Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundiza sus medidas proteccionistas, los industriales argentinos ingresaron en zona de alerta roja, ante la posibilidad de que se traben sus exportaciones a la primera economía del mundo.

Tras imponer aranceles a los productos que provienen de México, Canadá y China -por ahora solo se mantienen las medidas contra China, del 10%- otra polémica decisión de Trump afectará a la Argentina, ya que anunció que le impondrá un recargo del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. 

Esto golpeará en forma severa a los gigantes Tenaris (de Paolo Rocca) y Aluar (de Javier Madanes Quintilla), que exportan parte de su producción a los Estados Unidos.

Ya en la anterior gestión del republicano se le habían impuesto aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio, pero en aquel entonces el gobierno de Mauricio Macri logró que las exportaciones argentinas no pagaran impuestos a cambio de limitarlas a un cupo de 180.000 toneladas para cada caso. 

Ahora se verá qué puede hacer la cercanía de Javier Milei con Trump para que el impacto de esta medida sea el menor posible.

En el caso de Aluar, un 40% de lo que produce tiene como destino los Estados Unidos.

El expresidente del Banco Central Martín Redrado consideró que “la Argentina debiera hacer valer el hecho de que tenemos un déficit comercial crónico con los Estados Unidos”. Por eso, consideró que el país debería quedar exceptuada de la medida. 

Redrado sostuvo que “en un mundo transaccional, se deben tener firmes posiciones negociadoras para no perder mercados de exportación”, al pedir a la Cancillería una reacción enérgica ante esta decisión.

Los aranceles al acero y al aluminio se aplicarán, en principio, a todos los países que exporten esos metales a los Estados Unidos.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos también prometió que el país impondría aranceles a las importaciones de chips de computadora, productos farmacéuticos, cobre, petróleo y gas a mediados de febrero.

Trump retrasó sus amenazas arancelarias más agresivas sobre las importaciones de Canadá y México la semana pasada, pero sus allegados habían estado advirtiendo que habría más aranceles en camino y que no se podrán evitar tan fácilmente.

Con información de NA.

IG

Tenaris, principal compañía del grupo Techint, y su CEO, el empresario Paolo Rocca, acordaron pagar US$9,5 millones a un grupo de inversores para cerrar una demanda iniciada en una corte de Nueva York por el pago de sobornos revelado en el caso de los cuadernos de la corrupción, de acuerdo a los documentos obtenidos por elDiarioAR y fuentes con acceso directo al caso.

En diciembre de 2018, el estudio jurídico Glancy Prongay & Murray LLP presentó una acción de clase contra la fabricante de tubos de acero, otras compañías del grupo Techint y algunos de sus principales ejecutivos. Tras un fallo judicial, la demanda colectiva debió circunscribirse a Tenaris y Rocca, ya que la Justicia de Nueva York entendió que eran los únicos que podían ser demandados.

Tras más de cuatro años de litigio, Rocca, el segundo hombre más rico de Argentina, acordó cerrar el caso con un acuerdo económico, presentado ante el juez Kiyo A. Matsumoto, en el distrito este de Nueva York. El magistrado aprobó el viernes último el acuerdo de manera preliminar y fijó una audiencia entre las partes para dar el visto final, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. Este medio se comunicó con voceros de Rocca y Tenaris en Argentina para solicitarles su reacción ante la negociación alcanzada, pero aún no hubo respuesta.

El juez Matsumoto fijó fecha para una nueva audiencia entre las partes mientras se comunica la decisión a los inversores que compraron o adquirieron acciones de Tenaris en la bolsa entre el 1° de mayo de 2014 y el 5 de diciembre de 2018.

La demanda sostiene que las acciones y “mala conducta” de Tenaris y Rocca perjudicaron a los inversionistas de la compañía cuando el valor de las acciones del gigante del acero se desplomó en Wall Street, en agosto de 2018. Entonces, el juez federal Claudio Bonadio había ordenado la detención del ex gerente de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, y citó a indagatoria a Rocca y a Luis Betnaza, uno de los principales colaboradores del millonario en Argentina.  

Los pagos ilegales admitidos por Techint en Argentina implicaron que Tenaris incumplió con el acta de compromiso de las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York de no pagar sobornos en el extranjero, además de en Estados Unidos.

Además, los demandantes alegaron que Tenaris les ocultó información que debió haberles proveído para evitar un perjuicio económico. Según los demandantes, Rocca sabía que su compañía había pagado sobornos durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y se los ocultó.

Ante la Justicia argentina, Rocca -el hombre central en la vida y obra del grupo Techint- negó haber sabido de los pagos ilegales. Betnaza y Zabaleta, sus dos hombres de confianza, admitieron los pagos ilegales por un millón de dólares realizados en 2008 al exfuncionario Roberto Baratta. Baratta siempre negó haber recibido sobornos.

Los pagos se realizaron con un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionario en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro, Buenos Aires.

El objetivo de los pagos, según las declaraciones de los dos arrepentidos (Betnaza y Zabaleta), fue para que el entonces gobierno argentino mediara entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor, del grupo Techint.

Antecedentes

El caso de los cuadernos es sólo una de las acusaciones por pagos de sobornos contra Rocca y el grupo: ex ejecutivos de Tenaris en Brasil son juzgados por el pago de coimas por U$$10 millones a un ex ejecutivo de Petrobras, quien admitió haber recibido por los pagos ilegales. 

Como Rocca es italiano y Tenaris cotiza en la bolsa de Milán, el empresario y otros accionistas fueron juzgados por el caso de Petrobras en una corte de esa ciudad italiana, pero el día de la sentencia el tribunal milanés decidió que no tenía competencia territorial para juzgarlos y cerró el caso. La fiscal había solicitado cuatro años y medio de prisión para Rocca y el decomiso de 6.592.891 de euros.

Por este mismo caso, Tenaris acordó pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar la investigación por presuntos sobornos en Brasil y la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.

En Argentina, tienen dos causas abiertas desde 2017, sin movimientos: una por la pata local en el hecho juzgado en Brasil e Italia, y por otra relacionada con presuntas coimas por la construcción de una usina nuclear en Angra Do Reis.

En 2011, la empresa firmó otro “acuerdo de no enjuiciamiento” con el Departamento de Justicia y un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

El abogado de los inversionistas sostuvo en un documento ante el juez Matsumoto que el acuerdo económico por US$9,5 millones representa entre el 4,02% y el 5,01% del “mejor escenario” posible para los demandantes, que buscaban un resarcimiento de alrededor de US$236,4 millones por daños, con honorarios por US$3,16 millones para los abogados, informó el sitio especializado Law360.

Las posibilidad de que la demanda avance a favor de los inversionistas en la corte de Nueva York eran inciertas, dijeron fuentes del caso a elDiarioAR. En primer lugar, debido a que Rocca, Betnaza y Zabaleta están firmemente sobreseídos por el caso de los cuadernos en Argentina. En segundo lugar, los demandantes debían probar que Rocca sabía de los pagos ilegales admitidos por sus ejecutivos en 2018.  

El acuerdo era la mejor opción para los demandantes. Aún así, Rocca y Tenaris aceptaron cerrar con un desembolso multimillonario -aunque muy lejano a otras demandas y multas por sobornos pagadas por la compañía- y evitar la posibilidad de que avance la demanda, que había entrado en la etapa conocida como “discovery”, la etapa previa al proceso civil.

En 2021, el juez del caso rechazó desestimar la demanda, un planteo de los abogados de los demandados, Sullivan & Cromwell LLP, por Tenaris, y Mauricio España, por Rocca.

Un largo camino a nada

Tras la detención de uno de los ex ejecutivos de Techint y la admisión de los pagos ilegales por parte de Betnaza, a finales de 2018, Bonadio procesó a Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por los pagos ilegales. El fiscal Carlos Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo pidieron la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.

Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado que dejó vacante tras su muerte y los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación).

Rocca, sus ejecutivos y Fernández de Kirchner fueron favorecidos con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito. Los empresarios lograron el sobreseimiento firme dos años más tarde, en agosto de 2021.

El último juez que intervino en el caso, Julián Ercolini, entendió que Techint pagó a Baratta un millón de dólares en dádivas y no en sobornos, un delito más grave, y que lo hizo en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país. 

Luego de que el fiscal Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaba como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Ercolini, los sobreseimientos quedaron firmes y el caso contra Roca se cerró sin posibilidad de reabrirse.

ED

Energía Argentina y la empresa SIAT S.A. firmaron este jueves el contrato para la provisión de cañerías para el gasoducto Presidente Néstor Kirchner y sus obras complementarias. Es una empresa del grupo Tenaris, de Techint.

“La firma de este contrato es un hito fundamental para este proyecto transformador, que sin dudas va a marcar el rumbo de la Argentina en los próximos 25 años y nos encamina hacia la soberanía energética”, afirmó el presidente de Energía Argentina, Agustín Gerez.

En un comunicado, agregó que “esto refleja el enorme esfuerzo y dedicación que le asignamos al proyecto para que el mismo pueda estar en condiciones operativas conforme al cronograma licitatorio de construcción”.

La empresa señaló que “de esta manera, Energía Argentina avanza a paso firme en la concreción de una obra estratégica para nuestro país”.

En la firma estuvieron presentes el secretario de Energía, Darío Martínez; el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; y la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla.

“El gasoducto Presidente Néstor Kirchner va a hacer posible que sectores residenciales, comerciales e industriales de nuestro país accedan a energía a precios competitivos, que por la coyuntura internacional se convirtió en un insumo crítico, impulsando así el empleo y la producción”, explicó Gerez.

El contrato firmado consiste en la compra de 582 km de cañerías de 36 pulgadas de diámetro y de 74 km de cañerías de 30 pulgadas, que serán utilizadas para la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner entre Tratayén (Neuquén) y Saliquelló (Buenos Aires) y para sus obras complementarias.

El gasoducto Presidente Néstor Kirchner permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural argentino. Además, será fundamental para el desarrollo de la producción en Vaca Muerta, ya que permitirá que ese insumo llegue hacia los grandes centros de consumo del país, mejorando íntegramente el comportamiento del sistema de transporte de gas, según se informó oficialmente.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, anunció este jueves en su habitual conferencia de prensa que se iba a firmar “el contrato para los caños del gasoducto Néstor Kirchner para poder empezar con esa obra tan paradigmática para la Argentina y que va a marcar un cambio en la estructura productiva”.

El gasoducto Néstor Kirchner unirá el yacimiento Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Saliqueló, con una extensión de 558 kilómetros, para luego en una segunda etapa extenderse hasta el sur de la provincia de Santa Fe.

Este emprendimiento permitirá a la Argentina no solo abastecer el consumo interno de gas, sino también exportar este combustible, con el consecuente ingreso de divisas para el país.

La adjudicación de la obra generó una polémica en el Gobierno nacional que derivó en la renuncia del entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

¿Qué es SIAT?

Tenaris Siat S.A. es la marca utilizada en Argentina por Siat, una empresa de Tenaris. Es un productor líder de tubos de acero con costura para oleoductos y gasoductos locales y regionales. Las plantas productivas, localizadas en Valentín Alsina, Provincia de Buenos Aires, y Villa Constitución, Santa Fe, poseen una capacidad de producción anual de 430.000 toneladas de tubos de acero con costura.

Tenaris es una empresa metalúrgica multinacional subsidiaria del Grupo Argentino Techint, líder en la producción de tubos de acero sin costura para la industria del petróleo. Produce, además, tubos de acero con costura, servicios para la industria de la energía y otras aplicaciones energéticas. 

Con información de agencias.

IG

Tenaris, principal compañía de la multinacional ítalo-argentina Techint, pagará a los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar una investigación por presuntos sobornos en Brasil, de acuerdo con un comunicado publicado este jueves por la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (Securities & Exchange Commission, SEC). El grupo liderado por Paolo Rocca era investigado por violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York.

El caso gira en torno a unos 20 pagos por más de US$10 millones presuntamente realizados por Techint al exgerente de Servicios Petrobras, Renato De Sousa Duque, entre 2008 y 2013. Duque admitió en Brasil e Italia haber recibido pagos ilegales para garantizar a la subsidiaria brasileña de Tenaris (Confab) contratos con la petrolera pública sin pasar por licitaciones. Esos contratos equivaldrían a unos 1.400 millones de euros, según los fiscales italianos que colaboraron con la investigación de la SEC.

“Los sobornos fueron financiados en nombre de la subsidiaria brasileña de Tenaris por empresas afiliadas al accionista mayoritario de Tenaris”, afirmó el organismo de control estadounidense en el comunicado. “Durante muchos años, Tenaris no implementó suficientes controles contables internos en todas sus operaciones comerciales a pesar de los riesgos de corrupción conocidos”, dijo Charles Cain, Jefe de la Unidad FCPA de la División de Cumplimiento de la SEC. “Este fracaso creó el entorno en el que se facilitaron los sobornos a través de una constelación de empresas asociadas con su accionista mayoritario”, agregó.

“Tenaris accedió a la orden de la SEC sin admitir ni negar las conclusiones de que violó las disposiciones antisoborno, de libros y registros y de controles contables internos de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y acordó pagar más de $78 millones en intereses combinados de desembolso y prejuicio y sanciones civiles. La empresa también acordó cumplir con los compromisos por un período de dos años relacionados con sus esfuerzos de remediación en curso”, sostuvo la SEC en el comunicado.

Los supuestos sobornos a Duque se investigan también en la Justicia brasileña, donde el proceso penal aún está abierto contra ex ejecutivos de Techint en Brasil, supuestos intermediarios con Duque y el exgerente de Administración del grupo en Buenos Aires, Héctor Zabaleta, quien siempre ha negado las acusaciones. Duque ya fue condenado por estos mismo hechos.

En Italia, Paolo Rocca, su hermano Gianfelice y su primo Roberto Bonatti -los tres accionistas y dirigentes del gigante del acero- eran juzgados en un juicio oral y públicos por los supuestos sobornos a Duque, ya que los tres empresarios son italianos y la empresa matriz del grupo operaría de facto desde Italia. La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de los empresarios por corrupción internacional, pero el día del veredicto, el jueves 26 de mayo último, el tribunal de la séptima sección penal de Milán dio la razón a la defensa y determinó que los acusados no podían ser juzgados en Italia por estos hechos supuestamente cometidos en otras jurisdicciones, como informó elDiarioAR.

Tras el fallo del tribunal italiano, Techint sostuvo en un comunicado de prensa: “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia. Sin embargo, ante la SEC no desmintieron ni confirmaron el pago de sobornos al ex gerente de Petrobras, según el comunicado oficial del organismo.

En Argentina, un tercer expediente por estos mismos hechos permanece sin avances significativos en los tribunales de Comodoro Py desde 2017. 

Esta no es la primera vez que Tenaris se ve involucrada en un esquema de corrupción y debe pagar una multa a las autoridades de los Estados Unidos para cerrar una investigación y poder seguir operando en la bolsa. En 2011, la empresa firmó un “acuerdo de no enjuiciamiento” con el Departamento de Justicia y un “acuerdo de enjuiciamiento diferido” con la SEC como resultado de presuntos sobornos que la empresa pagó para obtener negocios de una entidad estatal en Uzbekistán.

“La SEC agradece la asistencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en Panamá, el Ministerio Público Federal de Brasil y la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Italia”, finaliza el comunicado del organismo.

ED

Este jueves, un tribunal de Milán, en el norte de Italia, debía dar su veredicto en el caso judicial que más lejos ha llegado contra uno de los empresarios más poderosos de Argentina y una de las familias más influyentes y ricas de Italia: los Rocca, dueños del grupo Techint. Los accionistas y directivos Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti eran juzgados por el delito de corrupción internacional por el presunto pago de sobornos por unos 6,5 millones de euros a un exgerente de Petrobras para garantizarse contratos directos para vender caños de acero a la petrolera pública de Brasil.

Sin embargo, a más de dos años de que el expediente entrara en etapa de juicio y del desarrolló total del proceso oral y público, los tres jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán, presidida por la magistrada Ombretta Malatesta, dieron un giro inesperado: en lugar de emitir sentencia, determinaron que los hermanos Rocca y su primo Bonatti nunca debieron ser juzgados en Italia por estos hechos.

La decisión dejó al caso más firme contra los dueños de Techint al borde del abismo. El juicio incluyó la exhibición de innumerable prueba documental, bancaria, testigos y la admisión del exgerente presuntamente sobornado por la multinacional ítalo-argentina, Renato de Sousa Duque, quien confesó haber recibido los millones para favorecer . La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y medio de prisión para los tres acusados, además de una multa y un decomiso millonarios. Sin embargo, al evitar dictar sentencia sobre hechos que datan de 2009 y se extienden hasta 2013-2014, el caso asume el riesgo de la prescripción. En Techint, la decisión del tribunal milanés se festejó como una “absolución”, según un comunicado del grupo en Argentina.

La fiscalía de juicio tiene ahora dos vías posibles para mantener vivo el caso, explicó a elDiarioAR una fuente directa del proceso: apelar el fallo de los jueces ante el tribunal de Apelaciones de Milán o saltarse esta instancia local y recurrir con un per saltum ante la Corte Suprema Di Cassazione, con sede en Roma, máximo tribunal de Italia.

Si la fiscalía decide apelar ante el tribunal inmediato, pueden pasar dos cosas: que la corte de apelaciones de Milán confirme que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para juzgar estos hechos y que el Ministerio Público Fiscal apele nuevamente; o que el tribunal de apelaciones determine que los jueces italianos sí tienen jurisdicción para juzgar a los Rocca y Bonatti e incluso decida en su fallo sobre el mérito de los acusados: podría declararlos culpables o absolverlos.

Si en cambio, la fiscalía establece que el fallo de este jueves implica un grave error jurídico, puede saltar a la Corte Suprema di Cassazione, la segunda alternativa. El máximo tribunal italiano podrá ordenar a los jueces de Milán que dicten sentencia porque tienen jurisdicción o bien cerrar el caso definitivamente.

Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción.

Comunicado de Techint.

Si se agotan las vías de apelación y los tribunales superiores confirman la falta de jurisdicción italiana, la fiscalía se quedará con una última carta: enviar su investigación al país en donde los tribunales italianos hayan determinado que sucedieron los hechos: Argentina, Brasil, Suiza, Luxemburgo, Uruguay. 

Aún con este escenario posible, el caso quedó al borde de la extinción: los hechos se extienden hasta 2013 e incluso 2014, pero la prescripción por el paso del tiempo favorece a la defensa. El soborno transnacional en Argentina tiene un plazo de prescripción de seis años, por ejemplo. Habrá que evaluar eventualmente los plazos procesales. 

La decisión de la fiscalía sobre qué camino tomar dependerá de los fundamentos del tribunal, que tiene hasta 60 días para hacerlos públicos a partir de este jueves y explicar por qué los jueces de Milán tomaron la decisión de no dictar sentencia de mérito, es decir, por qué no sentenciaron si los acusados eran culpables o inocentes; si la fiscalía había demostrado la responsabilidad penal de los acusados o si debían ser absueltos. Pero además, también se espera que argumenten por qué tomaron esta decisión el día del veredicto y no al comienzo del proceso. 

En febrero de 2020, el juez Valerio Natale ordenó el inicio del juicio público en Milán. El proceso se demoró por la pandemia pero finalmente comenzó meses más tarde. Entonces, ¿por qué el tribunal dejó pasar más de dos años y decidió que no tenía jurisdicción el día que debía anunciar el veredicto?

Por qué Italia

En un comunicado de prensa, Techint sostuvo que la compañía recibió “con satisfacción” lo que consideró “la sentencia absolutoria” -aunque no existió una sentencia de mérito, es decir, culpabilidad o inocencia-, respecto de Roberto Bonatti, Gianfelice Rocca, Paolo Rocca y la empresa San Faustin. “Desde el inicio de la investigación, habíamos afirmado la correcta conducta de la compañía, la ausencia de vinculación entre los hechos alegados y los miembros del directorio, y la falta de jurisdicción. Al final de la audiencia, el Tribunal de Milán ha declarado que el caso nunca debería haber sido iniciado” en Italia, afirmó Techint.

El grupo de los Rocca concentra inversiones en puntos clave de la economía: energía y construcción. La familia que controla la multinacional ítalo-argentina es la segunda más rica del país y una de las doce con más fortuna en Italia.

La defensa de los Rocca y Bonatti ha sostenido esta tesis durante su alegato en el juicio italiano porque los hechos investigados “no ocurrieron” en Italia, pero la fiscalía defendió su investigación por varias razones: los Rocca y Bonatti son italianos -nacieron en Milán-; San Faustin, la sociedad madre del grupo Techint que manejó las cuentas bancarias y sociedades offshore investigadas, es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana; y, además, la ley italiana aplica a los italianos que cometieron supuestos delitos de corrupción en el extranjero.

 La causa italiana contra Techint nació en 2015 cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal Costa en su alegato.

La investigación sacó a la luz la documentación bancaria aportada por las autoridades de Suiza que probó, según la acusación, cómo se instrumentaron 20 pagos ilegales al exgerente de Petrobras a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Suiza, Uruguay y Brasil manejadas por ejecutivos y empresas de Techint. 

Durante su alegato, la fiscal Costa señaló a los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil.

La decisión del tribunal de Milán podría ser el tiro de gracia a la investigación por otros motivos, además del reloj contra el tiempo. Si eventualmente se confirma que la Justicia italiana no tiene jurisdicción para investigar a los dueños de Techint y el caso es enviado a la Justicia de Brasil, por ejemplo, el pronóstico no es positivo. En ese país, ya existe una investigación sobre los mismos hechos que no incluye a los Rocca y Bonatti porque éstos no habrían operado desde Brasil.

En Argentina también existe un expediente por estos mismos hechos a cargo de la fiscalía federal de Eduardo Taiano, en los tribunales de Comodoro Py, en el que sí están denunciados Paolo Rocca y ejecutivos argentinos, pero el pronóstico es aún más incierto. La causa local se abrió en 2017 y no tiene indagados ni mayores avances desde entonces. El gigante del acero no ha conquistado la cumbre en vano.

ED

La fiscal italiana Donata Costa solicitó a los jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán que condenen a los accionistas y directivos de Techint Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción internacional, de acuerdo con el alegato presentado en la audiencia de este martes y al que accedió elDiarioAR. 

Los hermanos Rocca y su primo Bonatti integran la tercera familia más rica de Argentina (ranking Forbes 2020) y están acusados en Italia de haber ordenado el pago de sobornos al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio oral y público haber recibido las coimas. Duque declaró por videoconferencia en octubre último. En Brasil, ya fue condenado por estos mismo hechos.  

La fiscal Costa solicitó también a los jueces del tribunal milanés que multen a San Faustin, la sociedad holding del grupo Techint manejada por los Rocca y Bonatti, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, “suma correspondiente al dinero entregado al funcionario público”, es decir, a Duque. 

San Faustin ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos.

Donata Costa — Fiscal de Milán.

El juicio se acerca a su final. La defensa de los empresarios y de San Faustin, que lleva adelante el estudio jurídico Mucciarelli, solicitó presentar su alegato el martes 19 de abril. Se espera un veredicto del tribunal para el 26 de abril, confirmó a este medio una fuente directa del proceso. 

Durante su alegato, que se extendió por unas cinco horas y media, la representante del Ministerio Público Fiscal de Milán repasó las pruebas obtenidas durante la investigación que comenzó en 2015 y que ella mismo integró junto a sus colegas Fabio De Pasquale e Isidoro Palma; resumió los testimonios de los testigos que declararon durante el juicio oral y público; volvió a exponer sobre la documentación bancarias aportada por las autoridades de Suiza; y detalló cómo se instrumentaron los 20 pagos al exgerente de la petrolera pública de Brasil.

Los Rocca, Bonatti y San Faustin -la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint- están acusados de pagar sobornos por más 6,5 millones de euros a Duque entre 2009 y 2013. A cambio, según la acusación, la subsidiaria de Tenaris en Brasil (Confab) recibió contratos directos para vender a Petrobras tubos de acero sin costura por más 1.400 millones de euros.

Si bien los empresarios podían enfrentar penas de prisión de seis a diez años, durante su alegato del martes la fiscal Costa afirmó que consideró atenuantes planteados durante el juicio en relación a las fechas en las que existieron los pagos y contratos investigados y solicitó penas de cuatro años y seis meses. En Italia, las personas condenadas a penas mayores a cuatro años deben cumplirlas en la cárcel pero por sus edades avanzadas, los Rocca y Bonatti seguramente serán favorecidos en caso de recibir una condena. Paolo Rocca es el más joven de los tres y cumplirá 70 en octubre.

Ante el tribunal, la fiscal Costa habló de los supuestos cómplices de los tres empresarios acusados y los definió como miembros de “grupos criminales que operan en varios Estados”: Italia, Suiza, Argentina y Brasil. Identificó en el “grupo 1 brasilero” a Duque y quienes lo ayudaron a montar una estructura offshore para canalizar los pagos de Techint y blanquear el dinero. 

En el “grupo 2 argentino/uruguayo”, la fiscal señaló la participación central de Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint en Buenos Aires y uno de los hombres de mayor confianza de la familia Rocca; además de otros dos hombres públicos de la multinacional ítalo-argentina, el uruguayo Enrico Fabián Repetto Mariño y el abogado de Techint en Argentina, Fernando Mantilla. elDiarioAR se comunicó con voceros de Techint pero declinaron hacer comentarios o responder las acusaciones de la fiscalía.

A través de testigos de parte, la defensa ha planteado que Confab tenía autonomía, separando así el pago de sobornos del holding y los accionistas y directivos del grupo.

Los directivos de Confab e intermediarios brasileños están siendo juzgados en Curitiba, Brasil, por estos mismos hechos, como informó este medio durante 2021. Ninguno de ellos ha reconocido la comisión de delitos.

La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab (Tenaris, en Brasil). Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos.

Renato Duque — Exgerente de Servicios de Petrobras.

La confesión

En octubre de 2021, Duque declaró ante el tribunal italiano por videoconferencia desde Brasil. El exgerente de Servicio de Petrobras reconoció que había pactado los sobornos -que llamó “beneficios ilícitos”- con Benjamín Sodre Netto, representante de Confab en Brasil, a quien conocía desde hacía muchos años. El acuerdo era para que Petrobras comprara los caños de acero sin costura directamente a Confab, la subsidiaria de Tenaris en Brasil, y no llamara a licitación nacional o internacional en al menos 20 contratos, explicó la fiscal Costa.

“No puedo decir el valor exacto de la cantidad, pero debería rondar los 10 millones de dólares”, dijo Duque cuando la fiscal italiana le preguntó cuánto dinero había recibido por favorecer a Techint. Agregó que esa suma equivaldría al 0,5% de los montos que recibiría la multinacional ítalo-argentina de parte de Petrobras. “Ese 0,5% era un valor de referencia, no era matemático”, aclaró Duque ante el tribunal. En la investigación de Milán se calcularon las coimas en unos 6,5 millones de euros de aquel momento.

“Estos montos eran depositados en cuentas bancarias en el exterior”, dijo Duque. “Nunca he tratado directamente con Confab, ni sobre montos ni de cómo recibir estos montos. Inicialmente el contacto se hizo a través del Sr. Benjamin Sodre (Netto) quien representaba a Confab en Brasil y tenía relaciones con Techint en Argentina”, declaró el exgerente de Petrobras.

Duque también explicó cómo se instrumentaron los canales para recibir esos “beneficios ilícitos”. Los pagos al brasileño se realizaron a una sociedad en Uruguay, Hayley SA, que tenía una cuenta en Suiza. Luego, Hayley transfería los montos a una homónima en Río de Janeiro. Duque no figuraba en ninguna de las dos sociedades y el dinero que recibían las compañías se desviaba a la compra de inmuebles en Brasil para blanquear los fondos ilícitos.

Las sociedades utilizadas para canalizar los pagos estaban a nombre de un hombre de su confianza, quien no era funcionario público: Joao Antonio Bernardi, quien figuraba como gerente legal de las firmas. “La idea era montar una sociedad offshore para recibir el dinero que llegaba de Confab. Yo no quería aparecer, no quería que mi nombre se vinculara con quien hizo estos pagos y por eso recurrí a Joao Bernardi”, aseguró Duque ante el tribunal en octubre último.

“Por sus servicios, Joao Bernardi recibió 10% del pago corrupto y el 50% de las ganancias de las inversiones”, afirmó el brasileño. Para justificar los pagos que recibía Hayley, se simularon contratos de consultoría entre la sociedad y la offshore Moonstone, controlada por San Faustin, afirmó la fiscal Costa. Según Duque, esos contratos se pactaban “a través de Techint Argentina”.

Las offshore

“Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta”, sostuvo la fiscal Costa. El exejecutivo, actualmente retirado, vive en Buenos Aires y en 2018 declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos, admitiendo haber sido quien entregaba los sobornos al entonces funcionario Roberto Baratta en la sede de Techint. Baratta siempre ha negado la acusación.

Su función en Techint era manejar la “caja negra” o “caja 2”, explicó la fiscal. Pero además, Zabaleta tenía otras funciones administrativas como pagar los dividendos a los accionistas de San Faustin, como declaró ante el tribunal el testigo Mario Osvaldo Lalla, histórico colaborador del grupo.

Los hombres de Techint montaron una red de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay para mover el dinero de los supuestos sobornos. Utilizaron a Gabiao Investments Inc (Panamá), Moonstone Inc. (Panamá) y Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos (Uruguay), entre otras. Las tres tenían cuentas en el mismo banco: la Banca della Svizzera Italiana (BSI). Las cuentas de estas tres compañías a su vez se nutrían de fondos que les giraba otra sociedad de Techint en Uruguay: Fundiciones del Pacífico SA.

Tanto Fundiciones del Pacífico SA como Sociedad de Emprendimientos Siderúrgicos son propiedad de la compañía San Faustin.

Las transferencias de dinero a Hayley se realizaron entre 2009 y 2013, y luego el testaferro de Duque terminó de traspasar esos fondos a su verdadero destinatario a finales de 2014. La fiscal tomó sólo los pagos y contratos realizados entre 2009 y 2012, según explicó al final de su alegato.

“Fondos negros”

Costa sostuvo ante el tribunal que San Faustin “ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos” porque era justamente la sociedad holding del grupo Techint que no estaba “sujeta a los principios de gobierno corporativo de los mercados regulados”, ya que compañías como Tenaris cotizan en las bolsas de Nueva York y Milán y deben rendir cuentas de todo lo que deciden a sus accionistas e inversionistas. Pero San Faustin, desde sus oficinas en Lugano, Suiza, estaba fuera del radar y de los controles.

“Esto -sostuvo Costa- es posible porque a pesar de tener el tamaño descrito en la parte de consultoría técnica y estar formada por empresas que cotizan en los principales mercados regulados, el grupo Techint sigue siendo propiedad de unas pocas familias, mejor dicho, de una familia extensa, compuesta por los descendientes de Agostino Rocca. Por ello, la propiedad del grupo puede ‘autotributarse’ para obtener beneficios para las filiales, e indirectamente para la holding y para los accionistas”.

San Faustin conduce directamente a los Rocca y Bonatti, ya que éstos, además de accionistas, ocupan cargos clave en la sociedad madre del grupo como como presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores.

Todas las cuentas corrientes utilizadas para pagos corruptos fueron manejadas, según testimonios de los empleados suizos (de San Faustin), por Héctor Alberto Zabaleta (exdirector de Administración en Buenos Aires).

Donata Costa — Fiscal de Milán.

El testigo Pierluigi Molajoni asistió durante 26 años a los CEO’s de Techint, de Roberto Rocca -fallecido- a Paolo y Gianfelice. En el juicio, declaró que “en el caso de San Faustin no hubiera existido ningún canal para poder adquirir acciones del grupo que no fueran relaciones personales, digamos, pudieran ser familiares o de amistad”. Se trata de una organización privada que controla a todo el grupo multinacional y a su vez a las offshore utilizadas para pagar “beneficios ilícitos” a Duque.

Las cuentas bancarias de las offshore que se usaron para el pago de sobornos se alimentaban de otra cuenta a nombre de la sociedad Sitionex e “inequívocamente atribuible a los fondos personales de los accionistas, se realizaban transferencias a las cuentas que integraban los fondos negros del grupo San Faustin”, alegó Costa. Es decir, que desde la misma cuenta que se depositaban, por ejemplo, dos tarjetas de crédito a nombre de Gianfelice Rocca también se fondeaba a las sociedades que pagarían las coimas a Duque.

Por qué en Italia

Los tres imputados son italianos -nacieron en Milán- San Faustin es gestionada “de facto” desde dicha ciudad italiana, sostuvo la fiscal. La defensa de los empresarios ha sostenido que no debían ser juzgados en Italia porque los hechos “no ocurrieron en ese país”, pero la fiscalía ha alegado que la ley italiana aplica a quienes cometieron delitos de corrupción en el extranjero.

La investigación nació en 2015, cuando las autoridades de Brasil avanzaban con el Lava Jato y comunicaron al Ministerio de Justicia de Italia que Techint había “participado en sobornos a ejecutivos de la estatal Petrobras, de la que obtuvieron contratos por el pago de sobornos”, según explicó la fiscal en su alegato.

ED

La Justicia italiana se acerca a un veredicto en el juicio contra los empresarios Paolo Rocca, Gianfelice Rocca y Roberto Bonatti, como informa este martes elDiarioAR. Los tres son nietos de Agostino Rocca, fundador de la compañía. Integran tercera fortuna más grande de Argentina, con US$3.400 millones, según la revista Forbes.

El grupo Techint es un conjunto de empresas controladas por San Faustín, el holding radicado en Luxemburgo, Europa, que tiene además oficinas en Lugano, Suiza, desde donde se ejecutaron los supuestos sobornos a un exfuncionario público de Brasil. El grupo opera en Argentina, Estados Unidos, México e Italia. Tenaris es la principal empresa del holding y tiene presencia en 25 países y 25.000 empleados. 

Paolo Rocca, el líder de la multinacional ítalo-argentina, es actualmente presidente y CEO de Tenaris, líder en la producción de tubos de acero sin costura para la industria petrolera y gasífera. También es presidente de la junta de directores de Ternium; director y vicepresidente de San Faustin; y director de Techint Financial Corporation, según informa el grupo en su sitio web. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial del Acero y uno de los empresarios más poderosos de Argentina. 

Paolo Rocca nació en Milán, el 10 de octubre de 1952. Cumple 70 este año.

Gianfelice Rocca es su hermano mayor. Nació en 1948, también en Milán. Es miembro de la junta de directores de Techint Ingeniería y Construcción; presidente de la junta de directores de San Faustín; miembro del consejo de administración de Ternium; presidente del Grupo Humanitas; y presidente de la junta de directores de Tenova S.p.A. 

Gianfelice también es miembro de la junta directiva de la Universidad de Bocconi y de la junta consultiva del Politecnico di Milano, en Italia. En su currículum, destaca ser miembro de la Junta Asesora de la Escuela de Negocios de Harvard y miembro de la Mesa Redonda de Industriales Europeos (ERT).

Roberto Bonatti, también milanés, es miembro de la junta de directores de la Tenaris y accionista del grupo.  Ingresó como empleado del grupo en 1976 como ingeniero residente adjunto en Venezuela y se desempeñó en los sectores de ingeniería y construcción y corporativo, según informa Tenaris en su sitio web. En 1984, asumió como director de San Faustin y es su presidente desde 2001. También es presidente de Techint Financial Corporation N.V. y miembro del directorio de Ternium.

Ninguno de los tres empresarios ni el grupo Techint quisieron dar su versión de los hechos ante la consulta de elDiarioAR.

ED

La citación de la Justicia de Brasil a Héctor Alberto Zabaleta, exdirector de Administración de Techint y hombre de confianza de Paolo Rocca, por el presunto delito de lavado de dinero de la corrupción generó varios movimientos en los tribunales federales que todavía están pendientes de resolución, según informaron fuentes judiciales con acceso directo a la causa y documentos de los expedientes que tramitan tanto en Argentina como en los tribunales federales del país vecino. 

En el caso que toca directamente a la multinacional ítalo-argentina ya intervino la Cámara Federal porteña y ahora la Cámara Federal de Casación debe tramitar un planteo. Mientras tanto, la citación del contador de Techint en Brasil está suspendida por orden de la Justicia argentina a la espera de una nueva decisión. Zabaleta sólo debe responder por el presunto delito de lavado de dinero destinado a los supuestos sobornos, ya que los hechos por cohecho y corrupción fueron declarados prescriptos en junio último, según consta en el expediente brasileño. Ni el contador ni Techint respondieron las consultas de elDiarioAR. La compañía ha negado en el pasado las acusaciones.

Zabaleta está acusado de ejecutar desde Buenos Aires el supuesto pago de coimas por unos US$10 millones al entonces gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque -ya condenado-, entre 2008 y 2013. A cambio, Duque habría garantizado contratos por más de US$513 millones a la filial brasileña de Tenaris, compañía del grupo.

Tres expedientes, un caso

La investigación tramita en tres jurisdicciones distintas: en Milán, Italia; en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil; y en Comodoro Py 2002, Buenos Aires. Zabaleta ya había sido requerido por los fiscales del caso italiano en 2017, pero entonces la Justicia argentina tampoco tramitó ese pedido. Desde septiembre pasado, el juez brasileño Luiz Antonio Bonat busca citar al ejecutivo en su expediente, aún sin éxito, como reveló el domingo elDiarioAR. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen a Zabaleta haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países a las que accedió este medio.

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta fueron denunciados en Argentina en 2017.La causa recayó en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez, pero está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. A pesar de que los mismo hechos se investigan en tres países diferentes, a diferencia de Brasil e Italia, en Argentina el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros. 

Citación suspendida

Techint viene acumulando buenas noticias y fallos a favor en la Justicia local. Rocca, Zabaleta y Luis Betnaza -director Institucional Corporativo del grupo y actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina- fueron sobreseídos el martes 10 de agosto en la causa de los cuadernos, en el que también estaban acusados del pago de sobornos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008. Zabaleta y Betnaza habían admitido los pagos ilegales. Rocca negó haber participado o conocido esos hechos. 

La llegada del exhorto de Brasil solicitando colaboración a la Justicia argentina para que intime a Zabaleta a presentarse ante el juzgado de Curitiba provocó un conflicto de competencia para decidir quién es el juez que deberá tramitar la solicitud del magistrado brasileño. La decisión quedó por ahora a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. 

La citación de Zabaleta en Brasil fue suspendida a finales de diciembre por orden del juzgado federal 6, a pedido de la defensa del exejecutivo de Techint y tras un planteo del fiscal Taiano. 

En el corto plazo, el exejecutivo -quien se jubiló en 2011 pero siguió trabajando de manera particular para los Rocca- debe presentar abogado ante el juez brasileño para que la Justicia brasileña proceda con una serie de audiencias testimoniales en la causa en su contra, pero hasta la semana última Bonat no tenía confirmación de la Justicia argentina, según las últimas informaciones disponibles en el expediente digital.

Desde el 1° de octubre de 2020, el exhorto del juez brasileño parece una papa caliente. El pedido llegó a Comodoro Py vía Cancillería y se sorteó, como marca el procedimiento. Recayó en el juzgado federal número 6, momentáneamente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El fiscal Taiano planteó que el juzgado 6 debía hacerse a un lado y que el exhorto debería tramitar en la causa local en la que se investigan los mismo hechos que en Brasil. Ese expediente también está a cargo de Taiano y tramita en el juzgado federal número 9, de Luis Rodríguez. 

El fiscal argumentó que el avance de esta citación en el país vecino puede poner en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. Una fuente de la fiscalía dijo a elDiarioAR que la decisión no busca frenar la investigación de la Justicia brasileña sino velar porque se cumpla la ley argentina.

No existen razones objetivas que ameriten la pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el Juzgado pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el juzgado con el trámite de estas actuaciones.

Al conocer la existencia del exhorto, los abogados de Zabaleta coincidieron en que todo debía tramitar en el juzgado de Rodríguez, donde su defendido está acusado de los presuntos delitos de soborno transnacional y lavado por los mismos hechos que investiga Brasil, sólo que en Buenos Aires, Zabaleta nunca fue citado y no hay posibilidad próximos de que sea requerido en el expediente. 

Además, la defensa planteó que el contador del grupo de los Rocca no puede ser juzgado por los mismos hechos en dos expedientes distintos. Al ser argentino, Zabaleta puede solicitar ser juzgado en su país, donde sus abogados entienden que tiene mayores garantías, explicó una fuente directa del caso. 

Sin embargo, el juez Rodríguez se desmarcó del exhorto. Rechazó todos los planteos y se desentendió. Rodríguez sostuvo que no advertía “la necesidad u obligación de conectar este legajo que tiene un objeto sumamente concreto” (la citación de Zabaleta en Brasil) con su causa. Por lo tanto, el exhorto regresó al juzgado federal 6, pero la jueza Capuchetti ya había dicho que debía ser tramitado por el juzgado 9.

El caso terminó en la Cámara Federal porteña. El presidente del tribunal de apelaciones, Martín Irurzun, ordenó en diciembre que el exhorto siga su camino y se tramite por separado en el juzgado 6. “No existen razones objetivas que ameriten la pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el Juzgado pretendida vinculación por lo que corresponde que sea el juzgado con el trámite de estas actuaciones”, afirmó Iruzun en su resolución.

Taiano y la defensa insistieron con sus planteos. Estos fueron rechazados nuevamente pero provocaron un hecho clave para Zabaleta: ante el conflicto, se ordenó suspender la citación de Brasil.

La citación del contador de Techint ahora está en manos de la jueza Capuchetti, pero la defensa de Zabaleta también se presentó ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación para solicitar la nulidad de la decisión de Irurzun. Ahora los camaristas del máximo tribunal penal deberán analizar si hacen lugar al planteo. 

ED

Desde hace casi un año, la Justicia de Brasil intenta citar al exdirector de Administración de Techint, Héctor Alberto Zabaleta, por los supuestos delitos de sobornos y lavado de dinero, pero la Justicia federal suspendió desde Buenos Aires la citación del contador argentino y trabó una contienda con los brasileños, según confirmaron cinco fuentes judiciales consultadas por elDiarioAR y documentos y fallos judiciales de Argentina y Brasil.  

En los tribunales federales, el presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca y sus hombres más cercanos tienen el camino despejado. La buena fortuna del gigante del acero se extiende a este y otros casos de presuntas coimas. Techint es blanco de al menos tres expedientes penales por presuntos sobornos. Por uno de esos casos, el de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, Rocca y dos de sus colaboradores históricos (Zabaleta y Luis Betnaza, actual vicepresidente de Unión Industrial Argentina, UIA) fueron sobreseídos el martes último. 

Existen otros dos expedientes donde autoridades de Techint están formalmente acusadas del pago de sobornos transnacionales, ambos a exfuncionarios de Brasil, que supuestamente fueron ordenados desde Buenos Aires. Los avances han sido escasos, según confirmaron fuentes directas de ambas investigaciones y de las defensas. Sin embargo, Brasil avanzó en uno de estos casos y citó a Zabaleta, pero desde septiembre de 2020 la intimación al argentino está frenada. 

La facilidad de Techint para salir de aprietos judiciales en Comodoro Py 2002 se repite a pesar de las confesiones de sus ejecutivos (como en el caso de los cuadernos); de las pruebas documentales sobre el supuesto pago de coimas; las transferencias bancarias en Suiza; las declaraciones de arrepentidos en Brasil; las solicitudes de jueces y fiscales extranjeros; y dos avanzadas investigaciones en Milán y Curitiba, según pudo establecer elDiarioAR de la consulta a ocho fuentes judiciales, abogados de la compañía y expedientes. 

El administrador

El contador argentino Héctor Alberto Zabaleta (75) estuvo vinculado a Techint durante 48 años y llegó a ser director de Administración del grupo comandado por Rocca. Se jubiló en 2011 pero siguió trabajando para la familia fundadora como administrador personal de algunas sociedades, según explicó él mismo a Perfil en 2018.

Ese año, en el caso de los cuadernos, Zabaleta admitió ocho pagos ilegales por un total de un millón de dólares realizados en 2008 al entonces funcionario Roberto Baratta, pero fue sobreseído el martes por el juez Julián Ercolini. Baratta, en cambio, fue procesado por dádivas.

El contador de Techint también es el principal acusado del supuesto pago de coimas de la compañía en la investigación de tres fiscales de Milán y en una causa que tramita en el juzgado federal 13 de Curitiba, Brasil, donde fue requerido para declarar por el juez Luis Antonio Bonat, aún sin éxito. 

Tanto en Italia como en Brasil, le atribuyen al contador haber sido el administrador del dinero negro de Techint, no solo en Buenos Aires sino en el mundo, a través de cuentas suizas y sociedades offshore, según las investigación de los fiscales de ambos países. Los detalles de estos movimientos financieros fueron publicados por los medios L'Espresso de Milán, Poder 360 y Perfil en 2018. 

Por este mismo caso, Techint y Zabaleta están denunciados en el juzgado federal número 9, a cargo del juez Luis Rodríguez. La causa está delegada en el fiscal Eduardo Taiano. Pero a diferencia de Brasil e Italia, en Buenos Aires el caso no ha avanzado y quienes trabajan en el expediente aseguran que no hay pruebas que demuestren las acusaciones de los fiscales extranjeros.

No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama.

Inicios en Milán

Para llegar a la causa en Brasil primero hay que remontarse a Milán. Los primeros en investigar a Zabaleta fueron tres fiscales italianos, comandados por el procurador Fabio Di Pascuale, como informó Perfil en 2017. Aquel año, los milaneses -que intervienen porque la compañía cotiza en la bolsa de esa ciudad italiana y algunos de los acusados tienen residencia allí- identificaron a Zabaleta como uno de los ejecutivos de Techint que manejaba cuentas de sociedades offshore en la Banca Svizzera Italiana (BSI), con sede en Suiza, y que autorizaba pagos que terminaban en una sociedad de Renato De Souza Duque, gerente de Servicios de Petrobras. Esos pagos se ejecutaron entre 2009 y 2013, según la investigación. 

Los fondos salían de dos compañías uruguayas hacia Suiza y luego se transferían a sociedades offshore de Panamá y Uruguay, con cuentas en el mismo banco. Anna Maria Giorgetti, entonces empleada de Techint en Lugano, Suiza, era la encargada de ejecutar las órdenes de Zabaleta, según admitió ante los investigadores de Milán.

Tanto los milaneses como los brasileños obtuvieron de Suiza documentos bancarios que les permitieron corroborar que Zabaleta y otros ejecutivos de Techint eran los apoderados de las cuentas y de las offshore usadas como fachada para mover el dinero.

Duque, gerente de Servicios de Petrobras, le aseguró a Techint, Tenaris (compañía del grupo) y su filial brasileña (Confab) contratos por más de 2.700 millones de reales con la petrolera estatal, entre 2007 y 2010. Esa suma, actualmente, supera los US$513 millones. El negocio de la multinacional ítalo-argentina con Petrobras era la venta de tubos de acero especialmente fabricados para la industria del petróleo.

La investigación italiana provocó que Brasil también investigue los hechos. El 30 de junio de 2020, catorce fiscales de Curitiba denunciaron a Zabaleta y a otras diez personas vinculadas a Techint en Brasil por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero. Determinaron en base a documentación de los bancos suizos, testimonio de arrepentidos y correos electrónicos que a cambio de garantizar esos contratos multimillonarios a Techint, Duque recibió supuestos sobornos por unos US$10 millones, entre 2009 y 2013, según la acusación de los fiscales brasileños a la que accedió este medio.

Zabaleta es señalado por los fiscales de Curitiba como el ejecutivo que comandó parte de la supuesta operación desde Buenos Aires y Suiza, a donde solía viajar: administró cuentas bancarias para los pagos ilegales y permitió que se montaran contratos falsos de “servicios de consultoría y asesoría comercial” con la sociedad Hayley SA -utilizada por el funcionario de Petrobras para recibir los fondos- y camuflar así la verdadera razón de las transferencias, según los fiscales de Brasil.

Tras la denuncia de los fiscales brasileños en 2020, el juez Luis Antonio Bonat, a cargo del juzgado federal 13 de Curitiba, ordenó citar a los once acusados, incluido Zabaleta. Al cierre de esta nota, el magistrado no había logrado que el exejecutivo de Techint se presentara ante la Justicia de Brasil.

Pedido de colaboración

Los intentos por lograr la citación de Zabaleta comenzaron el 31 de julio de 2020. El juez Bonat ordenó proceder con el pedido de colaboración a la Justicia argentina para lograr que Zabaleta se presente ante la Justicia brasileña, ya que el contador vive en Buenos Aires y es ciudadano argentino. 

El 10 de septiembre de 2020, Brasil envió el pedido de colaboración a Argentina, según los documentos que constan en el expediente brasileño. De acuerdo a la legislación de ese país, se le otorgó un plazo de 10 días para comparecer ante el juzgado, en el estado de Paraná.

El 1° de octubre, el exhorto de Brasil llegó a Comodoro Py, vía Cancillería. Por sorteo, se asignó el trámite al juzgado federal número 6, que se encuentra vacante. El 23 de diciembre de 2020, el juzgado informó a las autoridades brasileñas que ordenaba “aplazar el cumplimiento de la solicitud” del juez de Curitiba, luego de que el fiscal Taiano y los abogados de Zabaleta se opusieron a que el ejecutivo declare en Brasil con distintos planteos.

El fiscal argentino planteó que si la causa de Curitiba avanza, pondría en riesgo la investigación a su cargo porque se trata de los mismos hechos, según consta en los documentos de expediente brasileño al que accedió este medio. La diferencia entre la causa de Brasil y la de Argentina es que el país vecino avanzó mucho más y citó a Zabaleta mientras que en Buenos Aires sostienen que no hay pruebas en su contra, explicaron dos fuentes directas de la causa local.

La defensa de Zabaleta plantea que “los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos” y que por lo tanto, su cliente no puede ser juzgado en dos expedientes distintos por los mismos hechos, como garantiza la ley argentina. Al ser argentino, tiene garantías para pedir ser juzgado en su país.

En diciembre, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso que se suspenda la declaración de Zabaleta en Brasil, “hasta tanto pueda contar con mayor información respecto de las eventuales consecuencias de su cumplimiento”. “No puedo dejar de considerar que ambas partes (Ministerio Público Fiscal y defensa) coinciden en la necesidad de no dar cumplimiento con el acto cuya cooperación internacional que se reclama”, afirmó el magistrado.

En febrero, el juez brasileño respondió que el Tribunal Superior de Brasil (equivalente a la Corte Suprema) ya determinó que la existencia de un proceso penal en el extranjero no impide a la Justicia de Brasil avanzar en la investigación penal, salvo que ya exista una condena en Argentina por los mismo hechos contra el mismo acusado. También recalcó que no cuenta con ninguna información de la Justicia argentina sobre cuál es el objeto de la causa contra Techint.

Entre idas y vueltas, el colaborador de Rocca sigue en Argentina y nunca se presentó ante Bonat. Desde su domicilio, Zabaleta dijo a elDiarioAR que no tiene novedades sobre el caso en el país vecino y cortó la comunicación.

Ahora, el avance de la citación depende de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del juzgado federal 6 de manera momentánea. 

Prescripto

El tiempo también es un gran aliado del gigante del acero. El 17 de junio último, el juez de Curitiba declaró prescriptos parte de los delitos por los que debían responder Zabaleta y otros acusados en Brasil, según el escrito al que accedió este medio. 

Como el argentino y otros cuatro supuestos cómplices son mayores de 70 años, la ley brasileña habilita a reducirles a la mitad los plazos de prescripción. Para el delito de corrupción ese plazo es de hasta 20 años. Por esa razón el juez entendió que los fiscales tenían un plazo máximo de 10 años desde los hechos investigados para denunciar a los hombres de Techint.

Los fiscales plantearon que habían realizado la denuncia a tiempo, el 30 de junio de 2020, menos de 10 años antes de la firma de los contratos de finales de julio de 2010 que se montaron para camuflar el pago de las coimas al funcionario de Petrobras. Los pagos ilegales se registraron incluso hasta 2013, según las investigaciones de Italia y Brasil. 

Los objetos procesales de ambos procedimientos son idénticos.

Defensa de Zabaleta.

Sin embargo, el juez Bonat dio la razón a las defensas, que plantearon que debía tomarse como fecha de los hechos de corrupción la firma de los contratos entre Petrobras y la filial brasileña de Techint. El juez determinó que la denuncia debió haberse presentado casi un mes antes de la fecha en la que se presentó realmente.

Aún así, el magistrado brasileño dejó asentado que la causa sigue avanzando contra Zabaleta y el resto de los septuagenarios por el delito de lavado de dinero, que no está prescripto.

La causa local

En Argentina, la acusación contra Techint ya es conocida. Italia la envió en 2017 e incluyó todos los movimientos de cuentas y los nombres de ejecutivos de Techint involucrados, según corroboró elDiarioAR. En Techint, declinaron hacer comentarios sobre las causas y acusaciones ante la consulta de este medio. La compañía de los Rocca siempre negó el pago de sobornos a Duque. 

Tras recibir la información, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) realizó la denuncia, la fiscal Paloma Ochoa impulsó la causa pero tras y venidas, fue corrida del caso. Quedó a cargo del fiscal Taiano y el juez Rodríguez, quienes consideran que, hasta el momento, no hay pruebas suficientes para avanzar contra Techint.

En el marco de este caso, no es la primera vez que Zabaleta se salva de comparecer ante fiscales extranjeros. Los fiscales italianos también solicitaron en 2017 que Zabaleta fuera citado a declarar como sospechoso, pero el fiscal Taiano rechazó la medida por considerar que no había pruebas para entregar al exejecutivo a los milaneses, según explicaron fuentes judiciales del caso y de la defensa. 

El 1° de noviembre de 2017, el jefe del equipo de fiscales de Milán, Fabio Di Pascuale, se apersonó en Comodoro Py 2002, aprovechando una visita protocolar, para exigir que la Justicia argentina haga efectivo su pedido de allanar Techint en busca de computadores y documentos. Fue recibido por la jueza de turno de entonces, María Servini, y los fiscales Taiano y Gerardo Pollicita, pero Di Pascuale nunca logró que autorizaran los procedimientos por supuesta falta de evidencia de los delitos. Se fue con las manos vacías. Recién en agosto de 2018, el juez Luis Rodríguez allanó la sede de Techint en Retiro.

El eje del caso en Curitiba y en Milán es la documentación que prueban los movimientos de las cuentas bancarias en Suiza manejadas por integrantes de Techint, según ambas investigaciones. De acuerdo con los documentos bancarios, se utilizaron para los pagos sociedades como Fundiciones del Pacífico SA y Emprendimientos Siderúrgicos. Las personas con poderes sobre las cuentas, al menos hasta fines de 2015, eran Zabaleta, Fernando Segundo Prado (abogado de Techint), Carlos Enrique Rodríguez (abogado de Techint) y el italiano Umberto Bocchini (ejecutivo de Techint), de acuerdo con el expediente.

Enrico Fabián Repetto Mariño, uruguayo, vicepresidente en 2011 de TecPetrol, la división petrolera de Techint, controlaba además a las otras dos sociedades intermediarias de los pagos, Gabiao Investments Inc. y Moonstone Inc.

Los pagos eran ejecutados por tres colaboradores de Techint en Suiza. Ana María Giorgetti es una de ellas. Cuando fue interrogada en Milán dijo que las órdenes de pagos las recibía de Zabaleta. Giorgetti aseguró que todos los pagos que hizo para el gerente de Petrobras fueron por orden de Zabaleta por teléfono o por mail. Todo se manejaba desde Buenos Aires, agregó la mujer.

Expediente Angra

El segundo caso por presunto sobornos transnacional contra Techint data de mayo de 2017 y tramita en el juzgado federal número 2, a cargo de Sebastián Ramos. Se inició por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y en base a información aportada por Brasil.

Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras que se repartían las obras millonarias entre sí. De acuerdo a un documento del Ministerio Público Federal de ese país, una de esas obras por las que Techint habría pagado coimas es Angra3, una usina nuclear que encargó la empresa estatal Eletrobras Eletronuclear. La maniobra denunciada implicaba la supuesta simulación de contratos a una consultora de las hijas del funcionario del partido de Michel Temer que estaba a cargo de la licitación. Los pagos fueron entre 2012 y 2014. Techint siempre negó las acusaciones.

Aunque en este caso los pagos ilegales se habrían realizado en Brasil, la Procelac determinó que la filial brasileña actuaba bajo el paraguas de Techint en Argentina, centro operativo de la compañía en la región, y pidió que se investigue a Ricardo Ouriques Marques, director general de Techint en Brasil; a Carlos Bacher, CEO de Techint Ingeniería y Construcción en Argentina; y a Ludovico Rocca, sobrino de Paolo Rocca y ejecutivo de la multinacional.

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