Héctor Alberto Zabaleta cumplió 79 este mes. Es un contador de Villa Crespo que dice vivir de sus ahorros y jubilación, pero Italia y Brasil lo acusan de ser el responsable en el grupo Techint de ejecutar el pago de sobornos a nivel internacional en el negocio de la venta de tubos de acero, según los expedientes consultados por elDiarioAR en ambos países. 

Zabaleta ingresó formalmente a Techint cuando tenía 23 años y se recibió de contador mientras trabajaba para el padre de Paolo Rocca, Roberto. Desde entonces prestó sus servicios durante 47 años a la familia y empresas de la multinacional ítalo-argentina, según admitió él mismo ante la Justicia argentina. Manejó las cuentas bancarias y negocios personales de la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020), según los testigos que declararon en el juicio oral y público que lleva adelante el tribunal de la séptima sección penal de Milán, Italia.

En su alegato del martes último, la fiscal italiana Donata Costa solicitó que se condene a Paolo Rocca, CEO y presidente de la principal compañía del grupo -Tenaris-, a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de corrupción internacional, como reveló elDiarioAR. Pidió la misma pena para su hermano, Gianfelice Rocca, y su primo Roberto Bonatti, todos accionistas y directivos del máximo nivel de Techint en Argentina y el mundo. La sentencia se espera para el 26 de abril.

Además, Costa pidió a los jueces que multen a San Faustin, la sociedad matriz del grupo Techint, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público”, es decir, a Renato Duque, exgerente de Servicios de Petrobras en Brasil y receptor confeso de los pagos ilegales. El ex ejecutivo de la petrolera estatal brasileña dijo que a través de sobornos garantizó a Techint contratos directos sin licitaciones para la venta de tubos sin costura a Petrobras por más de 1.400 millones de euros entre 2009 y 2013. 

Costa no sólo describió las pruebas en contra de los accionistas y directivos de Techint por el presunto pago de sobornos. También explicó cómo los Rocca lograron mantener el control del grupo durante estos años a través de una compañía llamada San Faustin, que habría financiado el pago de esas coimas. 

Zabaleta cumplió un rol central en el manejo de esa sociedad: manejaba sus cuentas bancarias y las sociedades offshore vinculadas a San Faustin que permitían el movimiento de fondos entre países como Suiza, Panamá y Uruguay, afirmó la fiscal italiana. “Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos eran manejadas, según el testimonio de las empleadas suizas, por Héctor Alberto Zabaleta (llamado Ettore)”, sostuvo Costa ante el tribunal de Milán. elDiarioAR se comunicó con la defensa del contador en Buenos Aires pero la respuesta fue la misma que la de los voceros de Techint: “Sin comentarios”.

Zabaleta nunca admitió los hechos que se le imputan en Brasil e Italia y ante la Justicia argentina presentó un escrito en 2017 negando la comisión de ilícitos en cualquier país. En su último reporte anual, Tenaris informó a sus inversionistas que el abogado externo de la compañía analizó la investigación de la fiscalía italiana e informó a la junta directiva que no “presentan evidencia de participación de ninguno de los tres directores en la supuesta irregularidad”. 

Doble rol

Los directivos y accionistas de Techint que declararon en el juicio en Milán también aportaron información sobre la doble función de Zabaleta: por un lado, era el director de Administración del grupo; y por otro, manejaba negocios e inversiones privadas de los accionistas. Además, manejó hasta hace pocos años los campos e inversiones privadas de la familia en Buenos Aires. Figura junto a otros mencionados en el caso italiano en una treintena de sociedades anónimas de los Rocca.

Durante el juicio, Úrsula Gaizer, empleada de San Faustin desde hace 39 años, en las oficinas de Lugano, definió a Zabaleta como su “colega en Argentina” y lo identificó como “un contador con funciones puramente operativas”. Las empleadas de San Faustin y el gerente de la Banca Svizzera Italiana (BSI) abocado a las gestiones del grupo señalaron a Zabaleta como quien daba las órdenes de realizar las transferencias bancarias a Duque, que se realizaron a través de cuentas de sociedades uruguayas y panameñas controladas por San Faustin, la sociedad matriz del grupo.

En la sede de Techint en Buenos Aires, Zabaleta manejaba un piso con acceso restringido para el resto de los empleados del grupo, muy cerca del despacho de Paolo Rocca. Tenía secretarias y una caja fuerte y manejaba también “préstamos en negro a los ejecutivos de la empresa” para sus inversiones y gastos personales, como comprarse una casa o un auto.

Los fondos negros grupales le permiten realizar pagos corruptos sin una salida directa de las cuentas de la empresa del grupo.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Aunque sus oficinas principales estaban en la casa central de Techint en Buenos Aires,  Zabaleta figuró durante 42 años como empleado de una compañía radicada en Panamá, según declaró ante el juez Claudio Bonadio tras ser arrestado por el caso de los cuadernos. 

“Trabajé en el grupo Techint hasta hace dos años -dijo el 7 de agosto de 2018 durante su indagatoria-. Trabajé del 1° de abril de 1969 al 31 de marzo de 2011 Techint ENG CO Panamá (Techint Engineering Company INC), sucursal Buenos Aires. Entre el 1° de abril de 2011 y el 31 de agosto de 2016 estuve contratado por SADMA -otra compañía del grupo-. Vivo de mis ahorros y la jubilación”, aseguró Zabaleta entonces.

Ese mismo 7 de agosto de 2018, el apoderado de Techint, Horacio de las Carreras, se presentó ante el juzgado de Bonadio y entregó dos carpetas con el legajo de Zabaleta. También amplió la información sobre su rol oficial: “Es el representante legal de la sucursal TEING Buenos Aires”, dijo, en tiempo presente.

Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos eran manejadas, según el testimonio de las empleadas suizas, por Héctor Alberto Zabaleta (llamado Ettore).

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Andrea Bassetti, accionista de Techint y miembro de la familia extendida, declaró en el juicio italiano: “Ettore Zabaleta era un señor que trabajaba para, digamos, en el Grupo, no sé exactamente para qué empresa y para quién. Creo, se ocupaba, entre otras cosas, de un family office, de uno de gestión familiar, digamos, de problemas familiares etc”.

Bruno Marchettini, dirigente de Ternium, una de las siderúrgicas de Techint, dijo ante el tribunal de Milán que Zabaleta incluso le manejó la venta de un departamento de su propiedad pero que su función era “la gestión administrativa”. “No sé cómo definirlo”, dijo ante la pregunta de la fiscal Costa.

Mario Osvaldo Lalla, otro directivo de Techint, afirmó que el contador era el “gerente administrativo en Buenos Aires, ocupándose de unos costos que se manejaban centralmente” y que se encargaba del pago de dividendos a los accionistas.

Qué es San Faustin

Esta sociedad de Luxemburgo, con oficinas en la suiza italiana, en Lugano, es la madre de todo el grupo y va rotando su jurisdicción entre distintos territorios con baja o nula tributación. En febrero 2011, Tenaris anunció en un comunicado de prensa la mudanza de las sociedades que controlan a las grandes empresas de la multinacional. Techint Holdings S.àr.l. (Techint) transfirió su domicilio de las Islas Caimán a Luxemburgo; y San Faustin se mudó de Curazao a Luxemburgo.

San Faustin es al mismo tiempo controlada por los Rocca a través de una fundación privada holandesa: Rocca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin. Esta sociedad holandesa es la titular de las acciones en San Faustin con un número suficiente como para controlar a todo el grupo.

“San Faustin se puede resumir en dos familias: los fundadores y herederos de los fundadores que se pasan las acciones por linaje y altos funcionarios de Techint que recibieron opciones accionarias por su buen hacer en el Grupo”, describió la fiscal italiana en su alegato. Paolo Rocca es vicepresidente de San Faustin mientras que su hermano, Gianfelice Rocca, es el presidente de la junta de directores de la sociedad, y Roberto Bonatti, su presidente desde 2001.

A través de esta estructura, los Rocca se aseguran el control total, según explicó la fiscal Costa. Los accionistas -todos miembros de la familia extendida y muchos de los cuales no llevan el apellido Rocca- son libres de “vender sus acciones a quien quiera, pero, concretamente, esta posibilidad es difícil de lograr debido a la dificultad de establecer un precio que corresponda al efectivo valor de las acciones, que tienen un valor nominal de 20 dólares pero un valor real mucho mayor”, sostuvo la fiscal.

“Esta base accionarial restringida permite que las utilidades de las sociedades participadas se destinen parcialmente a la constitución de fondos negros administrados directamente por el holding, posibilitando así destinarlos a gastos que no pueden ser expuestos en los estados financieros de las sociedades participadas”, es decir de Tenaris y el resto de las empresas del grupo, dijo Costa en su alegato. Algunos de estos “gastos” no son rastreables ya que se realizan desde “cuentas corrientes no atribuibles a los propios destinatarios de los pagos”.

“Los fondos negros grupales le permiten realizar pagos corruptos sin una salida directa de las cuentas de la empresa del grupo que recibe la ventaja del funcionario público corrupto y, por lo tanto, es un pago muy difícil de rastrear”, alegó Costa quien expuso durante el juicio la documentación privada y bancaria secuestrada por las autoridades de Suiza y Luxemburgo que expuso que las cuentas y sociedades que se usaron para enviar dinero al brasileño Duque eran controladas por Zabaleta y otros hombres de la mayor confianza de los Rocca en Buenos Aires y Uruguay.

Imposible de notificar

A diferencia de los hermanos Rocca y Bonatti, los tres italianos, Zabaleta nació en Argentina, lo que le garantiza el derecho de solicitar ser juzgado en su país. Sin embargo, existen procedimientos legales que sí le permiten ser investigado en otros países.

Durante su alegato, la fiscal Costa describió el rol de Zabaleta en el supuesto pago de sobornos y enumeró los testimonios y documentos bancarios para acreditarlo, pero explicó que la Justicia italiana no pudo juzgarlo en este juicio a pesar de las pruebas en su contra debido a que Argentina se negó a notificar al contador del inicio del proceso judicial, un paso ineludible para juzgarlo en Italia. 

Exactamente lo mismo sucede en Brasil. Desde hace un año y medio, el juez federal de Curitiba Luiz Antonio Bonat intenta que los tribunales de Comodoro Py notifiquen a Zabaleta de una causa en su contra por el pago de presuntos sobornos a Duque. En ese expediente, están siendo juzgados exdirectivos de Techint en Brasil y un ex representante comercial del grupo en ese país, acusado de ser el intermediario con Duque. Duque ya fue condenado tras admitir las coimas. 

A finales de 2021, el juez brasileño debió desmembrar el expediente contra Techint ante la negativa de la Justicia argentina de notificar a Zabaleta que debía presentar abogados y comparecer ante el juzgado de Curitiba. Dividió la causa en dos para poder avanzar contra el resto de los acusados, según consta en el expediente consultado.

Tanto Italia como Brasil realizaron distintos pedidos de colaboración a los tribunales argentinos para notificar al contador de confianza de los Rocca pero en ambos casos la respuesta fue la misma: en la fiscalía de Eduardo Taiano existe un expediente contra Zabaleta por los mismos hechos y tanto la defensa como la fiscalía sostienen que el contador no puede ser juzgado por los mismos hechos en más de un caso.

Otro acusado del juicio en Italia no pudo ser juzgado por la misma razón, pero el procedimiento fue completamente opuesto. En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años.

Las autoridades brasileñas colaboraron con los italianos para notificar a Sodre Neto; el acusado presentó su defensa planteando que ya estaba siendo juzgado en Brasil por los mismos hechos y así se consideró. 

En el caso que se juzga en Brasil, la frustrada notificación a Zabaleta ya pasó por tres jueces de primera instancia. Desde octubre, interviene Daniel Rafecas, quien ordenó notificar al exejecutivo de Techint pero recibió una contraorden de la Cámara Federal porteña, según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El expediente en Brasil contra el contador quedó congelado, según consta en las actuaciones a las que accedió este medio.

Ettore Zabaleta era un señor que trabajaba para, digamos, en el Grupo, no sé exactamente para qué empresa y para quién. Creo, se ocupaba, entre otras cosas, de un family office, de uno de gestión familiar, digamos, de problemas familiares, etc.

Andrea Bassetti — Accionista del grupo Techint.

Un conocido en Py

Zabaleta ya había aparecido en 2007 vinculado al caso Skanska, uno de los primeros grandes casos de acusación de corrupción del primer gobierno kirchnerista. En el marco de la investigación contra la constructora sueca, el ejecutivo de los Rocca aparece mencionado como el supuesto responsable de ejecutar el pago de coimas a funcionarios de La Pampa para garantizarle a Techint, entonces asociada a Skanska, el contrato de un acueducto del Río Colorado. Ningún responsable de Techint fue juzgado por este caso.

En un audio de 90 minutos, un auditor interno de Skanska Claudio Corrizo dialoga con el entonces gerente comercial de la constructora sueca, Javier Azcárate. La grabación de esa conversación fue encontrada durante un allanamiento a la sede de Skanska en 2007. La transcripción de la conversación es la siguiente: “Corrizo y Azcárate conversan sobre las operaciones en La Pampa, donde participó el Grupo Techint juntando el dinero para el pago de sobornos, según los propios dichos de Azcárate: los encargados eran Carlos Bacher (CEO de Techint Ingeniería) y Héctor Zabaleta (director financiero del holding). Explica que era indistinto que el dinero para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de La Pampa (”la valija“) lo lleve Techint o lo lleve Skanska”, según consta en el expediente.

La única vez que Zabaleta fue citado a rendir explicaciones fue en agosto de 2018, en el marco del caso cuadernos. El juez Claudio Bonadio ordenó su detención, ya que el contador aparecía en los cuadernos del chofer Oscar Centeno realizando varios pagos al entonces funcionario Roberto Baratta, quien siempre negó las acusaciones.

Tras pasar una noche detenido, Zabaleta fue llevado ante el juez. Escuchó la imputación en su contra y se negó a declarar. 

Pero más tarde, ese día, volvió a presentarse como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli. En el expediente de los cuadernos, consultado por este medio, no está claro quién se arrepintió primero pero ese mismo 7 de agosto de 2018 Luis Betnaza, director de Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de Desarrollo Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), se presentó de manera espontánea tras conocer la detención de Zabaleta y pidió declarar como testigo. Admitió haber ordenado a Zabaleta que efectuara los pagos a Baratta. 

Betnaza fue citado a indagatoria al admitir la comisión de un delito. Horas más tarde volvió a presentarse en los tribunales y declaró como arrepentido. Sostuvo la versión del grupo: que los Rocca no sabían nada sobre los pagos ilegales al kirchnerismo; que sólo él y Zabaleta estaban al tanto; y que todo se hizo en pos de salvar a Sidor en la Venezuela de Hugo Chávez.

Zabaleta había dado una versión diferente. “Siempre antes de cada entrega, Baratta me llamaba por teléfono, posiblemente alguno de los dos teléfonos que mencioné y todas las veces me exigía dólares. Me decía que los pesos no les servían. Me profería distintas amenazas como cortarnos el gas o importar tubos de China diciéndome: ‘Ahora vas a ver dónde te vas a meter los tubos que tenés en Campana’”.

“Siempre fui yo el que entregaba el dinero a Baratta. Estimo que entre todas las entregas fueron 15 o 20 millones de pesos en total. Recuerdo que en una de las últimas veces Baratta me dijo ‘acordate que nunca me diste dólares’. Luego de la última entrega, nunca más lo vi a Baratta. Los motivos por los cuales no continuaron las entregas lo desconozco”, dijo.

Betnaza dijo ante la Justicia que los Rocca no sabían nada -lo mismo sostuvo Paolo Rocca cuando fue indagado por Bonadio y Stornelli- pero que el dinero de las coimas había salido de los dividendos de los accionistas. Es decir que, según Betnaza, Zabaleta sacó plata de las ganancias que debían entregarse a los accionistas para dársela a Baratta y nadie lo notó. Con esta afirmación, Betnaza buscó despegar a las compañías y a los accionistas, pero también evitar acusaciones de fraude a los inversionistas del grupo.

Paolo Rocca fue indagado por Bonadio y luego el expediente atravesó idas y vueltas en distintas instancias. En 2021, Zabaleta, Betnaza y el CEO fueron sobreseídos de cargo y culpa. Los pagos ilegales se atribuyeron en un “estado de necesidad”.

ED/CC

La Justicia argentina fue señalada este martes en un tribunal de Milán, Italia, por no haber colaborado eficazmente con los fiscales que investigaron a Techint y a sus accionistas Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti por presunta corrupción internacional, según sostuvo la fiscal Donata Costa ante tres jueces de la séptima seccional penal de dicha ciudad en el norte italiano.

Los empresarios son juzgados por el supuesto pago de sobornos al exgerente de Servicio de Petrobras Renato Duque, quien admitió haber recibido pagos ilegales para favorecer a la multinacional ítalo-argentina en Brasil con contratos directos de tubos de acero sin costura.  

Durante su alegato del martes, la fiscal Costa repasó las pruebas obtenidas gracias a la colaboración de varios países (Suiza, Brasil, Estados Unidos, Luxemburgo y Panamá) pero sostuvo: “En Argentina no se adquirieron documentos útiles: según trascendió durante el juicio, de hecho, la cooperación no fue efectiva y los allanamientos realizados fueron anunciados a la parte -es decir a Techint-, lo que resultó en la inutilidad de la investigación”, según pudo reconstruir elDiarioAR.

En los pagos han intervenido, según sostuvo este martes la fiscal Costa, hombres de extrema confianza de los Rocca y Bonatti que ni siquiera actuaban físicamente en Brasil sino en distintos puntos neurálgicos del grupo -Buenos Aires, Montevideo y Lugano, Suiza-, lo que demostraría la responsabilidad de los directivos y accionistas acusados y no un plan de ejecutivos brasileños que “se cortaron solos”.

Son varias las evidencias que conducían a la fiscal italiana hacia Argentina. En 2017, casi cuatro años antes del juicio oral y público que se lleva adelante en Milán contra los hermanos Rocca, Bonatti y la sociedad holding del grupo Techint, San Faustin, Costa y sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma acudieron a las autoridades argentinas para solicitar que allanaran las oficinas centrales de Techint en Buenos Aires, interrogaran a los sospechosos y en particular al argentino Héctor Zabaleta, exgerente de Administración de la multinacional.

Sin embargo, en Comodoro Py rechazaron en un principio ejecutar las medidas solicitadas por los italianos en septiembre de 2017 y pidieron más detalles sobre las pruebas. Realizaron los allanamientos nueve meses más tarde, en junio de 2018. Para entonces los abogados de Techint ya estaban al tanto del pedido de Milán y había trascendido una discusión entre el fiscal italiano De Pasquale y su par argentino Eduardo Taiano por la supuesta reticencia local para ir en busca de las pruebas solicitadas por los fiscales milaneses. Zabaleta, por ejemplo, nunca fue citado ni interrogado por el fiscal Taiano, según resaltó Costa en su alegato.

Zabaleta es uno de los hombres que controlaba las cuentas de las offshore utilizadas para transferir los pagos ilegales a Duque y es sindicado en la investigación italiana como el responsable de la “caja 2” de Techint. Por ejemplo, el primer pago a Duque fue por US$500.000, el 26 de septiembre de 2009, y fue realizado a través de la offshore Sociedad de Emprendimiento Siderúrgico y la orden fue firmada por Zabaleta, que tenía sus oficinas muy cerca de las de Paolo Rocca, en el edificio de Techint en Retiro. También la firmó Umberto Bocchini, histórico ejecutivo italiano del grupo. 

En Argentina no se adquirieron documentos útiles: según trascendió durante el juicio, de hecho, la cooperación no fue efectiva y los allanamientos realizados fueron anunciados a la parte.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

“Las autoridades argentinas se negaron a interrogarlo -a Zabaleta- mediante comisión rogatoria -pedido de colaboración-, alegando un posible ne bis in idem -cosa juzgada- ya que Zabaleta está siendo investigado por los mismos hechos también en Argentina. Hasta la fecha no se ha iniciado ningún juicio en su contra en Argentina, y las autoridades argentinas no han colaborado para que sea juzgado en Brasil o en Italia donde se le acusa”, dijo Costa. 

Más de un año después del pedido de colaboración de los fiscales italianos, “el 18 de diciembre de 2018, la Autoridad Judicial Argentina dictó auto de archivo del procedimiento rogatorio internacional iniciado por el Ministerio Público de Milán con solicitud de auxilio judicial en septiembre de 2017”, dijo Costa ante el tribunal. Por esta razón, Zabaleta no está en la lista de imputados del juicio que llegará a su fin el 26 de abril próximo, ya que las autoridades de Italia no pudieron interrogarlo ni notificarlo de la acusación en su contra. “El fiscal a cargo de ejecutar la rogatoria, doctor Taiano, devolvió el expediente al Juzgado con dictamen remitiéndolo a la autoridad requirente con ejecución parcial”, aseguró Costa. 

En la fiscalía de Taiano sostienen que la decisión se debió a que mantienen una causa abierta por los mismos hechos contra el contador de Techint y que este no puede ser juzgado por el mismo caso dos veces. Sobre los allanamientos, respondieron: “Es una locura (el planteo de la fiscal Costa), se hizo todo bien, con orden de presentación en presencia de las autoridades del juzgado (federal número 9, de Luis Rodríguez) y de la fiscalía. Taiano estuvo en el allanamiento con su secretaria y el secretario del juzgado, y se obtuvo toda la documentación que se buscó. Inclusive nos llevamos discos rígidos de la empresa e incluso el de Paolo Rocca. Se hizo en varios edificios y está faltando a la verdad”.

Esos documentos solicitados en septiembre de 2017 y obtenidos en junio de 2018 “no fueron útiles”, según resaltó la fiscal Costa en su alegato, porque la empresa ya sabía que iba a ser allanada, afirmó. La Nación y Perfil habían publicado incluso la discusión entre los fiscales de ambos países por la demora en ejecutar los allanamientos. Cuando las autoridades argentinas llegaron al edificio de Techint en Retiro solicitaron acceso a la computadora y correos electrónicos de Zabaleta y la respuesta de la empresa fue que habían borrado todo -el ejecutivo ya estaba retirado- y que sus e-mails eran “irrecuperables”. También habían desmantelado su oficina y reformado el piso que ocupaba el entonces director de Administración, según informaron fuentes directas del allanamiento.

Desde hace un año y medio, la Justicia de Brasil intenta citar al mismo exdirector de Administración de Techint por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero en Comodoro Py aún no lo notifican ya que su defensa sostuvo que no puede ser juzgado en Curitiba y Buenos Aires por los mismos hecho. Zabaleta es argentino y pidió ser juzgado en su país, algo con lo que concuerda la fiscalía de Taiano. 

La dilación de la Justicia argentina para notificar a Zabaleta obligó al juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a desmembrar la causa contra la multinacional y uno de los fiscales del equipo Lava Jato planteó que las autoridades argentinas estarían poniendo una “excusa” para evitar la citación del exejecutivo del grupo que lidera Paolo Rocca, según los documentos que consta en el expediente de Brasil y la transcripción de una audiencia del 25 de agosto último.

El contador

Luego de ordenar con nombre y apellido la primera transferencia para Duque, los otros 19 pagos fueron ordenados por dos empleadas de Techint en las oficinas de San Faustin en Lugano, Suiza. Ambas, Anna Giorgetti y Zeljka Brasnjic, declararon durante el juicio que recibían órdenes directamente de Zabaleta, quien las realizaba desde Buenos Aires y que también solía viajar a Suiza. Lo definieron como un boss della Techint Argentina o “un jefe de Techint en Argentina”.

Durante el juicio, Duque reveló que los pagos de Techint habían comenzado antes de 2009 y que había recibido “sobornos” en otra cuenta suiza a nombre de otra sociedad: Blue Note. “En 2008 eran pagos esporádicos, puntuales. En 2009, se convirtió en algo sistemático”, dijo el exgerente de Petrobras. Los fiscales de Milán habían sospechado esto durante la investigación en base a información obtenida en Panamá sobre esta offshore, según dijo la fiscal en su alegato. 

“La constitución de este tipo de fondos negros es posible gracias a que el grupo Techint, a pesar de ser un grupo multinacional con una facturación increíble y formado por empresas que cotizan en las bolsas de valores más importantes del mundo, sigue siendo un grupo con una pequeña base accionarial, tanto que puede considerarse un grupo familiar”, afirmó la fiscal en su alegato.

Hasta la fecha no se ha iniciado ningún juicio en su contra en Argentina, y las autoridades argentinas no han colaborado para que sea juzgado en Brasil o en Italia donde se le acusa.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

Zabaleta no es el único hombre de Techint involucrado en el caso. Quienes aparecen en los documentos bancarios y como apoderados de las sociedades y cuentas utilizadas para manejar la “caja negra” son hombres de extrema confianza de la familia Rocca y Bonatti. Uno de ellos es abogado del grupo y representante legal de algunos de los accionistas en cuestiones personales: Fernando Mantilla, quien incluso actuó como protector de un fideicomiso de Elena Francisca Bonatti Rocca, hija de Roberto y accionista del grupo, como publicó elDiarioAR en el marco de Pandora Papers.

La fiscal Costa también identificó a Fernando Segundo Prado, otro colaborador de confianza de los Rocca, quien aparece como apoderado en los formularios bancarios suizos. Y Enrico Fabián Repetto Marino, uruguayo, cabeza de su estudio contable y jurídico en Montevideo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint. 

En una comunicación interna de la Banca Svizzera Italiana (BSI), el testigo Francisco Iranzo identificaba a Repetto Mariño como “cliente muy conocido en el banco” y “uno de los contadores de confianza del grupo multinacional Techint”. “Además de su trabajo diario, participa activamente en la búsqueda de contactos para el Grupo, y por tanto actúa como nexo entre vendedores y compradores de grandes volúmenes de material metalúrgico”, dice la carta interna del banco.

Zabaleta, Bocchini, Mantilla y Prado figuran en los directorios de unas 30 empresas que no forman parte del conglomerado Techint sino que fueron constituidas en Argentina por la familia Rocca-Bonatti como negocios personales, según surge de los datos públicos de las sociedades anónimas. Comparten incluso directorios con Paolo Rocca y Roberto Bonatti en estas compañías. Marman Financiera e Inmobiliaria; Quaterna SA; Steamline SRL; Inversora Perdriel; Rabarbaro SA; SA de Mandatos y Administración; Cocovi SA; Amandarion SA; Inversora Santa Catalina de Siena; FINMA SA; Inversiones Urbanas Nuevo Milenio; Inversora Villa María SA; La Laguna Rocha SA; Armege Agrícola Ganadera SA;  Naudistar SA, son algunas de ellas.

Ante la consulta de elDiarioAR, ni Techint ni sus accionistas, directivos y ejecutivos han querido comentar sobre las acusaciones en su contra. 

ED

Desde hace más de un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino. La dilación obligó al juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a desmembrar la causa contra la multinacional y uno de los fiscales del equipo Lava Jato planteó que las autoridades argentinas estarían poniendo una “excusa” para evitar la citación del exejecutivo del grupo que lidera Paolo Rocca, según los documentos que consta en el expediente de Brasil y la transcripción de una audiencia del 25 de agosto último a la que accedió elDiarioAR. 

El trámite está actualmente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, pero pasó por otros jueces. La magistrada aguarda información que la Justicia de Brasil habría enviado a Argentina vía Cancillería para evaluar si Brasil está garantizando el derecho de defensa del exdirectivo de Techint, explicó una fuente judicial del caso.

El contador Zabaleta, un hombre de extrema confianza de la familia Rocca, fue director de Administración del grupo Techint hasta 2011 y está acusado en Curitiba de haber participado en el pago de supuestas coimas a Renato De Souza Duque, exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012), según consta en el expediente al que accedió este medio. Zabaleta declinó hacer comentarios ante la consulta de este medio sobre las acusaciones en su contra. Techint, a través de sus voceros, también rechazó responder la consulta.

El caso

En el expediente de Brasil, Duque admitió el 25 de agosto último haber cobrado unos US$10 millones en pagos ilegales para garantizar a Techint contratos sin licitación con la petrolera brasileña y dijo que, según la información con la que contaba, los supuestos sobornos eran ordenados desde Argentina, como informa este domingo este medio.

En Brasil, Zabaleta es el único argentino acusado en el caso Techint. Los otros diez investigados son brasileños, varios de ellos, exejecutivos de Confab, la subsidiaria de Tenaris-Techint en Brasil, controlada por el grupo. Todos han nombrado abogados defensores y varios de ellos han contradecido las acusaciones de los fiscales brasileños, argumentando falta de pruebas. La denuncia por corrupción contra Zabaleta y otros acusados mayores de 70 años prescribió en Brasil -por una norma del país- y sólo podrá ser acusado por los supuestos delitos de lavado.

El 10 de septiembre último se cumplió un año desde que la Justicia de Brasil pidió que la Justicia argentina notifique a Zabaleta que está acusado en Curitiba, de acuerdo con el expediente del país vecino. Este paso es obligatorio para poder proceder con la investigación en su contra, ya que el argentino no puede ser juzgado en ausencia y debe fijar un abogado que garantice su derecho de defensa. 

Se solicitó al Ministerio Público argentino que colabore en la obtención de dicha información, con la prioridad que requiere la urgencia del caso.

Viajando por la nube

En los tribunales de Comodoro Py, el pedido de Brasil ya pasó por varios jueces, llegó a la Cámara Federal porteña y a la Cámara Federal de Casación. 

El 1° de octubre de 2020, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Eduardo Taiano y la defensa de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal Taiano argumentó que el avance de esta citación en el país vecino puede poner en riesgo una investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. Una fuente de la fiscalía dijo a elDiarioAR que la decisión no busca frenar la investigación de la Justicia brasileña sino velar porque se cumpla la ley argentina. El expediente local no tiene avances ni citaciones por el momento.

La defensa de Zabaleta, además, planteó en Comodoro Py que su cliente no puede ser juzgado en dos países por los mismos hechos y que al ser argentino, el exejecutivo tiene derecho a ser juzgado en su país.

El 10 de septiembre de 2020, Brasil otorgó un plazo de 10 días a Zabaleta para comparecer ante el juzgado de Curitiba, en el estado de Paraná. En junio de 2021, el juez Marcelo Martínez De Giorgi -entonces a cargo del trámite- respondió a Brasil que según la legislación argentina, la notificación debía ser con al menos 45 días de anticipación para presentarse ante la Justicia. 

La respuesta fue enviada en junio, pero no llegó a Brasil. Tampoco llegó a Buenos Aires la información sobre el proceso requerida por la Justicia argentina para evaluar si debe hacer lugar al pedido del juez de Curitiba de citar a Zabaleta. 

El 20 de agosto, el Procurador General de Brasil, Antonio Augusto Teixeira Diniz, informó al juez Bonat que la Secretaría de Cooperación Internacional que trabaja para los fiscales tenía la siguiente información: “La solicitud de referencia de cooperación aún no ha sido atendida por las autoridades argentinas”. El funcionario dijo que solicitaría nueva información al país. “Asimismo, le informo que se solicitó al Ministerio Público argentino que colabore en la obtención de dicha información, con la prioridad que requiere la urgencia del caso”. La urgencia se debía a las audiencias del 25 de agosto.

El 23 de agosto, ante la imposibilidad de notificar al exdirector de Administración de Techint en Argentina, el juez Bonat ordenó el desmembramiento de la acción penal para poder avanzar con las audiencias de testigos. El 25 de agosto debían declarar el colaborador Duque -quien ya fue condenado por corrupción- y otros testigos. De esta manera, el magistrado brasileño debió formar un expediente separado para Zabaleta, a la espera de la respuesta de Comodoro Py, según consta en el expediente al que accedió este medio.

El 25 de agosto, durante una de las audiencias de testigos en la causa, el fiscal del equipo Lava Jato que participó en los interrogatorios informó al juez Bonat que acababa de recibir por Whatsapp la respuesta de Comodoro Py, exigiendo que el acusado debe ser notificado con un plazo de al menos 45 días para presentarse en el expediente, tal cual establecen las normas argentinas. 

En medio de la audiencia, el fiscal expuso: “Recibí información de un colega de la Secretaría de Cooperación Internacional, en WhatsApp, a primeras horas de la tarde, de que las autoridades argentinas se habrían negado ahora a notificar a Zabaleta (si no se cumple) el plazo de menos de 45 días hasta la audiencia, según un oficio de junio que nos llega ahora”. “Bueno, más allá de lo que provoca este tipo de respuesta, considerando que lo enviamos hace más de un año, voy a pedir que se adjunte (la respuesta) al expediente desmembrado y pido a Vuestra Excelencia que fije una nueva audiencia, con la debida antelación, para que no exista tal excusa”, concluyó el fiscal en su planteo, según la transcripción de la audiencia.

ED

El exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012), Renato De Souza Duque, admitió el 25 de agosto último haber cobrado unos US$10 millones en pagos ilegales para garantizar a Techint contratos sin licitación con la petrolera brasileña. Duque declaró como colaborador el 25 de agosto último ante el juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, a cargo de las causas del Lava Jato que aún están en trámite en Brasil, según la transcripción de la audiencia a la que accedió elDiarioAR. 

Duque describió ante el juez y uno de los fiscales que intervienen en el expediente cómo le propusieron el acuerdo en 2008, cómo recibía los pagos a través de sociedades offshore y quién era su intermediario con la compañía de los Rocca. Además, afirmó que, según la información con la que contaba, los pagos se aprobaban desde Argentina. 

El colaborador explicó que su supuesto pacto con la compañía ítalo-argentina no fue por un contrato puntual sino que se trató de un arreglo sin fecha de vencimiento, una especie de contrato para garantizarle a Techint contratos multimillonarios con Petrobras sin licitación a lo largo de los años.

El único argentino acusado en el expediente es Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de administración del grupo Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de confianza de Paolo Rocca, presidente del holding. Zabaleta es acusado de haber participado en el pago de presuntos sobornos a Duque, según consta en el expediente. El abogado del argentino debía estar presente en la declaración de Duque y en otras testimoniales de dicha fecha pero desde hace más de un año, el juez y los fiscales del Lava Jato intentan que el argentino comparezca ante la Justicia brasileña, sin éxito. 

El trámite para notificar a Zabaleta de la acusación en su contra e informarle que debe nombrar un abogado defensor para que la investigación siga adelante en Brasil está demorado entre idas y vueltas en los tribunales de Comodoro Py 2002, una dilación que sólo ha beneficiado al exejecutivo de Techint, como reveló este medio en agosto.

La demora de los jueces y fiscales argentinos para ejecutar el exhorto del juez de Brasil ha generado tensiones y críticas de los fiscales brasileños que quedaron plasmadas en el expediente durante una de las audiencias del 25 de agosto. Uno de los fiscales brasileños llegó a decir que la dilación era una “excusa” de las autoridades argentinas.

Se habló de un límite de 0.5% (del valor monetario de los contratos garantizados), pero no era un número de ingeniero. Es simplemente un aproximado.

Renato De Souza Duque. — Exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012).

La presencia de un abogado defensor de Zabaleta era central en la audiencia en la que declaró Duque, entre otras que tuvieron lugar en la causa ese mismo 25 de agosto. Durante el interrogatorio a Duque, el fiscal del caso no pudo consultarlo explícitamente sobre Zabaleta porque el argentino ya no forma parte del expediente ni tenía presente a su abogado para garantizar su derecho de defensa. En la audiencia sí participaron abogados defensores de exejecutivos del grupo en Brasil, quienes niegan las acusaciones de presunta corrupción y lavado de dinero, y de otros acusados en el caso. 

Quién es

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

El exdirectivo de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en una investigación de tres fiscales de Milán. Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Zabaleta es uno de los acusados de gestionar pagos ilegales a Duque por unos US$10 millones.

En Argentina, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta. Lo declaró como imputado colaborador en la causa de los cuadernos en 2018. El ejecutivo fue sobreseído en agosto último por el juez Julián Ercolini.

elDiarioAR se comunicó con Zabaleta en las últimas semanas, pero el contador declinó hacer comentarios sobre las acusaciones en su contra. En Techint, la respuesta a la consulta sobre la causa en Brasil y el pedido de citación de un ex integrante de su directorio fue la misma: sin comentarios. 

En el pasado, la multinacional ítalo-argentina ha negado las acusaciones de presuntos sobornos en Brasil. En el caso de los cuadernos, Rocca sostuvo desconocer los pagos ilegales a Baratta (Baratta niega además haber sido sobornado por la compañía) y Luis Betnaza (director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de la UIA). Rocca y Betnaza también fueron sobreseídos en el caso de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Baratta fue procesado por supuestas dádivas. 

El acuerdo con Confab, propuesto por Benjamim Sodré, es que toda compra que no contara con la licitación internacional, sería objeto de una ventaja indebida.

Renato De Souza Duque. — Exdirector de Servicios de Petrobras (2003-2012).

Un acuerdo “paraguas”

Renato de Souza Duque fue director de Servicios de Petrobras entre 2003 y 2012. En 2017, fue condenado por el juez Sergio Moro por otros casos de sobornos en el marco del Lava Jato. Duque declaró como imputado colaborador en distintas oportunidades, entre ellas en 2017, cuando habló de Techint y Confab (subsidiaria de Tenaris controlada por el grupo ítalo-argentino en Brasil).

El 25 de agosto último, Duque debió declarar nuevamente como colaborador en el expediente contra Techint para ratificar sus dichos y ampliarlos, según la transcripción de la audiencia a la que accedió elDiarioAR. 

“Confab es un fabricante exclusivo de algunos tipos de tubos (de acero), un fabricante exclusivo en Brasil. Tiene competidores internacionales, pero en Brasil tiene la exclusividad de algunos tipos de tubos”, dijo Duque al inicio de su declaración. “En 2008, el señor Benjamin Sodré (entonces ”representante comercial de Confab“), de quien fui amigo por más de veinte años -amigo, pero nunca de ir a la casa, ¿no?, un amigo para salir a almorzar, tomar una copa-, Benjamin me propuso que si Petrobras continuaba negociando directamente con Confab para adquirir estos tubos que eran exclusivos de Confab en lugar de realizar una licitación internacional, yo tendría como contraparte, a cambio, un monto que ser pagado por Confab”, afirmó Duque.

“Se habló de un límite de 0.5% (del valor monetario de los contratos garantizados), pero no era un número de ingeniero. Es simplemente un aproximado”, agregó el ex directivo de Petrobras, quien aclaró que ya en 2008 comenzó a recibir algunos “depósitos como resultado” del acuerdo. También ratificó que su pacto no era coyuntural: a pesar de que las autoridades de Confab cambiaron en 2011, Duque siguió cobrando las coimas, según declaró.

El pacto propuesto a Duque estaba enmarcado en una política oficial de Petrobras que ayudó a darle credibilidad a la contratación directa a Techint, aseguró el colaborador. “El contenido nacional era un objetivo del directorio de Petrobras, en ese momento: aumentar el monto máximo de contenido nacional en los trabajos que realizaba Petrobras, lo cual era incluso una política de gobierno. En este contexto de incrementar el contenido nacional, yo, como director de servicio, propuse, y la junta de Petrobras aceptó, la negociación directa de estos tubos (con Confab-Techint), por ser fabricante nacional exclusivo”.

“Entonces, a partir de 2009, no hubo más acuerdos puntuales. Ya era un acuerdo paraguas, que ya englobaba cualquier contrato que no tuviera licitación internacional”, dijo Duque. Sólo en 2008, Duque recibió un millón de dólares, según declaró.  “El acuerdo con Confab, propuesto por Benjamim Sodré, es que toda compra que no contara con la licitación internacional, sería objeto de una ventaja indebida”, amplió Duque, quien dijo además que no llevaba control de los pagos ilegales y que no sabe si Techint cumplió plenamente con su acuerdo. 

Cada vez que tenía un pago, Benjamin (el representante comercial de Confab) obtenía la aprobación en Argentina.

Renato De Souza Duque — Exdirector de Servicios de Petrobras.

Cómo cobraba 

Duque dijo que quien se encargó de los arreglos, fue en principio su amigo e intermediario con la compañía, Benjamín Sodré. Duque abrió una sociedad en Brasil, Hayley SA, que estaba a nombre de un testaferro, quien se quedaba con el 10% de los pagos. También se abrió  otra sociedad del mismo nombre en Uruguay para triangular los pagos.

Hayley “se convirtió en la empresa para recibir todo el dinero que surja de estos contratos”, explicó Duque.

El primer millón de dólares lo recibió en 2008 desde otra offshore: Blue Note Business Corp., sostuvo. Sin embargo, Duque dijo conocer sólo la operación para cobrar los pagos ilegales, pero afirmó que desconocía cómo se montó la ingeniería de offshores y cuentas en Suiza para hacerle llegar el dinero negro.

“Simplemente pasé la factura a ser depositado por Benjamin Sodré y, a medida que se realizaba la operación”, aseguró Duque. Una vez que recibía el dinero en Brasil vía Uruguay, Hayley SA invertía en propiedades para blanquear el dinero de origen ilegal. “Toda la ganancia que se obtuviera sería 50% para cada uno (Duque y su testaferro a cargo de la sociedad)”. El abogado que gestionó la offshore -ya fallecido, dijo Duque- recibía además el 5% de los depósitos.

De dónde venía la plata

Además de la confesión de Duque, los fiscales de Brasil cuentan con la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint. Es la misma prueba con la que cuentan los fiscales de Italia en su causa. 

De acuerdo con los documentos bancarios entregados por las autoridades suizas, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos que llegaron a Hayley SA, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint desde Suiza, tras recibir órdenes de Zabaleta, según la acusación de los fiscales italianos.

Existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes.

Reporte semestral 2021 de Tenaris (Techint).

Quién daba la orden

“En su testimonio de 2017, dice que en realidad nunca tuvo contacto con nadie en Confab, en Argentina, pero en cierto momento, dice que sabía que el pago del soborno fue realizado por un funcionario de Confab en Argentina. ¿Cómo se enteró de que parte de este pago lo hizo alguien en Argentina?”, preguntó el fiscal a Duque durante la audiencia. “A través de João Bernardi” (el testaferro de Duque), respondió el colaborador. “Cada vez que tenía un pago, Benjamin (el representante comercial de Confab) obtenía la aprobación en Argentina. Entonces, João Bernardi me lo comunicó”, agregó.

Duque negó sobreprecios en los contratos pero admitió que el supuesto soborno evitó que Petrobras pudiera realizar una compulsa de precios internacionales para evaluar la mejor oferta para la petrolera. También dijo que no recibió pagos por los contratos que Confab sí ganó por licitación.

El exdirector de Servicios de Petrobras exculpó a sus subalternos durante su declaración y dijo haber sido el único receptor de pagos ilegales de Techint.

Marco Aurelio Da Rosa Ramos, quien recibía indicaciones de Duque, declaró como testigo en la causa el 25 de agosto. “Confab ganó varios de esos procesos (de licitación internacional) y perdió otros. Perdió con un fabricante inglés y contra uno griego”, dijo por citar dos ejemplos.

En su reporte semestral de 2021, Tenaris -principal compañía de Techint y fabricante de tubos de acero- afirmó a sus inversionistas: “Operamos a nivel mundial y realizamos negocios en ciertos países que se sabe que experimentan altos niveles de corrupción. Aunque estamos comprometidos a realizar negocios de manera legal y ética de acuerdo con los requisitos legales locales e internacionales y estándares aplicables a nuestro negocio, existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes”.

ED

Aunque está curtido por los años, Alberto Binder permanece todavía en estado de incredulidad. El sobreseimiento de Paolo Rocca y los directivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta que firmó el juez federal Julián Ercolini en la causa Cuadernos superó todos los antecedentes en la materia y confirmó que al poder económico no lo tocan las generales de la ley. Hace casi un mes, Ercolini benefició a la cúpula de la multinacional siderúrgica, todos arrepentidos confesos de haber pagado coimas durante el kirchnerismo. Lo hizo en el mismo fallo que confirmó el procesamiento del ex funcionario Roberto Baratta, con el argumento de que hicieron los pagos ilegales bajo “estado de necesidad” y con el objetivo de que el gobierno del Frente para la Victoria hiciera gestiones ante la Venezuela de Hugo Chávez en medio del proceso de expropiación de Sidor.

Profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la UBA y asesor técnico en los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, Binder prepara una presentación contra el fallo de Ercolini por considerarlo “cosa juzgada irrita”, producto del prevaricato. “Es una decisión totalmente inválida, nula, porque se dicta a sabiendas de que es una medida irregular”, dice. El presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) no sólo cuestiona al juez sino también a una serie de actores que avalaron a Ercolini: primero, el fiscal Carlos Stornelli y el ministerio Público Fiscal que sigue a cargo de Eduardo Casal porque no apelaron la medida; después, a la Unidad de Información Financiera, de Carlos Cruz, que lo hizo tarde y en forma incorrecta; finalmente, a los grandes medios de comunicación y a la oposición que suelen tener el tema de la corrupción como prioridad y en este caso hicieron un silencio abrumador.

Reapareció Paolo Rocca en el Día de la Industria planteando que la salida de la Argentina no es con planes ni con empleo público. ¿Qué impresión le genera?

Es muy sintomático. El empresariado argentino no tiene vergüenza en hablar de la decadencia pero muy rara vez se le va a escuchar una autocrítica por haberse aprovechado de un Estado prebendario. Se trata de una participación muy consciente y cómplice en un esquema de corrupción muy profundo. Más allá de que los Cuadernos fue una operación de inteligencia, por virtud, por negocio o por miedo decenas de los empresarios más poderosos de la Argentina han confesado ser parte de este esquema de la peor de las corrupciones. La Constitución de 1994 considera ese tipo de corrupción como un grave atentado a la democracia en su artículo 36. Rocca, Betnaza y Zabaleta estaban imputados por formar parte de una asociación ilícita.  ¿Qué significa esto? Que es un esquema organizado, no un acto puntual. Rocca es solamente una manifestación más de este problema estructural y yo creo que ha salido a la luz una pequeña porción de esta matriz corrupta del Estado. Con este empresariado que no tiene ningún pudor, no hay ninguna garantía de que esto no se vaya a repetir. 

¿Por qué piensa que Ercolini decide el sobreseimiento de Rocca, Betnaza y Zabaleta en el mismo fallo que confirma el procesamiento de Baratta?

Es posible que lo haya hecho porque nuestros jueces no toman decisiones fundadas en una interpretación razonada del Derecho sino en una arquitectura político-comunicacional. Hay un prevaricato muy claro, eso está pensado y es el resultado no solo de abogados sino de operadores político-judiciales. 

Usted sostiene que Rocca no podía no estar al tanto del pago de coimas.

No, por la magnitud de los negocios que tenía en Venezuela. Cuando Bonadio procesa a Rocca, a Betnaza y a Zabaleta, lo hace -a diferencia de otros casos- sin prisión preventiva. Al resto de los empresarios, los procesaba con prisión preventiva y eso forzaba mayores confesiones, después negociaban las prisiones preventivas como parte del esquema extorsivo que el mismo Stornelli había montado. A Rocca lo procesan sin prisión preventiva y Stornelli y Rívolo apelan en diciembre de 2018 y dicen que Rocca tenía que estar preso, que conocía todo, que los hechos estaban probados y que eran gravísimos. Ahora Ercolini procesa a Baratta y los exculpa a ellos con el argumento del estado de necesidad. Es increíble.

¿Por qué Ercolini falla de esa manera a favor de Techint? ¿Comodoro Py intenta dejar en claro su compromiso político con el poder económico? 

Hace años que vengo cuestionando a los jueces de instrucción de Comodoro Py. Comodoro Py se está reconfigurando para continuar con el mismo juego político. Hoy el comando de operaciones no está en la inteligencia pero los operadores siguen dando vueltas por ahí. La operación política sobre el poder judicial se ha restablecido. 

Se murió Bonadio, se murió Oyarbide, se jubiló Canicoba Corral y de la generación de jueces del menemismo sólo queda Servini...

Si, pero quedan los Ercolini, los Lijo y tantos otros impresentables.

Muchos de ellos son los jueces que nombró el primer kirchnerismo.

Va más allá de los gobiernos. Se van aggiornando. Pero en este caso cometieron el error de pretender salvar con un barniz académico, muy a lo Ercolini, una decisión escandalosa. El modelo Stiuso era potente porque era eficaz y poco pretencioso en sus formas. Esta segunda generación primero no es tan inteligente, segundo no tiene las habilidades del poder y tercero no maneja los resortes de inteligencia, pronto va a quedar muy claro el grotesco. Es una decisión obscena y torpe, muestra que han perdido la noción de realidad.

Van a hacer una presentación judicial contra el fallo de Ercolini. ¿Por qué hablan de cosa juzgada írrita? 

Porque se trata de una absolución que es nula porque está precedida de una conducta de prevaricato. Buscamos revertir la cosa juzgada de estos sobreseimientos, que son totalmente inválidos, nulos. Es una decisión que se dicta a sabiendas de que es una medida irregular.

¿Cómo lo decidieron?

La cosa juzgada es algo que hay que cuidar mucho. Yo no soy de los que piensan que cuando un caso no nos gusta tenemos que reabrirlo porque eso termina debilitando al poder judicial que queremos fortalecer. Pero existe la figura, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho uso y hay casos reconocidos en el derecho internacional y el derecho comparado cuando una decisión es producto de prevaricato, es decir, de dejar de lado dolosamente la ley con intención, entonces no se puede convalidar la cosa juzgada. Si vos sobornaste a una persona, esa persona por dar favores toma una decisión y produce cosa juzgada y ya no la podes tocar más, la cosa juzgada misma se vuelve un chiste. 

¿Cuándo van a hacer esa presentación?

Es inminente pero invitamos a sumarse a todos los que cuestionan el fallo. Lo primero que hay que hacer es restablecer los plazos de tal manera que vuelvan a apelar otras personas que no sean las que dejaron correr a propósito los plazos. Lo de Stornelli fue un silencio ruidoso. La UIF lo dejó pasar no se sabe si por descuido y después quiso hacer una jugarreta muy tonta porque va en contra de cualquier manual de Derecho Procesal Penal. Lo hizo para producir un efecto en la prensa pero la Cámara Federal tardó 30 segundos en desestimarla. 

Desde la UIF de Carlos Cruz sostienen que ellos hicieron una apelación.

Eso no es así. Ellos dejaron pasar el plazo. Acá hay cuatro decisiones distintas. Una lo procesa a Baratta, otra lo sobresee a Rocca, otra lo sobresee a Betnaza y otra a Zabaleta. Cada una de esas decisiones debe ser impugnada. Sin embargo, ninguno de los tres sobreseimientos fue impugnado por ninguno de los acusadores, ni la UIF ni Stornelli ni el ministerio Público Fiscal de Eduardo Casal. Obviamente el defensor de Baratta impugnó y pidió la revisión de su procesamiento. Lo único que hizo la UIF fue adherir al recurso del defensor de Baratta pero eso no servía para revocar el sobreseimiento de Rocca y los demás directivos de Techint. Eso que hizo la UIF, si un estudiante de Derecho te lo plantea, lo tenés que reprobar. La UIF tenía que apelar el sobreseimiento. 

Es difícil pensar que hubo ingenuidad en eso. Si no se apeló en tiempo y forma es porque la decisión de la UIF era convalidar el sobreseimiento de Ercolini.

No lo sé. Yo creo que hay desorientación porque se cree que la causa Cuadernos es solo una cuestión contra Cristina. Piensan que convalidar la impunidad para 40 empresarios corruptos es un mal menor frente a la necesidad de sacar la nulidad para Cristina, porque ni siquiera piensan en los otros funcionarios. Ese es el modo como razonan. 

Hace tres años, Cuadernos tuvo un grandísimo impacto porque no sólo involucraba al kirchnerismo sino a gran parte del establishment que había permanecido siempre intocable. Mirado desde hoy ¿Qué fue lo que se buscó con la causa? ¿Qué quedó?

La causa Cuadernos es información guardada en inteligencia, toscamente judicializable. Vino a confirmar algo que muchas veces denunciamos: estaban los servicios de inteligencia autonomizados y lo judicializaron de un modo muy torpe. Entregar cuadernos, quemarlos, armar una causa con fotocopias. Ahora por fuera de eso, que es una barbaridad, se montó una arquitectura para salvar a los empresarios. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha desaparecido, nadie sabe dónde está. Comenzó un operativo sofisticado de impunidad que va a tener el aval de los medios y de un sector importante de la Justicia, de los dos sectores porque quedaron embarrados profundamente para que queden liberados también los funcionarios y los políticos, salvo la entrega que va haber de unos poquitos al estilo María Julia. 

¿Qué falló en el diseño original para que aparecieran los empresarios involucrados en esta causa?  

Eso se vincula con otra cosa a nivel regional, que tiene que ver con el movimiento Odebrecht, que repartía tipo capo de la mafia a pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina no se dejó que una empresa hiciera lo mismo porque lo hacía el Estado. Esa cartelización de los negocios más rentables impedía que otras multinacionales entraran.

En Brasil, Marcelo Odebrecht estuvo preso dos años y medio. Ustedes cuestionan la impunidad de los empresarios corruptos. ¿Qué tipo de consecuencias tiene ese criterio?

Los que dominan la cartelización son los funcionarios públicos. Si el sistema económico quiere corromper la política, tiene posibilidades inmensas de hacerlo una y otra vez. Si naturalizamos el financiamiento ilegal de la política, no estamos atacando a la causa principal del problema: estamos atacando a los gerentes de turno. Se puede pensar que en el kirchnerismo hubo gerentes muy hábiles pero hay un problema estructural. El gobierno macrista también quiso gerenciar la corrupción. Los funcionarios pasan, el poder económico queda.

¿Cómo se explica el silencio general en un país donde la corrupción es un tema muchas veces central de la agenda?

Hagamos la lista. ¿Habló Carrió de esto? ¿Habló Ocaña? ¿Habló Olivetto? ¿Hablo Sabsay? Me refiero a las voces que se pasean en forma habitual por los medios. ¿Cuántos periodistas han hablado de esto? Dos o tres nada más. Esto es el poder económico. Alguna vez vamos a entender que atrás de todo esto hay un problema de plata. No hay ideología, no hay política, no hay nada, hay plata. Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. 

¿Por qué dice que el financiamiento de la política es el problema principal?

Hay tres tipos de corrupción: la de la policía, la del funcionario que junta plata para ponerse una empresita y la gran maquinaria que hay que atacar, donde se hace política y se gestiona el Estado, se ganan elecciones, se hacen alianzas. El financiamiento de la política no es solamente que llegó el día de la campaña y te pasan unos bolsos negros. Es todo un modelo donde se va gestionando el Estado y por eso todo es una gran caja de favores. La política se ha convertido en una especie de bazar donde se entregan cosas, vos me ayudas a que yo gane, vos me ayudas a que haga la alianza con este y hay empresarios que se mueven, Techint, Cristóbal López, Mindlin, el mismo Macri, que viene de eso. La Justicia forma parte de este esquema de favores porque ahí adentro también se hace lo mismo. Te asciendo, asciendo a los miembros de tu tribu, ¿Por qué duran años los concursos en el Consejo de la Magistratura? Ya llevamos un año desde la decisión de urgencia institucional de las vacantes de Bruglia y Bertuzzi. Pero no alcanza con la indignación sino con una acción como la que queremos hacer. 

¿Hay antecedentes de una presentación de este tipo?

Si hay varios. En el caso Skanska, se reabrió la causa. El gobierno anterior lo quería hacer y yo me opuse porque vuelvo a decir: creo que hay que ser prudente. Si no te abre la puerta a la persecución política permanente. Las cárceles del país están llenas de gente que está presa por razones reales de estado de necesidad. Vos sos pobre y le quisiste dar lo básico a tus hijos y te meten preso si tuviste un antecedente. Es un insulto que estos tipos hipermillonarios hablen de estado de necesidad y digan que tuvieron que salir a coimear a funcionarios de tercer nivel para que les arreglaran sus negocios en Venezuela. No sé cómo Ercolini puede durar un minuto después de un fallo así. Tendrían que hacerle un juicio académico además en la universidad. Dirige una maestría y es gente que no tiene aptitud moral para enseñar a los jóvenes abogados. Mientras el Consejo de Beliz lanza una discusión sobre la ética de la abogacía se permite y se guarda silencio sobre los casos más elementales de inmoralidad judicial. Nadie sale a decir nada. Ni la Asociación de Magistrados ni la asociación de fiscales. 

DG/WC

La Cámara Federal porteña rechazó este miércoles revisar los sobreseimientos del presidente del grupo Techint, Paolo Rocca, y de dos ejecutivos de la multinacional ítalo-argentina en la causa de los cuadernos de la corrupción, según el fallo al que accedió elDiarioAR. 

Rocca y dos de sus hombres de confianza, Luis Betnaza (director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de la UIA) y Héctor Zabaleta (exdirector de Administración del grupo) fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini el 10 de agosto último. 

Los sobreseimientos quedaron firmes ante la falta de apelación del fiscal Carlos Stornelli y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente, como informó este medio.

Sin embargo, luego de vencido el plazo para apelar el fallo, el organismo antilavado presentó un recurso especial para pedir que la Cámara Federal porteña revise de todas maneras el fallo y revoque los sobreseimientos.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron ese recurso especial -denominado apelación adhesiva- por “inadmisible”, debido a que no cumpliría con los requisitos técnicos, y sostuvieron que el organismo debería haber apelado el fallo de Ercolini en tiempo y forma. La UIF podrá recurrir ante la Cámara Federal de Casación para insistir con su recurso.

Rocca, Betnaza y Zabaleta habían sido investigados por presuntos sobornos a Roberto Baratta. Betnaza y Zabaleta habían admitido en la causa la entrega de ocho pagos por un total de un millón de dólares al entonces funcionario de Cristina Fernández de Kirchner, en 2008. Rocca siempre negó haber sabido del cohecho. 

El juez Ercolini entendió que los pagos ilegales fueron realizados en “estado de necesidad” y para “evitar un mal mayor”, y por esa razón dictó los sobreseimientos. Aún así, proceso por el delito de dádivas a Baratta por haber aceptado el dinero de Techint. Bruglia y Bertuzzi también rechazaron tratar la apelación de la defensa del exfuncionario, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes directas del expediente.

El destino supuesto de ese dinero era lograr que los Kirchner intercedieran ante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, frente a la tensión entre Sidor -empresa del grupo- y el gobierno venezolano, que avanzaba con la estatización de la compañía de los Rocca en 2008.

ED

El presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, y dos de sus directivos de confianza, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, cerraron su capítulo del caso de los cuadernos. Los sobreseimientos de los tres imputados por pagos ilegales de un millón de dólares al exfuncionario Roberto Baratta en 2008 quedaron firmes esta semana, luego de que el fiscal Carlos Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Julián Ercolini, según el escrito al que accedió elDiarioAR y la confirmación de fuentes judiciales de la causa. 

El grupo de los Rocca, que lidera el mercado de tubos de acero para la industria petrolera, tiene otros procesos abiertos por presuntas coimas sin muchos avances en los tribunales de Comodoro Py, pero sí tiene dos frentes judiciales activos en Italia y Brasil por las mismas acusaciones, como informó este medio el domingo último. Otras acusaciones contra el grupo de Rocca por supuestos pagos indebidos a funcionarios públicos van desde el caso Skanska hasta una licitación en Uzbekistán, en el Mar Caspio. Este último le valió una sanción millonaria en los Estados Unidos.

En 2018, los ejecutivos Betnaza y Zabaleta admitieron ante Stornelli y el juez Claudio Bonadio que el primero había ordenado ocho pagos a Baratta que el segundo director ejecutó en varias entregas, que incluyeron un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionarios en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro. Rocca, en cambio, declaró ante la Justicia que no conocía los pagos y que no se responsabilizaba por los hechos.

El daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños.

El juez Julián Ercolini entendió que Techint pagó un millón de dólares en dádivas y no en sobornos al entonces funcionario Baratta en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país. 

Baratta, quien al momento de recibir los pagos ilegales de Techint era mano derecha del entonces ministro Julio De Vido y hombre clave del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la relación con los empresarios, quedó procesado por el supuesto delito de dádivas por haber presuntamente exigido alrededor de un millón para mediar entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor. También se le dictó un embargo sobre sus bienes.

El abogado de Baratta, Alejandro Rúa, sí apeló el martes último el procesamiento de su cliente ante el juzgado de Ercolini por lo que el caso llegará nuevamente a la Cámara Federal porteña para su revisión, según el escrito que consta en la causa y la confirmación del defensor. Baratta niega las acusaciones, sostiene que Betnaza y Zabaleta mintieron sobre los pagos, que sólo tuvo reuniones de trabajo en la sede de Techint y que no tenía ninguna injerencia para intervenir por Sidor en Venezuela.

Al conceder el recurso de apelación de Baratta, el juez Ercolini -quien subroga este año el juzgado que dejó vacante Bonadio tras su muerte- también dejó asentado en el expediente que los sobreseimientos de Rocca, Betnaza y Zabaleta quedaron firmes.

Stornelli y la UIF tenían plazo hasta el martes último para apelar los sobreseimientos de los hombres de Techint e incluso también el procesamiento por dádivas de Baratta, ya que podrían haber alegado que se trató de un delito más grave: el de cohecho pasivo. Sin embargo, ninguno de los dos acusadores se presentó en el expediente.

Ante la consulta de elDiarioAR, el organismo antilavado dijo esta semana que los plazos estaban vencidos para proceder con una apelación pero que la UIF estaba estudiando los pasos a seguir en el caso y no daba por descartada una acción judicial. Stornelli no respondió las consultas de este medio.

Estado de necesidad

En 2018, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Héctor Zabaleta, quien aparecía en los registros de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del ministerio de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas.

Paolo Rocca — Presidente de Grupo Techint.

El exgerente de Administración de Techint, contador de confianza de los Rocca, declaró como arrepentido que había entregado un bolso y paquetes de dinero por un total de un millón de dólares a Baratta en 2008 a pedido del director corporativo del grupo, Betnaza.

Según la declaración de Betnaza como imputado colaborador en la causa, “Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos de los dividendos de los accionistas del grupo”. “Esto pasó por una cuestión humanitaria”, dijo el ejecutivo en su indagatoria. En las causas que tramitan en Brasil e Italia, Zabaleta es sindicado como un presunto gestor de pagos ilegales de Techint a nivel mundial.

A finales de 2018, Bonadio procesó a Paolo Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por el pago de sobornos. El fiscal Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo -quien ya no interviene en el expediente- llegó a pedir la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.

Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado sumados a los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación). 

Desde la Cámara Federal hasta la Casación, Techint y el resto de los acusados en este capítulo de los cuadernos -que algunas instancias incluyó fallos a favor de Fernández de Kirchner- fue favorecido con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito, hasta llegar a los sobreseimientos firmes de esta semana. 

“Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas”, declaró Rocca en la causa.

El presidente de Techint sí admitió que intercedió ante Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Dima Russeff para pedirles que mediaran con Chavez por el conflicto de Sidor. “Mi involucración en el tema fue la de mantener el contacto en máximo nivel con los países involucrados para contener la violencia, asegurar la incolumidad de nuestra gente, promover una retirada ordenada de la sociedad”, afirmó en el expediente.

En el último reporte semestral de Tenaris -la principal compañía del grupo- a sus inversores, la multinacional informó: “Operamos a nivel mundial y realizamos negocios en ciertos países que se sabe que experimentan altos niveles de corrupción”. “Aunque estamos comprometidos a realizar negocios de manera legal y ética de acuerdo con los requisitos legales locales e internacionales y estándares aplicables a nuestro negocio, existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes”, agregó la multinacional, “con el propósito de obtener o mantener negocios”. Techint declinó responder las últimas consultas de este medio.

Dádivas

El juez Ercolini entendió que la prueba en el expediente “no deja lugar a dudas” acerca de la existencia de los pagos ilegales “ejecutados por Zabaleta y ordenados por Betnaza”. Sin embargo, el juez concluyó “que los pagos efectuados por Zabaleta a Baratta habrían tenido origen en ese pedido de ayuda a las autoridades del gobierno” por el caso de Sidor en Venezuela.

“Su accionar habría tenido como única y forzada motivación: la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela”, afirmó el juez. “El daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños”.

Esto pasó por una cuestión humanitaria.

Luis Betnaza — directivo de Techint.

Los pagos indebidos a Baratta fueron la opción “menos lesiva” que tenía Techint “de todas las acciones que tenía a su alcance”, sostuvo el juez. El magistrado basó su decisión en los testimonios de cuatro ejecutivos de distintas empresas del grupo Techint, e-mails que relatan la situación de tensión en Venezuela y pruebas aportadas por la multinacional, como la contratación de la firma “Control Risk” para elaborar “un plan de emergencia para proteger la integridad física de sus dependientes y garantizar que puedan salir de Venezuela hacia Colombia”, que nunca se llegó a ejecutarse.

Baratta desmiente haber recibido pagos. Sin embargo, en el expediente, el ex funcionario Claudio Uberti declaró ante el fiscal Stornelli que él personalmente retiró entre cinco y seis coimas de Techint dirigidas a Néstor Kirchner en 2006. Esos dichos fueron negados por Betnaza en el expediente.

El caso sigue abierto. Ercolini ordenó a los ministerios de Relaciones Exteriores y Energía que informen si durante 2008 el Ejecutivo realizó gestiones formales a los efectos de tomar intervención en los hechos de violencia en Sidor. También pidió análisis de cruce de llamados

ED

La citación de la Justicia de Brasil a Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint y hombre de confianza de Paolo Rocca, por el presunto delito de lavado de dinero de la corrupción generó varios movimientos en los tribunales federales que todavía están pendientes de resolución, según informaron fuentes judiciales con acceso directo a la causa y documentos de los expedientes que tramitan tanto en Argentina como en los tribunales federales del país vecino. 

En el caso que toca directamente a la multinacional ítalo-argentina ya intervino la Cámara Federal porteña y ahora la Cámara Federal de Casación debe tramitar un planteo. Mientras tanto, la citación del contador de Techint en Brasil está suspendida por orden de la Justicia argentina a la espera de una nueva decisión. Zabaleta sólo debe responder por el presunto delito de lavado de dinero destinado a los supuestos sobornos, ya que los hechos por cohecho y corrupción fueron declarados prescriptos en junio último, según consta en el expediente brasileño. Ni el contador ni Techint respondieron las consultas de elDiarioAR. La compañía ha negado en el pasado las acusaciones.

Zabaleta está acusado de ejecutar desde Buenos Aires el supuesto pago de coimas por unos US$10 millones al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque -ya condenado-, entre 2008 y 2013. A cambio, Duque habría garantizado contratos por más de US$513 millones a la filial brasileña de Tenaris, compañía del grupo.

Tres expedientes, un caso

La investigación tramita en tres jurisdicciones distintas: en Milán, Italia; en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil; y en Comodoro Py 2002, Buenos Aires. Zabaleta ya había sido requerido por los fiscales del caso italiano en 2017, pero entonces la Justicia argentina tampoco tramitó ese pedido. Desde septiembre pasado, el juez brasileño Luiz Antonio Bonat busca citar al ejecutivo en su expediente, aún sin éxito, como reveló el domingo elDiarioAR. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen a Zabaleta haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países a las que accedió este medio.

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta fueron denunciados en Argentina en 2017.La causa recayó en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, pero está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. A pesar de que los mismo hechos se investigan en tres países diferentes, a diferencia de Brasil e Italia, en Argentina el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros. 

Citación suspendida

Techint viene acumulando buenas noticias y fallos a favor en la Justicia local. Rocca, Zabaleta y Luis Betnaza -director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina- fueron sobreseídos el martes 10 de agosto en la causa de los cuadernos, en el que también estaban acusados del pago de sobornos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. Zabaleta y Betnaza habían admitido los pagos ilegales. Rocca negó haber participado o conocido esos hechos. 

La llegada del exhorto de Brasil solicitando colaboración a la Justicia argentina para que intime a Zabaleta a presentarse ante el juzgado de Curitiba provocó un conflicto de competencia para decidir quién es el juez que deberá tramitar la solicitud del magistrado brasileño. La decisión quedó por ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. 

La citación de Zabaleta en Brasil fue suspendida a finales de diciembre por orden del juzgado federal 6, a pedido de la defensa del exejecutivo de Techint y tras un planteo del fiscal Taiano. 

En el corto plazo, el exejecutivo -quien se jubiló en 2011 pero siguió trabajando de manera particular para los Rocca- debe presentar abogado ante el juez brasileño para que la Justicia brasileña proceda con una serie de audiencias testimoniales en la causa en su contra, pero hasta la semana última Bonat no tenía confirmación de la Justicia argentina, según las últimas informaciones disponibles en el expediente digital.

Desde el 1° de octubre de 2020, el exhorto del juez brasileño parece una papa caliente. El pedido llegó a Comodoro Py vía Cancillería y se sorteó, como marca el procedimiento. Recayó en el juzgado federal número 6, momentáneamente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El fiscal Taiano planteó que el juzgado 6 debía hacerse a un lado y que el exhorto debería tramitar en la causa local en la que se investigan los mismo hechos que en Brasil. Ese expediente también está a cargo de Taiano y tramita en el juzgado federal número 9, de Luis Rodríguez. 

El fiscal argumentó que el avance de esta citación en el país vecino puede poner en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. Una fuente de la fiscalía dijo a elDiarioAR que la decisión no busca frenar la investigación de la Justicia brasileña sino velar porque se cumpla la ley argentina.

No existen razones objetivas que ameriten la pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el Juzgado pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el juzgado con el trámite de estas actuaciones.

Al conocer la existencia del exhorto, los abogados de Zabaleta coincidieron en que todo debía tramitar en el juzgado de Rodríguez, donde su defendido está acusado de los presuntos delitos de soborno transnacional y lavado por los mismos hechos que investiga Brasil, sólo que en Buenos Aires, Zabaleta nunca fue citado y no hay posibilidad próximos de que sea requerido en el expediente. 

Además, la defensa planteó que el contador del grupo de los Rocca no puede ser juzgado por los mismos hechos en dos expedientes distintos. Al ser argentino, Zabaleta puede solicitar ser juzgado en su país, donde sus abogados entienden que tiene mayores garantías, explicó una fuente directa del caso. 

Sin embargo, el juez Rodríguez se desmarcó del exhorto. Rechazó todos los planteos y se desentendió. Rodríguez sostuvo que no advertía “la necesidad u obligación de conectar este legajo que tiene un objeto sumamente concreto” (la citación de Zabaleta en Brasil) con su causa. Por lo tanto, el exhorto regresó al juzgado federal 6, pero la jueza Capuchetti ya había dicho que debía ser tramitado por el juzgado 9.

El caso terminó en la Cámara Federal porteña. El presidente del tribunal de apelaciones, Martín Irurzun, ordenó en diciembre que el exhorto siga su camino y se tramite por separado en el juzgado 6. “No existen razones objetivas que ameriten la pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el Juzgado pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el juzgado con el trámite de estas actuaciones”, afirmó Iruzun en su resolución.

Taiano y la defensa insistieron con sus planteos. Estos fueron rechazados nuevamente pero provocaron un hecho clave para Zabaleta: ante el conflicto, se ordenó suspender la citación de Brasil.

La citación del contador de Techint ahora está en manos de la jueza Capuchetti, pero la defensa de Zabaleta también se presentó ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación para solicitar la nulidad de la decisión de Irurzun. Ahora los camaristas del máximo tribunal penal deberán analizar si hacen lugar al planteo. 

ED

Desde hace casi un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia federal suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino y trabó una contienda con los brasileños, según confirmaron cinco fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR y documentos y fallos judiciales de Argentina y Brasil.  

En los tribunales federales, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca y sus hombres más cercanos tienen el camino despejado. La buena fortuna del gigante del acero se extiende a este y otros casos de presuntas coimas. Techint es blanco de al menos tres expedientes penales por presuntos sobornos. Por uno de esos casos, el de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, Rocca y dos de sus colaboradores históricos (Zabaleta y Luis Betnaza, actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina, UIA) fueron sobreseídos el martes último. 

Existen otros dos expedientes donde autoridades de Techint están formalmente acusadas del pago de sobornos transnacionales, ambos a exfuncionarios de Brasil, que supuestamente fueron ordenados desde Buenos Aires. Los avances han sido escasos, según confirmaron fuentes directas de ambas investigaciones y de las defensas. Sin embargo, Brasil avanzó en uno de estos casos y citó a Zabaleta, pero desde septiembre de 2020 la intimación al argentino está frenada. 

La facilidad de Techint para salir de aprietos judiciales en Comodoro Py 2002 se repite a pesar de las confesiones de sus ejecutivos (como en el caso de los cuadernos); de las pruebas documentales sobre el supuesto pago de coimas; las transferencias bancarias en Suiza; las declaraciones de arrepentidos en Brasil; las solicitudes de jueces y fiscales extranjeros; y dos avanzadas investigaciones en Milán y Curitiba, según pudo establecer elDiarioAR de la consulta a ocho fuentes judiciales, abogados de la compañía y expedientes. 

El administrador

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

Ese año, en el caso de los cuadernos, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta, pero fue sobreseído el martes por el juez Julián Ercolini. Baratta, en cambio, fue procesado por dádivas.

El contador de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en la investigación de tres fiscales de Milán y en una causa que tramita en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil, donde fue requerido para declarar por el juez Luis Antonio Bonat, aún sin éxito. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Los detalles de estos movimientos financieros fueron publicados por los medios L'Espresso de Milán, Poder 360 y Perfil en 2018. 

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta están denunciados en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez. La causa está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Pero a diferencia de Brasil e Italia, en Buenos Aires el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros.

No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama.

Inicios en Milán

Para llegar a la causa en Brasil primero hay que remontarse a Milán. Los primeros en investigar a Zabaleta fueron tres fiscales italianos, comandados por el procurador Fabio Di Pascuale, como informó Perfil en 2017. Aquel año, los milaneses -que intervienen porque la compañía cotiza en la bolsa de esa ciudad italiana y algunos de los acusados tienen residencia allí- identificaron a Zabaleta como uno de los ejecutivos de Techint que manejaba cuentas de sociedades offshore en la Banca Svizzera Italiana (BSI), con sede en Suiza, y que autorizaba pagos que terminaban en una sociedad de Renato De Souza Duque, gerente de Servicios de Petrobras. Esos pagos se ejecutaron entre 2009 y 2013, según la investigación. 

Los fondos salían de dos compañías uruguayas hacia Suiza y luego se transferían a sociedades offshore de Panamá y Uruguay, con cuentas en el mismo banco. Anna Maria Giorgetti, entonces empleada de Techint en Lugano, Suiza, era la encargada de ejecutar las órdenes de Zabaleta, según admitió ante los investigadores de Milán.

Tanto los milaneses como los brasileños obtuvieron de Suiza documentos bancarios que les permitieron corroborar que Zabaleta y otros ejecutivos de Techint eran los apoderados de las cuentas y de las offshore usadas como fachada para mover el dinero.

Duque, gerente de Servicios de Petrobras, le aseguró a Techint, Tenaris (compañía del grupo) y su filial brasileña (Confab) contratos por más de 2.700 millones de reales con la petrolera estatal, entre 2007 y 2010. Esa suma, actualmente, supera los US$513 millones. El negocio de la multinacional ítalo-argentina con Petrobras era la venta de tubos de acero especialmente fabricados para la industria del petróleo.

La investigación italiana provocó que Brasil también investigue los hechos. El 30 de junio de 2020, catorce fiscales de Curitiba denunciaron a Zabaleta y a otras diez personas vinculadas a Techint en Brasil por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. Determinaron en base a documentación de los bancos suizos, testimonio de arrepentidos y correos electrónicos que a cambio de garantizar esos contratos multimillonarios a Techint, Duque recibió supuestos sobornos por unos US$10 millones, entre 2009 y 2013, según la acusación de los fiscales brasileños a la que accedió este medio.

Zabaleta es señalado por los fiscales de Curitiba como el ejecutivo que comandó parte de la supuesta operación desde Buenos Aires y Suiza, a donde solía viajar: administró cuentas bancarias para los pagos ilegales y permitió que se montaran contratos falsos de “servicios de consultoría y asesoría comercial” con la sociedad Hayley SA -utilizada por el funcionario de Petrobras para recibir los fondos- y camuflar así la verdadera razón de las transferencias, según los fiscales de Brasil.

Tras la denuncia de los fiscales brasileños en 2020, el juez Luis Antonio Bonat, a cargo del juzgado federal 13 de Curitiba, ordenó citar a los once acusados, incluido Zabaleta. Al cierre de esta nota, el magistrado no había logrado que el exejecutivo de Techint se presentara ante la Justicia de Brasil.

Pedido de colaboración

Los intentos por lograr la citación de Zabaleta comenzaron el 31 de julio de 2020. El juez Bonat ordenó proceder con el pedido de colaboración a la Justicia argentina para lograr que Zabaleta se presente ante la Justicia brasileña, ya que el contador vive en Buenos Aires y es ciudadano argentino. 

El 10 de septiembre de 2020, Brasil envió el pedido de colaboración a Argentina, según los documentos que constan en el expediente brasileño. De acuerdo a la legislación de ese país, se le otorgó un plazo de 10 días para comparecer ante el juzgado, en el estado de Paraná.

El 1° de octubre, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Taiano y los abogados de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal argentino planteó que si la causa de Curitiba avanza, pondría en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. La diferencia entre la causa de Brasil y la de Argentina es que el país vecino avanzó mucho más y citó a Zabaleta mientras que en Buenos Aires sostienen que no hay pruebas en su contra, explicaron dos fuentes directas de la causa local.

La defensa de Zabaleta plantea que “los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos” y que por lo tanto, su cliente no puede ser juzgado en dos expedientes distintos por los mismos hechos, como garantiza la ley argentina. Al ser argentino, tiene garantías para pedir ser juzgado en su país.

En diciembre, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que se suspenda la declaración de Zabaleta en Brasil, “hasta tanto pueda contar con mayor información respecto de las eventuales consecuencias de su cumplimiento”. “No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama”, afirmó el magistrado.

En febrero, el juez brasileño respondió que el Tribunal Superior de Brasil (equivalente a la Corte Suprema) ya determinó que la existencia de un proceso penal en el extranjero no impide a la Justicia de Brasil avanzar en la investigación penal, salvo que ya exista una condena en Argentina por los mismo hechos contra el mismo acusado. También recalcó que no cuenta con ninguna información de la Justicia argentina sobre cuál es el objeto de la causa contra Techint.

Entre idas y vueltas, el colaborador de Rocca sigue en Argentina y nunca se presentó ante Bonat. Desde su domicilio, Zabaleta dijo a elDiarioAR que no tiene novedades sobre el caso en el país vecino y cortó la comunicación.

Ahora, el avance de la citación depende de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del juzgado federal 6 de manera momentánea. 

Prescripto

El tiempo también es un gran aliado del gigante del acero. El 17 de junio último, el juez de Curitiba declaró prescriptos parte de los delitos por los que debían responder Zabaleta y otros acusados en Brasil, según el escrito al que accedió este medio. 

Como el argentino y otros cuatro supuestos cómplices son mayores de 70 años, la ley brasileña habilita a reducirles a la mitad los plazos de prescripción. Para el delito de corrupción ese plazo es de hasta 20 años. Por esa razón el juez entendió que los fiscales tenían un plazo máximo de 10 años desde los hechos investigados para denunciar a los hombres de Techint.

Los fiscales plantearon que habían realizado la denuncia a tiempo, el 30 de junio de 2020, menos de 10 años antes de la firma de los contratos de finales de julio de 2010 que se montaron para camuflar el pago de las coimas al funcionario de Petrobras. Los pagos ilegales se registraron incluso hasta 2013, según las investigaciones de Italia y Brasil. 

Los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos.

Defensa de Zabaleta.

Sin embargo, el juez Bonat dio la razón a las defensas, que plantearon que debía tomarse como fecha de los hechos de corrupción la firma de los contratos entre Petrobras y la filial brasileña de Techint. El juez determinó que la denuncia debió haberse presentado casi un mes antes de la fecha en la que se presentó realmente.

Aún así, el magistrado brasileño dejó asentado que la causa sigue avanzando contra Zabaleta y el resto de los septuagenarios por el delito de lavado de dinero, que no está prescripto.

La causa local

En Argentina, la acusación contra Techint ya es conocida. Italia la envió en 2017 e incluyó todos los movimientos de cuentas y los nombres de ejecutivos de Techint involucrados, según corroboró elDiarioAR. En Techint, declinaron hacer comentarios sobre las causas y acusaciones ante la consulta de este medio. La compañía de los Rocca siempre negó el pago de sobornos a Duque. 

Tras recibir la información, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa impulsó la causa pero tras y venidas, fue corrida del caso. Quedó a cargo del fiscal Taiano y el juez Rodríguez, quienes consideran que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para avanzar contra Techint.

En el marco de este caso, no es la primera vez que Zabaleta se salva de comparecer ante fiscales extranjeros. Los fiscales italianos también solicitaron en 2017 que Zabaleta fuera citado a declarar como sospechoso, pero el fiscal Taiano rechazó la medida por considerar que no había pruebas para entregar al exejecutivo a los milaneses, según explicaron fuentes judiciales del caso y de la defensa. 

El 1° de noviembre de 2017, el jefe del equipo de fiscales de Milán, Fabio Di Pascuale, se apersonó en Comodoro Py 2002, aprovechando una visita protocolar, para exigir que la Justicia argentina haga efectivo su pedido de allanar Techint en busca de computadores y documentos. Fue recibido por la jueza de turno de entonces, María Servini, y los fiscales Taiano y Gerardo Pollicita, pero Di Pascuale nunca logró que autorizaran los procedimientos por supuesta falta de evidencia de los delitos. Se fue con las manos vacías. Recién en agosto de 2018, el juez Luis Rodríguez allanó la sede de Techint en Retiro.

El eje del caso en Curitiba y en Milán es la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint, según ambas investigaciones. De acuerdo con los documentos bancarios, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Cuando fue interrogada en Milán dijo que las órdenes de pagos las recibía de Zabaleta. Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para el gerente de Petrobras fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer.

Expediente Angra

El segundo caso por presunto sobornos transnacional contra Techint data de mayo de 2017 y tramita en el juzgado federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos. Se inició por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en base a información aportada por Brasil.

Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí. De acuerdo a un documento del Ministerio Público Federal de ese país, una de esas obras por las que Techint habría pagado coimas es Angra3, una usina nuclear que encargó la empresa estatal Eletrobras Eletronuclear. La maniobra denunciada implicaba la supuesta simulación de contratos a una consultora de las hijas del funcionario del partido de Michel Temer que estaba a cargo de la licitación. Los pagos fueron entre 2012 y 2014. Techint siempre negó las acusaciones.

Aunque en este caso los pagos ilegales se habrían realizado en Brasil, la Procelac determinó que la filial brasileña actuaba bajo el paraguas de Techint en Argentina, centro operativo de la compañía en la región, y pidió que se investigue a Ricardo Ouriques Marques, director general de Techint en Brasil; a Carlos Bacher, CEO de Techint Ingeniería y Construcción en Argentina; y a Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca y ejecutivo de la multinacional.

ED