme el río y también la playa / Quieren el barrio mío y que abuelita se vaya”.

Cargando con la bandera de Puerto Rico, el reguetonero se subió a un poste de energía para concienciar con El apagón, una crítica a la crisis eléctrica que no podía faltar en esta Super Bowl. Con tal de finalizar el espectáculo por todo lo alto, Bad Bunny apostó por Café con ron, que utilizó para mencionar a todos los países del continente y mostrar orgulloso sus colores. “Dios bendiga a América. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, EE.UU., Canadá y mi madre tierra, mi patria Puerto Rico”, declaró el cantante rodeado de todas las banderas.

La propuesta de Bad Bunny finalizó con su hit Dtmf, la canción que da nombre a su álbum Debí tirar más fotos. En ese entonces, la actuación era toda una fiesta casi íntegramente en español cuyo propósito ya había sido cumplido. Una fiesta para desgracia de Donald Trump, que acudió a las redes sociales para afirmar que el show había sido una “bofetada” al país. “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños que lo ven desde EE.UU. y todo el mundo”, escribió el presidente. Pero el éxito de Bad Bunny no terminaba ahí: Celimar Rivera Cosme fue la primera intérprete de lengua de signos puertorriqueña y de habla hispana en el descanso del Super Bowl.

Antes de que el artista irrumpiera en el terreno de juego, el legendario grupo Green Day había inaugurado el Super Bowl a pesar de las quejas que también profirió Trump sobre dicha elección, pues su líder Billie Armstrong fue crítico con su mandato. La banda interpretó Good Riddance (Time Of Your Life), Holiday y Boulevard Of Broken Dreams, cerrando así con su clásico político American Idiot: “No quiero ser un estadounidense idiota”. Tras la intervención de Green Day, Charlie Puth cantó el himno nacional, Brandi Carlile versionó America The Beautiful y Coco Jones interpretó Lift Every Voice And Sing, conocido como el himno nacional negro.

La actuación de Bad Bunny agiganta la reivindicación a la comunidad latina que ya hubo en el Super Bowl de Shakira y Jennifer Lopez en 2020. La hija de Jennifer Lopez, Emme Maribel Muñiz, apareció para cantar junto a su madre Let's Get Loud en un momento en el que el escenario fue ocupado por un coro de niños que bailaban sobre estructuras en forma de jaula, referenciando a los menores detenidos en la frontera sur de EE.UU. por la administración de Donald Trump. Asimismo, también cantó junto a su hija un fragmento de Born in the USA de Bruce Springsteen, envolviéndose en un abrigo de plumas con la bandera de EE.UU. que, al abrirse, mostraba la bandera de Puerto Rico.

La fiesta acogida por el Levi's Stadium ha puesto el broche de oro a una semana perfecta para Bad Bunny. El artista se convirtió la semana pasada en la primera persona que logra el codiciado Grammy al Álbum del Año por un disco íntegramente en español. Durante uno de sus discursos, el intérprete aprovechó para cargar duramente contra el ICE: “No somos salvajes, no somos animales, no somos álienes. Somos seres humanos y somos americanos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor”.

La Administración Trump publicó su nueva Estrategia de Defensa Nacional (EDN), que se enlaza con la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer en noviembre pasado. Los dos documentos usan un lenguaje amenazador hacia América Latina, Europa e Irán, y tratan con amabilidad a Rusia y China. En ambas estrategias se exalta la figura del presidente Donald Trump (que, dice el documento, conducirá a Estados Unidos a una “época dorada”), se insulta a Administraciones anteriores y se disminuye el papel de los (por el momento) aliados.

Según la EDN, publicada el 23 de enero, los gobiernos que le antecedieron se dedicaron a tratar de “construir naciones” (nation-building) en Estados en crisis, a levantar “castillos en las nubes” como defender un “orden internacional basado en reglas”, y a descuidar la modernización de las fuerzas armadas. El secretario de Guerra, Peter Hegseth, bajo el liderazgo de Trump, piensa “restaurar el espíritu guerrero” para el America first.

Los cuatro campos en los que se desarrollará la estrategia son: seguridad interior y hemisférica; disuadir a China en la región Indo-Pacífica a través de la fuerza, pero sin confrontación; lograr que aliados y socios incrementen su participación en sostener la defensa común; e incrementar la base industrial de la defensa estadounidense.

La forma de estructurar la estrategia es confusa y limitada, mezclando regiones (algunas), países (pocos) y objetivos (repetitivos). Así, se ocupa solamente de la defensa de Estados Unidos (homeland security) y el hemisferio (con prioridad hacia América Latina) en relación con China, Rusia, Irán y Corea del Norte. En todos los casos la prioridad es que los aliados europeos y asiáticos se hagan cargo de su propia defensa.

Como ocurre con la Estrategia de Seguridad Nacional, no hay análisis políticos ni militares de ningún país; Europa y Rusia son tratadas en pocos párrafos; Asia parece ser solo China y Corea del Norte, no menciona a Taiwán ni a Japón, como tampoco Australia y Nueva Zelanda. Y África aparece de pronto fuera de contexto (siete líneas).

Control férreo sobre el hemisferio

La sección sobre el contexto regional comienza con una exótica nota de color: una ilustración de un mapa antiguo de la actual América Latina, con dibujos de indígenas, un saurio gigante y decenas de carabelas. Esta curiosa aportación gráfica se entiende al ver un recuadro dedicado a la Doctrina Monroe (cuando, en 1823, el Gobierno de Estados Unidos indicó a las expotencias europeas que no intervinieran en sus antiguas colonias) y la necesidad de aplicarla en la actualidad.

Sobre la seguridad interna de Estados Unidos, la estrategia indica que durante décadas se ha descuidado, promoviendo la inmigración y evitando adoptar las medidas necesarias para protegerse del tráfico de drogas –que vincula incorrectamente con la inmigración–. Además, indica que “enemigos del país” han tomado posiciones en el Ártico, Groenlandia, el golfo de América (nueva designación de la Casa Blanca para el golfo de México) y el Canal de Panamá.

El tono conciliador con China es reflejo de la visión de un mundo de poderes múltiples de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio (y los gobiernos de China y Rusia), en el que Estados Unidos y estas dos potencias controlan sus zonas de influencia al tiempo que compiten

El plan para “el hemisferio” es garantizar “el acceso militar y comercial de Estados Unidos” hacia los arriba mencionados terrenos estratégicos. Se desarrollarán “opciones militares creíbles para utilizar contra los narcoterroristas dondequiera que se encuentren”. Se colaborará con “Canadá y nuestros socios en América Central y del Sur”. Pero estos deberán respetar y cumplir “con su parte para defender nuestros intereses comunes”.

Cuando no lo hagan, dice que Washington estará preparada “para tomar medidas específicas y decisivas que promuevan concretamente los intereses de Estados Unidos” –como la intervención en Venezuela el 3 de enero pasado–. Este “es el corolario de Trump a la Doctrina Monroe, y el Ejército estadounidense está preparado para aplicarlo con rapidez, poder y precisión”. En esta dirección, la Administración Trump está presionando fuertemente al Gobierno mexicano para que corte los envíos de petróleo a Cuba y le amenaza con intervenciones militares en su territorio contra el narcotráfico.

Convivencia con China, sin problemas con Rusia

Al referirse a China el tono cambia: ante el poder económico, comercial y militar de este país, promete que serán “fuertes, pero no innecesariamente conflictivos”. La cuestión es que los aliados cooperen y paguen: sus contribuciones “serán vitales para disuadir y equilibrar a China”. Con este país se mantendrá “un equilibrio favorable de poder militar en el Indopacífico. El propósito no es dominar, humillar o estrangular a China”.

La referencia concreta en el campo de la seguridad es “erigir una sólida defensa de negación (a China) a lo largo de la primera cadena de islas”. Esta es la zona del Indopacífico que se extiende desde Japón, pasando por Taiwán y Filipinas, hasta Borneo y la península malaya. “Nuestro objetivo es (...) garantizar que ni China ni nadie más pueda dominarnos a nosotros ni a nuestros aliados. Esto no requiere un cambio de régimen ni ninguna otra lucha existencial. (…) es posible una paz decente, en términos favorables para los estadounidenses, pero que China también pueda aceptar”.

Este tono conciliador que choca con el agresivo hacia “el hemisferio” y las actuales ofensivas diarias hacia Europa es reflejo de la visión de un mundo de poderes múltiples de Trump y el secretario de Estado Marco Rubio (y los gobiernos de China y Rusia), en el que Estados Unidos y estas dos potencias controlan sus zonas de influencia al tiempo que compiten, pero buscan el balance de fuerzas para no entrar en guerra. En esta línea, Trump indicó al primer ministro británico, Keir Starmer, la semana pasada que desaprueba los nuevos acuerdos que Reino Unido planea alcanzar con China.

Como muchas políticas que lanza la Administración Trump, hay una distancia entre la simplificación autoritaria y las realidades complejas

Desde esta perspectiva, la EDN trata a Rusia y Europa como una sola cuestión. El primer país tiene intereses en su zona de influencia exsoviética y la segunda tendrá que reforzar su defensa y depender menos de Estados Unidos, porque problemas como la guerra de Ucrania “son menos graves” para Washington, “pero más para ellos, con un apoyo crítico, aunque más limitado, de Estados Unidos”. En la estrategia, Rusia, pese a sus armas nucleares y su discurso agresivo hacia Occidente, no parece ser un problema.

Que Washington exija más esfuerzo en defensa de sus aliados no quiere decir que disminuya su inversión en este campo. Este país tiene el mayor gasto y potencia militar del mundo (997.000 millones de dólares en 2025). Pese a ello, la Administración Trump propone “potenciar” más la industria de defensa, “adoptando nuevos avances tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA); y eliminando políticas, prácticas, regulaciones y otros obstáculos obsoletos”. “Aprovecharemos simultáneamente la producción de nuestros aliados y socios no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, sino también para incentivarlos a aumentar el gasto en defensa y ayudarlos a desplegar fuerzas adicionales lo más rápido posible”, añade.

Ofensiva contra Irán

En su falta de coherencia, los autores de la estrategia parecen guiarse por la inmediatez. No tiene, por ejemplo, una sección sobre Oriente Medio (en total 15 líneas). No existe la cuestión palestina, como tampoco Líbano, Turquía, Irak o Siria. Parece que esta región nunca hubiese sido importante para la política de seguridad de Washington. Pero dedica, en cambio, toda su atención a Irán.

Dice que la capacidad nuclear iraní quedó “borrada” por los ataques de Washington en junio pasado. Pero como Teherán estaría tratando de volver a tener capacidad militar nuclear, se “empoderará a los aliados y socios regionales para que asuman la responsabilidad principal de disuadir y defenderse de Irán y sus representantes” del “eje de la resistencia” (Hamás, Hizbulá y los hutíes en Yemen).

También, se apoyará la cooperación entre Israel y los países del golfo Pérsico en el marco de los Acuerdos de Abraham, firmados por Israel y varios países árabes durante la primera presidencia de Trump.

La EDN ve a Israel como “el aliado modelo” y agrega: “Ahora tenemos la oportunidad de empoderarlo aún más para que se defienda y promueva nuestros intereses comunes”. De hecho, a partir de la guerra de Gaza, Israel ha extendido su ofensiva a Líbano, Siria, e Irán, convirtiéndose en la primera potencia militar (con armas nucleares) de Oriente Medio.

Esta perspectiva preocupa a las monarquías del Golfo y a Turquía, y la posibilidad de que un ataque de Estados Unidos a Irán desestabilice a Oriente Medio. Trump le exige en este momento al Gobierno iraní que frene el enriquecimiento de uranio que podría permitirle fabricar armas nucleares; que limite la capacidad de sus misiles de alcance intermedio para que no alcancen a Israel; y que deje de apoyar al “eje de la resistencia”.

Significativamente, Arabia Saudí ha indicado que no permitirá que se use su territorio y espacio aéreo para atacar a Irán. Israel, por su parte, se mantiene en silencio, pero aguardando a que Trump lance un ataque que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha promovido durante décadas.

El texto, en definitiva, pretende ser un marco conceptual, sin lograrlo, para el secuestro del presidente venezolano en enero de 2026, la ofensiva sobre Groenlandia, y el despliegue actual de fuerzas contra Irán.

Como muchas políticas que lanza la Administración Trump, hay una distancia entre la simplificación autoritaria y las realidades complejas. Posiblemente, no podrá llevar a cabo muchas cosas que plantea la estrategia, pero las posibilidades de generar caos y violencia son muy altas.

La proporción de católicos en América Latina cayó nueve puntos porcentuales o más en la última década en seis de los países más poblados de la región, mientras creció de forma significativa el número de adultos que se declaran sin afiliación religiosa, según una encuesta divulgada este miércoles por el Pew Research Center.

El estudio incluyó a más de 6.200 adultos y abarca Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, países que en conjunto reúnen unos 495 millones de habitantes, equivalentes a casi tres cuartas partes de la población de América Latina y el Caribe. 

Detalla que aunque el catolicismo sigue siendo la religión mayoritaria en todas esas naciones, su peso relativo continúa disminuyendo.

Actualmente, los católicos representan entre 46% y 67% de la población adulta en cada uno de estos países, mientras que el porcentaje de personas religiosamente no afiliadas -que se describen como ateas, agnósticas o “nada en particular”- oscila entre 12% y 33%. 

En los seis países analizados, la proporción de adultos sin afiliación religiosa aumentó siete puntos porcentuales o más en comparación con hace una década, y en varios casos ya supera al número de protestantes.

Pese a estos cambios en la afiliación religiosa, el informe subraya que América Latina sigue siendo una región altamente religiosa en promedio. 

La importancia de la religión en la vida

Cerca de nueve de cada diez adultos o más en cada país encuestado afirmaron creer en Dios, una proporción similar a la registrada hace diez años. Incluso entre quienes no se identifican con ninguna religión, la mayoría dice creer en Dios.

Además, la religión continúa teniendo un peso importante en la vida cotidiana de muchas personas. 

Alrededor de la mitad o más de los adultos en Brasil, Colombia, México y Perú señalaron que la religión es muy importante en sus vidas. La oración sigue siendo una práctica común: la mayoría de los adultos en Brasil, Colombia y Perú afirmó rezar al menos una vez al día.

Según el Pew Research Center, por estos indicadores los latinoamericanos muestran niveles de religiosidad superiores a los observados en muchas otras regiones, especialmente en Europa, donde una parte significativa de la población ha abandonado el cristianismo desde la infancia.

La encuesta, realizada en la primavera de 2024, permite comparar las respuestas sobre afiliación religiosa y creencias en Dios con las de un estudio similar efectuado en 2013-2014.

EFE.

El presidente Javier Milei reveló que está trabajando en el armando un grupo regional de centroderecha que estará integrando por diez países para “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

Milei expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una entrevista que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista en Casa Rosada al Presidente de la Nación, donde Milei opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si “quiere perpetuarse en el poder”.

En un adelantó que publicó en la redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional (incluye presidentes de países de Sudamérica y Centroamérica) de derecha, pero señaló que aún no tiene nombre y que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó

Detalló que la propuesta de ese bloque es “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”, 

En este contexto, Milei dijo que “pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso”.

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras, Nasry Asfura, junto a los jefes de Estado de Paraguay, Santiago Peña; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukele; de Perú, José Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino; y de República Dominicana, Luis Abinader.

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes mas influyentes de este año.

Con información de agencias.

IG

El bloque de países que, bajo el amparo del estadounidense Donald Trump, monopolizan sus agendas con la gestión del orden público y la crisis migratoria, suma desde este domingo un nuevo aliado tras el triunfo del ultraderechista José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile.

El nuevo Chile de Kast, quien ganó los comicios con el 58,1 % de los votos frente a la izquierdista Jennette Jara, que quedó con el 41,8 %, conformará, junto con la Argentina de Javier Milei, el polo de la ultraderecha en el Cono Sur, en sintonía con otros Gobiernos como el del salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa o Santiago Peña en Paraguay.

Milei fue el primero en felicitar a Kast y aseguró que ambos Gobiernos trabajarán juntos “para que América abrace las ideas de la libertad” y se “libere” del “yugo opresor del socialismo del siglo XXI”.

“Excepto Brasil, que es casi la mitad de Sudamérica, el resto de los países hispanoparlantes está apostando por Gobiernos entre hiper conservadores y de derechas radicales”, dijo a EFE el académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda.

Para Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano (España), “la gente vota pensando en soluciones inmediatas a su problema”.

Según explicó a EFE, los argentinos votaron por Milei porque pensaban que resolvería la inflación y reflotaría la economía; y los chilenos lo hicieron por Kast para mejorar la seguridad y gestionar la migración.

“Alineamiento hacia EE.UU.”

El abogado y exdiputado ultracatólico, que será el primer presidente que defendió al entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) e hizo campaña a favor de su continuidad en el plebiscito de 1988, presidió la red ultraconservadora Political Network for Values (2022-2024) y ha participado en cumbres como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) o la convención de Vox en Madrid.

“Hay un alineamiento geopolítico -dice Aranda- propicio a EE.UU. y un apoyo a su estrategia de seguridad”, que surge en un momento en el que Trump “está reafirmando la doctrina Monroe” y quiere restaurar su dominio regional tras años de desinterés.

La ultraderecha latinoamericana, añade, enfrentará el “dilema” de decidir si aceptan la exigencia de Estados Unidos de negar el acceso a China, mientras países como Argentina y Chile, entre otros, mantienen parte importante de su comercio con el gigante asiático.

“Van a tener que definir si privilegian el pragmatismo o si se alinean absolutamente con Estados Unidos”, plantea Aranda.

¿Voto castigo o derechización?

La victoria de Kast, líder del Partido Republicano, apoyado por los otros candidatos de derecha y extrema derecha que no pasaron a la segunda vuelta, se lee como un voto de castigo al Gobierno del progresista Gabriel Boric, que no ha logrado solucionar las prioridades de la ciudadanía, como reducir la inseguridad.

“Tenemos un electorado volátil que castiga de manera alternada, según el contexto”, dijo a EFE la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Dorotea López.

Al no materializarse sus expectativas “sienten frustración, enojo y repentina confianza en el otro”, añadió.

“La insatisfacción de los votantes provoca una política pendular permanente”, afirmó a EFE Benjamin Gedan del Wilson Center de Estados Unidos.

El autor de ‘Epidemia Ultra’, Franco Delle Donne, experto en extrema derecha, señaló a EFE que Latinoamérica vive un proceso de “derechización” hacia una “visión más autoritaria” y el “debilitamiento del Estado de derecho”.

Según él, “se acepta la agenda de la derecha radical” y “se prueban opciones nuevas”, que antes no tuvieron tanto apoyo.

Delle Donne considera a Kast uno de los representantes más característicos de los “neopatriotas”, ultraderechistas que han encontrado “una ventana de oportunidad” gracias a la crisis de la globalización.

El académico de la Universidad Católica de Chile Cristóbal Rovira apuntó a EFE a una “derechización de la derecha” porque en la competencia de este sector ha aparecido una ultraderecha y eso hace que muchos votantes empiecen a radicalizar sus propias posturas“.

¿Hacia una “ola marrón”?

El giro ultra que este domingo se refuerza en la región sucede varias olas pendulares que desde principio del siglo XXI se han alternado en Latinoamérica.

A principios de los 2000 llegó la “marea rosada”, los Gobiernos de izquierda que gobernaron simultáneamente en casi todos los países de Sudamérica, con Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile, entre otros.

La marea, que se sostuvo con altos y bajos hasta 2015, cambió de rumbo hacia la derecha con Mauricio Macri en Argentina, Sebastián Piñera en Chile, Iván Duque en Colombia o Jair Bolsonaro en Brasil; para luego virar hacia la izquierda, de nuevo, con Alberto Fernández en Argentina, Lula en Brasil, Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia.

Con Milei, Bukele, Trump y Kast, que se diferencia de estos líderes por sus formas menos disruptivas y agresivas, la ola regresa del lado conservador.

Aunque en Brasil, México o Uruguay no gobierna la derecha, Aranda advierte que Chile puede ser “el preludio” de “una ola marrón” que expanda “los gobiernos de derechas radicales”.

Según los expertos, en 2026 la región mirará hacia Perú y Colombia, que podrían consolidar el giro ultra en el continente.

EFE

José Antonio Kast no fue el candidato más votado en las elecciones presidenciales chilenas, pero es el que más posibilidades tiene de conseguir la presidencia. Todos los análisis publicados tras la primera vuelta del domingo señalan al aspirante de la ultraderecha como el mejor posicionado. Por razones diversas, pero sobre todo por un simple ejercicio matemático: Jeannette Jara, la apuesta de la izquierda, no ha alcanzado ni siquiera el suelo de votos que dibuja la aprobación del presidente Gabriel Boric (más del 32%) mientras que las derechas sumadas aglutinan la mitad de los votos. 

¿Quiere decir esto que la sociedad chilena se ha derechizado? ¿Chile puede convertirse en un escalón más en el avance de las opciones de extrema derecha en América Latina? De concretarse el giro conservador, Chile se convertiría en el sexto país sudamericano en elegir un presidente de derechas, siguiendo el camino de Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador y, más recientemente, Bolivia. Kast se sumaría a los grandes referentes ultras del continente por debajo de los Estados Unidos de Donald Trump: el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Para Franco delle Donne, experto en el tema y autor del libro Epidemia ultra, lo que muestran estos comicios claramente es una normalización de la extrema derecha. “Y no solo en términos de definir la agenda, dominar el discurso o reapropiarse de conceptos como la libertad, las buenas costumbres, el sentido común”, sino también ampliando el espectro con una opción incluso más a la derecha que Kast, al menos en el plano discursivo. 

Pero la división de la derecha no le resta a Kast. Al contrario: tanto Kaiser como Evelyn Matthei, representante de la UDI, el ala más tradicional de ese espectro, anunciaron de inmediato su apoyo al candidato del Partido Republicano, lo que le deja de facto a las puertas de La Moneda.

El efecto Kaiser

La candidatura del libertario Johannes Kaiser, más dura y vociferante, consiguió el 13,9% de los votos. Pero sobre todo permitió a Kast ocupar un lugar más moderado, ampliando su base electoral. “Kaiser era un candidato mucho más cercano al perfil de Javier Milei”, reflexiona Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute en Chile. “Kast, en cambio, pudo explotar una imagen que desde el populismo se acerca más a un nacionalismo de tipo cívico, vinculado a la idea de patriotismo. Y eso se vio en sus constantes apelaciones a los ‘chilenos de bien”, sostiene Zanotti. 

Los partidos de la derecha son conscientes de que están ante una oportunidad histórica

Soledad Vallejos — Autora del libro Los dueños de la libertad, sobre el libertarismo en Latinoamérica

“Kast se melonizó –apunta Delle Donne– ofreciendo una derecha de buenos modales”. “En un sentido estricto, los republicanos y los libertarios tienen objetivos similares, pero al aparecer un político aparentemente más radicalizado, más bestial, el cerebro necesariamente los ordena y coloca a alguien como Kast en un lugar más moderado”, señala. 

Estratégicamente, Kast evitó en campaña entrar en temas sociales que pudieran generar rechazo, y se centró en dos ejes muy transversales: la economía y la seguridad. “Aquí está claro que tiene una ventaja comparativa frente al progresismo, al que le resulta un tema más difícil de abordar”, explica Soledad Vallejos, autora del libro Los dueños de la libertad, sobre el libertarismo en Latinoamérica. 

Jara, una opción que no convence 

“Kast tiene todas las de ganar”, defiende Vallejos, que apunta a la falta de una alternativa potente desde la izquierda. “La derecha es la única que está ofreciendo algo distinto en este momento, porque hace tiempo que no gobierna en su expresión más franca”, analiza. 

“Cuanto más se radicaliza el discurso, más se polarizan las elecciones”, explica Delle Donne. Y en este terreno el progresismo y los discursos más elaborados y abstractos tienen menos efecto. Los dos coinciden en que desde la izquierda se peca muchas veces de minimizar el potencial de la estrategia ultra: “Lo desestimas y le haces el vacío, pero al final el relato que prevalece es el otro”. 

A esa polarización se suma la situación particular de Chile, donde por ejemplo “el pinochetismo sigue siendo una opción, y no vergonzante”, apunta Vallejos. Llamativamente, lo que sí puede generar rechazo en ciertos votantes es que la candidata de la izquierda pertenezca al Partido Comunista. “Creo que hay gente que se identifica con la izquierda que no quiso votar a Jara, y que el anticomunismo puede tener que ver”, defiende Zanotti. 

Para ella, recuperar ese voto es “muy difícil”, pero Jara puede intentarlo “jugando con el miedo a la ultraderecha, y hablando de cuáles son efectivamente las políticas de estos partidos”. Porque Kast ha dicho muchas veces que si llega a la presidencia va a eliminar la ley de supuestos que permite abortar, y ha hecho declaraciones contra las minorías.

El mensaje de la mano dura frente a la inseguridad –aunque Chile sigue siendo uno de los países con menos criminalidad de la zona– es fácil de entender. “Es visceral”, resume Vallejos. Por eso Zanotti apuesta por un discurso en el que se ponga sobre la mesa que lo que está en juego no son solo los derechos de los migrantes venezolanos para los que Kast plantea deportaciones masivas, sino los de muchos votantes: “Tiene que ir a por los votos de Parisi, que son los únicos que están poco definidos”.

La sorpresa de Parisi

Si los resultados de Kaiser fueron similares a los que señalaban las encuestas y los de Jara destacaron por ser más bajos de lo esperado, los de Franco Parisi resultaron la sorpresa de la noche. El Partido de la Gente se convirtió en la tercera fuerza con el 19,7% de los votos y un discurso indefinido desde el punto de vista ideológico pero “muy antisistema”. 

“Es curioso porque estas fuerzas desconfían de la política tratando de conseguir puestos políticos”, apunta Vallejos. Y Delle Donne coloca este fenómeno dentro de la lógica de las nuevas derechas de outsiders rupturistas frente a una caída en picado de la derecha “liberal, mainstream y democrática”. Son fuerzas nuevas capaces de “capitalizar el descontento, como hemos visto en muchos casos en Europa en los últimos años”, explica. 

El caso es que Kast tiene la oportunidad de contar con un capital político pocas veces visto en la historia del país, porque los comicios han sido también muy favorables a la derecha en el poder legislativo. 

En cualquier caso, Chile no es un caso aislado, sino que se inscribe en un panorama –cuando menos– continental que camina hacia las derechas extremas. “Hay redes transnacionales que operan desde hace años en el continente y en un ida y vuelta con España, y se están empezando a ver los resultados. Sin ir más lejos, el hermano de Johannes Kaiser, Axel, es un habitual en ciertos foros en Argentina: es miembro de la Fundación Faro y trabaja con la Fundación Libertad y Progreso, ambas muy cercanas al presidente Javier Milei. Hay diálogos que están impulsando estas dinámicas que llevan al menos dos décadas, y se están fortaleciendo”, explica la experta, que aborda este tema en su último libro. 

“Los partidos de la derecha son conscientes de que están ante una oportunidad histórica”, sugiere Vallejos. De ahí el apoyo evidente de Kaiser y Matthei a Kast. “Una vez que llegas al poder puedes pelearte por el rincón que quieres ocupar. Pero primero hay que llegar”. 

El resultado de esta estrategia se verá en la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962) fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019, cuando un golpe de Estado terminó con el Gobierno presidido por Evo Morales para aupar durante un año a Jeanine Áñez.

García Linera es uno de los intelectuales de izquierda más reconocidos en América Latina. Autor de libros como La potencia plebeya o Qué es una revolución, acaba de publicar Cuidar el alma popular (Bellaterra Edicions). La obra reúne una conferencia suya y un diálogo con la filósofa argentina Luciana Cadahaia, donde el autor parte del diagnóstico de la crisis del orden mundial neoliberal como patrón de acumulación. ¿Qué debe hacer la izquierda en este contexto? “Apostar por la audacia”, sentencia García Linera, que habla con elDiario.es al día siguiente del triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York.

—¿Qué mensaje traslada la victoria de Mamdani, más allá de la ciudad de Nueva York, sobre cómo responder a la ola reaccionaria en un momento en el que el progresismo parece ceder posiciones, sobre todo si se mira a Europa?

—La victoria de Mamdani demuestra que, en un momento de crisis, el progresismo, la izquierda, tiene que apostar por la audacia y un nuevo porvenir. La izquierda no pude encerrarse en recetas del pasado ni en respuestas que ya no se corresponden al tiempo que vivimos. Mucho menos preservar ese presente en crisis. Tiene que proponer con vehemencia un futuro posible, pero diferente a lo que hemos conocido. Y eso es lo que hemos visto en Nueva York y, de manera moderada, también en España con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, quien no tiene cultura política marxista y, sin embargo, es un referente para el progresismo en Europa porque se ha animado a avanzar en nuevas políticas favorables para la población. No solo a preservar lo que había.

—Hay un asunto, como el del genocidio de Israel en Gaza, que atravesó la campaña en Nueva York, y en el que el Gobierno español recibió críticas desde la izquierda y los movimientos sociales por no ir más lejos o más rápido, si bien en el contexto europeo ha sido de los primeros en reconocer el Estado palestino tras el 7 de octubre.

—Sí, el Gobierno español se ha distinguido también por eso. Se ha distanciado de la complicidad del resto de los gobiernos de Europa con la barbarie genocida contra el pueblo palestino. Y, a la vez, no se ha quedado solo en la defensa de los derechos sociales y ha dado pasos en la reforma laboral o el aumento del salario mínimo. Y es que, en tiempos de crisis, para las izquierdas la sola conservación de antiguos logros es la derrota porque lleva al Gobierno a ser devorado por el malestar social que emerge, precisamente, de la crisis.

En tiempos de crisis, para las izquierdas, la solo conservación de antiguos logros, es la derrota porque lleva al Gobierno a ser devorado por el malestar social que emerge precisamente de la crisis

—Muchas veces habla de la importancia de que las clases dirigentes se vean empujadas y acompañadas por los movimientos sociales en ese impulso por avanzar. ¿Cómo se puede hacer en momentos de avance reaccionario?

—La acción colectiva, en sus múltiples formas, no solo son manifestaciones que escenifican una demanda o un estado de ánimo. Cuando son masivas y expansivas, son cataclismos cognitivos que llevan a envejecer viejos sistemas de creencias y tolerancias y, esto es lo decisivo, alumbrar nuevos esquemas de realidades factibles. Trastocan el sentido común de una sociedad, los límites de lo decible y la dirección del propio horizonte predictivo con el que los pueblos prefiguran su porvenir colectivo. Por ello, si bien ayudan y permiten sostener medidas audaces que puede tomar un gobierno de izquierdas, también lo empuja a que tome nuevas medidas. 

La gente en las calles enriquece la gobernabilidad democrática de un Estado. Amplía los espacios de deliberación y la propia cualidad participativa de la sociedad en los asuntos comunes. 

—Usted decía que este tipo de procesos de izquierdas, progresistas, si no brindan certidumbres y mejores condiciones de vida, al final son de una terrible fragilidad.

—La experiencia muestra que las sociedades modernas y complejas siempre están atravesadas por múltiples demandas, agravios, expectativas y necesidades en correspondencia a la diversidad de sus identidades. En ocasiones, una de estas demandas logra articular al resto y permite movilizaciones 'universales' capaces de atravesar la participación de varias clases e identidades sociales. Sin embargo, en crisis generales, hay una demanda nuclear, que atraviesa subyacentemente a la gran mayoría popular de la sociedad. Es la económica; a veces bajo la forma de salario, de inflación, de trabajo o mejora en el consumo. Cualquier gobierno de izquierdas, para estabilizarse, necesita resolver en primer lugar esa o esas expectativas de bienestar. Ya, con ese inicial soporte material, tiene espacio, tiempo y fuerza política para luego pasar a resolver otras demandas igual de importantes.

Lo inverso no es cierto. De hecho, la debilidad y continuidad de los gobiernos de izquierdas se juega en primer lugar en la economía.  

—En ese sentido, usted suele recordar al filósofo Pierre Bourdieu y la teoría del vaso y su capacidad para resistir las embestidas.

—La imagen de Bourdieu es muy interesante. Él pregunta: ¿por qué un vaso de cristal se rompe cuando se tira una piedra? ¿Por culpa de la piedra? No. La piedra solo desencadena la cualidad rompible del vaso. Eventualmente, también podrá romper una rama o una silla. El vaso se rompe porque el vaso es frágil. Y si queremos que no se rompa, entonces hay que fabricar un vaso resistente. En términos políticos, los gobiernos de izquierda son sustituidos o debilitados no solo por el asedio, o la consuetudinaria perfidia de las fuerzas políticas conservadoras, autoritarias o antigualitarias. Ellas hacen su trabajo de atacar y lo harán sistemáticamente independientemente de lo que haga la izquierda.

Las derechas autoritarias no pactan ni conceden, pues su misión es expulsar y, si pueden, aplastar a las izquierdas. No son demócratas de convicción. Y han de cumplir su cometido si el proyecto político de izquierda es frágil, timorato en sus acciones, moderado en sus maneras de cumplir con las expectativas que tienen las mayorías sociales. 

La única manera en que la izquierda pueda revalidar su apoyo social es cumpliendo con audacia el mandato y las esperanzas que la gente ha depositado hacia ella. Por eso, para ser “irrompible”, la izquierda debe tomar el control del tiempo político: tomar una medida de amplio apoyo popular por acá y, antes de que la oposición esté organizando la resistencia, tomar otra de similar interés colectivo por allá y así sucesivamente.

Lo decisivo es no perder la iniciativa y el control de los tiempos para que la oposición siempre tenga que ir por detrás de la agenda que pone el Gobierno. Y la resistibilidad de la izquierda, inevitablemente asediada por los poderosos, viene de su capacidad de mantener iniciativas económicas universalistas, esto es, llevar adelante decisiones que beneficien a la mayor parte de población, al 90% o 95%.

Eso lo hace de acero y no de cristal. 

Lo decisivo es no perder la iniciativa y el control de los tiempos para que la oposición siempre tenga que ir por detrás de la agenda que pone el gobierno

—Estos años en América Latina mostraron que hubo vasos más resistentes que otros. ¿Qué reflexión puede hacer, también sobre el caso de Bolivia, que le afecta más personalmente?

—Hay un primer ciclo revolucionario en América Latina desde 2003 hasta 2015, que se caracteriza por la emergencia de gobiernos de izquierda y progresistas que tienen respuestas a la crisis del neoliberalismo envejecido. Todos, toman medidas redistributivas, amplían derechos sociales y logran una expansión económica ampliando el consumo popular. Aquellos que emergen de insurrecciones, como Bolivia, nacionalizan empresas estratégicas que controlan importantes excedentes económicos, empoderan a mayorías populares anteriormente excluidas (indígenas, trabajadores urbanos, etc.). Esto va a llevar a una década de elevado crecimiento económico, reducción acelerada de la pobreza y movilidad popular ascendente: 70 millones de personas salieron de la pobreza.

Pero, como toda reforma, está agotada por cumplimiento. Las condiciones del mercado mundial cambian, las expectativas aspiracionales de amplios sectores populares se modifican por la mutación de sus condiciones de clase y, en general, la propia estructura social ha cambiado fruto de las reformas implementadas. Esto demandaba de las izquierdas continentales un nuevo ciclo de reformas económicas de segunda generación capaces de abordar los problemas emergentes y superarlos.

Pero no lo hacen. Viene un nuevo ciclo de gobiernos de izquierda, pero ellos ya tienen respuestas para las nuevas preguntas y problemas que emergen de un mundo en cambio. Buscan resolver los nuevos problemas, económicos y políticos, con las respuestas dadas anteriormente. Carecen de un nuevo proyecto esperanzador capaz de unificar a la sociedad. Y entonces solo proponen preservar lo hecho antes. Ya no tienen iniciativa histórica y, en ocasiones, con su inacción generan una crisis económica que envilecerá el proyecto de izquierdas, dando paso a unas derechas envalentonadas que arrebatan la bandera del “cambio”.

Como en el caso del vaso bourdiano, las derechas ganan por los errores de las izquierdas. A excepción de México y Brasil, hoy la izquierda está en “huelga de ideas”. No tiene una propuesta convincente capaz de sustituir la receta conservadora de enfrentar la crisis económica por una vía distinta al “ajuste” del FMI.

—En el libro menciona como audaz la reforma fiscal de Colombia y decía que en Bolivia habían hecho una reforma para la tributación de las multinacionales extranjeras pero no tanto para el 1% boliviano. Y ese es un debate también en EE.UU. con Sanders y Mamdani, y que muestra que los impuestos pueden ser una herramienta para combatir las desigualdades.

—Nosotros dimos la vuelta a los impuestos que pagaban las empresas extranjeras petroleras y mineras. Las primeras, de pagar un 18% sobre el valor bruto, tuvieron que pagar 82%. Las mineras que entregaban al Estado entre un 3% y un 5%, les subimos el impuesto a un 20-25%. En tanto que, a la banca, les colocamos un impuesto del 50% del total de sus ganancias.

En ese primer período, con precios altos del petróleo, se implementó una reforma tributaria a la inversión extranjera y permitió que Bolivia sacara de la pobreza al 30% de la población en una década.

La siguiente fase, la de hacer tributar más al 1% boliviano quedó pendiente, y Luis Arce terminó por no hacerlo.

—¿Cómo se viven desde América Latina las amenazas de Donald Trump, los asesinatos extrajudiciales en el Caribe y en el Pacífico, la ofensiva contra Colombia y Venezuela? ¿Cree que se están reviviendo momentos ya vividos de injerencia e intervenciones militares de EEUU en América Latina?

—Estamos viviendo un momento de transición de época en el que las condiciones que garantizaron la pax norteamericana (1980-2010) se están descomponiendo. Pero, además, la hegemonía económica norteamericana se ha deteriorado. Es imbatible en el circuito financiero, pero decrépito en el industrial y productivo. Y al frente hay una nueva potencia industrial, China, que está ocupando la infraestructura terráquea de extracción y circulación mercantil. Todo ello está llevando a una reorganización geopolítica y geoeconómica del viejo orden mundial dirigido por EEUU. Y cuando un hegemón está en ocaso, se vuelve desesperado y peligroso. Es una fiera herida. Ha de intentar por todos los medios detener su declive recurriendo a todo tipo de medidas, incluidas políticas de vasallaje (hacia Europa); arancelarias (hacia el mundo); medioambientales (hacia toda la humanidad); y también las coloniales y armadas.

Está claro que EEUU ya no tiene presupuesto para largas invasiones, llenas de destrucción y masacres, de las que siempre ha salido con el rabo entre las piernas. Pero ahora ha hallado la forma de intervenir puntualmente y hacer mucho daño con bajo presupuesto, incluida la trituración del derecho internacional. El bombardeo a Irán y sus autoridades es un ejemplo. Y el riesgo es que se anime a algo así en Venezuela y otros países del mundo y América Latina. 

Todo ello está llevando a una reorganización geopolítica y geoeconómica del viejo orden mundial dirigido por EEUU. Y cuando un hegemón está en ocaso, se vuelve desesperado y peligroso

—Muchas veces la imagen que traslada Trump es de alguien poderoso, pero, por otro lado, se está viendo un país donde se estrechan los derechos democráticos, civiles y sociales.

—Las estrellas se inflan y expanden antes de perecer y ser olvidadas como mero polvo galáctico. Las grandes potencias y sus caudillos siguen el mismo proceso de insuflamiento e implosión. Su agresividad es inversamente proporcional a su poderío y duración. Su desplante como monarca absolutista, casi infantil, es el síntoma perverso de un mundo que se va. Lo que no sabemos es la gravedad del daño humano que el viejo hegemón arrastrará en su lenta caída. 

—El mundo cambia, no hay un solo hegemón, está el poder de China, el sur global cuenta mucho, Rusia sigue existiendo... Los europeos a veces pensamos que el mundo es el mapa que vemos en Europa. Pero es más complejo.

—El orden internacional basado en reglas está en el cementerio. En un tiempo liminal como este, en el que lo viejo se desmorona y no hay nada nuevo que lo sustituya, no hay reglas. Es un mundo salvaje en el que el poder se quita las formas y los eufemismos para abalanzarse enloquecido en su grosería desnuda. No hay hegemonías de legitimación, solo ejercicio puro y duro del poder como imposición.

EEUU quiere detener su ocaso, reviviendo un industrialismo tardío. China no tiene apuro de dirigir el mundo en la retórica del púlpito porque ya lo viene haciendo en la materialidad de la riqueza. Y Europa añora un mundo que ya se llevó el viento, sin darse cuenta de que se va convirtiendo en una periferia bien alimentada; por ahora. Y en medio del caos, las potencias intermedias buscan cómo abrirse pequeños espacios de protección e influencia (Rusia, la India…).

En medio de este reordenamiento global de poderes, Latinoamérica podría ubicarse en un mejor lugar en la jerarquía global. Pero, lamentablemente, por ahora, carece de una red de líderes estrategas con la virtud de unificar voluntades continentales con ese fin.

La política exterior de Estados Unidos está marcando la agenda de la Unión Europea. La Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), llega sin la participación de importantes líderes europeos como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente francés, Emmanuel Macron. 

La desbandada coincide con el anuncio de Donald Trump de imponer sanciones a Colombia y las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, al que ha calificado de “líder del narcotráfico que incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, las amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye el desplazamiento de un portaviones en la zona, o los ataques militares estadounidenses contra barcos relacionados supuestamente con el narcotráfico.

Según el Consejo Europeo, en esta cumbre se discutirán temas como “la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones verde y digital, planes paz y seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la trata de personas”. A pesar de esta agenda, un portavoz de la Comisión Europea justificó la ausencia de Von der Leyen en que “en vista de la actual agenda política europea y la baja participación de otros jefes de estado y de gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre, pero sigue en cualquier caso plenamente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y CELAC”. Fuentes del Gobierno alemán utilizaron el mismo argumento de la baja participación de líderes para excusar la participación de Merz. Tanto Von der Leyen como Macron y Merz sí asistirán a la COP30 en Brasil.

Fuentes diplomáticas mostraron su malestar ante la posición de Von der Leyen, ya que al ser una cumbre entre dos bloques de países, la presidenta de la Comisión Europea debería asistir por protocolo. En su lugar irá la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y también acudirá el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ante el revuelo creado por la ausencia de la principal dirigente de la UE.

Los funcionarios de la UE temen enfadar a Trump y que rompa el frágil acuerdo comercial cerrado el pasado verano entre Europa y los EEUU y recuerdan la dependencia de armamento y la inteligencia militar estadounidense que necesita Ucrania para defenderse de Rusia, según publica Financial Times.

La presión de EEUU a los países latinoamericanos llega cuando la UE está a punto de cerrar el acuerdo comercial con Mercosur, que se podría firmar el próximo 20 de diciembre en Brasil. Von der Leyen ya retrasó su ratificación hasta para lograr la consecución del pacto de aranceles con Trump.

En esta situación, el presidente de Colombia denunció en la red social X que “fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”. Ante el posible descalabro de la cumbre, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, anunció que participaría en la reunión pese a que en un primer momento su Gobierno anunció que no acudiría a Santa Marta.

Aunque la Administración Trump incrementó la presión sobre el presidente colombiano con acusaciones sin pruebas de apoyar al narcotráfico, la realidad es que EEUU ya anunció posibles sanciones cuando Petro apuntó en mayo que Colombia se uniría a la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de Pekín durante una visita a China.

Ese mismo mes se celebró una reunión China-CELAC en Pekín con la participación de los líderes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, donde el presidente chino, Xi Jinping, anunció que “China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región”. Además, Xi le mandó un mensaje velado a Trump al comentar que “la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento” e insistió en que China iba a impulsar la colaboración con los países latinoamericanos como respuesta a las tensiones geopolíticas.

EEUU no ha parado de lanzar mensajes intimidatorios a los países latinoamericanos que trataban de impulsar las relaciones comerciales con China. A esta política coercitiva responde la amenaza de Trump de utilizar la fuerza para recuperar el control del canal de Panamá. Tras la advertencia, el gobierno panameño se bajó de la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de China.

Además, en el caso de Colombia hay que añadir que en un año hay elecciones presidenciales. Trump estaría buscando un nuevo presidente más afín a sus intereses y desbaratar la posibilidad de que Petro rompa el acuerdo de cesión de bases militares a EEUU en territorio colombiano para combatir el narcotráfico. “Llegó la hora de sacar todas las bases estadounidenses del país”, comentó Petro el pasado 20 de octubre.

Dentro de la estrategia de política exterior de Trump está romper con las reuniones multilaterales. Estados Unidos ha presionado para que la República Dominicana cancelara la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar el próximo diciembre, donde habrían participado líderes latinoamericanos junto a Estados Unidos y Canadá.

España rebaja la importancia de las ausencias

El presidente Pedro Sánchez anunció hace tiempo su participación en la cumbre en Colombia. España tiene especial interés en el éxito de estas reuniones que han sido promocionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa han rebajado la importancia a las ausencias de líderes europeos con el argumento de que todos los países van a mandar a representantes a Santa Marta y se centran en que la cumbre se va a celebrar, que es la prioridad para España.

Respecto a las amenazas de Trump sobre las supuestas implicaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia con el narcotráfico, fuentes de Moncloa señalan que es una prioridad luchar contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado mediante cooperación política y judicial y el intercambio de información.

El Gobierno de España recuerda que la Unión Europea va a presentar en Santa Marta un proyecto propio para abordar la lucha contra el narcotráfico. Desde Moncloa se apunta que tanto Venezuela como Colombia han decidido abordar el problema común del narcotráfico, que preocupa a ambos lados del Atlántico, y que España defiende que es un reto que se tiene que afrontar desde el cumplimiento del Derecho internacional.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), una organización que representa a 350 grandes empresarios de todos los países de Iberoamérica que participa tanto en el foro empresarial como observador en la parte política del encuentro UE-CELAC, señala que “nunca antes EEUU había puesto tanto interés en Latinoamérica” y que “la reacción de la Unión Europea ha sido acelerar y potenciar los tratados comerciales con las principales economías de Latinoamérica. Ahí está el tratado con México, con Mercosur o con Chile. Cuando estén todos en vigor, el 94% del PIB de la región se beneficiará de tratados comerciales con la UE”. 

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, sentenciado este jueves a 27 años y 3 meses de prisión por atentar contra el orden democrático, se suma a la larga lista de exgobernantes latinoamericanos condenados o procesados penalmente.

Bolsonaro y otros siete procesados fueron condenados por delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En el caso del exmandatario, el juez relator aplicó el agravante de liderazgo, al señalar que la Fiscalía lo identificó como “jefe” de la organización criminal que conspiró para impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en las elecciones de 2022.

A continuación una relación de los principales exmandatarios latinoamericanos condenados o con causas penales:

BRASIL

ARGENTINA

COLOMBIA

PERÚ

PANAMÁ

ECUADOR

EL SALVADOR

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EFE.

“¿Qué debemos hacer nosotros, desde el Congreso de la República, sobre la inteligencia artificial?”, pregunta Diego Caicedo, un joven congresista , en un video publicado en su perfil de Instagram. A su lado está Pablo Nieto, otro colombiano, quien le responde: “Generar marcos promotores de inteligencia artificial” y “escuchar a todas las partes interesadas”.

No fue un intercambio casual; ni por donde ocurrió, ni por quienes hablaban, ni por lo que decían.

Ambos son parte de una amplia red de influencia con la que las grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon, Meta, Microsoft, entre otras, inciden en las políticas públicas de América Latina. Otras fichas en este juego silencioso de alto poder incluyen a congresistas que defienden sus argumentos, lobistas que impulsan sus narrativas, expertos y ex funcionarios que revisten de interés público los intereses de estas empresas.

Cuando las tecnológicas no quieren exponer a sus propios lobistas, recurren a terceros, como bufetes de abogados o asociaciones sectoriales. Esos grupos se reúnen con frecuencia con actores públicos, organizan congresos internacionales, producen estudios para ‘iluminar’ a los ministerios y envían sus ideas sobre proyectos de ley argumentando amor al progreso de los países.

Su trabajo, como explicó a esta alianza periodística Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, es conseguir “capacidad y acceso a tomadores de decisión, y a cualquier mecanismo que permita influenciar las decisiones”.

Nada de eso es ilegal, ni tampoco original. Se parecen a las operaciones de otras multinacionales, como las mineras, tabacaleras o farmacéuticas.

No obstante, hay una diferencia abismal entre la multinacional de siempre y estas enormes empresas tecnológicas. A diferencia de aquellas, que influyen en un sector, éstas últimas intermedian casi cualquier actividad humana: desde hablar con la familia hasta organizar la agenda, llegar a una dirección, hacer reuniones virtuales y leer noticias. Evadirlas requiere un esfuerzo. Su influencia sobre nuestras vidas solo va a crecer, teniendo en cuenta el ritmo al que la inteligencia artificial va colándose en todo lo que hacemos.

Estamos hablando de Alphabet, la dueña de Google, YouTube y de decenas de útiles aplicaciones de mapas, estudio y hasta para el periodismo de investigación. Según su propia definición, Alphabet tiene la misión de “organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos”. Google ya es un verbo en todos los idiomas, sinónimo de buscar información; y aunque hay otros motores de búsqueda, ninguno está tan metido en la vida diaria de los latinoamericanos.

Estamos hablando también de Meta, propietaria de Whatsapp, Facebook e Instagram, cuyo objetivo es “construir el futuro de las relaciones humanas y la tecnología que las hace posibles”. En español decimos ‘whatsappear’ por mandar un mensaje, y millones de personas exponen su vida y milagros en Facebook e Instagram todos los días. La plataforma los conoce al dedillo y les entrega a los publicistas, sean de jabón o de campañas políticas, información hasta sobre sus estados de ánimo para que estos les vendan productos a su medida. Dicen sus reportes que en un día de diciembre de 2024, en promedio 3.350 millones de personas estaban usando alguna de las aplicaciones de la “familia” Meta. Esto es casi media humanidad.

Semejante influencia en la política, los derechos humanos, el bienestar social, la salud pública, la salud mental de los jóvenes, la economía y el hecho de que son prácticamente indispensables para funcionar en la vida de hoy, llevaría a pensar que es crucial para los países regularlas para dar al Estado a los consumidores herramientas para evitar abusos de estas empresas.

Pero como lo comprobó esta investigación periodística, La Mano Invisible de las Big Tech, liderada por el medio brasileño Agencia Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), junto con otros 17 organizaciones de 15 países, regular a las grandes tecnológicas no ha sido tarea fácil. Tienen bolsillos infinitos para librar todas las batallas. Sus algoritmos se esconden detrás del secreto industrial y se requiere conocimientos sofisticados para regularlos, sin caer en la censura. Y resisten a toda costa que normas locales les arruinen su modelo de negocio global.

Una base de datos elaborada en forma colectiva a partir de información pública disponible en línea, con pedidos de acceso a la información, entrevistas con decenas de fuentes en gobiernos, congresos y empresas tecnológicas, con expertos y académicos, pudo documentar 2939 acciones de influencia concretas en diez países y la Unión Europea, la mayoría de estas desde 2019 hasta junio de 2025. Estas involucraron a 1406 representantes directos o indirectos de las tecnológicas que interactuaron en defensa de las posturas de la industria digital con 2506 servidores públicos, desde congresistas, reguladores, ministros hasta directores de escuelas y hospitales públicos. (Ver tablero con gráficos interactivos y metodología).

Además, esta investigación encontró que es tal la necesidad de morigerar los impactos no deseados de estas Big Tech, que tan solo en la Unión Europea y otros 11 países, gobiernos, trabajadores o personas han presentado desde 2019 al menos 800 proyectos de ley para mejorar la moderación de espacios donde niños y adolescentes se encuentran; bloquear cuentas que diseminan el odio impunemente; hacer cumplir  normas nacionales electorales o de protección de datos; responsabilizar a las plataformas por contenidos dañinos; castigar usos dañinos de la Inteligencia Artificial; entre otras causas.

Así mismo, esta alianza periodística encontró 314 casos judiciales en apenas cuatro países, registrados desde 2022, ligados con conflictos con las tecnológicas. Estos litigios se originan desde la denuncia de un ciudadano del común por el mal uso de un video o una imagen, hasta reclamos por no regular contenidos nocivos o no cumplir las normas de privacidad. Las tecnológicas también han demandado a los gobiernos oponiéndose a sanciones o normas que limitan sus operaciones.

En respuesta a detallados cuestionarios enviados por esta alianza periodística sobre sus acciones de lobby en los países en los que investigamos, las Big Tech prefirieron emitir declaraciones generales en los que reconocen sus interacciones con representantes políticos y tomadores de decisiones públicas en temas que competen a sus negocios o sus productos, y afirman que estas interacciones cumplen los marcos éticos y regulatorios de los países donde ocurren. En este documento pueden leer las respuestas enviadas por cada una de las empresas.

En este capítulo de La Mano Invisible de las Big Tech, sacamos a la luz en detalle cómo sucedieron varias operaciones de lobby en América Latina de algunas de las tecnológicas que más inciden en la vida diaria de las personas. ¿En qué terrenos se movieron sus batallas? ¿Quiénes forman sus escuadrones de lobistas y agentes de influencia en algunos países?

Una foto significativa

El encuentro en donde el congresista colombiano Caicedo entrevistó a su compatriota Nieto, citado arriba, se llamó el Digiecon 2025, tuvo lugar en abril de este año en Ciudad de México y reunió al menos a 15 legisladores de América Latina con ejecutivos de TikTok, Meta, Google, Rappi y Mercado Libre, entre otras, para debatir sobre “economía digital” y “desarrollo social y económico”.

Fue organizado por la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) que agrupa a las tecnológicas, organización que invitó a Caicedo, según este le dijo a Cuestión Pública, medio colombiano miembro de esta alianza.

Algunos de los congresistas que estuvieron en Digiecon 2025 fueron los diputados brasileños Any Ortiz, y sus colegas Rodrigo Valadares y David Soares; cuatro legisladores argentinos (Juan Manuel López, Dahiana Fernández Molero, Karina Banfi y Santiago Santurio), otros cuatro congresistas colombianos además de Caicedo (Ciro Rodríguez Pinzón, Carlos Guevara, Irma Luz Herrera y Daniel Restrepo Carmona), tres legisladores chilenos (Leonardo Soto Ferrada, Francisco Chahuán y Paula Labra), y otros de Guatemala (Manuel De Jesús Archila Cordón), Costa Rica (Kattia Cambronero Aguiluz) y Perú (José Ernesto Cueto), según pudo reconstruir esta alianza periodística a partir de fotos del certamen y otros registros de redes sociales. También asistieron más funcionarios públicos de estos y otros países latinoamericanos.

Encontramos que algunos de estos invitados protagonizan hoy la discusión sobre temas digitales en los órganos legislativos de sus países, proponiendo —y, a veces, frenando— proyectos de ley; o moviendo los intereses de las tecnológicas en los cuerpos legislativos. Por eso la foto del evento resulta una metáfora potente de cómo los tentáculos de las tecnológicas se extienden por el continente.

El representante a la Cámara Caicedo, por ejemplo, en septiembre de 2024 impulsó una comisión transitoria para estudiar los proyectos de ley en curso relacionados con Inteligencia Artificial, justo cuando otra comisión se disponía a hacer exactamente lo mismo. Aunque la movida buscaba, según se dijo en Congreso, unificar varias iniciativas regulatorias, no logró ese cometido. El senador colombiano Alirio Uribe, quien ha impulsado varios de estos proyectos, dijo a Cuestión Pública y al CLIP que la comisión de IA “se hizo para obstruir todos los proyectos”. Explicó que “lo que hicieron ellos fue tomar todos los proyectos, revisarlos, y luego nos presentaron unos artículos inanes”. Solo una regulación de IA, que agrava el delito de estafa cuando se usan herramientas de inteligencia artificial para cometerlo, ha sido aprobada por el legislativo colombiano desde entonces.

Caicedo no contestó a las preguntas enviadas por esta alianza periodística sobre su rol en el trámite de los proyectos de ley de inteligencia artificial, ni sobre el video que publicó con Nieto.

Nieto, gerente de políticas públicas de ALAI para la región Andina, tiene una presencia permanente en el Congreso de Colombia. Aparece en consultas públicas y escribe conceptos jurídicos sobre proyectos de ley, pero también organiza eventos abiertos o cerrados con los legisladores y ha cultivado relaciones cercanas con Caicedo y con otros congresistas colombianos, según pudo constatar esta alianza periodística en eventos públicos y contenidos de redes sociales. Entre octubre de 2023 (cuando comenzó a trabajar en ALAI) y diciembre de 2024, Nieto acumuló 22 visitas a congresistas, según se consigna en una petición de información hecha por Cuestión Pública.

En Ecuador, Nieto también ha hecho incidencia a favor de las tecnológicas en el proceso de reglamentación posterior a la Ley de Protección de Datos, de 2022. Un primer reglamento, que se aprobó en 2023, fue construido con participación de los gremios de la industria, pero con una intervención casi nula de otros sectores, según encontró el medio Primicias, parte de esta alianza periodística. En 2024, Nieto se reunió con Fabrizio Peralta Díaz, superintendente de Protección de Datos Personales de Ecuador, para discutir regulaciones sobre aspectos puntuales de la ley, según consta en registros públicos; y en abril de 2025, Peralta Díaz viajó a México a Digiecon, donde de nuevo se encontró con Nieto y con Raúl Echeberría, director ejecutivo de ALAI.

Sobre su relación con ALAI, Peralta Díaz afirmó a Primicias que no ha recibido presiones de ese ni de ningún otro actor. “Con Pablo (Nieto) nunca yo he recibido ninguna petición particular o especial, más allá de la posibilidad de ser escuchados”, dijo. En una comunicación, ALAI dijo que “las comunicaciones con oficiales de gobiernos y parlamentarios son realizadas a través de los canales formales de comunicación habituales para cada país”.

La huella de ALAI

ALAI nació en 2015 en Montevideo, Uruguay, como una alianza entre cinco empresas tecnológicas: las latinoamericanas Despegar.com, de viajes, y Mercado Libre, de ventas online; y las estadounidenses Yahoo, Facebook y Google. Su primer director ejecutivo, Gonzalo Navarro, dijo en una entrevista de la época que la Asociación buscaba “contribuir a engrandecer el ecosistema de Internet, tendiendo puentes entre los distintos actores que lo componen y desarrollando políticas públicas dentro de nuestra competencia”.

Hoy, entre las 14 empresas tecnológicas que hacen parte de su directorio están Amazon, AirBnb y TikTok , igual que la latinoamericana de reparto domiciliario, Rappi. Como consta en sus estados financieros de 2023, radicados ante el gobierno uruguayo, cada una de estas empresas paga por su membresía anual una suma que puede ir hasta los 50.000 dólares, y algunas además aportan montos adicionales para proyectos específicos. Ese año ALAI reportó ingresos por más de un millón de dólares, en su totalidad provenientes de contribución de empresas tecnológicas; y gastos de administración por 711 mil dólares.

ALAI defiende con ahínco los intereses comerciales de sus empresas socias ante congresos, cortes y entidades regulatorias de la región. La Asociación, por ejemplo, se puso en contra de regulaciones del turismo en Colombia que buscaban limitar los alquileres de corto plazo que promociona AirBnb. En México impulsó un “marco regulatorio equilibrado” en el debate sobre los derechos laborales de los trabajadores de empresas como Rappi: una forma elegante de oponerse a que las plataformas tengan la obligación de darles un contrato laboral a quienes trabajan con ellas.

ALAI dice que “no representa los intereses de empresas específicas ni hace actividades de lobby para empresas específicas, sino que, al igual que cualquier otra cámara empresarial sectorial, representa los intereses del sector en general”.

En Brasil también ha criticado propuestas similares, y sus posiciones han encontrado oídos atentos en algunos de los congresistas que asistieron al mencionado Digiecon 2025. Any Ortiz, la diputada federal brasileña, anunció en su Instagram que estaba allí hablando de un proyecto de ley de regulación del mercado digital del que es relatora. “Ese ecosistema puede impulsar a empresas pequeñas, medianas y grandes, generando más innovación, competitividad y oportunidades”, dijo en su publicación.

Un mes después, el 7 de mayo de este año, Ortiz pidió una audiencia pública para debatir el estudio que había publicado la Asociación Latinoamericana de Internet en septiembre de 2024, relacionado con ese proyecto de ley. El estudio concluye que el proyecto de regulación propuesto es perjudicial para la economía brasileña y podría traer un costo adicional a los usuarios por más de R$2.000 millones (equivalente a $365 millones del dólares).

Trece días después, Sérgio Garcia Alves, gerente de ALAI en Brasil, dijo —sentado al lado de Ortiz— que la iniciativa podría causar “costos en cadena”, pues contempla un impuesto del 2 por ciento a los ingresos operacionales de las plataformas, y que la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea (DMA, por su sigla en inglés), de donde toma inspiración el proyecto brasileño, es “un modelo regulatorio experimental, cuyos beneficios aún no son evidentes”.

A su turno, Ortiz dijo que tenía dudas sobre la conveniencia del proyecto: no solo afirmó que algunas de las reglas del DMA no aplican en Brasil, por lo que “sería necesario desarrollarlas mejor”, sino también que la medida “podría impactar el costo al consumidor que usa los servicios digitales”. Las mismas cuestiones planteadas por ALAI.

En respuesta a esta alianza periodística, Ortiz afirmó que las posturas que expresó en la audiencia “no provienen de una entidad específica, sino de un amplio proceso de reflexión y análisis”, y que invitó a representantes del gobierno a participar en el evento, pero que “decidieron no asistir”.

La congresista afirmó que ha buscado “escuchar a todos los actores” en la regulación del mercado de las empresas tecnológicas y que ha “participado regularmente en eventos nacionales e internacionales organizados por diversas entidades”. También afirmó que la solicitud de la audiencia que analizó el estudio de ALAI “no tuvo relación” con su participación en Digiecon, ya que se presentó inicialmente en 2024. La congresista no respondió a la pregunta de quién financió su viaje a Digiecon, pero afirmó que no generó ningún costo para la Cámara de Diputados. Lea la respuesta completa aquí.

ALAI también estuvo presente en las discusiones brasileñas sobre el proyecto de ley conocido como de las Fake News (2630 de 2020), que buscaba regular las plataformas digitales y fue enterrado por el lobby de las plataformas, como revela otra historia de esta investigación periodística. Entre marzo y mayo de 2023, cuando el proyecto estaba a punto de ser votado en la Cámara de Diputados, la asociación publicó tres comunicados (1, 2, 3) oponiéndose a que fuera aprobado. Argumentó, por ejemplo, que el texto promovía un riesgo de control estatal de la información, una afirmación que según según Artur Romeu, director de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, no tiene sustento.

“La regulación no es censura”, dijo a Agência Pública. “El Proyecto de Ley 2630 ha sido ampliamente debatido durante años y se basa en modelos democráticos”.

El 28 de marzo de este año, Garcia Alves, el gerente de ALAI en Brasil, firmó un texto en el que defendía la permanencia del artículo 19 del Marco Civil de Internet, que establece que las plataformas digitales solo pueden ser responsabilizadas por contenidos de terceros si éstas no los eliminan luego de que un juez lo haya ordenado. Mientras el Tribunal decidía, ALAI también hizo un almuerzo dirigido a autoridades brasileñas en el marco de un foro organizado por Gilmar Mendes, uno de los ministros (magistrados) del STF que votaron en el proceso.

Sin embargo, la asociación no logró su objetivo, porque en junio el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió que las empresas eran responsables por los contenidos que generaran daños aún cuando no hubiera órdenes judiciales. Google, Meta, Tiktok y X estuvieron involucradas en este proceso legal.

En Colombia, ALAI fue parte de una coalición de organizaciones que logró que el Congreso modificara una norma que buscaba regular contenidos digitales que puedan ser nocivos para la salud mental de los menores de edad (ver historia de Colombia en esta investigación). Aunque la sociedad civil también criticó la iniciativa por considerar que le daba poderes excesivos al regulador, los argumentos que resonaron en la Plenaria del Senado fueron los del lobby de las tecnológicas, que dijeron que la norma podría amenazar la libertad de expresión en Colombia y “derivar en la eliminación arbitraria de información, limitando la diversidad de opiniones y voces en espacios digitales”.

La ALAI también está detrás de otra iniciativa de influencia en la región: la Alianza por una Internet Abierta (AIA). Esta alianza se opone a la aplicación de la llamada “tasa de red”, es decir, la propuesta que las big tech contribuyan a la operación de la infraestructura de telecomunicaciones. La alianza comenzó en Brasil en 2023 y su primer director ejecutivo fue el exdiputado federal brasileño Alessandro Molon (PSB – RJ). En 2025, con ALAI y varias de sus empresas socias como miembros fundadores, la iniciativa se expandió al resto de Latinoamérica. Su directora para el resto de la región es la exdirectora de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación de Uruguay, Mercedes Aramendía, un caso que refleja bien el mecanismo de ‘revolving door’, o puerta giratoria, por el cual las empresas buscan influencia en el poder público al contratar exfuncionarios gubernamentales.

Preguntada por esta alianza periodística sobre la elección de exfuncionarios públicos para ocupar cargos directivos y sobre el motivo de su expansión por América Latina, la AIA no respondió. La entidad afirmó que representa a “más de 14 mil empresas en Brasil” y que “sigue de cerca las discusiones sobre la tarifa de red y defiende la neutralidad de la red como un principio esencial para el internet brasileño”. ALAI no respondió a preguntas sobre su relación con la AIA.

Lobby desde Washington en Brasil

Además de la actuación de ALAI, las big tech también han invertido en actividades de influencia regional a través de otras asociaciones internacionales, como el Information Technology Industry Council (ITI) y el Center for Information Policy Leadership (CIPL), ambos basados en Washington, y la Access Partnership, de Londres. Las organizaciones han actuado, en los últimos años, con foco en las discusiones sobre regulaciones de empresas de tecnología, IA y la tasa de red.

El ITI tiene entre sus miembros a Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, Lenovo y NVIDIA. Según su sitio web, el grupo busca que “todos los gobiernos del mundo desarrollen políticas, normas y reglamentos que promuevan la innovación y el crecimiento de la industria tecnológica”. Fue fundado en 1916 y ha cambiado sus miembros con la evolución de las tecnologías.

Entre 2023 y 2024, representantes del ITI realizaron al menos 11 reuniones con miembros del Ejecutivo brasileño, según estableció La Mano Invisible de las Big Tech, con datos de la Agenda Transparente. Visitaron agencias reguladoras, así como ministerios y la Casa Civil de la Presidencia de la República. En varias de estas reuniones, el ITI llevó consigo representantes de empresas, como Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Mastercard, HP, IBM e Intel.

Según una persona funcionaria brasileña visitada por el grupo, que habló bajo reserva, el ITI es “muy activo” en el país desde 2016. Al ser preguntada sobre cómo ocurren los diálogos con los representantes sectoriales, afirmó: “Las empresas y asociaciones suelen llegar, a veces preparan una presentación o no, se presentan y luego pasan a un tema más específico para ‘mostrar el absurdo que está ocurriendo’ en determinada cuestión. Tocan todas las puertas para buscar el oído más receptivo”.

Agência Pública solicitó vía Ley de Acceso a la Información las actas, notas o grabaciones de las 11 reuniones entre el ITI y las autoridades brasileñas. La Casa Civil dijo que la reunión sirvió para que el ITI presentara “puntos de atención” respecto al proyecto de ley 2.338/2023, el cual propone regular la IA. El Ministerio de Comunicaciones informó que se discutió la implementación de infraestructura de comunicaciones y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) reportó que la discusión trató sobre requisitos de seguridad cibernética y buenas prácticas regulatorias.

En la mayoría de las reuniones realizadas con autoridades en Brasil estuvo presente el lobista brasileño Husani Durans de Jesus, quien fue funcionario de la Cancillería de ese país y ahora es director para las Américas del ITI, desde su sede en Washington. Según los registros de visitas en el Congreso de Brasil, y sus propias publicaciones en redes sociales, Durans de Jesus viajó a Brasil al menos tres veces en los últimos años: en marzo de 2023, marzo de 2024 y septiembre de 2024, a veces acompañado por otros miembros del grupo.

Además, el grupo promovió el seminario “Regulación del Uso de las Redes de Telecomunicaciones”, en Brasilia, en asociación con la Editora Globo, para debatir acerca de la cobranza de la tasa de red. La asociación también firmó cuatro artículos de “contenido de marca” en el sitio web de noticias financieras Valor Econômico, según se indica en los textos mismos.

En septiembre, cuando el proyecto de IA se debatía con intensidad en el Senado, Husani viajó a Brasil acompañado de Courtney Lang, otra vicepresidenta sénior de ITI, quien lidera el trabajo global de regulación de IA en esa organización. Ambos se reunieron con funcionarios del equipo del senador Eduardo Gomes (PL-TO), autor del proyecto de ley. “La reunión fue fantástica”, afirmó Durans en una publicación en redes sociales.

Una semana antes de llegar al país, Lang hizo recomendaciones muy específicas por videollamada, en una audiencia pública sobre el proyecto de ley que buscaba regular esta tecnología. Una de ellas fue eliminar dos artículos que enumeran los derechos de los usuarios de estas tecnologías, pues “asumen que habrá riesgos significativos para los derechos humanos a lo largo del ciclo de vida de la inteligencia artificial, lo que, a mi modo de ver, no siempre ocurre”.

ITI también organizó recepciones a congresistas brasileños en Washington, como pasó en marzo de 2024, según se describe en publicaciones en LinkedIn y en al menos tres informes de viaje elaborados por los legisladores. Entre los presentes se encontraba el senador Marcos Pontes, quien era el vicepresidente de una comisión temporal del Senado que analizó el proyecto de ley sobre IA. En esa comisión, Pontes presionó para que la ley se ajustara más a los intereses de las grandes tecnológicas. Fue el mismo senador que, meses antes, había invitado a Lang a una audiencia pública sobre esa misma ley.

En una declaración enviada a esta alianza, ITI dice que interactúa con servidores públicos en todo el mundo “en representación del sector tecnológico, con la misión de promover políticas públicas y estándares de la industria que beneficien la competencia y la innovación”. Sus interacciones con actores políticos en Brasil, dice, buscan “permitirles a más ciudadanos, negocios y comunidades beneficiarse de una mayor conectividad e inclusión”.

Pontes no respondió a preguntas enviadas por Agência Pública sobre si consideraba que había algún conflicto de interés con respecto a su rol en el comité.

En ese mismo viaje a Estados Unidos, los legisladores brasileños también visitaron el Centro para el Liderazgo en Políticas de Información (CIPL, por sus siglas en inglés). Según afirma su sitio web, se trata de un think tank que ofrece a sus socios “oportunidades para trabajar en importantes cuestiones relacionadas con la privacidad y las políticas de información con expertos clave en privacidad y partes interesadas de organismos reguladores, gobiernos y el mundo académico”. Estos socios son empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, entre las que se incluyen Amazon, Google, Microsoft, Tools for Humanity (Worldcoin), Telefónica y Mercado Libre. CIPL fue fundado en 2001 por algunas empresas y un bufete de abogados, Hunton Andrews Kurth LLP (antes Hunton & Williams).

El viaje tuvo como objetivo “orientar la toma de decisiones y la elaboración de legislaciones relacionadas con la IA en Brasil”, de acuerdo con el briefing del evento, al que accedió Agência Pública. El viaje fue organizado por el Movimiento Brasil Competitivo, una organización que busca generar cercanía entre el sector público y el privado.

En su informe de gestión de 2024, el CIPL celebra que los legisladores brasileños adoptaran, en su proyecto de ley, varias recomendaciones de un informe que publicó sobre regulación global de IA.

CIPL no respondió a un cuestionario enviado por esta alianza periodística.

Otras empresas de lobby internacional también están trabajando para influir en la legislación de Brasil, uno de los mayores mercados de las principales plataformas tecnológicas. Paula Corte Real, una lobista brasileña de la firma británica llamada Access Partnership —que se autoproclama “la consultora tecnológica más destacada del mundo”, ha visitado la Cámara de Diputados en al menos cinco ocasiones en 2025, según consta en un pedido de información hecho por Agencia Pública. En el último año, Corte Real ha visitado a los diputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Helio Lopes (PL-RJ) y Lafayette de Andrada (Republicanos-MG), quien es el presidente del Frente Parlamentario Mixto de la Economía y Ciudadanía Digitales (Frente Digital).

En las cortes y en Congreso

En otras ocasiones, el lobby de estas asociaciones se entrelaza con los pleitos jurídicos que las tecnológicas llevan contra los reguladores estatales. En Brasil, el bufete Bialer Falsetti Associados (BFA), que defiende a Meta en casos de protección de datos contra la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), tiene a la abogada Ana Paula Bialer como una de sus socias. Varios representantes del BFA participaron de seis reuniones entre ITI y las autoridades brasileñas, tres de ellas en la oficina de ANPD.

La abogada no divulga en sus redes sociales su relación con el ITI, pero en agendas públicas de autoridades brasileñas y en registros obtenidos por Agência Pública a través de peticiones de acceso a la información es señalada como consultora de la asociación.

Bialer también es una lobista activa en el Congreso Nacional. Visitó la Cámara de Diputados al menos 12 veces entre 2023 y 2025, incluso en fechas de votación de proyectos importantes. En tres de esas ocasiones, declaró como destino la oficina de la diputada Luísa Canziani, primera presidenta del Frente Digital y actualmente presidenta de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Cámara de Diputados, quien enfrenta preguntas por un posible conflicto de interés relacionado con Google, según otro reportaje de esta investigación. En 2021, la abogada y la diputada firmaron juntas un artículo en el que defendía una regulación de inteligencia artificial más favorable al sector privado, como reveló Núcleo Jornalismo, parte de esta alianza periodística.

Sobre su rol dual como abogada y lobista de empresas tecnológicas, Bialer dijo que “es una profesional con reconocida experiencia en temas de tecnología, privacidad y protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, y participa regularmente como ponente en audiencias públicas, seminarios y mesas de debate sobre los temas mencionados”.

Bialer también afirmó que el bufete BFA asesora al ITI en Brasil “desde hace muchos años” y presta “servicios de consultoría jurídica y regulatoria, así como apoyo técnico en las interlocuciones del ITI con los responsables de formular políticas públicas en el país”, pero no ofreció más detalles y dijo que las actividades están “sujetas a la obligación de confidencialidad profesional”.

El despacho no respondió si ya representaba a Meta cuando se reunió con la ANPD en nombre del ITI, ni si ve algún tipo de conflicto de interés en el hecho de que sus abogados participen en reuniones como consultores de la asociación internacional y, al mismo tiempo, defiendan a Meta en otros procesos.

Otro caso en el que el ‘lobby’ en el Congreso se entrelazó con el litigio judicial es el de Lorenzo Villegas Carrasquilla, un abogado colombiano que actúa desde 2020 como apoderado de Google en un pleito contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En 2024, Villegas intervino en una audiencia pública sobre un proyecto de ley que tocaba el punto central para la tecnológica; y lo hizo repitiendo los mismos argumentos que esgrimió la empresa en las cortes colombianas.

En resoluciones oficiales entre 2019 y 2022, la SIC les exigió a Google, Meta y TikTok que cumplieran la regulación colombiana de protección de datos de menores de edad, pues consideró que no lo estaban haciendo a cabalidad. Pero las empresas demandaron al regulador ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que el fallo violaba sus derechos porque el procesamiento de esos datos no ocurre en Colombia, por lo que —aseguran— la ley del país no aplica para ellos.

El principio de que las empresas cumplan las leyes de los países donde están sus usuarios, sin importar en qué otro territorio tengan su sede central, se llama extraterritorialidad. “Esto es decirles a las empresas, ‘así usted no esté ubicado en nuestro territorio, si usted recoge datos de nuestros ciudadanos, usted tiene que cumplir nuestra legislación’”, explicó a esta alianza Heidy Balanta, abogada experta en datos personales.

Juristas colombianos consultados para esta investigación expresaron opiniones diversas sobre si el regulador colombiano puede aplicar este principio; pero en todo caso, dos proyectos de ley habrían resuelto el problema de no haber sido archivados: el 156 de 2023 y el 152 de 2024. Ambos proponían que el tratamiento de datos recogidos en Colombia por un actor responsable o por su encargado con domicilio en territorio colombiano cumplan la ley nacional de protección, sin importar si estos datos son procesados en Colombia o en el exterior.

En la audiencia pública, el abogado Villegas dijo que el proyecto de ley podría afectar la libertad de expresión de los periodistas —un argumento que compartieron varios representantes de la sociedad civil— y la libertad de empresa, pero luego expresó otra preocupación: el proyecto es “un desincentivo al tratamiento de datos particularmente en el mundo digital, desde el exterior hacia Colombia”. Además, añadió que la iniciativa “va en contravía de la Constitución Política, que establece que las leyes colombianas se aplican en el territorio colombiano, para las personas que se encuentran en el territorio colombiano”. Villegas no mencionó en el Congreso su rol en el equipo jurídico de la tecnológica californiana.

Preguntado sobre por qué no lo hizo, Villegas no ofreció respuesta. Dijo a esta alianza que fue invitado a participar de esa audiencia pública en su calidad de abogado experto en derecho de tecnología, y que aceptó porque considera “fundamental aportar elementos técnicos y jurídicos que contribuyan a enriquecer la discusión legislativa”.

ALAI, y otros aliados de las tecnológicas, han seguido esa misma línea. Un comentario al proyecto de ley de 2023 firmado por Nieto, el lobista de ALAI, dice que “en un mundo globalizado, en el que es posible ofrecer servicios a cualquier parte del mundo, pretender que todos aquellos [servicios] que se ofrecen en Colombia deban cumplir con estas disposiciones es un desincentivo para que efectivamente estén disponibles en Colombia una diversidad de servicios digitales”. Y María Fernanda Quiñones, directora de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, dijo en la audiencia pública citada arriba que “una norma con aplicación extraterritorial compromete o desincentiva la competitividad del país”.

A las tecnológicas les preocupa que regulaciones como esta les generen problemas para administrar y distribuir sus productos internacionalmente. “La extraterritorialidad no les gusta a las big tech porque les hace exigibles muchas leyes, y al tener presencia en tantos países, les representa una carga de cumplimiento alta”, explicó a esta alianza periodística Viviana López, abogada de la línea de Transparencia y Derechos Digitales en Dejusticia, un centro de estudios sociales que promueve el Estado de Derecho en el Sur Global. “Sin embargo, se puede decir que la solución sería fácil: aplicar el estándar de protección más alto en todos los países”. La Unión Europea es la que hoy tiene el estándar más alto de protección de datos para sus ciudadanos, y obliga a las tecnológicas a cumplirlo.

Para Balanta, la abogada especialista en privacidad, la consecuencia de que países como Colombia no puedan aplicar sus leyes de protección de datos es que las big tech terminan tratando a sus usuarios colombianos “como ciudadanos de segunda clase”. Según ella, las empresas diseñan sus productos para proteger solo a quienes viven en los países que tienen reglas estrictas de privacidad, mientras que en los demás “los ciudadanos, en muchas ocasiones, se quedan sin herramientas porque el diseño de la plataforma no les facilita ejercer sus derechos”.

En Colombia, los proyectos de ley que podrían resolver esto naufragan en el Congreso; y en las cortes, la decisión sobre si la SIC se extralimitó o no al exigirles a las empresas cumplir con la ley colombiana podría demorarse varios años más. “Ese litigio es eterno”, dijo López.

En Brasil, la negativa de las plataformas sociales a cumplir con las leyes nacionales fue uno de los argumentos usados por la administración Trump en julio pasado para imponer aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños exportados a Estados Unidos. En su carta sobre estos aranceles, el gobierno Trump mencionó decisiones en las que la Suprema Corte le había pedido a plataformas, como X y Facebook, suspender cuentas de personas investigadas, quienes las utilizaron para incitar a un golpe de Estado, amenazar jueces y distribuir desinformación. El Representante de Comercio de EE. UU. también inició una investigación “debido a los continuos ataques de Brasil en contra de las actividades comerciales digitales de las empresas estadounidenses”. La decisión de Trump fue aplaudida por el gremio Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA en su sigla en inglés), financiada por empresas como Google, Meta y Amazon, según reveló Agência Pública.

Puerta giratorias

Las Big Tech también han recurrido a otra estrategia para acercarse a las autoridades: la contratación de personas que ocupaban cargos públicos, lo que se conoce como puerta giratoria. Esta alianza periodística identificó al menos 88 casos que encajan en ese perfil, en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Chile.

En Brasil, el caso más notorio involucra al expresidente Michel Temer, quien fue contratado por Google a mediados de junio de 2023 para reforzar la presión de la empresa al Congreso Nacional y hacer la “mediación” con los parlamentarios, como él mismo confirmó al diario Folha de S. Paulo. En ese momento, el proyecto legislativo 2630/2020, conocido como “la ley de las fake news”, seguía en discusión entre los congresistas y había expectativa de que fuera votado, lo que no ocurrió. (Ver historia completa).

En total, Núcleo Jornalismo, que forma parte de esta alianza periodística, identificó al menos 51 casos de lobistas de empresas tecnológicas que anteriormente pasaron por organismos públicos en Brasil —68% de la lista total de lobistas identificada— , como revela esta investigación. Por ejemplo, Sérgio Garcia Alves, de ALAI, trabajó en Anatel, en la Casa Civil y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación antes de convertirse en gerente de políticas públicas en la asociación.

En Chile, la abogada Aisén Etcheverry fue reprendida por la Contraloría de su país por haber sido parte, en 2019, de un comité que tomó una decisión a favor de Amazon Web Services, la empresa en la que había trabajado meses antes. A pesar de eso, su carrera siguió en ascenso: fue Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación entre marzo de 2023 y julio de 2025; y en paralelo, fue la ministra vocera de Gobierno entre diciembre de 2024 y julio de 2025. Su caso muestra cómo la cercanía de algunos funcionarios con las tecnológicas les ha sido útil a estas multinacionales para hacer negocios.

La decisión que motivó el fallo en su contra “fue el resultado de un proceso abierto, donde se recibieron distintas propuestas”, dijo Etcheverry a esta alianza periodística. (Ver historia completa).

De vigilar a aplaudir en Colombia

El 30 de mayo de 2024, Worldcoin se lanzó en Colombia. Es un servicio que escanea los iris de las personas que accedan a él a cambio de dinero, y dice que con ese procedimiento puede “verificar la humanidad” de sus usuarios, es decir, darles una credencial con la que algunos servicios digitales van a poder saber que se trata de seres humanos y no de ‘bots’. Tools for Humanity (TfH), la empresa matriz de Worldcoin, fue fundada por Sam Altman, quien también fundó Open AI y es uno de los ejecutivos más influyentes de esa industria. TfH está prohibida en Brasil.

Al día siguiente, la SIC publicó un escueto comunicado de prensa en su página web. Decía ese anuncio: “Invitamos a los ciudadanos a informarse diligentemente sobre las eventuales consecuencias de otorgar acceso a su iris a esta compañía, pues la empresa referida no ha demostrado… que esta práctica no implica la recolección de datos personales sensibles”. La entidad reguladora también anunció una investigación contra TfH para verificar si ésta cumplía con las leyes de protección de datos. (La investigación continúa en proceso en septiembre de 2025).

Entre febrero y diciembre de 2024, el abogado Grenfieth Sierra era el superintendente delegado de datos personales de la SIC. Su oficina estaba a cargo de esa investigación, Pero el 2 de abril de 2025, ya afuera de la SIC y como profesor de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario,Sierra dijo: “Mantener privacidad estricta no es un buen negocio. Se necesita romper lógicas de privacidad, porque esas lógicas de privacidad es lo que se denomina monetización”.

Estaba en un evento académico abierto en esa universidad. También insistió en que los ciudadanos son quienes deberían decidir qué tanto de su privacidad deciden entregarles a las empresas.

Antes de Sierra, habló Lorena Buzón, directora de asuntos públicos de TfH. Primero le agradeció al profesor Sierra “por llevar a cabo estas discusiones”, y luego afirmó que su producto es en realidad una “tecnología de mejora de la privacidad”.

En una publicación en su Linkedin, Buzón dice que Sierra organizó la conferencia. No hubo menciones a los anuncios del pasado: ni el Sierra anfitrión, ni nadie más, habló de la investigación que su oficina había abierto contra Worldcoin. Tampoco se discutió el hecho de que Worldcoin hubiera tenido líos con los reguladores de varios países justamente por las preocupaciones sobre la forma como maneja los datos personales de sus usuarios.

Sierra respondió a esta alianza que la investigación de la SIC estaba a cargo de la directora de investigaciones de datos personales, y no de él. A pesar de que esa directora era su subalterna directa, asegura que nunca asumió “competencia para investigar a TfH”. Además dijo que el evento fue organizado por la Universidad y que su rol fue cumplir “tareas de coordinación”, y que ni él ni la institución recibieron alguna contraprestación por el encuentro.

Los que no cuentan

Para los usuarios de esta región son imprescindibles la mensajería de WhatsApp, las redes sociales de TikTok y Meta, YouTube, la búsqueda de Google, o las nubes de Google Cloud o de Amazon. Las usan para conversar, informarse, archivar sus fotos y documentos y expresar sus visiones del mundo. Por ello, cuando algo sale mal y —por ejemplo— una niña cae en manos de un pervertido sexual que la enganchó en un grupo de una red social, la gente querría saber a dónde quejarse, a dónde advertir de esa cuenta peligrosa.

Muchos usuarios no saben cómo hacer para que una plataforma los escuche, ni cómo poner una queja, o cuándo tienen derecho a hacerlo. Ni siquiera es fácil para organizaciones reconocidas de la sociedad civil, como la colombiana Red Papaz, que ha intentado en varias ocasiones sentarse a hablar con las Big Tech de cómo evitar daños a los menores. “Es como hablarle a una pared que te dice, de antemano, que no va a hacer absolutamente nada”, contó al CLIP y a Cuestión Pública Alejandro Castañeda, jefe del Centro de Internet Seguro de esa ONG.

Tampoco los mecanismos de protección de las plataformas son tan efectivos. En Colombia, un estudio de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, publicado en 2025, concluyó que solo el 48 por ciento de los padres o madres de menores de edad usan las herramientas de protección diseñadas para filtrar contenidos audiovisuales en plataformas como YouTube; y solo el 34 por ciento las utilizan en redes sociales. En México, un reporte de 2022 del Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró que apenas el 26,2 por ciento de los usuarios de internet domiciliario utilizan alguna herramienta de control parental. Y en Estados Unidos, plataformas como Discord y Snapchat le dijeron al Congreso en 2024 que menos del 1% de los padres de niños y niñas usan esas herramientas.

Incluso cuando se conocen estos mecanismos, no hay garantía de que funcionen. Iniciativas como Circuito, de la organización Linterna Verde, han documentado estas injusticias. Por ejemplo, un caricaturista colombiano falsamente señalado de diseminar contenido de odio y perdió por 10 años su cuenta de TikTok. Otro caso es el de un popular creador de contenido mexicano que fue suspendido de YouTube por un video en el que hablaba de formas legales de emigrar a Canadá. Algunas veces los usuarios con contactos, o con cuentas muy populares, logran revertir esos fallos, pero muchos no lo consiguen.

Muchos países ni siquiera tienen oficinas locales de Meta, Google o TikTok. Hay matices y excepciones, pero lo usual es que los asuntos de Ecuador y Perú se traten desde las oficinas en Colombia; los de Uruguay, Chile y Paraguay, desde Argentina; y los de Centroamérica, desde México. X, la antigua Twitter, cerró todas sus oficinas en América Latina y atiende sólo desde sus cuarteles estadounidenses. Por el tamaño de su mercado, y la manera como las autoridades han intentado ponerles límites a las Big Tech, Brasil es la excepción.

De otra parte, a la hora de reportar sus estados financieros a las autoridades, varias de estas plataformas ni siquiera separan los ingresos, gastos y pagos de impuestos relacionados con América Latina, sino que van agrupados con las de otras regiones del mundo.

Como dice Castañeda, de Red Papaz, nuestro uso de plataformas digitales es “inequitativo con el consumo que están teniendo otros usuarios en otros países”. Y esa inequidad también se ve en la regulación que las autoridades han logrado erigir allá, y las tecnológicas han podido frenar aquí.

En Europa, en cambio, la Ley General de Protección de Datos les permitió a ciudadanos de 11 países europeos demandar a Meta para que su información no sea usada para alimentar modelos de inteligencia artificial de esa compañía. La empresa tuvo que parar de hacerlo y decidió no lanzar algunos productos de IA en ese continente.

En contraste, la mayor parte de los usuarios latinoamericanos de Meta no pueden impedir que la empresa use sus datos para alimentar sus modelos de IA, como denunció la organización Access Now. “En la mayor parte los países de la región no existen leyes de protección de datos personales y en otros donde sí hay, se encuentran desactualizadas”, explicó la entidad.

De nuevo, una excepción es Brasil, donde la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) prohibió en junio pasado que Meta utilizara datos de usuarios del país para entrenar la IA. Después de cumplir con las medidas impuestas por la ANPD — que incluyen no utilizar información de niños y permitir que los usuarios nieguen el acceso a sus datos — la empresa retomó la práctica, con algunas restricciones. En diciembre, la autoridad también le impidió a X utilizar cuentas de niños, niñas y adolescentes para alimentar su IA.

Esto, a pesar de que una mayoría apoya que se regule a estos gigantes. Un estudio realizado por Ipsos encontró que “el 55% de las personas en Argentina, Brasil, Colombia y México apoyan la regulación de la IA, y la proporción aumenta al 65% entre quienes declaran tener un buen conocimiento de la herramienta”.

La falta de reglas sobre uso de datos les conviene a las Big Tech. Como dice Alphabet, la casa matriz de Google, en su informe anual de 2024 a la Security and Exchange Commission, “cumplir con esas leyes y regulaciones puede ser oneroso para nosotros, y, de forma individual o conjunta, aumentar nuestros costos operativos, reducir la utilidad de nuestros productos y servicios, limitar nuestra capacidad para llevar a cabo determinadas prácticas comerciales u ofrecer determinados productos y servicios”.

Así las cosas, gobiernos y reguladores, con marcos legales débiles, pocos recursos y —muchas veces— una comprensión limitada de tecnologías complejas, deben hacer frente a estas compañías. El resultado son empresas fuertes, regulaciones débiles y usuarios desprotegidos. Es, como dice Andrés Hernández, de Transparencia por Colombia, “una cancha completamente desbalanceada”.

La Mano Invisible de las Big Tech es una investigación periodística transfronteriza y colaborativa liderada por el medio brasileño Agência Pública y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) junto a Crikey (Australia), Cuestión Pública (Colombia), Daily Maverick (Sudáfrica), El Diario AR (Argentina), El Surti (Paraguay), Factum (El Salvador), ICL (Brasil), Investigative Journalism Foundation - IJF (Canadá), LaBot (Chile), LightHouse Reports (Internacional), N+Focus (México), Núcleo (Brasil), Primicias (Ecuador), Tech Policy Press (USA), Tempo (Indonesia). Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del equipo legal El Veinte y el diseño de la identidad visual de La Fábrica Memética.

AR

* Representantes de Worldcoin señalaron a esta alianza periodística que su nombre es World, no Worldcoin. En todo caso, la alianza ha podido confirmar que es un hecho notorio en la industria y ante consumidores que lanzaron su producto como Worldcoin y así se conoce.

El salario mínimo, que hoy es de $296.832, perdió 33,5% del poder de compra desde que Javier Milei llegó al poder. ¿Importa? Hay gente dispuesta incluso a trabajar por menos que eso, afirmó en su momento el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni. Sin embargo, por obligación legal, el Gobierno no tuvo otra que convocar para este martes al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que se reúnen patronales y centrales sindicales para aumentarlo. En sesiones anteriores, la Secretaría de Trabajo en la era libertaria, bajo la conducción de Julio Cordero, siempre laudó a favor de la propuesta de los empresarios.

La Argentina tiene el 14° salario mínimo más bajo de Latinoamérica, medido en dólares (US$253), en una región de 19 países. Sólo seis pagan peor: El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Venezuela (US$1,60). A la cabeza están Costa Rica (US$725), Chile y Uruguay.

“Desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal”, advierte un informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (Cifra-CTA), que redactó la economista Mariana González. “En efecto, entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte. Esta reducción, sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado.”

“A lo largo de 2024 hubo cuatro reuniones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, recordó González. “En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7% de poder adquisitivo.”

“La perdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3% menor que noviembre de 2015”, se refirió González al último mes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los $ 700.000. Tras este retroceso histórico el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como sucede en la actualidad, esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial. La comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación peor que la de 2001. El salarió mínimo en la actualidad equivale a sólo el 58,1% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza.”

Pese a que cada sindicato negocia un básico que suele estar por encima del salario mínimo, este supone una referencia clave. “El principal objetivo del SMVM (salario mínimo vital y móvil) es asegurar que los salarios no caigan por debajo de un determinado nivel, en particular para trabajadores de menor calificación, que suelen acceder a ocupaciones con remuneraciones más bajas. De este modo, contribuye además a disminuir la desigualdad en los ingresos laborales”, señala González.

“Numerosas investigaciones, incluyendo varios realizadas por organismos internacionales, encuentran que esta institución contribuye a reducir la desigualdad salarial al elevar los sueldos de quienes se encuentran en el extremo inferior de la distribución”, continúa la economista.

Tanto es así que hasta la exlíder de la democracia cristina alemana Angela Merkel impulsó en 2015 la creación de salario mínimo en su país cuando lo gobernaba. Pero además constituye una referencia para los empleados en negro o no registrados por sus patrones. “Más allá de que las y los trabajadores informales suelen quedar por fuera de la legislación laboral, se ha comprobado que la evolución de sus remuneraciones está ligada a la dinámica del salario mínimo, que funciona como una señal para su determinación”, observa González.

“En conclusión, el SMVM sirve para proteger los ingresos de las y los trabajadores tanto formales como informales, contribuye a mejorar la distribución de los ingresos y, en consecuencia, al bienestar general de la sociedad”, señala la experta de la CTA. “En cambio, no se ha demostrado que tenga efectos negativos sobre el nivel de ocupación.”

El SMVM no se aplica a los trabajadores del sector rural y a los trabajadores domésticos, aunque el nuevo Régimen de Trabajo Agrario determina que la remuneración mínima de los trabajadores agrarios no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. En el ámbito del sector público sólo se aplica a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y de los organismos donde el Estado nacional actúe como empleador, es decir, no en el sector público provincial y municipal.

AR/MC

El informe anual de la Fundación Carolina constata un agravamiento en 2024 de algunos problemas crónicos que lastran el desarrollo de América Latina: la pobreza y la desigualdad, la baja productividad, las debilidades institucionales, las carencias educativas y la baja inversión en ciencia y tecnología.

Obra de varios autores iberoamericanos, en el documento también se cita la alta informalidad económica, la “injusta y rampante fiscalidad”, las limitaciones de financiamiento e inversión y la inseguridad entre las principales cuestiones que limitan el bienestar y la prosperidad de la región.

'América Latina en un mundo perplejo: inseguridad, turbulencias económicas y democracias asediadas', presentado este miércoles, describe cómo la región afrontó el año pasado “una situación compleja, marcada por un escenario internacional de fuerte tensión geopolítica, de grandes incertidumbres económicas y de creciente fragmentación”.

Y a ello se está enfrentando “limitada por los desafíos estructurales que lastran su desarrollo y por algunos procesos de inestabilidad política que lo acentúan”.

Este año se presenta “económicamente incierto y políticamente turbulento”, en un contexto global “tensionado”, en el que persistirá el “asedio” a los valores y las instituciones de la democracia.

Pero, asimismo, se matiza en el informe, 2025 podría suponer, para los países de la región, “un reimpulso en términos de movilización de recursos financieros, resiliencia institucional, defensa de derechos humanos, y representación política de las mujeres”, entre otros planteamientos.

Democracia más fuerte, mayor cohesión social e integración regional

En la presentación, la secretaria de Estado española de Cooperación Internacional, Eva Granados, ahondó en los objetivos compartidos entre España y Latinoamérica, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

“El fortalecimiento de la democracia, en tanto que sistema político que favorece el desarrollo sostenible -dijo-; el fomento de una mayor cohesión social, apoyando la lucha contra los efectos del cambio climático que está en el origen de importantes desplazamientos de población y el apoyo a procesos de integración regional y a organizaciones regionales como forma de lograr un avance colectivo de los países en temáticas específicas”.

Destacó que “la cooperación acompaña a América Latina desde un diálogo institucional permanente y fluido para impulsar todas las potencialidades de las que dispone, posibilitando la triple transición: una social resiliente, una ecológica justa y una transformación para la prosperidad compartida y el crecimiento inclusivo”.

La Fundación Carolina es una institución público-privada para la promoción de las relaciones culturales y la cooperación entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en particular en el campo científico, cultural y de la educación superior.

El informe completo

EFE.

IG

El presidente Donald Trump delineó su estrategia para recuperar la presencia de Estados Unidos en el continente americano. Su propuesta se centra en tener un mayor control territorial en Canadá, Panamá, América Latina e, inclusive, Groenlandia. En su estrategia de negociación incluye los aranceles y la expulsión de migrantes, y no descarta el uso de la fuerza. 

Esto supone un giro a una política exterior estadounidense, ya que la región había sido ignorada después del 11 de septiembre de 2001. América Latina ya no era una prioridad en la agenda de Washington, lo único que le importaba era la información obtenida de Guantánamo. Al terminar la Administración de George Bush en 2009, el comercio exterior y el crimen organizado eran los temas de interés en América Latina, pero no existía una agenda con objetivos a medio plazo.

La existencia de elecciones democráticas y tratados de libre comercio, y la adopción de medidas de libre mercado, apuntaban a que la amenaza de gobiernos socialistas apoyados por la extinta Unión Soviética no eran un riesgo; los líderes guerrilleros ahora pertenecían a partidos políticos y el bono demográfico apuntaba a un crecimiento sostenido.

La conquista china de América Latina

Sin embargo, China, un régimen comunista, inició una incursión silenciosa utilizando instrumentos financieros capitalistas para otorgar préstamos estructurados, coinversiones, compra de concesiones y contratos de materia prima con derivados. Hoy existen más de 100 préstamos por un monto estimado de 120.000 millones de dólares entre bancos chinos, empresas y gobiernos de América Latina. El intercambio comercial entre ambos tiene un valor de 400.000 millones de dólares. China se ha convertido es el mayor socio comercial de Brasil, Chile y Argentina.

Este crecimiento no fue orgánico, sino una política exterior planificada y exitosa basada en el programa 'Nueva ruta de la seda', ejecutado de manera silenciosa y articulada por China y empresas de este país. Pekín firmó acuerdos de libre comercio con Chile, Perú, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Siete países –entre ellos Brasil, Perú, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina y Ecuador– se han unido al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.

Para integrar el sector financiero, China firmó acuerdos bilaterales de swap de moneda local con los bancos centrales de Argentina y Chile. Múltiples instituciones bancarias chinas han abierto sucursales en muchos países latinoamericanos. Chile, Brasil y Argentina han establecido bancos de compensación en renminbi (moneda China), mientras que Brasil, Argentina y Bolivia han anunciado el uso de esa moneda para la liquidación en el comercio exterior. A finales de 2022, el renminbi superó al euro convirtiéndose en la segunda moneda en reservas de divisas de Brasil.

Este entramado institucional permitió que el comercio e inversión haya crecido en los últimos 15 años en la región. China se ha dedicado a construir infraestructura para transportar productos agropecuarios, minerales y petróleo de la región. Ejemplos de ello son la inversión en el puerto Chanchay en Perú; el tren bala entre Santiago de Chile y Valparaíso; la infraestructura de carreteras en Bolivia; la inversión en el triángulo de litio; estaciones para lanzar satélites en Chile y Venezuela; los puertos y puentes en el canal de Panamá; y la posible inversión de la planta nuclear argentina Atucha III.

En febrero del año pasado, Nucleoeléctrica Argentina y la Corporación Nuclear Nacional China firmaron el contrato marco para la construcción de la planta nuclear más grande de Argentina. La empresa china ofrece financiar el 85% de la obra de 8.300 millones de dólares, mientras que la argentina aportaría 1.200 millones de dólares.

El presidente Javier Milei trató este tema con su homólogo chino, Xi Jinping, durante el G20 que se celebró en Río de Janeiro y acordaron cerrar el acuerdo en el primer semestre de 2025. A pesar del corte neoliberal de Milei, parece que al mandatario no le importaría aumentar la dependencia de Argentina de un régimen comunista, por lo que China sería el principal inversor extranjero, además del principal socio comercial.

Inversiones con condiciones políticas

Sin embargo, las inversiones chinas vienen atadas a condiciones políticas. En 2017, cuando Panamá se unió a la 'Nueva ruta de la seda', cortó relaciones diplomáticas con Taiwán. Hoy empresas chinas controlan tres de los cinco puertos en la entrada del canal y un puente.

La dependencia comercial de una economía centralizada también pone en riesgo la estabilidad económica de la región, ya que China no solo es el principal socio comercial, sino que controla la infraestructura estratégica de la región, lo cual determina la salida de las exportaciones y entrada de importaciones. Irónicamente, las herramientas de un país comunista son el control de los flujos monetarios.

Trump quiere reducir la brecha de 20 años de abandono de la región, con tarifas, sanciones y amenaza del uso de la fuerza. El nuevo presidente tiene razón en que la presencia de China en América Latina, África y Asia podrían reducir materias primas estratégicas como el litio, minerales preciosos y tierra arable para productos agropecuarios, tanto para EEUU como para la región.

Pero la estrategia de Trump es equivocada: debería copiar y mejorar la oferta de Pekín, con mayores coinversiones y préstamos para mejorar la infraestructura en la región, y crear trabajos para reducir los incentivos de migración; de lo contrario, puede convertir a la región en un campo de batalla económico que solo desplazaría más migrantes a EEUU. 

Hoy la ventaja la tiene China y Washington debe buscar opciones integrales a largo plazo. El corredor interoceánico ubicado en el istmo de Tehuantepec en México puede ser un contrapeso al canal de Panamá, pero necesita carga e inversiones, que podría facilitar la Administración de Trump. Para ello, necesita funcionarios que puedan sumar las iniciativas gubernamentales con empresas privadas y con una cartera de préstamos para contener la ola china.

En México, la inversión de empresas chinas en 2023 fue de 5.300 millones de dólares, con presencia en el sector de telecomunicaciones e infraestructuras. TikTok se estima que tiene más de 105 millones de usuarios en Brasil y 77 millones en México, dos de sus mayores mercados. Las empresas chinas conocen nuestros gustos y costumbres, y controlan las infraestructuras física y digital.

DM

Nicolás Maduro, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), asumió este viernes su tercer mandato consecutivo como presidente de Venezuela, tras ser declarado vencedor en las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024. El Consejo Nacional Electoral (CNE) le atribuyó el 51,95% de los votos, una cifra ampliamente cuestionada por la oposición y la comunidad internacional, quienes denuncian irregularidades graves en el proceso electoral.

Edmundo González Urrutia, líder opositor y principal rival electoral del actual mandatario, sostiene que los resultados fueron manipulados y asegura haber ganado con el 67,08% de los votos, según cifras recolectadas por observadores internacionales.

Desde su exilio en España, González Urrutia había convocado una toma de posesión simbólica para hoy mismo, en lo que describió como un acto de “resistencia democrática”.

Maduro llegó a la presidencia de Venezuela el 19 de abril de 2013, gracias a una designación especial como consecuencia de la muerte de Hugo Chávez —de quien era funcionario—, tras lo cual ese mismo año le ganó por muy estrecho margen los comicios a Henrique Capriles, quien no reconoció el resultado.

Hasta su llegada al poder venía siendo, desde 2006, el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. Trabajó como chofer de colectivos en Caracas y luego se convirtió en líder sindical. Su trayectoria política comenzó a partir del sindicalismo chavista.

La preparación para la jura del tercer mandato de Maduro, que se realizó al mediodía de Caracas (11 de Buenos Aires) ante un congreso (Asamblea Nacional) controlado por el partido gobernante, se llevó a cabo en un ambiente de máxima tensión dentro del país y de presión internacional. El jueves miles de venezolanos salieron a las calles en Caracas y otras ciudades para protestar contra la continuidad de Maduro. También hubo movilizaciones en otros países —entre ellos, la Argentina—, con cientos de miles personas congregadas con banderas de Venezuela.

Al término de la movilización en Caracas, la oposición denunció la detención temporal de María Corina Machado, una de las figuras más prominentes del antichavismo: su partido sostuvo que fue interceptada al salir de la marcha en el centro de Caracas y que fue liberada horas después.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró al respecto que si el Gobierno chavista hubiera decidido capturar a Machado, la opositora “ya estaría detenida”. Machado reapareció el jueves tras permanecer 133 días en la clandestinidad para encabezar la movilización en la víspera de la toma de posesión de Maduro.

El chavismo también movilizó a sus bases en la capital: durante toda la semana, se realizaron actos para respaldar a Maduro en las avenidas principales de Caracas, donde se instalaron campamentos y tarimas, en un intento de mostrar fuerza y cohesión ante el descontento popular local y de la diáspora venezolana, además de los crecientes cuestionamientos internacionales.

El inicio del nuevo mandato de Maduro provocó cierta división en la escena mundial: Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba, entre otros países, expresaron su apoyo incondicional al gobierno venezolano, pero democracias como las de Estados Unidos, Argentina, Canadá, Chile y Uruguay declararon que no le reconocerán la legitimidad como presidente reelegido de Venezuela. Varios jefes de Estado, como Pedro Sánchez o Gustavo Petro, habían confirmado que no asistirían a la toma de posesión.

La oposición y organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron represión y una ola de detenciones en las últimas semanas. El martes, la policía detuvo al yerno de González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado afirmó en sus redes sociales que fuerzas oficiales habían cercado la casa de su madre.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes al gobierno de Maduro de llevar a cabo una dura represión en los últimos meses, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Maduro aseguró esta semana que en los últimos meses han detenido a más de 150 personas extranjeras, que calificó como “mercenarios” por estar implicadas en conspirar para derrocar a su Gobierno.

En tal sentido, el miércoles insistió en calificar de “terrorista” al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde hace un mes en ese país, y dijo que al mantenerlo en esa situación “el Estado venezolano está ejerciendo su derecho a la legítima defensa”. Nahuel Gallo, gendarme argentino, fue detenido en Venezuela el 8 de diciembre de 2024 mientras intentaba ingresar a ese país desde Colombia para visitar a su esposa y su hijo. Desde entonces, es acusado de “terrorismo” por las autoridades venezolanas, quienes alegan que formaba parte de un grupo que planeaba actos subversivos. El presidente Milei condenó la detención, dijo que se trata de un “secuestro” y reclama su liberación inmediata.

La situación generó una creciente tensión diplomática entre la Argentina y Venezuela. El Gobierno argentino denunció la detención ante la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares debido al riesgo de daño irreparable a los derechos de Gallo. Además, la familia de Gallo no tuvo contacto con él desde su detención y no se sabe con certeza dónde está recluido.

Anoche, el presidente electo de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, reclamó que los opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González, a los que definió como “luchadores por la libertad”, “no deben ser lastimados y deben seguir seguros y vivos”. Todo un anticipo de lo que será el vínculo entre ambos países, con Maduro y Trump al frente de los gobiernos.

El chavismo se moviliza para disimular el aislamiento internacional

Para la jura de Maduro, el chavismo organizó el “Gran Congreso Internacional Antifascista”, que tenía como propósito reunir a delegados de más de 100 países, incluidos líderes de movimientos sociales y partidos de izquierda. Pero se hizo notar la ausencia de líderes clave en América Latina, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que evidencia el aislamiento creciente de Caracas en la región.

Por caso, el presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó este jueves que inclusive “desde la izquierda política”, según resaltó, “el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, tras ser informado de la detención de Machado.

En un comunicado conjunto emitido esta semana, varios gobiernos exigieron una auditoría independiente del proceso electoral antes de emitir un reconocimiento formal. Incluso países que históricamente mantuvieron relaciones cordiales con el chavismo, como México y Bolivia, evitaron tomar una postura definitiva.

El tercer mandato de Maduro comenzó en un contexto económico crítico. Para 2025 se espera una inflación del 70%, 20 puntos más que lo proyectado para finales de 2024. Además, aunque intentó diversificar la economía, Venezuela sigue dependiendo de la producción petrolera. El Producto Bruto Interno (PBI) del país podría crecer en torno del 2.5% en 2025, pero el alza esto estaría limitada por otros inconvnientes, como un sistema tributario represivo, servicios públicos deficientes y una falta de crédito bancario que afecta a la economía en general.

La diáspora venezolana, que ya supera los 8 millones de personas, continúa creciendo, con miles de ciudadanos cruzando diariamente las fronteras en busca de mejores oportunidades. La pobreza en Venezuela sigue siendo una de las más altas en América Latina. Según estimaciones recientes, más del 53% de la población vive en condiciones de pobreza extrema, lo que equivale a personas que perciben menos de US$1,25 al día. Las consecuencias incluyen altos índices de desnutrición, falta de acceso a educación y salud, y migración masiva. Es importante destacar que estas cifras son estimadas debido a la falta de datos oficiales por parte del gobierno venezolano desde 2015, lo que dificulta un análisis preciso de la situación actual.

Uno de los pilares del gobierno de Maduro es el respaldo incondicional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El control sobre los cuerpos de seguridad y las milicias populares es determinante para la estabilidad del régimen, incluso en los momentos de mayor presión interna y externa.

JJD

El Senado no debatió este jueves la ley que aumenta el presupuesto de las universidades públicas y la pateará una semana, pero el salario de sus docentes no frena su deterioro. Entre noviembre de 2023 y julio último, los profesores universitarios perdieron un 33,3% de su poder de compra, según calcularon investigadores de las universidades nacionales de San Martín (Unsam) y Río Negro (UNRN). La contracción también afecta al personal no docente.

¿Cómo fue que se devaluó tanto el sueldo del trabajador universitario? No hubo aumentos en diciembre ni en enero, meses con 25% y 20% de inflación. En febrero les subieron 6%, la mitad que el 13% del índice de precios al consumidor (IPC). En marzo, la remuneración apenas le ganó a los precios: 12% a 11%. En abril le empató en 8%. En mayo le ganó 9% a 4%, pero era sólo cuestión de recuperar algo de lo perdido. En junio quedó igualado en 4% y en julio la duplicó, 8% contra 4%, pero sigue siendo insuficiente.

La motosierra fiscal llevó a que se pusiera en duda el inicio de clases, pero en marzo el gobierno de Javier Milei giró dinero para cubrir gastos de funcionamiento de la infraestructura, como luz, gas y limpieza, pero no para actualizar los sueldos. En abril ocurrió la masiva marcha en todo el país, la única tan multitudinaria frente al ajuste de Milei, y al mes siguiente el Ejecutivo sólo reaccionó con una actualización de los giros para cubrir lo operativo.

Desde que comenzó el experimento libertario, la inflación ascendió al 114%, pero el salario promedio del sector privado, sólo 87%; el de los empleados públicos, el 62%; el de los trabajadores informales, el 49% y el de los universitarios, el 48%, según la investigación de la Unsam y la UNRN. Un profesor titular con dedicación exclusiva cobra si tiene 10 años de antigüedad $1,3 millones; un adjunto $1 millón y un ayudante, $713.000. Ganan mucho menos los que carecen de antigüedad, los de dedicación simple o semiexclusiva, como se aprecia en el cuadro adjunto. Además, los exclusivos son sólo el 10% del plantel, los semiexclusivos, el 20% y el resto, el 70%. Un no docente que recién empieza cobra $596.000.

Medido por en dólares financieros, los docentes universitarios argentinos de dedicación exclusiva son los que menos cobran de Latinoamérica: US$1.124. Los mejor remunerados son los brasileños (4.231), uruguayos (3.443) y costarricenses (3.338). Al fondo de la tabla, por arriba de los de la Argentina están los de Colombia (1.703) y los de Paraguay (1.870).

AR/JJD

Argentina posee el costo de vida más caro de la región e incluso de ciertos países de la Unión Europea en términos relativos, según un estudio del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Para ello, se tuvo en cuenta la capacidad para adquirir canastas de consumo y bienes y servicios con los salarios mínimos medidos en dólares para Argentina (tomado a tipo de cambio paralelo), algunos países de la región y de la Unión Europea.

Según los autores del estudio, “se logró así una comparación homogénea del costo de vida/adquisición de bienes y observar cuán caro es un país respecto a otro”.

Las unidades de medida se expresan de dos formas: (i) cantidad de salarios mínimos necesarios para comprar un bien, servicio o canasta de consumo y (ii) cuánto representa del salario mínimo una determinada canasta de consumo, bien o servicio.

La diferencia puede observarse principalmente con Brasil, segundo país más caro de la región, ya que en Argentina se necesita un salario más para adquirir una canasta de consumo básica y dos salarios mínimos más si se considera el alquiler.

Si se evalúa la posición de Argentina respecto a los países seleccionados de la Unión Europea, se puede concluir que la diferencia en costo de vida es aún mayor ya que, una persona requiere 2,5 salarios mínimos menos para acceder a una canasta de consumo básica y 3,5 salarios mínimos menos si se considera el alquiler de un monoambiente en la ciudad (Gráfico 1).

El costo de vida promedio de una persona en Argentina es de casi 5 salarios mínimos, señala el estudio. Si se descuenta el alquiler se reduce a 3 salarios mínimos.

Si se evalúa el costo de vida de una familia tipo (pareja con dos hijos) en Argentina, se necesitan más de 14 salarios mínimos para poder adquirir bienes y servicios básicos y pagar el alquiler de un departamento de tres ambientes en la ciudad.

Si se observan categorías específicas, se necesita más de un sueldo mínimo por mes para adquirir una canasta de alimentos de aproximadamente 2400 calorías diarias, un 70% de un salario mínimo para comprar un par de zapatillas Nike de gama media y un 0.55% de uno de estos salarios para comprar un litro de combustible.

La investigación destaca además que a partir del cambio de gobierno el 10 de diciembre del año pasado, “se llevaron adelante varias medidas de política cambiaria, entre las que se puede destacar una devaluación del 118% del tipo de cambio oficial y el establecimiento de micro devaluaciones del 2% mensual. Sin embargo, debido a la dinámica inflacionaria estas devaluaciones quedaron por debajo del ritmo de crecimiento de los precios, generando un encarecimiento de Argentina respecto al mundo (atraso cambiario)”.

Observando el costo de vida familiar, añade el texto, se puede concluir que este es sumamente elevado comparando con los países que siguen a Argentina (Brasil y Perú) necesitando aproximadamente 6 salarios básicos más que dichos países. Respecto a Europa, una familia tipo Argentina requiere, en promedio, 11 salarios mínimos más para comprar bienes y servicios básicos y alquilar (Gráfico 2).

Otro dato que revela el estudio es que en comparación con la región, en Argentina se requiere en promedio del doble de ingreso para adquirir una canasta de alimentos de 2.400 calorías diarias respecto a los países de la región, y casi cinco veces más de ingreso en promedio que en los países europeos para poder adquirir la misma canasta de bienes (Gráfico 3).

La investigación destaca que “es importante remarcar que Argentina se encuentra entre los 10 mayores productores mundiales de alimentos, por lo que los precios de estos dentro del país deberían ser bajos debido a la alta oferta, lo que no se observa si se compara en términos relativos los precios de los alimentos con otros países”.

Vestimenta y combustible

El estudio concluye que en Argentina también la vestimenta es cara en términos relativos, debido a que se necesita casi tres cuartos de un ingreso mínimo para comprar un par de zapatillas mientras que en los países de la región este producto equivale, en promedio, al 23% de un salario mínimo y menos de un 7% de un salario mínimo en los países de Europa.

Es así como Argentina sigue siendo el país más caro de la región y de los países europeos mencionados anteriormente en lo que respecta a la vestimenta (Gráfico 4). Esto en parte se debe a la protección que posee la industria textil con respecto a los productos importados.

Respecto del precio del combustible, en Argentina (U$D 0,90) es menor al precio promedio internacional (U$D 1,32) sin embargo, es caro respecto a la región y a países de Europa si se mide en términos de ingreso.

En Argentina y Perú se tiene que destinar mayor parte de un ingreso mínimo para adquirir un litro de gasolina (0.55% y 0.54% respectivamente) dicho valor se encuentra muy por encima del promedio de la región (0.33%) y de los países europeos (0,11%) (Gráfico 5).

CRM

La expresidenta Cristina Kirchner le pidió este sábado al gobierno de Nicolás Maduro por “el legado de Hugo Chávez” que “publique las actas” en medio de la controversia internacional por el resultado de las elecciones en Venezuela.

“De acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chavez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Eso es lo que tenemos que pedir”, afirmó la exmandataria al participar de un encuentro sobre la realidad política y electoral de América Latina en México. 

Cristina Kirchner participó hoy en México de un encuentro organizado por el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, la formación política fundada por el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

La aparición de la expresidenta argentina despertó mucha expectación, en medio de la controversia internacional por el resultado de las elecciones en Venezuela.

Tras la intervención de representantes de Morena, Cristina Fernández de Kirchner fue invitada a tomar la palabra para brindar una exposición que ofició como clausura del encuentro. 

Cristina comenzó saludando el triunfo de Claudia Sheinbaum en las recientes elecciones mexicanas y celebró que se dispusiera a continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador, “identificándose plenamente con ese modelo, resistiendo la tentación de creerse distinta o mejor, y entendiéndose como parte de un colectivo, que es la lección que todos tenemos que entender de la política y de la historia”, en lo que sonó como una referencia velada a Alberto Fernández.

Luego, se centró en un extenso análisis sobre las “utopías” que atravesaron a Latinoamérica a lo largo de la historia, desde las luchas por la independencia, a los movimientos por los derechos laborales y civiles, con referencia a los efectos de la Guerra Fría en nuestro continente. “Fuimos más exitosos en la lucha por la libertad que en las luchas por la igualdad”, sentenció.

Tras referirse las distintas dictaduras militares que gobernaron en la región durante los años 70, CFK agradeció a México por haber abierto las puertas a los exilados argentinos, y luego comenzó a analizar los efectos del neoliberalismo en los años 90 y, finalmente, la llegada de lo que se conoció como la “ola progresista” en América Latina, de la mano de Hugo Chávez, Lula Da Silva, Néstor Kircnher, Evo Morales y Rafael Correa.

“Contra esos dirigentes populares, en ese momento del mundo, ya no eran posible golpes de Estado, por lo que entró en juego otro actor que sirvió de herramienta para jaquear a los gobiernos nacionales y populares: los poderes judiciales”, afirmó. “La Justicia en Latinoamérica está copada por los poderes económicos y presionada por los medios”.

Cristina, estuvo acompañada en el evento por Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Mayra Mendoza.

DM/AB

Los dos hombres más ricos de Latinoamérica y el Caribe, los empresarios mexicanos Carlos Slim y Germán Larrea, acumulan más riqueza que la mitad más pobre de la región, es decir, un total de 334 millones de personas, según reveló un informe publicado este viernes por Oxfam.

En Latinoamérica y el Caribe hay 98 milmillonarios cuya riqueza acumulada es de US$480.000 millones, que es el equivalente de todo el PIB anual de Chile y Ecuador juntos y que evidencian que esta región es donde existe la mayor polarización entre la riqueza y la pobreza, según se lee en el informe 'Econonuestra: Es tiempo de una economía para todos y todas'.

“Lo que está jalonando esa profunda desigualdad es que cada vez hay una mayor concentración de riqueza en manos del 1% de la población versus la pobreza que está viviendo la población más pobre”, explicó a EFE la directora de influencia de Oxfam Colombia, Sandra Mojica, quien asegura que la región “está pasando por múltiples crisis que lo que han hecho es profundizar esa desigualdad y posicionarla como la zona de mayor desigualdad del mundo”.

Ricos más ricos y pobre más pobres

“América Latina y el Caribe es la región del mundo en la que existe una mayor polarización entre la riqueza que concentra el 1% más rico de la población y la que está en manos del 50% más pobre”, se lee en el informe que es presentado este viernes en el Festival Gabo de Bogotá.

Desde el 2000, el conjunto de las fortunas de estos magnates ha incrementado 368%, lo que significa que ha crecido seis veces más rápido que la economía de toda la región y a una velocidad de US$ 43,7 millones al día.

Es decir, “un trabajador con el salario mínimo promedio de la región tendría que trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario latino-caribeño promedio en un solo día”, ejemplifica el informe.

Sin embargo, la pobreza de la región en 2023 alcanzó a casi el 30% de la población, es decir a 183 millones de personas y la pobreza extrema alcanzó niveles superiores a los de 2010.

“Estos millonarios están concentrando la mayor cantidad de riqueza mientras que las personas más pobres no logran concentrar ni siquiera 1 dólar de 100 dólares de riqueza que se genera”, apunta Mojica.

Esto es posible, según el informe y como alega Mojica, porque “la mayoría de los sistemas fiscales de la región tomen medidas que favorecen a los más ricos y poderosos y no a la población”.

En la mayoría de los países millonarios y empresas hacen lobby para que “se tomen medidas que los favorezcan y que impiden que los Estados tengan autonomía para tomar otras medidas que beneficien a la población”.

Políticas para la redistribución

“No es que no se genere riqueza en la región, no es que no haya recursos en la región, es que la forma como se están redistribuyendo esos recursos en la región está generando estas profundas desigualdades”, subraya la directora de influencia.

Para cerrar la brecha de la desigualdad se necesitan “políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades interseccionales que prioricen los ingresos, el acceso a la salud y la educación”, apuesta Oxfam, lo que supone una “alta inversión pública en servicios universales que garanticen derechos básicos de forma igualitaria”.

En este sentido, los impuestos a las grandes fortunas en la región “podrían generar una recaudación adicional para el conjunto de la región de US$ 264.000 millones. Lo que equivale al 4% del PIB regional o al incremento de un 24% en la recaudación de los ingresos públicos de la región”.

Oxfam también propone promover la “justicia climática” que limite el cambio climático que afecta más a la población más pobre y excluida y además “impulsar políticas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados”, que históricamente han recaído en las mujeres que los han realizado de forma gratuita.

Qué es Oxfam

Oxfam Internacional fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes. Su objetivo era trabajar en conjunto para lograr un mayor impacto en la lucha mundial por reducir la pobreza y la injusticia.

El nombre “Oxfam” proviene del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxford Committee for Famine Relief), fundado en Gran Bretaña en 1942. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas se movilizó para que los barcos del bloque aliado llevaran provisiones de comida a las mujeres y niños de Grecia, país ocupado durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la guerra, Oxfam continuó su trabajo enviando materiales y ayuda económica a organizaciones que apoyaban a la población más pobre de Europa. Cuando la situación en Europa mejoró, la labor de Oxfam se centró en cubrir las necesidades de las personas en los países en desarrollo.

A día de hoy, trabaja en cerca de 70 países junto a miles de organizaciones socias y aliadas, así como con las comunidades, para salvar y proteger vidas en situaciones de emergencia, ayudar a las personas a recuperar sus medios de vida y luchar por un cambio sostenible y duradero. Ponen los derechos de las mujeres en el centro de todo lo que hacemos.

La confederación Oxfam está compuesta por 21 organizaciones que tienen sus sedes en: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Quebec, Sudáfrica, España, Turquía y Estados Unidos. Además, también cuenta con dos oficinas de relación con el público: una en Corea del Sur, otra en Suecia y una última en Argentina.  Su principal objetivo es sensibilizar a la población y captar fondos para financiar su trabajo.

EFE.

IG

La red social TikTok fue la principal fuente de información en América Latina, por encima de la televisión, de acuerdo con un informe realizado por Reuters Institute y la Universidad de Oxford.

Dentro del top 10 del ranking, Perú y Colombia ingresan al listado, mientras México y Argentina están entre los 30 primeros países que usan principalmente esa red social para informarse.

En el estudio sobre cómo se informan las personas en diferentes países y condiciones sociales a nivel mundial, se derrumban preconceptos, como que en las redes la gente no se interese por temas importantes, como los de derechos humanos, genocidios, dictaduras, entre otros, sino que demuestra que en realidad “lo que no quiere es ver televisión”.

La investigación desmiente que TikTok esté exclusivamente orientada a un público joven que sólo quiere contenidos cortos, sino que afirma al video como fuente cada vez más importante de noticias en línea, sí especialmente con preeminencia de los grupos más jóvenes.

Dos tercios (66%) de la muestra acceden a videos de noticias breves cada semana, mientras que los formatos más largos atraen a alrededor de la mitad (51%).

El principal lugar de consumo de videos de noticias son las plataformas en línea (72%) en lugar de los sitios web de los editores (22%), lo que aumenta los desafíos en torno a la monetización y la conexión.

El uso de noticias en las plataformas en línea se está fragmentando: ahora seis redes alcanzan al menos el 10% de nuestros encuestados, en comparación con solo dos hace una década.

Casi un tercio (31%) de la muestra global utiliza YouTube para las noticias cada semana, WhatsApp, alrededor de una quinta parte (21%), mientras que TikTok (13%) ha superado a Twitter (10%), ahora rebautizado como X, por primera vez.

Conforme a datos extraídos de We Are Social y Meltwater para el Global Digital Report 2024, y posteados por Olivan en Linkedin, actualmente hay en el mundo 5,5 mil millones de usuarios activos en redes sociales, lo que equivale al 62,3% de la población mundial; el internauta promedio pasa 192 horas mensuales en las redes (6,40 horas diarias), de las que 34 horas las dedica a Tik Tok y 28 a YouTube.

Y el hashtag más utilizado en Tik Tok fue hashtag#fyp alcanzando 55,5 mil millones de vistas.

La red social “preferida” por personas de entre 16 y 64 años es Instagram, respaldado por el 16.5% y la segunda, es WhatsApp con 16,1%.

A 20 años de su lanzamiento, Facebook incrementó su alcance publicitario global en más de 200 millones, con un crecimiento anual del 10.5%, mientras LinkedIn, Snap Inc., Wechat y Pinterest también mostraron un sólido crecimiento de usuarios de un año a otro.

Por otra parte, en 2023, el gasto en publicidad digital aumentó un 10% alcanzando los USD 720 mil millones.

El gasto en anuncios sociales subió un 9.3% con USD 207 mil millones, y la inversión en marketing de influencers creció un 17%.

Experiencias y dudas

Radicada en Londres e integrante del equipo de comunicación digital de BBC Mundo, además de mentora de WINN, la periodista mexicana Laura García fue convocada, en oportunidad de celebrarse el Día Mundial de las Redes Sociales a un webinar titulado “De Linkedin a TikTok, todo lo que quisiste saber”, organizado para la red mujeres periodistas WINN (Women in the news network), presidida por Gabriela Olivan.

La invitación respondió a la inquietud de que compartiera la experiencia que cosechó generando contenido periodístico de alto impacto para las redes de la cadena británica, con la finalidad de disipar las dudas que despierta el desafío de informar en nuevos canales, sin perder la credibilidad y profesionalismo que la sociedad espera.

En la disertación, aclaró que “todas las plataformas tienen una dinámica diferente, pero si hacemos contenido para el espacio, podremos conectar con gente que no nos sigue, pero que le interesa el tema publicado, entonces ya no es solo el algoritmo el que manda”.

Al considerar de vital importancia decidir dónde invertir nuestro tiempo y trabajo para optimizar resultados, compartió algunas estrategias para sus colegas que integran la red:

La experta señaló la importancia de mantener la percepción de autenticidad, que es netamente personal, de acuerdo al consumidor.

“En este espacio (TikTok) me acerco y dialogo en humano, no uso las palabras súper rimbombantes que a veces utilizamos en el periodismo hablado en español, que sería bien normal escribirlas en un texto y que lo leamos, pero que serían súper extrañas escuchar en una conversación con tus amigos. Y yo creo que esa es la clave, saber empaquetar estos temas súper pesados, súper heavy, o increíblemente light”, sintetizó.

La mentora de WINN afirmó: “Lo más importante siempre va a ser realizar nuestro trabajo a conciencia, con ética, profesionalismo y profundidad para seguir manteniendo o empezar a construir la credibilidad que queremos”.

Con información de agencias.

IG